Democracia y Universidad Segunda (1)

8/18/2019 Democracia y Universidad Segunda (1)

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Democracia y universidad

[Un alegato político a favor

del derecho a no ser político]

Universidad Nacional de Colombia

Sede BogotáFacultad de Ciencias Humanas


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[Un alegato político a favordel derecho a no ser político]

Luis Eduardo Hoyos

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Humanas / Decanato

exto de circulación restringida y distribución gratuita, editadoexclusivamente con finalidad académica, para uso en aulas de la

Universidad Nacional de Colombia. Prohibida su venta.


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[Un alegato político a favor

del derecho a no ser político]


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Un alegato político a favor

del derecho a no ser político*

Luis Eduardo Hoyos**

«Yo los quiero invitar a la subversión.

Yo los quiero invitar a la rebeldía.

Y yo los quiero invitar a que sean y seamos capaces de

decir que no estamos de acuerdo con el régimen actual».

Senadora de la República de Colombia

(o de lo que queda de ella)

[Intervención pronunciada en la Universidad

Nacional, a principios de septiembre de ]

Se me ha pedido que hable de «democracia universi-

taria» a propósito de una intervención que hice en

una de esas caldeadas asambleas que se han vuelto

ya parte de la vida cotidiana en las universidades

* Contribución leída en el marco de los Conversatorios de la Facultad de Ciencias Humanas de la UniversidadNacional de Colombia el de septiembre de . El textoes también parte del libro de homenaje al Profesor CarlosB. Gutiérrez (Rodolfo Arango y Margarita Cepeda [eds.]),próximo a aparecer.

** Profesor Asociado del Departamento de Filosofía de laUniversidad Nacional de Colombia - Bogotá.


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públicas. A propósito de la controversia suscita-

da por la designación de un nuevo decano para la

Facultad de Ciencias Humanas de la UniversidadNacional sostuve allí, no por primera vez, que a la

universidad pública, como comunidad cualificada y

culta, le correspondía acabar con el malentendido

que ha surgido a propósito de la obligación cons-

titucional de consultar a la población universitaria

sobre el nombramiento y designación de sus direc-

tivas. Ese malentendido consiste en confundir dicha

consulta con una elección directa. En la universidad

pública —dije— no hay, ni puede haber, elecciones

directas de las directivas de turno. Y eso tiene mu-

chísimo sentido, pues la universidad no es ni de le- jos parecida a una alcaldía o a un partido político o

a un parlamento. Si es necesario el recurso a proce-

dimientos que podrían ser llamados «políticos» en

la estructura organizativa de la universidad, deben

estar ellos rigurosamente subordinados a criterios

académicos. Esto implica, entre otras cosas, que launiversidad ha de ser más una meritocracia que una

democracia. Y por decir eso fui invitado a este foro.

Un parlamento es una institución eminentemen-

te política, en la que se reúnen representantes de la

sociedad civil, legitimados como tales por el voto

directo, individual y secreto, para debatir y propo-ner proyectos que —de acuerdo con la concepción


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del bien de cada cual— habrán de beneficiar a dicha

sociedad. Una alcaldía o una gobernación tienen ese

carácter político, pero también uno administrativo,es decir, básicamente técnico. De cualquier manera,

una alcaldía se estructura como cuerpo político que

tiene a la cabeza un ciudadano que ha obtenido su

cargo por elección popular. Hasta hace relativamen-

te poco las alcaldías y gobernaciones en Colombia

se ejercían por designación directa del poder ejecu-

tivo. Esa situación, afortunadamente, ha cambiado.

Curiosamente, para los que no lo saben, en los años

ochenta del siglo a la guerrilla comunista de las y al partido conservador colombiano los unía

la permanente exigencia de que en nuestro país de-bería haber elección popular de alcaldes y goberna-

dores. Creo que esa exigencia era razonable, aunque,

obviamente, también pienso que era posible hacerla

(como muchas otras) sin necesidad de matarse por

ella. Pero ese es otro tema.

La universidad, en cambio, no es una institucióneminentemente política. Lo que quiero decir con ello

es que, a diferencia de un parlamento o de un par-

tido, lo que define a la universidad no es la política ni

los compromisos que en ella se den con la actividad

política. Mi punto de vista es que lo que da razón de

ser a la universidad, y la define, es el hecho de seruna institución comprometida con el conocimiento


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y con el desarrollo cultural y científico. Cuando la

actividad principal de las universidades es la política

y no la científica y la académica, la primera que se veamenazada es la autonomía universitaria. Insisto en

lo siguiente: con esta tesis no estoy defendiendo la

idea de que en la universidad no se pueda hacer po-

lítica o debatir políticamente. Lo que quiero decir es

que la actividad política no constituye la esencia de

la acti vidad universitaria. De manera análoga, sería

inaceptable prohibir que dentro de las universidades

se profesen creencias religiosas. No es pensable que

una manifestación cultural tan importante como la

religión no se haga presente dentro de las univer-

sidades, en las que se intercomunican permanente-mente tantas personas y tan diversas maneras de ver

el mundo. Pero lo que no es defendible es que la acti-

vidad religiosa sea parte constitutiva de la actividad

universitaria. Hay universidades en Colombia, prin-

cipalmente privadas, que tienen consagrados en sus

estatutos un compromiso con la fe católica. Piensoque eso es atentatorio de la autonomía universita-

ria. Hasta antes de promulgarse la Constitución de

, en muchas de esas universidades era requisito

obligatorio la clase de religión en todas las carreras.

Después de eso ya no se puede hacer por ser

violatorio del acuerdo constitucional en el que se ra-tifica que este es un país plural en el que hay libertad


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de cultos. Pero, independientemente de ese hecho,

esa obligación confesional de algunas universidades

católicas puede ser considerada como un claro des-conocimiento del carácter autónomo y libre de la

universidad. La obligación confesional —cualquiera

que ella sea— dentro de las universidades, es una

aberración que riñe con la misma idea moderna de

universidad.

En lugar de hablar aquí directamente de «de-

mocracia universitaria» voy a proponer más bien el

siguiente planteamiento, muy simple: me voy a atre-

ver a decir qué es, en mi opinión, lo más caracterís-

tico de la democracia, qué lo más característico de la

universidad y por qué, en consecuencia, la univer-sidad no puede ser en ningún caso una institución

eminentemente política. Algunas consecuencias

saldrán de aquí, obviamente, para pensar el asunto

de la así llamada «democracia universitaria».

