Boletin 146 Del Consejo de Estado

5/20/2018 Boletin 146 Del Consejo de Estado

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Contenido:

En los ltimos das dos decisiones del Consejo de Estado han merecido elogios por parte de los mediosde comunicacin y de la ciudadana en general. La primera es la nulidad de la eleccin del Presidentedel Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte, decretada por la Sala Plena, y lasegunda es tambin la nulidad de la eleccin del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto RojasRos, ordenada por la Seccin Quinta.

En ambas decisiones el Consejo de Estado sienta un precedente frente a la transparencia que debehaber en los procesos de eleccin de los magistrados de las Altas Cortes para evitar cualquier tipo de

cuestionamiento que ponga en duda la independencia y majestad de la justicia.

El twitter de la Corporacin y las columnas de opinin destacan las dos decisiones como el principiode una reforma a la justicia que se necesita, pero propuesta al interior de las propias Cortes.

MARA CLAUDIA ROJAS LASSOPresidenta

EEDDIITTOORRIIAALL

1.a. Con la Ley 1437 de 2011 desapareci el concepto de va gubernativaque ahora se denomina actuacin administrativa relativa a los recursosprevistos en la ley.

Sntesis del caso: En audiencia inicial, el Tribunal Administrativo deBolvar declar no probada la excepcin de inepta demanda, por faltade agotamiento de la va gubernativa, formulada por la DIAN respectode la demanda que el Departamento de Bolvar promovi contra elmandamiento de pago y la resolucin que neg las excepciones yorden seguir con la ejecucin dentro del proceso de cobro coactivo

que se le adelant. Al resolver la apelacin que la DIAN formul contradicha decisin, la Sala la confirm, porque consider que el recurso dereposicin que proceda contra la resolucin acusada no es obligatorio,razn por la cual no se deba interponer para agotar la vagubernativa, expresin que desapareci con la Ley 1437 de 2011 y quehoy se denomina actuacin administrativa relativa a los recursosprevistos en la ley.

Extracto: [] es del caso sealar que el concepto de va gubernativadesapareci de la terminologa procesal administrativa despus de la Ley 1437de 2011 (CPACA) que ahora la denomina actuacin administrativa, relativa a losrecursos consagrados en la ley, esto es, los de reposicin y apelacin. As, elartculo 161 2 del CPACA contem la como re uisito de rocedibilidad es

JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAADDEELLCCOONNSSEEJJOODDEEEESSTTAADDOOAALLDDAAEn esta seccin destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en lasltimas semanas:

LLEEYY11443377DDEE22001111

Repblica de ColombiaConsejo de Estado

BOLETN DEL CONSEJO DE ESTADO

No 146 - Junio 27 de 2014BOGOT, COLOMBIA

Publicacin uincenal

www.consejodeestado.gov.co

Editorial 1Jurisprudencia del Consejo

de Estado al da

Ley 1437 de2011 1-2

Acciones deTutela

2-7

Accin de

cumplimiento 7-8Accin Popular 8-9Seccin Primera 10-12Seccin Segunda

12-15

Seccin Tercera 16-29Seccin Cuarta 29-32Seccin Quinta 33-36Sala de Consulta 37-40ndice 41-45Noticiasdestacadas 46
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BOLET N DEL CONSEJO DE ESTADO Nmero 146 27 de junio de 2014www.consejodeestado.gov.co

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decir que se deben cumplir de forma previa a la presentacin de la demanda el de haber ejercido ydecidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios y el artculo 76 del mismo cdigoestablece las reglas de oportunidad y presentacin de los recursos de reposicin y apelacin.

b. El recurso de reposicin que procede contra el acto que niega las excepciones contra el

mandamiento de pago proferido dentro del proceso de cobro coactivo no es obligatorio, porque la leyno le dio ese carcter; de modo que su interposicin no es exigible para agotar la va gubernativa.

Extracto:[]resulta claro para la Sala que en este caso no se encuentra probada la excepcin de ineptademanda por falta de agotamiento de la va gubernativa, pues aunque el artculo 834 del EstatutoTributario prev el recurso de reposicin como el nico procedente contra la resolucin que decide lasexcepciones formuladas contra el mandamiento de pago, no le dio el carcter de obligatorio comoexcepcin a la regla general que consiste en que el mencionado recurso es de carcter facultativo. Enconsecuencia, la no interposicin del recurso de reposicin contra la Resolucin N 110 del 3 de abril de2012 por medio de la cual se resuelven excepciones y ordena seguir adelante la ejecucin en nadaafecta el agotamiento de la va gubernativa, pues tal como lo manifest el ad quo, a la luz de los artculos51 y 63 del Decreto 01 de1984, el mencionado recurso es facultativo.

AUTO DE 29DE MAYO DE 2014,EXP.13001-23-33-000-2012-00045-01(20383), M.P.CARMENTERESAORTIZDERODRGUEZ.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.SECCINCUARTA

1. Accin de tutela contra el acto que niega solicitud de cambio de distribuidor mayorista decombustible es improcedente por existencia de otro mecanismo de defensa judicial.

Sntesis del caso: En el sub lite, el actor considera que sus derechos fundamentales a la igualdad

y al debido proceso fueron vulnerados por cuenta del Oficio No. 2014008663 del 11 de febrero de2014 emitido por la Direccin de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energa, que neg lasolicitud de autorizacin para el cambio de distribuidor mayorista de combustible, en atencin aque la Sociedad Exxon Mobil de Colombia S.A. dio por terminado el contrato que sobre elparticular haban suscrito.

