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Torrado, María Cristina; Anzelin, Ingrid, “La primera infancia en la agenda local colombiana; análisis y recomendaciones” en la III Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Childwatch International, 17 al 19 de julio, 2006 LA PRIMERA INFANCIA EN LA AGENDA LOCAL COLOM- BIANA: ANALISIS Y RECOMENDACIONES María Cristina Torrado Ingrid Anzelin Observatorio sobre Infancia Universidad Nacional de Colombia Bogotá, mayo de 2006 El análisis de la realización de los derechos de niños y niñas menores de seis años en nuestro país así como el de la política pública orientada a su fortaleci- miento, pone en evidencia la baja capacidad de los garantes –familia, Estado y comunidad– en la promoción y restitución de los derechos de los ciudadanos más jóvenes de nuestro país. Esta situación se relaciona con múltiples facto- res: la realidad social y económica caracterizada por la pobreza, la exclusión y el impacto del conflicto armado, la ausencia de un marco orientador y regula- dor de las intervenciones dirigidas a este grupo poblacional, la existencia de múltiples planes y programas desarticulados, baja inversión y precarios siste- mas de información, una visión sectorizada de las intervenciones, insuficientes coberturas y baja calidad los programas y la ineficiencia de la gestión en el ámbito local. Este desolador panorama movilizó a un numeroso grupo de actores e instituciones interesados en el desarrollo de la Primera Infancia colombiana a articularse para adelantar un proceso de formulación y puesta en práctica de una política integral que garantice el cumplimiento de los derechos a la super- vivencia, desarrollo, protección y participación de los niños y niñas más peque- ñas de nuestro país. Como resultado de este esfuerzo surgió el “Programa de apoyo para la formulación de la política de primera infancia en Colombia”, cuyo propósito fue definir un marco institucional y un sistema de gestión local, regional y nacional 1

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en la III Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Childwatch International, 17 al 19 de julio, 2006

LA PRIMERA INFANCIA EN LA AGENDA LOCAL COLOM-

BIANA: ANALISIS Y RECOMENDACIONES

María Cristina Torrado Ingrid Anzelin

Observatorio sobre Infancia Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, mayo de 2006

El análisis de la realización de los derechos de niños y niñas menores de seis

años en nuestro país así como el de la política pública orientada a su fortaleci-

miento, pone en evidencia la baja capacidad de los garantes –familia, Estado y

comunidad– en la promoción y restitución de los derechos de los ciudadanos

más jóvenes de nuestro país. Esta situación se relaciona con múltiples facto-

res: la realidad social y económica caracterizada por la pobreza, la exclusión y

el impacto del conflicto armado, la ausencia de un marco orientador y regula-

dor de las intervenciones dirigidas a este grupo poblacional, la existencia de

múltiples planes y programas desarticulados, baja inversión y precarios siste-

mas de información, una visión sectorizada de las intervenciones, insuficientes

coberturas y baja calidad los programas y la ineficiencia de la gestión en el

ámbito local.

Este desolador panorama movilizó a un numeroso grupo de actores e

instituciones interesados en el desarrollo de la Primera Infancia colombiana a

articularse para adelantar un proceso de formulación y puesta en práctica de

una política integral que garantice el cumplimiento de los derechos a la super-

vivencia, desarrollo, protección y participación de los niños y niñas más peque-

ñas de nuestro país.

Como resultado de este esfuerzo surgió el “Programa de apoyo para la

formulación de la política de primera infancia en Colombia”, cuyo propósito fue

definir un marco institucional y un sistema de gestión local, regional y nacional

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que permita garantizar los derechos, ampliar coberturas, mejorar la calidad del

programa y buscar estrategias que permitan empoderar a las familias y la co-

munidad para la atención integral en Primera infancia.

El programa de apoyo adoptó una perspectiva de derechos como el mar-

co comprensivo más amplio de desarrollo humano, en el que se tejió como

principio orientador la corresponsabilidad familia-Estado-sociedad civil. Así

mismo se basó en un enfoque de derechos, territorial y poblacional (de la ges-

tación hasta los seis años).

Para alcanzar estos objetivos, el programa se organizó en torno a los si-

guientes componentes:

• Mapeo de Investigación. Su objetivo es el levantamiento de un registro

de investigaciones pertinentes a la política y la consolidación de la red

de grupos universitarios y de investigación con programas de niñez.

• Sistematización de experiencias regionales. Su propósito es dar a la polí-

tica la perspectiva de procesos locales y regionales de atención integral,

movilización social y construcción de actores sociales de la Política.

• Formación de talento humano. La meta de este componente es el desa-

rrollo de un programa de formación de talento humano y el mejoramien-

to de la cobertura y calidad en la atención y educación de la primera

infancia.

• Sistema de seguimiento y evaluación. Su objetivo es el diseño de una

metodología para la gestión y el seguimiento del proceso de aplicación

de la política.

• Lectura en la Primera Infancia. Su meta es proponer rutas de acción que

garanticen la formación inicial de usuarios de la lengua escrita en los di-

versos ámbitos (familia, escuela, bibliotecas y comunidad)

• Comunicación y evaluación. Este componente tiene por meta la comuni-

cación y movilización para la construcción de la política de primera in-

fancia y la divulgación de sus resultados, identificando escenarios y

públicos, así como las herramientas necesarias para cada uno de éstos.

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• Gestión y Desarrollo Local: Componente objeto de nuestro trabajo expli-

cado a continuación.

En este marco nuestro trabajo como Componente de Gestión y desarrollo local

giró entorno al diseño y desarrollo de estrategias para fortalecer la responsabi-

lidad e iniciativa local y regional en la protección integral de Primera infancia;

de igual forma a contribuir al mejoramiento de la capacidad de planeación,

gestión y movilización social de los municipios en la promoción de los derechos

de la población infantil menor de seis años, incluyendo las madres gestantes.

Para desarrollar esta iniciativa desde noviembre de 2004 se conformó un

equipo que trabajo, liderado por el Observatorio de Infancia de la Universidad

Nacional de Colombia y con la participación del DABS, ICBF, UNICEF, Ministerio

de la protección social, Federación Colombiana de Municipios, Fondo para la

Acción Ambiental y la niñez y CINDE; y se articuló metodológicamente con el

proceso realizado por la Procuraduría, el ICBF y UNICEF en el programa “Muni-

cipios y Departamentos por la infancia y adolescencia”.

El componente trazó como estrategia de trabajo el análisis de experien-

cias de gestión y desarrollo municipal en primera infancia, con el fin de identifi-

car buenas prácticas y reconocer dificultades que permitieran alimentar la

política en construcción incorporando la perspectiva territorial.

Después de una cuidadosa investigación el componente identificó siete

experiencias municipales que cumplían uno o varios de los siguientes criterios:

incluían el tema de Primera infancia en su plan de desarrollo, demostraban in-

tervenciones y mejoramiento de la calidad de vida de los niños de 0 a 6 años

en su municipio ó movilización social en torno al tema. Estas experiencias se

dieron cita en el taller “Gestión Local” del II Foro Internacional de movilización

por la Primera Infancia, desarrollado en el mes de Junio del 2005 con el fin de

compartir experiencias e iniciar un proceso de reflexión sobre el lugar de la

primera infancia en las agendas locales.

Después del Foro el equipo del componente visitó cada uno de estos

municipios para realizar un análisis, caracterización y balance de estas expe-

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riencias municipales y desarrollar un ejercicio de reflexión por medio del desa-

rrollo del taller “Cinco metas claves para mejorar la calidad de vida de los ni-

ños y niñas menores de seis años en el escenario local”1; taller que tiene por

objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las y los tomadores de deci-

siones del municipio en el tema de Primera Infancia, el conocimiento de las

experiencias promovidas por el municipio frente a este grupo poblacional y el

fomento de la reflexión y aplicación de buenas prácticas de gestión municipal

en otros municipios invitados.

Con base en los resultados obtenidos del anterior proceso, se construyó

este texto que tiene por meta analizar el tema de la gestión y desarrollo local

como aporte a la formulación de la Política Pública de Primera Infancia en Co-

lombia.

EL MUNICIPIO COLOMBIANO A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991

Latinoamérica vive desde finales de los años 70, un proceso de transformacio-

nes estructurales que la enfrentan a regular la estructura económica y política

de cada uno de sus países, no solo por ser escenarios de una profunda crisis

económica, sino por el carácter regresivo de los indicadores sociales, la eviden-

te pérdida de legitimidad del gobierno frente a sus contextos locales y la preca-

ria capacidad de representación social y política en cada uno de estos

contextos.

Con sorprendente simultaneidad, casi todos los países latinoamericanos

emprendieron reformas estatales orientados a promover la modernización ins-

titucional y administrativa, las reformas, muchas veces inscritas o dinamizadas

por procesos constitucionales constituyentes, focalizaron sus objetivos en tres

ejes centrales: la privatización, la desregulación y la descentralización.2

1 Las metas propuestas fueron: disminuir el bajo peso al nacer, disminuir la mortalidad infantil, mejorar las oportunidades para el desarrollo infantil, promover el buen trato y mejorar la cober-tura de agua potable. 2 Citado por Pilar Gaitán y Carlos Moreno en PODER LOCAL “Realidad y utopía de la descentrali-zación en Colombia”, Instituto de Estudios Políticos U. N. -1994- Pág. 24.

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La descentralización se concibe como una pieza clave y recurso estraté-

gico de reformismo estatal, que ajusta las economías del área, le apunta a la

modernización estatal, la desconcentración de conflictos internos y la promo-

ción de políticas adecuadas al contexto. Para Carlos Artman3 la descentraliza-

ción no es solo una forma de concebir el funcionamiento del Estado, sino

también una forma de articular y repartir el poder en una sociedad democráti-

ca. La descentralización tienen que ver esencialmente, con la transferencia de

poder y no solo con ajustes administrativos y su éxito depende de la posibili-

dad de que los actores locales protagonicen conjuntamente las acciones a fa-

vor del desarrollo; su fin es liberar sus fuerzas creativas y colectivas,

permitiendo profundizar en la democracia y en la creación y mantenimiento de

las condiciones requeridas para la creación de entornos innovadores que pro-

muevan el desarrollo económico y social.

Es importante recalcar que a partir de los procesos de descentraliza-

ción, los países latinoamericanos entran en un proceso de reorgani-

zación institucional en cada rama del poder público, delimitando el

nivel de centralidad de cada institución y la asignación de funciones

en los nuevos ámbitos territoriales

Según Gaitán y Moreno4, uno de los puntos centrales de la descentralización

apunta al desarrollo de estrategias tendientes a modificar las relaciones entre

le Estado central, las regiones y provincias y las localidades. Para estos autores

la necesidad de modificar el excesivo centralismo del Estado se manifiesta en

el diseño de políticas de descentralización fiscal y administrativa, para alcanzar

una mayor racionalización y eficiencia de la administración pública. Dichas polí-

ticas expresan una gama de posibilidades que van desde la reasignación de

competencias y recursos, hasta el fortalecimiento de la cogestión y la planea-

3 En “Identidad regional y articulación de los actores sociales en el proceso de desarrollo regio-nal”. Publicado por el Instituto de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. 4 Idem.

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ción local. Segundo, en todos los casos puede advertirse el propósito de rede-

finir las relaciones entre el Estado y sociedad civil. Este objeto se traduce

en la formulación de una serie de estrategias encaminadas a despolitizar,

cooptar o integrar las crecientes demandas de la población para acceder al sis-

tema productivo y de consumo, y por ampliar los espacios de participación

política y social.

La descentralización en Colombia

La Constitución de 1991 establece que Colombia es un Estado organizado en

forma de república unitaria (es decir, un Estado que mantiene unidad de man-

do supremo, unidad en todas las ramas legislativas, las administrativas de jus-

ticia y políticas que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional) y

dividido en entidades territoriales que gozan de autonomía administrativa y

financiera para la gestión. Son entidades territoriales los departamentos, los

distritos, los municipios y los territorios indígenas, y se gobierna por autorida-

des propias elegidas por votación popular. Sus funciones básicas son adminis-

trativas, de planeación, coordinación, de prestación de servicios y de

promoción de la participación ciudadana.

El Departamento es una entidad territorial que ejerce funciones adminis-

trativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de in-

termediación entre la Nación y los municipios, y de prestación de determinados

servicios. Es autónomo en la administración seccional, la planificación y promo-

ción del desarrollo económico y social en de su territorio; y su mantenimiento

estará a cargo del gobernador. Al ser intermediario, debe administrar y distribuir

el situado fiscal (recursos cedidos por la Nación) y apoyar y promover las políti-

cas nacionales a nivel municipal y de la acción municipal ante la Nación.

La entidad fundamental de la división política administrativa colombiana

actual es el municipio; y la ley 136 de 1994 es su artículo 3 señala que son sus

funciones prestar los servicios públicos que determina la ley, ordenar el desa-

rrollo del territorio y construir las obras que demande el progreso social, pro-

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mover la participación y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes,

planificar el desarrollo económico, social y ambiental del territorio y solucionar

las necesidades insatisfechas de salud, educación , agua potable y saneamien-

to ambiental, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte,

haciendo énfasis en la niñez, la tercera edad y sectores discapacitados direc-

tamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con el depar-

tamento y la nación.5

Como entidad primaria, el municipio debe desarrollar las principales ac-

ciones a que el Estado está obligado como consecuencia de la concepción del

Estado Social de Derecho que establece la Constitución. Es el escenario en

donde se deben poner en práctica los postulados constitucionales de acción

estatal, democracia participativa, planeación del desarrollo y participación co-

munitaria. Así mismo el municipio se encuentra regido bajo una serie de leyes,

decretos y reglamentos bajo los cuales debe guiar su actuar6.

