Segunda Parte

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFORMATICA EN MEXICO

1. La Modernización de México y la Informática

A partir de la crisis de la deuda, que puso punto final a las teorías de sustitución de importaciones y los mercados cerrados, América Latina comenzó a experimentar con las ideas del Estado eficiente y la modernización. En el caso de México, la búsqueda de una economía de mercado estable, abierta y competitiva propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994, se tradujo en una reforma macroeconómica general y en la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que han transformado el contexto político y económico del país en forma considerable.

En lo que respecta a la informática, los cambios más significativos generados por ese proyecto modernizador son la apertura comercial; el crecimiento de la inversión privada y pública en tecnología; y, la desregulación y adelgazamiento del mercado del sector público.

Pero además de estos cambios en el contexto macroeconómico nacional, la situación general de la informática en México está profundamente influida por la evolución que las propias Tecnologías de la Información están teniendo en todo el mundo.

Las fuerzas que están provocando las mayores repercusiones son, primero, la convergencia de las áreas de la informática, en la medida en que la computación, las telecomunicaciones y la propia ciencia informática tienden a integrarse entre sí. Segundo, la democratización y la domesticación de las Tecnologías de la Información, entendidas como la accesibilidad a la informática de cada vez mayores estratos de población y de los individuos en particular.Y tercero, la incorporación de la informática en todo tipo de actividades, en la que se aprecia no sólo su utilización como componente inseparable de muchos procesos y productos y la extensión del dominio de aplicación a nuevos ámbitos con mayores capacidades, sino también, las alianzas entre oferentes y proveedores por las necesidades de especialización y de creación de economías de escala.

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2. El Mercado Informático

Medido en términos de facturación, el mercado informático en México ascendió aproximadamente a 3 mil millones de nuevos pesos en 1993, lo que representa aproximadamente el treinta por ciento del mercado latinoamericano, el uno por ciento mundial o la trigésima parte del mercado estadounidense. Es éste un mercado abierto desde 1990, muy integrado a la oferta norteamericana a raíz del TLC y en el que conviven todos los niveles de desarrollo, pues a pesar de la brecha tecnológica en el nivel de uso generalizado de la informática respecto a otros países, en México hay usuarios tan avanzados como los mejores del mundo, mientras que las disparidades más significativas también están presentes al interior del propio mercado nacional.

Para valorar el dinamismo del mercado de cómputo mexicano, baste apuntar que éste creció en su conjunto casi un 34 por ciento en 1990 y tuvo un crecimiento superior al 20 por ciento en 1992. Este incremento es particularmente significativo ante la reducción que los mercados internacionales de cómputo manifestaron en 1990 y sobre todo en 1991. La explicación más plausible de este hecho está en el dinamismo impreso a la actividad nacional en estos años y el relativo atraso que mantenían las inversiones en esta materia. Pero si bien lo anterior demuestra la juventud del mercado nacional, empiezan a constatarse señales de maduración, como la sensibilidad del monto del mercado a las fluctuaciones macroeconómicas del país, evidente en el segundo semestre de 1993 y muy probable para el primer semestre de 1994.

Con la supresión del requisito de permisos de importación para bienes informáticos y la homogeneización de los aranceles correspondientes, la oferta de bienes y servicios informáticos en México ha experimentado diversos cambios estructurales. Por una parte, la variedad de productos en el mercado nacional ha aumentado, los precios de los productos han bajado en forma general, y han aparecido nuevos actores, sobre todo en el mercado de intermediación.

El total del mercado nacional de software para 1993 se estimó en unos 300 millones de dólares, y en él, la oferta de productos mexicanos, que ha crecido en términos modestos, representa actualmente un 30 por ciento de

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las transacciones; la apertura comercial incrementó el mercado de productos estandarizados ("paquetería"), en gran medida como consecuencia del aumento en la importación de equipo. Debe sin embargo mencionarse que este segmento del mercado sigue padeciendo los efectos de una alta tasa de utilización ilegal de software, a pesar de las acciones correctivas que han promovido la nueva Ley de Derechos de Autor, y la labor conjunta de los industriales del software, las instituciones educativas y las autoridades.

Mientras que las exportaciones mexicanas de software son escasas, los servicios de consultoría e integración de sistemas tienden a constituir un nicho importante para los proveedores y, sobre todo, para los especialistas nacionales. Cabe destacar, por cierto, que aún cuando este segmento del mercado es uno de los que pueden tener un mayor impacto en los niveles de aprovechamiento de las tecnologías de la información --en la medida en que es allí donde se localiza el mayor valor agregado por el lado de la oferta y tiene un alto componente nacional--, en México todavía subsiste la propensión al desarrollo in-house de sistemas que, desde el punto de vista de la demanda, constituye un obstáculo crítico.

El mercado de las telecomunicaciones, y más propiamente la infraestructura para transmisión de datos y los servicios de valor agregado, ha manifestado también un aumento sustancial, para contribuir actualmente con el triple del monto global de la informática en otros rubros. Este incremento es producto de las mismas fuerzas que han estimulado los otros segmentos del mercado informático, pero que en este caso en particular se han visto reforzadas por la privatización de TELMEX y el nuevo reglamento de Telecomunicaciones, que han contribuido a atenuar un importante rezago en la oferta. En términos generales, sin embargo, el modelo seguido hasta ahora ha tendido a favorecer los requerimientos de infraestructura de los grandes usuarios, en detrimento de las medianas y pequeñas empresas.