Extracto:En el sub lite, el actor insiste en la vulneracin de sus derechos fundamentales a la igualdad yal debido proceso, por cuenta del Oficio No. 2014008663 del 11 de febrero de 2014 emitido por laDireccin de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energa, que neg la solicitud que ste le elevara encalidad de propietario del establecimiento de comercio denominado Estacin de Servicio Automotriz MobilOccidente, para obtener autorizacin de cambio de distribuidor mayorista, en atencin a que la SociedadExxon Mobil de Colombia S.A. dio por terminado el contrato que al efecto haban suscrito La Salaadvierte que el Oficio No. 2014008663 del 11 de febrero de 2014 constituye un verdadero acto

administrativo, cuya legalidad debe ser discutida ante el juez natural. Por tal razn, la tutela devieneimprocedente se puede concluir que el trmite administrativo de solicitud de cambio de distribuidormayorista que pretenda el tutelante, finaliz con el Oficio No. 2014008663 del 11 de febrero de 2014cuyo contenido no previ la posibilidad de interposicin de recurso alguno. Ahora bien, para el tutelantedicho acto administrativo lesiona sus derechos fundamentales, por cuanto intervino en la relacincontractual y comercial entre el distribuidor y el mayorista, invadiendo una rbita que solo le compete ala justicia arbitral u ordinaria. Para la Sala, las censuras contra el acto administrativo cuya nulidad sesolicita a ttulo de amparo, no pueden ser ventiladas en el marco de la accin de tutela, pues se reitera,ste constituye un mecanismo residual a otros medios de defensa judicial, que en el caso concreto sereducen a las acciones contenciosas para cuestionar la legalidad del referido acto. En efecto, dicho actoes susceptible de ser discutido ante la jurisdiccin contencioso administrativa, mediante el respectivo

AACCCCIIOONNEESSDDEETTUUTTEELLAA
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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En este sentido, no cabe duda que cuando unacto administrativo se estime contrario a normas superiores -como se afirma en el presente asunto-,puede ser demandado mediante los medios de control regulados por el Cdigo de ProcedimientoAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo (nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho,nulidad por inconstitucionalidad, etc.). Al ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho (as como en el de simple nulidad) existe la posibilidad de que en la demanda se pida lasuspensin provisional de los actos acusados. Incluso con la entrada en vigencia del C.P.A.C.A. se autorizaal juez para que desde el inicio del proceso judicial perciba si existe la violacin que se alega, pudiendopara tal efecto: 1) realizar anlisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y 2) estudiarlas pruebas allegadas con la solicitud, lo que contrasta con lo dispuesto en el estatuto anterior, en el cualera exigencia sine qua non que la oposicin normativa apareciera manifiesta por confrontacin directa conel acto acusado. Es, pues, un mecanismo judicial que no solamente es apto para la proteccin de losderechos fundamentales, sino que es expedito, toda vez que la medida de suspensin provisional debe serresuelta por el juez de lo contencioso administrativo luego del auto admisorio de la demanda no existenelementos probatorios que lleven a la Sala al pleno convencimiento de que el medio de defensa ordinario,que es el propio y natural para obtener la garanta de la prestacin que reclama, no sea idneo niefectivo.

Ministerio de Minas y Energa no incurri en omisin en el ejercicio de su facultad sancionatoria.

Extracto: En lo que respecta a la decisin administrativa sancionatoria que eventualmente puedaadoptarse en contra de la Sociedad mayorista, es lo cierto que al tenor del artculo 52 de la Ley 1437 de2011, la administracin cuenta con un periodo de tres (3) aos para imponerla so pena de caducidad de lafacultad sancionatoria, trmino que a la fecha no ha vencido. Por lo anterior, no se presenta lavulneracin de los derechos fundamentales invocados por el actor con ocasin de la supuesta omisin quese le atribuy al Ministerio de Minas y Energa. Bajo tal ptica, encuentra la Sala que el amparo debernegarse en relacin con este aspecto, situacin que impone modificar la sentencia impugnada, que sobreeste punto haba rechazado por improcedente la peticin de amparo.

SENTENCIADE 21DE MAYO DE 2014,EXP.25001-23-36-000-2014-00225-01(AC),M.P.SUSANABUITRAGOVALENCIA

2. Por regla general la accin de tutela es improcedente para para ordenar el pago inmediato desubsidios estatales incluso los subsidios de vivienda familiar-, no obstante, el DepartamentoAdministrativo para la Prosperidad Social puede modificar el listado de calificacin y asignacin delsubsidio de vivienda para conceder prioridad a quienes se encuentren en especiales condiciones devulnerabilidad.

Sntesis del caso:En el presente caso, la actora pretende la proteccin del derecho fundamentala la vivienda digna, que considera vulnerado con las actuaciones del Ministerio de Vivienda,Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA. En consecuencia, pretende que se ordene a las entidadesdemandadas hacer entrega del subsidio familiar de vivienda al que tiene derecho, por cuanto seencuentra en condicin de desplazamiento, es madre cabeza de familia desempleada y, tiene un

hijo menor con discapacidad mental.

La Sala analiz si proceda la entrega inmediata del subsidio de vivienda a la actora debido a susespeciales condiciones de vulnerabilidad, en su lugar, corresponda ordenar a las entidadescompetentes establecer si, debido a esas circunstancias particulares, se posibilitaba modificar ellistado de calificacin y asignacin del subsidio de vivienda para otorgarle un orden de asignacinprivilegiado.

Extracto:Es obligacin de FONVIVIENDA y del DPS cumplir a cabalidad con todas las normas que regulanel trmite de la asignacin de los subsidios de vivienda y, concretamente, estudiar respecto de lascircunstancias particulares de cada postulante para ubicarlos en los grupos de priorizacin, cuando hayalugar a ello y, hacer la entrega de las ayudas econmicas de conformidad con el procedimiento
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establecido para el efecto. As las cosas, se tiene que la actora ostenta la calidad de desplazada, tantoas, que se encuentra en estado de calificada en la convocatoria para entrega de subsidios familiares devivienda del ao 2007 para la poblacin desplazada y, por lo tanto, cumpli con los requisitos del artculo1 de la Ley 387 de 1997 para adquirir la categora de tal. Se observa que, de los criterios de valoracin ycalificacin del Plan Zonal de que trata el artculo 6 del Decreto 951 de 2001 y los establecidos por losDecretos 170 del 2008 y 4213 de 2011, para la asignacin de los apoyos econmicos para vivienda de la