5 Las cursivas son nuestras. 6 El municipio está amparado bajo el Código de Régimen Municipal Colombiano (Ley 136 de 1994; Ley 177 de 1994 y Ley 617 de 2000), el Régimen Fiscal y Financiero Municipal (Ley 610 de 2000; Ley 42 de 1993; Ley 819 de 2003; Ley 863 de 2003), el Régimen Contractual: (Ley 80 de 1993), Régimen Disciplinario (Ley 190 de 1995; Ley 734 de 2002), Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades (Ley 821 de 2003), Régimen de Carrera Administrativa (Ley 443 de 1998 y Ley 909 de 2004), Régimen del Ordenamiento Territorial (Ley 338 de 1997 y de 902 de 2004), Mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 1994), el Régimen de Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003) y el Sistema Nacional de Transferencias (Ley 715 de 2001)

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Los municipios colombianos han sido clasificados en categorías aten-

diendo a su población y sus recursos fiscales, clasificación que se relaciona

también con las condiciones socioeconómicas y el desarrollo institucional. A

continuación se presenta el sistema de clasificación adoptado por la Ley 136 de

1994:

CATEGORIA POBLACIÓN INGRESOS CORRIEN-TES ANUALES

ESPECIAL Superior o igual a

500.001 Más de 400.000

PRIMERA 100.001-500.000 100.000-400.000

SEGUNDA 50.001-100.000 50.000-100.000

TERCERA 30.001-50.000 30.000-50.000

CUARTA 15.001-30.000 15.000-30.000

QUINTA 7.001-15.000 5.000-15.000

SEXTA Igual o inferior a 7.000 No superiores a 5.000

Ley 136 de 1994 (Reformada parcialmente por la Ley 177 de 1994 y la Leyes 169 y 617 de

2000)

Esta clasificación es un indicador de la diversidad de los municipios colombia-

nos y de manera especial de las brechas en cuanto a sus capacidades para

aplicar las normas y directrices frente a la descentralización y en particular pa-

ra trabajar de manera autónoma. A ello se agrega la heterogeneidad de los

procesos de descentralización, pues mientras algunos sectores como salud y

educación han avanzado significativamente, otros como el bienestar social se

siguen manejando desde el nivel central. Nos encontramos entonces, frente a

un proceso de descentralización desigual y muy complejo.

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La organización y gestión del municipio

Según García (2001)7 el municipio será representado por el Alcalde, quien

está encargado de la administración municipal, será la primera autoridad de la

policía del municipio, el ordenador del gasto y representante legal de la entidad

territorial. Así mismo el municipio tendrá un Personero, a quien le correspon-

de representar los intereses de la colectividad y del ciudadano ante los orga-

nismos administrativos y además defiende sus intereses ante las autoridades

judiciales; un Contralor, quien ejerce la vigilancia fiscal del municipio; de un

Concejo Municipal, encargado de ordenar por medio de acuerdos lo conve-

niente para la administración del municipio y una Junta Administradora Lo-

cal que es quien presenta al concejo municipal los proyectos relacionados a

sus funciones, recomienda la aprobación determinadas impuestos y contribu-

ciones y promueve la activa participación de los ciudadanos en asuntos locales

A nivel municipal, Colombia ha concertado la implementación de un es-

pacio participativo de trabajo denominado Consejo de Política Social. Este

espacio, conformado por representantes de los organismos gubernamentales,

ONG y organizaciones comunitarias, apunta a la construcción de procesos diri-

gidos al diseño y control de la política social, la acción intersectorial e inter-

institucional, y la articulación de su trabajo con la elaboración de la agenda

pública para poder incidir en la formulación de la política social territorial.

La administración municipal utiliza los planes de desarrollo para orientar

su acción hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, garantizar

unas mejores condiciones de la calidad de vida de la población, satisfacer sus

necesidades básicas y lograr un eficiente uso de los recursos durante un tiem-

po determinado. Cada candidato debe presentar un plan de gobierno que al ser

elegido se concretará en el Plan de Desarrollo de su periodo, y que se materia-

lizará en programas y en proyectos.

7 En “Guía para la gestión municipal” PROCOMUN (2001).

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El plan de desarrollo es el instrumento por el cual se definen las estrategias,

políticas, programas y proyectos que hagan posible el desarrollo físico del terri-

torio y la utilización del suelo en términos de equidad y sustentabilidad con el

medio ambiente y los patrones sociales y culturales desarrollados sobre el

mismo. El Plan consta de un diagnóstico real del municipio, un análisis contex-

tual de las características que comprenden cada una de las problemáticas

diagnosticadas, las acciones que se necesitan emprender, los recursos con los

que cuenta y las posibilidades reales de intervención. En otras palabras priori-

zar los problemas y trazar las estrategias.

Los planes de desarrollo, según la legislación vigente, deben constar de dos

partes:

• Parte general: en don de se consignan las estrategias, las prioridades y

se hace un diagnóstico. El diagnóstico permite identificar la realidad, pa-

ra esto es importante hacer consultas a la población.

• Parte de Inversiones de mediano y largo plazo: en donde se ponen las

cifras concretas en el presupuesto anual y el Plan Anual de Caja (PAC), a

las consideraciones hechas en la parte general y que debe tener las ca-

racterísticas de un plan anual que consigne las metas de inversión que

debe alcanzar

El plan de desarrollo debe abarcar el plan de ordenamiento territorial, que

consiste en un complemento que permite una apropiada organización político-

administrativa de la Nación, y la proyección espacial de las políticas de desa-

rrollo social, económico, ambiental y cultural de la sociedad, garantizando un

nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente.

Para la financiación del plan de desarrollo, la elaboración del presupues-

to de inversión y la consolidación realista del plan anual de caja, PAC, los al-

caldes deben armonizar la capacidad interna del municipio para generar

recursos o sea los impuestos, la participación del municipio en los ingresos co-

rrientes de la nación, la posibilidad de movilizar recursos de cofinanciación del

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orden nacional y los empréstitos municipales deben ser recursos complementa-

rios a los anteriores y deben tener como base la Ley de Endeudamiento (Ley

385/97).

La Constitución de 1991 a través de sus artículos 356 y 357 establece el

derecho de los municipios a ser participes de los ingresos corrientes de la Na-

ción. Estos artículos fueron reglamentados en la Ley 715 del 2001, en la que

se crea el Sistema General de Participaciones, cuyo objetivo es la financiación

de los servicios que define la ley. El porcentaje que se les transfiere a las enti-

dades territoriales se determina por la categoría del municipio, las necesidades

básicas insatisfechas de los pobladores en relación con el promedio nacional,

su eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en la calidad de

vida de sus pobladores8.

El presupuesto del municipio es la estimación de los ingresos que se re-

caudarán durante la vigencia fiscal (un año), como los gastos de su funciona-

miento, de deuda y de inversión a los cuales se puede comprometer con base

en los ingresos. Se exige a cada entidad territorial que su presupuesto guarde

concordancia con el contenido del plan de desarrollo, el plan plurianual de in-

versiones y el proceso de planeación y que ninguna autoridad podrá efectuar

gastos públicos, erogaciones con cargos al tesoro o transferir crédito alguno,

que no figure en el presupuesto.

Los ingresos propios del municipio se recaudan a través de ingresos tri-

butarios (impuesto predial, de circulación y transito, de industria y comercio..)

y no tributarios (tasas y tarifas por la utilización de espacios/servicios públicos,

multas, infracciones, explotaciones, arrendamientos, aportes y auxilios nacio-

8 La transferencia de los recursos asignados a los municipios esta sujeta a una serie de reglas entre las que se encuentra que el 30% ha de destinarse a educación, el 25% para salud, el 20% para agua potable y saneamiento básico, el 5% educación física, recreación, deporte, cultura y tiempo libre y el 20% para libre inversión (establecido en el plan de desarrollo). Los municipios podrán acceder a recursos adicionales de los ingresos corrientes de la Nación por medio de los respectivos departamentos, a quienes le son destinados recursos llamados del situado fiscal, según el número de usuarios potenciales y actuales de los servicios de salud y educación. Su distribución entre municipios es concertada según los programas de ampliación de cobertura o mejora de la calidad de dichos servicios. Los departamentos deben asignar del total el 60% para educación, el 20% para salud y el 20% entre los sectores según los programas concertados.

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nales y departamentales, participaciones de los ingresos corrientes de la nación,

regalías, participaciones departamentales…). Con respecto a los ingresos que se

obtengan por regalías, la ley 141 de 1994 establece que se destinaran a la pro-

moción de la minería (20%), la preservación del medio ambiente (20%) y la fi-

nanciación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los

planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales (59%).

Con el fin de garantizar una gestión transparente, la Constitución política

de Colombia declara como derecho fundamental de todo ciudadano el derecho

a la participación en la toma de decisiones, en la planeación, gestión, ejecución

y control de la actividad pública. Para asegurar la participación, la constitución

consagró diferentes mecanismos de acción social que permiten a la sociedad

civil intervenir más activamente en el proceso de toma de decisiones y de eje-

cución de planes y programas de beneficio común en los diferentes niveles de

la vida pública, haciendo énfasis en el nivel local, pues es allí en donde la dis-

tancia Estado-sociedad civil es menos apabullante y, al mismo tiempo, en don-

de la participación ciudadana puede ser más efectiva.

Los mecanismos de participación consagrados son la Iniciativa popular

legislativa y normativa, el referendo, el cabildo abierto, la acción de tutela, la

acción de cumplimiento, la veeduría ciudadana, la acción popular y de grupo,

el derecho de petición, la audiencia pública, la revocatoria al mandato Referen-

do constitucional, el Plebiscito, la consulta popular y la audiencia pública. Así

mismo encontramos que existen otros espacios y dinámicas de participación

ciudadana orientados a la movilización y el control social.

Dificultades de la descentralización

Los expertos en el tema plantean que la descentralización en Colombia ha

asignado nuevas responsabilidades a los gobiernos locales y modificado enti-

dades nacionales encargadas previamente de su cumplimiento, especialmente

en los sectores de educación, salud y agua potable y saneamiento básico.

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De esta manera se ha fomentado la legitimidad política de los gobiernos

locales y ha dispuesto de crecientes recursos para su gestión. Este es un rasgo

especialmente importante en el caso colombiano, donde la participación de las

transferencias se acerca al 50% de los ingresos corrientes de la nación9. Así

mismo este proceso se ha concentrado principalmente en la distribución de

funciones y de transferencias en materia de política social y de provisión de

servicios públicos.

Darío Restrepo10 plantea que la descentralización ha traído consigo va-

rias tensiones que animan la nueva geografía de las relaciones al interior de la

nación. Por una parte, mayor autonomía de los entes territoriales del centro,

es decir más participación de la riqueza nacional, mayor libertad de asignación

local de recursos transferidos, protagonismo en asuntos de interés nacional y

autodeterminación en perfiles de desarrollo local. En la otra dirección pugnan

fuerzas importantes que justifican recortar transferencias, intervenir los mode-

los de gestión local, recentralizar recursos y supeditar las agendas locales a las

centrales.

Este proceso que ha vivido Colombia, en el sentido que ha tenido más

en cuenta la diversidad de los territorios que la componen, implica también la

“territorialización” de las políticas públicas. Para Restrepo11 esto implica que ha

sido beneficioso en la medida que es imposible hacer políticas uniformes para

categorías de municipios y departamentos tan dispares en posibilidades de de-

sarrollo institucional y económico. Determina también que la el tipo de descen-

tralización aun no ha abierto el campo total de autonomía de las entidades

territoriales, debido a que aun múltiples leyes nacionales, la intervención de los

ministerios y de los órganos técnico financieros sobre los gobiernos locales,

coartan su libertad, determinan el destino de los recursos y los modelos de

gestión que deben adoptar en la prestación de las funciones y competencias

9 Alberto Maldonado “La experiencia de desarrollo económico local en el municipio de Pensilvania Colombia” Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 10 En: “Crisis del centralismo y nuevos retos para las entidades territoriales: una mirada desde Colombia” Cuadernos del Cendes v. 21, n.57, Caracas, sep. 2004. 11 Idem.

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descentralizadas. Por lo tanto, la responsabilidad por los productos de la

descentralización sigue siendo incierta, ya que en buena parte los resultados

en salud y educación son imputables al crecimiento del gasto nacional en estos

sectores y a los modelos de gestión dictados desde la nación.

Es lógico que un proceso de fortalecimiento en la capacidad de gestión,

lleva implícita una total confianza en que su estructura administrativa actual es

suficiente para asumir las nuevas responsabilidades, pero la pregunta es si es-

tarán realmente preparados los municipios para todas sus funciones, si su es-

tructura administrativa y capacidad técnica puede asumir de manera integral

estás nuevas habilidades.

El reto para Colombia es hacer de esta descentralización un proceso

adecuado para garantizar las condiciones mínimas de impacto en un territorio,

en cuanto a capacidad de gestión y voluntad política de hacerse cargo del de-

sarrollo local, así mismo es importante fortalecer las relaciones que se mantie-

nen entre los actores, las instituciones y las distintas instancias del nivel

regional y nacional.

