Schiffrin - informe ambiental 2011

Informe Ambiental Anual 2011PremIo de monogrAfA AdrIAnA SchIffrIn

novena ConvoCatoria

Informe Ambiental Anual 2011PremIo de monogrAfA AdrIAnA SchIffrIn

novena ConvoCatoria

Editores:

Mara Eugenia Di PaolaFederico SangalliSilvina Caorsi

Escriben:

Marina Aizen, Mara Beln Aliciardi, Silvana Bujn, Pablo Canziani, Guillermo Caete, Mara Victoria Caete, Enrique Corts Funes, Ana Di Pangracio, Mara Eugenia Di Paola, Mara Marta Di Paola, Germn Duarte, Alejandra Duella, Dolores Duverges, Jos Esan, Silvia Ferrer, Javier Garca Espil, Leticia Gonzalez, Ramiro Gonzlez, Pablo Grilli, Teresita Mara Iturralde, Santiago Krapovickas, Paula Cerski Lavratti, Andrs Npoli, Anbal Parera, Roque Pedace, Vansca Bruzelato Prestes, Carina Quispe, Fabin Rabuffetti, Jorge Ragaglia, Carlos Rodriguez, Pablo Schatz, Daniel Sabsay, Federico Sangalli, Hctor Sejenovich, Agns Sibileau, Juan Carlos Villalonga, Gabriela Vinocur, Bernardo Voloj, Toms Waller.

Prlogo: Anselmo Sella

FARN agradece a Nicols Garca Uriburu por la donacin de la imagen de su obra: Utopa del Bicentenario Coloracin del Riachuelo 1810-2010 200 aos de contaminacin, que forma parte de la tapa del presente informe.

Fundacin Ambiente y Recursos Naturales

Tucumn 255, 6 A (CP 1049) Ciudad de Buenos Aires - ArgentinaTelfonos: (+54 11) 4312-0788 / 4312-2422 / 4312-2183 / [email protected]

Esta publicacin est disponible en forma gratuita en:http://www.farn.org.ar

Imagen de tapa: Nicols Garca Uriburu

Diseo: Marta Biagioli www.lailustradora.com

Diagramacin: Pablo Casamajor www.imagenimpresa.com.ar

2011, Fundacin Ambiente y Recursos Naturales

ISBN 978-987-25149-7-6

Hecho el depsito que marca la Ley 11723Impreso en la Argentina

Libro impreso en papel FSC

Se terminaron de imprimir 1000 ejemplares en abril de 2011 en:

Informe Ambiental Anual 2011: Premio de Monografa Adriana Schiffrin. Novena convocatoria / Mara Eugenia Di Paola... [et.al.]; edicin literaria a cargo de Mara Eugenia Di Paola y Federico Sangalli. - 1a. ed. - Buenos Aires: Fundacin Ambiente y Recursos Naturales, 2011. 736 p.; 23 x 16 cm.

ISBN 978-987-25149-7-6

1. Derecho Ambiental. 2. Ecologa. I. Di Paola, Mara Eugenia. II. Di Paola, Mara Eugenia, ed. lit. III. Sangalli, Federico, ed. lit.

CDD 346.046

Los siguientes auspiciantes del presente informe forman parte del Programa de Concientizacin Corporativa de FARN

Las siguientes instituciones acadmicas trabajan en colaboracin con FARN y auspician el presente informe

Las instituciones auspiciantes no se responsabilizan por el contenido de esta publicacin.

Premio Schiffrin

Maestra de Gestin Ambiental MetropolitanaFacultad de Arquitectura, Diseo y Urbanismo

de la Universidad de Buenos AiresFACULTAD DE DERECHO - UBA

DEPTO. DE PRCTICA PROFESIONAL

FARN fue creada en 1985 con la misin de promocionar el desarrollo susten-table a travs de la poltica, el derecho y la organizacin institucional de la sociedad. La visin de FARN apunta a una sociedad democrtica, participativa con una estrategia sustentable en sus polticas pblicas.

Objetivos institucionales de FARN

Promover la proteccin y el ejercicio de derecho al ambiente y a la susten-tabilidad del desarrollo.

Construir conocimientos en materia de desarrollo sustentable, cambio global, gobernabilidad, poltica ambiental, conservacin, consumo res-ponsable, ciudadana, justicia ambiental e inclusin social.

Fomentar la construccin de consensos para la realizacin de polticas p-blicas y privadas.

Capacitar a lderes sociales en materia de desarrollo sustentable a nivel pblico y privado.

Promover el acceso a la informacin y la participacin en los procesos de toma de decisiones.

Difundir y promover herramientas legales para que los ciudadanos partici-pen activamente en defensa de sus derechos.

Promover la generacin de instrumentos para un mejor desempeo de las autoridades y la ciudadana en la aplicacin y el cumplimiento de las normas ambientales, tomando en cuenta las desigualdades sociales e institucionales existentes en los diferentes mbitos geogrficos y pobla-cionales del pas.

Los valores de FARN

El desarrollo sustentable y los accionares preventivos y precautorios.

La institucionalidad, el Estado de derecho y la transparencia.

El fundamento acadmico de sus opiniones en el marco del trabajo inter-disciplinario, innovador y participativo.

Acerca de fArn

Consejo de Administracin

Presidente: Daniel A. SabsayVicepresidente: Ada Kemelmajer de CarlucciSecretario: Pedro TarakTesorero: Juan Manuel VelascoVocal: Silvia B. Ferrer

Consejo Consultivo

Guillermo AcuaAdriana BianchiMario Gustavo CostaSergio ElguezabalBeatriz KohenAlbina LaraVictoria M. Matamoro Aldo Rodriguez SalasDaniel RyanJorge H. Schiffrin

fArn

Staff

DireccinDirectora Ejecutiva: Mara Eugenia Di PaolaAsistente: Federico Lpez Bouille

AdministracinCoordinadora: Ofelia AcostaAsistente: Diego ViegasRecepcionista: Mara Victoria VillanuevaEstudio Contable: Brandstadter, Distasio & Dolisi

Desarrollo InstitucionalLeslie MacColman

Prensa y ComunicacinFederico Sangalli

Cambio GlobalCoordinador: Bernardo VolojEconomista Ambiental: Mara Marta Di Paola

ConservacinAna di Pangracio

ParticipacinCoordinadora: Gabriela VinocurDocente de la Clnica Jurdica FARN: Agns Sibileau Poltica AmbientalDirectora: Carina Quispe MerovichAsistente: Jorge Ragaglia

RiachueloDirector: Andrs Npoli

Asistente de Participacin y Riachuelo: Juan Pedro Cano

Prlogo, por Anselmo Sella, Defensor del Pueblo de la Nacin . . . . . . . . . 15

Propuestas ambientales en un ao electoral, por Mara Eugenia Di Paola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

CAPTULO 1: ESCENARIO INTERNACIONAL

Las perspectivas del Cambio Climtico para Amrica Latina luego de Cancn, por Pablo Canziani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

El caso Botnia y los desafos del fallo de La Haya, por Carlos Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Legislacin brasilea de transporte: Posibilidades y potencialidades para la mitigacin y la adaptacin frente al cambio climtico, por Paula Cerski Lavratti y Vansca Bruzelato Prestes . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Derrame de petrleo en el Golfo de Mxico: Un llamado de atencin para el Cono Sur, por Santiago Krapovickas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

CAPTULO 2: POLTICAS INTERNAS

La Salud Ambiental como poltica pblica saludable en una gran metrpoli, la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, por Silvia Ferrer . . . 155

Riachuelo: Hacer hoy pensando en la cuenca del maana, por Andrs Npoli y Javier Garca Espil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Las energas renovables en Argentina: Fantasa o realidad, por Bernardo Voloj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Minera y derecho al agua: Estado de situacin y reflexiones, por Jorge Ragaglia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

La nueva ley de proteccin de los glaciares y el ambiente periglacial: Anlisis de su elaboracin y desafos actuales, por Mara Eugenia Di Paola (FARN), Roque Pedace (Amigos de la Tierra) y Juan Carlos Villalonga (Greenpeace Argentina). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

ndice

Los residuos slidos urbanos en el rea metropolitana, por Carina Quispe Merovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

El proyecto de represa del arroyo Ayu Grande en Corrientes: Impactos ambientales, polticos y jurdicos de un atropello a la naturaleza, por Anbal Parera y Daniel A. Sabsay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

El Terrapln del Iber, una asignatura pendiente: Incidencia del incumplimiento de la sentencia en el ecosistema, por Tomas Waller . . 317

El Escenario de los Biocombustibles en Argentina, por Bernardo Voloj y Mara Marta Di Paola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Seguros ambientales en Argentina: Documento de posicin realizado por FARN en noviembre de 2010, por Gabriela Vinocur y Pablo Schatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

CAPTULO 3: CIUDADANA AMBIENTAL

La proteccin del ambiente en el marco del sistema penal de la Repblica Argentina, por Ramiro Gonzlez y Dolores Duverges . . . . . . . 391

Acceso a la Informacin Pblica Ambiental: Herramienta para la generacin de Indicadores de Seguimiento para la Aplicacin y Cumplimiento de Normativa Ambiental, por Gabriela Vinocur . . . . . . . 409

CAPTULO 4: CONSERVACIN

El desarrollo sostenible en pesca. El caso de la pesquera de la merluza comn en la Repblica Argentina: avances y desafos pendientes, por Guillermo Caete, Jos Esain y Mara Victoria Caete. . . 437

El Mecanismo de REDD+, por Agns Sibileau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Las aves migratorias y su proteccin jurdica: El caso de los cauquenes, por Ana Di Pangracio, Fabin Rabufetti y Pablo Grilli . . . . . . . 491

CAPTULO 5: ECONOMA AMBIENTAL

Visin ambiental de la economa y las cuentas del patrimonio natural, por Hctor Sejenovich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Pago por Servicios Ambientales. Anlisis de la implementacin en Argentina y situacin especfica del Fondo de la Ley de Bosques Nativos, por Mara Marta Di Paola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Consumo responsable, el rol de las empresas, del Estado y del consumidor, por Enrique Corts Funes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

