Boletin 142 Del Consejo de Estado

5/25/2018 Boletin 142 Del Consejo de Estado

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Contenido:

Con el objetivo de acercar el Consejo de Estado a la comunidad, la Presidencia de la Corporacinestrena el espacio Consejo de Estado en lnea: De cara al pas, donde todos los meses se realizaruna videoconferencia sobre diferentes temas de inters para la comunidad jurdica, que ser dictadapor magistrados de la Corporacin y transmitida a travs de Ustream en la pgina de la Corporacinwww.consejodeestado.gov.co. Esta ser una oportunidad para permitir la participacin ciudadana,pues los interesados podrn interactuar con los magistrados y hacerles preguntas para resolvercualquier inquietud que surja sobre el tema tratado.

De esta manera, el Consejo de Estado tambin estrena su cuenta en twitter @consejodeestado ,

donde podrn encontrar informacin oficial sobre eventos y decisiones que adopte la Corporacin. Laparticipacin de la comunidad se realizar a travs de twitter, mediante preguntas que dirigirnsobre el tema tratado, o mediante el correo [email protected].

MARA CLAUDIA ROJAS LASSOPresidenta

EEDDIITTOORRIIAALL

1. Se confirm el auto que declar la nulidad de todo lo actuado y rechazla accin popular interpuesta por el Departamento de Boyac poragotamiento de jurisdiccin.

Sntesis delcaso: El Departamento de Boyac, a travs de apoderado yen ejercicio de la accin popular instaur demanda contra laCorporacin Autnoma Regional de Boyac Corpoboyac- y la sociedadHunza Coal S.A.S., con el fin de que se le protegieran los derechoscolectivos consagrados en los literales a), c) y j) del artculo 4 de laLey 472 de 1998. No obstante, el Tribunal Administrativo de Boyac

declar la nulidad de todo lo actuado y rechaz la accin popular porconsiderar agotada la jurisdiccin. La Seccin Primera de laCorporacin confirm el auto, con fundamento en la interpretacinarmnica entre la jurisprudencia de unificacin sobre agotamiento dejurisdiccin y los principios de celeridad, eficacia y de economaprocesal. Concluy que, si bien, no se satisface el presupuesto deidentidad de demandados, resulta inoficioso seguir adelante con elproceso en mencin.

Extracto: No obstante las anteriores similitudes, como ya se dijo, nocoinciden la totalidad de los demandados, adems de que el Departamento deBoyac, en este proceso figura como entidad demandante y en el adelantadoante el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestin, como demandado.

JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAADDEELLCCOONNSSEEJJOODDEEEESSTTAADDOOAALLDDAAEn esta seccin destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en lasltimas semanas:

AACCCCIINNPPOOPPUULLAARR

Repblica de ColombiaConsejo de Estado

BOLETN DEL CONSEJO DE ESTADO

No 142- Mayo 02 de 2014BOGOT, COLOMBIA

Publicacin uincenal

www.consejodeestado.gov.co

Editorial 1Jurisprudencia del Consejo

de Estado al da

Accin Popular1-2

Acciones detutela

2-7

Seccin Primera 7-9

Seccin Segunda 9-14Seccin Tercera 14-21Seccin Cuarta

21-28

Seccin Quinta 28-29Sala de Consulta 29-32ndice 33-36Noticiasdestacadas

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BOLET N DEL CONSEJO DE ESTADO Nmero 142 02 de mayo de 2014www.consejodeestado.gov.co

P GINA 2

Al respecto, cabe precisar, que la Sala podra en un principio, adoptar una interpretacin exegtica enrelacin con la Jurisprudencia de unificacin transcrita ab initio de estas consideraciones, y revocar elauto apelado por no cumplirse con el requisito de identidad de demandados para proceder a declarar elagotamiento de Jurisdiccin; empero, de continuarse con el trmite de la accin de la referencia, elJuzgador, al momento de tener que fallar el proceso, no podra tomar una decisin, habida cuenta de que

el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestin de Tunja ya habra conocido y decidido respecto dela presunta violacin del derecho colectivo contenido en el literal c) del artculo 4 de la Ley 472 de 1998y dems que estimase pertinentes en relacin con los trabajos de exploracin y explotacin minerasurtidos en el Pramo de Pisba objeto de la presente, pues los ttulos mineros aqu controvertidoscorresponden a los mismos que podran verse afectados con la decisin que llegase a proferir el JuzgadoSegundo Administrativo de Descongestin de Tunja. En este orden de ideas, al analizar las razones quedieron origen a la creacin jurisprudencial de la figura del agotamiento de Jurisdiccin, encuentra la Salaque stas se fundaron en los principios de celeridad, eficacia y de economa procesal, por cuanto seconsidera que la Jurisdiccin se ha consumado por existir otra accin popular que se refiere a los mismoshechos, objeto y causa. Por consiguiente, resultara totalmente inoficioso y contrario a los citadosprincipios, seguir adelante con el trmite del presente proceso.

AUTO DE 20 DE FEBRERO DE 2014, EXP. 15001-23-33-000-2013-00149-02(AP), M.P. MARIA ELIZABETH

GARCIAGONZALEZ.

1. En accin de tutela contra providencia judicial se tutel el derecho de acceso a la administracinde justicia, vulnerado por el juez ordinario al transgredir el principio de congruencia.