poblacin desplazada, el ncleo familiar de la actora cumple con presupuestos como; (i) hogar conjefatura femenina de familia; (ii) el ncleo familiar lo conforman 5 personas, una de ellas esdiscapacitada y otros tres son menores de edad y, (iii) se encuentran en situacin de hacinamiento actual,pues segn lo narr la demandante los cinco integrantes de la familia viven en una habitacin. Y, deconformidad con la Ley 1537 de 2012, que se refiere a la asignacin de los subsidios familiares de viviendaen especie para la poblacin colombiana de escasos recursos, la actora se encuentra catalogada dentro delos grupos de asignacin preferente por encontrarse en situacin de desplazamiento y de extremapobreza, pues hace parte de la Red Unidos. As mismo, segn el artculo 8 del Decreto 1921 de 2012,corresponde al DPS conformar los grupos de poblacin para aplicar los proyectos de vivienda en rdenesde priorizacin y, en el inciso 2, del numeral primero de dicho artculo establece que se enmarcan en elsegundo orden de priorizacin los hogares de la Red Unidos en condicin de desplazamiento que se estnen estado calificado en el sistema de informacin del subsidio familiar de vivienda administrado porFONVIVIENDA y que se hayan postulado para la convocatoria para poblacin en situacin de

desplazamiento realizada en el ao 2007, circunstancia en la que, como se dijo, se enmarca la situacinparticular de la actora la regla general es la improcedencia de la accin de tutela para ordenar el pagoinmediato de subsidios estatales y obviar los rdenes de asignacin que la administracin ha dispuestopara el cumplimiento de sus cometidos, sin embargo, las situaciones excepcionales se deben valorar demanera detallada, para que, de conformidad con el trmite de asignacin del subsidio de vivienda sedetermine si hay lugar a incluirlas en un orden de priorizacin privilegiado para la entrega efectiva delapoyo econmico. De acuerdo con lo anterior, la actora demostr que enfrenta mayores condiciones devulnerabilidad que la del resto de los desplazados y, en consecuencia, se impone modificar la decisin deprimera instancia, en el sentido de acceder a la solicitud de amparo y, se modificar el numeral 2, encuanto, se ordenar al que DPS que estudie el caso concreto de la actora y sus especiales condiciones devulnerabilidad, para determinar si es un hogar potencialmente beneficiario de la asignacin del subsidiode vivienda, para que, una vez remitida dicha informacin por parte del DPS a FONVIVIENDA, sta ltimaentidad establezca s hay lugar no, a incluirla en el prximo acto administrativo de apertura de la

convocatoria de los hogares potencialmente beneficiarios y en qu orden de priorizacin sera ubicadaestima la Sala que es del caso acceder a la solicitud de amparo, puesto que con la actuacin deFONVIVINEDA se vulner el derecho fundamental a la vivienda digna de la actora, si se tiene en cuentaque las especiales condiciones de vulnerabilidad que enfrenta el ncleo familiar de la seora.

SENTENCIA DE 7 DE MAYO DE 2014, EXP. 25000-23-42-000-2014-00353-01(AC), M.P. MARTHA TERESABRICEODEVALENCIA

3. La Discrecionalidad del Director General del INPEC para ordenar el traslado de reclusos de uncentro penitenciario a otro debe ponderar las circunstancias particulares y familiares del preso.

Sntesis del caso:Correspondi a la Sala determinar si la decisin de trasladar al recluso padre

de la menor de edad quien acta a travs de agente oficioso- de un centro carcelario de Bogot auno en el Departamento del Casanare, trasgredi el derecho fundamental de la nia a tener unafamilia y a no ser separada de ella, teniendo en cuenta que ella vive en la ciudad de Bogot, estal cuidado de su abuela, ya que su madre tambin se encuentra recluida en el centropenitenciario el Buen Pastor de Bogot.

Extracto:Es evidente que la discrecionalidad del Director General del INPEC marca la regla general parael traslado del interno padre de la menor tutelante; sin embargo, como ya se expres, esadiscrecionalidad no es absoluta, y si bien el tema del hacinamiento en los centros carcelarios de Bogot esun hecho ampliamente conocido, es evidente que previamente a disponer el movimiento de un preso deun sitio a otro, deben considerarse sus circunstancias particulares y familiares ante todo si existen
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menores de edad y hechos como el presente, con una situacin atpica para la menor, pues ambos padresse encuentran privados de la libertad. En efecto, la situacin de la menor es especial, pues su abuela,encargada de su cuidado, manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tiene los medios econmicospara desplazarse con ella al Departamento de Casanare para que pueda visitar a su padre en el centro dereclusin, lo que demuestra que la menor se encuentra imposibilitada para ver a su padre a quien podavisitar en Bogot, donde reside, pero con su traslado se le priva de que pueda visitarlo.

Las visitas virtuales son una medida insuficiente para afianzar el vnculo afectivo entre la menor decinco aos y su padre.

Extracto: El INPEC no demostr en el plenario la efectividad o siquiera la implementacin del sistema devisitas virtuales a favor del seor Rojas Garca. Este sin duda es un elemento tecnolgico valiosointroducido para garantizar el contacto del reo con sus parientes, pero considera la Sala que en este casose hace insuficiente no slo por la falta de prueba de su idneo funcionamiento, sino porque se trata deuna nia de cinco aos, que necesita del cario directo de sus padres del que ya fue privada sin dudaalguna por la comisin de la conducta delictual de estos, empero, no permitirle una visita directa, sinduda empeorara el escenario ya de por si tan gravoso.

SENTENCIA DE 1 DE ABRIL DE 2014, EXP. 25000-23-41-000-2014-00073-01(AC), M.P. LUIS RAFAELVERGARAQUINTERO

4. Carencia actual de objeto por hecho superado de la tutela interpuesta por la omisin en latransferencia de los recursos para realizar referendum revocatorio del Alcalde Gustavo Petro.

Sntesis del caso: Correspondi a la Sala determinar si el Ministerio de Hacienda y CrditoPblico, la Registradura Nacional del Estado Civil y la Presidencia de la Repblica vulneraronlos derechos fundamentales de los actores consagrados en los artculos 19 y 40 de la ConstitucinPoltica, especialmente el derecho al ejercicio del control poltico, por no haber tomado lasmedidas necesarias para trasladar los recursos necesarios a fin de realizar la contiendademocrtica de la revocatoria del mandato del Alcalde Gustavo Petro programada para el 2 de

marzo de 2014.