CAPTULO 6: CONSTRUCCIN DE CAPACIDADES

Gestar y parir pensamiento crtico, por Silvana Bujn . . . . . . . . . . . . . . 593

Medio ambiente light: La visin de los medios sobre la ecologa, por Marina Aizen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

Seguimiento de los temas ambientales en los medios grficos: El ambiente gana espacio, por Federico Sangalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

Clnica Jurdica de Derecho Ambiental UBA - FARN: De la teora a la mesa de trabajo, por Alejandra Duella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

Anlisis de indicadores ambientales e institucionales en Argentina, por Pablo Schatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

Premio Adriana Schiffrin - Novena convocatoria

Cambio Climtico: las transformaciones necesarias a nivel nacional e internacional

Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

Sobre Adriana Schiffrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

Currculum del Jurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667

Dictamen del jurado - 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

Artculos Ganadores:

Primer Premio

Cambio Climtico: Pensar globalmente y actuar localmente, por Beln Aliciardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

Primera Mencin

Poltica y Cambio Climtico: Instalando el tema en la agenda, por Teresita Mara Iturralde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691

Segunda Mencin:

Cambio Climtico: Las transformaciones necesarias a nivel nacional y regional, por Germn Duarte y Leticia Gonzlez. . . . . . . . . . . . . . . . . 711

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PrlogoInforme AmbIentAl AnuAl 2011 FARN

la cuestin ambiental debe ocupar una pgina central en la agenda de las autoridades pblicas, ya que constituye una condicin fundamental del desarrollo del pas de manera sustentable y de la vigencia efectiva de los derechos humanos en todos los sectores de la poblacin argentina.

un balance de lo ocurrido en los ltimos aos nos seala la existencia de algunos avances aislados en la materia que no llegan a constituir polti-cas de estado que permitan planificar, disear, implementar y controlar acciones estratgicas de transformacin.

en este sentido, es preciso resaltar la postergacin permanente de medi-das destinadas a revertir la crisis ambiental por la que atraviesa nuestro pas, en el marco de un escenario de despreocupacin generalizada por parte del estado.

Justamente en esta lnea, no puedo dejar de mencionar que es la troncal ley general del Ambiente n 25.675 sancionada en el 2002, la que exige en su artculo n 18 que la autoridad ambiental nacional presente todos los aos el Informe Anual sobre el estado del ambiente de la nacin ante el Congreso, cosa que hasta el momento nunca se ha producido.

en este escenario, que no es novedoso sino que es la expresin actual de una problemtica histrica, la presin social canalizada a travs de la actividad de diversas organizaciones de la sociedad - ha llegado a transformarse en un factor de enorme relevancia poltica que impulsa la construccin de una nueva conciencia ambiental.

el Informe Ambiental Anual 2011 que la fundacin Ambiente y recursos naturales presenta en esta oportunidad constituye una herramienta in-dispensable en el contexto descripto. A partir de la publicacin de las opiniones, experiencias, investigaciones y trabajos de prestigiosos profe-

Prlogo

Por Anselmo Sella

Adjunto I a cargo del Defensor del Pueblo de la Nacin

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PrlogoInforme AmbIentAl AnuAl 2011 FARN PrlogoInforme AmbIentAl AnuAl 2011 FARN

sionales, especialistas y referentes sociales, brinda un marco conceptual sumamente rico e interdisciplinario para el anlisis de la agenda ambien-tal de nuestro pas.

el Captulo 1 recoge experiencias del Escenario Internacional invitando a reflexionar sobre las acciones que debe ejecutar nuestro pas para afrontar problemticas globales como las del cambio climtico, los da-os ambientales transfronterizos y el control de las actividades riesgo-sas que realizan mega-empresas multinacionales en territorio soberano. Consideraciones sobre el rol de la repblica Argentina en el concierto internacional, instrumentos de cooperacin y solucin pacfica de con-flictos, as como tambin iniciativas y aprendizajes ensayados en otras latitudes, vienen a enriquecer el debate sobre las polticas y medidas que debern implementarse en nuestro pas.

el Captulo 2 da cuenta de desafos que continan vigentes en materia de Polticas Internas, compilando estudios que poseen como denomina-dor comn el requerimiento de una visin integral en la ejecucin de los instrumentos de poltica ambiental y la necesidad de abordar armnica-mente las variables ecolgicas, econmicas y sociales.

en el mismo sentido la salud, la matriz energtica, la preservacin de los bienes naturales, los residuos, la gestin ambiental, el control de las actividades productivas contaminantes, las herramientas de prevencin y precaucin, las garantas, incentivos y sanciones, las grandes obras de infraestructura, la recomposicin de ambientes degradados y la mejora en la calidad de vida de la poblacin, son aspectos evaluados desde la ptica de la sustentabilidad, sugirindose vas de accin hacia el futuro.

el Captulo 3 refiere a las posibilidades con que cuenta la sociedad para ejercer su Ciudadana Ambiental, insertndose en la polmica respecto a las alternativas que ofrece el derecho penal, su pertinencia y las difi-cultades que se interponen para su aplicacin en este campo. Asimismo, se analizan otras opciones para lograr el cumplimiento de la legislacin ambiental y favorecer la participacin social.

en el Captulo 4 se repasa la situacin de temas que hacen a la conserva-cin de los ecosistemas, comprendiendo el anlisis aspectos vinculados al agua, al suelo, al aire, a la flora y la fauna. Asimismo, se evalan sus perspectivas en un contexto de creciente explotacin de los recursos naturales debido a demandas sociales y de mercado.


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el Captulo 5 nos introduce en el campo de la Economa Ambiental a travs de dos facetas; por un lado la necesidad de adecuar los criterios economicistas clsicos a los nuevos paradigmas, incorporando valores y variables a su campo de accin de modo tal que se contemplen in-tegralmente los beneficios y cargas de un crecimiento econmico con inclusin social y preservacin de los recursos naturales. Por otro lado, tambin se invita a pensar en la necesidad de readecuar otros criterios, los estrictamente conservacionistas, a efectos de utilizar los mecanismos que ofrece la ciencia econmica para obtener mejores resultados en la preservacin del ambiente y un involucramiento directo de la ciudadana responsabilizndose por sus elecciones.

la Construccin de Capacidades que se aborda en el Captulo 6 es una aproximacin a la incidencia en la agenda pblica por otras vas y al rol fundamental que cumplen los medios de comunicacin en la difusin de informacin y creacin de conciencia.

el fortalecimiento de actores sociales y la apuesta a un futuro sustenta-ble tienen a su vez correlato en las actividades de la Clnica Jurdica de fundacin Ambiente y recursos naturales y el premio Adriana Shiffrin que promueven la intervencin de un nmero cada vez mayor de perso-nas comprometidas con la causa ambiental.

en definitiva y luego de repasar cada uno de los ncleos centrales de la obra, debo calificarla como una pieza de informacin fundamental para la comprensin de los conflictos ambientales en los tiempos actuales y por venir. Pero tambin como una herramienta de consulta para la praxis de las organizaciones civiles que mantienen vivo el reclamo ambiental.

Considero, por tanto, es necesario que la comunidad y sus miembros se apropien de los valiosos contenidos que aqu se exponen, involucrndose en el debate de las polticas a implementar y fortaleciendo sus acciones dirigidas a lograr que el paradigma ambiental tenga insercin real en la agenda del estado.

Aunque debemos admitir que ello no se lograr completamente, mien-tras no se produzca un cambio en la cultura estatal que posicione a la dimensin medioambiental como parte estructural de las polticas pbli-cas. o ms concretamente, mientras el estado mantenga la conducta omisiva frente a su responsabilidad de promover un desarrollo susten-

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PrlogoInforme AmbIentAl AnuAl 2011 FARN PrlogoInforme AmbIentAl AnuAl 2011 FARN

table y no otro tipo de desarrollo que implique sacrificar los derechos intergeneracionales, en pos de un crecimiento econmico inmediato.

Por ese motivo, no podemos ni debemos admitir polticas ni tampoco matrices econmicas disociadas del nuevo paradigma ambiental.

en ese sentido, es pertinente resaltar que dicho paradigma tiene expreso abrigo en el texto de la Constitucin nacional. no es necesario sostener-lo en base a interpretaciones complejas o analogas jurdicas, porque en la Carta magna de nuestro pas se encuentra instaurado de modo positivo.

Debe ser considerado un plexo de valores y normas que la sociedad se ha dado, declarando all el tipo de desarrollo que pretende, que es el que impone la bsqueda del equilibrio entre crecimiento econmico, proteccin ambiental y el resguardo de los derechos humanos. Y debe tambin guiar las acciones del estado y ser fuente de inspiracin de los gobiernos, los que debern comprender que esos valores, normas y prin-cipios forman parte fundamental del programa poltico que la sociedad ha querido para s.

Pero a riesgo de ser reiterativo, nada de esto ser posible si la cultura poltica no es permeada por la cultura ambiental y si el estado debe se-guir siendo obligado a reparar (como ocurre en la mega causa matanza - riachuelo) en lugar de adoptar una poltica voluntaria, permanente y sistemtica que se base en la sustentabilidad de las actividades econmi-cas y el derecho a la igualdad ambiental.

en definitiva, el ejercicio de la cultura ambiental por parte del estado y de la sociedad, ser el nico camino para que las tensiones ecolgicas, econmicas y sociales se encaminen a travs de procedimientos propios de la democracia poltica y tengan una resolucin favorable a la vigencia de los derechos humanos.

Desde la experiencia de la Defensora del Pueblo de la nacin, sabemos que aunando esfuerzos con la sociedad civil es posible impulsar estos cambios necesarios, exigiendo accin all donde histricamente ha ha-bido omisiones y promesas incumplidas. ese es el camino que, con esta publicacin y con todas sus acciones- la fundacin Ambiente y recursos naturales transita, junto con muchas organizaciones sociales comprome-tidas con los derechos humanos.


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finalmente y ya concluyendo, vale la pena citar al Dr. ricardo lorenzzetti, quien en su obra teora del Derecho Ambiental nos recuerda que el paradigma ambiental se basa en una idea de interaccin compleja que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la accin humana.

en el convencimiento de que esa mirada colectiva e intergeneracional es la idea fuerza que atraviesa cada pgina de esta obra, celebramos que pueda ser compartida, estudiada y utilizada a favor de los derechos de quienes hoy vivimos y fundamentalmente de quienes nos sucedern en el futuro.