RESPONSABILIDADES E INSTRUMENTOS DEL MUNICIPIO PARA

LA GESTIÓN A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA

La Primera Infancia es la etapa de desarrollo comprendida entre el momento

de la concepción y los seis años de edad. Es un periodo crítico para el proceso

de conformación y evolución cerebral y el desarrollo psicológico, motriz, afecti-

vo e intelectual. Los expertos en el tema enfatizan que el desarrollo de los ni-

ños y niñas en este periodo de vida está determinado en gran parte por el

ambiente físico, psicosocial y familiar que lo rodea, de ahí la importancia del

cuidado que se debe dar desde todos los niveles de atención, en donde la res-

ponsabilidad se hace extensiva no solo a su familia, sino a la comunidad a la

cual pertenece, así como a las autoridades locales y políticas del Estado.

Colombia ha adoptado una serie de acuerdos internacionales a favor de

la infancia, así mismo ha formulado una serie de leyes, normas y directrices de

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obligatorio cumplimiento por parte de los municipios, que sin ser muchas de

ellas exclusivas para la primera infancia cobijan a este grupo poblacional desde

diferentes ópticas12. Estas directrices deberían guiar potencialmente las accio-

nes de los municipios y por tanto orientar su plan de desarrollo; pero como se

vislumbró en el estudio desarrollado por la Procuraduría y UNICEF13, la mayor

parte de los municipios no incorpora a en su plan de desarrollo la implementa-

ción de dichas acciones debido a problemas en la planeación y gestión local, la

cual no se orienta a garantizar el desarrollo y protección de la infancia colom-

biana y a asumir responsablemente y con respuestas de calidad los retos na-

cionales y territoriales.

Este estudio determinó el grado de inclusión de la infancia, la adolescen-

cia y el ambiente sano en el marco de las garantías de los derechos fundamen-

tales de la infancia; a partir de la revisión de 32 planes de desarrollo

departamentales y 964 municipales.

12 Tomado del Estudio realizado entre la Procuraduría, UNICEF e ICBF “Municipios y Departa-mentos por la infancia y la adolescencia” (2005). Las leyes, normas acuerdos asumidos por Co-lombia son: Convención Internacional de los Derechos del niño (aprobada por la ley 51 de 1981), Cumbre mundial sobre el Desarrollo Social (1995), Declaración de los Derechos del niño (1959), Declaración del Milenio, aprobada en la cumbre del milenio de la Naciones Unidas (2000), Declaración aprobada en la Sesión especial de la Asamblea general de la ONU a favor de la infancia (2002), Constitución política de Colombia Art. 44 (derechos de la niñez), Ley 715 de 2001 que define las normas orgánicas en materia de recursos y competencias para organizar la prestación de servicios de educación, salud y servicios públicos y domiciliarios, Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y se establecen normas para la planeación y el monitoreo de la salud en las entidades territoriales, Ley 854 de 2002 sobre la protección integral de la Familia, Ley 9 de 1979, por la cual se dictan normas para la protección de la niñez y se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Circular 18 de 2004 donde se definen las directrices para el Plan de Atención básica (PAB), De-creto 1137 de 1991, sobre el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Decreto 2309 de 2002, que define el Sistema obligatorio de Garantía de la calidad de la Atención en Salud, Acuerdo 244 de 2002 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSSS, Decreto 2131 de 2003, por medio del cual se reglamenta la atención en salud a la población desplazada por la violencia, Acuerdo 290 del 2005 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por el cual se define la distribución de los recursos FOSYGA para la ampliación del Régimen Subsidiado, Acuerdo 229 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, que define actividades y presupuesto de las actividades y presupuesto de las actividades de promoción y prevención del régimen subsi-diado. 13 “La Infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo departamentales y municipales” (2004)

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Los resultados del estudio evidencian que el grado de inclusión de la

primera infancia en los diagnósticos y en la formulación estratégica

de los planes de desarrollo municipal varían significativamente: en

los temas de mortalidad materna, lactancia materna y registro civil,

el grado de inclusión tanto en el diagnóstico como en la formulación

es mínimo, es decir que menos del 30%; en los temas de atención

prenatal, inmunización y mortalidad infantil se observa que el grado

de inclusión en el diagnóstico es moderado, (entre el 31% y el

60%), mientras que el tema de inmunización se ubica dentro de la

formulación estratégica e el rango de inclusión considerable (más del

61%)… es claro que la posibilidad de que los niños y niñas tengan un

mejor comienzo en la vida , no solamente para sobrevivir, sino para

desarrollar su potencial, depende de la voluntad política de los go-

bernantes.14

A continuación se presentarán las acciones que por ley ha de implementar un

municipio, que se refieren a la atención de la primera infancia y la promoción

de sus derechos, tal como se definen en la Convención Internacional de los

Derechos del Niño:

Con respecto a los derechos de supervivencia, la ley 715 de 2001 deter-

mina que es una obligación del municipio Formular, ejecutar y evaluar pla-

nes, programas y proyectos en salud en armonía con las políticas y

disposiciones del orden nacional y departamental, gestionar y supervisar el

acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de su ju-

risdicción y priorizar el gasto por estructura poblacional y perfil epidemioló-

gico.15 Así mismo debe financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen

14 Pág 102 .”La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo depar-tamentales y municipales” 15 Los municipios certificados a 31 de julio de 2001 que hayan asumido la prestación de los servicios de salud, podrán continuar haciéndolo, si cumplen con la reglamentación que se esta-blezca dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley. Ningún municipio podrá asu-

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Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los

recursos destinados a tal fin.

En este marco, con respecto a salud pública el municipio debe formular,

ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal (Circular Externa No

18) Por medio del PAB debe priorizar la reducción de enfermedades inmu-

noprevenibles, prevalentes de la infancia y mortalidad infantil16, la imple-

mentación de la Política de Salud Sexual y Reproductiva17, la Prevención y

control de enfermedades transmitidas por vectores, la promoción de estilos

de vida saludable para la prevención y control de las enfermedades cróni-

cas, el fortalecimiento del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición e im-

plementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,

la reducción del impacto en salud de la violencia. Adicionalmente el ICBF

adelanta programas de recuperación nutricional y desayunos infantiles, con

beneficiarios de todas las edades, incluyendo los menores de 6 años.

El tema de agua potable y saneamiento básico se hace necesario

pues las enfermedades transmitidas por agua son causa importante de

mortalidad y morbilidad infantil y afectan considerablemente su calidad de

vida. La Ley 142 y 715 establecen que es competencia de los municipios

asegurar a la población que se presten de manera eficiente, los servicios

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

En los derechos al pleno desarrollo, debe recordarse que además de la

educación inicial en este grupo se incluye el acceso a la recreación y la cul-

tura así como un entorno familiar seguro.

mir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y están obligados a articu-larse a la red departamental. Adquirir los servicios mediante modalidades de pago, que sean consistentes con la cantidad y el valor de los servicios efectivamente prestados. Priorizar el gas-to de acuerdo con el perfil epidemiológico de esta población. 16 Acciones entre las que se encuentran el aumento en coberturas de vacunación, bajar la inci-dencia de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, tétanos, difteria entre otras., dismi-nuir la mortalidad infantil por causa de EDA e IRA, e implementación de estrategias como AIEPI y IAMI) 17 Entre las que se encuentra la reducción de la mortalidad materna evitable, bajar la incidencia de sífilis congénita y bajar la incidencia de embarazos en adolescentes.

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En materia educativa la ley 115 de 1994 establece el nivel preescolar, que

comprende tres grados y se orienta a promover el desarrollo integral del ni-

ño en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y es-

piritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.

La ley establece que para este nivel existe un Grado obligatorio para niños

menores de seis (6) años de edad, y determina que en los municipios don-

de la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se generali-

zará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales

que tengan primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados

a partir de la vigencia de dicha Ley.

Con base en la resolución 1515 del 3 de julio del 2003 del Ministerio de

Educación, se precisa que la edad mínima para ingresar al grado transición

es de 5 años cumplidos a la fecha de inicio del calendario escolar, que los

municipios no certificados serán responsables de coordinar y aplicar las di-

rectrices establecidas por los Departamentos. Así mismo establece que cada

entidad debe coordinar con las entidades de Bienestar Social o Familiar la

identificación de niños la asignación de cupo para grado cero en estableci-

mientos educativos oficiales con el fin de garantizar el acceso y la continui-

dad en el sistema educativo.

La revista Educación Compromiso de todos18 plantea que según el

Ministerio de Educación la matrícula en pre-jardín, jardín y transición

fue de 1.143.291 niños en 2003 y para 2004 la cobertura bruta en

transición fue de 41%. De acuerdo con el DANE, actualmente hay

unos 6.600.000 niños entre 0 y 6 años, esto implica que aún con-

tando con una cobertura bruta del 100% en transición solo se cubri-

ría el 29% de los menores de 6 años (hay unos 1.906.131 niños

entre 5 y 6 años). Por esto los expertos fueron enfáticos en la nece-

18 En su edición no 8 de Enero de 2006. Por:.Casa Editorial El Tiempo, Plan Internacional, Fun-dación Corona, Fundación Restrepo Barco, Corporación Región, UNICEF.

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sidad de aumentar la cobertura en pre jardín, jardín y transición, y

en las modalidades formales e informales de atención dirigidas a los

menores. También reiteraron la importancia de ofrecer cobertura con

calidad: “Los primeros años de vida son clave para el desarrollo de

los niños”, reiteraron así mismo que según Juana Inés Díaz, vicemi-

nistro de Educación Básica y Media, el Gobierno iniciará un proceso

para llegar en el mediano plazo a coberturas totales para los niños

entre 3 y 5 años pertenecientes a los niveles de Sisben 1, 2 y 3. Pa-

ra esto es fundamental el esfuerzo de las entidades territoriales: “en

la medida en que lleguen a una cobertura del 80% en transición, la

Ley exige que empiecen a cubrir los otros grados”, afirmó Díaz. Por

su parte Gledys Foliaco de Visión Mundial llamó la atención sobre la

necesidad de desarrollar el marco legal para la política de educación

inicial. “No hay algo específico para el rango de edad de 0 a 5 años

ni en la Ley 715 de 2001, ni en la Ley General de Educación (Ley

115 de 1993). Esto genera un vacío respecto a los conectores que

deben existir entre la educación inicial y la básica”, dijo

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha gene-

rado distintas modalidades de atención entre las que se encuentran los

Hogares Infantiles, Lactantes y preescolares, Atención Materno Infantil,

Hogares Comunitarios del Bienestar (Hogares comunitarios de bienestar

tradicionales, Hogares comunitarios empresariales, Hogares comunitarios

grupales, Hogares múltiples y Hogares comunitarios FAMI). Es importante

reiterar que es el ICBF la institución con mayor presencia nacional y quien

logra las mayores coberturas de atención directa a la primera infancia19;

19 Por Hogares Infantiles. 125 mil niños por año, lo que significa una cobertura cercana al 2% de la población menor de 6 años, Lactantes y preescolares. El número de beneficiarios en los dos últimos años está por el orden de los 20.000 niños. Materno infantil. En el año 2005, el ICBF logró atender a 206.857 beneficiarios del programa, lo que significó un aumento cercano al 5% respecto al año anterior Hogares comunitarios de bienestar. 844.167 en 2005. Respecto del total de menores de 6 años en el último año, la población atendida representa una cobertura de 15,3% que aunada al grupo atendido a través de los hogares infantiles del ICBF implica una

19

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pero cabe aclarar que a nivel municipal las autoridades locales no pueden

intervenir en las acciones realizadas por el ICBF debido a que este no está

descentralizado y es desde nivel central donde se toman las decisiones de

implementación e inversión.20

Así mismo en la ley 789 de 2002 artículo 16, numerales 5 y 6 establece

que las cajas de compensación familiar se encargará de administrar jar-

dines sociales de atención integral a niños y niñas de 0 a 6 años, propiedad

de entidades territoriales públicas o privadas. En la destinación de estos re-

cursos las cajas podrán atender niños cuyas familias no estén afiliadas a la

Caja respectiva. Que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien

definirá de manera general los estándares de calidad que deberá cumplir la

infraestructura de los jardines sociales para la atención integral de niños o

niñas para que la entidad pueda ser habilitada. Cuando se trate de jardines

de propiedad de entes territoriales, la forma de contratación de cada pro-

grama de estos Jardines será definida mediante convenio tripartito entre la

respectiva Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bien-

estar Familiar y el ejecutivo del ente territorial.

Con respecto a Recreación y Deporte, el municipio por la ley 181 y

715 debe proponer el plan local del deporte, recreación y el aprovecha-

miento del tiempo libre efectuando su seguimiento y evaluación con la par-

ticipación comunitaria que establece esta ley. En cuanto al acceso a los

bienes culturales debe señalarse que la Ley general de cultura y sus desa-

rrollos posteriores no precisan obligaciones ni acciones concretas relaciona-

das con la primera infancia a pesar de la enorme importancia que en este

momento de la vida tiene la literatura, el juego y el arte.

Por su parte en la ley 789 de 2002 articulo 16, numerales 5 y 6 estable-

ce que las cajas de compensación, a través de los programas que a ellas

participación de la entidad al cuidado de la primera infancia, cercana al 17% de la población total en esa fase del ciclo de vida. 20 Es importante recalcar que hay zonas del país en las que no hay presencia del Instituto

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corresponda, se encargarán de las actividades de subsidio en dinero; re-

creación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cul-

tura, museos, bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos,

jardines sociales o programas de atención integral para niños y niñas de 0 a

6 años.