El procedimiento de la democracia Quisiera empezar por los rasgos que me parecen

esenciales a la democracia. En primer lugar, creo

que la democracia es ante todo un procedimiento,

un método hallado históricamente por los hombres

para dirimir los conflictos que surgen inevitable-

mente de la búsqueda política del poder. Parte (notodo, por supuesto) de ese procedimiento consiste


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en escoger por mayoría entre varias opciones. La

escogencia de una opción por mayoría, cuando hay

varias que se excluyen mutuamente, suele ser consi-derada típicamente democrática y supone un acuer-

do tácito entre todos los participantes de aceptar

la decisión mayoritaria, cualquiera que ella sea. La

regla de aceptar la decisión mayoritaria, cualquiera

que ella sea, tiene, así, prioridad sobre la decisión

mayoritaria misma porque ésta última la supone.

Tal cosa trae consigo una importante restricción: se

ha de aceptar cualquier decisión mayoritaria, salvo

aquella que consiste en abolir esa regla. Este aspecto

del procedimiento democrático es utilizado para re-

solver muchos conflictos y no solamente para resolver los de carácter estrictamente político. Así, por

ejemplo, un grupo de amigos que desea salir a cenar

y no se pone de acuerdo en el restaurante al que ha

de ir puede apelar a una votación entre las diferen-

tes opciones. En estos casos, y cuando el grupo no es

muy numeroso, se suele escuchar primero las razo-nes a favor de una y otra opción y se intenta tomar

la decisión sobre la base de la fuerza de esas razo-

nes. Al procedimiento de elección por mayoría se

apela normalmente como ultima ratio; cuando hay,

por así decir, «tablas» en el cotejo de razones. Y se

apela a dicho procedimiento porque se supone quees una buena solución en una situación de conflicto


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de razones y/o intereses. Cuando los contrayentes

de un juego de este tipo son muy numerosos, es muy

difícil, si no imposible, esperar que se opte por algode acuerdo con el cotejo de razones. En estos casos

el procedimiento más expedito es el de escoger con-

forme a lo que mayoritariamente se ha decidido.

Me parece que la dificultad de poner de acuerdo

a tantos es una de las razones poderosas que hace

que el procedimiento de decisión por mayoría sea

tan generalmente aceptado. Pero no creo que sea la

única. Hay otra, muy importante, que no debe pasar

desapercibida. Cuando hay conflicto de intereses,

piénsese ya concretamente en un conflicto político,

las razones a favor de una u otra de las partes suelellevar a una situación en la que una solución cualita-

tiva es imposible; me refiero a una solución en la que

se haga justicia tanto a las razones de uno como a las

de otro bando. Con el procedimiento de elección por

mayoría se nivela por lo sano; quiero decir, se decide

cuantitativamente, lo que desde un punto de vistacualitativo nos llevaría con mucha seguridad a una

discusión sin término. Este último factor es suma-

mente característico del aspecto del procedimiento

democrático según el cual se toma una decisión por

mayoría. Con la resolución de un conflicto de tipo

cualitativo mediante un expediente cuantitativo nose pretende que el conflicto quede solucionado de


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una vez por todas. La decisión mayoritaria no es en

realidad una solución cuantitativa a un conflicto

cualitativo, sino una forma de dar por terminadoel conflicto y, justamente, decidir, pasar a la acción,

por así decir. Aquí los bandos buscan ganar, pero

también tienen que estar dispuestos a perder. Si no,

no pueden jugar. Pienso que esta forma de dar por

terminado (y no de terminar) un conflicto de ca-

rácter cualitativo mediante un expediente cuanti-

tativo es una de las razones por las cuales también

ha de considerarse como esencial al procedimiento

democrático la alternación en el poder, es decir, el

carácter más o menos provisional, temporal, de las

decisiones por mayoría.Aunque la toma de decisiones basada en el con-

teo de la mayoría (que no es más, en el fondo —repi-

to—, que una forma de dar por terminado cuantita-

tivamente un debate que, cualitativamente, podría

no tener un fin), es parte esencial del procedimiento

democrático, no es, con mucho, el único aspecto im-portante de él, ni tampoco el más característico. Es

asimismo esencial al juego político democrático la

limitación del poder. La democracia moderna no es

solamente la forma de gobierno que acoge las deci-

siones de las mayorías, sino la que reconoce la nece-

sidad de limitar el poder y evitar su concentración.La democracia moderna no consiste en pasar el po-


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der absoluto del soberano al pueblo, sino en abolir

el carácter absoluto del poder. Constitutivo de este

rasgo tan esencial de la democracia moderna son ladivisión de poderes y la alternación de los gobiernos.

No puede llamarse fiel a principios democráticos

modernos, o respetuoso de ellos, un gobierno que

no reconoce los límites entre el poder ejecutivo, el

legislativo y el judicial, ni la independencia entre

ellos. Otro tanto vale decir de un gobierno interesa-

do en perpetuarse en el poder y cohibir la alterna-

ción política. No vale a favor de él, quiero decir, a

favor de que se le llame democrático, el expedien-

te plebiscitario de apelar al apoyo de las mayorías,

ni mucho menos su convicción de estar llevando acabo un buen gobierno. Lo primero no vale, porque

sería creer que lo único constitutivo de la democra-

cia es la decisión mayoritaria. Y la decisión mayo-

ritaria sin la limitación del poder es como un eje

con una sola rueda. Lo segundo tampoco, porque la

determinación de lo que sea bueno o malo, un bueno un mal gobierno, es esencialmente cualitativa y,

en cuanto tal, va a ser siempre favorecida por unos

—los que comparten el mismo esquema de valores

o fueron favorecidos por ese gobierno— y no por

otros. Se dirá: «justamente, como hay una situación

de “tablas”, desde el punto de vista de la aceptabi-lidad de las razones, entonces lo mejor es solucio-


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nar por votación el diferendo». Si es cierto que el

procedimiento de decisión por mayoría es un buen

procedimiento para dirimir situaciones de conflic-to dándolas por terminadas, pero no para solucio-

nar esos conflictos terminándolos definitivamente,

como lo haríamos después de un cotejo racional de

las razones, entonces no es aceptable suponer que la

creencia de que algo es bueno, incluso en el caso de

que sea la creencia de la mayoría, es un argumento

contundente para perpetuar un gobierno. El expe-

diente democrático de dar por terminado un cotejo

cualitativo de razones mediante un conteo de votos

es necesariamente correlativo al principio de alter-

nación en el poder, como principio limitativo deeste último. Por otra parte, nunca podrá ser buen

argumento que algo es demasiado bueno (aunque

lo sea) para cambiar una regla de juego que, entre

otras cosas, permitió a eso llegar a ser tan bueno.