La demanda de bienes y servicios informáticos ha crecido sin duda como consecuencia de la oferta de equipos más abundante y barata provocada por la apertura comercial, pero también ha recibido un impulso significativo por la abundante inversión en tecnología que la industria nacional está requiriendo para emprender su modernización. Un reflejo de esas necesidades apremiantes de modernización y la consiguiente incorporación de la informática en los procesos productivos, es el incremento en la

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demanda de los servicios de consultoría e integración de sistemas --a la que se hizo mención anteriormente--, y aumentos más modestos, pero manifiestos, en capacitación.

Las empresas y los grupos industriales y comerciales que han decidido participar en los mercados globales han invertido prioritariamente en informática, con diversas estrategias de inversión. Algunas han buscado alianzas con grupos extranjeros cuya principal aportación es tecnológica, a veces a un costo muy significativo; otras, como los grandes bancos, con una historia previa de inversión tecnológica exitosa, han buscado alianzas o coinversiones en algunos nichos específicos; otras más, han podido integrar una tecnología informática propia, que les ha ofrecido ventajas competitivas de gran efectividad al incorporarse en los mercados globales. En todos los casos exitosos conocidos, parecen intervenir algunos factores constantes que tienen que ver más que nada con una adecuada cultura tecnológica institucional o corporativa.

Una parte importante del mercado informático nacional --cerca del 40 por ciento-- lo constituyen los bancos y las empresas paraestatales que han sido privatizadas, muchos de los cuales presentaban al momento de su privatización una severa obsolescencia tecnológica. Pero es también notable el aumento de inversión en cómputo en el Sector Público, debido sin duda a la convicción de que la informática es una herramienta fundamental para lograr una administración pública moderna y eficiente --junto con la disponibilidad de mayores recursos, el abaratamiento de los insumos y la simplificación del marco regulatorio.

Cabe mencionar, por otra parte, que el rezago generalizado en las inversiones de sistemas en casi todos los sectores, y muy especialmente en el sector público, ha permitido que las inversiones frescas de los últimos años se traduzcan en parque instalado relativamente más moderno que el de otros países, aunque debe hacerse notar que la velocidad del cambio tecnológico puede revertir esta situación en el mediano plazo. Al mismo tiempo, sin embargo, se constatan problemas importantes en los procesos de utilización, cuya causa primordial radica en la escasa cultura tecnológica en los niveles de mando. No es de extrañar, pues, que la incorporación de tecnología informática no suela integrarse a las estrategias institucionales de modernización; pero sobre todo que, en un preocupante número de casos, la

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noción de modernización informática se limite a la mera adquisición de equipos: la informática está presente para atender los problemas operativos de las empresas, pero su utilización es mínima en los procesos de diseño y de toma de decisiones que repercuten en los niveles de competitividad.

En términos generales, la inversión en informática está desbalanceada: en comparación con otros países, la proporción de inversión y gasto en equipamiento respecto a software es muy alta, pero lo es más aún respecto a gastos de desarrollo y capacitación, lo que se traduce en una productividad de la inversión inferior a la esperada. Por su parte, la inversión en innovación e investigación es prácticamente nula.

La carencia de especialistas informáticos calificados es patente en todo el país y, entre otros efectos, se manifiesta en una elevada tasa de rotación del personal informático y en salarios proporcionalmente mayores respecto a otras profesiones. Esta escasez, que incide de forma negativa en la calidad de las estrategias tecnológicas y más aún en la utilización de estos recursos, se agudiza particularmente en los niveles intermedios y altos del sector público, por la disparidad comparativa de los salarios respecto al sector privado. A este hecho cabe agregar que la base científica y tecnológica del país en materia informática --tanto de inventores, divulgadores y promotores, como de mecanismos de promoción e intermediación-- es muy pobre, más aún que la correspondiente a otras disciplinas.

De continuar las condiciones actuales, es dudoso que México pueda participar como oferente en los mercados informáticos mundiales y es de esperarse que los costos de asimilación tecnológica se vuelvan cada vez mayores.

2.1 Sector productivo

Los productores nacionales de equipo y software han ajustado su actividad a las nuevas condiciones de distintas maneras: las grandes empresas internacionales que fabricaban equipos en México han reestructurado sus líneas de producción, para enfocarse en su mayoría hacia los mercados internacionales y para fortalecer otras líneas de negocio como la integración de sistemas. Algunas han suspendido la producción local de equipo y, en general, las exportaciones netas de este grupo bajaron hasta 1992 cuando

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empezaron a mostrar señales de repunte. Los productores estrictamente nacionales han reaccionado de forma análoga: algunos reorientaron su producción hacia nichos en los que son competitivos internacionalmente --como las tarjetas para redes o los circuitos de propósito específico--, mientras que la alianza con socios extranjeros se convirtió en uno de los mecanismos más favorecidos. Una buena proporción de estas empresas ha cerrado sus operaciones de producción para convertirse en distribuidoras de marcas importadas, aunque algunas conservan sus líneas de ensamble; y por último, aunque pocos, han aparecido nuevos inversionistas industriales en este sector, sobre todo en componentes y microcomputadoras. Una cifra que resulta indicativa de las tendencias en este sector industrial es que, de acuerdo con el Banco de México, la balanza comercial mexicana en 1993, en lo que respecta a computadoras, diminuyó en 56.73 por ciento en la exportación, y creció en 59.64 por ciento en la importación.

En lo que se refiere al software, la paquetería de importación por lo general es distribuida por los representantes de las empresas fabricantes de equipo y por representantes de los propios fabricantes de software. Estos últimos son empresas mexicanas o coinversiones, cuya transferencia al exterior ronda el 40 por ciento del precio de venta de los productos, si bien un número significativo de estas empresas realiza actividades de consultoría e integración de sistemas, además de la comercialización de paquetería.