Frente al derecho de protección el municipio cuenta con el siguiente grupo

de entidades que velan por la garantía de este derecho de la siguiente ma-

nera: Fiscalía: realiza funciones de naturaleza constitucional y legal en la

recepción de denuncias, investigación de delitos y medidas de protección a

victimas El Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI): recibe denun-

cias, evalúa la información para judicializar a las personas y realiza captu-

ras previa orden de la autoridad competente, trabajando siempre como

apoyo de la Fiscalía. Instituto Colombiano de Bienestar Familia21r: Toma

medidas de protección de niños y niñas en situación de riesgo, así mismo

ejerce funciones de vigilancia. Desde esta institución se promueve Haz Paz,

un programa de atención terapéutica cuyo objetivo es brindarle psicoterapia

al núcleo familiar, trabajando tanto en el niño como con la familia. El Insti-

tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses responde por el funcio-

namiento del sistema de información para el registro y vigilancia de casos

de violencia. Comando de Inspección de Policía recibe las denuncias y remi-

te a las entidades correspondientes; así mismo desarrolla programas de

prevención y promoción. Desde la Alcaldía y Gobernación se debe promover

la garantía del derecho a través de las Secretarías de Salud, Gobierno y

Educación pueden adelantar diferentes programas preventivos y educativos,

y prestar atención profesional a las víctimas y a los agresores. El Juzgado

de Familia: Investiga y resuelve las denuncias recibidas. La Personería Mu-

nicipal Entre sus funciones está vigilar y promover el respeto a los derechos

humanos y velar por los derechos de las víctimas. Para los personeros es

21 Frente a este grupo poblacional el ICBF cuenta con otros programas de protección especial dirigidas a niños con discapacidad, en situación de abandono o peligro

21

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obligación acudir a las audiencias cuando la víctima sea un menor de edad

o persona con discapacidad.

Tener esta diversa heterogeneidad de instituciones dificulta en parte el

abordaje que desde el municipio se hace por garantizar la protección del

menor, evidenciándose la dificultad de trabajo en red, y la disminución de

cobertura y calidad de la atención.

• En relación con los derechos de participación y cultura es claro que mu-

chas normas y reglamentaciones promueven la participación de adultos y

cuidadores en la promoción de derechos de la primera infancia, así mismo

existen algunas experiencias con niños. En cualquier caso el ejercicio de la

participación de niños y niñas requiere la construcción de relaciones demo-

cráticas en todos los contextos de socialización.

Frente a este tema, el Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacio-

nal22 pudo identificar que con relación a las leyes nacionales frente a este

tema, Colombia propuso la Ley General de Cultura 2001-2010, cuyo eje

fundamental la construcción de una ciudadanía democrática cultural. En es-

te plan la Primera Infancia no es reconocida en pleno, pero frente a la in-

fancia hay algunos elementos de políticas y estrategias, que aunque son

apenas un esbozo, resultan significativos en su reconocimiento como agen-

tes culturales y políticos. El plan propone que en el campo de la participa-

ción se promueva la integración de un marco concertado de política de

Estado entre lo educativo y lo cultural; el mejoramiento de la calidad y au-

mento de la cobertura de la educación artística y cultural formal, no formal

e informal incluyente, y la integración de la relación comunicación, educa-

ción y cultura en la creación de espacios de comunicación y medios de par-

ticipación de la infancia en proceso educativos que se dan dentro y fuera de

22 Un estado del arte sobre políticas culturales, ciudadanía y niñez (2005).

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las fronteras de la escuela y a partir del reconocimiento de sus especificida-

des culturales.

De esta ley se crea la Dirección de Infancia y Juventud fue creada

como respuesta a las problemáticas de esta población pero también como

mecanismo para visibilizar la infancia como agente cultural, acorde con la

propuesta de cultura concebida desde de la Ley general de Cultura. Este úl-

timo proyecto surge como respuesta a la necesidad de información, interlo-

cución, interacción y socialización, para lo cual se crea la Red de

Organización de la Infancia –ROCIN–, que hace parte del Sistema de Infor-

mación Cultural del Ministerio de Cultura.

El Observatorio encuentra que a nivel Regional La Ley General de Cultu-

ra promueve en las regiones o departamentos la formulación de sus propios

Planes de Cultura, en consecuencia con la idea de una política cultural

adaptada a los contextos locales. Efectivamente todos los departamentos

del país iniciaron en esta administración la elaboración de sus Planes de

Cultura o que al menos incluyeron dentro de los Planes de Desarrollo y de

Acción Institucional, alguna mención a lo cultural.

El estudio plantea que además de la ley General de Cultura, Colombia

también cuenta con el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas; Plan Nacional

de Música para la Convivencia; Plan Nacional de Cultura y Convivencia. Es-

tos planes están orientados en su formulación a buscar el compromiso acti-

vo y permanente de las instancias gubernamentales y consolidar los

Consejos Municipales De Cultura y los Consejos Departamentales de áreas

artísticas, así como algunos Consejos departamentales de comunicación

ciudadana y comunitaria. Adicionalmente se equipara la noción de cultura

con la de formación artística, y la ciudadanía con la convivencia.

El estudio concluye que los programas y/o proyectos son formulados en

general, no recogen una indagación previa de las prácticas culturales infan-

tiles manifiestas en los departamentos, por el contrario, están más circuns-

critos a los lineamientos de una cultura institucional que tradicionalmente

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delimita la cultura y lo cultural en el país, pero es notoria la emergencia de

temas antes no muy relevantes como la formación, o incluso la importancia

y legitimidad cultural de las fiestas tradiciones.

Con relación a la participación o papel de los niños en los planes, se

plantea que aunque hay definidos proyectos y acciones para la población in-

fantil o juvenil, no es claro el papel de ésta como gestora de los procesos

culturales sino que aparece como receptora de la “oferta cultural” que tiene

prevista cada departamento, para responder a los lineamientos de los Pla-

nes de Cultura Nacional.

Como puede observarse, la promoción de los derechos durante la Primera In-

fancia cuenta con un cierto respaldo jurídico y normativo, con algunos recursos

financieros asegurados, así como planes y programas para orientar la interven-

ción del municipio a su favor; pero la pregunta es porque a pesar de esto se

evidencian unos diagnósticos tan alarmantes en la atención, articulación de las

acciones y calidad de vida de los niños y niñas de 0 a 6 años? Cómo podemos

pasar del marco legislativo al desarrollo de una política pública y en particular

a su incorporación en las agendas locales?

En este sentido el Procurador23 señala que la garantía de los Derechos

de los niños es una obligación del Estado, pero a pesar de ser esto una obliga-

ción, la inclusión del tema en los planes de desarrollo –como instrumentos que

determinan las prioridades de intervención en el municipio–, demuestra que en

la mayoría de los casos el municipio no cuenta con un sistema de información

adecuado que monitoree la calidad de vida de los niños y niñas y por tanto es

difícil determinar la magnitud de las problemáticas que les afectan y por tanto

son pocos programas en los planes de desarrollo que protejan sus derechos.

Sería reduccionista afirmar que las condiciones de vida de la Primera In-

fancia son debidas únicamente a la desatención de los mandatarios; también

está ligada a otros factores que limitan la capacidad de los actores locales en

23 Estudio Procuraduría, ICBF; UNICEF “Municipios y departamentos por la Infancia y la Adoles-cencia” (2005).

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términos de recursos. Al respecto debe señalarse que muchas veces se trans-

fieren responsabilidades a los gobiernos locales sin asignar recursos suficientes

o se expiden leyes del orden nacional que imponen a los municipios cargas que

afectan sus ingresos corrientes, excediéndolos, más aun cuando muchas de las

intervenciones que se realizan podrían verse beneficiadas si se trabajara desde

una óptica mas integradora y menos sectorial.

En efecto, uno de los principales problemas que enfrentan los entes te-

rritoriales en Colombia es la prevalencia y fortaleza de políticas públicas secto-

riales con la consecuente dificultad de coordinación, articulación intersectorial,

problema que se agudiza cuando se proponen políticas públicas para un grupo

poblacional, en este caso la Primera Infancia, ya que al tratar de implementar

programas articulados cada uno de los sectores maneja unas reglas de juego

particulares y lineamientos que determinan un patrón de acción difícil de modi-

ficar. La perspectiva poblacional exige que los diferentes sectores se compro-

metan con unos objetivos comunes en materia de bienestar de los niños y

niñas, los cuales podrían ser pactados en el Consejo de Política Social.

Tal como se mostró al comienzo de este capítulo, la Primera Infancia ne-

cesita de intervenciones integrales, ya que “todos” los procesos que se están

dando en el niño se dan al mismo tiempo. Por tanto promover políticas, planes

y programas con enfoque poblacional garantiza no solo una valoración articu-

lada, que incluya la diversidad y heterogeneidad de los contextos sociales, polí-

ticos, económicos y culturales de los territorios en donde se encuentran estos

grupos, sino el esfuerzo y determinación se trabajo articulado, complementario

y sostenible.

Conocer a donde debemos llegar no necesariamente nos indica como

hacerlo, por eso acogemos la propuesta presentada por analistas internaciona-

les que coinciden en señalar la necesidad de “municipalizar los derechos de la

niñez y la adolescencia”24. Esta expresión es un reconocimiento a la importan-

24 Pedro hurtado vega “El desarrollo municipal y su vínculo con los derechos de la niñez y la ado-lescencia” Managua, 2004.

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cia del desarrollo local para avanzar en el cumplimiento de los derechos de ni-

ños y niñas, en este sentido es indispensable que “la niñez y la adolescencia,

sus intereses y derechos estén integrados en agendas institucionales y socia-

les, en planes de gobierno y en planes de desarrollo de los municipios”25

PRIMERA INFANCIA Y DESARROLLO LOCAL… UN CÍRCULO VIRTUOSO

En la búsqueda de alternativas para municipalizar los derechos el tema del de-

sarrollo local adquiere una especial importancia. Cabe aclarar que al tipo de

desarrollo local al cual le apuntamos centra su atención en una dimensión inte-

gral, que no solo incluye el crecimiento económico y una mejor distribución de

la riqueza, sino que contiene una transformación de las relaciones entre perso-

nas, grupos y clases, que incrementan la participación, la iniciativa y la igual-

dad. En otras palabras un crecimiento económico con impacto social,

entendiendo impacto como mejora en la calidad de vida de la población.

Lo que hace interesante esta perspectiva de desarrollo es la visualización

de lo “local”, pensar en un proceso “desde abajo”, que va de lo particular a lo

general; supone pensar una región, una localidad, un municipio. Cuando se

introduce la palabra local se asocia con un territorio y población particular, con

redes y relaciones sociales internas y externas inequiparables a otros contex-

tos; y es precisamente esto lo que busca el desarrollo local, desencadenar di-

námicas que conduzcan al aprovechamiento óptimo de las potencialidades de

ese contexto local, y la articulación eficiente de la comunidad, con el nivel mu-

nicipal, departamental y nacional, sin renunciar a los intereses sectoriales par-

ticulares.

El desarrollo local es un proceso de cambio natural o planificado que

transforma la estructura económica, social, educativa y política de una comu-

nidad, municipio, Estado o país, de tal manera que sus integrantes pasan de

una etapa particular a otra más elevada en términos económicos y sociales,

25 Idem.

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que les permite fortalecer sus valores así como sus raíces y mejorar sus condi-

ciones de vida26. Por tanto es importante promover como estrategia de desa-

rrollo la garantía de los derechos de su población, interviniendo desde sus

primeros años de vida, ya que este tipo de intervenciones mejora considera-

blemente la calidad de vida de toda la Comunidad.

La lógica de desarrollo local aparece claramente como una alternativa

para hacerle frente a problemas apremiantes de nuestra población, problemas

a los que no se les administrado una adecuada intervención desde la lógica

centralista y que tal como se conoce no ha mostrado los resultados esperados,

sino que por el contrario arroja más niños, niñas, familias en situación de po-

breza, de inequidad, de discriminación y exclusión social. El caso de Colombia

es dramático y estos últimos diez años han mostrado modelos de desarrollo

equívocos a nuestra realidad social, poco acordes nuestro proceso particular y

a las diversas lógicas sociales, culturales y sectoriales y locales que se mane-

jan en cada uno de nuestros municipios.

Esta propuesta puede parecer una utopía en contextos donde no hay

gobiernos locales sólidos, efectivos y responsables, con dificultades de auto-

nomía del orden central y con recursos mínimos de mantenimiento; pero todo

es parte de un proceso de construcción que necesita movilización y participa-

ción comunitaria, apoyo técnico y fortalecimiento institucional.

Es importante resaltar que para que haya un desarrollo local articulado,

especialmente cuando se trabaja desde un enfoque poblacional, el apoyo de los

ámbitos de trabajo privados, comunitarios e internacionales son fundamenta-

les, ya que no solo dan una mirada distinta a los enfoques gubernamentales, si

no que dan un carácter participativo a la política pública.

26 Citado por el Instituto Mexicano de Desarrollo Social -Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social-

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Primera Infancia como estrategia de desarrollo

El Instituto de Desarrollo Internacional de Ámsterdam dirigido por Jacques Van

Der Gaag27, ha hecho una serie de estudios para demostrar en la que se de-

terminan los beneficios de las intervenciones e inversiones en Primera Infancia

en el desarrollo de la comunidad.