Si el ser humano es falible, y frágil y limitado, si

su conocimiento de las cosas está cercado por la ig-norancia y se topa permanentemente con ella, no es

aceptable concederle a un ser humano atribuciones

para que gobierne a los otros absolutamente. La ne-

cesidad de ligar la limitación del ejercicio del poder

a la falibilidad humana es uno de los rasgos más ca-

racterísticos del pensamiento liberal y democrático.No es casual que ambas ideas surjan en un momen-


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to histórico, el de la Ilustración tardía de fines del si-

glo , en el que las capacidades racionales eran

ensalzadas al mismo tiempo que se llamaba crítica-mente la atención sobre la necesidad de reconocer

su alcance limitado.

A parte de la división clásica de los tres pode-

res, la democracia occidental moderna también ha

llegado históricamente a la creación y desarrollo de

instituciones que tienen la función de controlar el

ejercicio del poder. Es el caso de las procuradurías,

las fiscalías y las contralorías. Es tanto lo que se jue-

ga en el ejercicio del poder y en la pretensión de ese

ejercicio —pretensión que constituye la esencia de la

actividad política— que las sociedades occidentaleshan creado mecanismos institucionales para con-

trolar el poder y prevenir los excesos derivados de

su concentración temporal. Las entidades controla-

doras, por supuesto, no tienen una razón de ser di-

vina, sino que son el resultado de conclusiones a las

que se ha llegado después de tortuosas experienciashistóricas. Si no aprendemos del dolor, difícilmente

podremos esperar aprender de otras cosas.

De todo lo que he dicho hasta ahora se puede

sacar la siguiente conclusión provisional: la demo-

cracia, entendida como procedimiento político para

dirimir los conflictos de intereses y la contiendapor el poder, se opone al absolutismo del poder, a


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su concentración y a la perpetuación en él. Pienso

que la democracia debe ser ante todo juzgada como

método, como procedimiento, y no como otra cosa.En efecto, aunque la democracia puede ser conside-

rada como un método expedito para la resolución

de conflictos de interés, para canalizar las preten-

siones de poder y para limitar su ejercicio, y en esa

medida los sistemas democráticos pueden ser con-

siderados como buenos, adecuados al desarrollo del

proceso social, no debe pensarse que se la valora así

positi vamente en el sentido en que se valora algo

como substantivamente bueno. Me explico: cuando

los filósofos decimos que algo es substantivamente

bueno, estamos pensando en lo que cada uno tienepor bueno para sí. Mucha gente, por ejemplo, tie-

ne como buena a la familia, mientras que para otra

gente éste no es un bien tan indispensable. Hay mu-

chas personas, casi todas, que consideran a la sa-

lud como un bien máximo; otras están dispuestas

a sacrificar su propia salud por otros bienes, etc. Lademocracia no debe ser considerada como buena en

este sentido. Ella no propone una forma de vida si-

guiendo un ideal determinado de bien, sino que es el

procedimiento que hace posible que convivan mu-

chos ideales del bien y que se diriman sus conflictos

mediante el ejercicio temporal y limitado del poder.Todo el que es demócrata tiene que estar dispuesto


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a someter a un límite sus ideales de vida buena, al

mismo tiempo que tiene el derecho de reclamar que

ese ideal tenga un lugar en la sociedad.El procedimiento de la democracia es prioritario

en relación con los diferentes intereses que deciden

jugarlo, pero esa prioridad no es substantiva. La crí-

tica de que la democracia liberal moderna es me-

ramente formal no es por ello una crítica muy bien

pensada contra ella, pues la democracia, entendida

como procedimiento para dirimir los conflictos de

interés y regular la contienda por el poder, debe

comprometerse lo menos posible con los conteni-

dos del bien que valoran los contrayentes del juego

y con los intereses de cada parte. El procedimien-to democrático debe ser lo más ajeno posible a esos

ideales del bien y a esos intereses. Si los contrayentes

del juego democrático deciden regular sus preten-

siones de poder es porque aceptan unos principios

muy básicos que son constitutivos, definitorios, de

ese juego. Cada uno de los pretendientes del poderpuede defender la idea de bien que considere más,

digamos, verdadera, o el concepto de sociedad que

le parezca mejor, pero no lo puede hacer saltándose

aquellas reglas constitutivas del juego democrático

que —repito— no deben identificarse con el ideal de

bien de los contrayentes. Pienso que la decisión pormayoría, la división e independencia de los poderes


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y el control, la limitación y la alternación del ejerci-

cio del poder son reglas constitutivas, y no acceso-

rias, del juego democrático.Los filósofos políticos suelen distinguir entre

«reglas constitutivas» y «reglas regulativas» (o lo

que llamo aquí «reglas accesorias»). Las primeras

definen un juego, a la vez que lo regulan. Las segun-

das lo regulan, pero no lo definen, es decir, pueden

ser cambiadas sin que por ello se esté proponiendo

un cambio de juego. Sobra decir que todo juego re-

quiere de reglas. Pongo un ejemplo sencillo: en el

football hay al menos una regla constitutiva, de al-

gún modo ya contenida en su propio nombre y por

tanto definitoria de él: los contrayentes deben siem-pre usar los pies para controlar el balón. En estricto

sentido, ésta es una regla prohibitiva que consiste en

que no es permitido usar las manos para controlar el

balón. El football debería mejor llamarse handless-

ball . Nótese que, como regla prohibitiva, la regla de

no usar las manos para controlar el balón da másmargen de juego que la prescriptiva: «se deben usar

los pies», pues da la posibilidad de usar el pecho, la

Véase John Rawls, «Two Concepts of Rules» y lainterpretación que de la misma idea hace John Searle en«How to Derive “Ought” from “Is”». Ambos en: Teoriesof Ethics. Philippa Foot (ed.). Oxford: Oxford UniversityPress , - y -, respectivamente.


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cabeza, etc. En el football se acepta una excepción

a esta regla constitutiva: a un jugador, a saber: al

arquero, le es permitido usar sus manos para con-trolar el balón. Con todo, esta excepción, como sa-

bemos, es excesivamente restrictiva: sólo uno de los

jugadores puede ser arquero y a él sólo le es permiti-

do usar sus manos dentro de una determinada área

y por un tiempo limitado. Por fuera de esa área, él

es un jugador de football , o de balompié, más. Junto

a esta regla constitutiva hay muchas del balompié

que son accesorias o regulativas: por ejemplo, que

la llamada pena máxima se cobre desde los me-

tros, o que los partidos duren hora y media. Estas

últimas pueden ser cambiadas sin que se cambie laesencia del juego, pero no se puede cambiar aquella

regla constitutiva del football sin que se cambie al

mismo tiempo el juego mismo. Es en ese sentido que

digo que la decisión por mayoría, la división e inde-

pendencia de los poderes, el control, la limitación y

carácter temporal del ejercicio del poder son reglasconstitutivas de la democracia. Querer cambiar esas

reglas es proponer un cambio de juego.