Sntesis del caso: la Sala determin que la providencia cuestionada incurri en defecto fcticopor desconocimiento del principio de congruencia y consider que la misma vulner el derecho deacceso a la administracin de justicia del actor, toda vez que el juez no se pronunci sobre la

supuesta violacin de la Ley de Garantas Electorales al proferirse el acto que declarinsubsistente el nombramiento del actor. En consecuencia, se tutel el derecho de acceso a laadministracin de justicia, se dej sin efectos la sentencia en mencin y se ordenproferir unnuevo fallo en el que se resuelva sobre la totalidad de los argumentos y normas citadas comovulneradas en la demanda y en el recurso de apelacin.

Extracto: Considera la Sala que le asiste razn a la parte actora en el presente asunto, cuando sealaque los jueces accionados en las sentencias de instancia incurrieron en un defecto fctico, toda vez queno hay correspondencia entre las normas planteadas como violadas en la demanda y en el recurso deapelacin presentado contra el fallo de primera instancia; y las normas estudiadas dentro de lasprovidencias acusadas, pues como se indic anteriormente, no se hizo mencin alguna respecto de lasupuesta violacin de la Ley de Garantas Electorales con el acto que declar insubsistente elnombramiento del actor, lo cual constituye un desconocimiento del principio de congruencia, al no

resolverse en las providencias la totalidad de los puntos planteados por las partes El juez tiene en uso delos principios de autonoma e independencia judicial el deber de emitir un pronunciamiento respecto detodos los extremos de la litisy todos y cada uno de los argumentos planteados por las partes, bien seapara acogerlos o descartarlos, pero no puede pasar por alto dicha funcin excusndose en la levedad de laintervencin realizada por la parte sobre un punto, pues dicha circunstancia constituye una vulneracindel derecho de acceso a la administracin de justicia, en la medida en que el juez debe efectuar unanlisis armnico e integral que consulte la realidad procesal y resuelva como ya se dijo, todos losplanteamientos de la demanda y su contestacin Consecuente con lo hasta aqu expuesto, se tutelar elderecho de acceso a la administracin de justicia y se dejar sin efectos la sentencia proferida en segundainstancia por el Tribunal Administrativo de Bolvar el 26 de julio de 2013; y se ordenar a dicha Sala queprofiera un nuevo fallo en el que se pronuncie sobre la totalidad de los argumentos y normas citadas como

AACCCCIIOONNEESSDDEETTUUTTEELLAA
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P GINA 3

vulneradas dentro del recurso de apelacin, de conformidad con los hechos y pruebas consignados en elexpediente contentivo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el seorJohan Villadiego Salcedo contra el Municipio de El Carmen de Bolvar, sin perjuicio del principio deautonoma funcional que gobierna el ejercicio de la funcin judicial.

SENTENCIA DE 27 DE MARZO DE 2014, EXP. 11001-03-15-000-2014-00119-00(AC), M.P. GERARDO ARENASMONSALVE

2. Al Colegio La Quinta del Puente Ltda., se le ampar el derecho fundamental al debido proceso, enconsideracin a que el Tribunal Administrativo de Santander no hizo una valoracin probatoriasoportada en los medios que existan en el proceso de accin popular.

Sntesis del caso: La Seccin Segunda ampar el derecho fundamental al debido proceso delcolegio La Quinta del Puente Ltda., toda vez que el Tribunal Administrativo de Santander aldecidir la accin popular no tuvo en cuenta ciertos medios probatorios aportados al proceso endebida forma y en oportunidad, tendientes a determinar cul era el hecho generador de laviolacin de los derechos que se discutan en la demanda, adems de establecer si la comunidad

requera usar el puente peatonal y si los espacios alegados son de uso pblico. En consecuencia,la Subseccin A dej sin efectos la sentencia proferida por ste Tribunal dentro de la accinpopular adelantada en contra de la mencionada institucin educativa.

Extracto: El presente asunto el Colegio La Quinta del Puente de Floridablanca Santander invoca laproteccin de los derechos fundamentales al debido proceso y los derechos de los nios presuntamentevulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro de la accin Popular la partedemandante advierte que las pruebas aportadas dentro de la accin popular que fueron valoradas por elJuez, tal y como se desprende del texto transcrito de la providencia, no fueron analizadas por el Tribunalen la sentencia Dichos medios probatorios, no merecieron un anlisis por parte del TribunalAdministrativo de Santander, pues solamente valor parcialmente el dictamen pericial de la OficinaAsesora de Planeacin del Municipio de Bucaramanga atinente a demostrar el dimetro del perfil vial delas edificaciones hechas por el Colegio, pero careci absolutamente de valoracin probatoria para

establecer la afectacin del espacio pblico por razn de la construccin del puente peatonal, existiendodentro del expediente medios tendientes a establecer dichos aspectos, que fueron oportuna yvlidamente aportadas. En ese orden, la afirmacin del Tribunal no est soportada en una valoracinprobatoria de los medios que existan en el proceso, con el fin de concluir cul es el hecho generador dela violacin a los derechos que se discuten en la accin popular y si efectivamente existe la necesidad enesa comunidad de usar el puente peatonal y los espacios que se alegan son de uso pblico, condesconocimiento del artculo 174 del Cdigo de Procedimiento Civil La Sala deber conceder laproteccin del derecho fundamental al debido proceso del Colegio La Quinta del Puente Ltda. Enconsecuencia, se dejarn sin efecto la sentencia de 22 de octubre de 2008, as como de las providenciasposteriores a el de fechas 5 de marzo de 2009, 28 de febrero y 25 de septiembre de 2012, 3 de septiembrey 9 de octubre de 2013, proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander, a quien se le ordenardictar una nueva con base en los lineamientos a que ha hecho referencia la motivacin de estasentencia. Por las anteriores razones, la Sala deber conceder la proteccin del derecho fundamental al

debido proceso del Colegio La Quinta del Puente Ltda. En consecuencia, se dejarn sin efecto la sentenciade 22 de octubre de 2008, as como de las providencias posteriores a ella de fechas 5 de marzo de 2009,28 de febrero y 25 de septiembre de 2012, 3 de septiembre y 9 de octubre de 2013, proferidas por elTribunal Administrativo de Santander.

