Dcho financiero tomo_1_sin_tp

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Abogacía - 2° año

1) derecho financiero tomo 1

aautoridades

(

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(

)Rector: Dr. Luis María Desimoni

Vicerrector: Comisario Gral. (r) Lic. Carlos Daniel Musso

Secretario Administrativo: Comisario Gral. (r) Juan Angel Antonio Ramírez

Decano de la Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales: Dr. Julio César Fillia.

Secretario Académico: Dr. Antonio Brunet.


2 tomo1 derecho financiero(



t1)

Autor: Dr. Matías Diego Baamonde Joseph

Coautores: Dra. Estela Raquel Lucioli y Dr. Oscar Alberto Yulán

Diseño Didáctico: Dra. Evangelina Trebolle

Diseño Gráfico: Mariela Acorinti y Ariel Ballart

Diagramación: Mauricio Gügger

Correctora Jurídica y de estilo: Dra. María Alicia Muract Gola

educación a distancia

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df derecho financiero

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(CURRICULUM VITAE)

Nombre y Apellido:Nombre y Apellido:Nombre y Apellido:Nombre y Apellido:Nombre y Apellido: Matías Diego Baamonde Joseph

Fecha de Nacimiento:Fecha de Nacimiento:Fecha de Nacimiento:Fecha de Nacimiento:Fecha de Nacimiento: 4 de febrero de 1973. Capital Federal.

Domicil io:Domicil io:Domicil io:Domicil io:Domicil io: J.E.Uriburu 1690, 8º° piso dpto. “C” (1114)

Capital Federal.

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: Part. 4803-6000. Lab. 4374-0417/4373-2407

D.N.I.:D.N.I.:D.N.I.:D.N.I.:D.N.I.: 23.126.761

Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad: Doble ciudadanía Argentina - Alemana

Primarios:Primarios:Primarios:Primarios:Primarios: Colegio “Lincoln Hall”

Secundarios:Secundarios:Secundarios:Secundarios:Secundarios: Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”

1986-1990: Título: Perito Mercantil

1990-1991: Título: Bachiller Comercial

Universitarios:Universitarios:Universitarios:Universitarios:Universitarios: -Abogado (U.B.A.) con especialización en Derecho

Tributario. Promedio de calificaciones: aprox. 8(ocho)

-Licenciado en Comercio Internacional (U.A.D.E.)

(1991-1994). Promedio de calificaciones: 7(siete)

* Idiomas* Idiomas* Idiomas* Idiomas* Idiomas:

Inglés:Inglés:Inglés:Inglés:Inglés: “Cambridge First Certificate Examination” (1988).

“Cambridge Proficiency Examination” (1990).

Francés:Francés:Francés:Francés:Francés: Conocimientos y Comprensión Oral y Escrita.

Alemán:Alemán:Alemán:Alemán:Alemán: Cursos hasta el Nivel III en el dpto. de Idiomas

de la Universidad de Filosofía y Letras (U.B.A).

* Cursos:* Cursos:* Cursos:* Cursos:* Cursos:

* Seminario sobre Seguros Marítimos (Otorgado por el lnstituto de Estudios

Marítimos 1991).

* Jornadas sobre Transporte Marítimo y Fluvial, Puertos y Vías Navegables (Organizado

por la Asociación de Abogados de Bs.As. Universidad de la Marina Mercante).

Estudios cursados



* Ciclo de Conferencias sobre el Mercosur. 1992.

* Crear y Mantener Clientes (Organizado por U.A.D.E. - IDEA 1993).

* Seminario sobre Temas Actuales de Responsabilidad (Organizado por el Instituto

Argentino de Estudios Marítimos en 1994).

* Ciclo de Conferencias de Derecho Privado (U.B.A.). Septiembre de 1995.

* Tercer Congreso Internacional sobre Derecho de Daños. Mayo de 1993.

***** Cursos de Post Grado:Cursos de Post Grado:Cursos de Post Grado:Cursos de Post Grado:Cursos de Post Grado:

* Curso sobre Derecho de las Integraciones (Mercosur), Organizado por el

Departamento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (U.B.A.).

* Actualmente cursando la carrera de Especialización en Derecho Tributario a cargo

del Departamento de Post Grado U.B.A.

* Titular de la Cátedra en la Materia “Derecho Financiero” en el Instituto Universitario

de la Policía Federal Argentina.

* Docente en la materia “Derecho Penal Aduanero” en la Cámara Argentina de

Comercio.

* Desde 1994 a la fecha Estudio Jurídico J.A.H. Baamonde y Asoc. (Asesoramiento

Jurídico Empresarial). Sarmiento 1714, piso 11º,°“c” (1402). Capital Federal. Tel.

4373-2407/4374-0417.

Cargos docentes

Experiencia laboral



(CURRICULUM VITAE)

Apellido y Nombre:Apellido y Nombre:Apellido y Nombre:Apellido y Nombre:Apellido y Nombre: Estela Raquel Lucioli.Estela Raquel Lucioli.Estela Raquel Lucioli.Estela Raquel Lucioli.Estela Raquel Lucioli.

Domicil io:Domicil io:Domicil io:Domicil io:Domicil io: J. Salguero 861 piso 5° “B”. Capital Federal.

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 4862-3534.

C.I.:C.I.:C.I.:C.I.:C.I.: 14.458.900


Estado civil:Estado civil:Estado civil:Estado civil:Estado civil: Casada.

Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad: Argentina.

Fecha Nacimiento:Fecha Nacimiento:Fecha Nacimiento:Fecha Nacimiento:Fecha Nacimiento: 01-10-1969

Lugar Nacimiento:Lugar Nacimiento:Lugar Nacimiento:Lugar Nacimiento:Lugar Nacimiento: Capital Federal - República Argentina.

Profesión:Profesión:Profesión:Profesión:Profesión: ABOGADA ABOGADA ABOGADA ABOGADA ABOGADA con orientación en Derecho Tributario.con orientación en Derecho Tributario.con orientación en Derecho Tributario.con orientación en Derecho Tributario.con orientación en Derecho Tributario.

Secundario:Secundario:Secundario:Secundario:Secundario: PPPPPerito Mercantil. Escuela Nacional de Comercio Nro.

1 “Comandante de Marina Tomás Espora de Temperley”.

1987.

Universitario:Universitario:Universitario:Universitario:Universitario: Abogada con orientación en Derecho Tributario.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad

de Buenos Aires. Egresada el 30/6/95. Matrícula de

C.P.A.C.F., Tomo 58, Folio 199.

Posgrado:Posgrado:Posgrado:Posgrado:Posgrado: Especialización en Derecho Tributario, actualmente en

curso, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de

la Universidad de Buenos Aires.

* Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales. Departamento Técnico Legal.

División Jurídica.

* Sección Recursos. Desde 10/95 a la fecha. Cargo: Abogada. Revisora. Tarea:

Resolución de los siguientes Recursos. 1) de Reconsideración, Art. 78 inc. a) de la

Ley Nº 11.638 (Texto ordenado en 1978 y sus modificaciones). 2) de Apelación,

Art. 74 del Decreto Reglamentario 1397/79. 3) de Revisión. 4) Denuncias de Ilegiti-

Estudios cursados

Antecedentes laborales en la D.G.I.



midad. 5) Aclaratorias. 6) Se responden consultas de otras areas.

* Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales. Departamento Fiscalización

Interna. División Fiscalización Interna “B”. Sección Trámites y Consultas. Desde 08/

94 al 12/94. Cargo: Estudiante de Derecho. Instructor Sumariante. Tarea: Verificación

de las Consultas efectuadas por los contribuyentes del Area.


División Jurídica. Sección Sumarios Materiales. Desde 07/93 al 08/94 y desde 12/

94 al 10/95. Cargo: Estudiante de Derecho. Instructor Sumariante. Tarea:

Instrucción, conducción y resolución de Sumarios Materiales, (Arts. 45, 46 y 47 de

la Ley Nº°11.683 T.O. en 1978 y sus modificaciones). Elaboración y Conducción de

Causas Penales por infracción a la Ley Nº 23.771.


División Jurídica. Sección Dictámenes y Procedimientos. Desde ingreso a D.G.I. 16/

7/91 al 07/93. Cargo: Estudiante de Derecho. Instructor Sumariante. Tarea:

Instrucción, conducción, audiencista y resolucion de los expedientes de clausura,

art. 44 Ley Nº 11.683, vigencia de las resoluciones generales 3118 y 3419.

* Ayudante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos

Aires, en la Catedra de Finanzas y Derecho Tributario, a cargo del Dr. CORTI,Catedra de Finanzas y Derecho Tributario, a cargo del Dr. CORTI,Catedra de Finanzas y Derecho Tributario, a cargo del Dr. CORTI,Catedra de Finanzas y Derecho Tributario, a cargo del Dr. CORTI,Catedra de Finanzas y Derecho Tributario, a cargo del Dr. CORTI,

Aristides Horacio J.M. Aristides Horacio J.M. Aristides Horacio J.M. Aristides Horacio J.M. Aristides Horacio J.M. desde el 14/6/96, hasta el 11/3/99, según Resolución

N’ 6196/96 (UBA), del 31/10/96, pasando luego a la Catedra del Dr. José OsvaldoCatedra del Dr. José OsvaldoCatedra del Dr. José OsvaldoCatedra del Dr. José OsvaldoCatedra del Dr. José Osvaldo

CASAS, CASAS, CASAS, CASAS, CASAS, por Resolución de fecha 11/3/99

* Materia: Derecho Constitucional Económico.Materia: Derecho Constitucional Económico.Materia: Derecho Constitucional Económico.Materia: Derecho Constitucional Económico.Materia: Derecho Constitucional Económico. Desde 04/03/97 a la fecha.

Titular: Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.

* “La Administración y la Política Tributaria”, a cargo del Dr. Carlos TACCHI.Dr. Carlos TACCHI.Dr. Carlos TACCHI.Dr. Carlos TACCHI.Dr. Carlos TACCHI.

Finalizado el 26/11/96. (Cantidad de Horas: 15).

* “Impuestos a los Automotores y Embarcaciones deportivas”, a cargo del Dr. CristianDr. CristianDr. CristianDr. CristianDr. Cristian

M. DURRIEU. M. DURRIEU. M. DURRIEU. M. DURRIEU. M. DURRIEU. Finalizado el 02/12/96 (Cantidad de horas-4,5).

* “Código Fiscal y Procedimiento Tributario en la Provincia de Buenos Aires”. a cargo

del Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Finalizado el 10/12/96. (Cantidad de horas: 9.).

* “Impuesto Inmobiliario”, a cargo del Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Finalizado el 3/

6/97. (Cantidad de Horas: 9)

Antecedentes docentes

Cursos realizados en el posgrado de derecho tributario.



* “Régimen Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires”, a cargo del Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.

Esteban Juan URRESTI. Esteban Juan URRESTI. Esteban Juan URRESTI. Esteban Juan URRESTI. Esteban Juan URRESTI. Finalizado el 12/9/97. (Cantidad de horas: 9).

* “Impuesto a los Ingresos Brutos y Convenio Multilateral”, a cargo del Dr. EnriqueDr. EnriqueDr. EnriqueDr. EnriqueDr. Enrique

BULIT GONI. BULIT GONI. BULIT GONI. BULIT GONI. BULIT GONI. Finalizado en Octubre de 1997 1997 1997 1997 1997 (Cantidad de Horas: 6).

* “Derecho Aduanero”, a cargo del Dr. Marcelo GOTIFREDI. Dr. Marcelo GOTIFREDI. Dr. Marcelo GOTIFREDI. Dr. Marcelo GOTIFREDI. Dr. Marcelo GOTIFREDI. Finalizado el 3O/10/

97 (Cantidad de horas: 30)

* “Régimen Previsional. Aportes, Contribuciones y Penalidades”, a cargo de los Dres.Dres.Dres.Dres.Dres.

Juan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, HoracioJuan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, HoracioJuan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, HoracioJuan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, HoracioJuan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, Horacio

MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. Finalizado en Diciembre de 1997.

(Cantidad de Horas: 12).

* “Derecho Tributario Penal”, a cargo del Dr. Jorge DAMARCO. Dr. Jorge DAMARCO. Dr. Jorge DAMARCO. Dr. Jorge DAMARCO. Dr. Jorge DAMARCO. Finalizado en

Junio de 1998. (Cantidad de Horas: 21).

* “Tres Problemas Modernos del Derecho Tributario”, a cargo del Dr. TulioDr. TulioDr. TulioDr. TulioDr. Tulio

ROSEMBUJ. ROSEMBUJ. ROSEMBUJ. ROSEMBUJ. ROSEMBUJ. Finalizado el 21/8/98. (Cantidad de Horas:8).

* “Finanzas Públicas”, a cargo de los Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.

BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. Finalizado 28/8/98. (Cantidad de Horas: 36).

* “Derecho Tributario Sustantivo”, a cargo del Dr. Carlos PORTA. Dr. Carlos PORTA. Dr. Carlos PORTA. Dr. Carlos PORTA. Dr. Carlos PORTA. Finalizado el 14/

9/98. (Cantidad de Horas: 24).

* “Introducción al Derecho Tributario”, a cargo de los Dres. Esteban URRESTI, LuisEsteban URRESTI, LuisEsteban URRESTI, LuisEsteban URRESTI, LuisEsteban URRESTI, Luis

BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. Finalizado en

Agosto de 1998. (Cantidad de Horas: 24).

* “Contabilidad de la Tributación”, a cargo del Dr. Hugo ARCE. Dr. Hugo ARCE. Dr. Hugo ARCE. Dr. Hugo ARCE. Dr. Hugo ARCE. Finalizado en Octubre

de 1998. (Cantidad de Horas: 24).

* “Convenios Para Evitar la Doble Imposición Internacional”, a cargo de los Dres.Dres.Dres.Dres.Dres.

Haddad y Figueroa. Haddad y Figueroa. Haddad y Figueroa. Haddad y Figueroa. Haddad y Figueroa. Finalizado en Octubre de 1998. (Cantidad de Horas: 8).

* “Derecho Constitucional Tributario”, a cargo del Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.

Finalizado en Octubre de 1998. (Cantidad e Horas: 32).

* “Impuestos al Consumo”, a cargo de los Dres. Horacio CARDOZO y RaúlDres. Horacio CARDOZO y RaúlDres. Horacio CARDOZO y RaúlDres. Horacio CARDOZO y RaúlDres. Horacio CARDOZO y Raúl

GUTMAN. GUTMAN. GUTMAN. GUTMAN. GUTMAN. Finalizado en Diciembre de 1998. (Cantidad de Horas: 32).

* “Derecho Procesal Administrativo y Procesal Tributario”, a cargo del Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.

MORDEGLIA. MORDEGLIA. MORDEGLIA. MORDEGLIA. MORDEGLIA. Finalizado en Diciembre de 1998. (Cantidad de Horas:40).

* “Impuestos y Contribuyentes en el Proceso de formación del Estado Nacional de la

Primera mitad del Siglo XIX”, a cargo del Lic. Guillermo E. C. LAOS. Lic. Guillermo E. C. LAOS. Lic. Guillermo E. C. LAOS. Lic. Guillermo E. C. LAOS. Lic. Guillermo E. C. LAOS. Finalizado

en Abril de 1999. (Cantidad de Horas: 8).

* “Derecho Internacional Tributario y de la Integración Económica. Armonización

Tributaria. Mercosur”, a cargo del Dr. Agustin TORRES. Dr. Agustin TORRES. Dr. Agustin TORRES. Dr. Agustin TORRES. Dr. Agustin TORRES. (Cantidad de Horas: 32)



* “Impuesto a la Renta y al Patrimonio”, a cargo de los Dres. Jose LITVAK, CeciliaDres. Jose LITVAK, CeciliaDres. Jose LITVAK, CeciliaDres. Jose LITVAK, CeciliaDres. Jose LITVAK, Cecilia

GOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZGOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZGOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZGOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZGOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZ

CORDOBA y Ricardo WILKIS. CORDOBA y Ricardo WILKIS. CORDOBA y Ricardo WILKIS. CORDOBA y Ricardo WILKIS. CORDOBA y Ricardo WILKIS. (Cantidad de Horas: 40).

* “La Problemática del Fraude Fiscal”, Dr. Tulio Raúl ROSEMBUJ Dr. Tulio Raúl ROSEMBUJ Dr. Tulio Raúl ROSEMBUJ Dr. Tulio Raúl ROSEMBUJ Dr. Tulio Raúl ROSEMBUJ (Catedrático de

la Universidad de Barcelona). Realizado el 13/12/96 en la Sede del Colegio Público

de Abogados de Capital Federal.