3. Recursos Humanos

Con una oferta razonablemente extendida en el país, y algunas instituciones de notable calidad en el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Puebla, la matrícula de informática en los niveles medio superior, superior y posgrado ha mantenido una tasa de crecimiento positiva desde 1975. Para 1993, la tasa de variación anual a nivel técnico fue del 60 por ciento y la de licenciatura, aunque comienza a manifestar una tendencia decreciente, es todavía unas seis veces mayor que la tasa de crecimiento de la demanda en licenciaturas para el área de ingeniería.

La matrícula en informática a nivel superior, que se multiplicó 11.7 veces entre 1980 y 1990, se acerca ya a los 80 mil alumnos y representó en el ciclo 1992-93 el 8 por ciento de la matrícula nacional en este nivel. En el nivel

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técnico superior, sólo dentro del sistema de la Secretaría de Educación Pública se registraron casi 170 mil estudiantes.

Estas cifras sugieren una imagen favorable de la informática en la población en general, que se confirma al constatar que el 80 por ciento de los 8 millones de hogares urbanos representados en la Encuesta de Empleo Urbano en diciembre de 1992, perciben a las computadoras como "una forma de obtener mejores empleos" o como "la herramienta del futuro". Sin embargo, estos elementos positivos no reflejan con precisión la complejidad de la realidad nacional en educación, cultura y empleo en informática, aspectos que, en términos del diagnóstico, requieren un análisis diferenciado.

3.1 Educación en Informática

Es necesario establecer una distinción básica entre la educación para informáticos (o especialistas) y la educación en informática para no especialistas. La primera pretende atender las necesidades de formación de cuadros técnicos encargados de desarrollar, explotar, innovar, enseñar, diseñar e integrar soluciones para resolver problemas o mejorar procesos mediante tecnologías de información. La segunda, que en el contexto de este documento se define como cultura informática, concierne a la formación que la población en general debe tener para que tanto los individuos como las empresas públicas y privadas estén capacitados para hacer uso directo y personalizado de la informática, ante la eventual sistematización y automatización de las actividades de la vida cotidiana. Entre ambas destaca además una noción que este Grupo Consultivo ha denominado "adopción de la informática", consistente en la percepción y generalización de metodologías que eleven el número de usuarios y la calidad de las aplicaciones al interior de las empresas e instituciones.

3.1.1 Educación para especialistas

Como se mencionó anteriormente, las licenciaturas en informática representan el 8 por ciento de la matrícula nacional, proporción elevada si se compara con el 1 por ciento que se registra en Estados Unidos y Europa. Los cerca de 80 mil estudiantes de esta especialidad están inscritos en 280 programas de cerca de 150 instituciones de educación superior dispersas en

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toda la república de manera bastante uniforme.

Los programas de educación técnica en computación de la SEP preparan a una gran cantidad de especialistas en la utilización de herramientas informáticas. La gran demanda de estos programas, las opiniones y experiencias manifestadas en algunas encuestas (como la aplicada por el INEGI en la Administración Pública), y la notable participación de los egresados de estos programas de formación en algunos sectores, indican que existe una oferta adecuada, aunque este Grupo Consultivo considerara útil realizar un estudio detallado de este fenómeno y mantener una adecuada vigilancia de su evolución. Respecto a la formación técnica fuera del sistema de la SEP, el Grupo Consultivo carece de mayor información que la evidencia circunstancial de la gran popularidad --y heterogeneidad-- de esos programas.

Los programas de estudio en licenciatura, en términos generales, se agrupan alrededor de dos prototipos básicos: un modelo de "Ingeniería en Computación", con un contenido técnico proporcionalmente alto en ciencias de la computación, matemáticas e ingeniería; y un modelo de "Licenciatura en Informática", orientado primordialmente hacia la administración y la contabilidad.

En opinión de este Grupo Consultivo, la evaluación teórica de dichos programas refleja que sólo seis de los 280 programas cuentan con posibilidades reales de formación de recursos informáticos especializados, en la medida en que establecen un estrecho vínculo con la industria informática, los usuarios y los innovadores; el resto, en cambio, si bien promueve el desarrollo de la cultura informática, carece de los elementos de especialización necesarios para que los nuevos profesionistas pudieran ejercer el papel de enlace entre las nuevas tecnologías y el óptimo aprovechamiento de los recursos informáticos.

Múltiples razones detectadas parecen explicar esta situación, entre las que destaca, en primer lugar, el exceso de la demanda, cuya atención debiera canalizarse hacia una formación informática adecuada en otras carreras, como se verá en el siguiente apartado.

La segunda tiene que ver con el personal docente en particular, ámbito en el que se advierte que menos de la mitad de los profesores tienen estudios de

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informática y la proporción de profesores con doctorado en esta área es sólo del 1.9 por ciento; al mismo tiempo, en los últimos cinco años se ha reducido el número absoluto de profesores con doctorado y se ha duplicado el número de alumnos por profesor. La escasez de profesores bien preparados está relacionada con la diferencial de salarios, en la medida en que los salarios que paga la industria son, en promedio, 150 por ciento más altos que los de la academia, lo que provoca una sangría constante de profesores hacia las empresas. Pero este hecho se vincula también con oportunidades limitadas de investigación; con la escasez de estudiantes de posgrado; con deficiencias de equipamiento y material didáctico en las instituciones; con los limitados nexos entre los problemas de las empresas y las instituciones de educación superior; y, con la escasez y alto costo de la oferta de cursos de actualización específicos para la docencia.