A través de estudios longitudinales se ha demostrado que los niños de

comunidades en las que se ha intervenido en Programas que mejoren la cali-

dad de vida de los menores de seis años, gozan de mejor salud, disfrutan más

de los juegos y pueden tener redes sociales más fortalecidas; así mismo se

presentan coeficientes de inteligencia más alto que el promedio y mejores des-

trezas de razonamiento; se muestran así mismo como niños que están dis-

puestos a aprender, índices casi nulos de deserción escolar, mejor desempeño

en la escuela y que posteriormente siguen dentro del sistema educativo con

altas probabilidades de continuar en niveles mas altos de educación. Los resul-

tados de la investigación muestran que a 20 años, estos sujetos presentan me-

jores ingresos, generan un mejor entorno para sus propios hijos, un ambiente

físico mas adecuado, mayor cohesión social, reducción de la pobreza y la caída

en la tasa de fertilidad, todo acompañado de menor violencia y criminalidad;

evidenciando con esto como a mayor inversión e intervención, mejores condi-

ciones de vida para la primera infancia, mejoras en la calidad de vida presente

y proyectiva de los habitantes de municipio o por ende mejoras en la calidad

de vida de la Nación.

Cuando se habla desde una lógica poblacional en los temas de primera

infancia y desarrollo local las metas sectoriales pierden importancia y gana

primer plano la calidad de vida integral y el compromiso con mejorarla de una

manera más radical. Sin embargo muchos documentos hoy en día siguen plan-

teando el desarrollo de su contexto local a partir de metas sectoriales que no

logran articularse entre si, dificultando acciones conjuntas que incidan en la

27 Ponencia “Del desarrollo infantil al desarrollo humano” En: Primera Infancia y Desarrollo. 2003. ICBF

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en la III Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Childwatch International, 17 al 19 de julio, 2006

calidad de vida de la población; lo que es una pena realmente, porque a pesar

de tanto esfuerzo, tanta gestión, y tantos recursos esa centración sectorial,

que olvida lo poblacional y lo local, no nos esta llevando a un mismo lugar y le

estamos apuntando a metas desconectadas que no tendrán incidencia alguna a

largo plazo.

¿Y las autoridades locales?

Si bien corresponde al nivel nacional la formulación de lineamientos de la polí-

tica pública para la primera infancia, las posibilidades de hacerla realidad se

encuentran estrechamente ligadas a la iniciativa y capacidad de las autorida-

des locales para generar nuevos espacios (a nivel departamental, municipal,

veredal, barrial) y para tomar la decisión política de avanzar técnica y operati-

vamente en el tema. Las autoridades locales tienen la capacidad de

comprometer a los corresponsables en la protección a la primera infancia, no

solo a través de mejores servicios sino de manera especial impulsando el

mejoramiento de las condiciones sociales y materiales que rodean a niños y

niñas durante los primeros años de vida.

Es en el nivel local es donde se da la articulación de los actores así como

la operacionalización de la política de primera infancia. Son las autoridades lo-

cales las llamados a dinamizar, orientar y concertar, la ejecución de una políti-

ca, con sus respectivas acciones y destinación de recursos de acuerdo con el

conocimiento de sus realidades, de tal manera que les permita distribuirlos pa-

ra responder a necesidades y problemáticas propias y específicas, desarrollan-

do y haciendo uso de sus facultades otorgadas por la constitución y la ley

colombiana. El Estado, al abrir espacios de participación en los municipios y

localidades, brinda la posibilidad de canalizar las aspiraciones de la comunidad,

y generar poder al otorgar autonomía de decisión y de recursos.

Dependiendo de la unión de los esfuerzos locales se logrará garantizar a

nivel social, familiar, comunitario y político condiciones que aseguren el resta-

blecimiento y realización plena de los derechos fundamentales de niños y ni-

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ñas. En este punto es importante resaltar la función del Municipio y el rol que

cumplen los Consejos de Política Social, espacio para la construcción y eje-

cución de políticas públicas sustentables y estables. Debe ser un espacio que

trascienda la sola gestión conjunta de Estado, Sociedad y Familia hacia facilitar

desde lo público, el proceso constante de la construcción conjunta de políticas

estructurales que garanticen la inversión de recursos en la política de niñez.

El Consejo de Política Social posibilita la articulación del SNBF; facilita los

espacios para que la construcción de la política pública se desarrolle desde y

con la comunidad. Es esta construcción participativa de políticas públicas, lo

que garantiza el proceso de descentralización es la participación, entendida

como la acción comunicativa que permite la construcción de democracia. Enfa-

tizamos nuevamente la importancia del contexto local, en este caso el munici-

pio, como escenario indispensable de trabajo por la primera infancia, ya

que es allí donde se debe hacer efectiva la atención a la primera infancia con

base en las leyes, resoluciones, políticas y directrices.

APRENDIENDO DE LAS EXPERIENCIAS MUNICIPALES

Como se mencionó en la introducción, parte de nuestro trabajo fue identificar

experiencias municipales significativas donde se hace evidente que invertir en

recursos económicos y humanos en Primera Infancia, generar modelos de

orientación específicos a este grupo poblacional y fomentar la corresponsabili-

dad es posible; y ver como estos esfuerzos e inversiones no solo son una con-

secuencia del desarrollo de un municipio sino parte importante de la

generación del mismo.

A partir de los criterios establecidos por el componente28, se selecciona-

ron siete municipios que además de cumplir uno o varios de estos criterios,

28 La selección de municipios con experiencias exitosas estuvo amparada bajo los siguientes criterios establecidos por nuestra mesa de trabajo:

1. Inclusión del tema de primera infancia en el plan de desarrollo ; entendida como la vo-luntad política de posicionar la primera infancia e intervenir las principales problemáti-cas o situaciones que afectan a esta franja poblacional.

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Torrado, María Cristina; Anzelin, Ingrid, “La primera infancia en la agenda local colombiana; análisis y recomendaciones”

en la III Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Childwatch International, 17 al 19 de julio, 2006

diera cuenta de la diversidad municipal colombiana por población y ubicación

territorial. Los municipios seleccionados fueron Guatapé (Antioquia), Puerto

Inírida (Guainía), Dos Quebradas (Risaralda), Pasto (Nariño), Sampués (Su-

cre), Bucaramanga (Santander) y Neiva (Huila)29.

Cada uno de los municipios visitados presentó características diversas en

cuanto a población, categoría, nivel de ingresos, costumbres, cultura, forma-

ción y perfil de sus funcionarios; por tanto los análisis que aquí se muestra no

se pueden generalizar en la medida que cada municipio posee unas caracterís-

ticas particulares en función de su contexto.

Del conocimiento y análisis de las experiencias municipales selecciona-

das, pudimos identificar elementos claves que contribuyen a fortalecer una

gestión municipal orientada al desarrollo local en la cual la calidad de vida de la

primera infancia sea reconocida como una meta fundamental. En este sentido

resulta de interés la convergencia con la propuesta planteada por Pedro Hurta-

do30 según la cual la estrategia general para el cumplimiento de los DDNN en el

ámbito municipal, la municipalización de los derechos de la niñez y la adoles-

cencia es trabajar por conseguir el siguiente estado de cosas en el municipio:

2. Evidencia de intervención e inversión en la primera infancia; se refiere al desarrollo

de programas, proyectos o acciones dirigidas a intervenir las principales problemáticas o situaciones que afectan a niñas y niños en este ciclo de vida.

3. Mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de niños y niñas de 0 a 6 años; expresa el cambio positivo en el comportamiento de indicadores trazadores como mortalidad materna, mortalidad infantil, bajo peso al nacer, desnutrición aguda y cróni-ca y cobertura en programas de educación inicial desde el año 2000.

4. Movilización Social en la primera infancia; existencia de redes que lideren el tema, comités que se dediquen a trabajar de manera general o particular alguna situación problemática que afecta a este grupo o consejos de política social activos como expre-sión de coordinación, intersectorialidad, cogestión y uso racional de los recursos.

29 Ver Fichas técnicas. Anexo 1. 30 Municipalización de los derechos de la infancia.

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Torrado, María Cristina; Anzelin, Ingrid, “La primera infancia en la agenda local colombiana; análisis y recomendaciones”

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Elementos claves para la Municipalización de los Derechos de la Prime-

ra Infancia

A continuación presentaremos las características que a nuestro juicio facilitan y

promueven la inclusión y trabajo sobre la primera infancia en el municipio;

posterior a la definición de cada uno de éstos se presentan características que

facilitan o dificultan su desenvolvimiento:

1. Voluntad Política: este elemento hace referencia a la voluntad de los

políticos y de aquellos que participan de manera evidente en la vida polí-

tica del municipio. Esta voluntad hace referencia al reconocimiento, inte-

rés, apoyo y movilización por le trabajo con la Primera Infancia.

La voluntad política es un factor indispensable en la medida que facilita la

inclusión del tema en el plan de desarrollo y la prioridad por intervenir en

él; por esto las dificultades con las que se encuentra el municipio cuando no

hay voluntad política de acción frente al tema, debido a que a pesar del in-

terés de algunas instituciones por desarrollar acciones frente a este grupo

poblacional, éstas serán reducidos en la medida que apelarán a contexto

sectoriales o institucionales. La diferencia de contar con una voluntad políti-

ca es no solo aumentar la probabilidad de financiamiento de los procesos,

sino posicionamiento de los niños y niñas del municipio como sujetos de

atención y reconocimiento; sumando a esto la obligación del Estado en ca-

beza de los funcionarios municipales por la corresponsabilidad establecido

por la Declaración de los derechos del niño.

Un problema detectado en uno de lo municipios es cuando el desarrollo de

la Primera Infancia se asume casi exclusivamente por actores políticos que

están regidos por un periodo de tiempo determinado, en la medida que su

liderazgo pierde vigencia, al no ser integrado equitativamente con linea-

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mientos programáticos y accionarios institucionales del municipio que ga-

ranticen sostenibilidad en los siguientes periodos de gobierno.

Necesitamos un gobierno municipal que conozca e interprete la situación de la Primera Infancia y el estado de cumplimiento de sus derechos en el territorio por la vía de dia-

gnósticos, consultas a niñez, investigaciones, etc. Alcaldes, secretarías, instituciones etc. que no solo respalden los derechos sino que también los promuevan

2. Capacidad Técnica, de Gestión e Intervención: Esta capacidad hace

referencia no solo a la capacidad del municipio por alcanzar los objetivos

comunes que ha definido en sus planes de desarrollo empleando para

esto sus recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros; sino que

también tiene en cuenta el nivel de conocimiento, destrezas y habilida-

des técnicas especializadas para el trabajo con la primera infancia y su

capacidad de acción sobre sus realidades o problemáticas determinadas.

De la capacidad de gestión, técnica y de intervención se pueden decir mu-

chas cosas; una de ellas es que un municipio con una baja capacidad de

gestión frente al tema de Primera Infancia genera dificultades por alcanzar

los objetivos que fueron planteados, es decir que no solo se debe contar

con buenas intenciones sino generar espacios de gestión que garanticen y

promuevan las acciones planeadas con los recursos que e cuentan. Así por

ejemplo un municipio con bajos recursos tecnológicos, físicos, humanos o

financieros, o que haga un mal uso de ellos genera un estancamiento en el

proceso de desarrollo de este grupo poblacional, caso que como hemos

mostrado en repetidas ocasiones, es realmente problemático en la medida

que las acciones que no se desarrollen en este momento de vida de los ni-

ños y las niñas no se desarrollaran posteriormente.

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Hay que tener en cuenta que hablar de capacidad de gestión implica inte-

gralidad, es decir una gestión que responda a todos los derechos de los ni-

ños y niñas, no solo a unos derechos particulares como los de

supervivencia; ya que estaríamos sesgados a perder una visión integral del

desarrollo del infante. En la medida que no se priorice el tema en otros ám-

bitos que garanticen la efectividad de las acciones de otros grupos de dere-

cho igual de importantes, continuaremos interviniendo con una visión

asistencialista para la infancia.

Con respecto a la capacidad técnica, la mayoría de los municipios permitie-

ron ver que es por ésta (entendida como conocimiento en Primera Infancia,

destrezas y habilidades especializadas de los funcionarios) que el tema es

reconocido, propuesto como eje de desarrollo local y mantenido en el tiem-

po. Es importante recalcar la importancia de la capacidad técnica encontra-

da en los funcionarios del ICBF y las ONG que trabajan con esta población

debido a su alto grado de capacitación en el tema y el apoyo a las institu-

ciones y sociedad del municipio.

3. C

n

p

lo

Necesitamos un Municipio con recursos humanos e institucionales habilitados para la promoción, defensa, cumplimiento y monitoreo de los derechos de la primera in-

fancia. (Ejemplo: existencia de su Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia, yde un Alcalde o Gobierno Municipal Amigo de la Niñez, integrante de la Red del

mismo nombre; además, personal capacitado en la promoción de DDNN y personal de instituciones conscientes del papel de éstas en relación a los DDNN).

oordinación Interinstitucional: Proceso de avance de las institucio-

es del municipio hacia metas compartidas, implica su capacidad de

royectarse a largo plazo y actuar organizada y sistemáticamente para

grar los objetivos que se ha impuesto.