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Resumen ejecutivo1

En este ao electoral nos proponemos acercar a las autoridades y los candidatos diversas propuestas de polticas ambientales. El anlisis de la informacin, las instituciones y la implementacin de la legislacin ambiental nos presenta un escenario con una necesidad marcada de informacin oficial con la que an no se cuenta, problemas vinculados a un nivel de implementacin general de la normativa ms dbil, con varias asignaturas pendientes de reglamentacin de normas ambientales. La evolucin de los temas en Argentina durante el 2010 nos muestra que en un porcentaje mayor de los casos se percibe que se ha empeorado, mientras que en un porcentaje menor que se ha mejorado. Entre las razones del deterioro de la situacin nos encontramos con la falta de prioridad poltica de la temtica, dificultades en la asignacin de fondos y asimismo los esquemas de produccin vigentes con una fuerte presin sobre los ecosistemas.

Los progresos que se identifican en el anlisis de los indicadores se asocian principalmente a las acciones de la sociedad civil que son tomadas por decisores que se hacen eco de estos temas, por ejemplo mediante la sancin de la Ley de Glaciares. Es fundamental que este camino contine en forma ascendente. Es necesario que quienes deciden el presente y el futuro de nuestro pas, pasen de una lgica fragmentada a una integral, de all que los ejes elegidos para realizar recomendaciones puntuales

1 Agradezco al equipo FARN la colaboracin en el presente artculo y especialmente a Federico Lpez Bouille, Asistente de la Direccin Ejecutiva.

Propuestas ambientales en un ao electoral1

Por Mara Eugenia Di PaolaDirectora Ejecutiva de FARN

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PRoPuEstAs AmBiENtALEs EN uN Ao ELEctoRALiNFoRmE AmBiENtAL ANuAL 2011 FARN PRoPuEstAs AmBiENtALEs EN uN Ao ELEctoRALiNFoRmE AmBiENtAL ANuAL 2011 FARN

partan de conceptos que exigen un abordaje global como el cambio climtico y la Biodiversidad. se presentan algunos ejes de importancia en nuestra poltica de desarrollo nacional en el contexto de la regin y del mundo tales como la energa, el sector agropecuario, los bosques, los glaciares, la minera, las cuencas hdricas, la pesca, y los residuos.

El compromiso de las autoridades es fundamental, incorporando herramientas estratgicas en la toma de decisin, como as tambin el acceso a la informacin, la participacin ciudadana y el acceso a la justicia, en tandem con el consumo responsable que debe partir de los ciudadanos individuales, el sector privado y el sector pblico. Esto implica asimismo combatir la pobreza a travs de un sistema que incluya la valoracin del ambiente y sus componentes, incorporando la economa verde a las decisiones de inversin y desarrollo.

En vistas a Ro + 20 y frente al individualismo reinante y el consumismo determinista que presenta el modelo de desarrollo hegemnico, el mayor reto es generar una visin de cambio y que la misma sea efectivamente respaldada, aplicada por las autoridades y exigida a los sectores productivos, y en esa lnea, nuestro compromiso ciudadano es esencial.

I. Introduccin

Luego de un 2010 sin profundos cambios ambientales, nos proponemos considerar algunos ejes de la realidad de las instituciones y el ambiente con la finalidad de valorarlos y pedirle a nuestros decisores que imple-menten las polticas que estimamos necesarias para nuestro contexto.

sabemos que el escenario es complejo pero tambin que una poltica pblica real y de avanzada para el pas no puede desconocer que el ambiente y el desarrollo necesitan de un replanteo que, lejos de ser un instrumento simptico o decorativo, integre las decisiones.

Analizaremos a continuacin una serie de indicadores y datos de la nor-mativa actual para luego considerar algunos aspectos significativos de la realidad poltica argentina en el contexto de Amrica Latina, los cuales desde ya se ven ampliados y optimizados por el conjunto de contribucio-nes que integran este informe Ambiental Anual 2011 de FARN.

PRoPuEstAs AmBiENtALEs EN uN Ao ELEctoRALiNFoRmE AmBiENtAL ANuAL 2011 FARN

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II. Informacin, instituciones e implementacin de la legislacin ambiental

La situacin del ambiente y las instituciones, de acuerdo a una serie de indicadores relevados para este informe, nos presenta un porcentaje considerable de informacin disponible2. No obstante la misma en su mayora no es oficial y se encuentra dispersa. En aquellos casos que ha llegado a ocupar un lugar en el mbito pblico (Justicia, congreso) y en los medios, dicha informacin es de ms fcil acceso.

consideramos de relevancia remarcar la gran faltante que significa que nuestro pas no cuente an con el informe Ambiental que requiere la Ley General del Ambiente al Poder Ejecutivo Nacional, obligacin que la autoridad debera cumplir todos los aos desde 2003 y que an no se ha concretado3.

No se trata de un tema menor, dada la necesidad de nuestro pas de contar con un sistema que comprenda indicadores que brinden informa-cin confiable, constante y reconocida oficialmente. De esta forma no slo es necesario que la informacin sea generada, sino tambin que sea actualizada y comparada constantemente para poder medir el estado

2 Del relevamiento surge que en un 95 % existe informacin disponible pero dispersa. Ver schatz, Pablo (2011). Anlisis de Indicadores Ambientales. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires.

En base al trabajo que anualmente realiza la fundacin y los expertos convocados para la realizacin del presente informe, comenzamos a realizar este ao un relevamiento de algunos indicadores a fin de analizar la situacin actual y tambin dar un seguimiento en el futuro de la cuestin ambiental en el contexto de la realidad del tema y las instituciones.

se analizaron cinco ejes: 1) si hay informacin disponible en la temtica, 2) si existe legislacin que ampare el tema, 3) el grado de implementacin general, 4) el grado de implementacin casustica y 5) la evolucin del tema en Argentina durante el 2010.

3 Desde FARN hemos realizado diversos pedidos de informes sobre el informe Ambiental Anual, a saber:

solicitud de informacin con Nota N 018739 del 08 de Julio del 2008. solicitud de informacin con Nota N 15741 del 16 de Julio de 2009, como as tambin la solicitud

de Pronto Despacho Nota N 24128 del 27 de octubre de 2009. se recibi una respuesta por parte de la secretara de Ambiente y Desarrollo sustentable, Nota N 55/09 con fecha del 05 de Noviembre de 2009 en el que tomaban conocimiento de la situacin y se mencionaba que dicho informe Anual se encontraba en proceso de elaboracin y que una vez finalizado sera remitido a la brevedad.

Expediente N 0079990/2010 con fecha del 29 de Diciembre del 2010. Para mayor informacin sobre el relevamiento de indicadores en la tematica que hemos iniciado en

forma sistematizada consultar el artculo de Vinocur, Gabriela & cano, Juan Pedro (2011). Acceso a la Informacin Pblica Ambiental. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

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del ambiente y la influencia de las distintas polticas y actividades sobre el mismo. cuando analizamos los diversos ejes de la poltica ambiental y de desarrollo nacional nos encontramos con que esta es una necesidad que debera constituir el abec de nuestro sistema y an no ha sido construida.

se constat que en muchos casos existe legislacin que ampara la te-mtica analizada, pero se presentan dificultades en la integracin de las normas o principios ambientales en los regmenes especficos de recur-sos naturales y tambin en los problemas propios de los mecanismos de implementacin y el control de la aplicacin de la normas4. El grado de implementacin de la legislacin general es bajo en un porcentaje amplio y medio en un porcentaje ms reducido5. Estos valores varan muy poco en los casos puntuales, en los cuales el bajo nivel de implementacin dis-minuye un poco6. Esto no llama la atencin en un contexto caracterizado por una serie de decisiones positivas (Por Ejemplo: Las leyes de bosques y glaciares, sentencia Riachuelo, terrapln del iber) pero en el cual las prin-cipales deficiencias giran en torno a la realidad de su implementacin.

En este marco, no es menor la falta de priorizacin que han sufrido una serie de leyes de presupuestos mnimos que an no han sido reglamen-tadas, tales como la Ley de Gestin integral de Residuos industriales y Actividades de servicios7, la Ley de Gestin Ambiental de Aguas8, Ley de Gestin de Residuos Domiciliarios9, Rgimen de Libre Acceso a la infor-macin Pblica Ambiental10 y Ley de Quema de pastizales11. Este conjun-

4 Aproximadamente en un 76% de los casos se presenta esta situacin.

5 El grado de implementacin de la legislacin general es bajo en un 71% y medio en un 29 %.

6 El grado de implementacin de la legislacin en los casos puntuales es bajo en un 67% y medio en un 33 %.

7 Ver Ley de Gestin integral de Residuos industriales y Actividades de servicios, Ley N 25.612, sancionada el 03-07-2002, B.o. 29-07-2002.

8 Ver Ley de Gestin Ambiental de Aguas, Ley N25. 688, sancionada el 28-11-2002, Bo 03-01-2003.

9 Ver Ley de Gestin de Residuos Domiciliarios, Ley N 25. 916, sancionada el 03-09-04, Bo 07-09-2004.

10 Ver Rgimen de Libre Acceso a la informacin Pblica Ambiental, Ley N 25.831, sancionada el 23-11-03, Bo 06-01-2004.

11 Ver Ley Presupuestos mnimos de Proteccin Ambiental para control de Actividades de Quema, Ley N 26.562, sancionada el 18-11-09, Bo 16-12-2009.


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to de leyes requieren de acciones concretas de parte de la secretara de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nacin y del coFEmA (consejo Federal de Ambiente)12 que todava no se concretan y constituyen esco-llos para su aplicacin. siendo las excepciones a las mismas las de PcBs13, Bosques14 y Glaciares15, y as tambin la regulacin que ha recibido en el mbito del Poder Ejecutivo Nacional y de la secretara de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nacin, la cuestin del seguro ambiental instaurada por la Ley General del Ambiente.

En el primero de los casos (PcBs) si bien existe la reglamentacin, no se han cumplido al 2010 con los objetivos de la norma en cuanto a la eliminacin de dicha sustancia, y por otra parte no consta que se est ejecutando por parte de las autoridades la asistencia financiera ya exis-tente en la materia16.