Extracto:Est probado que el giro de los recursos necesarios para la jornada electoral de revocatoria delmandato se realiz en el decurso de la primera instancia de este proceso, tal como lo reconoce elimpugnante, pues el Registrador Nacional del Estado Civil expidi la Resolucin No 01856 de 14 de febrerode 2014 a travs de la cual se hizo el traslado en el presupuesto de funcionamiento de la RegistraduraNacional del Estado Civil para la vigencia fiscal de 2014 por la suma de $ 35.000.000.000, gracias a que elMinisterio de Hacienda y Crdito Pblico con la Resolucin No 0465 de la misma fecha coloc la partidapresupuestal correspondiente a efectos de iniciar el proceso de contratacin de bienes y servicios para suimplementacin y desarrollo. Si bien el impugnante se encuentra inconforme con la variacin de la fechade los comicios programados inicialmente para el 2 de marzo de 2014 y reprogramados para el 6 de abrildel mismo ao, en este estado del proceso cualquier decisin a ese respecto no surtira ningn efecto,pues como se sabe la Registradura Nacional del Estado Civil dio por terminado de forma justificada el

proceso electoral aqu analizado con fines de revocatoria del mandato mediante Resolucin 0340 de 20 demarzo de 2014, debido a que el Gobierno Nacional mediante Decreto 570 de 20 de marzo de 2014, ejecutlas decisiones del Procurador General de la Nacin, destituyendo al Alcalde Mayor de Bogot, GustavoFrancisco Petro queda demostrado en el caso bajo estudio que el objeto expuesto en cada una de lasdemandas de tutela desapareci en el transcurso del proceso, sin importar que a la fecha est pendientela fijacin de un nuevo calendario electoral para que el electorado decida finalmente la revocatoria delmandato del Alcalde Gustavo Petro, debido a la orden de reintegro del 21 de abril de 2014, impartida poruna Sala Civil de Restitucin de Tierras.

SENTENCIA DE 22 DE ABRIL DE 2014, EXP. 25000-23-42-000-2014-00462-01(AC), M.P. LUIS RAFAELVERGARAQUINTERO
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5. Accin de tutela es improcedente para controvertir actos legislativos. Umbral electoral del tres porciento no configura perjuicio irremediable que amenace los derechos de candidata al Senado por elMovimiento Independiente de Renovacin Absoluta MIRA.

Sntesis del caso: so pretexto de materializar la expectativa del derecho de alcanzar un escao

en el Senado de la Repblica, la actora persigue por va de tutela la inconstitucionalidad de unacto legislativo reformatorio de la constitucin que fija el umbral en el 3%. A juicio de la actorael umbral del 3%, fijado por el Acto Legislativo 01 de 2009, debe inaplicarse porque rie con elprincipio fundamental de superior jerarqua que instituye a Colombia como una Repblicademocrtica, participativa con pluralismo poltico, para en su lugar hacer valer el umbral del 2%fijado con anterioridad por el Acto Legislativo 01 de 2003, que el MIRA alcanzara y con el cual sele garantiza su derecho a ser elegida senadora.

Extracto:De conformidad con la naturaleza subsidiaria propia de la accin de tutela cabe afirmar que, aprimera vista, en el caso bajo estudio se configuran las causales contenidas en los numerales 1 y 5 delartculo 6 del Decreto 2591 de 1991, que la reconocen como improcedente ante la existencia de otrosrecursos o medios de defensa judiciales, y frente actos de carcter general, impersonal y abstractoresulta evidente que a travs de la accin de inconstitucionalidad se pueden hacer valer los reparos que

se tengan respecto de los actos legislativos reformatorios de la Constitucin, tales como los que originanla inconformidad de la accionante. En consecuencia dicha accin es el escenario indicado para discutirsobre la constitucionalidad de los artculos 2 y 11 del Acto Legislativo 01 de 2009 que aument el umbralelectoral al 3%, entendido como un acto de carcter general, impersonal y abstracto. A ella debe acudirtanto el MIRA como la actora si, en su orden, estiman que la fijacin de tal umbral pone en riesgo suexistencia y personera jurdica, e impide concretar la expectativa de alcanzar una curul en el Senado dela Repblica Con todo, si bien la jurisprudencia constitucional ha justificado la improcedencia de laaccin de tutela contra los actos de carcter general, en razn a que no son susceptibles de referirse oreconocer situaciones jurdicas subjetivas y concretas, tambin ha sostenido que, con el nimo de nohacer nugatoria la efectividad de los derechos fundamentales, la accin prevista en el artculo 86constitucional resulta procedente como mecanismo transitorio contra actos de carcter general, solo en elevento de que i) se busque conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y ii) sea posible establecerque el contenido del acto, afecte clara y directamente un derecho fundamental de una persona

determinada o determinable, supuestos que permitiran al juez de tutela ordenar la inaplicacin del actopara el caso concreto, con un carcter eminentemente transitorio mientras se produce la decisin defondo por parte del juez competente A groso modo y bajo la ptica inicial consecuente para establecer odescartar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el aumento del umbral del 2% a un 3% se sustenta enrazones que antes de minar o debilitar la democracia participativa y pluralista, respaldan la finalidad y elpropsito ulterior de fortalecerla. Lo fundamentan mecanismos de consolidacin de la legitimidad yrepresentatividad de los partidos y movimientos polticos, en tanto aquello que pudiese considerarse comouna restriccin, en trminos de razonabilidad procura fortalecer la confianza ciudadana en ellos aladvertir una organizacin ms fuerte, rigurosa disciplinariamente, alejada de exclusivos propsitosindividualistas, ticamente ms blindada y con mayor nmero de sufragantes. En tales condiciones seadvierte igualmente la consecucin del fortalecimiento de las minoras, a travs de su efectivaorganizacin, lo que realza y da trascendencia al ejercicio del verdadero derecho a la oposicin y alpluralismo efectivo y material mediante la configuracin de una base electoral significativa. A contrario

sensu, el aumento del umbral a un 3% representara parte de un frmula mediante la cual se apuesta porla previsin de restricciones, sanciones, censuras y desestmulos, encaminada a desterrar las prcticastanto personalistas como clientelistas y evitar la manipulacin y amenaza a la representacin democrticaefectiva por parte de grupos armados ilegales, crimen organizado, carteles de ilcitos en general, convirtualidad de incidir en la conformacin, financiacin y definicin de resultados y candidatos en laactividad poltica. As las cosas, no advierte la Sala elemento de juicio alguno que la lleve a reconocer lasatisfaccin de los requisitos que configuran el perjuicio irremediable necesario para consideraramenazado el principio democrtico participativo y pluralista, el debido proceso electoral de la actora, ysu derecho a elegir y ser elegida, lo que permitira la intervencin impostergable del juez de tutela,desplazando aun provisionalmente la del juez natural ante el cual resulta obligado acudiroportunamente..
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SENTENCIA DE 8 DE MAYO DE 2014, EXP. 25000-23-42-000-2014-00324-01(AC), M.P. MARCO ANTONIOVELILLAMORENO

6. Procuradura vulner el derecho al debido proceso de ex Gobernador de Caldas por cuanto excediel trmino razonable para resolver el recurso de apelacin en proceso disciplinario.