El tercer problema se relaciona con la inflexibilidad de los programas de estudio en sí mismos, que obedece tanto a problemas de diseño estricto; a la ausencia de actualización constante de planes y programas en una disciplina que cambia vertiginosamente; y a la inexistencia de una retroalimentación formal por parte del mercado de trabajo sobre las áreas en las que habría que reforzar los programas. La gran mayoría de los programas de estudio, en realidad, se orientan a enseñar la utilización de la paquetería comercial --habilidades adecuadas para la cultura informática de los estudiantes como "usuarios de informática", pero insuficientes para un "especialista"--, y descuidan sistemáticamente la formación en los fundamentos teóricos y metodológicos de las Ciencias de la Computación, lo que provoca una deficiencia de origen entre quienes debieran estar capacitados para dirigir las estrategias informáticas de instituciones públicas o privadas; ser responsables de adquisiciones cuantiosas; o incorporar en forma innovadora la informática a los productos, procesos, servicios y prácticas cotidianas en nuestro país.

Un cuarto problema reside en el la obsolescencia de la infraestructura de cómputo de gran parte de las instituciones educativas que, si bien puede corregirse con la incorporación de una red académica nacional, actualmente no ofrece los recursos necesarios para el desarrollo de recursos humanos especializados.

Por último, es necesario mencionar que aun cuando desde hace más de diez

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años existe la Asociación de Instituciones de enseñanza de la Informática (ANIEI), se advierte una insuficiencia en los mecanismos de colaboración entre los distintos centros de enseñanza entre sí y con los centros de investigación.

En lo que se refiere al posgrado, ANUIES reporta una matrícula menor a 1 mil 500 alumnos para el ciclo 1992-93, distribuidos en 30 programas de maestría y especialización, la mayoría de los cuales están orientados a la formación en informática de profesionales de otras disciplinas. Existen, además, dos programas de doctorado en ciencias de la computación --en los que se registran en total sólo cinco estudiantes.

3.2 Cultura Informática

Por cultura informática se entiende el conjunto de conocimientos que posee todo aquel individuo que es capaz de usar en primera instancia alguna de las herramientas de la informática (hardware, software o telecomunicaciones) en forma personal y dedicada. Se supone que es también capaz de usar directamente un paquete computacional --a través de una interfaz adecuada-- y, en la medida de sus capacidades y responsabilidades, sabe aplicarlo para el desarrollo de su trabajo; ello no implicaría que la interacción la efectúe cotidianamente el mismo individuo en forma directa, sino que es capaz de utilizarlos en un momento dado.

La inexistencia de una cultura informática se revela como una de las grandes limitaciones que tiene México para aprovechar las ventajas que implica la globalización de las tecnologías de la información. Si se reconoce que estas tecnologías caracterizan ya el estilo de vida del mundo contemporáneo, la necesidad de desarrollar la cultura informática en la población infantil y juvenil se vuelve prioritaria; no obstante, la población en general y los profesionistas en particular, como usuarios potenciales, requieren atención inmediata.

En términos generales, puede decirse que la promoción de una cultura de este tipo en México está confinada fundamentalmente a las carreras que imparten informática, lo que implicaría que sólo 80 mil alumnos de licenciatura están siendo formados con ese enfoque educativo. Mientras la opinión de este Grupo es que cualquier carrera universitaria,

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independientemente de su área de concentración, debería impartir cursos y laboratorios que promovieran la cultura informática, muy pocas instituciones ofrecen educación en computación en áreas ajenas o no afines a la computación.

Por lo que respecta a los niveles básicos del sistema educativo, la incorporación de la informática es incipiente. Recientemente, algunos gobiernos estatales han iniciado programas de dotación de laboratorios a todas las escuelas públicas, cuya influencia futura dependerá de la capacitación de profesores, los modelos de enseñanza y los materiales que acompañen a esta inversión inicial.

Por su parte, los programas de educación continua en informática son escasos y enfocados a las empresas, lo que los hace costosos, y dificulta que la población en general acceda a ellos, en la medida en que los apoyos en becas se restringen a los convenios establecidos entre instituciones. Además, los mecanismos internos de las organizaciones actúan como inhibidores para que la cultura informática se promueva entre el personal en general, por lo que ésta tiende a concentrarse en los especialistas.

En los últimos años han empezado a aparecer revistas de divulgación que promueven la educación continua de los usuarios. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones son de corte comercial y no responden a las necesidades de actualización. Los programas de educación contínua de los proveedores de software y hardware son incluso más caros que los de las instituciones de educación técnica o superior, lo que limita su acceso a personal de empresas que pueden asumir el costo de esta capacitación. Por otro lado, la mayoría de estos programas se limita a capacitar a los usuarios en sus propias herramientas y no a proveerlos de un conocimiento más profundo en metodologías y conceptos de informática. Con raras excepciones, la cultura informática de los usuarios se limita al conocimiento de paquetería para labores de automatización de oficinas (e.g., hojas de cálculo, procesadores de palabras, paquetes de presentación), y se detecta un desconocimiento generalizado de otro tipo de tecnologías que pueden modificar reglas obsoletas en la operación de las organizaciones (e.g., bases de datos distribuidas, multimedia, sistemas expertos, sistemas para soporte de decisiones, sistemas ejecutivos de información, etc.).

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En cuanto a los mecanismos de difusión para la población en general, éstos se restringen a contadas publicaciones periódicas, que se caracterizan además por un enfoque meramente comercial (comparaciones de productos de automatización de oficinas, anuncios, análisis del mercado de informática), y un desapego a problemas específicos de los usuarios, a la divulgación de nociones elementales de cultura informática, o a la percepción de los beneficios de las tecnologías de la información.

