POLICA NACIONAL DEL PERDIRECCIN DE EDUCACIN Y DOCTRINAESCUELA DE EDUCACIN SUPERIOR TCNICOPROFESIONAL DE LA PNP

I - SEMESTRE ACADMICO PROMOCIN CELADORES 2015

TEMA : PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ENFOCADO A LA REALIDAD MOQUEGUANA CURSO: HISTORIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERUINTEGRANTES:A-1 PNP A-1 PNP A-1 PNP A-1 PNP A-1 PNP A-1 PNP

DOCENTE: SOS PNP IRIGOYEN MALDONADO GUILLEMO

MOQUEGUA - 2015

INDICE

DEDICATORIA3AGRADECIMIENTO4INTRODUCCION5CAPITULO IPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA6A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA 6B. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS61. OBJETIVO GENERAL62. OBJETIVOS ESPECIFICOS 6C. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA71. JUSTIFICACION72. IMPORTANCIA8D. LIMITACIONES8CAPITULO IIMARCO TEORICO DOCTRINARIO9A. ANTECEDENTESB. BASES TEORICSC. BASE LEGALD. DEFINICION DE TERMINOSCAPITULO IIIANALISIS34CONCLUSIONES37RECOMENDACIONES38BIBLIOGRAFIA39ANEXOS40

DEDICATORIAEste trabajo est dedicado a las personas que ms han influenciado en nuestras vidas, dndonos los mejores consejos, guindonos y hacindonos personas de bien.

AGRADECIMIENTOAgradecemos a la PNP quienes con su fuerza y lealtad, nos hacen vivir en un mundo de orden y paz social.

INTRODUCCION

Conforme lo dispone el artculo 1 de la Constitucin Poltica del Per la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad. Asimismo el artculo 2 inc. 1) seala que toda persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psquica y fsica, de igual forma el inc. 22) establece como derecho de todas las personas a vivir en paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; en ese sentido el artculo 44 seala que uno de los deberes primordiales del Estado es proteger a la poblacin de las amenazas contra su integridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la nacin. En ese marco de la Seguridad Ciudadana constituye hoy en da para la regin de los pilares fundamentales para consolidar la senda del desarrollo econmico y bienestar social. En el presente trabajo monogrfico hablaremos acerca del Plan provincial de seguridad ciudadana enfocado a la realidad de Moquegua, en dicho plan se detallan actividades programadas para la seguridad ciudadana; sin embargo, lo peculiar del plan es que se han identificado las actividades y acciones de seguridad ciudadana bajo un enfoque preventivo bajo un fortalecimiento institucional, ofreciendo un ordenamiento de las actividades en torno a los servicios de prevencin de la proliferacin de ocurrencias que atentan contra la seguridad ciudadana, de prevencin de la reincidencia de la violencia, de atencin oportuna de ocurrencias y servicios asociados a la seguridad ciudadana (Acceso a la Justicia).

CAPITULO IPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMTICA

La seguridad ciudadana son algunos de los desafos ms importantes que afronta el Estado en los ltimos aos.Las percepciones de la ciudadana acerca de la gravedad de la inseguridad no llevan a dudas. As, el principal problema del pas sealado por los ciudadanos de 18 y ms aos de edad, al segundo trimestre del ao 2014 es la delincuencia, el 42,8% de ellos lo considera as. Este problema supera los porcentajes de otros problemas como la pobreza (35,7%), la corrupcin (30,8%) y la falta de empleo (22,5%). Es por esa razn, que cada departamento a travs de sus municipalidades y gobiernos regionales, desarrollan planes de seguridad ciudadana, tema que daremos a conocer ms adelante.

B. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL

Conocer y describir el Plan provincial de seguridad ciudadana enfocado a la realidad de Moquegua

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer el trabajo sobre Seguridad Ciudadana, respecto al Plan de Seguridad Ciudadana enfocado a la realidad de Moquegua. Como desarrollan su labor la municipalidades respecto a la Seguridad Ciudadana.

C. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

1. JUSTIFICACIONLa seguridad ciudadana ha sido y es una de las principales demandas de la poblacin peruana. Ha ocupado un lugar importante en la agenda gubernamental de los ltimos veinte aos. A lo largo de este perodo, ha merecido diversos enfoques y tratamientos por parte de las autoridades, pero con escaso xito hasta hoy. Y es que la seguridad ciudadana es un fenmeno social complejo, multidimensional y multicausal, que, por ello, debe ser abordado desde diversos mbitos de forma simultnea.A la luz de la experiencia de los ltimos aos, una primera constatacin es que la seguridad ciudadana no es solo una poltica de un determinado gobierno, sino, esencialmente, una poltica de Estado. No es un problema que merezca solo una solucin policial de corto plazo, sino que supone un proceso de mediano y largo plazo, con la complejidad que ello supone. Queda claro que, adems del diseo e implementacin de una solucin bajo un enfoque multidimensional, se requiere el monitoreo y la evaluacin permanentes en un proceso de gestin por resultados. Mantener un mapa delictual actualizado es fundamental para generar enfoques adecuados y eficientes. Segn el mapa del delito, en la actualidad, la mayor incidencia, tanto en delitos como en faltas, son contra el patrimonio contra la vida, el cuerpo y la salud de las personas, contra la libertad y contra la seguridad pblica.

2. IMPORTANCIA

El disear una poltica integral de Seguridad Ciudadana as como la aplicacin de estrategias, es sumamente importante, ya que lo que est en juego en muchos casos, es nuestra propia vida. Reflexionemos que aunque no participemos del debate, vamos a sufrir irremediablemente las consecuencias del xito o del fracaso. Habr que empezar a construir las relaciones cvico-policiales dentro de los marcos de un Estado de derecho y un sistema poltico-democrtico, por ello la Seguridad Ciudadana debe ser entendida como un elemento ms dentro de una estrategia global de reformas del Estado, el problema de violencia y delincuencia, obliga al Estado a dar una respuesta menos poltica y ms prctica, que permita una participacin activa de la sociedad civil.