En cuanto a los bosques, si bien se ha avanzado con la reglamentacin, y en forma dismil con el ordenamiento Ambiental de Bosque Nativo (otBN) en las provincias (presentndose dificultades en algunas provin-cias en cuanto a asuntos como la participacin ciudadana, las comuni-dades originarias y campesinas, la implementacin de los criterios de sustentabilidad de la ley y el desmonte ilegal17) los principales inconve-nientes actualmente se vinculan a la insuficiente asignacin de los fon-

12 En el coFEmA estn representadas las autoridades ambientales de las provincias, la ciudad de Buenos Aires y la Nacin.

13 Ver Ley de Gestin y eliminacin de PcBs, Presupuestos mnimos para la gestin y eliminacin de PcBs, Ley N 25.670, sancionada el 23-10-2002, Bo 18-11-2002.

14 Ver Ley de Presupuestos mnimos de Proteccin Ambiental de los Bosques Nativos, Ley N 26.331, sancionada el 28-11-07, Bo 19-12-07.

15 Ver Rgimen de Presupuestos mnimos para la Preservacin de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, Ley N26.639, sancionada el 30-09-10, Bo 28-10-10.

16 Dicho proyecto es financiado por el Fondo para el medio Ambiente mundial (GEF en sus siglas en ingls) y tiene como agente del mismo al PNuD Argentina. La autoridad de ejecucin es la sAyDs. La donacin del GEF para la realizacin de este proyecto es de u$s 3, 500,000.

El objetivo principal de este proyecto es el de reducir el riesgo ante la exposicin y liberacin de los PcBs, tanto a las personas como al medioambiente, y mediante este financiamiento lo que se busca es el fortalecimiento de los sistemas de gestin y el correcto manejo de los PcBs, para su progresiva eliminacin.

http://gefonline.org/projectDetailssQL.cfm?projiD=3269

17 Algunas provincias en las cuales se han presentado inconvenientes en relacin a esta temtica son: crdoba, corrientes, misiones, chaco, santa Fe.

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dos que seala la ley, y la dilatada concrecin de su transferencia hacia las jurisdicciones locales18.

En materia de glaciares, se cuenta con una ley, un gran logro del 2010, reglamentada parcialmente en el 2011, no obstante lo cual existen mu-chas dificultades para su implementacin por presiones sectoriales que es necesario superar si se desea proteger estos ecosistemas tan valiosos19.

En relacin al seguro ambiental, la Ley General del Ambiente exige que quienes realicen actividades riesgosas lo contraten obligatoriamente. En

18 Dos cuestiones se plantean respecto del Fondo. La primera es que el monto asignado es mucho menor que el que debera asignarse de acuerdo a la Ley de Bosques Nativos. La segunda cuestin es que en el tiempo que ha pasado la concreta ejecucin de las asignaciones se ha dilatado y esto va en contra de la real implementacin de la ley y fomenta su incumplimiento.

De acuerdo al artculo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos mnimos para la Proteccin Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podr ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deber sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadera y sector forestal, correspondientes al ao anterior del ejercicio en consideracin. segn esta normativa, por lo tanto, los fondos deberan ascender a ms de $ 1.000 millones de pesos. como forma de reclamo ante tal problemtica, FARN junto con FVsA y Greenpeace advirti que la partida presupuestaria asignada para el ao 2010 es insuficiente y lo mismo ocurre con lo presupuestado para 2011, segn lo establecido por la Ley N 26.331. Esto representa un riesgo para los bosques nativos del pas ante el incumplimiento de la Ley 26.331 por parte del Estado Nacional, el cual se da justamente dentro del marco del Ao internacional de los Bosques, establecido bajo la Resolucin 61/193 de la organizacin de Naciones unidas, por esto es que las mismas organizaciones reclaman la revisin de la Decisin Administrativa 1037/2010. El fondo previsto debe distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el ordenamiento territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estar destinado a fortalecer la capacidad tcnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeos productores rurales y comunidades indgenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservacin y manejo sostenible.

Para ms informacin visite:http://www.farn.org.ar/prensa/gacetillas2011/comunicado_bosques_100211.html

19 Existen dos cuellos de botella en la implementacin de la ley. Por un lado que an cuando la misma se reglament y se asign un presupuesto para realizar el inventario de glaciares, al cierre de este informe no se haba reglamentado el artculo 15 de la ley, y por ende no se establecieron aun las reas prioritarias a inventariar, en las que deben realizarse auditorias a emprendimientos (entre ellos los mineros) para evaluar si existen impactos sobre glaciares y reas periglaciales. Esto demor la revisin de obras y actividades que estn en ejecucin y pueden estar daando a los glaciares y si se retrasa el inicio del inventario en estas zonas se corre el riesgo de demorarlo un ao ms. Por otro lado, una serie de presentaciones judiciales en la provincia de san Juan por el sector minero, dio lugar a medidas cautelares contrarias a la aplicacin de la ley en este mbito, lo cual constituye un claro obstculo para la concrecin del objetivo de la ley

Para ms informacin visite: h t t p : / / w w w . f a r n . o r g . a r / p r e n s a / g a c e t i l l a s 2 0 1 1 /

c o m u n i c a d o _ r e g l a m e n t a c i o n _ g l a c i a r e s 0 1 0 3 1 1 . p d f http://www.farn.org.ar/prensa/gacetillas2010/comunicado_glaciares031110.html


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este sentido, las normas administrativas trataron este tema bajo la figura del seguro de caucin por Dao Ambiental de incidencia colectiva, con numerosas deficiencias. Las mismas radican en sus aspectos tcnicos y tornan urgente una revisin del estado de situacin y la ampliacin de la oferta de productos20.

La evolucin de los temas en Argentina durante el pasado ao nos mues-tra que en un porcentaje mayor de los casos se percibe que se ha em-peorado durante el ao 2010, mientras que en un porcentaje menor se ha mejorado21. Entre las razones del deterioro de la situacin nos encon-tramos con la falta de prioridad poltica de la temtica, dificultades en la asignacin de fondos y asimismo los esquemas de produccin vigentes con una fuerte presin sobre los ecosistemas.

Los progresos que se identifican en el anlisis de los indicadores se aso-cian principalmente a las acciones de la sociedad civil que son tomadas por decisores que se hacen eco de estos temas, por ejemplo mediante la sancin de la Ley de Glaciares a fin del 2010.

III. Cambio Climtico y Biodiversidad

El escenario internacional nos plantea problemticas concretas como la profundizacin del cambio climtico y la prdida de la Biodiversidad22. Qu estamos haciendo en Argentina frente a esta realidad? Qu de-beramos hacer?

20 Ver Vinocur, Gabriela (2010). Seguros Ambientales en Argentina. Documento de trabajo de FARN.

Disponible en http://www.farn.org.ar/docs/seguro_ambiental_doc_nov2010.pdf21 Aproximadamente en un 71% se percibe que se ha empeorado y en un 29 % de los casos que se

ha mejorado.22 Ver canziani, Pablo (2011). Las perspectivas del Cambio Climtico para Amrica Latina luego de

Cancn. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina. Ver Di Pangracio, Ana (2010). X Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biolgica en

Nagoya: por un trabajo mancomunado y eficiente para la salvaguarda de nuestra biodiversidad. suplemento de Derecho Ambiental, Diario La Ley, 3 de Noviembre de 2010, Ao XVii N 3, Buenos Aires, Argentina.

Ver Lichstein, Victoria (2010). La meta de diversidad biolgica de 2010. suplemento de Derecho Ambiental, Diario La Ley, 3 de Noviembre de 2010, Ao XVii N 3, Buenos Aires, Argentina.

Ver Pulgar Vidal, manuel (2010). Cambio climtico y diversidad biolgica: Urgentes medidas en la bsqueda de mayores sinergias. La meta de diversidad biolgica de 2010. suplemento de Derecho Ambiental, Diario La Ley,3 de Noviembre de 2010, Ao XVii N 3, Buenos Aires, Argentina.

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En cambio climtico, a nivel internacional se han realizado dos comunica-ciones por parte de nuestro pas frente a la convencin marco en la ma-teria y se encuentra en proceso de elaboracin la tercera comunicacin23. Asimismo se han generado a nivel nacional mbitos de coordinacin como una plataforma interministerial, un grupo en el cual estn representados diversos ministerios de la Nacin cuyas actividades se vinculan a esta pro-blemtica (agricultura y energa por ejemplo). tambin en el mbito del coFEmA se cre una comisin para trabajar el tema a nivel local.

Desde la sociedad civil, se ha avanzado en la construccin de dilogos intersectoriales y en el planteo de propuestas muy concretas hacia las autoridades con recomendaciones a implementar a nivel nacional e in-ternacional24.

No obstante ello, se presentan problemticas que persisten y que con-sideramos necesario trabajar incorporando al cambio climtico en las polticas pblicas.

En primer lugar, Argentina an no asume compromisos concretos en la materia Esto implicara estar en contra de los reclamos internacionales de equidad y justicia climtica o estar en contra del principio de res-ponsabilidades comunes pero diferenciadas? Por el contrario, el asumir compromisos y replantear el paradigma de desarrollo implica incluir en la ecuacin la proteccin de riquezas naturales y de ecosistemas que cons-tituyen a todas luces una ventaja comparativa del pas y la regin.

consideramos que no puede sostenerse ms una actitud pasiva por par-te de las autoridades, basada en la responsabilidad histrica de los pases

23 Ver convencin marco de Naciones unidas para el cambio climtico (cmNucc): adoptada por Ley Nacional N 24.295 (Bo 11-01-2001).

Ver Protocolo de Kyoto: convencin marco de Naciones unidas para el cambio climtico, adop-tado por Ley Nacional N 25.438 (Bo 19-07-2001).

Ver comunicaciones Nacionales en http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1124

24 Ver Documento conjunto de Organizaciones Sociales de Argentina: Cambio Climtico: Desafos globales y locales hacia Cancn.