* “El Estatuto del Contribuyente y el Consejo para la Defensa del Contribuyente”, a

cargo de: Dr. J. Andrés SANCHEZ PEDROCHE Dr. J. Andrés SANCHEZ PEDROCHE Dr. J. Andrés SANCHEZ PEDROCHE Dr. J. Andrés SANCHEZ PEDROCHE Dr. J. Andrés SANCHEZ PEDROCHE (Profesor de Dcho. Financiero y

Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, España). Dr. Fernando PRATSDr. Fernando PRATSDr. Fernando PRATSDr. Fernando PRATSDr. Fernando PRATS

(SubDirector General de la Dirección General de Tributos de España). Dr. JoseDr. JoseDr. JoseDr. JoseDr. Jose

Osvaldo CASAS Osvaldo CASAS Osvaldo CASAS Osvaldo CASAS Osvaldo CASAS (Profesor de Derecho Tributario de la U.B.A.). Realizado el 30/5/

97 en la Universidad Austral - Facultad de Derecho.

Conferencias



(CURRICULUM VITAE)

Apellido y Nombre:Apellido y Nombre:Apellido y Nombre:Apellido y Nombre:Apellido y Nombre: Oscar Alberto Yulán.Oscar Alberto Yulán.Oscar Alberto Yulán.Oscar Alberto Yulán.Oscar Alberto Yulán.

Domicil io:Domicil io:Domicil io:Domicil io:Domicil io: J. Salguero 861 piso 5° “B”. Capital Federal.

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 4862-3534.

C.I.:C.I.:C.I.:C.I.:C.I.: 14.458.900


Estado civil:Estado civil:Estado civil:Estado civil:Estado civil: Casado.

Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad:Nacionalidad: Argentina.

Fecha Nacimiento:Fecha Nacimiento:Fecha Nacimiento:Fecha Nacimiento:Fecha Nacimiento: 29-08-1969

Lugar Nacimiento:Lugar Nacimiento:Lugar Nacimiento:Lugar Nacimiento:Lugar Nacimiento: Capital Federal - República Argentina.

Profesión:Profesión:Profesión:Profesión:Profesión: ABOGADABOGADABOGADABOGADABOGADOOOOO.....

Universitario:Universitario:Universitario:Universitario:Universitario: Abogado con orientación en Derecho TriAbogado con orientación en Derecho TriAbogado con orientación en Derecho TriAbogado con orientación en Derecho TriAbogado con orientación en Derecho Tributariobutariobutariobutariobutario.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de

Buenos Aires. Egresado el 30/12/94. Matrícula de C.P.A.C.F.,

Tomo 56, Folio 726, expedida con fecha 18/07/1995.

* Ayudante de 1ra. a partir del 19/10/1999 (Ascenso) en la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la asignatura Derecho

Tributario, cátedra a cargo del Dr. Arístides J. M. Corti. Nombrado por Resolusión

Nº 147/00 del 26/04/2000.

* Ayudante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos

Aires, en la Cátedra de Finanzas y Derecho Tributario, a cargo del Dr. Arístides J. M.

Corti, desde 14/06/1996 hasta el 11/03/1999,Nombrado según Resolusión Nº 6196/

96 (U.B.A.), del 31/10/1996.

Estudios cursados

Antecedentes docentes



* “Aspectos Tributarios de los Concursos y las Quiebras”, a cargo de la Dra. SilviaDra. SilviaDra. SilviaDra. SilviaDra. Silvia

RABINOVICH DE LANDAU.RABINOVICH DE LANDAU.RABINOVICH DE LANDAU.RABINOVICH DE LANDAU.RABINOVICH DE LANDAU. Finalizado el 24/04/1995 (Cantidad de horas: 6).

* “Impuestos Internos”, a cargo de la Dra. Diana GUTERMAN.Dra. Diana GUTERMAN.Dra. Diana GUTERMAN.Dra. Diana GUTERMAN.Dra. Diana GUTERMAN. Finalizado el 22/09/

1995 (Cantidad de horas: 11).

* “La Administración y la Política Tributaria”, a cargo del Dr. Carlos TACCHI.Dr. Carlos TACCHI.Dr. Carlos TACCHI.Dr. Carlos TACCHI.Dr. Carlos TACCHI.

Finalizado el 26/11/96. (Cantidad de Horas: 15).

* “Impuestos a los Automotores y Embarcaciones deportivas”, a cargo del Dr. CristianDr. CristianDr. CristianDr. CristianDr. Cristian

M. DURRIEU. M. DURRIEU. M. DURRIEU. M. DURRIEU. M. DURRIEU. Finalizado el 02/12/96 (Cantidad de horas-4,5).

* “Código Fiscal y Procedimiento Tributario en la Provincia de Buenos Aires”. a cargo

del Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Finalizado el 10/12/96. (Cantidad de horas: 9.).

* “Impuesto Inmobiliario”, a cargo del Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Dr. Cristian M. DURRIEU. Finalizado el 3/

6/97. (Cantidad de Horas: 9)

* “Nueva ley de Administración Financiera del Estado”, a cargo de los ContadoresContadoresContadoresContadoresContadores

Julio C. TIBERIO y Horacio MASTRANTONIO.Julio C. TIBERIO y Horacio MASTRANTONIO.Julio C. TIBERIO y Horacio MASTRANTONIO.Julio C. TIBERIO y Horacio MASTRANTONIO.Julio C. TIBERIO y Horacio MASTRANTONIO. Finalizado el 14/07/1997

(Cantidad de horas: 12).

* “Régimen Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires”, a cargo del Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.

Esteban Juan URRESTI. Esteban Juan URRESTI. Esteban Juan URRESTI. Esteban Juan URRESTI. Esteban Juan URRESTI. Finalizado el 12/9/97. (Cantidad de horas: 9).

* “Impuesto a los Ingresos Brutos y Convenio Multilateral”, a cargo del Dr. EnriqueDr. EnriqueDr. EnriqueDr. EnriqueDr. Enrique

BULIT GONI. BULIT GONI. BULIT GONI. BULIT GONI. BULIT GONI. Finalizado en Octubre de 1997 1997 1997 1997 1997 (Cantidad de Horas: 6).

* “Derecho Aduanero”, a cargo del Dr. Marcelo GOTIFREDI. Dr. Marcelo GOTIFREDI. Dr. Marcelo GOTIFREDI. Dr. Marcelo GOTIFREDI. Dr. Marcelo GOTIFREDI. Finalizado el 3O/10/

97 (Cantidad de horas: 30)

* “Régimen Previsional. Aportes, Contribuciones y Penalidades”, a cargo de los Dres.Dres.Dres.Dres.Dres.

Juan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, HoracioJuan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, HoracioJuan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, HoracioJuan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, HoracioJuan C. FERNANDEZ MADRID, Maria Delia LODI FE, Jorge URRIZA, Horacio

MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. MARTINEZ y Mabel MAFFEI de BORGHI. Finalizado en Diciembre de 1997.

(Cantidad de Horas: 12).

* “Derecho Tributario Penal”, a cargo del Dr. Jorge DAMARCO. Dr. Jorge DAMARCO. Dr. Jorge DAMARCO. Dr. Jorge DAMARCO. Dr. Jorge DAMARCO. Finalizado en

Junio de 1998. (Cantidad de Horas: 21).

* “Tres Problemas Modernos del Derecho Tributario”, a cargo del Dr. TulioDr. TulioDr. TulioDr. TulioDr. Tulio

ROSEMBUJ. ROSEMBUJ. ROSEMBUJ. ROSEMBUJ. ROSEMBUJ. Finalizado el 21/8/98. (Cantidad de Horas:8).

* “Finanzas Públicas”, a cargo de los Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.Dres. Susana B. PALACIO, Miguel A.

BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. BOLIVAR y Julio C. TIBERIO. Finalizado 28/8/98. (Cantidad de Horas: 36).

* “Derecho Tributario Sustantivo”, a cargo del Dr. Carlos PORTA. Dr. Carlos PORTA. Dr. Carlos PORTA. Dr. Carlos PORTA. Dr. Carlos PORTA. Finalizado el 14/

9/98. (Cantidad de Horas: 24).

* “Introducción al Derecho Tributario”, a cargo de los Dres. Esteban URRESTI, LuisEsteban URRESTI, LuisEsteban URRESTI, LuisEsteban URRESTI, LuisEsteban URRESTI, Luis

Certificaciones



BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. BARREIRO, Alberto TARSITANO, Guillermo RODRIGUEZ USE. Finalizado

en Agosto de 1998. (Cantidad de Horas: 24).

* “Contabilidad de la Tributación”, a cargo del Dr. Hugo ARCE. Dr. Hugo ARCE. Dr. Hugo ARCE. Dr. Hugo ARCE. Dr. Hugo ARCE. Finalizado en Octubre

de 1998. (Cantidad de Horas: 24).

* “Aspectos comparativos de la tributación en el Mercosur”, a cargo del Dr. MarioDr. MarioDr. MarioDr. MarioDr. Mario

BRODSKY.BRODSKY.BRODSKY.BRODSKY.BRODSKY. Finalizado en junio de 1999 (Cantidad de horas: 8)

* “Derecho Constitucional Tributario”, a cargo del Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.Dr. José Osvaldo CASAS.

Finalizado en Octubre de 1998. (Cantidad e Horas: 32).

* “Impuestos al Consumo”, a cargo de los Dres. Horacio CARDOZO y RaúlDres. Horacio CARDOZO y RaúlDres. Horacio CARDOZO y RaúlDres. Horacio CARDOZO y RaúlDres. Horacio CARDOZO y Raúl

GUTMAN. GUTMAN. GUTMAN. GUTMAN. GUTMAN. Finalizado en Diciembre de 1998. (Cantidad de Horas: 32).

* “Derecho Procesal Administrativo y Procesal Tributario”, a cargo del Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.

MORDEGLIA. MORDEGLIA. MORDEGLIA. MORDEGLIA. MORDEGLIA. Finalizado en Diciembre de 1998. (Cantidad de Horas:40).

* “Derecho Internacional Tributario y de la Integración Económica. Armonización

Tributaria. Mercosur”, a cargo del Dr. Agustin TORRES. Dr. Agustin TORRES. Dr. Agustin TORRES. Dr. Agustin TORRES. Dr. Agustin TORRES. (Cantidad de Horas: 32)

* “Impuesto a la Renta y al Patrimonio”, a cargo de los Dres. Jose LITVAK, CeciliaDres. Jose LITVAK, CeciliaDres. Jose LITVAK, CeciliaDres. Jose LITVAK, CeciliaDres. Jose LITVAK, Cecilia

GOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZGOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZGOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZGOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZGOLDEMBERG. Jorge GEBHARDT, Luis FERNANDEZ, Jorge RODRIGUEZ

CORDOBA y Ricardo WILKIS. CORDOBA y Ricardo WILKIS. CORDOBA y Ricardo WILKIS. CORDOBA y Ricardo WILKIS. CORDOBA y Ricardo WILKIS. (Cantidad de Horas: 40).

* “Proceso armonizador de la imposición en la Unión Europea”, a cargo del Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.

Francisco Cañal GARCIA.Francisco Cañal GARCIA.Francisco Cañal GARCIA.Francisco Cañal GARCIA.Francisco Cañal GARCIA. Finalizado el 27 de agosto de 1999 (Cantidad de horas:

8).

* “Práctica de recursos y procedimientos (administrativos y judiciales) en materia

tributaria”. Parte I, a cargo del Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA.Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA.Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA.Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA.Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA. Finalizado

el 23 de noviembre de 1999 (Cantidad de horas: 8).

* “Práctica de recursos y procedimientos (administrativos y judiciales) en materia

tributaria”. Parte II, a cargo del Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA.Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA.Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA.Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA.Dr. Gustavo NAVEIRA de CASANOVA. Finalizado

el 25 de noviembre de 1999 (Cantidad de horas: 8).



La asignatura “Derecho Financiero” pretende brindar al alumno las herramientas

necesarias para la fácil comprensión de la información que, a diario, emana de nuestro

Estado Nacional en el quehacer de sus funciones de administración, con el objeto de

satisfacer las necesidades públicas, a través de Servicios Públicos.

El éxito de la técnica pedagógica, para la comprensión de la asignatura Derecho

Financiero, está en que la conducta del alumno se acomode lo más precisamente al

objetivo pretendido y que consiga un resultado peculiar, de acuerdo con el proceso de

aprendizaje que ha seguido.

La técnica científica requiere objetivos explícitos. Con ellos se puede mejorar el

nivel de motivación del alumno al ofrecerle la problemática del Estado Nacional y en

razón a ello, programar sus actividades. De ese modo se mejoran las posibilidades de un

aprendizaje significativo y, en definitiva, se objetiva el proceso de enseñanza y se posibilita

un proyecto educativo más enriquecedor.

Esta asignatura enriquece notablemente la carrera del alumno, le brinda los

elementos de comprensión necesarios para valorar la función administradora del Estado

Nacional permitiendo a lo largo de su carrera de Abogacía, comprender en su extensión

el objeto financiero del Estado, en su sentido amplio y sociológico.

En consecuencia, planteamos una modalidad de evaluación permanente, basada

en las intervenciones individuales que emergen de la distintas propuestas de comunicación

que la Institución educativa ofrece.

papresentación de la asignatura

abogacía a distancia )



La asignatura Derecho Financiero se organiza a través de ocho (8) unidades

temáticas, las que intentan guiar al alumno a un entendimiento progresivo respecto al

conocimiento de la ciencia de las Finanzas Públicas que el Estado Nacional pone en practica

cotidianamente a través del Derecho Tributario con el objeto de satisfacer, mediante

servicios públicos, las necesidades de los ciudadanos argentinos.

Las distintas unidades temáticas pretenden del alumno una actividad de proceso

de comprensión del texto, con la finalidad de responder a los objetivos planteados.

Las unidades temáticas a desarrollar han sido dispuestas de manera tal que el

alumno va a retroalimentar sus conocimientos constantemente en orden a que las distintas

unidades han sido programadas para que el alumno vaya evolucionando en sus contenidos

(conocimientos) y agudizando su aplicación.

Además del material que se entrega con la asignatura, la lectura comprende

también obligatoriamente los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

incorporadas a la unidad temática a desarrollar y de la bibliografía indicada como tal.

La organización de la materia pretende que el alumno se aproxime a los

conceptos fundamentales del Derecho Financiero.

oaorganización de la asignatura




En orden a orientar correctamente al alumno se recomienda la lectura previa

del Material y de la Bibliografía Obligatoria de cada unidad temática. Al mismo tiempo,

y a efectos de ilustrar en mayor medida el conocimiento del alumno, en cada unidad

temática a desarrollar se informará la Bibliografía complementaria, a la que podrá acudir

a efectos de profundizar aún en mayor medida sobre cada tema.

Teniendo en cuenta el grado de avance a través del pasaje de una a otra unidad

temática, el mismo, podrá comprender con claridad el grado de evolución entre los

conocimientos que va adquiriendo en ese trance.

Es muy importante la actividad de proceso del alumno, razón por la cual es

requisito indispensable la elaboración de las distintas actividades que la unidad temática

desarrolla a efectos de que incorpore los conocimientos significativos que propendan a

una comprensión superior de los contenidos que sucesivamente ira aprendiendo a lo

largo de la asignatura propuesta.

A través de la interacción entre el Material Instructivo, los textos obligatorios y el

vídeo, Ud. se irá adentrando, en mayor medida, en el complejo mundo del Derecho Financiero.

La evaluación se encuentra en estricta relación respecto de los demás elementos

didácticos.

Se trata de una comparación entre el nivel pretendido y el nivel alcanzado por

el alumno, caracterizando al método y al proyecto pedagógico.

Ud. debe comprender la importancia de desarrollar la información necesaria

que le ayude a progresar hacia el autoaprendizaje.

Las posibilidades de evaluación, los medios , la actitud didáctica a tomar ante

ella, estarán en estrecha dependencia con las peculiaridades y posiciones que se tomen

ante el tema de los objetivos.

oaorientación general del aprendizaje




El concepto de evaluación que preconizamos, implica la necesidad de recurrir a

las más variadas fuentes de información, incluidos todos los participantes del proceso de

enseñanza -aprendizaje, pues sólo de este modo puede haber un acercamiento más

completo a la complejidad de variables que explican los resultados.

Esquema didáctico del que se parteEsquema didáctico del que se parteEsquema didáctico del que se parteEsquema didáctico del que se parteEsquema didáctico del que se parte.....

El aprendizaje es entendido como un continuo proceso de construcción en el

que el sujeto y objeto se relacionan activamente y se modifican mutuamente. ¿Por qué

proceso de construcción? Porque conocemos la realidad a partir de una permanente

interacción con ella, en función de la cual dotamos de significación a los objetos -

comprendemos propiedades y relaciones- y estructuramos los instrumentos de la

inteligencia.