Aunque las reglas que no son constitutivas pue-

den ser alteradas sin que ello implique un cambio de

juego, es importante notar que, por tener un carác-

ter regulativo y haber sido aceptadas por las partesantes de iniciar el juego, no deben ser cambiadas


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mientras él está en curso. Imagínense que en me-

dio de un partido de balompié entre «Los macacos»

y «Los tapires», aquellos decidan cambiar la reglade que la pena máxima se cobre desde los once me-

tros, porque, supongamos por caso, su arquero es

más bajo de estatura que el de «Los tapires». «Los

macacos» deciden que la pena máxima debe co-

brarse desde los quince metros. El representante del

equipo argumenta razones de equidad y agrega que,

justamente en virtud de esas razones, dicha modifi-

cación a esa regla (que después de todo no es cons-

titutiva del balompié) ha de valer para ambos equi-

pos. Imagínense que los miembros de «Los tapires»

se oponen a esa decisión y que «Los macacos», que juegan de locales, proponen resolver la disputa ha-

ciendo una votación entre los asistentes al estadio.

Es más o menos obvio que semejante procedimiento

no sería legítimo. Pero no porque no tenga a su favor

principios de equidad, o porque «Los macacos» re-

curran a él siendo locales, sino porque es violatoriodel acuerdo sobre las reglas que ha sido previo a la

concertación del partido.

Hay otras tres características irrenunciables de

la democracia a las que me quiero referir brevemen-

te. Son ellas: la representación, la transparencia y el

respeto a las minorías. La democracia no es sola-mente un procedimiento para la resolución tempo-


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ral de los conflictos que surgen de las pretensiones

de poder y para limitar su ejercicio, sino que es un

mecanismo representativo. Ese carácter representa-tivo de la democracia es el responsable de que exista

el político como profesional. El político de profesión

es un ciudadano mayor de edad que se especializa

en hacer gestión a favor de la comunidad que repre-

senta y que usualmente pertenece a un partido. No

debe, en mi opinión, representar en primer lugar a

su partido, sino a la comunidad. Los partidos son

instituciones, internamente también estructuradas

según reglas democráticas, que se organizan para

facilitar el acceso al poder. Ellos sí tienen principios

de unión substantivos, es decir, los partidos se for-man y unen de acuerdo con ideales del bien y, cuan-

do acceden al poder gobiernan según esos ideales,

pero han de representar a la comunidad y han de

gobernar procurando su bienestar. El aspecto repre-

sentativo de la democracia también es parte de su

carácter procedimental. Usualmente se distingueentre democracia directa y democracia representa-

tiva. En los últimos años las discusiones en la filoso-

fía política se han nutrido con la introducción de un

nuevo concepto, el de democracia deliberativa, que

debe ser indicador de un mejoramiento del procedi-

miento democrático moderno. Infortunadamente,no puedo ocuparme aquí en detalle de estas distin-


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ciones. Por lo pronto, quisiera decir que estos son

tres aspectos que no riñen entre sí sino que, antes

bien, me parecen complementarios.El mecanismo de la democracia directa es el voto

individual. En casi ninguna comunidad muy nume-

rosa se toman decisiones substantivas de acuerdo

con un procedimiento de votación directa, sino que

se delega a los representantes políticos de la socie-

dad civil (estos sí, elegidos por voto directo) la toma

de decisiones. Hay sitios, como los Estados Unidos,

en donde incluso se delega a los llamados colegios

electorales lo que en casi todas las democracias es

asunto del elector individual. Dentro de los parla-

mentos, concejos y asambleas se votan los diferentesproyectos, procurando que hayan sido sometidos a

un proceso deliberativo que se deja normalmente

en manos de comisiones, menos numerosas que las

plenarias y por ello más adecuadas para el estudio y

el cotejo de razones. Sólo en muy pocos países, hasta

donde sé, se somete a la comunidad un tema subs-tantivo para que sancione ella plebiscitariamente

sobre él. Suiza es uno de esos pocos ejemplos. Es re-

lativamente corriente ver que en algunos cantones

se convoca a la comunidad para que decida direc-

tamente sobre temas substantivos: aborto, cláusu-

las sobre inmigración, transformaciones urbanas,etc. Pero así y todo, ese procedimiento procura ser


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limitado por algunos, pues los riesgos que conlle-

va no son muy difíciles de ocultar. Cierto es que la

valoración del voto directo supone una gran con-fianza en el ciudadano y eso, en mi opinión, es su-

mamente positivo. Pienso incluso que la confianza

en el elector es una de las diferencias cruciales entre

el pensamiento liberal y el pensamiento conserva-

dor. Pero también es importante reconocer que la

decisión mayoritaria sobre temas substantivos en

una comunidad política y numerosa no parece ser

la mejor alternativa para capotear la dificultad, in-

herente al procedimiento democrático, de que la de-

cisión mayoritaria no puede ser ella misma más que

una decisión procedimental, es decir, no debe tenerel estatus cualitativo de las decisiones basadas en el

cotejo de razones. Por ser tan difícil la toma de deci-

siones colectivas por medio del cotejo argumentado

de razones (yo me atrevería a decir que en algunas

ocasiones incluso por ser imposible), es que se hace

necesaria la elección plebiscitaria. Convocar a unacomunidad política para que decida por votación

sobre un tema substantivo puede ser por ello una

forma no muy afortunada de resolver la disparidad

inevitable entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ane-

ja al procedimiento democrático. De ahí el sentido

de la representatividad democrática. Cuando la co-munidad no es eminentemente política, como es el


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caso de la universidad, esta disparidad debe ser re-

suelta de otra manera: la deliberación racional debe

primar siempre sobre el procedimiento representa-tivo. Aunque la gestión de una directiva universita-

ria no puede ser eximida del control social y de la

evaluación externa, lo primero que se debe exigir

de una directiva universitaria es calidad académica,

intelectual y moral. Por eso, principalmente, es que

se debe respetar el principio que presume que sus

decisiones están orientadas por la búsqueda de las

mejores razones. En ese mismo orden de ideas, es,

en mi opinión, indispensable que el equipo directivo

de una universidad se rodee de asesores altamente

cualificados. Sin este principio básico de la confian-za en la inteligencia no veo cómo pueda organizarse

una universidad. Diré algo más al respecto al final

de este texto.

Esencial al procedimiento democrático también

es, en mi opinión, la transparencia. Es lo que Kant

llamaba «imperativo de la publicidad» que opera,para él, como el principio normativo por excelen-

cia de la vida política. Lo que está a la base de esa

idea son dos cosas: la búsqueda del control político

mutuo y la necesidad de mantener a una sociedad

bien informada. Si al representante político de un

sector de la sociedad se le ha confiado el poder dedeliberación y elección sobre asuntos substantivos,


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es una mínima obligación de él mantener informa-

do al elector sobre su gestión, así como también lo

es la manifestación transparente de sus intencionesy de los pactos y coaliciones que suscriba.