SENTENCIA DE 19DE FEBRERO DE 2014,EXP.11001-03-15-000-2014-00078-00(AC),M.P.ALFONSOVARGASRINCON

3. Es obligacin del servicio de reclutamiento y movilizacin del Ejrcito Nacional definir la situacinmilitar de los colombianos sin dilaciones.
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P GINA 4

Sntesis del caso: La Seccin Segunda, Subseccin A revoc la sentencia proferida por el TribunalAdministrativo de Bolvar y ampar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo,al trabajo y a la educacin del actor, vulnerados por la Segunda Zona de Reclutamiento delDistrito Militar No. 14 del Ejrcito Nacional, por dilatar injustificadamente la definicin de susituacin militar.

Extracto: Por disposicin Constitucional todos los colombianos estn obligados a tomar las armas cuandolas necesidades pblicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones pblicas.Asimismo, la ley determinar las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y lasprerrogativas por la prestacin del mismo. La Ley 48 de 1993 a travs de la cual se reglament el serviciode reclutamiento y movilizacin, seala en su artculo 14 que todos los hombres tienen la obligacin dedefinir su situacin militar, a partir de la fecha en que cumplan la mayora de edad El seor AlejandroGarca Garca pretende se le d respuesta de fondo a la peticin de 17 de septiembre de 2013, mediantela cual solicit al Distrito Militar No. 14 del Ejrcito Nacional le levante la condicin de remiso, dado quepara el momento de la declaracin de infractor el 29 de julio de 2008 era menor de edad (cumpli 18 aosel 11 de noviembre del mismo ao) y por lo tanto debi ser considerado como no apto En razn a lanaturaleza informal de la accin de tutela, que exige garantizar la efectividad de los derechosfundamentales, el juez constitucional no solo est sometido a estudiar los derechos de rango

constitucional que el actor considera vulnerados sino tambin los que no fueron invocados,prerrogativa que debe ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando o impidiendo la efectividadde dichos derechos. No obstante lo expuesto, la Sala considera que si bien el seor Garca no invoc laproteccin del derecho fundamental al debido proceso, el mismo se encuentra afectado por las siguientesrazones: De conformidad con el artculo 9 de la Ley 48 de 1993 es obligacin del servicio de reclutamientoy movilizacin definir la situacin militar de los colombianos, sin embargo en el presente asunto, como loafirma la Entidad se han presentado demoras en resolver la situacin del actor, frente a las cuales no seexpuso ninguna justificacin, circunstancia que amenaza su derecho fundamental a la educacin ytrabajo

SENTENCIA DE 27DE FEBRERO DE 2014,EXP.13001-23-33-000-2013-00756-01(AC),M.P.ALFONSOVARGASRINCON

4. El derecho de peticin faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante lasautoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con losolicitado.

Sntesis del caso:La Seccin Cuarta confirm la sentencia de primera instancia, que ampar elderecho fundamental de peticin del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, vulneradopor la Coordinacin de la Comisin de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de laRepblica. No obstante en el transcurso del trmite de la impugnacin la entidad demandada diorespuesta al peticionario en debida forma y con sujecin a la ley, razn por la cual, la Saladeclar terminada la presente accin de tutela.

Extracto: En el sub examine, el representante legal del SEUP pidi la proteccin del derecho

fundamental de peticin, presuntamente vulnerado por la coordinacin de la Comisin de DerechosHumanos y Audiencias del Senado de la Repblica en el expediente de tutela hay prueba de que lapeticin del 5 de septiembre de 2013 - en la que el SEUP solicit a la coordinacin de la Comisin deDerechos Humanos y Audiencias del Senado de la Repblica informacin respecto de las funciones quecumpla uno de los miembros de esa comisin - fue atendida de fondo por la autoridad demandada,mediante oficios CDH - 459 del 19 de septiembre y CDH - 580 del 13 de noviembre, ambos de 2013. Noobstante, la Sala advierte que esas respuestas se entregaron por fuera del trmino de 15 das. Por lotanto, es acertado que el a quo amparara el derecho fundamental de peticin porque la autoridaddemandada respondi las solicitudes fuera de tiempo. Ahora, en el trmite de la tutela, la Comisin deDerechos Humanos y Audiencias del Senado de la Repblica acredit que puso en conocimiento del SEUPel oficio CDH - 580 del 13 de noviembre de 2013 y, por ende, la Sala concluye que se configur el hecho
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superado. En efecto, si bien la proteccin del derecho de peticin estaba justificada por la falta derespuesta oportuna (y por eso se confirmar el numeral primero de la sentencia impugnada), lo cierto esque no hay lugar a mantener la orden del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia porquela autoridad demandada demostr que puso en conocimiento de la parte actora las respuestas a laspeticiones del 2 y 5 de septiembre de 2013

SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2014, EXP. 13001-23-33-000-2013-01866-01(AC), M.P. HUGO FERNANDOBASTIDASBARCENAS

5. Las personas que se encuentren en un nivel de riesgo ordinario no pueden ser consideradas sujetosde especial proteccin.

Sntesis del caso:La Seccin Cuarta neg el amparo deprecado por el actor, porque la accin detutela no es procedente para revocar la decisin tomada por la Unidad Nacional de Proteccin,con fundamento en hechos nuevos que no han sido objeto de estudio por parte de la autoridadcompetente. La UNP haba determinado que el tutelante no puede ser beneficiario de medidaspor parte del programa de proteccin porque se encuentra en un nivel de riesgo ordinario.