Sntesis del caso: Correspondi a la Sala determinar si la tardanza en resolver la segundainstancia del proceso disciplinario seguido en contra del seor Mario Aristizabal Muoz, exGobernador de Caldas, segn lo alega la entidad, no se debe a la negligencia o inoperancia de laProcuradura General de la Nacin, -nicos aspectos en los que la jurisprudencia castiga la mora[judicial]-, sino a la complejidad del asunto derivada del volumen del expediente disciplinario.

Extracto: La Sala Disciplinaria de la Procuradura General de la Nacin explic que en el sub lite, eltrmino para resolver el recurso de apelacin propuesto contra la decisin de la Procuradura Delegadapara la Moralidad Pblica que sancion al tutelante con destitucin e inhabilidad para el ejercicio defunciones pblicas por el trmino de diez (10) aos por conductas acaecidas mientras funga como

Gobernador del departamento de Caldas, si bien est superado, se justifica por la complejidad que elexamen del expediente requiere dado su volumen -que comprende diez (10) cuadernos principales, siete(7) anexos y quince (15) medios de grabacin- y por las diferentes peticiones que ha debido resolver luegode haber asumido la competencia en segunda instancia. De acuerdo con lo alegado, para la Sala elproceso disciplinario no ha presentado inactividad, pues luego del traslado para alegar de conclusin -autoNo. 25 del 19 de julio de 2012- la Procuradura atendi solicitudes referentes a expedicin y remisin decopias autnticas de la actuacin a otras entidades y tambin sobre informacin del estado actual deltrmite disciplinario, por tal motivo se descarta la existencia de negligencia por parte de los funcionariosresponsables de adoptar la decisin que se echa de menos Pero, justamente en atencin al contenido dela sancin apelada -destitucin e inhabilidad para el ejercicio de funciones pblicas-, y al momento enque se inici la investigacin disciplinaria, esto es, el 3 de octubre de 2011, la Sala encuentra fundado elreclamo que invoca el seor Aristizabal sobre la necesidad de resolucin del trmite seguido en sucontra Entonces, en un examen de ponderacin entre el derecho que le asiste al investigado de conocer

prontamente la situacin jurdica especfica que en este caso presenta la condicin especial de tratarsede una inhabilidad para el desempeo de cargos pblicos por el trmino de diez (10) aos, de cara a lajustificacin que tiene la entidad accionada para sustentar la omisin en resolver el recurso de apelacinen contra de dicha sancin por fuera de los trminos establecidos en la ley disciplinaria, encuentra la Salaque la Procuradura ha superado un trmino razonable para la definicin del asunto lo impone mantenerel amparo, pero modificar la decisin de tutela en cuanto al plazo concedido para el efecto. Tal decisinatiende a la importancia de las decisiones a cargo de la entidad accionada y en esa medida considera laSala que dos (2) meses para definir el asunto -que de paso la propia Procuradura seal que se encuentraen etapa final cuando contest la tutela-, son suficientes para que resuelva el recurso de apelacininterpuesto.

SENTENCIADE 19DE JUNIODE 2014,EXP.25000-23-41-000-2014-00415-01(AC),M.P.SUSANABUITRAGOVALENCIA

1. Autoridad Nacional de Televisin dio cumplimiento al artculo 26 de la Ley 1437 de 2011 quedispone sobre el procedimiento del recurso de insistencia.

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Sntesis del caso: RCN Televisin S.A., pretende que la Autoridad Nacional de Televisin, encumplimiento del artculo 26 del C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011) remita al Tribunal Administrativode Cundinamarca el recurso de insistencia que present ante dicha autoridad, con ocasin de lanegativa en la expedicin de las copias de la recomendacin relacionada con la licitacin deespacios del Canal Uno, por considerar que tienen reserva legal.

Extracto: la Sala verifica que en el expediente est demostrado que la ANTV, el da 9 de diciembre de2013, radic ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el escrito mediante el cual pona enconocimiento de esa autoridad judicial el recurso de insistencia que present RCN bajo el radicado No.20130008164. En ese mismo documento, adems de exponer resumidamente las razones por las cuales ladocumentacin que solicita RCN tiene el carcter de reservado, anex en dos folios copia del escrito deinsistencia que se radic ante la ANTV el da 24 de septiembre de 2013. A juicio de la Sala, con talactuacin, la ANTV dio cabal cumplimiento a lo que dispone el artculo 26 del CPACA. Ahora bien, a pesarde que no anex la copia de la peticin inicial, es lo cierto que tal omisin no implica el desconocimientodel citado artculo, pues incluso aunque dicho documento faltase, se hubiese podido iniciar el respectivotrmite del recurso de insistencia, pues, se reitera, obraban tanto el escrito de remisin como el recursode insistencia, en el que, valga la pena aclarar, se identifican los argumentos que en el oficio del 20 deseptiembre de 2014 expuso la ANTV para negar la entrega de los documentos en cuestin. Incluso, en caso

de que la autoridad judicial hubiera considerado que para decidir la insistencia era necesario que obraracopia de la peticin inicial, el mismo artculo 26 del CPACA prev la posibilidad de interrumpir el trminode 10 das que se tiene para resolver, cuando el juez considere til que se soliciten copias o informacinpertinente, cuando sta no obre en el expediente. Empero, en el sub examine es evidente que por unerror de la Secretara de la Seccin Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca los documentosque la ANTV radic ante dicha Corporacin a fin de que se resuelva el recurso de insistencia que presentRCN, fueron enviados a la Corte Constitucional como anexos del proceso de tutela No. 2013-01253-00.Entonces, no es posible adjudicar a la entidad demandada el error que cometi la Seccin Cuarta delTribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, en ltimas, impidi que se tuviera conocimiento de laradicacin de la insistencia (con sus correspondientes anexos) y que con la apertura del nmero deradicacin y con el respectivo reparto, se diera inicio al trmite del proceso. As las cosas, como seanticip, la Sala revocar la decisin de primera instancia y, en su lugar, negar las splicas de lapresente accin de cumplimiento.