No puedo dejar de mencionar, finalmente, el

respeto a las minorías como elemento muy signi-

ficativo de la democracia. La democracia, concebi-

da como un procedimiento político expedito para

subsanar los conflictos de interés y las disputas por

el poder, está íntimamente ligada a una concepción

pluralista y liberal del mundo social. Una mayoría

no ha de tenerse nunca como definitiva y absoluta.

No sólo es muy raro que en los procedimientos de

elección democrática se dé una mayoría absoluta,del cien por ciento, sino que la mera posibilidad de

que se presente no debe ser considerada indepen-

dientemente de su carácter temporal. Lo que sí es

muy usual es que de las contiendas democráticas

por votación resulten mayorías y minorías. Y estas

últimas, no sólo deben ser respetadas, sino que sucapacidad de control sobre el poder de las mayorías

y su derecho a disentir deben ser estrictamente pre-

servados. La democracia es el mejor procedimiento

hallado hasta ahora para que esta convivencia plu-

ral, e inevitablemente tensa, no amenace la existen-

cia de la sociedad.


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La autonomía de la universidad

La universidad es, esencialmente, una comunidad

académica, científica y cultural y es eso, y nada más,lo que da su razón de ser. Y lo que preserva el carác-

ter académico, científico y cultural de la universidad

es su autonomía. La universidad ha de ser libre y la

libertad de las universidades ha de ser esencialmente

la libertad científica, académica e intelectual.

La autonomía universitaria se suele entender

en Colombia —principalmente en las universi-

dades públicas— como el principio según el cual

las universidades se rigen a sí mismas, es decir, se

comprende en relación negativa con agentes insti-

tucionales externos a la universidad. La universidadpública determina su destino sin intervención del

gobierno central, tanto presupuestalmente (recibe

los recursos del ministerio de hacienda, pero los

administra según sus criterios), como desde el pun-

to de vista de las orientaciones para su manejo, en

conformidad con su misión (usualmente expresadaen la triada: docencia, investigación, extensión).

No es igual de frecuente, sin embargo, considerar

otros dos aspectos también esenciales a la noción

de autonomía universitaria: En primer lugar, la idea

de que la autonomía universitaria, como toda au-

tonomía (el principio según el cual uno se da a símismo la ley, o la norma) implica necesariamente


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la noción de responsabilidad. No hay autonomía sin

responsabilidad. Esta es una noción normativa muy

característica de la Modernidad y que debe tambiénser característica de la universidad moderna. La res-

ponsabilidad, en el caso de la universidad, es, por su

parte, establecida por la obligación que tiene ella de

contribuir al desarrollo cultural, intelectual y cien-

tífico de la sociedad. La universidad cumple con

este compromiso social principalmente por medio

de los resultados de la investigación y de la llamada

extensión. Pero es evidente que el compromiso con

una formación docente de calidad es constitutivo de

su función social, sólo que este factor relaciona a la

universidad directamente consigo misma y más omenos diferidamente a ésta con la sociedad.

Por otra parte, la autonomía universitaria no

debe ser vista sólo en relación con agentes institucio-

nales externos a la universidad, sino también en rela-

ción consigo misma. Lo que deseo sostener es que la

autonomía universitaria es un principio rector de la vida universitaria misma. Se trata aquí de defender

la idea de que la autonomía universitaria es un prin-

cipio intelectual, incluso diría, si me acosan, espiri-

tual (no material: la autonomía universitaria no es la

extraterritorialidad del campus) definido por la idea

de que las universidades son, principalmente, comu-nidades académicas y científicas. Las universidades


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[28]

no son principalmente ni comunidades políticas, ni

comunidades económicas. No quiere esto decir que

en las universidades no se pueda hacer política o quelas universidades no puedan vender sus servicios.

En lo que acabo de decir está lo fundamental de

mi opinión sobre la autonomía universitaria. Voy a

procurar darle un par de vueltas a este pensamiento

para que lo veamos desde diferentes ángulos. Para

lograr bien este propósito quisiera que no se per-

diera de vista la tesis que estructura toda la movida

que propongo. Se podría enunciar así: La autonomía

universitaria es el factor más vital de la universidad.

Este principio de la autonomía universitaria debe

articular, a su vez, tres ideas:() La autonomía debe consistir en la indepen-

dencia de factores de poder e influencia externa,

como los gobiernos. Según este criterio, para llamar

autónoma a la universidad, ésta debe regir su propio

destino y administrarse a sí misma. Se compren-

de de suyo que la autonomía universitaria, segúneste criterio, no puede ser absoluta. A mi modo de

ver, concebir la autonomía en general, y la autono-

Véase el artículo de la Constitución Política deColombia: «Se garantiza la autonomía universitaria. Lasuniversidades podrán darse sus directivas y regirse por suspropios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley estableceráun régimen especial para las universidades del Estado».


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[29]

mía universitaria en particular, como ilimitada es

incurrir en una falacia que no vacilaría en llamar

metafísica y que consiste en negar que el desplieguede cualquier actividad llamada autónoma (e incluso

libre) debe tener a la base algunas condiciones que

la hacen posible.

La sentencia - de de la Corte Constitu-cional Colombiana (Magistrado Ponente, Alejando

Martínez Caballero) estipula del siguiente modo el

criterio de la autonomía universitaria con respecto

a los agentes externos: «Por regla general, la univer-

sidad se rige por el principio de plena capacidad de

decisión, lo cual implica un grado importante de

acción libre de injerencia legislativa y judicial, nece-saria para desarrollar un contenido académico que

asegure un espacio independiente del conocimiento,

la capacidad creativa y la investigación científica».

Por su parte, la Ley de , que establece un

canon normativo (entre otras, de inspección y vigi-

lancia) para el ejercicio de la autonomía universitaria,puede ser entendida como un indicio más del carácter

no absoluto de la autonomía universitaria. Así la in-

terpretó al menos el Consejo de Estado en cuan-

do dijo que la «autonomía (de la universidad–)

Claves para el debate público. La autonomía universitaria.Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, julio de ,n.º , p. , nota .


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[30]

no es absoluta, pues corresponde al Presidente de la

República ejercer la suprema inspección y vigilancia

sobre las instituciones de educación superior (art. de la Ley de y art. numeral de la Car-

ta Política)». Esa inspección y esa vigilancia deben

concernir, evidentemente, a la misión de la universi-

dad y de ninguna manera a algo ajeno a esa misión.