Extracto: En el presente caso se encuentra probado un perjuicio de tal naturaleza, pues a pesar deexistir otro mecanismo de defensa judicial, lo cierto es que se encuentran involucrados derechosfundamentales que demandan un anlisis inmediato, en consecuencia, la accin de tutela procede comomecanismo transitorio En el caso concreto, se advierte que una vez surtido todo el trmite reseado, elComit Especial para Servidores y Exservidores Pblicos sesion el 27 de febrero de 2013, con la asistenciadel Director de la Unidad Nacional de Proteccin, el Delegado del Director de Proteccin y ServiciosEspeciales de la Polica Nacional y el Subdirector de Evaluacin del Riesgo de la Unidad Nacional deProteccin, y concluy que el seor Herrera Fernndez no puede ser beneficiario de medidas por parte delprograma de proteccin, porque se encuentra en un nivel del riesgo ordinario. Los soportes de la anteriordecisin no reposan en el expediente, en atencin al principio de reserva legal que rige el programa deprevencin y proteccin En ese orden de ideas, aquellas personas sometidas a un nivel de riesgo nopueden considerarse sujetos de especial proteccin ni puede solicitar del Estado medidas para mitigar talriesgo Ahora bien, para la Corte Constitucional, la solicitud de proteccin debe ir acompaada depruebas suficientes para demostrar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en que esta se funda y, delas cuales, la Unidad Nacional de Proteccin concluy autnomamente, que el actor se encontraba anteun riesgo ordinario Del mismo modo, debe aclararse que,si despus de esas fechas el actor ha recibidonuevas amenazas contra su integridad personal y la de su familia, es necesario que informe las mismas ala Unidad Nacional de Proteccin, porque no es procedente, por va de tutela, revocar una decisin quefue adoptada conforme con la solicitud elevada, en atencin a nuevos hechos que no han sido objeto deestudio por parte de las entidades competentes.

SENTENCIA DE 20 DE FEBRERO DE 2014, EXP. 63001-23-33-000-2013-00220-01(AC), M.P. CARMEN TERESAORTIZDERODRIGUEZ

6. No hay lugar a declarar mora judicial por el solo transcurso del tiempo.

Sntesis del caso: La Seccin Cuarta neg la solicitud de amparo, puesto que no se cumplen losrequisitos para que se declare la mora judicial, es decir, no existe negligencia de la autoridadjudicial demandada y tampoco se configura perjuicio irremediable.

Extracto: Aunque el actor no lo manifest expresamente, de la lectura del escrito de tutela se advierteque la inconformidad radica en el tiempo que ha transcurrido, desde que ingres el expediente de nulidady restablecimiento del derecho al despacho para dictar sentencia de segunda instancia, sin que hasta lafecha se haya proferido decisin alguna. Al respecto, se debe analizar si se ha presentado mora judicialno existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar
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probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de unperjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuacin de los falladores de instancia es clere ydiligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los trminos judiciales,tampoco se configura la alegada mora judicial. De acuerdo con el artculo 18 de la Ley 446 de 1998, lasautoridades judiciales deben dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que ingresen losexpedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo contadas excepciones

expresamente definidas por la ley, esto es, en los casos de sentencia anticipada o de prelacin legal y, enlos procesos de conocimiento de la jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, tal orden tambin podrmodificarse en atencin a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Pblicodebido a la importancia jurdica y la trascendencia social slo puede modificarse el turno de losexpedientes que estn a despacho para fallo en los eventos descritos anteriormente, circunstancia que elsub examine no se enmarca y, dado que actualmente, la rama judicial enfrenta un aumento en lacantidad de procesos que se radican para su conocimiento, se ha producido una crisis estructural que hagenerado la llamada congestin judicial y por lo tanto el retraso en proferir las decisiones de fondo, sinque ello implique la configuracin de la alegada mora judicial Adems, el actor no demostr laexistencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la solicitud de amparo de maneraexcepcional, o que se encontrara en alguna circunstancia particular de la que se pudiera advertir lanecesidad de alterar el turno de ingreso del expediente al despacho de conocimiento

SENTENCIA DE 23 DE ENERO DE 2014, EXP. 11001-03-15-000-2013-02547-00(AC), M.P. MARTHA TERESABRICEODEVALENCIA

7. Se suspende con efectos inter comunisy transitoriamente, los efectos del pargrafo 1 del artculo2 del Decreto 075 de 2013 proferido por el Alcalde del Distrito Turstico, Cultural e Histrico de SantaMarta, por medio del cual se reglament el rea de playa de El Rodadero.

Sntesis del caso: La Seccin Segunda, Subseccin B, confirm el numeral 1 y revoc en lo demsel fallo impugnado, para en su lugar tutelar como mecanismo transitorio los derechosfundamentales a la igualdad, al trabajo y al mnimo vital de los actores. Lo anterior, porconsiderar que lo resuelto en el Decreto No. 075 de 2013 tiene incidencia directa en el grupopoblacional que se dedica al comercio informal. En consecuencia, suspendi inter comunis y

transitoriamente los efectos del pargrafo 1 del artculo 2 del Decreto 075 de 2013 expedido porel alcalde distrital, hasta tanto el Juez natural del asunto se pronuncie definitivamente sobre lalegalidad del mencionado acto.