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Nos parece importante resaltar que uno de los problemas más recurrente

que encontramos en los municipios es la ausencia de un trabajo Intersecto-

rial coordinado; especialmente en el campo de la protección. Y lo conside-

ramos problema en la medida que para que haya un desarrollo local frente

al tema es necesario la articulación de programas, proyectos y demás con

el fin de hacer eficientes los recursos físicos, humanos, financieros etc. No

podemos desconocer que cada uno de los sectores y las instituciones mane-

jan recursos y lineamientos de acción distintos; pero se ha hecho visible en

experiencias municipales exitosas como la de Guatapé que es posible hacer

acuerdos de trabajo frente a grupos poblacionales determinados, que ga-

ranticen una atención integral y de calidad haciendo uso eficiente de los re-

cursos destinados.

La ausencia de un marco intersectorial se hace evidente cuando los niños

son atendidos en distintos programas que ofrecen casi los mismos servicios

(multiprogramas); lo que de un manera organizada se podría evitar, gene-

rando programas integrales que se puedan alimentar desde distintas lógicas

de trabajo, daría mayor cobertura y permitiría coordinar recursos intersecto-

riales entre los que se encuentran los financieros y de redes de información.

P

De

4.

ara la adopción de los principios que fundamentan los derechos de la Primera Infancia;las instituciones y organizaciones en el municipio y el conjunto social necesitan de unalabor permanente y sistemática de sensibilización y educación en derechos humanos. igual manera municipios con instituciones y organizaciones que interactúan de manera articulada en pro de los derechos de la primera infancia, cada quien cumpliendo lo que le corresponde, implicando con esto la ampliación de la base social e institucional en apoyo a los derechos, mediante el establecimiento de acuerdos y alianzas con sectores

grados de responsabilidad en relación a la Primera Infanccon ia.

Sostenibilidad: Condición o característica referida a la capacidad del

municipio por darle continuidad a los procesos, planes, programas y

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proyectos que evidencian mejoramiento en las condiciones de vida de

los niños de 0 a 6 años

El tema de sostenibilidad es un punto álgido en este análisis en la medida que

los programas que conocimos en estos contextos locales no nos permiten vis-

lumbrar sostenibilidad en el tiempo por varias razones. Por una parte un plan

que se desarrolle desde un programa de gobierno y que no halla generado me-

canismos para ser incluido en el siguiente programa de gobierno tiende a des-

aparecer, ya que no habría nadie que lo lideré abiertamente. Por otra parte

pudimos ver que muchos de los programas y proyectos de Primera Infancia

están a cargo de personas-funcionarios y no de instituciones o sectores deter-

minados, corriendo el riesgo que cuando hay remoción de cargos, los progra-

mas pierden fuerza, sea por empate con los funcionarios que entran o por la

falta de interés estos nuevos funcionarios. Hacemos la claridad de este tópico

en la medida que es distinto cuando un funcionario llega a una institución y

ésta tiene el tema como una prioridad y por tanto obligación del funcionario

por mantener, a cuando la prioridad esta en la persona o funcionario, sin es-

tructurarse dentro de la institución.

Uno de los municipios atento a este problema nos mostró una estrategia de

trabajo realmente novedosa por generar sostenibilidad, y es cuando la comu-

nidad y los funcionarios se empoderan del desarrollo de estos programas y

proyectos de tal manera que empiezan a generar procesos de demanda a los

alcaldes que llegan con el fin de que los proyectos, de los cuales son beneficia-

rios, sean mantenidos y mejorados. En otras palabras, lograron que la comuni-

dad y la sociedad civil de la mano de sus funcionarios se apropiaran del

desarrollo de su contexto local y terminan generándolo y sosteniéndolo.

Necesitamos municipios que postulen la Primera Infancia como meta prioritaria de trabajo, garantizando con esto su mantenimiento en la agenda pública del municipioindependiente al periodo de gobierno y en la mejora y calidad de los servicios presta-

dos en pro de la garantía y restitución de sus derechos

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5. Movilización Social: Estrategias de participación efectiva de los habi-

tantes del municipio, en la cual se convocan voluntades para actuar en

la búsqueda de un trabajo en común, bajo a interpretación y sentido

compartido.

E

f

6.

Much

los m

terno

ONG

al de

funcio

garan

de las

DesInsti

Necesitamos un municipio que promueva la participación de la Primera Infancia, en los ámbitos de la vida privada y pública.

n lo privado: familia, escuela e interacción social. En lo público: aportando a la dinámica del municipio desde sus propios intereses (ejemplo: por medio de la participación de sus amiliares como voceros de sus derechos, en procesos de consulta para la planeación rela-cionada a los derechos de la niñez; mesas sociales y de niñez; espacios y organizaciones propias). La participación de la niñez --un derecho en sí mismo--, busca su plena integra-ción social en todos los órdenes y ámbitos de vida, reafirmando su condición de ser sujeto

social, con derechos y responsabilidades de acuerdo a su edad y desarrollo.

Acompañamiento: Modalidad de apoyo y capacitación a funcionarios y

habitantes del municipio en el tema de la Primera Infancia por parte de

la sede departamental, nacional o internacional con el fin de mejorar la

calidad de gestión del municipio.

as de las estrategias que hemos visto como generadoras de desarrollo en

unicipios frente al tema ha sido el apoyo y acompañamiento de entes ex-

s a su contexto local, es decir personas del nivel departamental, Nacional,

u Organizaciones internacionales, debido a que muchas de ellas aportan

sarrollo del municipio no solo la capacitación de la comunidad, y de los

narios, sino por traer nuevas percepciones y estrategias de trabajo que

tizan un mejor uso de los recursos y mejor implementación y eficiencia

acciones desarrolladas y a desarrollar

eamos municipios que puedan verse beneficiados del acompañamiento Internacional, tucional, de ONG y privado con el fin que permitan generar espacios de viabilización y

respaldo en el tema de la primera infancia

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7. Monitoreo y Evaluación: seguimiento y evaluación a los programas del

municipio, con el fin de determinar si las intervenciones se realizaron en

el tiempo establecido, con el monto económico planeado y se obtuvieron

los productos esperados; de igual manera para determinar si las accio-

nes realizadas por el municipio tuvieron impacto frente a las problemáti-

cas y necesidades de la población.

Un punto determinante es que ninguno de los municipios cuenta con un siste-

ma de monitoreo y evaluación de las experiencias que han desarrollado frente

a la Primera Infancia; es posible encontrar que se haga un seguimiento de al-

gunos programas, pero hay que tener en cuenta que un programa no da carác-

ter integral de las múltiples acciones que se desarrollan en un municipio,

generando con esto problemas con el manejo de los datos ya que se hace fren-

te a población determinada y no la población global. Los datos que presentan

los diversos programas no corresponden entre si, dificultando la validez y con-

fiabilidad de la información y la monitorización de las acciones desarrolladas

por el municipio. Esto sumado a la ausencia de sistematización las experien-

cias, dejándolas la memoria de sus formuladotes o gestores, implica el no hay

registro de las experiencias exitosas detectadas mas allá de los actores, con

todos los problemas que esto implica.

Necesitamos municipios que incorporen el cumplimiento de los derechos por la Prime-ra Infancia de manera visible y con metas específicas e indicadores de cumplimiento enla agenda institucional y social del municipio (Ejemplo: en políticas, planes, proyectosy presupuestos; Planes de Desarrollo Municipal, Planes de Inversión Multianual, Pla-nes de Inversión Municipal, Planes Operativos Anuales). Comparten responsabilidadlos gobiernos municipales, las instituciones del gobierno central, otros poderes del Es-tado y también las ONGs.

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Modelos de intervención municipal a resaltar

Dentro de nuestra experiencia conocimos modelos de intervención pensadas

desde el municipio, que nos podrían dar luces en las estrategias que queremos

proponer en el marco de la política Nacional de Primera Infancia

Movimiento niño de Guatapé: (Guatapé-Antioquia) Se trata de una expe-

riencia de desarrollo local integral y de largo plazo, en la cual el bienestar de

los niños y niñas es un eje fundamental. Además de la implementación de es-

trategias del sector salud para la promoción de la salud infantil, debe destacar-

se el modelo de educación inicial en el que participan todos los niños y niñas

del municipio entre los dos y los cinco años. Este modelo se financia con recur-

sos propios y del ICBF. Vale la pena señalar también las iniciativas en materia

cultural y deportiva.

Nidos Nutrir (Pasto-Nariño): Programa que integra acciones de recupera-

ción nutricional y de promoción del desarrollo infantil.

Guipas saludables (Neiva-Huila): Junto con el programa AIEPI, Neiva está

liderando el plan de choque municipal, a través de convenio entre la Alcaldía, la

ESE Carmen Emilio Ospina y las Juntas de Acción Comunal, para el desarrollo

del “programa guipas saludables”, bajo la coordinación de la de la Secretaria de

Salud Municipal. Este programa cubre a 770 niños menores de 5 años y madres

gestantes de niveles 1 y 2 de pobreza. El 30% de niños son desplazados, tienen

cubrimiento en tres (3) comunas de la ciudad con 10 puntos de encuentro, de

los niños y sus madres gestantes y lactantes. Es una jornada de integración y

unión de casetas comunitarios, manejado con 10 técnicos en preescolar y 5

profesionales (2 sicólogas, una enfermera jefe, una nutricionista y un terapista

ocupacional). El programa promueve la recuperación nutricional, la lactancia

materna, la planificación familiar, la agricultura urbana y pasos productivos.

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Una vez se ha superado el estado nutricional de niños y niñas se trasladan a

instituciones del ICBF o al sistema de educación.

IAMI ( Pasto ): “Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia” es una estra-

tegia mundial acogida por Colombia en 1991 con el Plan de Lactancia Materna,

formulado en respuesta a los compromisos adquiridos por el país en la Cumbre

Mundial de la Infancia; que presta servicio de salud a madres e hijos, a través

de una metodología que le permite al personal de salud prestar un servicio in-

tegral con calidad y calidez. Esta estrategia contempla la disposición de una

política institucional a favor de la atención integral de madres, niñas y niños;

capacitación del personal de salud en la manera de implantar esta política,

educación y orientación de madres gestantes y sus familias en aspectos de

gestión y parto; atención de un parto con calidad, sin intervenciones médicas

innecesarias en un ambiente de intimidad y respeto; ayuda post parto a madre

y familiares, orientación y promoción de la lactancia materna exclusiva y sin

horarios; promoción del contacto permanente madre hijo durante la estancia

hospitalaria y conformación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia

materna y a los programas dirigidos a prevenir las enfermedades prevalentes

de la infancia.

El fomento de la lactancia materna es una de las líneas de acción del

Plan Nacional de Alimentación y Nutrición promovido por el ICBF y es además

una estrategia de trabajo promovida por el Ministerio de la Protección Social,

las entidades territoriales de salud, las EPS, las ARS, ESE y ONG que trabajan

por la nutrición.

La experiencia mundial ha demostrado que la estrategia IAMI es una de

las intervenciones más costo efectivas para disminuir morbilidad y mortalidad

infantil y para favorecer el vínculo afectivo del niño con sus progenitores y su

ambiente.

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AIEPI ( Pasto - Neiva ): La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalen-

tes de la Infancia (AIEPI) es una estrategia elaborada por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), que fue presentada en 1996 como la principal estrategia para mejorar

la salud en la niñez. Enfoca la atención de los menores de cinco años en su es-

tado de salud más que en las enfermedades que ocasionalmente pueden afec-

tarlos. De este modo, reduce las oportunidades perdidas de detección precoz y

tratamiento de enfermedades que pueden pasar inadvertidas para los padres y

para el personal de salud, con el consiguiente riesgo de agravarse y de presen-

tar complicaciones. La AIEPI incorpora, además, un fuerte contenido preventivo

y de promoción de la salud como parte de la atención. Así contribuye, entre

otros beneficios, a aumentar la cobertura de vacunación y a mejorar el conoci-

miento y las prácticas de cuidado y atención de los menores de cinco años en el

hogar, de forma de contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables.

La implementación de la AIEPI contempla la participación tanto de los

servicios de salud como de la comunidad y la familia, y se lleva a cabo por me-

dio de tres componentes. El primero está dirigido a mejorar el desempeño del

personal de salud para la prevención de enfermedades en la niñez y para su

tratamiento. El segundo, se dirige a mejorar la organización y funcionamiento

de los servicios de salud para que brinden atención de calidad apropiada. El

tercer componente está dirigido a mejorar las prácticas familiares y comunita-

rias de cuidado y atención de la niñez.

Los tres objetivos de la estrategia AIEPI son la reducción de la mortali-

dad en la infancia, la reducción en la incidencia y gravedad de las enfermeda-

des y problemas de salud que afectan a los niños y niñas y mejorar el

crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida de los niños y ni-

ñas.

Haz paz (Sampués-Sucre): programa de trabajo inserto en el ICBF que tiene

por fin la prevención del maltrato infantil y la violencia intrafamiliar “La paz

empieza por mi, la paz empieza en casa”. Sus líneas de acción apuntan a la

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detección temprana de casos, la vigilancia y prevención y a la Atención de ca-

sos reportados. Una de sus estrategias de trabajo apuntan la conformación de

un sistema de información nacional, departamental y local acerca de los casos

reportados y atendidos reportados por el ICBF, la Fiscalía, la Policía, el Sector

Educación y Salud y las Comisarías de Familia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En la mayoría de los casos la primera infancia aparece en la agenda local

reducida a los temas de supervivencia incluidos en el PAB, mostrando

las debilidades en cuanto a las oportunidades para la educación inicial, la

recreación y el acceso a la cultura. Si bien pueden existir limitaciones de

recursos, esta situación pone más en evidencia el efecto de la fragmen-

tación generada por las políticas sectoriales así como la debilidad de las

iniciativas locales

• El respeto y ejercicio de su autonomía encierra para el municipio un po-

tencial, que lo convierte en lugar propicio para la búsqueda de un desa-

rrollo integral de los niños y niñas que va de la mano del cumplimiento

de los derechos humanos y, de manera especifica, aquellos que le son

particulares a la niñez. Desafortunadamente, por razones históricas son

pocos los municipios del país que pueden ejercer esta autonomía.