SENTENCIA DE 19 DE JUNIO DE 2014, EXP. 25000-23-41-000-2014-00027-01(ACU), M.P. SUSANABUITRAGOVALENCIA

1. La responsabilidad preventiva es un principio general en tratndose de medidas orientadas a laseguridad y prevencin de desastres tcnicamente previsibles.

Sntesis del caso: Correspondi a la Sala establecer si haba lugar a modificar la orden impartidapor el a quo con el fin de garantizar la proteccin de los derechos colectivos al acceso a laprestacin eficiente y oportuna de los servicios pblicos domiciliarios, y a la seguridad yprevencin de desastres previsibles tcnicamente, vulnerados por la instalacin de redeselctricas y telefnicas en las fachadas de las viviendas de los afectados. Para ello determin sidicha orden, es decir, el diseo y construccin subterrnea de las redes de energa y telfono erala manera idnea y eficaz de garantizar la proteccin de estos derechos o si, como lo afirm elapelante, existan otros mecanismos.

Extracto: Pone de presente la Sala que, en tanto la accin popular apunta a la proteccin de lacomunidad afectada por la amenaza o vulneracin y los derechos cuya defensa se pretende son de

AACCCCIINNPPOOPPUULLAARR
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contenido y titularidad difusos, lo procedente con el amparo tiene que ver con medidas orientadas aprevenir eficazmente que los riesgos, a los que la prestadora de los servicios pblicos mantiene sometidaa la comunidad, se materialicen causndoles daos. De ah que, a juicio de la Sala, no resulta posiblelimitar el anlisis de las medidas a los criterios que tradicionalmente tienden a la reparacin del dao, aestudiar los costos econmicos o las condiciones competitivas de la prestacin del servicio, a las normas

tcnicas establecidas para que rijan en condiciones generales, invocados por la demandada, pues, si bienestos pueden explicar por qu durante largos aos se ha mantenido a la comunidad en peligro inminentede un desastre, al punto de que a pesar del conocimiento de esas circunstancias a la prestadora solo lemereci su atencin una vez iniciada la presente accin, no consideran i) las circunstancias particulares oespeciales de tiempo, modo y lugar que generan el riesgo para la comunidad afectada; ii) laresponsabilidad eminentemente preventiva que le es exigible a quienes generan los riesgos, y iii) razoneselementales de justicia que demandan que las medidas de prevencin o de reduccin de los accidentes odaos se rijan principalmente por la eficacia de las garantas constitucionales y no prioritariamente por elcriterio de optimizacin de costos. En ese orden, no cabe duda de que en tratndose de medidasorientadas a la seguridad y prevencin de desastres tcnicamente previsibles, el principio general debeser el de la responsabilidad preventiva, sin perjuicio de las medidas de reparacin y compensacin a quehaya lugar. Y como lo enfatiza la doctrina, [l]a aplicacin de este principio [prevencin] es clara einequvoca: siempre que se produce una amenaza inminente de dao, hay que adoptar medidas

preventivas, y siempre que se produce un dao, hay que adoptar medidas reparadoras. Por otra parte,cuando existe incertidumbre sobre la causacin del dao, el ordenamiento prescribe que si existe laposibilidad de daos graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a lasinstituciones y a los ecosistemas como resultado de la materializacin del riesgo en desastre, lasautoridades y los particulares aplicarn el principio de precaucin en virtud del cual la falta de certezacientfica absoluta no ser bice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacin deriesgo, al tenor de las disposiciones del artculo 3 de la Ley 1523 de 2012... Siendo as, en aplicacin delos principios de precaucin y prevencin que rigen la materia, la Sala confirmar la sentencia de primerainstancia y la complementar en el sentido de disponer que no habr lugar a construccin de las redessubterrneas solamente cuando el comit conformado para efectos de verificacin de la sentenciadetermine, sin lugar a dudas, que las nuevas redes que EMCALI construy durante el trmite de esteproceso para sustituir aquellas que originaron la presente accin, i) en su diseo y construccin se sujetana la valoracin de los riesgos que debi preceder, de conformidad con el Reglamento Tcnico de

Instalaciones Elctricas expedido por el Ministerio de Minas y Energa; ii) cumplen las normas tcnicasvigentes en la materia, especialmente las dispuestas por el citado reglamento y por la Comisin deRegulacin de Energa y Gas, atendiendo a las condiciones particulares del espacio en el que fueronconstruidas y en el que habita la comunidad afectada, y iii) que bajo condiciones normales de operacin,teniendo en cuenta las reglas del Reglamento de Operacin del Sistema Interconectado Nacional expedidopor el ente regulador y las condiciones particulares del espacio pblico, no se prev la posibilidad dedaos graves o irreversibles a la vida, los bienes y derechos de las personas, las instituciones y losecosistemas, como resultado de la materializacin del riesgo. En esos trminos, para garantizarplenamente los derechos colectivos de acceso a la prestacin eficiente y oportuna de los serviciospblicos domiciliarios, y a la seguridad y prevencin de desastres previsibles tcnicamente, que lesasisten a los habitantes del sector correspondiente a la calle 15BN entre las avenidas 9 AN y 10N del barrioGranada de Cali, el municipio deber permitir el uso del espacio pblico y EMCALI E.I.CE ESP deberconstruir las redes subterrneas para la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios de energa

elctrica y de telfono, sin perjuicio de que, de comprobarse a travs del comit de verificacin que lasredes areas construidas por la demandada durante el trmite de este proceso cumplen los criterios yasealados, se entienda que con la sustitucin de las redes ya efectuada es suficiente para amparar losderechos cuya vulneracin se acredit en este proceso.

SENTENCIA DE 20 DE FEBRERO DE 2014, EXP. 76001-23-31-000-2003-00002-01(AP), M.P. DANILO ROJASBETANCOURTH
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1. La prescripcin de la garanta que asegura el pago de los tributos aduaneros puede empezar acontarse desde el incumplimiento de la ltima cuota.