Extracto: Con miras a analizar si de manera especial alguna de las normas que se derivan de losenunciados normativos del Decreto No. 075 de 2013 quebranta derechos fundamentales y, por tal motivo,se justifica una proteccin, encuentra la Sala que Como en el presente asunto lo que se cuestiona es lasujecin de las medidas adoptadas en el acto administrativo a los derechos fundamentales de losafectados -cuestin que materialmente no ha sido objeto de pronunciamiento por juez constitucionalalguno-, es dable, de considerarse que alguna de las disposiciones afecta sus derechos, que la decisin losampare Finalmente, de manera particular, encuentra la Sala que hay dos previsiones problemticas. Laprimera, tiene que ver con la norma que se deriva del pargrafo 1 del artculo 2 y, la segunda, lacontenida en el artculo 17 sobre los horarios de la playa. En relacin a la segunda, es de advertir que es

consecuencia de una poltica pblica cuya conveniencia debe ser valorada por la Autoridad Distrital decara a los efectos que tiene sobre la poblacin destinataria, por tanto, es claro que si afecta de maneradesmedida los intereses de los vendedores informales el Distrito est en la obligacin de adelantar losprogramas de asistencia que contrarresten sus consecuencias negativas, decisin que escapa a la rbita deesta accin de tutela debe advertirse que en el Acto Administrativo en diversas disposiciones se prevque los vendedores deben portar carn visible, por lo que, coherentemente con lo estudiado enprecedencia, esa exigencia ser gradual en la medida en que la Alcalda vaya legalizando la situacin dequienes, pese a laborar en la playa, an no obtienen su certificacin. Por lo anterior, y especficamenteen relacin con lo previsto en el pargrafo 1 del artculo 2 del Decreto No. 075 de 2013, considera la Salanecesario y urgente adoptar una proteccin, pues el retiro inmediato de vendedores que no cumplen conese supuesto, pone en riesgo su derecho al mnimo vital y el de su ncleo familiar. Lo referido, no implica
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que a los nuevos vendedores se les exija solicitar su permiso, ni que a los anteriores se les normalice susituacin, a travs de la concesin del permiso temporal y/o carn

SENTENCIA DE 06DE MARZO DE 2014,EXP.47001-23-33-000-2013-00224-01(AC), M.P.GUSTAVOEDUARDOGOMEZARANGUREN(E)

1.Se decreta la prdida de investidura de Concejal del Municipio de Yumbo (Valle del Cauca).

Sntesis del caso: La Sala confirma la sentencia apelada en cuanto decret la prdida deinvestidura del seor OSCAR ENRIQUE URIBE LOZANO, como Concejal del Municipio de Yumbo, alconsiderar entre otras, que la condena por sentencia judicial en intemporal.

Extracto: En cuanto a la intemporalidad de la inhabilidad por haber sido condenado por sentencia

judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos polticos o culposos, la Corte Constitucionalha sealado que obedece a la necesidad de garantizar antecedentes intachables de quien ha de serelegido por el voto popular, con lo cual se protegen la moralidad de la administracin y el inters general.La Sala observa que en el caso sub examine, el a quo consider que la prueba obrante en el proceso erasuficiente para deducir de ella la existencia de la inhabilidad derivada de una condena judicial por delitodoloso, y con ella la causal de prdida de investidura que dio lugar a la sentencia proferida contra elconcejal atacado. La Sala estima que la anterior deduccin no obedeci a juicios arbitrarios sino que fueproducto del anlisis por parte del a quo de un conjunto de indicios que lo condujeron a la conclusin a laque se lleg en el fallo recurrido. Adicionalmente, el conjunto de indicios evaluado por el Tribunal tenael poder de conviccin suficiente para llevarlo a concluir que el demandado haba incurrido en la causalde prdida de investidura que se le endilgaba.

SENTENCIA DE 6 DE MARZO DE 2014, EXP. 76001-23-31-000-2012-00636-01(PI), M.P. MARCO ANTONIO

VELILLAMORENO.APELACIN SENTENCIA PRDIDA DE INVESTIDURA.

2.Se decreta la suspensin provisional de unos actos expedidos por EDUBAR S. A., por medio de loscuales se ordena una expropiacin administrativa.

Sntesis del caso: La Sala confirma el auto apelado, al considerar que los actos acusados nosiguieron los lineamientos relacionados con el precio de la expropiacin, y al reiterar que losvalores obtenidos por encuesta no podrn ser parte del precio, y por tanto no podrn incluirse opromediarse con los valores encontrados en el mercado.

Extracto: Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisin de expropiar un bien deldominio privado, comporta necesariamente la obligacin de indemnizar el dao, todo el dao y nada ms

que el dao, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnizacin que excedalos lmites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justiciaconsagrado por el constituyente. Dijo la Sala que este artculo permite diferenciar el llamado precio deadquisicin del precio indemnizatorio. Mientras el primero se refiere al valor del inmueble que seestablece conforme el avalo que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el segundo,adems de comprender aquel, contiene el dao emergente y el lucro cesante, as como los demsperjuicios que merezcan ser reparados para garantizar una indemnizacin plena y que el avalodetermina el precio de adquisicin de manera que si este no cumple con los requisitos legales quepermitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio tcnico apropiado, el precioindemnizatorio se ver necesariamente afectado. De acuerdo con la norma transcrita y la jurisprudenciacitada, la Sala reitera que los valores obtenidos por encuesta no podrn ser parte de la definicin delprecio y, por lo tanto, no podrn incluirse o promediarse con los valores encontrados en el mercado. En

SSEECCCCIINNPPRRIIMMEERRAA
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P GINA 8

consecuencia, encuentra la Sala la manifiesta infraccin a que se refiere el mencionado artculo 152 porcuanto la Resolucin 620 de 2008 no sigui lo relacionado con el valor o precio de la expropiacin delterreno en mencin tal y como lo dispuso el a-quo.