3.3 Empleo en Informática

Es difícil estimar la demanda de recursos humanos especializados en informática para la industria, la docencia y la investigación. Algunas fuentes afirman que se requieren entre 7 mil y 8 mil profesionales de este tipo al año, mientras que las carreras de informática produjeron en 1991 3 mil 700 profesionales y las escuelas técnicas 4 mil. Si bien la diferencia aritmética apuntaría que la demanda está satisfecha, el problema radica en la calidad: es claro que los niveles de preparación en ese nivel son insuficientes en términos generales; hay además evidencias de que la oferta también es inadecuada e insuficiente, y que existe una sobrecapacitación relativa en el segmento de comercialización.

Estas afirmaciones se confirman con un somero examen de los niveles salariales en Informática en México. Si se comparan con el resto de Latinoamérica, el promedio mexicano es ligeramente superior a su equivalente regional; sin embargo, mientras el cuartil inferior es menor a la media latinoamericana, el cuartil superior no sólo es el mayor de toda la región, sino que en los niveles de máxima calificación supera incluso al salario norteamericano correspondiente.

Por otro lado, se advierte la carencia de recursos humanos que faciliten la interacción entre los especialistas en tecnologías de la información y otras profesiones (bridge-players), no sólo para incrementar la cultura informática, sino para detectar áreas de oportunidad, facilitar la adopción de la informática, y optimizar el gasto en productos informáticos.

4. Investigación y Desarrollo Tecnológico

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El estudio realizado por INEGI a los 28 grupos de investigación más connotados en 1992, evidenció que sólo existen 78 investigadores con doctorado, de los cuales 36 laboran en una sola institución. La mayor parte de la actividad reportada en ese estudio y casi toda la financiada por CONACYT hasta 1990 puede calificarse de "transferencia de tecnología", aunque el impacto real de dichos proyectos en la industria nacional es difícilmente cuantificable.

Más aún, de los 275 proyectos de investigación financiados por el CONACYT en 1991, ninguno fue en informática mientras que, por su parte, la actividad en investigación básica es escasa. Los datos del estudio correspondiente realizado en el primer trimestre de 1994 indican que el número de grupos de investigación se redujo a 17. De 257 proyectos reportados en el estudio, la tercera parte tienen ahora algún componente de investigación básica y otra tercera parte son exclusivamente de transferencia de tecnología. No obstante, es necesario destacar que, en particular, las áreas de Inteligencia Artificial, Computación Gráfica e Interoperabilidad cuentan con comunidades organizadas y activas y han sostenido niveles razonablemente altos de calidad. Cabe mencionar que en estas áreas hay grupos de investigación básica, investigación aplicada y docencia que aunque frágiles, han mantenido relativa estabilidad y participación en la comunidad informática internacional.

Sin embargo, este Grupo considera que, en términos generales, la investigación en tecnologías de la información es escasa, inconstante y se encuentra atomizada en grupos dispersos temática y geográficamente, aunque las razones que explican esta situación son difíciles de precisar. Por una parte, el deterioro general de los salarios académicos ha propiciado no sólo la salida de informáticos hacia la industria que ya se ha mencionado, sino la emigración de por lo menos un centenar de mexicanos que actualmente estudian o trabajan en el extranjero, para los que no existen actualmente ofertas atractivas de repatriación en la docencia y la investigación. Por otra parte, destaca la poca cohesión de la comunidad académica informática y la ausencia de criterios informáticos específicos en la evaluación de proyectos, calificaciones e importancia relativa de la informática dentro de la actividad científica y tecnológica financiada por el Estado, en la medida en que la informática no está reconocida como una

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ciencia en sí misma, estratégica para el desarrollo del país.

5. Instrumentos de Fomento y Coordinación

Actualmente existe un mecanismo de estímulo fiscal específico para la informática, resultante de la negociación entre la SECOFI y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas (CANIECE) con motivo de la apertura comercial del sector. El estímulo, que tenía vigencia hasta abril de 1993 y ha sido renovado recientemente, consiste en la acreditación a cuenta de derechos de importación de ciertos gastos de investigación y desarrollo de productos y proveedores.

En materia de Telecomunicaciones, el Instituto Mexicano de las Comunicaciones (IMC) ha asignado recursos del orden de 20 millones de nuevos pesos en los últimos seis años, que han permitido financiar parcial o totalmente cerca de 80 proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, un buen número de los cuales está relacionado o apoyado en la informática.

Los otros mecanismos de fomento son genéricos. Entre ellos los más importantes son los diversos instrumentos del CONACYT, y en especial FIDETEC de CONACYT-NAFIN, ciertos créditos para desarrollo y utilización de tecnologías de Nacional Financiera, y estímulos e instrumentos para el fomento de las exportaciones del Bancomext.

Todos estos mecanismos, sin embargo, han sido inadecuados o insuficientes para fomentar investigación, retener profesores, estimular desarrollo tecnológico, desarrollar nuevos productos o comercializar productos o servicios. No existen fondos de capital de riesgo en Informática, ni sociedades de inversión, ni cooperativas.

En lo que respecta a fondos internacionales, el Instituto Mexicano de las Comunicaciones estableció un mecanismo de registro y promoción de proyectos en el área de telecomunicaciones e informática que permitió dar coherencia durante cierto tiempo a los fondos internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Programa Intergubernamental de Informática de la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) aportaron fondos

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para media docena de proyectos nacionales y regionales cuyo monto conjunto no llegó a medio millón de dólares.

Con la derogación del dictamen de adquisiciones de los bienes y servicios informáticos al que estaba sujeta la administración pública federal, se eliminó el único instrumento coercitivo de política informática del país. En su lugar, el INEGI ha retomado funciones más efectivas de coordinación, asesoría e información. Se ha consolidado así el Comité de Informática para las Administraciones Públicas de los Estados y Municipios (CIAPEM) y se ha creado también el Comité de Informática de la Administración Pública (CAIAP), con funciones de coordinación y fomento. No obstante, no existe hasta la fecha ningún comité al seno del cual se formulen y afinen acciones que atañen al uso y fomento de la informática y que por sus atribuciones específicas involucran a las secretarías de Comercio, Educación, Comunicaciones, Relaciones Exteriores y Hacienda.