Sntesis del caso: La sala revoca la sentencia apelada, al mantener la posicin de la Corporacinde que la vigencia de la garanta est ntimamente relacionada con la vigencia del siniestro, eneste caso con el incumplimiento de la primera o de la ltima cuota del pago del TributoAduanero.

Extracto: De este modo, el artculo 147 del Estatuto Aduanero es claro en sealar que en la importacintemporal a largo plazo la constitucin de la pliza tiene como objeto garantizar la finalizacin delrgimen y el cumplimiento oportuno del pago de los tributos aduaneros, de forma tal que la inobservanciade la obligacin as garantizada puede ocurrir en cualquier momento durante el mencionado rgimen

hasta su terminacin, que para el caso, se verific por parte de la DIAN, al final del mismo cuando secumpli el quinto ao de permanencia de la mercanca en el pas. Ahora, con respecto al trmino deprescripcin de la garanta, previsto en el artculo 1081 del C. de Co., en reiterada jurisprudencia de estaSeccin se ha sentado la posicin consistente en que en materia de efectividad de plizas de seguro queamparan regmenes de importacin temporal, dicho trmino ha de comenzar su conteo, bien a partir delincumplimiento de una cualquiera de las cuotas o de la ltima, segn el caso, pues la pliza se constituyecon el fin de amparar el cumplimiento del rgimen en su integralidad; advirtiendo que la materializacindel siniestro, entendido como el incumplimiento, que puede acaecer en cualquier momento durante elperodo del rgimen de que se trate, corre por cuenta del asegurador, en concordancia con la vigencia dela garanta. De lo anotado se recalca que no es de recibo la tesis segn la cual, los dos (2) aos de quetrata el artculo 1081 del C. de Co., deban contabilizarse desde el primer incumplimiento so pena de laprescripcin, por cuanto, el objeto de la cobertura de la misma es precisamente la debida finalizacin delrgimen y el pago oportuno de todas y cada una de las cuotas de los tributos aduaneros. En el presente

caso, segn se anot, resultaba factible para la DIAN perseguir las garantas relacionadas en los actosacusados, ante el incumplimiento advertido en el momento de definir la liquidacin de la totalidad de lostributos aduaneros, al cumplirse la finalizacin del rgimen autorizado al importador en el quinto ao,esto es, el 25 de enero de 2006, fecha en la que deba pagar la ltima cuota y las dems impagadas, segnel artculo 153 del E.A., que para el caso, equivalan a todas las cuotas causadas en el marco de laimportacin temporal a largo plazo autorizada a UNITEL S.A. E.S.P. Era aquella, entonces, la fecha apartir de la cual resultaba viable contabilizar los dos aos de la prescripcin ordinaria de que trata elartculo 1081 del C. de Co., por corresponder al momento en que la administracin estableci laocurrencia del incumplimiento del rgimen garantizado mediante las plizas constituidas por la empresademandante. De este modo, se observa que al expedirse la ResolucinNo. 2991 de junio 7 de 2006, por lacual se declar el incumplimiento y orden hacer efectivas las garantas, no haba operado la mencionadaprescripcin respecto de las plizas all relacionadas a cargo de Seguros Confianza S.A., toda vez que nohaban transcurrido los dos (2) aos requeridos para el efecto, desde el incumplimiento arriba expuesto.

SENTENCIA DE 31 DE OCTUBRE DE 2013, EXP. 76001-23-31-000-2006-03681-01, M.P. MARCO ANTONIOVELILLAMORENO.APELACIN SENTENCIA ACCIN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

2.No se pueden reclamar perjuicios materiales cuando se ha ordenado la inaplicacin de las normasacusadas.

Sntesis del caso: La sala confirma la sentencia apelada, ya que la Corte Suprema de justicia,mediante una accin de tutela haba ordenado la inaplicabilidad de los actos acusadas, mientrasduraba el proceso contencioso administrativo.

SSEECCCCIINNPPRRIIMMEERRAA
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P GINA 11

Extracto: No comparte la Sala la apreciacin de los actores, pues es claro en el presente caso que lasdisposiciones demandadas no causaron perjuicio material alguno, pues por va de tutela, la Corte Supremade Justicia dispuso la inaplicacin de las disposiciones atacadas en tanto el accionante promueve ante lajusticia contenciosa las acciones pertinentes tendientes a hacer valer sus derechos, con advertencia que

tal determinacin tendr vigencia por el tiempo que dure el proceso que se adelante y siempre y cuandose promueva el mismo dentro de los cuatro meses siguientes a la notificacin que se haga del presentefallo de tutela.

SENTENCIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, EXP. 66001-23-31-000-1998-00136-01, M.P. MARCO ANTONIOVELILLAMORENO.APELACIN SENTENCIA ACCIN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

3.a.Si la ley no contempla el trmino de caducidad de la sancin, la norma a aplicar es el artculo 38del Cdigo Contencioso Administrativo.

Sntesis del caso: La sala revoca la sentencia apelada, al considerar que el a quo aplic unanorma que no se relacionaba con la caducidad de la sancin, y que al no existir trmino en la Ley,

lo procedente es aplicar el artculo 38 del Cdigo Contencioso Administrativo.

Extracto: Sentados los presupuestos jurisprudenciales, que en esta oportunidad se prohjan, claramentese precisa que el trmino de cinco meses previsto en el artculo 111 de la Ley 42 de 1994, no es aplicable,sino el previsto en el artculo 38 del Cdigo Contencioso Administrativo, por no existir en la mencionadaLey, un tope de caducidad, es decir, tres aos contados a partir de la ocurrencia de los hechosirregulares, que en el sub judice, consiste en la no revisin de las instalaciones de gas dentro de unquinquenio, segn la prueba (Anexo 14) solicitada por la Superintendencia y allegada por la sociedadactora. Adems, las sentencias transcritas aclaran que la actuacin administrativa concluye con laexpedicin del acto administrativo sancionatorio y su correspondiente notificacin, sin tener en cuenta,para tales efectos, la exigencia del agotamiento de la va gubernativa.

b. La sancin de multa que impone la administracin debe ser regulada con el salario mnimo mensual

vigente a la fecha de imposicin de la sancin y no a la de la ocurrencia de los hechos.