La asociación y la reestructuración, como procesos necesarios y complementarios

del aprendizaje, superan la concepción asociacionista porque implican que el sujeto que

aprende (alumno) no se limita a responder en forma refleja o mecánica, sino que se trata

de un sujeto activo que actúa sobre los estímulos, modificándolos. Para ello se sirve de

instrumentos, de mediadores. La actividad es un proceso de transformación del medio a

través del uso de instrumentos. El aprendizaje consiste en una internalización progresiva

de instrumentos mediadores.

Uno de los instrumentos más importantes es el lenguaje, pero existen muchos

otros que provienen del medio cultural, por lo que el medio social es fundamental. No se

aprende sólo, el aprendizaje siempre precede al desarrollo. Este se ve posibilitado por la

enseñanza, pudiendo distinguirse un nivel de desarrollo efectivo y un nivel de desarrollo

potencial o zona de desarrollo próximo.

En cuanto a la forma de producirse el aprendizaje, nos proponemos adoptar un

aprendizaje significativoaprendizaje significativoaprendizaje significativoaprendizaje significativoaprendizaje significativo es decir atribuyendo significado a lo que se debe aprender,

a partir de lo que ya se conoce. Este tipo de aprendizaje se produce, estableciendo

relaciones substanciales, no arbitrarias, con los conocimientos previos.

Para que su aprendizaje sea significativo, se deben dar ciertas condiciones en el

objeto a aprender; el nuevo conocimiento debe ser:

* Funcional.



* Integrable.

* Potencialmente significativo.

* Internamente coherente.

En principio es necesario, que Ud. disponga del bagaje indispensable

y de las estructuras cognitivas necesarias para relacionar el nuevo contenido. Además

debe partir de una actitud favorable, exponiendo una distancia optima entre lo que se

sabe y lo que se desconoce.

Es necesaria además, la ayuda pedagógica que posibilite la integración

significativa.

En síntesis, aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir

significado a lo que no se conoce a partir de lo que ya se conoce. Este proceso desemboca

en la realización de aprendizajes que pueden ser efectivamente integrados en la estructura

cognitiva de la persona que aprende, con lo que se asegura su memorización comprensiva

y su funcionalidad.

En cuanto al saber, el diseño del Programa temático que proponemos, intenta

evitar la apropiación de un contenido cerrado o inamovible que se reitere como ha venido

siendo. En su lugar, se tiende a un saber susceptible de transformación, que vaya

acompañando la evolución de los contenidos. Entendemos que esto conduce a propiciar

una situación congruente con la multiplicidad y la simultaneidad.

Además, este aprendizaje significativo será receptivo si logramos crear conflicto

en el alumno y que éste establezca relaciones no arbitrarias, puesto que el aprendizaje se

producirá a partir de situaciones problemáticas provocadas por los docentes, a fin de

que el alumno se vea motivado a actuar para resolverlos.

Creemos que no resulta positivo el aprendizaje de conceptos memorizados sino

que Ud. debe, necesariamente, entender los institutos que se enseñan, comprender en

forma palmaria la implicancia práctica de los mismos y poder dar soluciones a los

problemas reales en base al sistema jurídico imperante. Por la particular materia que

intenta enseñarse y el modo de aprendizaje, Ud. puede ser participe indirecto de los

problemas que acarrea la relación entre el ejercicio de derechos de igual jerarquía, que



pueden tener preeminencia respecto del otro. Lo cual ha sido tomado por los docentes

como elemento motivador del aprendizaje.

Indefectiblemente, consideramos que el proceso de aprendizaje, recién se

completa en la medida y cuando el alumno pueda aplicar los institutos a situaciones

fácticas, teniendo la posibilidad de colocarse en diferentes roles.



El programa de la asignatura Derecho Financiero comprende los siguientes

objetivos:

a) Adquirir el más amplio conocimiento del Derecho Financiero.

b) Demostrar una adecuada motivación en su aplicación, defensa y desarrollo

constituyendo una ineludible obligación de la persona.

c) Desarrollar los conocimientos básicos sobre el Derecho Financiero, los gastos

e ingresos públicos y la Administración del Estado Nacional, desde el

especifico entorno tributario.

d) Comprender, en su extensión, el objeto financiero del Estado.

e) Adquirir el conocimiento de los principios constitucionales que rigen la

materia tributaria.

f) Interpretar la jurisprudencia imperante en el Derecho Tributario.

g) Diferenciar los distintos procedimientos tributarios.

Resulta primordial que, a través de diferentes técnicas, el alumno conozca los

conceptos necesarios para poder encarar de manera práctica, los problemas que se suscitan

y, de ese modo, poder brindar un asesoramiento eficaz y eficiente para que no se vulneren

los derechos de los particulares.

oaobjetivo de aprendizaje de la asignatura




1. FINANZAS PUBLICAS. INTRODUCCIÓN1. FINANZAS PUBLICAS. INTRODUCCIÓN1. FINANZAS PUBLICAS. INTRODUCCIÓN1. FINANZAS PUBLICAS. INTRODUCCIÓN1. FINANZAS PUBLICAS. INTRODUCCIÓN.

1.1. Finanzas públicas. Concepto y terminología.

1.2. Necesidades públicas.

1.3. Actividad financiera del Estado. Concepto, sujetos y fines.

1.4. El fenómeno financiero. Sus elementos componentes.

1.5. Politica financiera, economía financiera, sociología financiera,

administración financiera.

1.6. Relación de las finanzas con otras ciencias.

1.7. Poder financiero.

2. GASTO PÚBLICO, INGRESO PÚBLICO Y PRESUPUESTO.2. GASTO PÚBLICO, INGRESO PÚBLICO Y PRESUPUESTO.2. GASTO PÚBLICO, INGRESO PÚBLICO Y PRESUPUESTO.2. GASTO PÚBLICO, INGRESO PÚBLICO Y PRESUPUESTO.2. GASTO PÚBLICO, INGRESO PÚBLICO Y PRESUPUESTO.

2.1. Gasto Público. Concepto, importancia y elementos. Clasificación. Reparto.

Efectos de los gastos públicos en la economía en general.

2.2. Recursos del Estado. Noción general. Concepto. Clasificación. Recursos

ordinarios y extraordinarios, recursos originarios y derivados. Diferentes

géneros de recursos: recursos originarios y patrimoniales: bienes de dominio

público, bienes de dominio privado, recursos de las empresas estatales,

consideraciones finales; el caso de los monopolios fiscales. Recursos

prprograma


Unidad 1

Unidad 2



tributarios, aclaraciones previas, concepto, características; recursos del

crédito: crédito público, empréstito, deuda pública, régimen legal,

naturaleza jurídica, clasificación de los empréstitos, los empréstitos forzosos;

recursos de la emisión monetaria; los recursos gratuitos; recursos parafiscales

y los recursos por sanciones patrimoniales.

2.3. Presupuesto. Concepto. Naturaleza jurídica. Funciones del presupuesto.

Principios del derecho presupuestario. Tipos de presupuesto. El ciclo

presupuestario. Etapas. Ley Nº 24.156, sistema presupuestario, sistema

de crédito público, sistema de contabilidad gubernamental, sistema de

control interno y sistema de control externo.

3 . DERECHO TRIBUTARIO3 . DERECHO TRIBUTARIO3 . DERECHO TRIBUTARIO3 . DERECHO TRIBUTARIO3 . DERECHO TRIBUTARIO.

3.1. Derecho Tributario. Noción. Autonomía. Codificación.

3.2. Derecho Financiero y Derecho Tributario. Derecho Financiero, noción,

carácter y contenido. Autonomía.

3.3. Los Tributos. Noción general. Clasificación.

3.4. El Impuesto. Noción general. Naturaleza jurídica. Fundamento.

Clasificación. Efectos económicos de los impuestos.

3.5. Las Tasas. Concepto. Caracteres esenciales. Diferencia con el impuesto.

Diferencia con el precio.

3.6. Contribuciones Especiales. Noción general.

3.7. Contribución de Mejoras.

3.8. Interpretación de las normas tributarias. Analogía.

Unidad 3



4 . DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO4 . DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO4 . DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO4 . DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO4 . DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO.

4.1. Derecho Constitucional Tributario. Noción.

4.2. La potestad tributaria. Caracterización.

4.3. Limitaciones a la potestad tributaria. Control jurisdiccional. Principio de

legalidad. Capacidad contributiva. Generalidad. Igualdad. Proporcionalidad.

No Confiscatoriedad.

4.4. Distribución de la potestad tributaria en la Argentina. Doble imposición

interna. Régimen de coparticipación federal de impuestos.

4.5. El caso de los Municipios.

5. DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO.5. DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO.5. DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO.5. DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO.5. DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO.

5.1. Derecho Tributario Sustantivo. Noción General.

5.2. La relación jurídico tributaria.

5.3. Sujeto activo.

5.4. Sujeto pasivo.

5.5. Responsables solidarios y sustitutos.

5.6. Agente de retención y agentes de percepción.

5.7. Hecho imponible.

5.8. Extinción de la relación jurídico tributaria. Pago. Compensación. Confusión.

Novación. Prescripción.

Unidad 4

Unidad 5



6. DERECHO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO Y DERECHO TRIBUTARIO6. DERECHO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO Y DERECHO TRIBUTARIO6. DERECHO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO Y DERECHO TRIBUTARIO6. DERECHO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO Y DERECHO TRIBUTARIO6. DERECHO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO Y DERECHO TRIBUTARIO

PROCESAL.PROCESAL.PROCESAL.PROCESAL.PROCESAL.

6.1. Dirección General Impositiva. AFIP. Organización y funciones.

6.2. Ley Nº 11.683. Facultades verificadoras y fiscalizadoras. La determinación

de oficio. La ejecución fiscal. Procedimientos administrativos y judiciales.

6.3. Tribunal Fiscal de la Nación.

6.4. Procedimientos Administrativos y Judiciales en los Derechos Aduaneros.

7. DERECHO TRIBUTARIO PENAL7. DERECHO TRIBUTARIO PENAL7. DERECHO TRIBUTARIO PENAL7. DERECHO TRIBUTARIO PENAL7. DERECHO TRIBUTARIO PENAL.

7.1. Derecho Tributario Penal. Noción.

7.2. Naturaleza jurídica de la infracción fiscal.

7.3. Régimen de sanciones en el orden nacional. Ley Nº 11.683 y Ley Nº 24.769.

Interrelación de ambas normas.

8. IMPUESTOS8. IMPUESTOS8. IMPUESTOS8. IMPUESTOS8. IMPUESTOS.

8.1. Impuesto a las Ganancias.

8.2. Impuesto al Valor Agregado. Régimen vigente. Base imponible. Débito y

Crédito fiscal.

8.3. Impuesto al Patrimonio. Régimen vigente.

8.4. Impuesto de Sellos.

Unidad 7

Unidad 8

Unidad 6



8.5. Tasas Judiciales.

8.6. Impuesto a los Ingresos Brutos. Concepto. Naturaleza. Sujeto pasivo.

Hecho imponible. Actividades en dos o mas jurisdicciones.



(ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA)

* Ingreso Público * Gasto Público * Presupuesto

FINANZAS PUBLICASFINANZAS PUBLICASFINANZAS PUBLICASFINANZAS PUBLICASFINANZAS PUBLICAS

Derecho TributarioDerecho TributarioDerecho TributarioDerecho TributarioDerecho Tributario

Derecho Financiero

1- Impuestos

2- Tasas

3- Contribuciones

Derecho ConstitucionalDerecho ConstitucionalDerecho ConstitucionalDerecho ConstitucionalDerecho Constitucional

TributarioTributarioTributarioTributarioTributario

1- Potestad Tributaria

2- Limitaciones

3- Distribución de la Potestad

Tributaria.


SustantivoSustantivoSustantivoSustantivoSustantivo

1- Relación jurídico tributaria

2- Sujetos - Responsables

3- Hecho imponible

4- Extinción de la relación jurídico

tributaria

República ArgentinaRepública ArgentinaRepública ArgentinaRepública ArgentinaRepública Argentina

Impuestos en ParticularImpuestos en ParticularImpuestos en ParticularImpuestos en ParticularImpuestos en Particular

Derecho Tributario PenalDerecho Tributario PenalDerecho Tributario PenalDerecho Tributario PenalDerecho Tributario Penal

1- Régimen de sanciones

2- Leyes Nros. 11.683 y 24.769


Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo

Derecho Tributario ProcesalDerecho Tributario ProcesalDerecho Tributario ProcesalDerecho Tributario ProcesalDerecho Tributario Procesal

1- AFIP - DGI Facultades de

verificación y fiscalización.

Determinación de oficio.

Ejecución fiscal.

2- Tribunal Fiscal de la Nación.

3- Procedimiento en materia de

Derecho Aduanero.



u1unidad uno

derecho financiero )(



(UNIDAD I)

1.1 Finanzas Públicas. Concepto y Terminología.

1.2 Necesidades públicas, bienes y servicios públicos.

1.3 Actividad financiera del Estado, concepto, sujetos y fines.

1.4 El fenómeno financiero, sus elementos.

1.5 Política financiera, economía financiera, sociología financiera y

administración financiera.

1.6 Relación de las finanzas con otras ciencias.

1.7 Poder financiero.

Mención sintética de los contenidos



* Adquirir el conocimiento básico de las Finanzas Públicas.

* Reconocer el vínculo de las necesidades públicas con la actividad financiera

del Estado.

* Comprender las fluctuaciones producidas en el pensamiento financiero, en

virtud de la evolución de la civilización y su consiguiente implicancia en la

definición de las necesidades públicas.

* Integrar los diferentes aspectos del fenómeno financiero.

* Relacionar a la ciencia de las Finanzas Públicas con otras ciencias.

* Reconocer el Poder Financiero ejercido por el Estado Nacional.

oaobjetivos de aprendizaje de la unidad




(ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD I)

Finanzas Públicas

Relación con otras ciencias.Necesidades públicas.

Bienes públicos.

Servicios públicos.

Poder financiero

del Estado.

Actividad

financiera del

Estado

Fenómeno

financiero

* Política financiera

* Economía financiera

* Sociología financiera

* Administración financiera



Elaborar un mapa conceptual de las distintas escuelas que suscitaron la evolución

del pensamiento financiero, como ser, la Escuela Económica (Escuela liberal -Adam Smith-, el

Keynesianismo, el poskeynesianismo, etc.), las Escuelas Sociológicas y las Escuelas Políticas.

ai )actividad introductoria

abogacía a distancia



(DESARROLLO DE LA UNIDAD I)

1. FINANZAS PÚBLICAS. INTRODUCCIÓN.

Con carácter introductorio, resulta procedente analizar el origen del vocablo

“Finanzas”. Si bien en un comienzo se pensó en su procedencia germánica (derivada del

verbo finden), otras investigaciones, mayoritariamente aceptadas por la doctrina, le

atribuyen procedencia latina derivada del verbo finis, (que significa poner fin a una deuda).

La corriente anglosajona considera que el origen del vocablo deriva de la antigua

voz inglesa fine, lo cual significaba el tributo exigido por el señor feudal a sus vasallos

para autorizarlos a transferir sus parcelas de tierras.

El término “Finanzas” en períodos más antiguos tuvo la significación de pago,

de rescate luego se entendió como recursos pecuniarios y, alrededor del año 1.314, se lo

identificó con los recursos económicos del Estado.

Dable resulta destacar que en España y en otros países de habla castellana, lo

que en nuestro país se denomina como Finanzas Públicas, es reconocido como Hacienda

Pública, por ello no debe llevar a confusión la utilización de los diferentes términos que

a modo de sinónimos resultar ser: Finanzas Públicas, Finanzas, Hacienda Pública y

Hacienda.

De la doctrina anglosajona surge una importante distinción entre las

denominadas Finanzas Privadas (private finance) es decir aquellas concernientes a los

particulares y las Finanzas Públicas (public finance) relacionadas con la Actividad

Financiera del Estado.

Según enseñaba TerryTerryTerryTerryTerry, concurrieron dos criterios para definir a la Ciencia

Financiera. Uno denominado limitativo, el criterio Francés. Otro, amplio, el Alemán.

1.1Finanzas públicas. Concepto y terminología.



El primero de ellos, el LimitativoLimitativoLimitativoLimitativoLimitativo, conceptuaba la ciencia de las finanzas como

aquella que estudia las rentas del Estado y la mejor manera de obtenerlas. Se limitaba,

por consiguiente, al ámbito de las Finanzas Públicas, exclusivamente a la consideración

de las rentas, en forma unilateral, monofásica y restringida.

El segundo criterio, denominado AmplioAmplioAmplioAmplioAmplio, estudiaba a las Finanzas Públicas como

a la ciencia que analizaba los consumos y los productos del Estado (erogaciones e ingresos)

en función a sus legitimas necesidades. Es decir, completaba el estudio con la

consideración de los Gastos Públicos.