«El Estado —dice la Ley —, de conformidad con la

Constitución Política de Colombia y con la presente

ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la

calidad del servicio educativo a través del ejercicio de

la suprema inspección y vigilancia de la educación

superior».

() La autonomía universitaria, como toda auto-nomía, debe ser entendida en relación interna con la

responsabilidad. Responsabilidad por una función

social expresada en la tríada: docencia, extensión e

investigación.

() La autonomía es también un principio endó-

geno y, por así decir, intelectual (si se quiere espiri-tual), que consiste en la preservación de la libertad

académica y científica, y de la pluralidad.

Quisiera convencerlos de que la articulación de

estos tres componentes da la esencia del concepto

de autonomía universitaria. Se siguen de ahí, a mi

Op. cit ., p. . Op. cit ., p. .


31/46

[31]

modo de ver, consecuencias importantes para com-

prender la relación entre universidad y política,

universidad y dinámica empresarial y universidady democracia procedimental.

Como sé que somos particularmente sensibles al

tema, quizás sea importante que especifique aún más

en qué sentido estoy empleando el término «políti-

ca» para prevenir malentendidos y tergiversaciones.

Cuando utilizo el calificativo «político», o «política»,

o también el substantivo, me refiero principalmente

a la contienda por el poder y a los conflictos de in-

tereses surgidos de esa contienda, es decir, a las di-

ferentes pretensiones por el poder. Y el poder al que

me refiero es el de regir a una sociedad, o a un grupohumano organizado institucionalmente y en el cual

los individuos están abocados a vivir juntos sin im-

portar la vida que cada cual lleve, o sin importar qué

actividad es la que cada cual decidió que ha de dar

sentido a esa vida. No me refiero, así, a los llamados

«micro-poderes». Según el uso que estoy haciendo deltérmino, no es política la lucha por el poder que enta-

blan dos amantes para ver con qué lugar de la cama se

queda cada uno después de hacer el amor; aunque en

otro sentido sí lo pueda ser. Tampoco se compadece

con el uso que propongo la famosa idea de Aristóte-

les según la cual el «hombre es un animal político»,aunque esa idea sea inobjetable. Como todos saben,


32/46

[32]

con esa formulación, Aristóteles se refería al carác-

ter eminentemente social (ciudadano; «político» en el

sentido de abocado a vivir en la polis) del ser huma-no. Cuando digo «político», o «política», me refiero,

entonces, a los mecanismos de disputa y/o concerta-

ción para regir o influir en una sociedad o en un gru-

po humano en el que los individuos están abocados

naturalmente unos a otros, es decir, no por elección

libre ni en virtud de un ideal de vida o una actividad

determinados.

Todos los ciudadanos de una comunidad política

tienen derecho a pretender el poder o a vincularse a

un grupo que lo pretenda y que ha de representarlos.

Pero no toda pretensión del poder es legítima. La le-gitimidad del poder y de las aspiraciones a él no es,

sin embargo, el tema de esta contribución. Se trata

de un tema delicado, lo sé; pero no de un tema que

no se pueda llevar al ámbito de la discusión racio-

nal y conducir a algún acuerdo, así sea muy básico.

Podría bastar en este contexto con decir que la vio-lación de los derechos humanos, la ruptura del or-

den institucional que sigue al irrespeto de las reglas

procedimentales de la democracia y la corrupción,

son tres factores (no los únicos, pero en mi opinión

sí los principales) que deslegitiman el uso del poder

y su pretensión.

Luis Eduardo Hoyos, «El problema de la legitimidad


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[33]

Sea de ello por ahora lo que fuere, para la línea

de argumentación que me interesa esbozar aquí es

importante sobre todo partir de la base que toda pre-tensión de poder es, en principio, legítima, es decir,

que todo el mundo tiene el derecho de hacer políti-

ca en el sentido que le estoy dando al término (que

no es de ninguna manera un sentido inusual). Pero

cuando alguien quiere hacer política en ese sentido

y cree que la universidad es el lugar idóneo para ello,

está desvirtuando tanto el sentido y la razón de ser

de la universidad, como el de la política. El miem-

bro de la universidad puede hacer política, pero la

universidad no tiene la obligación de ser política

en el sentido empleado del término. Los miembrosde instituciones eminentemente políticas, a las que

les concierne directamente la contienda por el po-

der, como los partidos, los concejos, las asambleas,

el parlamento, etc., sí que están obligados a actuar

políticamente, y si no lo hacen, están equivocando

su función. Resulta por eso extraño el espectáculode los que pretenden el poder y rechazan al mismo

tiempo todo compromiso o actitud política. Cuando

eso ha ocurrido en Colombia (con los movimientos

llamados «anti-políticos», o con algunos muy influ-

yentes movimientos cívicos de opinión) no se trataba

política», La crisis colombiana. Reflexiones filosóficas.Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, , -.


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[34]

en estricto sentido de anti-política, sino de rebelión

contra los procedimientos políticos tradicionales.

Algo, por supuesto, muy político. Con todo, es in-teresante ver cómo algunos de estos movimientos

de carácter cívico sí alcanzaron a presentarse ante

la opinión pública como contrarios a la formación

de instituciones eminentemente políticas, como son

los partidos. Esa actitud «anti-política» de ciertos

pretendientes del poder demostró, como sabemos,

ser muy inconveniente y limitada. Descansaba qui-

zás en una contradicción: el pretendiente del poder

no puede ser «anti-político» porque la esencia de la

política es la pretensión del poder.

Soy consciente de que me he permitido una ex-traña paradoja para subtitular este escrito. Lo iba a

dejar, simplemente, «alegato a favor del derecho a

no ser político». Y aquí «político» debe ser entendi-

do en el sentido propuesto. Pero después de pensar-

lo un rato, incluí el adjetivo «político» para calificar

a mi alegato. Lo es, no propiamente en el sentido dequerer ingresar con él en alguna contienda por el

poder, sino en el sentido de que quiero interpelar

con él al pretendiente del poder que quiere servirse

de la universidad para dar curso a su contienda. Por

eso me permití la paradoja. Si se mira con cuida-

do, eso la justifica. Aquí hay algo muy importanteen juego que quizás merezca una breve aclaración


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[35]

adicional: una cosa es la acción política directa y

proselitista, que siempre está ligada a la contienda

por el poder, y otra cosa es el pronunciamiento ola opinión política que no tienen directamente el

propósito de competir por el poder. Lo segundo

siempre estará y podrá estar dentro de las universi-

dades, como lo está dentro de muchas otras partes.