Extracto:Al respecto, la Sala estima que este cargo no tiene vocacin de prosperar, por cuanto la sancinde multa aplicada, que trata el numeral 2 del artculo 81 de la Ley 142 de 1994, debe ser impuesta bajo elsalario mnimo mensual vigente a la fecha de imposicin de la sancin y no al momento de la ocurrenciade los hechos irregulares. Considera esta Sala, que si bien la Ley 142 de 1994, no indica el momento quedebe tenerse en cuenta para la aplicacin de la sancin en salarios mnimos mensuales vigentes, es lgicoque deba imputarse dichos salarios en la fecha de la sancin, ya que para efectos de aplicarla debe existirpreviamente un procedimiento administrativo (Cdigo Contencioso Administrativo) donde se averigen sihay o no hechos irregulares, pruebas, pliego de cargos, descargos etc., pues de lo contrario, sera ilgicopensar que por cada hecho deba sancionarse, aplicando el salario mnimo mensual de ese momento,mxime cuando en el sub judice, se trataba inicialmente de 13.840 instalaciones no revisadas por laempresa demandante.

SENTENCIA DE 13 DE MARZO DE DE 2014, EXP. 44001-23-31-000-2008-00124-01, M.P. MARCO ANTONIOVELILLAMORENO.APELACIN SENTENCIA ACCIN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

4. Para que funcionen y adquieran obligaciones las precooperativas y cooperativas de trabajoasociado no requieren del reconocimiento de la personera jurdica.

Sntesis del caso: La sala declara la nulidad del acto acusado al considerar que el GobiernoNacional se extralimit en su potestad reglamentaria, al revivir el reconocimiento de lapersonera jurdica como un acto impositivo del Estado, habida cuenta que haba sido eliminadopor el decreto 2150 de 1995.
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Extracto: Dejando en claro que las cooperativas son entidades privadas sin nimo de lucro segn ya sedej visto, no cabe duda que en virtud del artculo 40 del Decreto 2150 de 1995, qued eliminado elreconocimiento de la personalidad jurdica de este tipo de personas del sector solidario, pues basta con elacto de su constitucin segn lo establece el inciso 2 dem, que puede ser por escritura pblica odocumento privado que deber contener como mnimo los once datos a que alude la disposicin analizada.

Del mismo modo establece el penltimo inciso del artculo 40, que una vez constituidas las cooperativasproceder a su registro ante las Cmaras de Comercio del domicilio de la persona cooperativa que se va aconstituir. La Sala quiere llamar la atencin en que mediante el Decreto 2150 de 1995 se aboli elrequisito del reconocimiento de la personalidad jurdica de las cooperativas, como acto impositivo delEstado para su funcionamiento; por lo que resulta evidente que los requisitos consagrados en el artculo15 de la Ley 79 de 1988, no tienen razn de ser pues estos estaban consagrados para el reconocimiento dela personera jurdica, que como se dijo desapareci. En suma, a la luz de la legislacin analizada se tieneque en virtud de la abolicin del requisito del reconocimiento de la personera jurdica de lascooperativas, stas podrn funcionar y adquirir obligaciones luego de haber sido constituidas y de llevarsea cabo su inscripcin en el registro de la Superintendencia de la Economa Solidaria si se trata depersonas jurdicas del sector solidario- o bien de la que est a cargo de su supervisin, pinsese en lascooperativas del sector de la salud o las del sector de la vigilancia privada. Por tanto, le asiste razn aldemandante al afirmar que el Ejecutivo al reglamentar el reconocimiento y funcionamiento de las

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, excedi el marco de la Ley 79 de 1988, del Decreto2150 de 1995 y de la Ley 454 de 1998, por cuanto revivi el reconocimiento de la personera jurdica comoun acto impositivo del Estado al exigirse el pronunciamiento administrativo de la Supersolidaria, siendoque ste haba sido eliminado por el Decreto de supresin de trmites, aunado al hecho de que exigi elcumplimiento de los requisitos del artculo 15 de la Ley 79 de 1988, que como estos se exigan para elreconocimiento de la personera jurdica y si sta se elimin en virtud de un decreto con fuerza de ley,mal poda un decreto reglamentario como lo es el Decreto 4588 de 2006, revivir tales requisitos.

SENTENCIA DE 8 DE MAYO DE 2014, EXP. 11001-03-24-000-2008-00227-00, M.P. MARA CLAUDIA ROJASLASSO.ACCIN DE NULIDAD

1. Se decreta la suspensin provisional del artculo 1 del Decreto 4968 de 2007 y de la Circular 005de 2012, por cuanto, la Comisin Nacional del Servicio Civil no tiene facultad para crear o modificarlos procedimientos para acceder a cargos pblicos en encargo y provisionalidad.

Sntesis del caso: Establecer la procedencia de decretar la suspensin provisional de los actosadministrativos relacionados.

Extracto:Encuentra el Despacho que del cotejo entre el texto de los actos administrativos acusados y lasnormas invocadas como vulneradas se evidencia la vulneracin de estas ltimas, por cuanto el Decreto

4968 de 2007, crea procedimientos y trmites adicionales para la provisin de empleos pblicos en lasmodalidades en encargo y de provisionalidad, adems de establecer las prorroga de los encargos, loscuales tienen por ley un trmino perentorio de 6 meses, tal como lo expuso por la Seccin Segunda delConsejo de Estado en la Sentencia de 12 de abril de 2012, proferida dentro del proceso (9336-2005). Deotra parte advierte el Despacho que dentro de las facultades conferidas a la Comisin Nacional de ServicioCivil esta la de para instruir sobre la aplicacin de las normas de la carrera administrativa pero no paracrear o modificar los procedimientos para acceder a los empleos pblicos, excediendo lo dispuesto en laConstitucin y la Ley. Finalmente, se destaca que no es posible que la CNSC so pretexto de ejercer susfunciones de administracin y vigilancia se atribuya la facultad de inmiscuirse en temas reguladosespecficamente por la normativa especial, adicionando los procedimientos para determinar la

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P GINA 13

procedencia de los encargos, el nombramiento en provisionalidad y su prrrogas, as como la delegar lafacultad

Boletin 146 Del Consejo de Estado

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