Disponible en http://www.farn.org.ar/comercio/cambio_climatico/documento_ong_cop16.pdf Ver Conclusiones de los Foros Latinoamericanos de Cambio Climtico realizados en junio y

noviembre de 2010. Disponible en http://www.farn.org.ar/prensa/gacetillas2010/conclusiones_foroscc2010.pdf Ver Reunin preparatoria a Cancn en CEPAL con organizaciones de la sociedad civil de

Latinoamrica y representantes de la Cancillera Mexicana. Disponible en http://www.farn.org.ar/docs/cc_cepal_oct2010.pdf


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desarrollados, por diversas razones, pero quizs la de ms peso es que est en juego la supervivencia del pas y el planeta. En este contexto, es fundamental que tambin se trabaje en la construccin de un aborda-je regional de la problemtica, ya que lamentablemente Latinoamrica, con todas las fortalezas que ofrece (agua, biodiversidad, fuente de im-portantes commodities, capacidad de provisin alimentaria), continua creciendo mediante procesos no coordinados estratgicamente, que no incluyen el conocimiento cientfico ni el cambio global en sus polti-cas, y esto no slo se manifiesta en las dificultades dentro de cada pas y en la coordinacin entre las naciones, sino tambin en el posicionamien-to internacional de la regin25.

De alguna forma la nocin de inversiones y la inclusin de la economa verde es an una faltante que resulta necesario plantear26. cmo se evala si una inversin es positiva para el pas y la regin? se analiza el impacto en los recursos naturales, el ambiente, la poblacin, en el me-diano y largo plazo? se utilizan las herramientas estratgicas como la Evaluacin Ambiental Estratgica, la Evaluacin de impacto Ambiental, o slo se pretende atraer inversiones a cualquier costo local? Los indi-cadores utilizados miden estos aspectos? claramente el Producto Bruto interno (PBi) no incluye esta cuestin y resulta fundamental superar la mera medicin del PBi para poder tender a otro paradigma de desarrollo que preserve el patrimonio natural en pos de las generaciones actuales y futuras y que tambin preserve esa ventaja comparativa en las negocia-ciones internacionales. An no se han hecho valer suficientemente estos aspectos que resultaran beneficiosos para el pas y Latinoamrica.

Asimismo, tal como lo seala manuel Pulgar Vidal, lamentablemente las cuestiones relativas a la diversidad no han llegado a formar parte del debate climtico y del desarrollo con la suficiente importancia, poniendo en eviden-cia el divorcio entre los sistemas naturales y los sistemas econmicos27.

25 Para ms informacin al respecto, visite la pgina oficial de la Plataforma climtica Latinoamericana (PcL): http://www.plataformaclimaticalatinoamericana.org/

26 Ver sejenovich, Hctor (2011). Visin ambiental de la economa y las cuentas del patrimonio natural. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

Ver Di Paola, mara marta (2011). Pago por Servicios Ambientales. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

27 Ver Pulgar Vidal, manuel (2010). Cambio climtico y diversidad biolgica: Urgentes medidas en la bsqueda de mayores sinergias. La meta de diversidad biolgica de 2010. suplemento

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Este contexto lamentablemente se presenta tambin hacia el interior de nuestro pas donde la Estrategia Nacional de Biodiversidad es todava una expresin de deseos y no se concreta en objetivos a cumplirse efec-tivamente28. La autoridad nacional a travs de la secretara de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nacin debe trabajar en conjunto con la comisin Nacional Asesora para la conservacin y utilizacin sostenible de la Diversidad Biolgica (coNADiBio), creada en 1997.29 una de las funciones de la coNADiBio fue justamente elaborar la Estrategia Nacio-nal sobre Diversidad Biolgica. seis aos despus de la creacin de la co-misin, se aprob la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biolgica, pero no hubo avances significativos en todos esos aos, habindose reunido la coNADiBio slo una vez30.

La actualizacin e implementacin de la Estrategia Nacional de Biodiver-sidad necesita ser llevada a cabo mediante un proceso abierto y signifi-cativo. son imperiosas polticas de estado efectivas y una labor conjunta y enriquecedora entre organismos pblicos y la sociedad civil, que asegu-ren la salvaguarda de la biodiversidad del pas, por eso es fundamental que la autoridad trabaje junto con la coNADiBio en este proceso con una amplia participacin de los sectores.

En este marco, la Administracin de Parques Nacionales (APN), desta-cado organismo pblico en materia conservacionista, puede hacer una valiosa contribucin a la Estrategia referida. Es necesario profundizar te-mas clave como la creacin de nuevas reas protegidas, especialmente en aquellas ecoregiones poco representadas y fortalecer el grado de im-plementacin de las reas ya existentes, teniendo en cuenta al sistema Federal de reas Protegidas (siFAP)31.

de Derecho Ambiental, Diario La Ley,3 de Noviembre de 2010, Ao XVii N 3, Buenos Aires, Argentina. manuel Pulgar Vidal es el Director Ejecutivo de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, miembro de la Plataforma climtica Latinoamericana.

28 En 1994, Argentina aprueba el convenio sobre la Diversidad Biolgica (cDB), que adoptara en 1992, por Ley Nacional N 24.375 (B.o. 06-10-1994), momento a partir del cual el pas se compromete internacionalmente a cumplimentar con lo dispuesto por aqul.

29 La comisin est conformada por representantes de los organismos Gubernamentales, el sector Acadmico, cientfico y organizaciones de la sociedad civil.

30 Ver Di Pangracio, Ana (2010). X Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biolgica en Nagoya: por un trabajo mancomunado y eficiente para la salvaguarda de nuestra biodiversidad. suplemento de Derecho Ambiental, Diario La Ley, 3 de Noviembre de 2010, Ao XVii N 3, Buenos Aires, Argentina.

31 una excelente oportunidad se presenta a partir del proyecto financiado por el Global


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Asimismo, si bien la temtica de cambio climtico es amplia y global, de acuerdo a los inventarios de emisiones, las principales fuentes de emisin de gases de efecto invernadero en nuestro pas, provienen de la Energa y del sector agropecuario32.

IV. Energa

En materia de Energa, una serie de leyes y normas administrativas plan-tean la promocin de energas renovables y la eficiencia energtica. En esta lnea, se han generado programas gubernamentales de pequea escala e incipientes33. No obstante ello, nuestra matriz energtica es fsil dependiente, y requiere de un cambio fundamental que an no se vis-lumbra. En este marco, se ha elaborado durante los ltimos 3 aos en la secretara de Energa de la Nacin un plan estratgico de energa al ao 2030, el cual lamentablemente no ha contado en su proceso de redac-cin con el debido acceso a la informacin y la participacin ciudadana.

Por otra parte, no podemos dejar de reconocer que en suma a la pro-mocin de las energas limpias, se presentan escenarios que consolidan y amplan el rol de la energa nuclear en el pas como as tambin de las grandes represas hidroelctricas y de la utilizacin del carbn como fuen-

Environment Facility (GEF) y Banco mundial, denominado corredores Rurales y conservacin de Biodiversidad. una de las lneas de trabajo de dicho proyecto consiste en fortalecer el sistema Federal de reas Protegidas (siFAP) con el fin de ampliar sus capacidades, mandato, funcionamiento y reconocimiento, para coordinar y apoyar la accin y gestin de las distintas jurisdicciones y actores a cargo de reas protegidas y fomentar el enfoque de desarrollo de corredores. El sistema Federal de reas Protegidas (siFAP) se refiere a la suma de parques y reservas existentes en el pas, creadas y administradas por organismos nacionales, provinciales o municipales, o por particulares o entidades intermedias e incluye el marco institucional (tripartito) de su funcionamiento.

Para ms informacin sobre el proyecto visite : http://gefonline.org/projectDetailssQL.cfm?projiD=3830

32 En el caso Argentino, las principales fuentes de emisin de los Gases de Efecto invernadero regulados por la convencin de cambio climtico, que son dixido de carbono (co2), metano (cH4), xido nitroso (N20), hidrofluorocarbonos (HFcs), perfluorocarbonos (PFcs) y hexafluoruro de azufre (sF6), se encuentran distribuidos entre el sector Energtico (47% del total) y el sector Agrcola-Ganadero (44% del total). El resto es aportado por los Residuos (5%) y los procesos industriales (4%). Es importante sealar que este clculo no incluye los cambios de uso del suelo.

33 Ver Voloj, Bernardo (2011). Las energas renovables en Argentina. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

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te. Aspectos estratgicos como el impacto econmico, social y ambiental de estas actividades, el ciclo de vida de sus residuos, su riesgo intrnseco, y su contribucin al cambio climtico deberan trabajarse y profundizar-se. ms an, teniendo en cuenta los profundos cuestionamientos que existen en relacin a estas fuentes, y en especial a la nuclear a nivel internacional y luego de la tragedia sucedida en Japn. Por esta causa es clave la apertura a la participacin de procesos estratgicos que deciden acerca del desarrollo y el futuro del pas en materia energtica como es el caso del Plan Energtico Nacional. consideramos que ste es un eje fundamental que debera tomarse en cuenta por el gobierno nacional, los gobiernos locales y las instituciones financieras internacionales que muchas veces respaldan estos proyectos34.

V. Sector Agropecuario

El avance de la frontera agropecuaria en el pas contribuye tambin a las emisiones de GEi y en esa lnea surgen diversos temas relacionados35. En primer lugar la necesidad de un plan que seale a qu modelo agroin-dustrial se desea aspirar en el pas. En este contexto y frente a los anun-cios del Plan Estratgico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010 - 2016, es fundamental que este proceso incluya instancias de acceso a la informacin y participacin pblica en su elaboracin36.

34 Ver Vinocur, Gabriela (2009). La participacin ciudadana en el monitoreo de los proyectos de infraestructura en Amrica del Sur. informe Ambiental Anual FARN 2009, Buenos Aires, Argentina.

Ver Daneri, Jorge (2010). Monitoreo de los proyectos de infraestructura. informe Ambiental Anual FARN 2010, Buenos Aires, Argentina.