D. LIMITACIONES

Una de lasherramientasms importantes para controlar y prevenir la Inseguridad Ciudadana, es una polica eficiente, cercana a la ciudadana, transparente y democrtica, en este aspecto elgobiernoha venido trabajando; sin embargo, en los actuales momentos no se cuenta con una Polica Nacional, solamente poseemos el marco jurdico (Ley de Polica Nacional) y contamos con una polica desarticulada distribuida en polica Estatal y Municipal coordinada por el MPPRIJ (Ministerio delPoderPopular para las Relaciones Interiores YJusticia) que presenta una serie de limitaciones en articular los diferentes cuerpos policiales existentes en el pas

CAPITULO IIMARCO TEORICO - DOCTRINARIO

A. ANTECEDENTESEl Termino "Seguridad Ciudadana", ha sido muy extrao en la doctrina cristiana y legislacin poltica, hasta la ltimaConstitucinPoltica del ao 1999.

Esta expresin de Seguridad Ciudadana es originaria deEspaa. Donde existennormasyleyescomo laLeyOrgnica de Proteccin de la Seguridad Ciudadana que tiene porobjetivola proteccin, prevencin, garanta que se tenga que dar a los ciudadanos para que puedan intervenir libremente, y con las garantas correspondientes a fin de tener una tranquilidad, paz y seguridad tanto de losbienes, como de las personas que representa la vida en la comunidad.

En este Pas la polica tiene a su cargo la seguridad pblica y la seguridad ciudadana es parte de ella, donde tiene laresponsabilidad, elcontrolde diversosproblemas sociales.