AUTO DE 6 DE MARZO DE 2014, EXP. 08001-23-31-000-2012-00152-01, M.P. MARCO ANTONIO VELILLAMORENO.APELACIN AUTO.

3. Se ordena al Ministerio de Educacin Nacional convalidar Ttulo de Master en Accin poltica,fortalecimiento institucional y participacin ciudadana en el Estado de derecho.

Sntesis del caso: La Sala declara la nulidad de los actos acusados expedidos por el Ministerio deEducacin Nacional, al considerar que se violaba el derecho fundamental a la igualdad; y comoconsecuencia ordena al Ministerio de Educacin Nacional convalidar el ttulo de Master obtenidoen Espaa por el seor Carlos Felipe Crdoba Larrarte.

Extracto: Dando un primer vistazo a la situacin planteada, podra colegirse que por tratarse de ttulos deeducacin superior idnticos, otorgados por las mismas instituciones extranjeras y por no haber entreellos una diferencia superior a los ocho (8) aos, debe procederse a la convalidacin del ttulo obtenido

por el seor CRDOBA LARRARTE, con fundamento en el artculo 3 numeral 3 de la Resolucin 5547 del1 de diciembre de 2005, cuyo texto se trascribi en pginas precedentes. No obstante lo anterior, elapoderado del Ministerio de Educacin se opone a que se le brinde al actor el mismo tratamiento,argumentando que los ttulos propios que fueron convalidados con anterioridad, fueron otorgados enmomentos en los cuales dichos ttulos tenan reconocimiento oficial el Espaa, mientras la realizacin delos estudios de maestra por parte del seor CRDOBA LARRARTE y la obtencin del ttulo cuyaconvalidacin solicita, ocurrieron con posterioridad a la expedicin de la Ley 4 de 2007 y del Real Decreto1393 de 2007, mediante los cuales se derogaron de manera expresa las disposiciones que regulaban lamateria desde el ao 2005. En ese orden de ideas, como quiera que los ttulos propios conferidos a losseores ENRIQUE JOS NATES GUERRA, JOS ANDRS OMEARA RIVEIRA y CARLOS FELIPE CRDOBALARRARTE, corresponden al mismo programa adelantado por el actor en las mismas institucionesespaolas, no hay razn jurdicamente admisible para denegarle la convalidacin que solicita, pues al finy al cabo todos ellos obtencin debieron cumplir los mismos requisitos y satisfacer las mismas exigencias

acadmicas, lo cual es motivo ms que suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE 13 DE MARZO DE 2014, EXP. 11001-03-24-000-2010-00166-00, M.P. GUILLERMO VARGASAYALA.ACCIN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

4.El Instituto Colombiano Agropecuario no tiene facultades para sancionar administrativamente.

Sntesis del caso: La Sala revoca la sentencia apelada y en su lugar decreta la nulidad de losactos acusados al considerar que el ICA no tiene facultades sancionatorias y que las conductas quepueden ser objeto de sancin por su inobservancia estn reservadas a la ley.

Extracto: Las citadas disposiciones constitucionales, en otras palabras, lo que pretenden garantizar es que

el hecho que se le imputa a una persona como sancionable est contenido como tal en una Leypreexistente al mismo, lo que supone no slo la descripcin de la conducta objeto de reproche, sinotambin la determinacin de la sancin a que se hace acreedora, por incurrir en ella. De tal manera, queno hay falta administrativa sin norma de rango legal que la establezca y que seale la consiguientesancin. La Sala observa que la Resolucin nm. 00148 de 18 de enero de 2005, se encuentra en abiertacontradiccin con los principios constitucionales antes enunciados, ya que describe las conductas quepueden ser objeto de sancin por su no observancia, siendo que ello, como ya se dijo, est reservado a laLey. Atendiendo la cita jurisprudencial antes sealada, aparece claro que la regulacin de losprocedimientos administrativos sancionatorios es de reserva legal, vale decir, es de competencia exclusivaal Legislador. De all que, en sub lite, cuando el Gerente General del ICA adopt el procedimientoadministrativo sancionatorio de dicho Instituto, a travs de la Resolucin nm. 001292 de 10 de mayo de
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2005, incurri en exceso o usurpacin de poder, pues la competencia en este asunto est reservada alLegislador, razn por la cual es evidente que la misma resulta tambin ser inaplicable por ser violatoriade los principios constitucionales en mencin.

SENTENCIA DE 27DE MARZO DE 2014,EXP.25000-23-41-000-2012-00100-01,M.P.MARAELIZABETHGARCA

GONZLEZ.APELACIN SENTENCIA.

5.Coldeportes carece de competencia para establecer procedimientos administrativos.

Sntesis del caso: La Sala declara la nulidad de los actos acusados expedidos por Coldeportes, alconsiderar que este careca de competencia para establecer procedimientos administrativos quecondicionen las garantas propias del derecho fundamental al debido proceso, y que estacompetencia es exclusiva del legislador.

Extracto: Para la Sala, no admite discusin que la competencia para establecer los procedimientosadministrativos que comprometan o condicionen las garantas propias del derecho fundamental al debidoproceso entre Administracin y Administrado, en este caso, entre una entidad del Estado y los organismos

que conforman el Sistema Nacional del Deporte, corresponde a la rbita exclusiva y excluyente delLegislador. Las consideraciones de la sentencia en cita, analizadas a la luz del sentido y alcance delprocedimiento administrativo de que trata el acto administrativo demandado, resultan suficientes paraconcluir que ste no se enmarca dentro de una regulacin netamente inter-orgnica, pues involucra a losclubes deportivos profesionales y a las personas naturales que formen parte de ellos, condicionando yregulando la forma como stos pueden ejercer su derecho de contradiccin y defensa en pro de garantizarel respeto por el debido proceso, autorizando el sealamiento de trminos para que los investigadospuedan presentar descargos y estableciendo los recursos que proceden contra la decisin quecorresponda. Estas situaciones, a juicio de la Sala, vulneran el ordenamiento jurdico constitucional, puesel procedimiento que desarrolla el acto acusado abarca una regulacin extra-orgnica y en esa medida elderecho fundamental al debido proceso, lo cual es razn suficiente para declarar su nulidad, en tantoinvade una competencia exclusiva del Legislador.