A efectos de definir el concepto de Finanzas Públicas, es dable señalar que resulta

dificultoso condensar en una frase el amplio espectro que abarca esta ciencia, sin atender

al desarrollo total de la materia. No obstante ello, y a los fines didácticos, enunciaremos

las diferentes corrientes que intentan conceptualizar el término bajo análisis.

B. GrizziottiB. GrizziottiB. GrizziottiB. GrizziottiB. Grizziotti, definió a ésta ciencia como la que alude a los diferentes medios

para los gastos públicos y la consecución de los fines del Estado, teniendo en cuenta la

evolución de cada país desde el punto de vista institucional-financiero.

Al mismo tiempo WagnerWagnerWagnerWagnerWagner11111 define el término Finanzas “como la ciencia que

estudia la economía general sujeta a la acción de un Estado o cuerpo administrativo

autónomo, con el objeto de procurar y de emplear los bienes materiales (particularmente

el dinero) necesarios para las funciones de las comunidades económicas obligatorias.

Constituyen la Hacienda Pública todas las contribuciones, impuestos, rentas, propiedades,

valores y derechos que pertenecen al Estado”.

La doctrina nacional, expuesta a través de Héctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor Villegas22222 define a las

Finanzas Públicas como aquellas que tienen por objeto estudiar los mecanismos a través

de los cuales el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos.

En ese orden de ideas cabe mencionar al ilustre maestro Dr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino Jarach33333 ,

quien sostiene que las Finanzas Públicas forman parte de la actividad económica del

Sector Público, el cual posee una estructura que convive con la economía de mercado, en

lo que el mencionado autor caracteriza como asociación biológica o simbiosis.

1 GARRONE, José Alberto. Diccionario Manual Jurídico Abeledo Perrot. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1991. Página 382.

2 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ed. Depalma. 5ta. Edición. Buenos Aires, 1993.

3 JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Ed. Cangallo, Buenos Aires 1993.



Esta última definición resulta para los autores la mas completa.

En resumen, podríamos establecer que la ciencia de las Finanzas Públicasla ciencia de las Finanzas Públicasla ciencia de las Finanzas Públicasla ciencia de las Finanzas Públicasla ciencia de las Finanzas Públicas

tiene tres elementos esenciales, los gastos, los recursos y la afectación etiene tres elementos esenciales, los gastos, los recursos y la afectación etiene tres elementos esenciales, los gastos, los recursos y la afectación etiene tres elementos esenciales, los gastos, los recursos y la afectación etiene tres elementos esenciales, los gastos, los recursos y la afectación e

interrelación de los mismos, para la correcta administración financiera delinterrelación de los mismos, para la correcta administración financiera delinterrelación de los mismos, para la correcta administración financiera delinterrelación de los mismos, para la correcta administración financiera delinterrelación de los mismos, para la correcta administración financiera del

Estado en aras de satisfacer las necesidades públicas.Estado en aras de satisfacer las necesidades públicas.Estado en aras de satisfacer las necesidades públicas.Estado en aras de satisfacer las necesidades públicas.Estado en aras de satisfacer las necesidades públicas.

Para analizar este instituto propio de las Finanzas Públicas corresponde referirse,

en primer lugar, a las necesidades humanas propiamente dichas.

Las antes mencionadas, pueden dividirse en:

a) Necesidades Humanas Materiales: La alimentación, el vestido, la vivienda, etc.

b) Necesidades Humanas Inmateriales: Las intelectuales, religiosas, morales, etc.

Dichas necesidades no son las únicas ya que el individuo no vive aislado.

No escapará al alumno, el hecho de que el hombre, desde tiempos pretéritos,

tiende a vivir en sociedad, y es por ello que se van generando necesidades diferentes de

aquellas que surgen como propias del individuo en su consideración aislada. Este tipo de

necesidades son las que algunos autores han calificado como necesidades colectivas o

del grupo. Puede citarse, como ejemplo de ellas, el transporte, la educación, la

comunicación, la asistencia social, la salud, etc. Estas evolucionan y se van modificando,

de acuerdo al progreso que experimenta la civilización.

Cabe destacar, como característica tanto de las necesidades individuales como

de las colectivas o de grupo, que ambas pueden ser atendidas o satisfechas,

indistintamente, por el individuo, por el grupo o por el Estado.

Finalmente, nos encontramos en condiciones de definir que se entiende por

Necesidades Públicas.

Cuando el hombre decide reunirse en comunidad, surgen de dicha unión una

1.2 Necesidades públicas



serie de ideales comunes que podrían sintetizarse como: La defensa contra las agresiones

de otros grupos (defensa exterior), la creación de un ordenamiento normativo interno en

aras de regular la conducta de los individuos que la integran, la administración de justicia

como forma de evitar que las contiendas se resuelvan por la fuerza, y la función legislativa.

Dichos ideales, como fuera expuesto, configuran necesidades comunes y

fundamentales a todos los miembros de una comunidad jurídicamente organizada,

otorgando el marco dentro del cual debe circunscribirse el concepto de Necesidades Públicas.

Pero dichas necesidades no son susceptibles de ser satisfechas por los individuos,

aisladamente considerados. Resulta, por consiguiente, imperioso determinar quien llevará

a cabo dicho cometido.

Al interrogante antes planteado solo cabe una respuesta posible: es el Estado,

representado por su gobierno, quien debe velar por el cumplimiento de estas necesidades,

es decir, repeler las agresiones provenientes del exterior, ya sean estas armadas, como

aquellas medidas económicas y psicológicas tendientes a menoscabar la soberanía de las

comunidades organizadas; la creación de un orden interno; la organización de una

administración de justicia y una función legislativa.

En resumen, como fuera precedentemente expuesto, las necesidades públicas son

aquellas que ineludiblemente deben ser satisfechas por el Estado, ya que de lo contrario no

podría concebirse una comunidad jurídicamente organizada. Asimismo, son las que surgen

como consecuencia de la existencia misma del Estado y se identifican con su cometido esencial.

La doctrina divide a estas necesidades públicas en Absolutas o Primarias y en

Relativas o Secundarias.

a) Necesidades Públicas AbsolutasNecesidades Públicas AbsolutasNecesidades Públicas AbsolutasNecesidades Públicas AbsolutasNecesidades Públicas Absolutas:

a.1) Deben ser satisfechas inexorablemente por el Estado.

a.2) Constituyen la razón de ser del Estado mismo.

a.3) Son esenciales y constantes.

b) Necesidades Públicas Relativas o SecundariasNecesidades Públicas Relativas o SecundariasNecesidades Públicas Relativas o SecundariasNecesidades Públicas Relativas o SecundariasNecesidades Públicas Relativas o Secundarias:



b.1) No tienen su origen en la propia existencia del Estado.

b.2) Se clasifican generalmente como necesidades colectivas o individuales,

pero las mismas son elevadas al rango de necesidades públicas porque el

Estado interpreta que así lo requiere el interés publico.

b.3) Están relacionadas con el progreso y el bienestar social.

b.4) Son mutables, ya que evolucionan en forma paralela a la concepción

del Estado.

La mencionada distinción trae aparejado, para ciertos autores, el siguiente

interrogante: Como se efectúa esa elevación de necesidades colectivas a necesidades

públicas relativas o secundarias?

Para Héctor B. VillegasHéctor B. VillegasHéctor B. VillegasHéctor B. VillegasHéctor B. Villegas44444 , la respuesta a dicha pregunta se debe encontrar en

los fines económicos sociales del Estado moderno (estabilidad económica, incremento

de la renta nacional, máximo empleo, etc.), aspecto este íntimamente relacionado con el

progreso y bienestar social, objetivos estos por los cuales el Estado debe velar en la medida

de sus posibilidades.

Otros autores (José María MartínJosé María MartínJosé María MartínJosé María MartínJosé María Martín55555) indagaron con respecto a si es la ciencia

de las finanzas públicas o el consenso general, el encargado de elevar al rango de

necesidades publicas relativas una necesidad colectiva. El antes citado, partidario de la

teoría en virtud de la cual la ciencia de las finanzas no resulta ser exclusivamente una

disciplina de medios, sino que también deben estudiarse los fines de la misma, entiende

que, a pesar de dicha postura, la ciencia de las finanzas nunca puede crear fines, quedando

dicha tarea exclusivamente reservada al consenso general.

Capítulo aparte merecen las consideraciones que efectúa el Dr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino Jarach66666

con respecto al tema en estudio.

El mencionado autor manifiesta que el Estado, dentro de su proceso de evolución

histórica, ha visto incrementadas sus funciones en número y en intensidad, algunas con carácter

de exclusividad, y otras concurrentemente con las actividades libradas a la iniciativa privada.

4 VILLEGAS, Héctor B. Idem.

5 MARTIN, José M. Ciencia de las Finanzas Públicas.

6 JARACH, Dino. Idem.



Asimismo, sostiene que la evolución de los factores étnicos, religiosos,

económicos, sociales, culturales y geográficos determinan los fines de la organización

estatal y su devenir a través del tiempo. A estos, los define como factores históricos.

Fundamentalmente, a diferencia de otros autores, no coincide con la idea que

existen necesidades que por su naturalezaque por su naturalezaque por su naturalezaque por su naturalezaque por su naturaleza revisten el carácter de públicas . Lo que sí

existe, según el destacado maestro, son necesidades que a través de la historia, el Estado

siempre ha satisfecho y que, actualmente, son asumidas por éste como públicas, en la

mayoría de los países con cierto grado de civilización.

Es decir, necesidades como la defensa exterior, la seguridad interior del país, la

administración de justicia, etc., no revisten caracteres inherentes a su esencia, en virtud

de los cuales se justifique la calificación de ellas como públicas y, como tales, que deban

ser satisfechas por el Estado.

Para el mencionado doctrinario, lo que determina que una necesidad sea pública

o no, es el hecho de que el Estado, en un determinado momento, asuma esas necesidades

como propias y se disponga a satisfacerlas o hacerlas satisfacer dentro de un marco legal

de condiciones, modalidades y garantías que este mismo fije en general o en particular.

Tampoco resulta fundado para JarachJarachJarachJarachJarach, la distinción dada por el hecho que

determinadas necesidades sean caracterizadas como públicas, por pertenecer a la esencia

del Estado y otras no sean calificadas en dicha forma, si el Estado las asume, pero no

responden a sus funciones esenciales. Cita como ejemplo a la seguridad social. El

mencionado autor manifiesta que debe considerarse en los Estados contemporáneos a la

seguridad social, una necesidad pública, de la misma forma en que son consideradas la

defensa nacional, la administración de justicia y la seguridad interna que representan el

contenido más tradicional de la actividad del Estado.

Fundamenta lo antes expuesto que es parte del desenvolvimieto histórico propio

del Estado, la satisfacción de nuevas y mayores necesidades y ellas deben considerarse como

pertenecientes a la esencia del Estado, tanto como aquellas denominadas tradicionales.

A la misma conclusión se arriba, con respecto a ciertas actividades tales como

la banca, el seguro, funciones estas que el Estado ha ido adoptando producto de su

evolución y que actualmente resultan equiparables con lo que este autor denomina

funciones históricas.



Bienes y Servicios Públicos.Bienes y Servicios Públicos.Bienes y Servicios Públicos.Bienes y Servicios Públicos.Bienes y Servicios Públicos.

El paso siguiente que corresponde dar dentro del proceso de la actividad financiera,

una vez analizadas las necesidades susceptibles de ser satisfechas por el Estado, consiste en

producir o hacer producir los bienes materiales o inmateriales que se encargarán de cumplir

con dicho cometido. A tales bienes los podremos denominar, en consecuencia, “Bienes Públicos”.

Dentro de dichos bienes, predominan sin lugar a dudas los inmateriales, y es

por ello que se habla preferentemente de “Servicios Públicos”.

Así, Héctor Villegas Héctor Villegas Héctor Villegas Héctor Villegas Héctor Villegas77777, en ocasión de definir a los Servicios Públicos manifiesta:

“Son las actividades que el Estado (representado por el gobierno) realiza en procura de

la satisfacción de las necesidades públicas.”

Si lo que se pretende satisfacer son necesidades públicas absolutas, el servicio

público debe ser esencial o inherente a la soberanía del Estado, aspectos estos de los que

carece si la actividad del Estado tiene por objeto llenar necesidades públicas relativas.

Los servicios públicos esenciales, contestes con una de las posturas que fuera

expuesta en el punto 2 de esta unidad, son aquellos inherentes a la soberanía del Estado,

y deben ser prestados por él en forma exclusiva e indelegable, haciendo uso de las

prerrogativas emanadas de su poder de imperio (no sería tolerable que empresas privadas

se encarguen de la prestación de servicios tales como la organización del ejército para la

defensa nacional, la seguridad pública, la administración de justicia, etc.).

Por su parte, los servicios públicos no esenciales, tienden a satisfacer necesidades

relacionadas con el progreso y el bienestar social.

Es decir, tanto los servicios públicos esenciales como los no esenciales, son

prestados por el Estado, pero mientras los mencionados en primer término solo pueden

ser suministrados por él en forma directa (no delegables), los restantes servicios públicos

pueden ser atendidos en forma indirecta, mediante la intervención de particulares

intermediarios o concesionarios, siempre supeditados al control estatal.

Asimismo, la doctrina dividió a los servicios públicos en:

a) Divisibles b) Indivisibles




Son divisibles aquellos servicios que no solamente son útiles a toda la comunidad,

sino que se conciben de tal forma que las actividades pueden ser determinadas y

concretadas en relación a los particulares a quienes el servicio atañe (Ejemplo:

Administración de Justicia).

Se consideran indivisibles aquellos cuya naturaleza favorece a numerosos

componentes de la comunidad, pero existe la imposibilidad de efectuar su

particularización con respecto a personas determinadas. (Ejemplo: Defensa Exterior).

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición:

Se puede definir a la actividad financiera del Estado como la “expresión práctica”

de las finanzas públicas, que se traduce en el análisis de los recursos con que cuenta el

Estado y los gastos que esta facultado para realizar. Asimismo, cabe señalar que dicho

análisis se encuentra resumido en el instituto llamado Presupuesto, el cual será analizado

más adelante.

Sujeto:Sujeto:Sujeto:Sujeto:Sujeto:

Como surge de la definición del concepto de Finanzas Públicas, el Estado, en sus

tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) es el sujeto exclusivo de la actividad

financiera. Es él quien ejecuta la obtención de los recursos y la distribución de los gastos.

Fines:Fines:Fines:Fines:Fines:

El fin de la actividad financiera del Estado puede resumirse como la satisfacción de

necesidades de carácter público.

Las necesidades públicas, por lo tanto, resultarán el objetivo de la actividad financiera

del Estado. O sea, que tanto los recursos como los gastos públicos serán fijados y calculados

teniendo en cuenta dichas necesidades públicas indispensables para la comunidad.

No obstante ello, varios autores han caracterizado los fines de la actividad

financiera, desde dos conceptos antagónicos, según la misión asignada al Estado:

1.3 Actividad financiera del Estado.



a) El fin neutral de la actividad financiera, el cual se traduce en un Estado que no

interviene en la economía asumiendo un carácter estático y pasivo.

Esta concepción de la actividad financiera es conocida como Escuela Clásica o

Escuela Liberal expuesta por Adam SmithAdam SmithAdam SmithAdam SmithAdam Smith, a fines del Siglo XVIII, quien sostenía que el

Estado no debía intervenir en la economía, atento la libertad de los individuos. El Estado

sólo debía proteger a la sociedad de la violencia o invasión de otras sociedades, proteger

a los individuos de las injusticias y realizar y mantener las obras públicas necesarias para

toda la comunidad.

También formaron parte de la Escuela Liberal diversos economistas como por

ejemplo, David Ricardo, Juan Bautista Say y John Stuart Mill.David Ricardo, Juan Bautista Say y John Stuart Mill.David Ricardo, Juan Bautista Say y John Stuart Mill.David Ricardo, Juan Bautista Say y John Stuart Mill.David Ricardo, Juan Bautista Say y John Stuart Mill.

b) El fin intervencionista de dicha actividad, en donde el Estado asume un carácter

conductor, dirigiendo la economía en forma dinámica y activa.

Esta concepción surge con la Primera Guerra Mundial, en 1914, donde los Estados

deben recurrir a medidas económicas para solventar los gastos derivados del conflicto

bélico. Otro suceso importante que determinó una fuerte intervención estatal en la

economía resultó ser la gran depresión económica de 1929, donde el Estado debió adoptar

una serie de medidas opuestas a lo mantenido por la Escuela Liberal. Cabe señalar a

Keynes Keynes Keynes Keynes Keynes como el principal exponente de esta Escuela Intervencionista.