Así y todo, no tiene por qué desplazar la actividad

académica. Lo primero, en mi opinión, sólo puede

hacer presencia en la universidad si es marginal a la

dinámica académica y científica y está estrictamen-

te subordinado a ella. Piénsese, por ejemplo, en la

invitación que un instituto de estudios políticos, o

algo por el estilo, hace a unos candidatos para queexpongan sus ideas en medio de una contienda elec-

toral. En ese caso, los académicos invitan a los polí-

ticos para interpelarlos, pero no para competir con

ellos por el poder.

La universidad no es definida por ser una insti-

tución que compite en la contienda por el poder yes parte de la preservación de su autonomía el que

ella no se vuelva un campo de batalla por el poder,

que ella no quede sometida a los avatares de la lu-

cha por el poder político. El miembro de la comu-

nidad universitaria está en todo su derecho de ser

político, pero si no lo es, no contradice con ello sufunción de universitario. Así mismo, el miembro de


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[36]

la universidad está en todo su derecho de no ser po-

lítico, porque como miembro de la universidad no

ingresa a ésta para hacer política, sino para desa-rrollarse científica y académicamente y para contri-

buir al desarrollo científico, intelectual y cultural.

Al miembro de la comunidad universitaria lo asiste

igualmente el derecho a decir que no acepta que la

comunidad de la que decidió formar parte deba ser

eminentemente política, deba ser una comunidad

permanentemente sacudida por la contienda por

el poder. Y el miembro de la universidad que tiene

agenda política debe respetar ese derecho.

La autonomía universitaria, entendida como

principio endógeno, ha de garantizar el carácter noconfesional de la universidad, y eso significa, el ca-

rácter plural, no sólo de las opiniones políticas —por

supuesto— sino también de las religiosas, estéticas,

de diferentes formas de expresión cultural, etc.

Cuando la universidad se vuelve el laboratorio don-

de se prueban todos los proyectos transformadoresde la sociedad (como fue el caso de nuestra univer-

sidad pública durante mucho tiempo) y el universi-

tario no parece contar con herramientas normati-

vas para contrariar la vieja divisa: «A estudiar y a

luchar por la liberación nacional»; cuando eso pasa,

digo, la principal amenazada es nada menos que laautonomía universitaria, la misma autonomía por


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[37]

la que tanto pelean los que dentro de las universi-

dades tienen, principalmente, agenda política, y no

académica o científica. Aquellos que tienen única yprincipalmente agenda política dentro de la univer-

sidad no quieren la autonomía universitaria, quie-

ren la extraterritorialidad del campus para forzar

sin control la acción política directa. Sé muy bien

que elegí más o menos arbitrariamente una consig-

na política con la que se identificó durante mucho

tiempo (entre otros) un grupo político conocido

por su fanatismo y sus continuos llamados a la vio-

lencia (aunque el grafiti de marras se sigue viendo

por doquier). Se me podría alegar que eso no vale

para el caso de activistas políticos no radicales y no violentos que abogan por el derecho a hacer política

dentro de las universidades. Estoy de acuerdo con el

reparo: puede (no tiene que) hacerse política dentro

de las universidades; pero la actividad política en la

universidad no sólo debe estar estrictamente subor-

dinada a su misión académica, científica y cultural,sino que en ningún momento la puede obstruir, es-

torbar, o, si prefieren —para que quede claro de qué

estoy hablando— bloquear.

En la Universidad Nacional de Colombia hizo

carrera en un tiempo la visión de que ella era un

fiel reflejo de los conflictos más cruciales de nuestrasociedad y que por eso era una institución tan com-


38/46

[38]

plicada y tan difícil de manejar. Esa visión —que

aún goza de cierta aceptación— tiene una fuerte co-

loración fatalista. Me opongo a ella: la UniversidadNacional no puede ser el reflejo de los conflictos de

nuestra sociedad, y debe constantemente esforzarse

por no serlo. La Universidad Nacional, como insti-

tución académica y científica, dedicada, entre otros,

al estudio de nuestra sociedad, debe ser un modelo

normativo e inteligente para un país desbaratado

por el crimen y la violencia.

La imperativa invitación a «estudiar y a luchar

por la liberación nacional» o la exhortación a los es-

tudiantes, por parte del pretendiente del poder, para

que se rebelen contra el actual régimen, parece estar justificada en la premisa de que ninguna esfera de la

vida humana puede sustraerse a la política, enten-

dida como lucha por el poder, o contra el poder do-

minante. No considero aceptable esa premisa. Hay

esferas de la vida social que se pueden, e inclusive

se deben, sustraer a la lucha directa por el poder ocontra el poder prevaleciente, que se pueden y de-

ben sustraer a la actividad política. Pero el luchador

por la liberación nacional y el pretendiente del po-

der que invoca la rebeldía dentro de la universidad

expresan su convicción sobre la omnipresencia de

lo político de una manera dramática: actualmente,según ellos, estamos en Colombia en una situación


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[39]

tal, que no podemos permitirnos no ser políticos de

acción en ningún momento, en ninguna esfera de

la vida, y muchos menos en la universidad (que es,según una socorrida concepción popular de la que

ellos se valen, el lugar en donde está la «gente que

piensa»): hay que oponerse al régimen actual. Ése es

el llamado dramático y urgente.

Debo confesar que comparto muchos de los te-

mores relacionados con la vocación anti-democrá-

tica del actual gobierno y pienso que hay que opo-

nerse a sus pretensiones de perpetuarse en el poder

y a sus vejámenes. Pero no estoy conforme con que

se utilice la cátedra, o el campus universitario, para

manifestar políticamente esta oposición, como nosea dentro de un marco académico y plural y aje-

no a la contienda directa por el poder. En primer y

principal lugar, y en concordancia con las ideas que

vengo tratando de articular, porque no acepto que

la universidad sea el lugar de la política, y mucho

menos de la acción política, dado que creo, simple-mente, que a la universidad la define la autonomía

académica y científica. En segundo lugar, porque no

creo en la efectividad de una protesta (universitaria,

o de cualquier otra índole) que no sale articulada en

movimientos políticos a donde tiene que salir: a la

calle. Y en tercer lugar, porque no estoy seguro deque se justifique el tono dramático del pretendiente


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[40]

del poder, cuando nos invita a la subversión. No creo

conveniente —ni necesario— sostener que hay que

paralizar los esfuerzos creativos y producti vos paradedicarnos a la rebeldía. Esa invocación, dentro de

la universidad, me parece irresponsable. Y ya dije

que tampoco hay autonomía sin responsabilidad.