B. BASES TEORICSEn este captulo, se presentan los conceptos ms importantes para entender la problemtica que atae a la seguridad ciudadana.Aproximacin al concepto de seguridad ciudadana Segn la Organizacin de las Naciones Unidas, el desarrollo humano es un proceso de expansin de las libertades efectivamente disfrutadas por las personas. El proceso no resulta, en modo alguno, inevitable. Por el contrario, est plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como propsito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo.La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes. Tiene dos acepciones. La primera la define como la condicin objetiva y subjetiva de encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza fsica o psicolgica con el fin de causar dao o doblegar la voluntad. La nocin de despojo remite al acto de privar ilegtimamente de su patrimonio a una persona fsica o jurdica.Aunque esta definicin parecera restrictiva, en realidad incluye a todos los delitos contra las personas, como el homicidio, la agresin, la violacin, el secuestro y la trata de personas, as como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, hurto y estafa) como pblico (soborno y cohecho). Incluye, adems, modalidades delictivas propias del crimen organizado, como el narcotrfico, el trfico de armas, el lavado de activos o el comercio de bienes ilegales, que estn muy estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no daen directamente a las personas o a su patrimonio.La segunda acepcin es la accin destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, lo que se persigue con una poltica pblica, entendida como los lineamientos o cursos de accin que definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligacin positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales para garantizar los derechos fundamentales.La Comisin Andina de Juristas precisa un conjunto de cinco elementos que los pases deben considerar en la implementacin de sus polticas de seguridad ciudadana. Uno, que la proteccin de los ciudadanos debe darse en el marco de la Constitucin y las leyes. Dos, que no debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino en crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacfica de las personas. Tres, que sobrepasa la accin policial y, por tanto, demanda la participacin coordinada de todas las instituciones pblicas y privadas. Cuatro, que la Polica, como uno de los actores fundamentales, debe definir un nuevo perfil, orientado a la comunidad antes que hacia el Estado. Cinco, que debe ponerse mayor nfasis en el desarrollo de acciones preventivas.Dicho esto, cabe precisar que, desde una perspectiva de derechos humanos, el concepto de seguridad ciudadana es el ms adecuado para el tratamiento de los problemas de criminalidad y violencia, en lugar de los conceptos de seguridad pblica, seguridad interior u orden pblico, por cuanto tiene un enfoque centrado en la construccin de mayores niveles de ciudadana democrtica, con la persona humana y los grupos sociales como objetivo central de las polticas, a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado orden poltico.Carrin agrega que la seguridad ciudadana se diferencia de la pblica, en tanto estas ltimas se constituyen desde una concepcin Estado-cntrica y la primera desde una ciudadana.8 En los ltimos aos el concepto de convivencia social ha sido ligado al de seguridad ciudadana, en la medida que est referido a la promocin de la adhesin de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los dems y a unas normas bsicas de comportamiento.En este contexto, la Ley 27933 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana considera que la seguridad ciudadana es la accin integrada que desarrolla el Estado, con la colaboracin de la ciudadana, para asegurar la convivencia pacfica, la erradicacin de la violencia y la utilizacin pacfica de las vas y espacios pblicos, as como contribuir a la prevencin de la comisin de delitos y faltas. Con mayor detalle, su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 012-2003-IN, precisa que su orientacin final es la proteccin del libre ejercicio de los derechos y libertades, as como garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantas individuales y sociales a nivel nacional.Factores que inciden en la violencia y el delito El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que no hay fenmeno que constituya condicin necesaria o suficiente de la violencia y el delito, pero s factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre stos identifica la abundancia de hombres jvenes marginalizados y la urbanizacin desordenada (factores demogrficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologas para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores econmicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores polticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, as como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Entre las deficiencias institucionales, Basombro identifica la falta o debilidad de los organismos de conduccin poltica de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conduccin y administracin del sistema policial. Esto conllevara a que la poblacin considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteracin del fenmeno. Carrin pone especial atencin en otro factor: los medios de comunicacin. Estos, sostiene, venden la violencia en un nivel primario, lo cual permitira construir una percepcin a todas luces distorsionada del fenmeno, pudiendo magnificar una realidad, insensibilizar a la poblacin local y alertar a la internacional. De esta manera, banalizan la violencia al insertarla en la vida cotidiana en vez de ayudar a erradicarla.El 2011, en el marco de la evaluacin del Programa Presupuestal Estratgico de Seguridad Ciudadana, se plante que el problema de la inseguridad ciudadana en el Per era impulsado por circunstancias negativas en las relaciones familiares y del hogar, especialmente la historia de violencia familiar, y por factores sociales y de la comunidad, como la insuficiente prevencin y participacin ciudadana, la limitada investigacin criminal y el abuso de las drogas.En cuanto a la violencia homicida en particular, existen diversos factores que la explicaran. Segn el Banco Mundial, la principal causa de este fenmeno en Amrica Central es el trfico de drogas, pues los puntos calientes del narcotrfico tienen tasas que duplican las de bajo trfico. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el fcil acceso y el uso extendido de armas de fuego es el principal factor causal de los homicidios en Amrica Central. Tambin encontr correlacin entre ciertos indicadores sociales ndice de Desarrollo Humano, Producto Bruto Interno per cpita y pobreza y los homicidios. Adems del trfico ilcito de drogas y las armas de fuego, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito16 identific que los bajos niveles de desarrollo humano y la debilidad del Estado de Derecho tambin contribuyen a los homicidios en el mundo.Los efectos de la violencia y el delito En primer lugar, constituyen un problema de seguridad ciudadana. Como tal, requieren la atencin de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, responsables de prevenir que esos hechos ocurran, de perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y reinsertarlos, y de dar asistencia y proteccin a las vctimas. En segundo lugar, son un problema de derechos humanos, por cuanto afectan su pleno ejercicio, tanto de manera directa como indirecta. En efecto, la violencia y el despojo o la amenaza de su ocurrencia afectan los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las personas, as como a la libre circulacin y a la propiedad, entre otros. Esto es particularmente grave en el caso de las mujeres, a quienes un hecho delictivo afecta ms que a los hombres. Ellas, adems, enfrentan una doble amenaza, no solo la asociada al espacio pblico y a la delincuencia, sino a la seguridad dentro de su propio hogar, como consecuencia de lo extendido que se encuentra el fenmeno de la violencia familiar y de gnero. Si bien esto es as en todos los niveles econmicos, las ms afectadas son los sectores ms vulnerables. Junto con la afectacin de estos derechos fundamentales, se genera un escenario de temor que vuelve, a su vez, a impactar en otros derechos humanos. La inseguridad puede modificar el comportamiento de las personas, al punto que stas terminen aceptando el temor cotidiano como una actitud de vida, lo que limita sus oportunidades y acciones en mltiples mbitos, al restringir el ejercicio de libertades y derechos individuales.En tercer lugar, constituyen un problema de salud pblica, ya que son causa de muerte o de lesiones para un nmero importante de ciudadanos. Tambin generan prdidas por el dao emocional ocasionado a las vctimas y por lo que se deja de producir como consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran adquirir. En cuarto lugar, son un problema econmico, por cuanto obligan a los Estados, a las empresas y a las familias a incrementar sus gastos en seguridad. Varios son sus componentes. Uno, el institucional, es decir, lo que gastan los Estados en los rganos encargados de la seguridad y la justicia. Dos, la inversin de las empresas y de las familias en seguridad privada, que complementa el servicio pblico. Tres, los costos materiales, que incluyen la prdida de los bienes afectados. Cuatro, ms difcil de estimar, aunque no menos importante, es el efecto que tienen sobre las inversiones productivas, al desajustar los clculos que dan forma a las oportunidades e incentivos para que las empresas inviertan, creen empleos y se expandan. En quinto lugar, son un problema social. La inseguridad tambin tiene un efecto sobre las relaciones entre las personas, pues mella la confianza entre stas y su capacidad de relacionarse y trabajar conjuntamente. Esto es lo que los economistas llaman capital social. En general, en nuestros pases la desconfianza interpersonal es alta; la victimizacin contribuye a elevarla an ms. En el 2011, por ejemplo, en el Per solo el 18.0% confiaba en la mayora de las personas, ubicndonos cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano. El dao a la infraestructura social es ms grave an entre las comunidades ms pobres, pues contribuye a reducir las oportunidades y a perpetuar la desigualdad de los ingresos. Aunque estos costos son ms difciles de medir, no por ello son desdeables. En sexto lugar, contribuyen al deterioro de la confianza ciudadana en los valores democrticos y en el sistema poltico. En efecto, la percepcin de vulnerabilidad a actos de violencia y despojo erosiona los valores esenciales para la convivencia democrtica, especialmente la tolerancia a la diferencia y el apego a los derechos humanos. Contribuye de alguna manera, entre otros, a la adopcin de esquemas penales fuertemente represivos y lesivos de las garantas individuales; a exigir de las autoridades resultados frente a la delincuencia a cualquier costo, aunque ello se traduzca en restriccin de derechos, incremento de atribuciones policiales e, incluso, en violaciones de derechos humanos; a la demanda social a que prive de libertad al mayor nmero de infractores; a la exclusin de las minoras y grupos sociales y tnicos diferentes al propio; a favorecer polticas que reduzcan o detengan la entrada de migrantes; e, incluso, a la aceptacin de castigos inhumanos, como el linchamiento y la pena de muerte.A inicios del 2013 la Secretara Tcnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana elabor el rbol de los principales efectos de la inseguridad ciudadana en el Per, precisando que sta genera percepcin de inseguridad, contribuye a la corrupcin y afecta al desarrollo. El temor, a su vez, impide la plena vigencia de los derechos humanos y deteriora la calidad de vida de los ciudadanos. Mientras que al afectar el desarrollo, por un lado, destruye el capital social, que desincentiva las inversiones y afecta la credibilidad de las instituciones democrticas, mientras que, por el otro, erosiona el desarrollo del capital humano, destinando ms recursos para frenar la violencia.