• Es urgente adelantar acciones para fortalecer la voluntad política, la ca-

pacidad técnica y el control social en los municipios para avanzar en el

compromiso de hacer realidad los derechos de la niñez en el país. Así

mismo se recomienda fortalecer la capacidad de formular e implementar

planes de desarrollo orientados al desarrollo local

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• En consecuencia, se debe asumir el enfoque territorial como uno de los

referentes de la política nacional para la primera infancia, pues parte de

del ideal constitucional “un Estado social de derecho, organizado en for-

ma de República unitaria , descentralizada, con autonomía en sus enti-

dades territoriales”. En ese sentido se reconoce la importancia del

territorio como unidad funcional donde se expresan y encuentran diver-

sos actores sociales, forma de relación, escenarios y estrategias, de

convivencia y construcción. Por tanto la gestión estatal del territorio de-

be, además de garantizar la calidad de vida, promover el ejercicio de la

democracia participativa, lo cual implica la participación y fortalecimien-

to de los actores sociales, la articulación, interrelación e interdependen-

cia de los diferentes sectores y organizaciones sociales bajo una visión

compartida de desarrollo.

• “Desde hace varios años, la Federación Colombiana de Municipios ha

venido insistiendo en la necesidad de brindar a los ciudadanos el dere-

cho a evaluar la gestión de sus mandatarios locales y decidir, a través

de un más pleno ejercicio democrático, la continuidad de los programas

de gobierno que solucionen las necesidades más sentidas y los anhelos

de los municipios y sus ciudadanos”, agregó el vocero de todos los alcal-

des y alcaldesas colombianos.(FCM)

• Es importante trabajar en el fortalecimiento de los Consejos de Política

Social en el tema, a través de acciones de asesoría y seguimiento. Esta

es una estrategia que favorece la corresponsabilidad de entidades del

Estado, privadas y ONG y la articulación de las acciones entre las que se

incluyen los sistemas de información unificada, de seguimiento de pro-

gramas, análisis de comprensión, espacios de retroalimentación y eva-

luaciones de impacto. Así mismo permitiría identificar propuestas

conjuntas que faciliten la puesta en común de recursos sectoriales del

sistema nacional de participaciones.

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• Promover el conocimiento sistemático de la situación de la primera in-

fancia y el estado de cumplimiento de sus derechos en el municipio por

medio de diagnósticos, consultas de niñez, investigaciones (Pedro Hur-

tado)

A continuación se presentan una serie de propuestas y consideraciones que

permitirían definir con mayor precisión las metas y estrategias de la política

nacional para la primera infancia orientadas al fortalecimiento de la gestión y el

desarrollo local.

1. El liderazgo de las administraciones locales

• Las administraciones locales deben garantizar que en sus planes de

desarrollo, proyectos, programas se orienten por los lineamien-

tos nacionales para la primera infancia para lo cual debe orientar a

su equipo de trabajo para fortalecer las acciones que ya existen y em-

prender nuevas acciones eficaces.

• Intervenir de manera oportuna en la primera infancia, promover pautas

de crianza adecuadas desde la gestación crea bases sólidas para la su-

pervivencia, el crecimiento y el desarrollo integral de los niños así como

también para el desarrollo social del municipio.

• Invertir recursos en la atención prenatal le garantizará que tendrá que

invertir menos dinero en la atención de problemas de salud susceptibles

de ser prevenidos y tratados desde la gestación. Asimismo, la inversión

en programas de desarrollo infantil desde el premier año de vida de los

niños, reducirá las tasas de repetición y deserción escolar en la educa-

ción básica primaria o secundaria y reduciría también la vinculación de

los niños adolescentes a actividades delincuenciales o al consumo de

sustancias psicoactivas. Así, en el futuro se disminuirá el presupuesto

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que un municipio tendrá que destinar a mitigar problemas sociales y se

aumentan las posibilidades de fortalecer acciones de desarrollo capaces

de llevar prosperidad a la comunidad.

• Un municipio que invierte de forma sostenida en la promoción de pautas

de crianza adecuadas, que desarrolla, apoya y expande programas y

proyectos eficaces para la atención de los niños y niñas desde su naci-

miento hasta los seis años de edad, que genera y fomenta la cultura de

la inversión en la infancia, se beneficia de la rentabilidad de invertir en

la niñez pues en el futuro tendrá menos problemas que atender y conta-

rá con ciudadanos más productivos en términos económicos y sociales y,

lo que es más importante, con ciudadanos más felices y más capaces de

contribuir a crear un clima de paz y convivencia pacífica en su socie-

dad.31

2. La vinculación de las familias

• Reconociendo el papel fundamental que tiene la familia, como contexto

de socialización esencial en la supervivencia y el desarrollo de los niños

desde su gestación hasta los 5 años, se debe vincularlas a acciones y

programas, especialmente a las que se encuentran en mayor riesgo so-

cial, para que adquieran los conocimientos, las prácticas, la confianza en

si mismas y la organización requeridas para cumplir con la responsabili-

dad social de garantizar el ejercicio de los derechos de la niñez y con la

función socializadora, constructora de valores y responsable del desarro-

llo afectivo.

• Como la familia es el nicho fundamental del desarrollo infantil, se

requiere trabajar con las familias, vinculándolas a procesos de formación

y capacitación permanente para que adquieran los conocimientos y se

fortalezcan los vínculos afectivos.

31 Simarra Julia, UNICEF, Pautas de crianza, Guía alcaldes

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• En las instituciones educativas las familias se constituyen parte de las

comunidades educativas en las asociaciones y en el PEI

3. La veeduría ciudadana

• Se debe propiciar y respetar la participación ciudadana (niños /as, pa-

dres, miembros de la familia y de la sociedad civil) en el diseño, imple-

mentación y evaluación de la Política Pública de infancia con énfasis en

la promoción pautas de crianza adecuadas.

• La veeduría ciudadana se puede convertir en un elemento clave en la

evaluación y mejoría de la calidad de las diferentes modalidades: quié-

nes mejor que las familias, las comunidades y los mismos niños pueden

decir qué tanta utilidad para ellos ha tenido una modalidad. Hay que

empoderar a las comunidades en esta función, darles elementos técnicos

y de conocimiento para que hagan una veeduría constructiva, que a la

vez que les permite apropiarse de los servicios, les da oportunidades de

hacer sus aportes para un mejor funcionamiento.

4. Sistemas de información

• Se requiere desarrollar un sistema de información, que permita realizar

seguimiento a la situación del desarrollo de la primera infancia en el país

y en cada uno de los municipios, que utilice un sistema de indicadores

definido y que establezca claramente las fuentes y mecanismos de reco-

lección de la información.

5. Sistema de seguimiento y evaluación

• Es necesario implementar estrategias de sistematización y de evalua-

ción, de procesos y de resultados de la educación de la primera infancia,

que abarque tanto los programas como los responsables, para conocer

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avances y logros, vacíos y necesidades, y con base en ese conocimiento

fortalecer, modificar, o implementar programas. Para tal efecto, se re-

quiere la construcción de indicadores que den cuenta del avance en la

ejecución de la política de primera infancia.

• Entendida como un proceso reflexivo sistemático formativo flexible y ob-

jetivo, orientado a crear mayor conciencia sobre el quehacer de la co-

munidad frente a la primera infancia en sus distintas áreas de

intervención, la evaluación involucra la toma de decisiones y la puesta

en marcha de acciones correctivas que garanticen la cualificación de

atención.

• La evaluación debe:

1. Garantizar resultados que den cuenta de la calidad del bienestar in-

fantil, del ejercicio de los Derechos de la infancia y la comprensión

por parte de las familias usuarias del desarrollo infantil y la modifica-

ción de las pautas de crianza.

2. Garantizar resultados de proceso, que midan en el tiempo el impacto

como la efectividad de los programas en la población infantil benefi-

ciaria.

3. Utilizar los resultados del seguimiento, sobre el desarrollo de las mo-

dalidades.

4. Permitir a los actores SNBF participes en desarrollo de las modalida-

des de atención, intervenir en el proceso de acuerdo con los estánda-

res y lineamientos diseñados y definidos.

5. Desarrollar el componente de análisis orientado a identificar situacio-

nes críticas y proponer correctivos mediante nuevas estrategias y

nuevas decisiones frente a la ejecución de los lineamientos

Los planes, programas, proyectos y acciones orientadas a propiciar pautas de

crianzas adecuadas deben ser evaluados de forma cuantitativa y cualitativa e

incluir la participación de la comunidad y de agentes externos (técnicos de di-

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ferentes entidades). Los sus resultados deben ser tenidos en cuenta para ajus-

tar los programas y optimizar su eficacia

6. La investigación

Entendida como proceso de construcción colectiva de nuevos conocimientos

socialmente relevantes, para incidir en la transformación de la realidad fami-

liar, en la calidad de la atención brindada, en la planeación de nuevos progra-

mas acordes con las características e intereses comunitarios y ser insumo para

la formulación de la política de infancia y familia.

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ANEXO

ACCIONES DE ACUERDO CON EL CICLO DE VIDA

1. Actuar desde la gestación

Partiendo de los avances de la psicología y de la neurociencia que reconocen

que entre más temprana sea la intervención positiva, el impacto obtenido será

mayor y más perdurable en el tiempo, es necesario realizar programas dirigi-

dos a las familias gestantes, garantizar su atención durante la gestación, el

parto y el puerperio y a su vez realizar procesos de formación acerca de la

crianza y el cuidado responsable y amoroso, dirigidos a los padres y las madres

y a los grupos familiares.

Las acciones deben incluir aspectos relacionados con la preparación para

la gestación y con los cuidados durante la gestación: Fortalecer y/o introducir

programas de orientación y educación para la paternidad y maternidad respon-

sable.

a) Promover y hacer efectiva la atención a la mujer antes de la concep-

ción: Valoración física y psicológica, revisión del calendario de vacu-

nación y análisis de los factores de riesgo personal y familiar que

pueden afectar el normal desarrollo de la gestación.

b) Garantizar el acceso de la mujer gestante al control prenatal, ello im-

plica eliminar los obstáculos que éstas puedan encontrar al acudir a

solicitar el servicio.

c) Garantizar las pruebas de VIH/SIDA a la mujer que desea quedar

embarazada o durante la gestación a fin de brindar la atención espe-

cializada en los caos en que los resultados sean positivos.

d) Optimizar los programas de control prenatal. La atención debe ser

temprana, de calidad y con personal especializado que garantice el

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seguimiento del desarrollo del bebé y la observación de la salud de la

madre.

e) Impulsar campañas de información y programas de orientación a las

madres, padres y familias gestantes, como también a la población

general sobre los perjuicios (para la salud de madre y el bebé) del

consumo de sustancias como el alcohol, el cigarrillo, las drogas psi-

coactivas y la automedicación durante la gestación.

f) Fortalecer acciones orientadas a la información de la mujer y su pare-

ja sobre diversos temas relacionados con la gestación, tales como: en

qué consiste y cuáles son sus características, cambios físicos y psico-

lógicos en la madre, adaptación del contexto familiar y de la pareja

durante esta etapa, proceso de crecimiento y desarrollo del niño que

se esta gestando, factores de riesgo que pueden afectar al bebé y a

la madre, cómo identificarlos para pedir ayuda médica.

g) Promover una actitud de compromiso en el personal de salud a fin de

que asignen una mayor importancia al componente psicoafectivo en

la atención a la gestante.

h) Fortalecer y optimizar programas de capacitación del personal de sa-

lud responsable de la atención durante el periodo de gestación.

i) Fortalecer los programas de apoyo a la lactancia materna. La

madre, su pareja y la familia deben recibir orientación sobre diversos

aspectos de la lactancia desde la gestación: inicio, duración, como

lactar al bebé, alimentación de la madre, …

j) Motivar a las entidades de salud a constituirse en Institucio-

nes Amigas de la Infancia (IAMI).

k) Implementar o ampliar programas de alimentación complementaria

para la gestante a fin de prevenir problemas de desnutrición que

afecten el normal desarrollo de la gestación.

l) Introducir o fortalecer grupos de apoyo entre madres y familias ges-

tantes de tal forma que puedan compartir su experiencia y apoyarse

mutuamente.

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2. El parto. El nacimiento es un momento fundamental para el ser humano,

no se deben ahorrar esfuerzos para proporcionar a la madre un parto seguro

que garantice su salud y la del bebé.

a) Optimizar y ampliar la asistencia especializada durante el parto, con per-

sonal experto, sensibilizado y respetuoso, en instalaciones higiénicas y

seguras

b) Invertir y promover la inversión en el mejoramiento y adecuación técni-

ca de las instalaciones locativas destinadas a la atención del parto y la

recuperación de la madre durante el postparto.

c) Gestionar la vinculación de las mujeres gestantes y los recién nacidos al

Sistema de Seguridad Social en Salud y velar para que reciban una

atención de calidad.

d) Favorecer y hacer efectiva dentro del contexto de las entidades de salud

en el municipio la presencia y acompañamiento del padre, o de una per-

sona importante para la madre, durante el trabajo de parto y en el mo-

mento de éste. En el caso del padre esto es fundamental porque

contribuye a vincularlo afectivamente con su hijo e incide en una mayor

participación del varón en la crianza, lo cual es necesario para fortalecer

la maternidad y paternidad responsable.

e) Promover atención especializada en los casos en que la madre se en-

cuentre afectada por VIH /SIDA.