Ver Greenpeace (2009). Carbn: combustible para el cambio climtico. Proyecto Central Trmica Ro Turbio. Documento de trabajo. Disponible en http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/informe-carbon-rioturbio.pdf

Ver El canciller de Japn admiti que la radiactividad puede afectar la poblacin, publicado en el diario La Nacin el 15 de marzo de 2011. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1357554-el-canciller-de-japon-admitio-que-la-radiactividad-puede-afectar-la-poblacion

35 Ver Voloj, Bernardo (2010). El sector agropecuario argentino y sus desafos ambientales. informe Ambiental Anual FARN 2010, Buenos Aires, Argentina.

36 De acuerdo a las fuentes consultadas, esta elaboracin se dar convocando a distintos actores para su inclusin en el acceso a los consejos Federales (como se denominan los mbitos de participacin). El Plan debe ser el producto final de un proceso participativo que, impulsado por el Estado, convoca a todos los actores del sector Agroalimentario y Agroindustrial Argentino para


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Argentina hace ms de una dcada desarrolla su produccin agraria en base a la triloga organismos genticamente modificados (oGm), siembra directa y agroqumicos.37 En cuanto a los oGm existe un procedimiento para su autorizacin en el pas en el mbito del ministerio de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Nacin, el cual no ha incluido ni inclu-ye acceso a la informacin ni participacin ciudadana en su seno, aspecto absolutamente necesario y sealado por la Ley General del Ambiente. Por otra parte, las objeciones respecto de estos productos por parte de la ciu-dadana o sectores no involucrados en el proceso de autorizacin surgen una vez que el producto es liberado al mercado, esto aumenta el riesgo y disminuye la precaucin y prevencin de sus efectos38.

En cuanto a la siembra directa, respecto a la tcnica aplicada con anteriori-dad (labranza convencional), presenta como beneficios la preservacin de la estructura del suelo, menor compactacin, mayor nivel de infiltracin de agua en el perfil del suelo y menor erosin. sin embargo, y de acuerdo a los mismos productores, la siembra directa no garantiza per se la minimi-zacin de los procesos de degradacin del suelo y debe ser acompaada de prcticas que incorporen la rotacin de actividades agrcolas39.

Por otra parte, el creciente uso indebido de agroqumicos con un as-cendente nmero de reclamos y acciones judiciales y la necesidad de analizar los efectos de dichas sustancias en la salud y en el ambiente, se ha visto reflejado en el debate trunco que se ha dado a nivel oficial sobre el informe carrasco en materia de glifosato40. La construccin de buenas

que, de manera ordenada y sistemtica, siguiendo una metodologa predefinida, y en mbitos especialmente diseados al efecto, elaboren un Plan Estratgico a partir de una visin compartida de futuro.

Fuente:http://www.minagri.gob.ar/sAGPyA/areas/PEA2/index.php

37 Ver Npoli, Andrs. (2010) Acciones judiciales por agroqumicos en Argentina. En proceso de publicacin.

38 El organismo tcnico con intervencin en la decisin es la comision Nacional de Biotecnologia Agropecuaria (coNABiA) junto a la Direccion de Biotecnologia. Asimismo en la Evaluacin de la Aptitud Alimentaria Humana y Animal de los Alimentos derivados de organismos Genticamente modificados estn involucrados el servicio Nacional de sanidad y calidad Agroalimentaria (sENAsA) y del comit tcnico Asesor en el uso de oGm (ctAuoGm). Ver www.minagri.gob.ar/sAGPyA/areas/biotecnologia

39 Ver http://www.aapresid.org.ar/siembradirecta.asp

40 Ver FARN (2009). Agricultura y Ambiente. informe Ambiental Anual FARN 2009, Buenos Aires, Argentina.

Ver Voloj, Bernardo (2010). El sector agropecuario argentino y sus desafos ambientales. informe

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prcticas y de una legislacin en materia de presupuestos mnimos de agroqumicos, constituye otra necesidad muy concreta que debe asu-mirse, como as tambin la necesidad de una mayor promocin y apoyo oficial de investigaciones sobre los efectos de los mismos en la salud y el ambiente. se trata de un tema muy presente en la realidad de nuestro pas que no es asumido con la envergadura que merece por las autorida-des, dado el grado de injerencia de la agricultura y del monocultivo de la soja en la economa nacional41.

un tema en el que existe acuerdo entre el sector privado y el gobier-no, es la produccin de biocombustibles.42 La legislacin y normas ad-ministrativas de promocin de biocombustibles exigen un corte de los mismos en los combustibles minerales del 5 % al 1/1/2010, el cual se increment al 7 % y en el futuro puede alcanzar el 10 %. Argentina es el cuarto productor y el principal exportador mundial de biodiesel. Diversas necesidades se presentan en relacin a estos temas, en primer lugar el balance energtico de los biocombustibles, en el marco de una poltica energtica estratgica43.

Por otra parte, ser importante profundizar el anlisis y la evaluacin de los biocombustibles de 2 3 generacin (por ejemplo: Jatropha y Algas) de manera tal de evitar la competencia de los mismos en el futuro con la seguridad alimentaria del pas y teniendo en cuenta la importancia que los mismos no acten favoreciendo un mayor proceso de expansin de la frontera agropecuaria en desmedro de ecosistemas naturales como pueden ser los bosques44.

Ambiental Anual FARN 2010, Buenos Aires, Argentina.

41 De acuerdo al ministerio de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Nacin, durante el 2009/2010 la superficie cosechada fue de 18.130.904 hs y las toneladas alcanzaron los 52.677.371.

42 Ver Di Paola, mara marta & Voloj, Bernardo (2011). El escenario de los Biocombustibles en Argentina. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

43 Ver FARN (2009) Agricultura y Ambiente. informe Ambiental Anual 2009. Pg. 119: Los combustibles obtenidos de cultivos deberan demostrar fehacientemente que poseen un balance energtico positivo para convertirse en una genuina alternativa energtica ya que para su produccin se destina gran cantidad de energa en el cultivo de la tierra, la cosecha y el proceso de conversin a combustible. Si se realiza un anlisis del ciclo completo, el combustible obtenido debera brindar una cantidad significativa de energa por sobre la que se ha gastado en su obtencin. Esto se encuentra ligado a un anlisis exhaustivo del balance de los gases de efecto invernadero (GEI) que se han emitido durante el procesamiento del cultivo.

44 La diferencia entre los biocombustibles de primera a cuarta generacin radica en la materia prima


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En cuanto al sector ganadero hay diversas variables que pueden tender a una mayor eficiencia del mismo que exceden el presente artculo. Reco-mendaciones concretas en materia de ganadera sustentable parten de esfuerzos mancomunados entre organizaciones de la sociedad civil y el sector acadmico. Entre las mismas se presenta al pastoreo controlado sumado al manejo adecuado de las cargas ganaderas45.

Por otra parte, se ha identificado la necesidad de contar en materia de actividades de engorde a corral o feed lot, con una legislacin nacional que contemple un abordaje integral de la actividad y de su impacto46.

Finalmente volvemos a considerar al ordenamiento Ambiental del terri-torio, una herramienta que persigue la planificacin participada de una zona o regin, que es clave para el abordaje de las actividades agrope-cuarias. Asimismo la importancia de enriquecer la informacin en materia de huella de carbono del sector para poder planificar en mejor forma sus actividades en el marco de la reduccin de gases de efecto invernadero frente al crecimiento poblacional y la necesidad de generar alimentos47.

VI. Bosques

Los bosques nativos y su proteccin constituyen otro eje de preocupa-cin, el cual, frente a la situacin de emergencia forestal, fue tratado a nivel legislativo mediante la ley de presupuestos mnimos 26.331 que se

utilizada para su produccin y su procesamiento. En los de primera generacin, se elaboran productos que pueden destinarse tambin a la alimentacin, mediante procesos de fermentacin y transesterificacin. Los de segunda generacin utilizan productos sin fines alimenticios por medio de los procesos antes mencionados o termoqumicos. Los de tercera generacin utilizan tcnicas de biologa molecular para mejorar la conversin de biomasa a combustible. Por ltimo, los de cuarta generacin no slo buscan mejorar el proceso de conversin sino que adems tienen por objetivo lograr una mayor captacin de carbono en el crecimiento del cultivo.

45 Ver Fundacin Vida silvestre y FAuBA. El manejo controlado del pastoreo, la base de las buenas prcticas ganaderas. http://www.vidasilvestre.org.ar/que_hacemos/nuestra_solucion/cambiar_forma_vivimos/conducta_responsable/pastizales/quepodemoshacer/ganaderia_sustentable

46 Ver PNuD (2007) caracterizacin de la Produccin Ganadera en Argentina frente al cambio climtico. Facultad de Agronoma de la uBA para el PNuD.

47 Ver Galbusera, sebastin. CREA desarrolla calculadores de carbono para ganadera y agricultura, 6 de octubre de 2010. Foro cambio climtico y comercio http://www.ambienteycomercio.org/?p=327

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sancion a fines de 2007, luego de una intensa campaa que marc la agenda parlamentaria.

Desde entonces, las provincias avanzaron de diversas formas en la reali-zacin de sus otBN (ordenamiento territorial de Bosques Nativos), y si bien de acuerdo a datos oficiales la deforestacin disminuy en un 60%, todava subsisten diversos desmontes ilegales, lo cual se suma a variadas dificultades presupuestarias que se dieron a nivel nacional, primero dismi-nuyendo el presupuesto en forma abrupta y luego planteando obstculos constantes en su implementacin.48 En este contexto, no slo se perjudi-ca el ambiente sino que tambin resultan damnificadas las comunidades originarias y campesinas que dependen del monte para su subsistencia, a la par que los propietarios de fundos de zonas rojas y amarillas ven limitados sus derechos sin compensacin alguna49. Resulta entonces fun-damental trabajar en la correcta asignacin y distribucin de fondos para respaldar la implementacin de la ley. Asimismo participar y monitorear los diversos procesos de otBN que deben cumplir con criterios de susten-tabilidad establecidos por la misma ley y las respectivas instancias de par-ticipacin ciudadana. Para monitorear la implementacin de la ley frente a la problemtica del desmonte ilegal las autoridades deberan incorporar herramientas que hoy son de mayor acceso, tal es el caso del seguimiento satelital que ya es utilizado en otros mbitos de Latinoamrica50.