Corrupcin y seguridad ciudadana Las polticas pblicas estn reidas con la corrupcin, pues su propsito es obtener el mayor bienestar colectivo posible, mientras que el de la corrupcin es obtener el mayor beneficio del corrupto y del corruptor. Hay, sin embargo, una segunda incompatibilidad, que se deriva de una de las funciones de la poltica de seguridad ciudadana, cual es la de aplicar la ley, as como prevenir y combatir el delito. Por esta razn, la seguridad ciudadana est doblemente reida con la corrupcin, tanto por tratarse de una poltica pblica como porque una de sus funciones esenciales es, precisamente, combatir la corrupcin, una de las ms graves modalidades delictivas. El Banco Mundial identifica entre los tipos de corrupcin la pequea corrupcin administrativa y la captura del Estado por intereses privados o criminales. La primera implica el abuso del poder en la gestin de los recursos econmicos y humanos, mientras que la segunda pretende influenciar, penetrar o controlar la poltica pblica. En el mbito de la seguridad ciudadana se presenta, adems, la corrupcin operativa, que tiene lugar en la interaccin entre los operadores del sistema de justicia penal, incluyendo los policas, y el pblico en general. La corrupcin administrativa tiene un impacto muy negativo en la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana, pues reduce significativamente los recursos disponibles e influye negativamente en la calidad de los medios y del liderazgo de las instituciones. Aunque toda la ciudadana se ve afectada y obligada a buscar mecanismos de autoproteccin, los sectores de mayores ingresos cuentan con recursos para ello y lo logran a travs de la seguridad privada, mientras que los pobres no.La corrupcin operativa tambin tiene efectos devastadores como la administrativa, por diversas razones. Primero, porque si el servicio pblico tiene un precio, se vulnera su carcter universal y gratuito; se generan barreras para el acceso a la justicia, que afectan a los ms pobres; y, se hace tabla rasa de la imparcialidad de los funcionarios pblicos, socavando su legitimidad. Segundo, la vulnerabilidad a la corrupcin que se genera destruye, en el proceso, el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos, que son los pilares del Estado de derecho, y ata de manos a las instituciones del sistema para hacer cumplir la ley, que es su razn de ser. Esto lleva a la impunidad, que constituye un aliento, directo o indirecto, a las actividades criminales. De ah a la proteccin de las organizaciones delictivas, la penetracin del crimen organizado en las instituciones pblicas y la captura del Estado por la corrupcin solo hay un paso.La corrupcin poltica, por su parte, puede fluctuar entre la utilizacin poltica de los cuerpos de seguridad y el ejercicio del padrinazgo y nepotismo dentro de ellas, hasta la proteccin desde el poder de organizaciones y actividades criminales. Con frecuencia, la corrupcin administrativa y la operativa en forma extendida prosperan y se consolidan cuando son, por lo menos, toleradas por las autoridades polticas, que no hacen uso de su autoridad para ponerle freno. Existen cuatro elementos que contribuyen a crear oportunidades para estas distintas formas de corrupcin, a saber, la existencia de un poder monoplico, una alta discrecionalidad de quien lo ostenta, la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones y la ausencia de mecanismos de rendicin de cuentas. Las encuestas nacionales sobre percepciones de la corrupcin en el Per que realiza Protica dan cuenta que la corrupcin es percibida como el segundo problema nacional ms importante, solo superada por la delincuencia, y que el Poder Judicial y la Polica Nacional, junto con el Congreso, son las instituciones ms corruptas y las menos confiables para enfrentar este fenmeno. Tambin llama la atencin sobre la tolerancia de los ciudadanos hacia las situaciones de corrupcin, que son rechazadas solo por uno de cada tres encuestados.En este contexto, la lucha contra la corrupcin, por tanto, requiere de dos enfoques complementarios, uno concentrado en el combate de equipos especializados frente a la gran corrupcin, y otro preventivo, especialmente contra la pequea corrupcin, que se concentra en las esferas locales de la administracin pblica, en el acceso a servicios y en la relacin con los ciudadanos. Dada su extensin y constancia, la pequea corrupcin difcilmente puede ser abordada con enfoques de combate, pues demandara una inversin considerable en miles de acciones cotidianas, pero los enfoques preventivos s pueden evitar los elementos que la provocan o la permiten.Instrumentos de medicin de la inseguridad, la violencia y el delito Existen mltiples indicadores para medir la situacin de inseguridad, la violencia y el delito en un determinado territorio. Los cuatro indicadores ms importantes son los homicidios, la victimizacin, la percepcin de inseguridad y la confianza en las instituciones. Uno de ellos se recoge de las estadsticas oficiales y los otros tres se obtienen de encuestas de opinin pblica. Si bien la victimizacin tambin puede medirse a la luz de las estadsticas oficiales, el temor y la confianza en las instituciones solo puede evaluarse a travs de una encuesta. El primero, los homicidios, dan cuenta de la forma ms extrema de violencia en una sociedad determinada, aquella que se ejerce de manera intencional para quitar la vida a otra persona. Para facilitar su comparacin, los homicidios se presentan en funcin de una tasa por 100 mil habitantes. El segundo, la victimizacin, mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo. Es el ms til para conocer la magnitud de los niveles delictivos, especialmente aquellos de naturaleza patrimonial. La ventaja de las encuestas de opinin pblica frente a las estadsticas oficiales radica en que no todos los delitos son denunciados ante las autoridades. Es siempre aconsejable complementar el anlisis con ambas fuentes de informacin. Existen dos formas de medir la victimizacin. La personal, que persigue saber si el encuestado fue vctima directa de un delito, y la victimizacin por hogares, que pretende a conocer si el encuestado o algn miembro de su hogar fue vctima. El tercero, la percepcin de inseguridad, da cuenta del temor que genera la probabilidad de un hecho delictivo en el futuro. Otras formas de medirla son indagando la opinin sobre la importancia relativa de la delincuencia entre los principales problemas del pas o auscultando cun inseguros se sienten los ciudadanos en su barrio, su distrito o su ciudad. El ltimo, la evaluacin de las instituciones, tambin llamada segurabilidad, hace referencia a la confianza ciudadana en que los delitos sean prevenidos o, en caso que ocurran, se investiguen y sancionen. Esto se realiza consultando la opinin de los ciudadanos sobre la confianza en el desempeo de las instituciones de seguridad y justicia.EL DIAGNSTICO DE LA INSEGURIDAD, LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL PER A continuacin revisaremos los principales indicadores sobre la situacin de inseguridad, violencia y delito en el Per: los homicidios, la victimizacin, la percepcin de inseguridad, la confianza en las instituciones y las causas relacionadas al problema. A partir de all, podremos desarrollar un diagnstico. Principales indicadores Homicidios La tasa de homicidios por 100 mil habitantes en el Per no es muy alta si se compara con la de otros pases de las Amricas, la segunda ms violenta del mundo despus del frica. En efecto, se ubica entre las ms bajas de la regin, solo por encima de Hait, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Chile y Canad; muy lejos de los pases del tringulo norte centroamericano Amrica Central (Honduras, El Salvador y Guatemala) y Venezuela, los ms violentos. Entre los aos 2006 y 2012 la tasa de homicidios en el Per se mantiene relativamente estable, por encima de las tasas promedios de los quinquenios 2001- 2006 (6.1) y 1996-2000 (8.0), aunque inferior del 12.1 de los primeros aos de los noventa.