Otros importantes economistas que sustentaron la intervención del Estado en

la economía fueron Adolf Wagner, Alvin Hansen y Abba Lerner.Adolf Wagner, Alvin Hansen y Abba Lerner.Adolf Wagner, Alvin Hansen y Abba Lerner.Adolf Wagner, Alvin Hansen y Abba Lerner.Adolf Wagner, Alvin Hansen y Abba Lerner.

Según lo expuesto por el Dr. VillegasDr. VillegasDr. VillegasDr. VillegasDr. Villegas88888, los ingresos obtenidos y los gastos

realizados por parte del Estado, forman el llamado “fenómeno financiero”. Fenómeno

que se analiza en forma individual respecto a cada ingreso obtenido y a cada asignación

de gasto.

El análisis en forma conjunta, de cada fenómeno financiero en particular,

conforma la denominada actividad financiera del Estado.


1.4 El fenómeno financiero.



Si bien dichos fenómenos se estudian en forma independiente, resultan ser

complejos por las consecuencias y efectos que producen en la economía en general.

Atento su complejidad deben estudiarse desde distintos aspectos de análisis:

Aspecto económico.

Aspecto político.

Aspecto jurídico.

Aspecto social.

Aspecto administrativo

a) Desde el aspecto económico, el fenómeno financiero forma parte del mismo,

con la característica que tiene en cuenta al Estado como sujeto y, por lo tanto, tiende al

bien común, más allá del bienestar individual que busca lograr la economía de mercado.

b) Desde el aspecto político, y teniendo en cuenta que el fenómeno financiero

forma parte del mismo, produce consecuencias que provocan cambios dentro de un

gobierno, a veces de carácter sustancial, como por ejemplo la aplicación del “impuesto al

té” que se negaron a pagar los colonos de América del Norte y que significó una de las

principales causas que dio origen a la independencia de los Estados Unidos.

c) Desde el aspecto jurídico, el fenómeno financiero nace de una relación de derecho

y reviste siempre carácter legal, regulando y estableciendo la actividad financiera del Estado.

d) Desde el aspecto social, todas las operaciones financieras sirven para satisfacer

necesidades públicas, las cuales son determinadas de acuerdo a pautas y factores de

carácter social.

e) Desde el aspecto administrativo, el fenómeno financiero tiene relación con

la parte técnica o funcional de cada operación.

Cada uno de los distintos aspectos del fenómeno financiero que fueron

analizados, son estudiados en profundidad por distintas disciplinas, como por ejemplo

FENOMENO FINANCIERO



la Política Financiera, la Economía Financiera, la Sociología Financiera y la Administración

Financiera. Estas distintas disciplinas, a su vez, pueden agruparse para conformar la

llamada Ciencia de las Finanzas Públicas.

Las finanzas públicas deben estudiarse desde los aspectos referidos a la política,

la economía, la sociología y la administración financiera.

A) La Política financieraLa Política financieraLa Política financieraLa Política financieraLa Política financiera se ocupa de analizar las necesidades públicas que el

Estado tiene por finalidad satisfacer. A tal fin, se deberán establecer, a través de la política

financiera, los métodos necesarios para cumplir con esas necesidades públicas.

En síntesis, la política financiera se encargará del estudio de la elección de los

recursos y los gastos públicos, debiendo el Estado determinar a qué clase o grupo social

desea proteger o beneficiar, y estableciendo un orden de prioridades en materia de gastos.

B) La Economía financieraLa Economía financieraLa Economía financieraLa Economía financieraLa Economía financiera analiza, desde un punto de vista económico, los

efectos que produce la aplicación de una determinada política financiera; determinando

las consecuencias a nivel particular (aspectos microscópicos) como a nivel social (aspectos

macroscópicos) de la actividad financiera.

C) La Sociología financieraLa Sociología financieraLa Sociología financieraLa Sociología financieraLa Sociología financiera estudia el aspecto social de los actos financieros

realizados por el Estado y sus posibles consecuencias en relación con la economía de los

particulares y la economía general.

D) LLLLLa Administración financieraa Administración financieraa Administración financieraa Administración financieraa Administración financiera, también conocida como la Técnica

financiera, estudia y analiza los aspectos vinculados a las posibles soluciones a los problemas

que se plantean durante la ejecución de las operaciones financieras. Por ejemplo, el

control y la fiscalización de la actividad financiera y su organización administrativa.

En principio se vinculó a las Finanzas Públicas con la Economía, por cuanto

constituían una sola ciencia. Con el tiempo, ambas se separaron, no obstante que, a medida

1.5 Política financiera, economía financiera, sociología financiera, administraciónfinanciera.

1.6 Relación de las finanzas con otras ciencias.



que evoluciona nuestra sociedad, los efectos de la actividad financiera del Estado, siguen

vinculando aún más esta relación. La temática de las finanzas del Estado se interrelacionan

continuamente con la Economía, y con otras ciencias sociales.

El desarrollo de las Finanzas Públicas implica una serie de medidas que tienden

a interactuar con otras ciencias que denoten efectos económicos. Entre ellas, encontramos

las siguientes:

Relación con otras ciencias

Relación con las Ciencias Económicas:Relación con las Ciencias Económicas:Relación con las Ciencias Económicas:Relación con las Ciencias Económicas:Relación con las Ciencias Económicas:

La estrecha relación, con las ciencias económicas, a las que ya se hiciera referencia,

tiene origen histórico, en cuanto las Finanzas Públicas surgen de una escuela economista

como la escuela clásica de Adam SmithAdam SmithAdam SmithAdam SmithAdam Smith, la que dio las primeras herramientas básicas de

esta nueva ciencia. Tomando las palabras de Salvador OríaSalvador OríaSalvador OríaSalvador OríaSalvador Oría99999 vale decir que “a la luz del

juicio de los tratadistas mas autorizados y de lo que podríamos llamar la genealogía de la

materia, la vinculación entre las finanzas y economía es tan estrecha como la que puede

existir en el orden humano entre padres e hijos, en la relación biológica de descendencia”.

No obstante lo expuesto y desde el punto de vista funcional la relación entre

las finanzas y la economía, se vinculan aún mas en la actualidad con el advenimiento del

Estado intervencionista, en cuanto la actividad financiera del Estado excede la finalidad

fiscal, para incorporarse a otros procesos como la producción, el tipo de cambio, las

importaciones, etc.

De lo expuesto podemos afirmar que el Estado al ejercer su actividad financiera,

se desprendió de su vinculación meramente económica para pasar a desarrollar un papel

* Las Ciencias Económicas

* Las Ciencias Jurídicas

* La Política

* La Historia

* La Estadística

9 SORIA, Salvador. Finanzas. Buenos Aires, 1948 Tomo I, página 60.



de planificador de las Finanzas del Estado. Su actividad no sólo circula por la economía

del Estado, sino que tiende a cubrir otras actividades y necesidades de un país.

Relación con las Ciencias Jurídicas.Relación con las Ciencias Jurídicas.Relación con las Ciencias Jurídicas.Relación con las Ciencias Jurídicas.Relación con las Ciencias Jurídicas.

Con el objeto de que la ciencia de las Finanzas Públicas se encuentren ordenadas,

la misma hace uso de las ciencias jurídicas, dando forma a lo que llamaremos el Derecho

Financiero, en orden a que la actividad financiera, se manifestara a través de normas jurídicas.

A efectos de complementar esa relación corresponde señalar que existen otras

vinculaciones jurídicas, que a continuación se detallan:

a) Vinculación con el Derecho Constitucional:

En tanto nuestra Carta Magna contiene varios artículos que hacen a la actividad

financiera del Estado, su estructura y alcance.

Nuestra Constitución Nacional establece que el Gobierno Federal provee a los

gastos de la Nación con los Fondos de Tesoro Nacional, formado del producto de derechos

de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de

la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la

población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito

que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad

nacional. (Art. 4).

Asimismo, y a efectos de comprender el alcance de la relación con las Finanzas

Públicas, resulta necesario remitirnos a la Constitución Nacional, artículos 8, 9, 10, 11, 16, etc.

Corresponde, asimismo, remitirse al artículo 75 de la Constitución Nacional en

relación a las atribuciones del Congreso, a efectos de dilucidar el amplio espectro sobre

el que el Congreso Nacional debe legislar a efectos de que la Actividad Financiera del

Estado se active, en orden a un Presupuesto General (inciso 8).

b) Vinculación con el Derecho Administrativo:

La relación con esta rama del Derecho, se respalda en que el Estado procura la

obtención de recursos a efectos de satisfacer necesidades públicas, a través de los



denominados Servicios Públicos, y es aquí donde el Estado por medio de las normas

administrativas desarrolla las actividades tendientes a cubrir esa tarea.

c) Vinculación con el Derecho Privado:

Las Finanzas Públicas, como actividad del Estado, están sujetas a las normas del

Derecho Privado por su relación económica con las personas físicas o jurídicas. Por ello,

debe someterse al derecho privado, tanto más cuando el Estado actúa como una empresa

a través de sociedades del Estado y se relaciona con sujetos del derecho privado.

Relación con la PolíticaRelación con la PolíticaRelación con la PolíticaRelación con la PolíticaRelación con la Política

En cuanto el Estado moderno se caracteriza por ser un Estado Intervencionista,

que actúa no sólo en la esfera económica de la actividad financiera propia sino que,

además, se relaciona con la sociedad a nivel cultural, educativo, deportivo, etc. El Estado

asume decisiones políticas determinantes en la satisfacción de necesidades publicas

diversas, y no sólo aquellas inherentes a su existencia económica. El Poder Financiero

conlleva a la planificación de las Finanzas acordes a las fuentes de los recursos públicos.

Relación con la Historia.Relación con la Historia.Relación con la Historia.Relación con la Historia.Relación con la Historia.

Porque le brinda a las Finanzas Públicas el aporte histórico del acontecer de la

actividad financiera del Estado, según las circunstancias acaecidas de tiempo y lugar.

Expone el motivo de la situación actual de las Finanzas de un Estado y otorga una basta

recopilación de hechos para la comprensión del futuro de las finanzas de esa Nación.

Relación con la Estadística.Relación con la Estadística.Relación con la Estadística.Relación con la Estadística.Relación con la Estadística.

En tanto resultan más que necesarias al momento de investigar la situación

financiera de un Estado en un momento dado. Es un registro continuo de los fenómenos

financieros. Podríamos decir que las estadísticas dan razón de ser a las Finanzas, mientras

que sus resultados señalan las tendencias de la actividad.



En orden a lo expuesto en los distintos puntos de la Unidad Temática bajo análisis,

podríamos definir al Poder Financiero como el Poder de imperio de un Estado enPoder Financiero como el Poder de imperio de un Estado enPoder Financiero como el Poder de imperio de un Estado enPoder Financiero como el Poder de imperio de un Estado enPoder Financiero como el Poder de imperio de un Estado en

virtud del cual se ejerce la actividad financiera del mismo.virtud del cual se ejerce la actividad financiera del mismo.virtud del cual se ejerce la actividad financiera del mismo.virtud del cual se ejerce la actividad financiera del mismo.virtud del cual se ejerce la actividad financiera del mismo.

Cuando el Estado planifica su actividad financiera ejerce ese Poder Financiero,

definiendo qué gastos ha de efectuar, en base a los recursos que obtendrá, tomando las

medidas consideradas pertinentes para lograr que esos ingresos efectivamente se logren.

Por lo tanto, planifica cómo cubrir las necesidades publicas, a través de servicios públicos,

los que serán solventados en base a los gastos que ese Estado programe realizar, en

virtud del ingreso de recursos públicos que logre recaudar en ejercicio de su poder de

imperio.

1.7 Poder financiero.



Al intentar definir el concepto de Finanzas Públicas, resulta dificultoso

condensar en una frase el amplio espectro que abarca esta ciencia, atendiendo al

desarrollo total de la materia.

Sin perjuicio de ello, podríamos establecer que la ciencia de las Finanzas Públicas

tiene tres elementos esenciales: los gastos, los recursos y la afectación e interrelación de

los mismos para la correcta administración financiera del Estado en aras de satisfacer las

necesidades públicas.

Las Necesidades Públicas, según de quién surgen, se pueden clasificar en

Necesidades Individuales (Materiales e Inmateriales), Necesidades Colectivas y Necesidades

Públicas.

Se puede definir a la Actividad Financiera del Estado como la “expresión práctica”

de las finanzas públicas, que se traduce en el análisis de los recursos con que cuenta el

Estado, y los gastos que éste se encuentra facultado para realizar.

La actividad financiera del Estado fue estudiada por la llamada Escuela Clásica y

por la Escuela Intervencionista.

Los ingresos obtenidos y los gastos realizados por parte del Estado, forman el

llamado “fenómeno financiero”.

Hay distintos aspectos de análisis del fenómeno financiero: Aspecto económico,

político, jurídico, social y administrativo. También pueden analizarse las finanzas públicas

desde la Política financiera, la Economía Financiera, la Sociología Financiera y la

Administración Financiera.

Las Finanzas Públicas se interrelacionan con otras ciencias en el desarrollo de la

Actividad Financiera del Estado, a saber: la economía, la política, el derecho, la historia y

las estadísticas.

sf)síntesis final




El Poder Financiero del Estado, se manifiesta a través de su poder coactivo,

para obtener recursos públicos que le permitan solventar los gastos necesarios a efectos

de cubrir las necesidades públicas.



1) Analice las diferentes definiciones que sobre Finanzas Públicas formularon

los autores citados.

2) Compare las diferentes concepciones doctrinarias sobre las necesidades

públicas.

3) Ejemplifique cada uno de los distintos aspectos del fenómeno financiero,

teniendo en cuenta las necesidades públicas, los recursos y gastos del Estado,

y el carácter social de la actividad financiera.

4) Una exención de carácter tributaria que beneficie a las familias que poseen

una sola propiedad con carácter de casa-habitación, eximiéndoles del pago del

impuesto inmobiliario, ¿A qué aspecto (o aspectos) de la actividad financiera

del Estado se refiere?

5) Analice cada una de las relaciones de las Finanzas Públicas con otras ciencias

y ejemplifique las mismas, en el campo financiero actual, sin repetir las

situaciones enunciadas en el material instructivo.

6) ¿Cuál es la finalidad del Poder Financiero del Estado en su actividad

económica.?

af)actividad final




Estadística:Estadística:Estadística:Estadística:Estadística: Es la ciencia que tiene como objetivo principal dar métodos para

el tratamiento de los datos y su aplicación.

Hacienda:Hacienda:Hacienda:Hacienda:Hacienda: Es el conjunto de las rentas de un Estado.

Rentas:Rentas:Rentas:Rentas:Rentas: Beneficio, ganancia o utilidad .

glosario

gl)abogacía a distancia



(BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD I)

* JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Ed. Cangallo, Buenos Aires,

1993.

* VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ed.

Depalma. Buenos Aires, 1993.

* MARTIN, José M. Ciencia de las Finanzas Públicas.

* MORDEGLIA, Roberto y colaboradores. Manual de Finanzas Públicas. AZ Editora.

Buenos Aires, 1986.

Bibliografía optativa

Bibliografía de consulta

Bibliografía obligatoria.



u2unidad dos




(UNIDAD II)

2.1 Gasto Público, concepto, importancia y elementos. Clasificación. Reparto.

Efecto de los Gastos Públicos.

2.2 Recursos Públicos, noción general. Clasificación, Recursos ordinarios y

extraordinarios. Recursos originarios y derivados. Diferentes géneros de

recursos. Monopolios fiscales. Recursos tributarios. Recursos del crédito,

Recursos de la emisión monetaria. Recursos gratuitos. Recursos parafiscales

y recursos por sanciones patrimoniales.

2.3 Presupuesto, concepto, naturaleza jurídica, funciones del presupuesto,

principios del derecho presupuestario, ciclo presupuestario, etapas. Ley Nº

24.156, objetivos, sistemas.

Mención sintética de los contenidos.



* Reconocer las herramientas de las Finanzas Públicas.

* Comprender la actividad financiera del Estado.

* Desarrollar el conocimiento de los Recursos y Gastos del Estado.

* Interpretar la mecánica del presupuesto y su función, así como también los

principios que lo rigen.

* Caracterizar los distintos sistemas que rigen el ejercicio de la actividad

financiera del Estado, los cuales se encuentran establecidos en la ley Nº 24.156,

y los controles que regulan la materia.





(ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD II)

1) Objetivo

2) Sistemas

ACTIVIDAD

FINANCIERA DEL

ESTADO

GASTOS

PUBLICOSPRESUPUESTO

RECURSOS

PUBLICOSLEY Nº 24.156

1) Concepto

2) Clasificación

3) Efectos

1) Concepto

2) Principios

3) Clasificación

4) Etapas

1) Concepto

2) Clasificación

1) Objetivo

2) Sistemas



Leer la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control

del Sector Público Nacional (que se acompaña).