SENTENCIA DE 3DE ABRIL DE 2014,EXP.11001-03-24-000-2011-00256-00,M.P.MARAELIZABETHGARCAGONZLEZ.ACCIN PBLICA DE NULIDAD

1. En aplicacin de la medida cautelar de urgencia, se decreta la suspensin provisional del AcuerdoPSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de laJudicatura, para elegir a los jueces y magistrados del pas, por vulnerar el principio de reserva de leyestatutaria y exceder la potestad reglamentaria que le asign el artculo 85 de la Ley Estatutaria de

Administracin de Justicia.Sntesis del caso:En ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artculo 137 de laLey 1437 de 2011, la seora Amparo Lpez Hidalgo solicit la declaratoria de nulidad de laexpresin contenida en el artculo 2 del Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, expedidopor la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Por medio del cual se adelantael proceso de seleccin y se convoca al concurso de mritos para la provisin de los cargos deFuncionarios de la Rama Judicial, cuyo tenor literal se contrae a lo siguiente: Solo se permitirla inscripcin de un (1) cargo.

SSEECCCCIINNSSEEGGUUNNDDAA
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Extracto:No queda entonces ningn asomo de duda en el sentido que la expresin objeto de acusacin eneste proceso comporta una limitante o restriccin al derecho fundamental de rango constitucional deacceso a funciones y cargos pblicos, que no poda ser introducida por la Sala Administrativa del ConsejoSuperior de la Judicatura en el Acuerdo de convocatoria, pues con ello se arrog competencias propias delCongreso de la Repblica, vulnerando el principio de reserva de ley estatutaria y excediendo la potestadreglamentaria que le asign el artculo 85 de la Ley Estatutaria de Administracin de Justicia. En este

contexto, encuentra el Despacho que en este caso se cumplen los requisitos sealados por el incisoprimero del artculo 231 del CPACA para decretar las medidas cautelares de urgencia, ante la violacindirecta y ostensible de las normas de orden Constitucional (artculos 40-7 y 152 a) y legal (artculo 85 dela Ley 270 de 1996) que ya fueron sealadas, por parte de la expresin objeto de acusacin. Enconsecuencia y de conformidad con lo sealado en el artculo 234 de la Ley 1437 de 2011, mediante estaprovidencia el Despacho ordenar adoptar las siguientes medidas cautelares de urgencia:

AUTO DE 30DE ABRIL DE 2014.EXP.11001-03-25-000-2013-01524-00(3914-13), M.P.GUSTAVOEDUARDOGMEZARANGUREN.ACCIN DE NULIDAD

2. Al probarse que el Director Seccional de Fiscalas de Mocoa utilizaba los vehculos incautados y lesustraa partes, se confirma la sancin destitucin e inhabilidad general por doce aos proferida por la

Fiscala General de la Nacin.

Sntesis del caso:pretende que se declare la nulidad de: 1) La Resolucin No. 0037 del 13 deagosto de 2009, por medio de la cual la Oficina de Veedura y Control Disciplinario profiere fallode primera instancia y la decisin del 30 de octubre de 2009, por la cual el despacho del FiscalGeneral de la Nacin decide recurso de apelacin y confirma el fallo de primera instancia,imponindole sancin de destitucin e inhabilidad general para ejercer cargos pblicos por eltrmino de doce (12) aos.

Extracto:Del universo probatorio acopiado dentro del proceso disciplinario y del anlisis realizado en lasdecisiones cuestionadas, para esta Sala emerge que si bien de lo dispuesto en el artculo 28 de la Ley 938de 2004, los Directores Seccionales de Fiscalas no tienen de manera expresa dentro de sus funciones lacustodia de los bienes incautados-, lo cierto es que el Sr. Plinio Mauricio Rueda, abusando de su cargo de

Director Seccional de Fiscalas de Mocoa, despleg de manera consciente y voluntaria actos contrarios almarco legal y reglamentario, que objetivamente se adecuaban a una descripcin tpica consagrada en laley como delito, como fue el uso de vehculos sin previo consentimiento del Fiscal que tena el caso, casode del vehculo marca Hyundai de placa SVN-169, que figuraba como hurtado con placa ecuatoriana PIP-415; o la destinacin diversa para la que se le haba entregado provisionalmente el automotor marcaToyota de color verde de placas ZRK-484, durante el corto tiempo que lo tuvo -dos meses, entreseptiembre y noviembre de 2005-, en el cual el 15 de noviembre de ese ao se accident, cuandoregresaba en l de Pasto a Mocoa, despus de haber participado en el paseo que organiz Juriscoop alEcuador, resultando lesionados varios funcionarios judiciales y de la fiscala que lo acompaaban; o laentrega que hizo -sin agotar los conductos regulares y legales- del tanque de gasolina que, contrario a loque sostuvo el actor, result afecto al proceso de extincin de dominio 013, como se seala en el fallodisciplinario de primera instancia. Esta Corporacin no quiere dejar pasar por alto un aspecto que, en smismo, genera desconfianza para aceptar cualquiera de los argumentos de defensa del hoy demandante,