El 2012 el ranking de violencia homicida en el Per fue encabezado por Tacna (35.6), Tumbes (25.4), Ucayali (23.0) y Arequipa (21.4). En el otro extremo se ubicaron Huancavelica (1.4), Loreto (1.4) y Moquegua (1.7).

Si se analizan los mviles de los homicidios ocurridos en la capital de la Repblica entre el 2000 y el 2008, no parece ser posible concluir que el trfico y el consumo de drogas hayan constituido su principal causa, como lo es en otros pases de la regin. En efecto, un estudio de Ciudad Nuestra33sobre los homicidios en Lima investigados por la Direccin de Investigacin Criminal y Apoyo a la Justicia de la Polica en dicho perodo da cuenta de que la delincuencia comn y organizada no fue la principal perpetradora de homicidios (31,0%). Lo fueron las violencias interpersonal peleas y rias e intrafamiliar (41,0%). Casi la mitad de los homicidios se cometieron por personas a quienes la vctima conoca.

Victimizacin Veamos el comportamiento de las denuncias de delitos presentadas por el pblico ante la Polica en el Per. A efectos de tomar en consideracin la evolucin demogrfica, se establece una tasa de delitos por 100 mil habitantes. Los primeros aos de los noventa (1990-1995) tuvieron la tasa de denuncias de delitos por 100 mil habitantes ms alta de los ltimos veintitrs aos (902.2), con picos que llegaron a los 1170 y 1255 los aos 1992 y 1993. Desde entonces la tasa fue cayendo significativamente hasta llegar a 506 el 2007, la ms baja de todo el perodo, para volver a subir de manera sostenida y llegar a los 846 el 2012, la cuarta ms alta.

El 2012 el ranking de denuncias de delitos en el Per fue encabezado por las regiones de Tumbes (1737), Callao (1450), Lima (1346), Moquegua (1091), Tacna (1053) y Arequipa (1021). En el otro extremo se ubican Puno (99), Pasco (169), Huancavelica (199), Hunuco (294) y Cajamarca (298).Entre el 2000 y el 2012, dos de cada tres denuncias de delitos (67.7%) fueron sobre asuntos de carcter patrimonial. Entre estos delitos llama la atencin el incremento del peso relativo de los robos sustraccin de bienes con violencia o amenaza sobre la persona frente a los hurtos, que no implican violencia ni amenaza. Mientras que estos ltimos se mantuvieron estables, pasando del 47.0% el 2000 al 45.5% el 2012, los robos tuvieron un crecimiento importante, del 34.8% al 45.6%, lo que da cuenta de un incremento no desdeable de la violencia en el contexto de la comisin de esta conductas. Esto es corroborado por el Barmetro de las Amricas,34 segn el cual entre el 2006 y el 2012 los robos con armas pasaron del 2.8% al 17.0%, as como por la Segunda Encuesta Nacional Urbana de Victimizacin 2012 de Ciudad Nuestra que muestra un incremento de los atracos delitos patrimoniales violentos en la va pblica, as como del uso de arma blanca y de fuego en la comisin de los delitos. En el mismo sentido, el 2011 la encuesta del Latinobarmetro35 nos ubic como el tercer pas con mayor violencia en la comisin de sus delitos, solo superado por Ecuador y Mxico. Despus de llegar a una tasa por 100 mil habitantes de 914 entre los aos 1990 y 1995, las denuncias de faltas cayeron y se ubicaron por encima de los 600 los quinquenios 1996-2000 y 2001-2005, para luego incrementarse y superar los 700 los ltimos aos.El crecimiento de las denuncias por faltas entre el 2001 y el 2006 tendra relacin con el registro por parte de la Polica de las denuncias por violencia familiar en esta categora. Probablemente este cambio tambin contribuy al incremento de las denuncias de delitos los ltimos aos. En el 2012 el ranking de faltas en el Per fue encabezado por las regiones de Arequipa (1314), Lambayeque (1293), Callao (1274), Moquegua (1121), Tacna (1070), Lima (1031), Apurmac (1015) y Tumbes (1004). En el otro extremo se ubicaron Pasco (104), Hunuco (149), Puno (214) y Loreto (247).Las estadsticas policiales tambin dan cuenta de que los robos a las entidades bancarias y financieras no bancarias centros de transferencia de dinero, casas de cambio, cooperativas y cajas municipales se han incrementado en los ltimos aos. En efecto, mientras que entre los aos 2000 y 2004 se asaltaron 9 bancos, entre el 2006 y el 2011 lo fueron 32. Por su parte, los robos a entidades no bancarias se cuadruplicaron, pasando de apenas 4 a 37. Otra diferencia entre ambos perodos fue que en el primero los robos se concentraron en la capital del pas, mientras que en el segundo tambin ocurrieron en el interior del pas, sobre todo en el norte.