Las actividades comerciales y de producción en Informática están organizadas alrededor de la CANIECE y la ANIPCO (Asociación Nacional de Industrias de Programas de Cómputo), mientras que las asociaciones de distribuidores no han tenido actividad, a pesar de la notable abundancia de ferias, congresos y reuniones, de muy diversa temática, calidad y efectividad.

La comunidad profesional y académica se agrupa en más de 30 organizaciones también de muy diversa membresía, capacidad de convocatoria y calidad.

Desde 1992 existe un Premio de Informática que entrega la Academia Mexicana de Informática.

6. El uso de la informática en el sector público

El Grupo Consultivo ha estimado conveniente incluir un análisis específico del uso de la informática en el sector público por dos razones fundamentales: por la importancia creciente de la consideración de los ciudadanos como clientes de la administración pública --en una relación similar a la que los consumidores mantienen en los diferentes mercados--, ámbito en el que la informática juega un papel fundamental; y, por el peso específico de este sector en la planeación y normatividad de la informática

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en México. El Grupo considera que los comportamientos y actitudes que presenta el sector público en su triple rol de regulador, proveedor, y consumidor de bienes informáticos no sólo han limitado el desarrollo de estrategias informáticas de mediano y largo plazo; sino que han favorecido la difusión de dos nociones igualmente nocivas para la cultura informática nacional: la idea de que las tecnologías de la información son un coto cerrado exclusivo de especialistas; y la trivialización de la informática, en el sentido de creer que, por sí mismas, las máquinas pueden resolver cualquier problema.

El sector público, en conjunto, está sujeto a factores condicionantes característicos, que lo distinguen de otros consumidores y mercados. Dichos factores son de tres tipos: normativos, funcionales y de hábito. Los primeros reglamentan conductas de planeación, manejo de recursos, adquisiciones y personal, por citar los elementos más importantes; los segundos imponen necesidades, prioridades y estrategias de utilización que suelen ser distintos a los de otros segmentos del mercado; y los terceros, que en gran medida son producto de los anteriores, determinan resistencias, ventajas, prejuicios y oportunidades que también suelen ser peculiarmente distintos a los de otros consumidores.

Estos factores condicionantes se reflejan en elementos estructurales de este mercado. Los más importantes son: la fuerte estacionalidad sexenal (que se manifiesta no sólo en los cambios de políticas y en la rotación del personal, sino en el incremento de las inversiones de equipamiento, sobre todo entre el segundo y el tercer año de gobierno, a partir de las cuales se inician realmente los esfuerzos de utilización); el consumo por inversión es significativamente mayor que el que proviene por gasto corriente (la asignación presupuestal de inversión en informática se suele negociar para proyectos únicos, mientras que los complementos, actualizaciones y mantenimiento suelen seguir procedimientos de evaluación y negociación distintos y menos exitosos); los niveles salariales para los técnicos y especialistas en informática son los mismos que para el resto del personal técnico o administrativo, y substancialmente menores que los del mercado; en general, hay una marcada intención de autosuficiencia, que puede explicarse en parte porque los trámites para subcontratación de servicios son particularmente engorrosos, pero también como un vestigio de modos arcaicos de operación centralizada de cómputo y recursos humanos

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abundantes y bien calificados.

Pero aún cuando estos factores condicionantes distinguen al sector público de otros usuarios, la utilización de la informática al interior de este sector presenta diferencias relevantes entre las distintas dependencias y entidades. A fin de presentar una visión relativamente coherente discutiremos los modos de utilización desde varios ángulos:

6.1 Planeación

De acuerdo con la normatividad vigente, toda entidad o dependencia debería formular un plan de desarrollo informático sujeto a revisión anual o bianual, y ajustarse tanto a los planes estratégicos del sector como a las prioridades y la dinámica de la entidad respectiva. Sin embargo, esta norma fue acatada por la totalidad del sector central y las grandes paraestatales a partir de 1993, aún cuando su continuidad institucional no está garantizada. Esta falta de planeación --que puede explicarse por la debilidad de la estructura de autoridad informática de las dependencias y por la pobreza de la cultura informática en general-- ha repercutido en inversiones excesivamente concentradas que dificultan su explotación; en carteras muy desbalanceadas tanto de inversión como de gasto; y en la falta de atención a funciones críticas, como el apoyo a la alta dirección, la atención al público, las estadísticas sectoriales y la comunicación intersecretarial, por lo que puede sostenerse que sólo en forma ocasional se utiliza adecuadamente la informática como una herramienta de modernización.

6.2 Operación

Aunque en este aspecto se constata gran diversidad, pueden identificarse dependencias con operación centralizada, coordinada, dividida y dispersa. Si bien todos estos modos pudieran en principio considerarse eficaces, en la práctica son muy pocas las dependencias o entidades cuya operación responda a una estrategia específicamente definida. Los modos de operación parecen responder más bien a factores de inercia, entre los que destaca la supervivencia de planes informáticos obsoletos. Nuevamente, la falta de una autoridad clara y el bajo nivel técnico son la causa de esta situación irregular.