LEY N° 24.156.ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR

PÚBLICO NACIONAL.(BOLETÍN OFICIAL N° 27.503, 29/10/1992) SANCIONADA: 30/9/1992

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 1º - La presente ley establece y regula la administración financiera y

los sistemas de control del sector público nacional.

ARTICULO 2º - La administración financiera comprende el conjunto de sistemas,

órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de

los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

ARTICULO 3º - Los sistemas de control comprenden las estructuras de control

interno y externo del sector público nacional y el régimen de responsabilidad que estipula

y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

ARTICULO 4º - Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deberán tenerse

presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:

a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad,

economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos;

b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los

recursos del sector público nacional;

aiactividad introductoria




c) Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable

sobre el comportamiento financiero del sector público nacional útil para la dirección de

las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de

las áreas administrativas;

d) Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada

jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y mantenimiento de:

I) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y acorde

con su naturaleza jurídica y características operativas;

II) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico

y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control

previo y posterior y de la auditoría interna;

III) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de

las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas,

proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad.

Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con

un personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se les

asignen en el marco de esta ley.

e) Estructurar el sistema de control externo del sector público nacional.

ARTICULO 5º - La administración financiera estará integrada por los siguientes

sistemas, que deberán estar interrelacionados entre sí:

- Sistema presupuestario;

- Sistema de crédito público;

- Sistema de tesorería;

- Sistema de contabilidad.



Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá

directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos.

ARTICULO 6º - El Poder Ejecutivo Nacional establecerá el órgano responsable

de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera, el cual dirigirá

y supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos.

ARTICULO 7º - La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la

Nación serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo,

respectivamente.

ARTICULO 8º - Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector

público nacional, el que a tal efecto está integrado por:

a) Administración Nacional, conformada por la administración central y los

organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de

seguridad social;

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las

Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria,

las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales

donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las

decisiones societarias.

Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas

de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las

instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado

Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades.

ARTICULO 9º - En el contexto de esta ley se entenderá por entidad a toda

organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; y, por jurisdicción a

cada una de las siguientes unidades institucionales:

a) Poder Legislativo;

b) Poder Judicial;



c) Presidencia de la Nación, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo

Nacional.

ARTICULO 10.- El ejercicio financiero del sector público nacional, comenzará el

primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

TITULO II:

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIOCAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

SECCIÓN I: NORMAS TÉCNICAS COMUNES.

ARTICULO 11.- El presente título establece los principios, órganos, normas y

procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y

entidades que conforman el sector público nacional.

ARTICULO 12 .- Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos

previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros,

sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las

transacciones programadas para ese período, en sus cuentas corrientes y de capital, así

como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

ARTICULO 13.- Los presupuestos de recursos contendrán la enumeración de los

distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos

estimados para cada uno de ellos en el ejercicio.

Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deberán ser lo

suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes.

ARTICULO 14.- En los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más

adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción

de bienes y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia

económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con

sus fuentes de financiamiento.

La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y los

clasificadores de gastos y recursos que serán utilizados.



ARTICULO 15 .- Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades

públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo

de ejecución exceda al ejercicio financiero, se deberá incluir en los mismos información

sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el

monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. La aprobación

de los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente,

implicará la autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir los bienes y servicios

hasta por su monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes.

SECCIÓN II: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

ARTICULO 16.- La oficina nacional de presupuesto será el órgano rector del

sistema presupuestario del sector público nacional.

ARTICULO 17.- La oficina nacional de presupuesto tendrá las siguientes

competencias:

a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera

que, para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas

de administración financiera;

b) Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración

financiera los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del sector público

nacional;

c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución,

modificaciones y evaluación de los presupuestos de la administración nacional;

d) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de

las empresas y sociedades del Estado;

e) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la

administración nacional y proponer los ajustes que considere necesarios;

f) Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado y

presentar los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo Nacional;

g) Preparar el proyecto de ley de presupuesto general y fundamentar su contenido;



h) Aprobar, juntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución del

presupuesto de la administración nacional preparada por las jurisdicciones y

entidades que la componen;

i) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del sector público

nacional regidos por esta ley y difundir los criterios básicos para un sistema

presupuestario compatible a nivel de provincias y municipalidades;

j) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la administración nacional e

intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las

atribuciones que le fije la reglamentación;

k) Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos

por esta ley, su reglamentación y las normas y técnicas respectivas;

l) las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

ARTICULO 18 .- Integrarán el sistema presupuestario y serán responsables de

cumplir con esta ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Oficina

Nacional de Presupuesto, todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en

cada una de las jurisdicciones y entidades del sector público nacional. Estas unidades

serán responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en

materia presupuestaria, establezcan las autoridades competentes.

CAPÍTULO II: DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

SECCIÓN I: DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DE PRESUPUESTO GENERAL.

ARTICULO 19.- La ley de presupuesto general constará de tres títulos cuyo

contenido será el siguiente:

Título I.- Disposiciones generales;

Título II.- Presupuesto de recursos y gastos de la administración central;

Título III.- Presupuestos de recursos y gastos de los organismos descentralizados.



ARTICULO 20.- Las disposiciones generales constituyen las normas

complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero.

Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia,

no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar

leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.

El título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión

global del presupuesto y sus principales resultados.

ARTICULO 21.- Para la administración central se considerarán como recursos

del ejercicio todo aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier

organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la administración

central, el financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público,

representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios

anteriores que se estime existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se

presupuesta. No se incluirán en el presupuesto de recursos, los montos que correspondan

a la coparticipación de impuestos nacionales.

Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en

el período, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.

ARTICULO 22.- Para los organismos descentralizados, la reglamentación

establecerá los criterios para determinar los recursos que deberán incluirse como tales

en cada uno de esos organismos. Los gastos se programarán siguiendo el criterio del

devengado.

ARTICULO 23.- No se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos

con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de:

a) Los provenientes de operaciones de crédito público;

b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado

nacional, con destino específico;

c) Los que por leyes especiales tengan afectación específica.



SECCIÓN II: DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO.

ARTICULO 24.- El Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos

generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general.

A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una

evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general

del país y sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto

plazo, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o

programas de inversiones públicas en particular

Se considerarán como elementos básicos para iniciar la formulación de los

presupuestos, el programa monetario y el presupuesto de divisas formulados para el

ejercicio que será objeto de programación, así como la cuenta de inversiones del último

ejercicio ejecutado y el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio vigente.

El programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso

Nacional, a título informativo, como soporte para el análisis del proyecto de ley de

presupuesto general.

ARTICULO 25.- Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones

y organismos descentralizados, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina

Nacional de Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general.

El proyecto de ley deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones:

a) Presupuesto de recursos de la administración central y de cada uno de los organismos

descentralizados, clasificados por rubros;

b) Presupuestos de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo

descentralizado, los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios;

c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se

prevén ejecutar;

d) Resultados de las cuentas corriente y de capital para la administración central, para

cada organismo descentralizado y para el total de la administración nacional.



El reglamento establecerá, en forma detallada, otras informaciones a ser

presentadas al Congreso Nacional tanto para la administración central como para los

organismos descentralizados.

ARTICULO 26.- El Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de

presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre

del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación

de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada

para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para

gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y

elementos de juicio que estime oportunos.

ARTICULO 27.- Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el

presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes

ajustes que deberá introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la

administración central y de los organismos descentralizados:

1.- En los presupuestos de recursos:

a) Eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente;

b) Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas,

en la cuantía en que fueron utilizadas;

c) Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero

anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su

utilización;

d) Estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio;

e) Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución,

cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.

2.- En los presupuestos de gastos:

a) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido

los fines para los cuales fueron previstos;



b) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las

cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de

tratados internacionales;

c) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y

eficiencia de los servicios;

d) Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y

servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que

resulten de los ajustes anteriores.

ARTICULO 28.- Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos

en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, deberá contar con el

financiamiento respectivo.

SECCIÓN III: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ARTICULO 29.- Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de

agregación que haya aprobado el Congreso Nacional, según las pautas establecidas en el

artículo 25 de esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles

para gastar.

ARTICULO 30.- Una vez promulgada la ley de presupuesto general, el Poder

Ejecutivo Nacional decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos.

La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la

presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías

de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la ley de

presupuesto general. El dictado de este instrumento normativo implicará el ejercicio de

la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones

para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.

ARTICULO 31.- Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el

presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al devengarse

un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación

de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la regulación de los demás

aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia.



ARTICULO 32.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están

obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que les fije

la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el momento en

que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de presupuesto de

gastos, además del momento del devengado, según lo establece el artículo precedente,

las etapas de compromiso y del pago.

El registro del compromiso se utilizará como mecanismo para afectar

preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago, para

reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

ARTICULO 33.- No se podrán adquirir compromisos para los cuales no quedan

saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una

finalidad distinta a la prevista.

En este último supuesto regirá para los Poderes Legislativo y Judicial, lo dispuesto

por el artículo 16 de la Ley 16.432 (incorporada a la ley permanente de presupuesto) y

por el artículo 5º, primer párrafo, de la Ley 23.853, respectivamente.

ARTICULO 34.- A los fines de garantizar una correcta ejecución de los

presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles,

todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución

física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y

las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los

sistemas presupuestario y de tesorería, excepción hecha de la jurisdicción del Poder Legislativo

y Poder Judicial que continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el artículo

16 de la Ley 16.432 y en el artículo 5º, primer párrafo de la Ley 23.853, respectivamente.

Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los

órganos rectores en la forma y para los períodos que se establezca.

El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá

ser superior al monto de los recursos recaudados durante el mismo.

ARTICULO 35.- Los órganos de los tres poderes del Estado determinarán, para

cada uno de ellos, los límites cuantitativos y cualitativos mediante los cuales podrán

contraer compromisos por sí, o por la competencia específica que asignen, al efecto, a



los funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable. La

reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos

y las habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en esta ley.

ARTICULO 36.- Facúltase al órgano coordinador de los sistemas de administración

financiera a afectar los créditos presupuestarios de las jurisdicciones y organismos

descentralizados, destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que

determine la reglamentación.

ARTICULO 37.- La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para

efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante

su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto

total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que

impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento delos gastos de capital o de las

aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades.

ARTICULO 38.- Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto

general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.

ARTICULO 39.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para

gastar no incluidas en la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por

parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo

acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la

imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las previsiones

ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables.

Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al presupuesto general.

ARTICULO 40.- Las sumas a recaudar que no pudieren hacerse efectivas por resultar

incobrables, podrán ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo Nacional o por los funcionarios

que determine la reglamentación, una vez agotados los medios para lograr su cobro.

La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos del Estado,

ni de la responsabilidad en que pudiera incurrir el funcionario o empleado recaudador o

cobrador, si tal situación le fuera imputable.



SECCIÓN IV: DEL CIERRE DE CUENTAS

ARTICULO 41.- Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán al

31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se

considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se

hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse

compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

ARTICULO 42.- Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada

año se cancelarán, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y

bancos existentes a la fecha señalada.

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se

afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos

disponibles para ese ejercicio.

El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de

estas disposiciones.

ARTICULO 43.- Al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes

responsables de la liquidación y captación de recursos de la administración nacional y se

procederá al cierre del presupuesto de recursos de la misma.

Del mismo modo procederán los organismos ordenadores de gastos y pagos

con el presupuesto de gastos de la administración nacional.

Esta información, junto al análisis de correspondencia entre los gastos y la

producción de bienes y servicios que preparará la Oficina Nacional de Presupuesto, será

centralizada en la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la cuenta de

inversión del ejercicio que, de acuerdo al artículo 95, debe remitir anualmente el Poder

Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional.



SECCIÓN V: DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ARTICULO 44.- La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los

presupuestos de la administración nacional tanto en forma periódica, durante el ejercicio,

como al cierre del mismo.

Para ello, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán:

a) Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus

presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes;

b) Participar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina Nacional

de Presupuesto.

ARTICULO 45.- Con base en la información que señala el artículo anterior, en la

que suministre el sistema de contabilidad gubernamental y otras que se consideren

pertinentes, la Oficina Nacional de Presupuesto realizará un análisis crítico de los

resultados físicos y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos,

interpretará las variaciones operadas con respecto a los programado, procurará

determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para las autoridades

superiores y los responsables de los organismos afectados.

La reglamentación establecerá los métodos y procedimientos para la aplicación de

las disposiciones contenidas en esta sección, así como el uso que se dará a la información generada.

CAPÍTULO III: DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS EMPRESAS YSOCIEDADES DEL ESTADO

ARTICULO 46.- Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las empresas y

sociedades del Estado, aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo

remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto, antes del 30 de setiembre del año anterior

al que regirá. Los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y los

lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano coordinador

de los sistemas de administración financiera y la autoridad de la jurisdicción correspondiente;

contendrán los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el

presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados

operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva.



ARTICULO 47.- Los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos

deben estar formulados utilizando el momento del devengado de las transacciones como

base contable.

ARTICULO 48.- La Oficina Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de

presupuesto de las empresas y sociedades y preparará un informe destacando si los mismos

se encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de

instituciones y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su

juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial

al Estado o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes.

ARTICULO 49.- Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe

mencionado en el artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo

Nacional de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la reglamentación.

El Poder Ejecutivo Nacional aprobará, en su caso con los ajustes que considere convenientes,

antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos de las empresas y sociedades del

Estado, elevados en el plazo previsto en el artículo 46 de la presente ley, pudiendo delegar

esta atribución en el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Si las empresas y sociedades del Estado no presentaren sus proyectos de

presupuesto en el plazo previsto, la Oficina Nacional de Presupuesto elaborará de oficio

los respectivos presupuestos y los someterá a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 50.- Los representantes estatales que integran los órganos de las

empresas y sociedades del Estado, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos

presupuestos, deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo

Nacional.

ARTICULO 51.- El Poder Ejecutivo Nacional hará publicar en el Boletín Oficial

una síntesis de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, con los contenidos

básicos que señala el artículo 46.

ARTICULO 52.- Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las empresas

y sociedades del Estado durante su ejecución y que impliquen la disminución de los

resultados operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión

programada, o el incremento del endeudamiento autorizado, deben ser aprobadas por

el Poder Ejecutivo Nacional, previa opinión de la Oficina Nacional de Presupuesto. En el



marco de esta norma y con opinión favorable de dicha oficina, las empresas y sociedades

establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias.

ARTICULO 53.- Al cierre de cada ejercicio financiero las empresas y sociedades

procederán al cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos.

ARTICULO 54.- Se prohíbe a las entidades del sector público nacional realizar

aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté

aprobado en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para

realizar operaciones de crédito público.

CAPÍTULO IV: DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICONACIONAL.

ARTICULO 55.- La Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el

presupuesto consolidado del sector público, el cual presentará información sobre las

transacciones netas que realizará este sector con el resto de la economía y contendrá,

como mínimo, la siguiente información:

a) Una síntesis del presupuesto general de la administración nacional;

b) Los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades

del Estado;

c) La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados

institucionales útiles para el análisis económico;

d) Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el sector

público nacional;

e) Información de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que

se estiman utilizar, así como la relación de ambos con los recursos financieros;

f) Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el

resto de la economía.



El presupuesto consolidado del sector público nacional será presentado al Poder

Ejecutivo Nacional, antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por

el Poder Ejecutivo Nacional será remitido para conocimiento del Congreso Nacional.

TITULO III: DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

ARTICULO 56.- El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su

reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas.

Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse

con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas,

para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o

para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.

Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos

operativos.

ARTICULO 57.- El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito

público se denominará deuda pública y puede originarse en:

a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo,

constitutivos de un empréstito;

b) La emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio

financiero;

c) La contratación de préstamos con instituciones financieras;

d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se

estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente;

siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente;

e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período

del ejercicio financiero;

f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.



No se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se

realicen en el marco del artículo 82 de esta ley.

ARTICULO 58.- A los efectos de esta ley, la deuda pública de clasificará en interna

y externa y en directa e indirecta.

Se considerará deuda interna, aquella contraída con personas físicas o jurídicas

residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro

del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda externa, aquella contraída

con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica

sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera

de su territorio.

La deuda pública directa de la administración central es aquella asumida por la

misma en calidad de deudor principal.

La deuda pública indirecta de la Administración central es constituida por

cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta

con su aval, fianza o garantía.

ARTICULO 59.- Ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites

para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano

coordinador de los sistemas de administración financiera.

ARTICULO 60.- Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar

ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto

general del año respectivo o en una ley específica.

La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes

características de las operaciones de crédito público autorizadas:

- Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa;

- Monto máximo autorizado para la operación;

- Plazo mínimo de amortización;

- Destino del financiamiento.



Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran

autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley

que las autorice expresamente.

Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas

precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el

Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la

Nación forma parte.

ARTICULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la

constitución de deuda pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo y

cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el

Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza

de pagos.

ARTICULO 62.- Cumplidos los requisitos fijados en los artículos 59 y 61 de esta

ley, las empresas y sociedades del estado podrán realizar operaciones de crédito público

dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los

indicadores que al respecto establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones

requieran de avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la administración

central, la autorización para su otorgamiento debe estar prevista en la Ley de Presupuesto

General o en una ley específica.

ARTICULO 63.- El órgano coordinador de los sistemas de administración

financiera fijará las características y condiciones no previstas en esta ley, para las

operaciones de crédito público que realicen las entidades del sector público nacional.

ARTICULO 64.- Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que

cualquier ente público otorgue a personas ajenas a este sector, requerirán de una ley. Se

excluye de esta disposición a los avales, fianzas o garantías que otorguen la instituciones

públicas financieras.

ARTICULO 65.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito

público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o

renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos

y/o intereses de las operaciones originales.



ARTICULO 66.- Las operaciones de crédito público realizadas en contravención

a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la

responsabilidad personal de quienes las realicen.

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la

administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.

ARTICULO 67.- El órgano coordinador de los sistemas de administración

financiera tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento

obtenidos mediante operaciones de crédito público, siempre que así lo permitan las

condiciones de la operación respectiva y las normas presupuestarias.

ARTICULO 68.- La Oficina Nacional de Crédito Público será el órgano rector del

sistema de Crédito Público, con la misión de asegurar una eficiente programación,

utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante

operaciones de crédito público.

ARTICULO 69.- En el marco del artículo anterior la Oficina Nacional de Crédito

Público tendrá competencia para:

a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera que,

para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de

administración financiera;

b) Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito;

c) Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional;

d) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público;

e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así

como los de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el

ámbito del sector público nacional;

f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen

para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;



g) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de

crédito público se apliquen a sus fines específicos;

h) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente

integrado al sistema de contabilidad gubernamental;

i) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda

pública y supervisar su cumplimiento;

j) Todas las demás que le asigne la reglamentación.

ARTICULO 70.- El servicio de la deuda estará constituido por la amortización

del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan

haberse convenido en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las entidades del sector público deberán formularse

previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda.

El Poder Ejecutivo Nacional podrá debitar de las cuentas bancarias de las

entidades que no cumplan en término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho

servicio y efectuarlo directamente.

ARTICULO 71.- Se exceptúan de las disposiciones de esta ley las operaciones de

crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras

internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria.

TITULO IV: DEL SISTEMA DE TESORERÍA.

ARTICULO 72.- El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de

órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y

en los pagos que configuran el flujo de fondos del sector público nacional, así como en la

custodia de las disponibilidades que se generen.

ARTICULO 73.- La Tesorería General de la Nación será el órgano rector del

sistema de tesorería y, como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o

servicios de tesorería que operen en el sector público nacional, dictando las normas y

procedimientos conducentes a ello.



ARTICULO 74.- La Tesorería General tendrá competencia para:

a) Participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera,

que para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas

de administración financiera;

b) Elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la

ejecución del presupuesto de la administración nacional y programar el flujo de

fondos de la administración central;

c) Centralizar la recaudación de los recursos de la administración central y distribuirlos

en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de la obligaciones

que se generen;

d) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar

su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que éstos recibirán de acuerdo

con la ley general de presupuesto;

e) Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la administración

nacional que establece el artículo 80 de esta ley;

f) Emitir letras del Tesoro, en el marco del artículo 82 de esta ley;

g) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del

sector público nacional;

h) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el

seguimiento y evaluación de su ejecución;

i) Coordinar con el Banco Central de la República Argentina la administración de la

liquidez del sector público nacional en cada coyuntura económica, fijando políticas

sobre mantenimiento y utilización de los saldos de caja;

j) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realicen las

entidades del sector público nacional en instituciones financieras del país o del

extranjero;



k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de terceros,

que se pongan a su cargo;

l) Todas las demás funciones que en el marco de esta ley, le adjudique la

reglamentación.

ARTICULO 75.- La Tesorería General estará a cargo de un tesorero general que

será asistido por un subtesorero general. Ambos funcionarios serán designados por el

Poder Ejecutivo Nacional.

Para ejercer ambos cargos se requerirá título universitario en alguna de las ramas

de las ciencias económicas y una experiencia en el área financiera o de control no inferior

a cinco años.

ARTICULO 76.- El tesorero general dictará el reglamento interno de la Tesorería

General de la Nación y asignará funciones al subtesorero general.

ARTICULO 77.- Funcionará una tesorería central en cada jurisdicción y entidad

de la administración nacional. Estas tesorerías centralizarán la recaudación de las distintas

cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las mismas y cumplirán

los pagos que autorice el respectivo servicio administrativo.

ARTICULO 78.- Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades de la

administración nacional se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta

del jefe del servicio administrativo y del tesorero o funcionario que haga sus veces.

ARTICULO 79.- Las embajadas, legaciones y consulados serán agentes naturales

de la Tesorería General de la Nación en el exterior. Las embajadas y legaciones podrán

ser erigidas en tesorerías por el Poder Ejecutivo Nacional. A tal efecto actuarán como

agentes receptores de fondos y pagadores de acuerdo a las instrucciones que dicte la

Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 80.- El órgano central de los sistemas de administración financiera

instituirá un sistema de caja única o de fondo unificado, según lo estime conveniente,

que le permita disponer de las existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades

de la administración nacional, en el porcentaje que disponga el reglamento de la ley.



ARTICULO 81.- Los órganos de los tres Poderes del Estado y la autoridad superior

de cada una de las entidades descentralizadas que conforman la administración nacional,

podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el

régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

A estos efectos, las tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos

necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores.

ARTICULO 82.- La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro

para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la ley de

presupuesto general. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio

financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán

en deuda pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establece

en el título III de esta ley.

ARTICULO 83.- Los organismos descentralizados, dentro de los límites que

autorizan los respectivos presupuestos y previa conformidad de la Tesorería General de

la Nación, podrán tomar préstamos temporarios para solucionar sus déficit estacionales

de caja, siempre que cancelen las operaciones durante el mismo ejercicio financiero.

ARTICULO 84.- El órgano central de los sistemas de administración financiera

dispondrá la devolución a la Tesorería General de la Nación de las sumas acreditadas en

las cuentas de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, cuando éstas

se mantengan sin utilización por un período no justificado. Las instituciones financieras

en las que se encuentran depositados los fondos deberán dar cumplimiento a las

transferencias que ordene el referido órgano.

TITULO V: DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

ARTICULO 85.- El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el

conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para

recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar

a afectar el patrimonio de las entidades públicas.

ARTICULO 86.- Será objeto del sistema de contabilidad gubernamental:



a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la

situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades;

b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte

de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados

en la misma;

c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo

ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas

internas o externas;

d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se

integre al sistema de cuentas nacionales.

ARTICULO 87.- El sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes

características generales:

a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público

nacional;

b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de

cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas nacionales;

c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y las

variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas;

d) Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas;

e) Estará basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general, aplicables

en el sector público.

ARTICULO 88.- La Contaduría General de la Nación será el órgano rector del

sistema de contabilidad gubernamental, y como tal responsable de prescribir, poner en

funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público nacional.

ARTICULO 89.- La Contaduría General de la Nación estará a cargo de un contador

general que será asistido por un subcontador general, debiendo ser ambos designados



por el Poder Ejecutivo Nacional. Para ejercer los cargos de contador general y de

subcontador general, se requerirá título universitario de contador público y una

experiencia anterior en materia financiero-contable en el sector público, no inferior a

cinco (5) años.

ARTICULO 90.- El contador general dictará el reglamento interno de la Contaduría

General de la Nación y asignará funciones al subcontador general.

ARTICULO 91.- La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para:

a) Dictar las normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público

nacional. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad,

estructura y características de los estados contables financieros a producir por las

entidades públicas;

b) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e

implantados por las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características

operativas y requerimientos de información de su dirección;

c) Asesorar y asistir, técnicamente a todas las entidades del sector público nacional en

la implantación de las normas y metodologías que prescriba;

d) Coordinar el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al

registro contable primario de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de

la administración central y por cada una de las demás entidades que conforman el

sector público nacional;

e) Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos de

los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias

y producir anualmente los estados contable-financieros para su remisión a la

Auditoría General de la Nación;

f) Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita

conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados

operativo, económico y financiero de la administración central, de cada entidad

descentralizada y del sector público nacional en su conjunto;



g) Elaborar las cuentas económicas del sector público nacional, de acuerdo con el

sistema de cuentas nacionales;

h) Preparar anualmente la cuenta de inversión contemplada en el artículo 67, inciso 7

de la Constitución Nacional y presentarla al Congreso Nacional;

i) Mantener el archivo general de documentación financiera de la administración

nacional;

j) Todas las demás funciones que le asigne el reglamento.

ARTICULO 92.- Dentro de los cuatro (4) meses de concluido el ejercicio

financiero, las entidades del sector público nacional, excluida la administración central,

deberán entregar a la Contaduría General de la Nación los estados contables financieros

de su gestión anterior, con las notas y anexos que correspondan.

ARTICULO 93.- La Contaduría General de la Nación organizará y mantendrá en

operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales,

que permita reducir al mínimo posible los débitos y créditos existentes entre las entidades

del sector público nacional.

ARTICULO 94.- La Contaduría General de la Nación coordinará con las provincias

la aplicación, en el ámbito de competencia de éstas, del sistema de información financiera

que desarrolle, con el objeto de presentar información consolidada de todo el sector

público argentino.

ARTICULO 95.- La cuenta de inversión, que deberá presentarse anualmente al

Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda tal

documento, contendrá como mínimo:

a) Los estados de ejecución del presupuesto de la administración nacional, a la fecha

de cierre del ejercicio;

b) Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la administración

central;

c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta;



d) Los estados contable-financieros de la administración central;

e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante

el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros.

La Cuenta de Inversión contendrá, además, comentarios sobre:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto;

b) El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción

pública;

c) La gestión financiera del sector público nacional.

TITULO VI: DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

ARTICULO 96.- Créase la Sindicatura General de la Nación, órgano de control

interno del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 97.- La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personería

jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la

Nación.

ARTICULO 98.- Es materia de su competencia el control interno de las jurisdicciones

que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y

sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo,

normas orientativas y estructura orgánica.

ARTICULO 99.- Su activo estará compuesto por todos los bienes que le asigne el

Estado Nacional y por aquellos que sean transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica.

ARTICULO 100.- El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura

General de la Nación, órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades

de auditoría interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan

del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán, jerárquicamente, de la autoridad

superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General.



ARTICULO 101.- La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad

dependiente del Poder Ejecutivo Nacional será responsable del mantenimiento y de un

adecuado sistema de control interno que incluirá los instrumentos de control previo y

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de

procedimiento de cada organismo y la auditoría interna.

ARTICULO 102.- La auditoría interna es un servicio a toda la organización y

consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las

entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las

unidades de auditoría interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán

mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

ARTICULO 103.- El modelo de control que aplique y coordine la sindicatura

deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos,

financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos

y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

ARTICULO 104.- Son funciones de la Sindicatura General de la Nación:

a) Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la

Auditoría General de la Nación;

b) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las

normas de auditoría interna;

c) Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores

independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones

especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la

evaluación de programas, proyectos y operaciones;

d) Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General

de la Nación;

e) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando

el desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación;

f) Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría

interna;



g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, orientar

y supervisar su ejecución y resultado;

h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las

observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna

y acordadas con los respectivos responsables;

i) Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las

autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría;

j) Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia,

recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la

correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía,

eficiencia y eficacia;

k) Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado

o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público;

l) Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización

de sus servicios;

m) Ejercer las funciones del artículo 20 de la ley 23.696 en materia de privatizaciones,

sin perjuicio de la actuación del ente de control externo.

ARTICULO 105.- La sindicatura queda facultada para contratar estudios de

consultoría y auditoría bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la

realización de los trabajos, así como cuidar de la calidad del informe final.

ARTICULO 106.- La Sindicatura General podrá requerir de la Contaduría General

de la Nación y de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia, la

información que le sea necesaria, para el cumplimiento de sus funciones. Para ello todos

los agentes y/o autoridades del sector público nacional prestarán su colaboración,

considerándose la conducta adversa como falta grave.

ARTICULO 107.- La Sindicatura General deberá informar:



a) Al Presidente de la Nación, sobre la gestión financiera y operativa de los organismos

comprendidos dentro del ámbito de su competencia;

b) A la Auditoría General de la Nación, sobre la gestión cumplida por los entes bajo

fiscalización de la sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos

específicos formulados por el órgano externo de control;

c) A la opinión pública, en forma periódica.

ARTICULO 108.- La Sindicatura General de la Nación estará a cargo de un

funcionario denominado síndico general de la Nación. Será designado por el Poder

Ejecutivo Nacional y dependerá directamente del Presidente de la Nación, con rango de

secretario de la Presidencia de la Nación.

ARTICULO 109.- Para ser síndico general de la Nación será necesario poseer

título universitario en ciencias económicas, y una experiencia en administración financiera

y auditoría no inferior a los ocho (8) años.

ARTICULO 110.- El síndico general será asistido por tres (3) síndicos generales

adjuntos, quienes sustituirán a aquél en caso de ausencia, licencia o impedimento en el

orden de prelación que el propio síndico general establezca

ARTICULO 111.- Los síndicos generales adjuntos deberán contar con título

universitario y similar experiencia a la del síndico general y serán designados por el Poder

Ejecutivo Nacional, a propuesta del síndico general.

ARTICULO 112.- Serán atribuciones y responsabilidades del síndico general de

la Nación:

a) Representar legalmente a la Sindicatura General de la Nación, personalmente o por

delegación o mandato;

b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en

sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo

el dictado y modificación de la estructura orgánico-funcional y el estatuto del

personal;



c) Designar personal con destino a la planta permanente cuidando que exista una

equilibrada composición interdisciplinaria, así como promover, aceptar renuncias,

disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al

régimen legal vigente y al estatuto que, en consecuencia, se dicte;

d) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos,

estacionales o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta

permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;

e) Elevar anualmente a la consideración de la Presidencia de la Nación, el plan de acción

y presupuesto de gastos para su posterior incorporación al proyecto de ley de

presupuesto general;

f) Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo,

pudiendo redistribuir los créditos, sin alterar el monto total asignado;

g) Licitar, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales, adquirir, vender,

permutar, transferir, locar y disponer respecto de bienes muebles e inmuebles para

el uso de sus oficinas conforme las necesidades del servicio, pudiendo aceptar

donaciones con o sin cargo;

h) Informar a la Auditoría General de la nación de actos o conductas que impliquen

irregularidades, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 113.- Los síndicos generales adjuntos participarán en la actividad de

la sindicatura en general, sin perjuicio de las responsabilidades de determinadas funciones

y cometidos que el síndico general de la Nación les atribuya conjunta o separadamente,

con arreglo a la naturaleza de la materia o a la importancia o particularidades del caso. El

síndico general, no obstante la delegación, conservará en todos los casos la plena autoridad

dentro del organismo y podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las

cuestiones planteadas.

ARTICULO 114.- En los casos en que el Estado tenga participación accionaria

mayoritaria en sociedades anónimas, la Sindicatura General de la Nación propondrá a los

organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado nacional, la designación de

los funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las comisiones fiscalizadoras, de

acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos.



También los propondrá el Poder Ejecutivo Nacional en los casos en que deban

asignarse síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado nacional,

por sí o mediante sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, tengan

participación igualitaria o minoritaria. Dichos funcionarios tendrán las atribuciones y deberes

previstos por la Ley 19.550, en todo lo que no se oponga a la presente.

ARTICULO 115.- La Sindicatura General de la Nación convendrá con las

jurisdicciones y entidades que en virtud de lo dispuesto en esta ley queden alcanzadas

por su ámbito de competencia, la oportunidad y modalidades de la puesta en práctica

del sistema incluido en esta ley.

TITULO VII: DEL CONTROL EXTERNO

CAPÍTULO I: AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTICULO 116.- Créase la Auditoría General de la Nación, ente de control

externo del sector público nacional, dependiente del Congreso Nacional.

El ente creado es una entidad con personería jurídica propia, e independencia

funcional. A los fines de asegurar ésta cuenta con independencia financiera.

Su estructura orgánica, sus normas básicas internas, la distribución de funciones

y sus reglas básicas de funcionamiento serán establecidas por resoluciones conjuntas de

las Comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de

ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por vez primera.