Causas de la violencia y el delito Existen diversas opiniones respecto a cules seran las causas del crecimiento vertiginoso de la violencia criminal y comn en nuestro pas. Actualmente, una de ellas descansa en la certeza indiscutible que no contamos con una real y efectiva poltica pblica de seguridad ciudadana45. Tambin, la realidad nos viene demostrando que la violencia criminal y la inseguridad, es de carcter multidimensional. Una de las instituciones que ms ha trabajado el tema es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la misma que reconoce a la violencia como un fenmeno que tiene su origen en diferentes causas, sealando adems que las intervenciones para tratar este problema deben ser integrales. Sobre el particular el BID recomienda establecer enfoques interdisciplinarios, as como la formacin de coaliciones entre diversas entidades pblicas y la sociedad civil. Si bien esta caracterizacin es admitida por la mayora de especialistas y acadmicos, no lo es tanto para la ciudadana y en especial para los medios de comunicacin. Poner slo el nfasis en la labor policial, nos lleva inexorablemente a sesgar y no acotar objetivamente el problema. Al respecto Bailey (1994), citado por el IDL, afirmaba que el producto final del trabajo policial la seguridad de las personas depende principalmente de factores que estn lejos del alcance de la polica. Las tasas de criminalidad varan mucho ms en funcin de factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, los hbitats urbanos inadecuados y la desestructuracin familiar que como resultado del desempeo de la polica local. El mito de que cualquier problema de seguridad es resultado de una mala polica y que podra ser resuelto por una buena polica es simplemente eso, un mito recurrente, que sigue poblando las conciencias de mucha gente y los programas electorales de algunos candidatos. Al parecer, el modelo clsico de policializar la inseguridad ciudadana en el Per, no slo se agot sino que persistir en l disparara an ms el crecimiento de la delincuencia y violencia. Se requiere entonces, nuevos enfoques y modelos. stos necesariamente basados en diagnsticos integrales y participativos, en la formulacin de objetivos medibles y verificables, as como en la evaluacin y mejora permanente de sus resultados. En este nuevo enfoque, la participacin efectiva de la sociedad civil organizada, se constituye en un factor clave de xito en el diseo de la Poltica Pblica de Seguridad Ciudadana en nuestro pas. As, los aportes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Lima50 han retroalimentado positivamente el diagnstico del presente Plan. Desde esta perspectiva, se analizan ya no slo acadmicamente y desde el Gobierno los problemas, sino que las propuestas de solucin se gestan en estos espacios pblicos, enriqueciendo y legitimando socialmente el Plan y la Poltica que se desprende de l. Pero no bastan ejercicios democrticos e inclusivos como el acotado, tambin es necesario reglamentar las leyes que promueven y fortalecen la participacin ciudadana. Es as que en junio de 2011 se aprob la Ley N 29701, ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas Vecinales. Otro de los aspectos que debemos interiorizar, a la luz de los resultados actuales, es que el CONASEC no ha generado los resultados esperados, desde su creacin en el ao 2003, quiz debido a las limitaciones del propio sistema en sus orgenes. Y es que la ausencia de una instancia que ejecute las polticas, planes y acciones consensuadas por el CONASEC, ha sido uno de los flancos dbiles del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana desde su creacin. De all la necesidad de la reforma y fortalecimiento del SINASEC, ahora como sistema funcional. El CONASEC debera ser la que gerencie con un enfoque de resultados, todos los procesos tcnicos y operativos que por su naturaleza, no las ejecuta el CONASEC. De acuerdo a la Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio del Interior, el SINASEC se define como un Sistema funcional del Estado Peruano y el Ministerio del Interior se constituye en el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.En este contexto, estaran dadas las condiciones para la creacin de dicha instancia que se constituira en el nexo articulador, ejecutivo y efectivo del CONASEC con entidades pblico-privadas y de la sociedad civil. Habamos mencionado con anterioridad que no policializar el abordaje de la inseguridad ciudadana era necesario. Sin embargo, esto no significa que no revisemos las condiciones actuales en las que operan las comisaras. Los recientes resultados (enero 2013) del primer censo nacional de comisaras a nivel nacional, nos evidencian las condiciones escasamente adecuadas de equipamiento, infraestructura y de recursos humanos asignados a las comisaras.El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el Per La estructura del SINASEC, antes de la reforma del Sector Interior, estableca mecanismos de coordinacin con los Gobiernos Regionales y Locales, a travs de los Comits Regionales, Comits Provinciales y Comits Distritales. De hecho, la redaccin original de la Ley N 27933 estableca responsabilidades en ambos niveles de gobierno subnacionales. Sin embargo, los mecanismos de coordinacin del Gobierno Nacional con las autoridades subnacionales no se daban en la prctica y el sistema no operaba eficientemente, debido a que se dependa de la buena voluntad y disposicin de las autoridades regionales y locales, y en la mayora de los casos no se alcanzaba los niveles de consenso necesarios para poder establecer lneas de accin conjunta en materia de seguridad ciudadana.El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana realiz mltiples esfuerzos para establecer mecanismos de coordinacin y convoc a reuniones permanentemente. Sin embargo, no hubo la respuesta necesaria y la participacin de las autoridades Regionales y Locales siempre fue escasa.