3. Postparto

La llegada del bebé implica cambios significativos para la pareja; la familia se

amplia y debe reorganizarse para atender de manera adecuada a las deman-

das del bebé y de los demás miembros. Es el momento de poner en prácticas

los acuerdos realizados antes de la gestación y durante ésta, con respecto al

cuidado del bebé y la orientación de su crianza.

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Los cuidados durante el postparto garantizan el seguimiento de la salud de

la madre y el niño, favorecen la valoración de la salud del recién nacido, garan-

tizan la toma de decisiones oportunas con respecto a la salud de la madre y el

niño, reducen las muertes maternas y neonatales, apoyan la lactancia mater-

na, favorecen el retorno de la pareja a la vida cotidiana y la adaptación de la

familia a la presencia de su nuevo miembro.

a) Optimizar la atención a la madre después del parto y los controles de sa-

lud con posterioridad a éste dando especial relevancia a aquellos casos

en los cuales la madre y su bebé están afectados por VIH /SIDA.

b) Valoración del estado de salud del niño o niña después del nacimiento

siguiendo el protocolo de la entidad en la cual se produce el parto.

c) Garantizar unas condiciones óptimas durante la permanencia del bebé

con su madre después del nacimiento en el centro hospitalario, así como

la presencia del padre o un acompañante.

d) Apoyar a la madre y a su pareja en el inicio de la lactancia materna una

hora después del nacimiento del bebé.

e) Brindar información a la mujer, su pareja y la familia sobre los cuidados

que requiere en el periodo del postparto.

4. El primer año de vida

Los cuidados durante el primer año son vitales para la supervivencia y el desa-

rrollo del niño. La lactancia materna, la aplicación de las vacunas del esquema

básico, el cuidado de la salud, el afecto, garantizan las condiciones adecuadas

para el crecimiento y desarrollo saludable del niño o niña.

El niño requiere de cuidados físicos pero sobre todo de amor, de estable-

cer un vínculo afectivo con su madre, con su padre y con los demás miembros

de la familia.

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4. 1 El nacimiento como ciudadanos: El registro civil

El primer derecho de un niño es a la identidad, el niño debe ser reconoci-

do por sus padres desde su nacimiento. El registro civil de nacimiento es

un derecho de la niñez y constituye una elemento clave para la identidad

y sentido de pertenencia a una determinada familia. Por otra parte, el re-

gistro civil es indispensable para el acceso del niño a los servicios del Es-

tado.

El personal de las notarias y demás funcionarios del Estado responsa-

bles del registro civil de los niños /as deben facilitar este trámite

Se deben tomar tosas las medidas para que el 100% de los niños que

nazcan sean registrados lo más pronto posible.

Realizar campañas de sensibilización e información para la población

general sobre la importancia del registro civil de nacimiento, e impulsar

campañas de registro civil de nacimiento considerando la importancia de

este trámite para la identidad del niño.

4.2 Fortalecimiento del vínculo afectivo

Todo niño /a debe ser amamantado desde la primera hora de nacido has-

ta los seis meses de edad, período de tiempo en que la leche materna de-

be constituir el único alimento que reciba, no sólo por contener los

nutrientes necesarios, sino por el contacto físico indispensable para pro-

mover vínculos afectivos fuertes y estimular el desarrollo integral. Es ur-

gente fortalecer los vínculos afectivos de los padres (hombres) con sus

hijos involucrándolos en el proceso de atención a la gestación (controles

prenatales) y del cuidado de los niños en esta etapa de su desarrollo. El

trabajo hacia fortalecer esos vínculos afectivos claramente busca, por otra

parte, prevenir relaciones en las que los conflictos se resuelvan por vías

violentas.

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4. 3 La nutrición

Deben incluirse, además de la lactancia materna acciones orientadas a

una adecuada nutrición32, construcción de hábitos alimentarios saludables,

la educación nutricional, la prevención y protección específica frente a la

deficiencia de micronutrientes, con especial atención del hierro y vitamina

A, la vigilancia del estado nutricional de los niños, la prevención y el con-

trol de intoxicaciones alimentarias, garantizar que los niños consuman

alimentos seguros e innocuos, vincular los niños con déficit nutricionales y

con carencias específicas en programas especiales.

4.4 Crianza fundamentada en el amor y el respeto

Los proyectos, los programas, las acciones en favor de la primera infancia

deben constituirse en propuestas que garanticen la construcción de con-

textos familiares, comunitarios e institucionales donde se promueva el

buen trato, se respete a los niños, se les dé amor y protección y se les

garantice el ejercicio de todos sus derechos. Así mismo, a través de dife-

rentes estrategias dirigidas a toda la sociedad, se debe proteger a los ni-

ños del maltrato, de la explotación y de cualquier forma de abuso.

La construcción de una sociedad más democrática, más tolerante y

menos violenta, pasa necesariamente por garantizar a los nuevos seres,

desde el momento de la gestación, unas mínimas condiciones de vida, así

como una crianza fundada en el amor y el respeto, una familia y una co-

munidad que los protejan y una sociedad y un Estado que estén pendien-

tes de ellos. Una crianza que fomente seres amorosos, libres, respetuosos

de si mismos y de sus semejantes, va a permitir generar individuos soli-

darios, constructores de paz y democracia, creativos, rescilientes (capaces

de superar las dificultades) y por supuesto productivos a la sociedad33.

32 En general, el plan para la primera infancia, en lo concerniente a nutrición debe estar ligado al Plan Nacional de Alimentación y nutrición 33 Observatorio de infancia, UNal, Op. cit, página 26

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a) Fortalecer programas en los cuales el componente afectivo juegue

un papel relevante.

b) Fortalecer el componente afectivo en los programas de orientación

a los padres y madres, en las escuelas para padres o familias y de-

más estrategias de capacitación de cuidadores (ras). Esto es, pro-

mocionar el afecto como un alimento esencial para el niño /a, como

una estrategia preventiva ante situaciones como el maltrato infantil

y como un eje central de la articulación de la vida familiar armónica

que requiere el niño o niña para su desarrollo.

4.5 Las condiciones materiales

Para que los niños se desarrollen adecuadamente, se requiere que per-

manezcan en entornos que posibiliten este desarrollo, es decir que cuen-

ten con condiciones sanitarias (acueducto, agua potable, alcantarillado y

disposición adecuada de basuras), que las construcciones sean seguras,

higiénicas, iluminadas, ventiladas, con mínima contaminación.

Promocionar acciones de saneamiento básico ambiental en las comuni-

dades a fin de optimizar las condiciones ambientales del contexto en que

vive los niños.

4. 6 La salud: condición para el desarrollo humano

Dado que en el primer año de vida y en toda la primera infancia, las en-

fermedades y los problemas de salud afectan seriamente la vida de los

niños y sus familias, con repercusiones en su crecimiento y desarrollo, las

acciones con la primera infancia deben estar estrechamente relacionadas

con las políticas de salud, especialmente en lo relacionado con la promo-

ción de la salud y prevención de la enfermedad, garantizándoles el acceso

a los servicios de salud.

- Todos los niños y niñas deben recibir las vacunas reglamentarias du-

rante el primer año así como los refuerzos correspondientes, lo cual le

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protegerá de enfermedades que pueden afectar su desarrollo normal y su

futuro. Es responsabilidad de los padres, madres y cuidadores llevar al ni-

ño o niña a vacunar en las edades y fechas específicas, no cuando la en-

fermedad ha aparecido. Para lo cual se debe garantizar la disponibilidad

de las vacunas y la obligatoriedad de las EPS de brindar este servicio,

promover y organizar jornadas de vacunación prestando especial atención

a las zonas más apartadas del municipio, fortalecer y hacer seguimiento a

la vacunación de los niños del municipio a fin de garantizar que todos re-

ciban las vacunas reglamentarias durante el primer año de vida y los re-

fuerzos correspondientes durante la primera infancia, realizar campañas

locales de información para promocionar la importancia de las vacunas

para la salud del niño.

- Los niños deben ser inscritos y llevados rigurosamente a la consulta de

control del crecimiento y desarrollo, y la madre, el padre o adulto (s) res-

ponsable (s) deben seguir las orientaciones del personal de salud, lo cual

requiere fortalecer y optimizar el programa de crecimiento y desarrollo y

otros mecanismos.

- La madre y el padre deben recibir orientación sobre el proceso de creci-

miento y desarrollo del niño para que puedan detectar oportunamente

cualquier anormalidad y establecer una comunicación más fluida y

productiva con el personal de salud.

Los niños con condiciones especiales por tener algún grado de limitación o

discapacidad, deben tener acceso a procesos educativos, de habilitación y re-

habilitación, que les permitan mejorar sus potencialidades, integrarse a la so-

ciedad y ser ciudadanos participantes y productivos. Para cumplir con este

propósito es fundamental la detección temprana de esta situación y la aten-

ción integral y oportuna. Aquí es importante resaltar que las familias de los

niños especiales, deben vincularse a procesos de capacitación para que com-

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prendan las características de desarrollo de sus hijos, puedan actuar para im-

pulsar su desarrollo.

5. Del segundo hasta el quinto año de vida

5.1 Afecto y juego

a) Propiciar o fortalecer el desarrollo de acciones de formación a las ma-

dres, padres y cuidadores (as) sobre la importancia del afecto, y el juego

en la vida del niño o niña y como desarrollar acciones en el medio fami-

liar tendiente a fortalecer estos aspectos de la vida de los niños

b) Garantizar espacios de recreación, juegos y manejo del tiempo libre en

los municipios para que los niños puedan disponer de zonas seguras pa-

ra las actividades lúdicas en compañía de sus padres y familiares.

c) Promover eventos culturales y recreativos que contribuyan al sano es-

parcimiento de la población infantil menor de cinco años y al rescate de

juegos, rondas, cantos y demás elementos de la cultura tradicional.

5.2 Crianza fundamentada en el amor y el respeto

a) Propiciar el fortalecimiento de las escuelas para familias en centros de

atención a la primera infancia en las cuales se deben abordar temas re-

lacionados con el establecimiento de acuerdos para el manejo de la au-

toridad, normas y límites, entre otros

b) Desarrollar acciones educativas tendientes a sustituir el uso del castigo

físico para corregir al niño por alternativas como el dialogo, el estableci-

miento de acuerdos, normas claras, por ejemplo.

c) Desarrollar acciones educativas locales orientadas a promocionar hábitos

de higiene y en general aquellas pautas culturales que además de favo-

recer la salud del niño /a le permitan su incorporación al contexto en que

se desenvuelve.

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5.3 Alimentación y nutrición

a) Ampliar y optimizar los programas nutricionales con enfoque integral de

nutrición, salud y educación, atendiendo a las enormes dificultades eco-

nómicas de numerosas familias y lo fundamental de una adecuada ali-

mentación en el desarrollo integral de los niños.

b) Propiciar programas de orientación nutricional y de manejo de los ingre-

sos familiares para mejorar la alimentación de los niños en las familias.

5.4 La salud: condición para el desarrollo humano

a) Garantizar el acceso a la salud de los niños y las niñas y vigilar la calidad

de la atención que se brinda.

b) Garantizar el acceso de los niños a atención odontológica preventiva

c) Garantizar de manera oportuna la aplicación de las vacunas reglamenta-

rias en este periodo.

d) Realizar campañas locales tendientes a promocionar y cumplir con el es-

quema de vacunación básico a los niños durante esta etapa.

5.5 Vinculación a programas de socialización y de desarrollo infantil

a) Garantizar a los niños en el ámbito rural y urbano, acceso a programas

de educación y socialización que respondan a sus características de de-

sarrollo, y favorezcan su vinculación exitosa al sistema educativo formal,

(grado de transición), que sean contextos de socialización consecuentes

con el contexto cultural, donde se les garanticen sus derechos.

b) Coordinar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el sec-

tor educativo, con organismos locales y la comunidad la ampliación de

coberturas para la atención a la primera infancia y la puesta en marcha

de programas de desarrollo infantil a fin de responder a las necesidades

de atención integral de todos los niños y niñas del municipio.

c) Capacitar y sensibilizar a los educadores institucionales y comunitarios

vinculados con la primera infancia, sobre los derechos de los niños, so-

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bre pautas de crianza adecuadas y sobre la importancia de los primeros

años en el desarrollo de los niños.

d) Evaluar los programas y las metodologías que actualmente se están im-

plementando en el país para propiciar el desarrollo infantil, con el fin de

implementarlos con grupos de padres, madres, niños y cuidadores (as)

e) Fortalecer y complementar la capacitación a los agentes educativos vin-

culados con las diferentes modalidades de atención, con el fin de ense-

ñar habilidades a los padres, que les permitan, comprender el desarrollo

de sus hijos, y dar respuesta a sus comportamientos con métodos distin-

tos al castigo físico o psicológico.

f) Fomentar prácticas educativas no sexistas al interior de las modalidades

de atención.

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