y es que en la indagatoria rendida en la Fiscala Dcima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia- queinstruy por competencia la investigacin penal en su contra, que haba iniciado en la Fiscala 20 Local deMocoa-, y en la diligencia de versin libre dentro del proceso disciplinario, cuando le preguntan respectodel automotor marca Toyota de placas ZRK-484 y si haba tenido algn accidente en l, de maneracategrica expuso que l nunca haba tenido accidente en ese automotor, que no haba viajado de Mocoaa Pasto ni viceversa en dicho vehculo, para ir al paseo al Ecuador, y que ni mucho menos l lo conduca,a pesar de la contundencia de los testimonios de los funcionarios que resultaron lesionados en elaccidente al regreso llegando a Mocoa, a la altura del ancianato, ocurrido a la madrugada el 15 denoviembre de 2005, entre ellos los testimonios de Bernardo Antonio Lpez Erazo, Eliecer Lizardo Fajardoy Avilene Snchez Perea, que resultaron lesionados y fueron atendidos en el Hospital Jos MaraHernndez de Mocoa, de lo que hay registro. Y cuando le insisten y ponen de presente lo aseverado por
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P GINA 11

estos declarantes, slo se dign a explicar que ese tipo de imputaciones [eran] exclusivamente porpersecucin de tres o cuatro empleados que nunca estuvieron de acuerdo con [su] gestin; y no contentocon su contraevidente respuesta, tambin se escuda exclamando que no hay informe de la Polica deTrnsito de tal hecho, aspecto que aprecia esta Sala,per se, no desdibuja la verdad de lo ocurrido, en lamedida que los registros mdicos de la atencin a los heridos en el Hospital de Mocoa el da del accidente

existen, los que denotan la existencia del hecho que, tozudamente, niega el actor.

SENTENCIA DE 13 DE FEBRERO DE 2014, EXP. 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11), M.P. GUSTAVOEDUARDOGMEZARANGUREN.ACCIN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

3. El vigilante de la Universidad Surcolombiana al suscribir contrato de arrendamiento interpuesto por suhija con el ente universitario viol el rgimen de incompatibilidades de los empleados pblicos alcontratar directamente.

Sntesis del caso:demandanla nulidad de los fallos de primera instancia del 8 de noviembre de2005, expedido por la Direccin Administrativa de Control Disciplinario Interno de la UniversidadSurcolombiana, y de segunda instancia, contenido en la Resolucin No. 0157 del 18 de septiembre

de 2006, proferido por la Rectora de la institucin universitaria.

Extracto:Para la Sala es claro que estos elementos de juicio, per se, no constituyeron la falta, ni son elncleo probatorio para responsabilizar y sancionar al accionante, sino que se trata de hechos indicadores,que analizados en conjunto con el restante material probatorio bajo las reglas de la sana crtica, llevaronal operador jurdico a la conviccin de que realmente el seor lvaro Quintero Rojas, ante la prohibicinlegal de contratar directamente, lo que hizo fue suscribir con la Universidad contratos de arrendamiento -para su provecho propio-, a travs de terceras personas; inicialmente por intermedio del seor BelisarioGuzmn en el ao 1997, luego, para la firma de los contratos 002 de 1998 y 0012 de 1999, por intermediode su hija Piedad Cristina Quintero Arias; por lo tanto -contrario a lo que se plantea en la demanda-, conesta prueba no se vulnera el principio de congruencia, por una supuesta falta de identidad entre el hecho,la prueba y los cargos. Cmo no va a ser un hecho indicador, indicio del inters oculto que exista porparte del accionante para el manejo del parqueadero de motos, que en el ao 1996 l, en compaa del

seor Dumar Serrato, haya presentado proyecto a las directivas de la Universidad para su administracin,obteniendo visto bueno del Consejo Superior Estudiantil; o cmo no va a ser sintomtico de dicho intersque el seor lvaro Quintero Rojas, sin razn valedera, en compaa del seor Dumar Serrato, aparezcanfirmando -como si se tratase de los empleadores- el acta de liquidacin de las prestaciones laborales delseor Rubn Daro Rubiano, por haber trabajado ste en el parqueadero entre el 1 de agosto y el 30 denoviembre de 1997 (fl.47 C.1), trmino que coincide con el tiempo en el cual debi estar, comocontratista y primer intermediario del accionante, el seor Belisario Guzmn. Por ello no es cierto, comolo asevera el apoderado del demandante, que el seor Rubn Daro Rubiano haya sido la persona queinicialmente contrat con la Universidad el manejo del parqueadero, pues los contratistas no recibensalario ni prestaciones laborales. Lo cierto, visto el universo probatorio, es que el seor Rubiano fue unapersona que trabaj para el parqueadero y que quienes fungieron como sus empleadores de maneravelada fueron los seores lvaro Quintero y Dumar Serrato, de lo contrario, dentro de la simple lgica, nose entendera por qu figuran ellos suscribiendo el acta de liquidacin de las prestaciones sociales, en vez

de haberlo hecho quien tena el manejo y administracin del inmueble arrendado en ese momento.

SENTENCIA DE 13 DE FEBRERO DE 2014, EXP. 11001-03-25-000-2012-00217-00(0861-12), M.P. GUSTAVOEDUARDOGMEZARANGUREN.ACCIN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

4. El tiempo laborado en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS- y el prestado en el serviciomilitar obligatorio, computan para ser beneficiario del rgimen especial y obtener la pensin dejubilacin.

Sntesis del caso: demandan la nulidad del acto ficto o presunto, producto del silencio de la
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Boletin 142 Del Consejo de Estado

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