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6.3 Recursos Humanos

La carga de operación informática en el sector público es responsabilidad de personal con una calificación técnica baja en términos generales. Entre las más de 10 mil personas que desempeñan cargos en informática en el sector central y las tres empresas paraestatales más grandes (PEMEX, CFE y el IMSS), hay sólo 2 doctores, 32 maestros y 744 licenciados con formación en informática, y 13 doctores, 54 maestros y 786 licenciados de formación diversa. Del resto, el 29 por ciento son técnicos en informática y el 42 por ciento, personal de nivel medio superior con formación no informática. La rotación reportada durante los últimos tres años fue cercana al 25 por ciento en mandos medios y de un 20 por ciento en personal operativo. Resulta pertinente señalar que la estructura de personal informático es proporcionalmente gruesa en la base y estrecha en los niveles superiores. Esto puede explicarse en parte por los niveles salariales, aunque posiblemente también es resultado de ciertos hábitos de contratación y definición de estructuras de empleo gubernamentales y de los citados desniveles de salario respecto al mercado.

Estas cifras indican claramente una dificultad seria para atraer y mantener personal bien calificado. Esta circunstancia, aunada a la dificultad de subcontratación de servicios de asesoría y desarrollo, así como a los acendrados hábitos de autosuficiencia, evidencian el riesgo y la improductividad existentes.

6.4 Capacitación

Durante los últimos cuatro años se realizaron esfuerzos significativos de capacitación en informática en el sector público. En 1994 dio inicio un programa de especialización en informática gubernamental, dirigida a los coordinadores institucionales de informática, diseñado por el CAIAP e impartido en el INAP por especialistas de las universidades, la industria y la propia administración pública, contribuir a una formación integral de esos directivos informáticos y a la profesionalización de esa función. No se han realizado, sin embargo, programas de capacitación para funcionarios no informáticos de alto nivel, segmento altamente sensible para la

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productividad informática institucional en el sector público.

En lo que se refiere a capacitación de personal técnico informático, el esfuerzo de los últimos cuatro años en el sector central y en el paraestatal ha sido significativo, lo mismo que la capacitación en informática para personal operativo no informático. En cambio, las oportunidades de capacitación del personal en los gobiernos estatales y municipales no ha sido homogénea: mientras en los estados de Nuevo León y México han mantenido una tradición en este rubro, en la mayor parte de los otros estados la capacitación ha sido prácticamente inexistente.

6.5 Equipamiento

A pesar de las dificultades comentadas en los párrafos anteriores, los niveles de tecnología del sector público están razonablemente actualizados. Aún cuando todavía hay rezagos importantes en la inversión de hardware, hay una clara tendencia hacia tecnologías abiertas y distribuidas, y la proporción de equipo obsoleto ha descendido notablemente en los últimos dos años. La existencia de redes locales es ya un lugar común, aunque las redes extendidas (WAN's) no son frecuentes.

El uso de paquetería estandarizada está ganando terreno y es cada vez mayor el número de desarrollos institucionales de software que se intercambian o reutilizan con adaptaciones en otras dependencias o entidades. . Prueba de ello es la reciente colaboración entre gobierno federal, estados y municipios en la definición, desarrollo y ahora uso de una paquetería estandarizada para la administración de los recursos del Programa Nacional de Seguridad, o la notable itinerancia y evolución del sistema de control de presupuesto desarrollado por la SECOFI. Respecto al tema de software, debe hacerse mención a la buena disposición encontrada en las dependencias y entidades de la administración pública para la regularización y actualización de las licencias de uso de software, y la disposición de la ANIPCO y de los distribuidores de software para facilitar la atención del sector en condiciones atractivas de precio y calidad de servicio.

Recientemente, y también por conducto del CAIAP, se revisó el catálogo de la Contabilidad Gubernamental por Objeto del Gasto, para incluir en éste, o aclarar, los rubros asociados con la informática, con el fin de facilitar la

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planeación, negociación, ejercicio, administración y seguimiento del gasto e inversión en Informática. La ausencia de dicho instrumento, así como el bajo nivel otorgado a la planeación informática dentro de los ejercicios de planeación institucional, eran fuente de desbalances, omisiones y distorsiones severas en materia informática. Es de esperar que la consolidación de los comités y coordinadores institucionales de Informática, los ejercicios formales y obligatorios de planeación informática, la vigilancia del inventario de hardware y software, así como el citado catálogo contable, todo ello, contribuya a un gasto informático más sólido, balanceado y rentable.

En lo que se refiere a Bases de Datos, el desarrollo es aún incipiente. Aunque la publicación en CD-ROM de bases estadísticas y cartográficas, así como documentales se inició hace pocos años, no ha sido posible contar todavía con Bases de Datos oficiales en línea. Las bases de datos institucionales públicas tampoco existen propiamente y ése deberá ser un aspecto prioritario a desarrollar en los próximos años. En su calidad de proveedor de información, se detecta en el sector público la falta de definición de un marco de referencia para la captación y clasificación de datos estadísticos, barreras en el acceso a la información de los registros públicos y elevados costos de levantamiento de información, como consecuencia de la dispersión de las fuentes, de la duplicación de esfuerzos y de la falta de continuidad de los proyectos. Actualmente podemos afirmar, en descargo de lo anterior, que la cultura técnica es ya bastante sólida y está bastante difundida en todo el sector. Más aún, al seno del CAIAP se ha revisado y discutido para adopción con las modificaciones pertinentes, los lineamientos que respecto a Bases de Datos con información de los particulares ha emitido la OCDE.

El uso de las tecnologías de manejo de imágenes, en particular manejo de documentos y cartografía digitalizada, se ha desarrollado en los últimos dos años. Los mecanismos de financiamiento y coordinación en torno a los proyectos de Modernización de los Registros Públicos y Civiles, de los Catastros, y los programas agrarios especiales como Procede y Aserca han generado una inusitada demanda de estas tecnologías y han creado para México una oportunidad sin precedente en el mundo para establecer liderazgos en esta materia. Debemos decir sin embargo, que esa oportunidad no está siendo del todo aprovechada.