En agosto del 2012, el Congreso de la Repblica, mediante la Ley N 29915, deleg en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar para que diera las normas orientadas al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior.Entre otras normas, se emiti el Decreto Legislativo N 1135, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio del Interior con la finalidad de adecuar su estructura a los requerimientos y necesidades actuales, que le permitan cumplir con eficiencia sus funciones en los mbitos del orden interno, orden pblico, la lucha contra la criminalidad organizada, as como reforzar la seguridad ciudadana, fortaleciendo el sistema nacional de seguridad ciudadana, como sistema funcional. Segn el Artculo 43 de la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administracin Pblica que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. As tenemos que los Sistemas son de dos tipos: i) Sistemas Funcionales; y, ii) Sistemas Administrativos. Por su parte, el Artculo 45 de la misma norma define a los Sistemas Funcionales como aquellos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de polticas pblicas que requieren la participacin de todas o varias entidades del Estado. En ese sentido, el Decreto Legislativo N 1135, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio del Interior cre el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) como sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las polticas pblicas que orientan la intervencin del Estado en materia de seguridad ciudadana, regulada en la Ley N 27933. Cabe sealar que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se cre por Ley N 27933 en el ao 2003 y por ser anterior a la LOPE, no se especific qu tipo de sistema era. Esta situacin en particular no le permita al sistema mismo operar como tal y articular sus funciones con las dems entidades del Estado. Es recin con la promulgacin de la Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio del Interior (LOF), que se otorga al SINASEC el nivel de sistema funcional, elevando el nivel de articulacin y otorgndole las herramientas que le permitirn desarrollar las polticas pblicas en materia de seguridad ciudadana. Es quiz sta una de las principales reformas destinadas a fortalecer el sistema de seguridad ciudadana. En el mismo sentido, la LOF del Ministerio del Interior dispone que el Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), y autoridad tcnico normativa encargada de dictar normas y establecer los procedimientos relacionados con la implementacin de las polticas nacionales, coordinar su operacin tcnica, establecer formas de articulacin entre las diversas entidades involucradas y ser responsable de su correcto funcionamiento. Segn la propuesta de la LOF del Ministerio del Interior, se eleva el nivel de articulacin; as el SINASEC se estructura como un sistema funcional, que se articula horizontalmente a nivel intersectorial, con todos los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana; y verticalmente, a nivel intergubernamental, en los tres niveles de gobierno. Adicionalmente, hay un nivel de articulacin que alcanza al Sector Pblico (Comisaras, Gobernadores, Tenientes Gobernadores), la Sociedad Civil (Juntas Vecinales, Agentes de seguridad) y el Sector Privado (empresas de vigilancia privada, entre otros).Otras medidas orientadas a fortalecer al SINASEC como sistema funcional son: a) La creacin del Observatorio de Seguridad Ciudadana destinado a recopilar, procesar, analizar y sistematizar informacin para el diseo de polticas pblicas en temas de seguridad ciudadana, conflictividad social, violencia y delitos que afectan la convivencia. Si bien ya se han dado experiencias en el mismo sentido, faltaba establecer ese mandato en una Ley. De hecho la LOF dispone expresamente que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana establezca las polticas, lineamientos, mecanismos, especificaciones tcnicas de estandarizacin y otros. b) La creacin del Centro Nacional de Video Vigilancia y Radio Comunicacin para la Seguridad Ciudadana como plataforma de interoperabilidad a travs de la Polica Nacional del Per. Se dispone que todas las entidades de la administracin pblica que administran espacios pblicos, que cuenten con sistemas de video vigilancia para la seguridad ciudadana integraran progresivamente sus plataformas con las del Centro Nacional de Video Vigilancia y Radio Comunicacin. Con ello, se busca establecer la interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia y radio comunicacin a nivel nacional con el fin de optimizar los recursos audiovisuales, lo cual permitir mejorar notablemente los mecanismos de prevencin en materia de seguridad ciudadana. Por otro lado, la Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio del Interior, establece la obligacin a todas las entidades pblicas de interconectarse a travs de una plataforma de interoperabilidad electrnica para el orden interno y orden pblico. La interoperabilidad se define como la capacidad de los sistemas electrnicos de intercambiar informacin, compartir bases de datos e integrar procesos, no siendo la diversidad de las caractersticas tecnolgicas impedimento para lograr este objetivo, asimismo, permite la reutilizacin de los sistemas electrnicos estatales, integracin de los mismos y con terceros, y ayuda a la integracin electrnica de los procedimientos administrativos de las diversas instituciones pblicas, permitiendo el desarrollo de una ventanilla nica de prestacin de servicios interinstitucionales simplificados y oportunos.Del mismo modo, a fin de fortalecer las competencias del Sector Interior en el control, administracin, supervisin, fiscalizacin, regulacin normativa y sancin de las actividades en el mbito de los servicios de seguridad privada, fabricacin y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotcnicos de uso civil y preservar la paz, la seguridad de los ciudadanos, y el bienestar social, se ha emitido el Decreto Legislativo N 1127, que crea la Superintendencia Nacional de Control de Armas, Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) que en su Artculo 21 obliga a las entidades a usar la Plataforma de Interoperabilidad Electrnica. Tambin, con el fin de fortalecer las competencias del Sector Interior en los mbitos de movimiento migratorio, inmigracin, naturalizacin, pasaportes y otros documentos de viaje, en atencin a que en la ltima dcada el flujo migratorio ha experimentado un sostenido incremento, generando una mayor demanda de procedimientos y servicios, se emiti el Decreto Legislativo N 1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), en cuyo Artculo 21 se establece tambin la obligacin a las entidades pblicas el uso de la citada plataforma de interoperabilidad.Por otro lado, la reforma y modernizacin de la Polica Nacional del Per tiene como propsito mejorar la funcin policial y acercarla a los ciudadanos, hacerla ms eficiente, transparente y que satisfaga adecuada y oportunamente las necesidades de orden interno, seguridad ciudadana y proteccin de las personas y comunidad en todo el territorio nacional. Para ello es necesario dotar a la institucin policial de una nueva organizacin y estructura, que le permita ejercer sus competencias y cumplir sus funciones en servicio de la ciudadana, contribuyendo al desarrollo econmico y social del pas.En ese sentido se ha establecido un nuevo modelo de desarrollo organizacional y de gestin operativa y administrativa de la Polica Nacional del Per, con asignacin de responsabilidades y que revalorice la funcin policial sobre la base de los criterios de calidad e integralidad de los servicios policiales (Gobierno Policial Electrnico), que garanticen su acercamiento a la ciudadana, presencia territorial urbana y rural y uso de tecnologas para brindar servicios policiales de excelencia.