He dicho que la articulación de tres principios

—la idea de independencia (relativa) del gobierno

y de los otros entes estatales, la idea de la responsa-

bilidad social y el principio endógeno de la libertad

académica y de la pluralidad— constituye un con-

cepto racionalmente defendible y bastante comple-

to de autonomía universitaria. Pretendí mostrar

que ese concepto puede dar una clave interesantepara ver las relaciones entre universidad y políti-

ca. Ahora quisiera decir algo brevemente sobre el

modo como este concepto de autonomía permite

comprender la relación de la universidad con lo que

llamé la dinámica empresarial, o si lo prefieren, con

la economía.Que la universidad pueda y deba vender servi-

cios no debe ser entendido como que ella deba estar

abocada al autofinanciamiento. El autofinancia-

miento, en mi opinión, atenta contra la autonomía

universitaria. Por eso quisiera arriesgar la tesis de

que la única universidad que puede aspirar a auto-nomía en este sentido es la pública. El financiamien-


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[41]

to externo (estatal, pero también no estatal) de la

universidad pública es demasiado importante, vital,

para su desarrollo, por dos razones: en primer lugar,porque el costo social de no contar con una educa-

ción superior de calidad y a la que sea posible acce-

der, sin necesidad de contar con excesivos recursos

personales, es, en una sociedad tan aterradoramen-

te desigual y desventajosa como la nuestra, excesi-

vamente alto. La educación de calidad y accesible a

los no favorecidos por esa lotería que ha generado

en Colombia la concentración social de los privile-

gios es uno de los principales factores niveladores y

compensatorios. Si hay un ejemplo de justicia social

compensatoria es el de la universidad pública de ca-lidad y accesible. Y nunca serán pocos los esfuerzos

que se hagan en este país para ensanchar el espectro

de influencia de la educación superior subsidiada y

externamente financiada.

Pero el financiamiento externo de la universi-

dad pública también es importantísimo porque es lacondición material de posibilidad de la autonomía

universitaria. La libertad intelectual, académica y

científica se garantizan si la universidad no se con-

vierte en territorio de la competencia económica o

si no se vuelve un mercado persa de ofrecimientos

de programas educativos de alto, o mediano costo,para financiarse, valiéndose de ciudadanos cada día


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[42]

más necesitados y obnubilados con la titulación. No

quiere decir esto que la universidad no pueda ven-

der servicios o que no pueda, e incluso deba, bus-car modos alternativos de financiamiento (como,

por ejemplo, los subsidios o becas estudiantiles

externas). Pero ella no debe estar abocada al auto-

financiamiento. El financiamiento externo, princi-

palmente el estatal —que en últimas proviene del

contribuyente—, pero no sólo el estatal, es esencial

para su funcionamiento. La autonomía de la uni-

versidad, hay que decirlo, cuesta dinero. Pero noten

cómo se hace aquí claro que esa autonomía, como

toda autonomía, no es incondicionada. La autono-

mía universitaria, claramente, está soportada poruna condición de posibilidad: su financiamiento

externo. La administración autónoma de los recur-

sos del contribuyente por parte de la universidad

debe ser —sobra decirlo— responsable y pulcra. Sin

responsabilidad, vuelvo y digo, no se comprende

cabalmente la idea de autonomía. Y la universidadpública debe revertir a la sociedad los esfuerzos que

ésta hace para mantenerla con los productos que re-

sultan de las labores prescritas por su misión social.

En ese orden de ideas, debe estar ella sometida al

control externo y a la evaluación.

Finalmente, las consecuencias de todo lo que hedicho para comprender la relación entre la univer-


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[43]

sidad y el procedimentalismo democrático se dejan

expresar en pocas palabras. El único mecanismo es-

trictamente plebiscitario que, dentro de la Universi-dad Nacional, me parece necesario y aceptable es el

de las representaciones: la representación profesoral

y la representación estudiantil. El resto debe estar

guiado por criterios estrictamente meritocráticos

y, en concordancia con ello, racionales y delibera-

tivos. La administración de la Universidad Nacio-

nal debe depender exclusivamente, en mi opinión,

de funcionarios de carrera que se deben someter de

tiempo en tiempo a evaluaciones sobre su gestión.

La dirección académica de la Universidad Nacional

debe estar regida por principios estrictamente aca-démicos y meritocráticos. Aquí el mayoritismo es

un mal, porque las decisiones de índole académica o

las decisiones de manejo que una directiva univer-

sitaria ha de tomar en beneficio del buen desarrollo

académico y científico de la institución no siempre

son populares y no tienen por qué siempre buscar lapopularidad. No es que la complacencia de muchos

y la excelencia deban reñir necesariamente. Pero la

búsqueda de la excelencia y el desarrollo intelectual

y cultural deben ser, justamente, autónomos, inde-

pendientes de los vaivenes a los que está expuesto

el mayoritismo. Por eso la obligación constitucionalde la consulta sobre la designación de sus directivas


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académico-administrativas no debe ser entendi-

da como una elección directa y plebiscitaria y por

eso la designación de esas directivas debe obedecer,ante todo, a criterios académicos, intelectuales y

científicos. Nuestra comunidad académica, por ser

una comunidad que busca la excelencia intelectual,

debería convivir unida por la confianza. En esas cir-

cunstancias, se debe aceptar que la dirección acadé-

mica temporal de la Universidad Nacional, ejercida

por académicos de méritos reconocidos y públicos,

tenga jurisdicción para manejar la Universidad

Nacional. Las decisiones que una directiva univer-

sitaria tome siempre deben poder ser controladas,

evaluadas y cuestionadas. Esta directiva tambiénpuede y debe consultar a la comunidad: nadie puede

decir sinceramente que en la Universidad Nacional

no haya mecanismos deliberativos y participativos

para llevar a cabo esas consultas. Pero a la direc-

tiva universitaria se le debe otorgar, en todo caso,

potestad sobre sus decisiones, si es cierto que esadirectiva está basada en los méritos intelectuales,

científicos y, por supuesto, morales. Exigir que una

directiva universitaria someta a referendo todos sus

proyectos de organización de la Universidad Nacio-

nal es un sinsentido que tiene origen en la creencia

errada de que la Universidad Nacional es ante todo


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[45]

una institución de carácter político o interesada en

algo distinto al desarrollo científico y cultural.

Somos eminentemente una comunidad cien-tífica y académica. No somos eminentemente una

comunidad política. Si la autonomía de la universi-

dad —su bien más preciado y no tangible, como no

es tangible la dignidad— no se entiende en los tres

sentidos complementarios que he propuesto, no es

una idea correctamente pensada. Pienso que la au-

sencia de esa corrección ha sido la que ha dado lugar

a tanto abuso del término.


46/46

,

es una Publicación Especial

del Decanato de la Facultad de

Ciencias Humanas. El texto fue

compuesto con tipos Minion y

Frutiger. Se utilizó papel HolmenBook de gramos y, en la

carátula, Kimberly de gramos.

Se terminó de imprimir en Bogotá,

en octubre del año .

Democracia y Universidad Segunda (1)

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