En cuanto al rol de las comunidades originarias y campesinas, se trata de actores esenciales en este tema, no solo por los derechos que los asisten y que provienen del derecho internacional y la misma ley de bosques, sino tambin por la consideracin de los mismos en el fallo salas de la csJN51. tambin resulta fundamental la participacin de dichas comunidades en

48 El otBN es sealado por la ley de bosques como una herramienta esencial para la preservacin de los bosques y para la valoracin de los servicios que brindan.

49 Las zonas rojas y amarillas son consideradas por la Ley de Bosques Nativos como de mayor proteccin y restriccin.

50 El sistema de seguimiento satelital de la deforestacin en el Gran chaco llevado adelante por la Asociacin civil Guayr Paraguay es un claro ejemplo de esta cuestin.

Para ms informacin sobre el proyecto, informes tcnicos y la posicin de la Asociacin civil Guayr Paraguay, visite: http://www.guyra.org.py/espanol/reportes-gran-chaco-americano.php

51 Ver salas, Dino y otros c/ salta, Provincia de y Estado Nacional s/ Amparo. Juicio originario, Expte. s.1144, L.XLiV.


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los procesos de construccin del mecanismo REDD52 (Reduccin de emi-siones provenientes de la deforestacin y la degradacin) en el contexto del cambio climtico53. cabe resaltar que Argentina se encuentra ela-borando su estrategia nacional de REDD en el marco del Forest carbon Partnership Facility (FcPF), fondos administrados por el Banco mundial.

VII. Glaciares

Los glaciares constituyen fuentes de agua dulce de un valor estratgico fundamental a nivel interno, regional e internacional y asimismo su re-troceso es una evidencia cabal del cambio climtico. En consecuencia, la victoria que ha significado contar con una Ley Nacional de Presupuestos mnimos para la Proteccin de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, es el comienzo de una poltica absolutamente necesaria para estos ecosis-temas frgiles y fundamentales. En este momento nos encontramos con pendientes cruciales para la implementacin de la ley y que se vinculan a las actividades preexistentes, que deben cumplir con los requerimien-tos y prohibiciones legislativas, la realizacin del inventario del ambiente glaciar y periglacial y la correcta ejecucin del presupuesto ya asignado al coNicEt a tales efectos. En el plano de incidencia global, la incorpo-racin de la informacin y las polticas relativas al tema en la agenda climtica nacional e internacional. Lamentablemente, los grupos de in-ters (principalmente el sector minero y autoridades provinciales afines)

52 El mecanismo REDD fue establecido por primera vez en 2005 a travs de la llamada Hoja de Ruta de Bali. En la reciente cumbre de cambio climtico celebrado en cancn, se lo describi como un estmulo financiero a los pases en desarrollo, para contribuir a las medidas de mitigacin en el sector forestal, mediante la realizacin de diversas actividades, segn se considere apropiado por cada Parte y de conformidad con sus respectivas capacidades y circunstancias nacionales. Estas actividades son: (A) Reduccin de las emisiones de la deforestacin; (B) Reduccin de las emisiones de la degradacin de los bosques; (c) conservacin de las reservas forestales de carbono; (D) gestin sostenible de los bosques; (E) mejoramiento de las reservas de carbono de los bosques.

53 uno de los principales riesgos que planeta el mecanismo REDD, consiste en establecer de qu manera las comunidades campesinas y originarias sern quienes reciban los beneficios econmicos por la conservacin. El acuerdo de cancn an no ha establecido si los beneficios sern a travs de los mecanismos de mercado o bajo otra forma potencial. Lo positivo de cancn es que incluye la obligatoriedad de considerar salvaguardas econmicas, sociales y ambientales por parte de los gobiernos, como paso previo a cualquier proyecto REDD. se espera que en la prxima coP a celebrase en Durban, quede considerado expresamente el consentimiento libre previo e informado, para garantizar la participacin plena y efectiva de los interesados.

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que intentaron impedir que la ley fuera sancionada, continan en la actualidad la discusin en el mbito judicial, e impidiendo, por esa va, la implementacin de la norma en la Provincia de san Juan. sin embargo consideramos fundamental solicitar a las autoridades pblicas que cum-plan con sus deberes sin obstaculizar este proceso que es fundamental para nuestro ambiente y para nuestra agenda climtica. La falsa y re-manida dicotoma conservacin vs desarrollo que habamos escuchado tambin en la discusin de la ley de bosques tres aos atrs, surgi en el debate parlamentario pero con un componente que es digno de resal-tar, y que se vincula principalmente a que no han sido slo los sectores ambientalistas los que bregaron por la sancin de la ley de glaciares sino tambin los sectores productivos que dependen del agua limpia para su actividad, como es el caso de las asociaciones de viateros. Por esa causa, podemos sostener que la implementacin de la ley de glaciares constituye una obligacin fundamental de nuestras autoridades porque la ley ha sido aprobada por nuestro congreso Nacional y en nuestro sistema las autoridades administrativas deben cumplir con lo sealado por las leyes, como as tambin porque se trata de un deber para con el desarrollo sustentable del pas y la regin.

VIII. Minera

Las actividades extractivas mineras implican generalmente un alto impac-to ambiental. Lamentablemente las mismas no han respetado en muchos casos las pautas de planificacin estratgica y participacin ciudadana impuestas por la legislacin ambiental vigente. Esto ha quedado mani-festado en el conocido caso oro Esquel o Villivar, que lleg a la csJN.54 Nos encontramos ante un sistema pblico privado que ignora gran parte de la normativa ambiental argentina y provincial, y que en consecuencia presenta una constante escalada de conflictos que se han visto exacer-bados en los ltimos aos por la creciente inversin en el sector55. Esta

54 En autos Villivar, silvana Noem c/Provincia e chubut y otros s/ Amparo; Expte.365-Fo 390- Ao 2002; Esquel, 19 de Febrero de 2003. csJN 17 de abril de 2007.

55 Entre 2003 y 2008 la produccin del sector se expandi en un 292% y el nmero de proyectos mineros se increment en un 907 % de 40 a 403. secretara de minera. ministerio de Planificacin Federal, inversin Pblica y servicios. 2009.


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inversin, amparada en legislacin promotora de la minera no incluye a las comunidades locales en los procesos de toma de decisin56. En este contexto surgen dos aspectos fundamentales que desde nuestro punto de vista deberan tenerse en cuenta en vinculacin a la actividad minera. Por un lado , es necesario que se respeten la implementacin integral de la ley general del ambiente, las leyes sectoriales de presupuestos mnimos y la legislacin provincial y local ms exigente en la materia, de lo contra-rio se estara contradiciendo el sistema constitucional de distribucin de competencias, el deber de preservacin del ambiente y el derecho a un ambiente sano que expresamente seala el artculo 41 de la constitucin nacional y que ha incluido la corte suprema de Justicia en sus diversas de-cisiones en la materia. Por otra parte, y esto es clave para el desarrollo, re-sulta fundamental que se revise la legislacin minera de nuestro pas que, como lo sealamos, responde a un modelo que prioriza la explotacin por sobre la sustentabilidad del desarrollo y que no contempla ni admite esquemas de anlisis y discusin de la actividad en s. Resulta llamativo que se d por sentado que la actividad extractiva es per se un sinnimo de progreso a cualquier escala, y en este sentido no es menor tener en cuenta que ya varias provincias han sealado sus posicionamientos en cuanto a algunos lmites a la actividad dentro de sus territorios57. No obstante ello, consideramos que esta discusin debera darse en el nivel nacional de decisin e incorporarse a un cambio legislativo que replantee el esquema extractivista clsico y amplificado en los aos 90.

Precisamente en esta poca es cuando cobr auge la gran minera en nuestro pas, fenmeno que tambin se conoce como mega-minera, esto es, la explotacin de minerales metalferos llevada a cabo por gran-des empresas multinacionales en la modalidad a cielo abierto, sobre vastas extensiones de territorio, que conlleva una serie de impactos am-bientales sobre el paisaje, el agua, el suelo y el aire, principalmente por las sustancias utilizadas para la explotacin. Este tipo de minera debe someterse al escrutinio pblico a fin de proteger recursos naturales esen-ciales para la vida y la subsistencia de las personas, como el agua.

56 Ver el artculo escrito por Jorge Ragaglia Minera y derecho al agua: Estado de situacin y reflexiones que forma parte de la presente publicacin.

57 tal es el caso de las Provincias de chubut (Ley XVii-N 68 -Antes Ley Provincial N 5001- ), mendoza (Ley Provincial N 7722) y crdoba (Ley Provincial N 9526).

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IX. Cuencas hdricas

La proteccin de las cuencas hdricas en un marco integral y su necesaria consideracin desde la prevencin y la remediacin en su caso, es un eje de importancia que se ha visto manifestado en diversos ejemplos en nuestro pas. El Ro uruguay y la problemtica de la pastera BotNiA, el Riachuelo, Reconquista, sal Dulce, son algunos de los emergentes que muestran la complejidad social, econmica y ambiental de estas cuencas, sumadas a la necesidad de una institucionalidad estratgica de planificacin.

En el Ro uruguay y frente al caso BotNiA-uPm, y an cuando el fallo de la corte internacional de Justicia de la Haya confirm la responsa-bilidad de uruguay y seal sus faltas como meramente protocolares, es importante que ahora nos centremos en el monitoreo conjunto que la misma sentencia manda como obligatorio. como lo hemos dicho en otras oportunidades, es fundamental que el monitoreo cuente con ins-tancias de participacin ciudadana y que la comisin Administradora del Ro uruguay (cARu) considere este aspecto. Gualeguaychu y Fray Bentos son comunidades damnificadas por la obra, con un alto impacto visual, al cual se suman los impactos ambientales en las aguas, la atmsfera y la salud de la poblacin. En este punto van a ser claves los resultados del monitoreo, que debe ser realizado por especialistas en la temtica y con un encuadre de legitimacin social imprescindible58.

Asimismo, como leccin aprendida del conflicto con uruguay surge como sumamente necesario considerar la inclusin de las herramientas estratgicas que permitan que desde los pases pertenecientes a una misma regin podamos trabajar en conjunto en el diseo del desarrollo de la cuenca y no actuemos unilateralmente. As, la Evaluacin Ambien-tal Estratgica debera incluirse en la planificacin regional tanto dentro de los comits de cuenca existentes como as tambin en el mbito del mercosur59.