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Un número importante de entidades utilizan correo electrónico, y se prevé que la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones crecerá substancialmente en los próximos tres años.

Otras tecnologías de cómputo, como Sistemas Basados en Conocimiento, flujos de procesos y CASE, que en principio parecen ser particularmente útiles en el ámbito informático del sector público, no han sido adoptadas aún.

Todas las entidades públicas encuestadas por el INEGI reportan el monitoreo tecnológico como una de las funciones que desempeña el comité o coordinador institucional de informática.

7. Marco Normativo e Institucional

Este Grupo Consultivo considera que el marco normativo vigente que atañe a la actividad informática en México es abundante, disperso, poco coherente, de poca especificidad, y con lagunas evidentes en la utilización de la información.

Tienen competencias y atribuciones en informática las siguientes dependencias:

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en materia de industria electrónica, comercio exterior, propiedad industrial y normas.

La Secretaría de Educación Pública, en materia de educación, Derechos de Autor, Profesiones y Política Científica y Tecnológica, a través del CONACYT.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia de Telecomunicaciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de Cooperación Científica y Tecnológica.

La Secretaría de Hacienda, a quien la Ley Orgánica de la Administración Pública y su Reglamento Interior le asignan, a través del INEGI, las

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responsabilidades de fomentar el desarrollo informático nacional y regular la informática gubernamental.

Esta dispersión de competencias y atribuciones es connatural a la informática, si tomamos en cuenta su presencia en todo tipo de actividades. Sin embargo, hemos detectado que existe una responsabilidad diluida en el sector público, en la medida en que ninguna institución tiene la capacidad real ni la atribución clara de concertar y coordinar acciones para diseñar políticas; para definir estrategias nacionales o regionales; para dirimir controversias en la legislación; y, para el establecimiento de estándares aceptados entre todos los participantes de mercados específicos.

En cuanto a SECOFI, si bien el Grupo valora positivamente la apertura de fronteras en el mercado informático, considera pertinente la definición de normas para incentivar a las pequeñas y medianas empresas y para crear las condiciones necesarias para que se consoliden algunos nichos de alta productividad nacional en los que México pueda participar como oferente en los mercados globales.

El Grupo Consultivo sostiene que en la SEP hace falta una directriz clara para incluir los aspectos de cultura informática de forma efectiva en la educación básica, media y media superior, y un esfuerzo significativo para corregir la situación anómala que se ha constatado en la educación superior. Corresponde a esa secretaría, además, reconocer el papel estratégico de las tecnologías de la información en el contexto de la Política Científica y Tecnológica, y establecer con claridad la distinción entre el uso de la computación para las ciencias y las Ciencias de la Computación en sus criterios de desarrollo científico y tecnológico.

En lo que respecta a la labor de SCT, consideramos muy acertada la formulación de la Política Nacional en Telecomunicaciones, muy positivos, también, los logros del reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, la privatización de TELMEX y la creación y actividad del IMC. Consideramos que en el futuro próximo debería continuar su labor en la limitación de las condiciones monopólicas existentes en algunos rubros, así como en la promoción de la inversión privada y pública en infraestructura y servicios de valor agregado, entre otras razones, para contender con inteligencia ante el proyecto estadounidense de la "supercarretera de la información".

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Por lo que se refiere a la SHyCP, importa mencionar que el INEGI ha cumplido un papel fundamental en términos de estadística y geografía, pero en términos de política informática, ni la oficina tiene el nivel adecuado de autoridad, ni es inmune a la necesidad de atender las necesidades del INEGI como usuario masivo de las tecnologías de la información. Además, la suspensión radical del dictamen de adquisiciones gubernamentales, sin la instalación de un instrumento visible y eficaz de fomento minó severamente su autoridad, prestigio y utilidad reales.

En otro orden de ideas, el Grupo Consultivo ha detectado un vacío de legislación preocupante en materia de utilización de la información. En forma recurrente desde hace por lo menos veinte años, el tema del derecho a la información ha sido discutido como una prioridad de la agenda nacional. No obstante, la mayor parte de dichas discusiones se han centrado en el papel de los medios masivos de comunicación y la libertad de expresión, mientras que la confidencialidad de la información, aunque presente en el debate, no ha merecido la importancia que requiere. Si por un lado es fundamental la identificación de las personas en los ámbitos electoral, fiscal, de seguridad pública y de seguridad social, en contrapartida es necesario asegurar tanto el respeto de los derechos humanos en la privacidad de dicha información, como evitar la comercialización de datos personales, que ya ha comenzado a hacerse evidente en el país. Paralelamente, existen estadísticas y registros administrativos -- en particular de información geográfica y de infraestructura urbana-- cuyo acceso es necesario democratizar, no sólo en términos de economías de escala, sino porque es información pública que no ha asumido plenamente ese carácter.

En resumen, creemos que tiene sentido que el Estado regule cuando, como en el caso de telecomunicaciones, hay inversiones cuantiosas muy concentradas y la búsqueda del óptimo individual pueda alejar a la sociedad del óptimo global; o, en el caso de la confidencialidad de la información, existan derechos individuales básicos que el Estado debe garantizar. Las regulaciones deben, por tanto, orientarse al establecimiento de una infraestructura que se traduzca en competitividad de las empresas, eficiencia del gobierno y bienestar de la sociedad y los individuos. La citada infraestructura tiene que ver con información, estándares, recursos financieros, telecomunicaciones y condiciones legales y macroeconómicas

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tales que estimulen al capital privado a contribuir a la creación de esa infraestructura.