CAPITULO IIIANALISISEl compromiso del Estado en la elaboracin del PNSC como poltica pblica Como hemos sealado, la inseguridad ciudadana es un grave problema que provoca temor y frustracin en la poblacin peruana. Este fenmeno viene siendo combatido desde hace ms de veinte aos, tiempo durante el cual no se ha logrado los resultados esperados, trayendo como consecuencia que los ciudadanos sean quienes sufran la violencia del crimen organizado, el narcotrfico y el pandillaje. No podemos dejar de sealar que han existido una serie de iniciativas y reformas de los diferentes Gobiernos. Desde el Ejecutivo y el Congreso de la Repblica ha habido iniciativas encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana en el pas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha resuelto el problema en cuestin debido a la falta de una poltica pblica integral en materia de seguridad ciudadana. En esa lnea el 22 de julio del ao 2002 se institucionaliz el Foro del Acuerdo Nacional, como instancia de promocin del cumplimiento y del seguimiento de polticas pblicas, en el cual las organizaciones polticas, sociales y religiosas del pas, suscribieron un documento que contena 29 polticas de Estado. El fin de todo este esfuerzo era el de fortalecer la democracia, afirmar la identidad nacional, disear una visin compartida del pas a futuro e institucionalizar el Estado de Derecho. Es la Sptima Poltica del Acuerdo Nacional la que establece la Erradicacin de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana como poltica de Estado. Por ello, el 11 de febrero del ao 2003, se promulg la Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), cuyo objetivo es articular esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil organizada a fin de prevenir las acciones de violencia en sus diversas manifestaciones, que constituya una amenaza a la integridad fsica y psicolgica de las personas. De esta manera, y de conformidad con la ley anteriormente citada, el ao 2003 nace el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual est integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como mximo organismo del Sistema, y por los Comits Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana (CORESEC, COPROSEC y CODISEC, respectivamente). La Ley seala adems, que el CONASEC debe contar con una Secretara Tcnica, encargada de proponer a ste la poltica, los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su aprobacin, as como realizar el seguimiento y evaluacin de la ejecucin de las acciones aprobadas a nivel nacional, contando para ello con profesionales, tcnicos y especialistas en la materia.Asimismo, en el 2011, el Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 estableci los objetivos de largo plazo en la lucha contra la inseguridad, a fin de reducir progresivamente los niveles de victimizacin en nuestro pas. En este caso, el Plan Bicentenario abord el tema en el Eje Estratgico N 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios, considerando en l como un objetivo fundamental brindar al ciudadano una mejor gestin y previsin de la seguridad ciudadana, con el objeto de hacer ms eficiente el combate contra la delincuencia y las amenazas a la seguridad del Estado. El objetivo que plantea el Plan Bicentenario en esta materia es Seguridad Ciudadana mejorada significativamente, en tanto que la meta de largo plazo para el 2021 es reducir a la mitad la incidencia del delito mediante la modernizacin de la Polica Nacional y un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, liderado por las autoridades locales y con participacin de la ciudadana, que articule medidas de prevencin y sancin. Como seal, el Seor Presidente Ollanta Humala, en su Mensaje a la Nacin con motivo del 191 Aniversario de la Independencia Nacional: Son varios los indicadores que sealan a la inseguridad ciudadana como el problema central para la vida cotidiana de todos los peruanos. (). El tema de la seguridad ciudadana nos convoca a todas las autoridades locales, regionales y nacionales. En ese contexto las diferentes instituciones pblicas y privadas que forman parte del CONASEC han participado activamente en el diseo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018 a fin de implementar una poltica pblica con un enfoque integral, multisectorial, intergubernamental y con participacin ciudadana para hacer frente a la inseguridad ciudadana y que permita una convivencia pacfica en el marco del desarrollo econmico y social.

CONCLUSIONESLa inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser vctimas. Hoy en da, es una de las principales caractersticas de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensin de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuacin, presentamos la vertiginosa transicin de la delincuencia en el pas y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.1

Entre las causas de inseguridad que se detectan, est el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad fsica de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.Tambin, se identific a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa, adems, altos ndices de delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.

La falta de educacin es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educacin de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de esta situacin.

Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra poblacin genera altos ndices delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educacin y cultura tengan las personas, ms propensas a la delincuencia y al crimen sern.En conclusin, la inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea un sistema educativo que disminuya las cifras de desercin escolar que inciden en la criminalidad, y que, adems, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores de la sociedad.RECOMENDACIONES

(1) Se debe continuar y profundizar la reforma de la polica nacional, hoy abandonada a su suerte.(2) La polica no es la nica institucin importante para enfrentar el problema, pero es sin duda clave. Si no es eficiente, cercana a la poblacin, profesional y honesta, todo lo dems se cae.(3) En cuarto lugar, hay que redefinir las prioridades internas en la polica. Por muchas razones, la polica ha tenido como ltima prioridad la seguridad ciudadana.(4) Con una agudaescasezde efectivos y dado lo imperioso de las amenazas o el impacto poltico inmediato de los acontecimientos, sus prioridades han estado vinculadas a otros temas; antes alterrorismoy hoy almantenimientodel orden pblico.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS TEXTUALES: De Joan Font y Ricard Gom: La participacin ciudadana: Diagnstico, experiencias y perspectivas. Universitat Autnoma de Barcelona. 1999 pag. 3 De Borja Jordi y Castells Manuel, Global y local, La gestin de las Ciudades en la era de la informacin,Editorial Taurus, Madrid, 1999, pgina 31. Fernando Barreiro Cavestany: Las polticas locales de promocin econmica: reflexiones einnovacin. Fundacin CIREM. Barcelona (Gonzlez 2003: 17). El PNUD (2006: 35), Jos mara rico y Laura Chinchilla.Libro. Seguridad ciudadaba en america latina.edic. siglo XXIbuenos aires, 2002 p. 37.

LINKFOGRAFIAS:(1) http://blog.pucp.edu.pe/item/5898/consecuencias-y-posibles-soluciones-a-la-delincuencia-juvenil(2) http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_juvenil(3) http://es.slideshare.net/luisedgardomaestrenarvaez/la-delincuencia-juvenil-15284178(4) http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TRABAJO_CURSO_IUGM.pdf(5) http://historia-efersal.blogspot.com/2014/05/la-delincuencia-juvenil-en-el-peru.html(6) http://peru21.pe/actualidad/delincuencia-mayor-problema-limenos-2112891(7) http://elcomercio.pe/lima/sucesos/leyes-contra-delincuencia-no-han-reducido-criminalidad-mas-10-anos-noticia-1620888

ANEXOS

PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2011

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