58 Ver monitoreo de la planta BotNiA-uPm: Participacin ciudadana. comunicado de FARN. Para ms informacin visite: http://www.farn.org.ar/prensa/gacetillas2010/comunicado_

papeleras010910.html

59 Ver Daneri, Jorge (2009). Plantas de celulosa en la cuenca del Ro Uruguay. informe Ambiental Anual FARN 2009, Buenos Aires, Argentina.


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otro tema vinculado a la planificacin estratgica en las cuencas hdricas ha sido el relativo al arroyo Ayu, un curso de agua de dominio pblico y una marcada riqueza eco-sistmica que pretende ser represado por em-presas privadas con un marcado impacto en el medio, en pos de un pro-yecto productivo en la zona. Es de destacar la participacin ciudadana que ha dado lugar a diversas acciones en la rbita provincial vinculadas tambin al ordenamiento territorial de bosques nativos en dicho mbito. tambin la accin realizada por el Estado Nacional contra la Provincia de corrientes para que ejerza el efectivo control y evaluacin de los impactos del emprendimiento y que frente a la eventual responsabilidad internacional del proyecto exista intervencin del nivel nacional a fin de evitar incumplimientos del Estatuto del Ro uruguay60.

Por su parte, la cuenca matanza Riachuelo es un caso paradigmtico que presenta un antes y un despus en la historia del derecho ambiental, el acceso a la justicia y el monitoreo de la inaccin por parte de las auto-ridades frente a una historia de contaminacin palmaria. si bien en estos casi tres aos se observan numerosas faltantes, lo cierto es que la inercia de aceptar la contaminacin de la cuenca como parte de la realidad ha sido alterada, y ahora es fundamental que pase al escenario del cambio concreto61.

La corte suprema de Justicia de la Nacin nos ha sealado que no po-demos seguir ignorando este espacio que congrega los problemas de salud, discriminacin, falta de integracin y acceso al agua potable con la falta de gestin integral de residuos, emergencia habitacional y la au-sencia de coordinacin entre las autoridades. El Riachuelo no es slo un problema ambiental sino que es tambin un emergente de las deficien-cias estructurales y culturales de nuestro sistema. Por esta razn somos conscientes que la solucin es tambin de una complejidad marcada. No obstante, sta no puede ser la excusa para que las autoridades con-tinen dilatando el cabal cumplimiento de una sentencia que plantea requerimientos muy concretos a implementar. En este contexto, durante el 2010 la Autoridad de cuenca fue sancionada por diversas multas del

60 Ver Parera, Anbal & sabsay, Daniel (2011). El proyecto de represa del arroyo Ayu Grande en Corrientes. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

61 Ver Npoli, Andrs & Garca Espil, Javier (2011). El concretar acciones hoy pensando en la cuenca matanza riachuelo del maana. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

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Juzgado de Ejecucin del fallo, y es necesario que en el 2011 su accionar se revierta.

Es importante valorar el esquema novedoso de seguimiento de la senten-cia a travs del juzgado de ejecucin, el rol del cuerpo colegiado (Defen-sor del Pueblo de la Nacin y las oNGs designadas por la corte) y de la Auditora General de la Nacin en el control presupuestario. En este l-timo sentido, resulta imprescindible que el financiamiento a las medidas sealadas en el fallo sea llevado a cabo en entera transparencia y cumpla con la finalidad de remediacin de la cuenca y de atencin prioritaria a las necesidades ms urgentes con respeto al derecho al ambiente, a la salud y a la vivienda digna62. Es crucial que exista una Poltica de Estado para la cuenca, que trascienda la intervencin judicial que le ha dado origen y logre una planificacin estratgica y participativa.

X. Pesca

En cuanto al mar Argentino y la necesidad de su gestin integral susten-table, un problema que no puede esperar es el colapso de la merluza. Las autoridades estn tomando de modo incipiente decisiones impor-tantes y procedimientos formales normativos de avanzada, en lnea con los solicitados por la unin Europea, pero con una dilacin y fallas en su implementacin sin tener en cuenta en forma adecuada el conocimiento cientfico y el principio precautorio, a una gran distancia de un desarrollo pesquero sostenible. Es necesario que las polticas pblicas pesqueras y el propio sector incorporen una planificacin y una implementacin que valore en el corto, mediano y largo plazo la supervivencia del recurso y la transparencia en las prcticas vinculadas al mismo63.

62 Ver Npoli, Andrs & Garca Espil, Javier (2011). El concretar acciones hoy pensando en la cuenca matanza riachuelo del maana. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

63 Ver caete, Guillermo; caete, mara Victoria & Esan, Jos (2011). El desarrollo sostenible en pesca. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.


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XI. Residuos

Finalmente, en relacin a la temtica de los residuos nos encontramos por un lado con una situacin lamentable que es que las leyes de presu-puestos mnimos existentes (sobre residuos industriales y domiciliarios) no han sido reglamentadas an, como tampoco se han llegado a acuer-dos bsicos en el coFEmA a fin de lograr una gestin racional. Esta carencia implica en la prctica que la gestin de los residuos en Argen-tina se gobierna por un conjunto de normas contradictorias, que incre-mentan los riesgos para la poblacin y el ambiente, sin que exista una planificacin global para la problemtica. una muestra de esta realidad es la situacin del rea metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. El concepto de integralidad de la gestin de los residuos, la visin regional y de largo plazo junto con el ordenamiento ambiental del territorio par-ticipado constituyen los ejes medulares para la definicin y el xito de polticas en este tema64.

mencin aparte merece el Plan maestro para la gestin de los residuos slidos urbanos para toda la cuenca matanza Riachuelo hasta el ao 2024, presentado por la AcumAR recientemente al Juzgado de ejecu-cin de la causa. Dicho plan adolece de muy poca profundidad en el tratamiento de los diferentes componentes, no incluye herramientas es-tratgicas (EAE, EiA y oAt) ni prev el acceso a la informacin, su sis-tematizacin, ni participacin ciudadana en su proceso de elaboracin ni de implementacin. Es sabido que existen serios inconvenientes por una lgica histrica de generar cada vez ms basura y cada vez ms rellenos sanitarios que debe ser replanteada porque la misma legislacin lo requiere. As tambin debe contarse con un sistema de informacin adecuada, accesible y veraz que permita un accionar ciudadano y un monitoreo y evaluacin constante, a fin de que los sistemas de gestin de residuos puedan ser adecuadamente valorados, tanto por las autori-dades como por el conjunto de la ciudadana. Vemos a diario cmo la imposicin de criterios y modelos, sin participacin pblica previa, en-cuentran serias dificultades en su implementacin.

Asimismo en materia de residuos electrnicos, resulta de importancia

64 Ver Quispe, carina (2011). Los residuos slidos urbanos en el rea metropolitana. informe Ambiental Anual FARN 2011, Buenos Aires, Argentina.

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considerar la necesidad de un esquema regulatorio a nivel nacional65. Dichos residuos poseen caractersticas de peligrosidad especficas que tornan necesario que sean tratados en leyes especiales y que tambin planteen esquemas de responsabilidad extendida para el productor. Por ejemplo, quien fabrica un telfono celular debe tambin asumir las obli-gaciones provenientes de los residuos que el mismo genera. La aproba-cin de un marco legislativo nacional que incorpore estas obligaciones puede generar cambios importantes en la gestin de los residuos, su diseo y la tecnologa utilizada para los elementos electrnicos. De esta forma se incentiva al productor a generar elementos ms sustentables que tiendan a reusarse y asimismo promover que estos valores se incor-poren en el consumo66.

XII. Nuestro horizonte: pasar de la lgica fragmentada a la integral

A medida que analizamos los temas ambientales nos encontramos con la necesidad de integralidad, en un planeta interconectado, con ecosiste-mas sumamente sofisticados que justamente comprenden una sabidura natural de la que deberamos aprender.

Los cambios que se van dando en un sistema internacional normativo y asimismo a nivel interno en Argentina representan desafos porque

65 En la actualidad existe un Proyecto de Ley (Presentado en octubre de 2008 con Exp. N s-3532/08) relativo a la Gestin de los Residuos Electrnicos que est siendo tratado en la comisin de Ambiente del senado de la Nacin, y tiene como objetivo la elaboracin de una Ley de Presupuestos mnimos, que adems de establecer ciertos estndares de gestin logre poner punto final a los problemas inter jurisdicciones que trae acarreada la gestin de estos residuos.

El texto completo de este proyecto de ley est disponible en: http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?origen=s&tipo=PL&numexp=3532/08

&nro_comision=&tconsulta=366 Es menester resaltar que en este sentido la Agencia de Proteccin Ambiental dependiente del

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanz en el ao 2008 un programa de recoleccin de Pilas y Bateras en desuso (Resolucin N 262/GcABA/APRA/08, Bo 27-10-2008). La resolucin mencionada determina la creacin de una Gua de contenidos mnimos para los planes de gestin integral de pilas y bateras recargables agotadas que debern ser presentados por los productores, importadores, distribuidores, intermediarios y cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de pilas y bateras recargables ante la Agencia de Proteccin Ambiental del Gobierno de la ciudad Autnoma de Buenos Aires, para su aprobacin.

Para ms informacin acceda al Bo correspondiente: http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletines/20081027.pdf


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constituyen medidas de proteccin de bienes pblicos que dan un lugar menor al tradicional concepto del derecho de propiedad entendido en forma absoluta y por encima de los otros derechos. El concepto del de-recho de la propiedad de las cosas por parte de los particulares o por parte de los estados considerado por sobre la proteccin al ambiente ha causado estragos histricos sobre la naturaleza.

De esta forma la mirada lineal o unilateral, no resulta suficiente para abordar una problemtica que es ms amplia y que es al fin y al cabo el plafn de la vida de la humanidad y que por su complejidad e interde-pendencia merece asimismo una aproximacin que profundice y aprove-che dicha interdependencia.

En esta lnea, nuestro sistema natural es circular e integral y lamentable-mente la lgica de la construccin de las decisiones que lo impactan es lineal y atomizada. No podemos continuar pensando que el planeta es

Schiffrin - informe ambiental 2011

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