Las modificaciones posteriores serán propuestas por la Auditoría, a las referidas

Comisiones y aprobadas por éstas. Su patrimonio estará compuesto por todos los bienes

que le asigne al Estado Nacional, por aquellos que hayan pertenecido o correspondido

por todo concepto al Tribunal de Cuentas de la Nación y por aquellos que le sean

transferidos por cualquier causa jurídica.

ARTICULO 117.- Es materia de su competencia el control externo posterior de

la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión, así como

el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central,

organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de

servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados



adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de

los respectivos contratos.

El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 45 de la

Constitución Nacional será siempre global y ejercida, exclusivamente, por la Cámaras del

Congreso de la Nación.

El Congreso de la Nación, por decisión de sus dos Cámaras, podrá delegar su

competencia de control sobre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los

organismos que fueren creados por ésta.

El control externo posterior del Congreso dela Nación será ejercido por la

Auditoría General de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá sobre la modalidad y

alcances de la puesta en práctica del sistema instituido en esta ley con relación al Poder

Judicial de la Nación.

A los efectos del control externo posterior acordará la intervención de la

Auditoría General de la Nación, quien deberá prestar su colaboración.

ARTICULO 118.- En el marco del programa de acción anual de control externo

que le fijen las Comisiones señaladas en el artículo 116, la Auditoría General de la Nación,

tendrá las siguientes funciones:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación

con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes;

b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las

jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas,

proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser realizados directamente o mediante

la contratación de profesionales independientes de auditoría;

c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades

ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales

de crédito conforme con los acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la Nación

Argentina y dichos organismos;



d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los

organismos de la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio;

e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito

público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse

opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos puede solicitar al

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco Central de la República

Argentina la información que estime necesaria en relación a las operaciones de

endeudamiento interno y externo;

f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central

de la República Argentina independientemente de cualquier auditoría externa que

pueda ser contratada por aquélla;

g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por

sí o por indicación de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria

Mixta Revisora de Cuentas;

h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros así

como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las

empresas y sociedades del Estado;

i) Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes

de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que deberá ajustarse

el trabajo de éstos;

j) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial

de sus funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario público con rango de

ministro, secretario, subsecretario, director nacional, máxima autoridad de

organismos descentralizados o integrante de directorio de empresas y sociedades

del Estado, está obligado a presentar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de

asumir su cargo o de la sanción de la presente ley una declaración jurada patrimonial,

con arreglo a las normas y requisitos que disponga el registro, la que deberá ser

actualizada anualmente y al cese de funciones.

ARTICULO 119.- Para el desempeño de sus funciones la Auditoría General de la

Nación podrá:



a) Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia;

b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán

obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados

con el ejercicio de sus funciones;

c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda,

comunicando sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas

a los fines del inciso f) de este artículo;

Además, deberá:

d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoría

externa, a ser utilizadas por las entidades. Tales criterios y las normas derivadas,

deberán atender un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque

los aspectos financieros, de legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia;

e) Presentar a la Comisión mencionada, antes del 1º de mayo la memoria de su

actuación;

f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior con excepción de

aquel que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,

deba permanecer reservado.

ARTICULO 120.- El Congreso de la Nación, podrá extender su competencia de

control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya

dirección y administración tenga responsabilidad el Estado Nacional, o a las que éste se

hubiere asociado, incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios

para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o

administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.

ARTICULO 121.- La Auditoría General de la nación estará a cargo de siete (7)

miembros designados cada uno como Auditor General, los que deberán ser de nacionalidad

argentina, con título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho, con

probada especialización en administración financiera y control.

Durarán ocho (8) años en su función y podrán ser reelegidos.



ARTICULO 122.- Seis de dichos Auditores Generales serán designados por

resoluciones de las dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación

de tres (3) a la Cámara de Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados, observando la

composición de cada Cámara.

Al nombrarse los primeros Auditores Generales se determinará, por sorteo, los

tres (3) que permanecerán en su cargos durante cuatro (4) años, correspondiéndoles

ocho (8) años a los cuatro (4) restantes.

ARTICULO 123.- El séptimo Auditor General será designado por resolución conjunta

de los Presidentes de la Cámaras de Senadores y de Diputados y será el presidente del ente.

Es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los auditores.

ARTICULO 124.- Los Auditores Generales podrán ser removidos, en caso de

inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, por los procedimientos

establecidos para su designación.

ARTICULO 125.- Son atribuciones y deberes de los auditores Generales reunidos

en Colegio:

a) Proponer el programa de acción anual y el proyecto de presupuesto de la entidad;

b) Proponer modificaciones a la estructura orgánica a las normas básicas internas, a la

distribución de funciones y a las reglas básicas de funcionamiento con arreglo al

artículo 116 y, además, dictar las restantes normas básicas, dictar normas internas,

atribuir facultades y responsabilidades, así como la delegación de autoridad;

c) Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender,

permutar, transferir, locar y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles

necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones con

o sin cargo;

d) Designar el personal y atender las cuestiones referentes a éste, con arreglo a las

normas internas en la materia, en especial cuidando de que exista una equilibrada

composición inter-disciplinaria que permita la realización de auditorías y evaluaciones

integradas de la gestión pública;



e) Designar representantes y jefes de auditorías especiales;

f) En general, resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de la

entidad;

g) Las decisiones se tomarán colegiadamente por mayoría.

ARTICULO 126.- No podrán ser designados Auditores Generales, personas que

se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos

judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal.

ARTICULO 127.- El control de las actividades de la Auditoría General de la Nación,

estará a cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma en

que ésta lo establezca.

CAPÍTULO II: COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS.

ARTICULO 128.- La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará

formada por seis (6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la

próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente

en igual forma que los miembros de las Comisiones permanentes.

Anualmente la Comisión elegirá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario

que pueden ser reelectos. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos

los legisladores con mayor antigüedad en la función y a igualdad de ésta, los de mayor

edad.

La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el

Presupuesto General y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan

en sus Comisiones permanentes y especiales.

ARTICULO 129.- Para el desempeño de sus funciones la Comisión Parlamentaria

Mixta Revisora de Cuentas debe:

a) Aprobar juntamente con la Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas

Cámaras el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría

General de la Nación;



b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y remitirlo

al Poder Ejecutivo para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación;

c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios,

investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando

los plazos para su realización;

d) Requerir de la Auditoría General de la Nación toda la información que estime oportuno

sobre las actividades realizadas por dicho ente;

e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado,

efectuar las observaciones que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime

conveniente introducir;

f) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación deberá elevarle

antes del 1º de mayo de cada año.

CAPÍTULO III: DE LA RESPONSABILIDAD.

ARTICULO 130.- Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o

entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de

los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones

sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes

especiales de responsabilidad patrimonial.

ARTICULO 131.- La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad

patrimonial de todas las personas físicas que se desempeñen en el ámbito de los

organismos y demás entes premencionados en los artículos 117 y 120 de esta ley, prescribe

en los plazos fijados por el Código Civil contados desde el momento de la comisión del

hecho generador del daño o de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen

jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas.

TITULO VIII: DISPOSICIONES VARIAS

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 132.- Los órganos con competencia para organizar la Sindicatura

General de la Nación y la Auditoría General de la Nación quedan facultados para subscribir



ente sí convenios que posibiliten reasignar los funcionarios y empleados de la Sindicatura

General de Empresas Públicas y del Tribunal de Cuentas de la Nación. El personal de los

organismos de control reemplazados conservarán el nivel jerárquico alcanzado,

manteniéndose los derechos que hagan a la representación y defensa de los intereses

colectivos del personal.

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTICULO 133.- Las disposiciones contenidas en esta ley deberán tener principio

de ejecución a partir del primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a la

sanción de la misma.

El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer los cronogramas y metas

temporales que permitan lograr la plena instrumentación de los sistemas de presupuestos,

crédito público, tesorería, contabilidad y control interno previstos en esta ley, los cuales

constituyen un requisito necesario para la progresiva constitución de la estructura de

control interno y externo normada precedentemente.

ARTICULO 134.- Hasta tanto se opere la efectiva puesta en práctica de los

sistemas de administración financiera y control establecidos en esta ley, continuarán

aplicándose las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en

vigor de la misma; las que resultarán de aplicación para los procedimientos en trámite

cuya sustanciación se operará por áreas de las entidades creadas por la presente, a las

cuales se le deberá asignar ese cometido.

ARTICULO 135.- El Poder Ejecutivo Nacional, en el plazo de noventa (90) días a

partir de la fecha de promulgación de la presente ley, presentará al Congreso Nacional

un proyecto de ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y otro que organice

la administración de bienes del Estado.

ARTICULO 136.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley en un

plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de su promulgación.

Los artículos 116 a 129, ambos inclusive, no serán objeto de reglamentación

por parte del Poder Ejecutivo Nacional.



CAPÍTULO III: DISPOSICIONES FINALES.

ARTICULO 137.- Se derogan expresamente los siguientes ordenamientos legales:

a) Decreto Ley 23.354, del 31 de diciembre de 1956, ratificado por ley 14.467 (Ley de

Contabilidad), con excepción de sus artículos 51 a 54 inclusive (capítulo V - De la

gestión de bienes del Estado) y 55 a 64 inclusive (capítulo VI - De las contrataciones).

b) Ley 21.801, reformada por la ley 22.639, que crea la Sindicatura General de

Empresas Públicas;

c) Ley 11.672 Complementaria Permanente del Presupuesto en lo que se oponga a la

presente ley, con excepción de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 13.922 y por

los artículos 16 y 17 de la Ley 16.432, los que continuarán en vigencia.

El Poder Ejecutivo Nacional procederá a ordenar el texto no derogado de la ley;

d) Todas las demás disposiciones que se opongan a la presente ley con excepción de lo

dispuesto en el artículo 5º, primer párrafo de la Ley 23.853, que continuará en

vigencia.

ARTICULO 138.- Las causas administrativas y judiciales pendientes de resolución

o promovidas por la Sindicatura General de Empresas Públicas serán resueltas o

continuadas por la Sindicatura General de la Nación.

El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá el tratamiento a darse a las causas

administrativas y judiciales radicadas o promovidas ante el Tribunal de Cuentas de la

Nación.

ARTICULO 139.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. - ALBERTO R. PIERRI - ORALDO

BRITOS. - Juan Estrada. - Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS

AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y DOS.



(DESARROLLO DE LA UNIDAD II)

1. GASTO PÚBLICO.

Para una mejor comprensión del tema por parte del alumno, proponemos una

serie de definiciones establecidas por la diversa doctrina existente, sobre el concepto de

gasto público.

Para el Dr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino Jarach, los gastos públicos constituyen el conjunto de

erogaciones que efectúa el Estado para la adquisición de bienes instrumentales o

intermedios y factores para la producción de bienes y servicios de carácter público; o

para adquirir bienes de consumo a distribuir en forma gratuita, o contra el pago de una

retribución directamente a los consumidores; o bien para transferir el dinero recaudado

con los recursos a individuos o empresas, sin ningún proceso de producción de bienes o

servicios.

Para el Profesor Jorge DamarcoJorge DamarcoJorge DamarcoJorge DamarcoJorge Damarco, el gasto público constituye toda erogación

monetaria realizada por el Estado autorizada legítimamente, y destinada a cumplimentar

sus fines.

Otra parte de la doctrina considera a los gastos públicos como la inversión de

fondos que el Estado realiza a través de autoridad competente en moneda o en valores

circulantes y en lo establecido por la ley, para llenar sus finalidades (RuzzoRuzzoRuzzoRuzzoRuzzo).

Flora entiende que los Flora entiende que los Flora entiende que los Flora entiende que los Flora entiende que los gastos públicos consisten en el empleo definitivo de las

riquezas obtenidas del dominio fiscal o de los particulares, para producir servicios públicos.

Para el Dr. Héctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor Villegas los gastos públicos son erogaciones en dinero que

realiza el Estado en virtud de una ley para cumplimentar sus finalidades consistentes en

la satisfacción de necesidades públicas.

2.1.1 Gasto público. Concepto, importancia y elementos.



A nuestro criterio, podemos definir a los Gastos Públicos como el conjuntopodemos definir a los Gastos Públicos como el conjuntopodemos definir a los Gastos Públicos como el conjuntopodemos definir a los Gastos Públicos como el conjuntopodemos definir a los Gastos Públicos como el conjunto

de erogaciones que efectúa el Estado para el cumplimiento de sus finalidades.de erogaciones que efectúa el Estado para el cumplimiento de sus finalidades.de erogaciones que efectúa el Estado para el cumplimiento de sus finalidades.de erogaciones que efectúa el Estado para el cumplimiento de sus finalidades.de erogaciones que efectúa el Estado para el cumplimiento de sus finalidades.

Asimismo, se debe considerar como gasto público a las amortizaciones de los

bienes de capital que forman el activo fijo del Estado.

Los gastos públicos revisten gran importancia no sólo a nivel de la actividad

financiera del Estado, sino en la actividad económica en general.

Siguiendo al Profesor Jorge MacónJorge MacónJorge MacónJorge MacónJorge Macón11111 “...lo que refleja el verdadero tamaño...lo que refleja el verdadero tamaño...lo que refleja el verdadero tamaño...lo que refleja el verdadero tamaño...lo que refleja el verdadero tamaño

del sector público, es el gasto público...En realidad, estrictamente, la carga sobredel sector público, es el gasto público...En realidad, estrictamente, la carga sobredel sector público, es el gasto público...En realidad, estrictamente, la carga sobredel sector público, es el gasto público...En realidad, estrictamente, la carga sobredel sector público, es el gasto público...En realidad, estrictamente, la carga sobre

el sector privado se establece no cuando se sancionan los tributos, ni siquierael sector privado se establece no cuando se sancionan los tributos, ni siquierael sector privado se establece no cuando se sancionan los tributos, ni siquierael sector privado se establece no cuando se sancionan los tributos, ni siquierael sector privado se establece no cuando se sancionan los tributos, ni siquiera

cuando se fijan las tarifas, sino cuando se determina la magnitud del gasto público.cuando se fijan las tarifas, sino cuando se determina la magnitud del gasto público.cuando se fijan las tarifas, sino cuando se determina la magnitud del gasto público.cuando se fijan las tarifas, sino cuando se determina la magnitud del gasto público.cuando se fijan las tarifas, sino cuando se determina la magnitud del gasto público.

Una vez que ésta está definida la única opción que existe es financiarlo con tributos,Una vez que ésta está definida la única opción que existe es financiarlo con tributos,Una vez que ésta está definida la única opción que existe es financiarlo con tributos,Una vez que ésta está definida la única opción que existe es financiarlo con tributos,Una vez que ésta está definida la única opción que existe es financiarlo con tributos,

precios o con algún otro recurso del financiamiento del déficit fiscal”.precios o con algún otro recurso del financiamiento del déficit fiscal”.precios o con algún otro recurso del financiamiento del déficit fiscal”.precios o con algún otro recurso del financiamiento del déficit fiscal”.precios o con algún otro recurso del financiamiento del déficit fiscal”.

Es decir que, una vez establecidos los gastos en que va a incurrir el Estado, éste

debe determinar la forma en que dichos gastos serán financiados.

En otras palabras, primero se fijan los gastos públicos y luego se calculan los

ingresos para cumplimentar esos gastos.

Analizando la historia, se puede señalar que a partir de la Primera Guerra

Mundial, los Estados influyen en la economía y por lo tanto, resulta necesario establecer

el nivel de dicha influencia como, asimismo, la composición y naturaleza de los gastos

públicos. El Estado ensancha su actividad a distintas disciplinas como por ejemplo: la

educación, la asistencia social, la cultura, la investigación, etc.

En definitiva el gasto público es el que regula la actividad del Estado, no sólo

desde una visión financiera, sino también desde un punto de vista político. El gobernante

de turno deberá definir una política determinada y desde allí, establecer los gastos

necesarios para el cumplimiento de esos fines y la forma de financiarlos.

Desde esta concepción, el Estado, a través de los gastos públicos, asume una

función de redistribución de la riqueza entre los particulares, recibiendo más quienes

menos entregan, mientras que los que más ricos (que son los que más entregan) reciben

menos por parte del Estado.

1 MACON, Jorge. “Las Finanzas Públicas Argentinas período 1950-1980”. Ediciones Macchi, 1985.



Con un ejemplo resultará más fácil su comprensión: El ciudadano pobre, que

resulta ser el que menos contribuye con el mantenimiento del Estado atento su situación

de pobreza, en caso de enfermedad utilizará, sin dudas, el hospital público, el cual requiere

de gran cantidad de elementos para prestar una adecuada atención a sus pacientes y

representa un gasto público para las finanzas del Estado, prestador del servicio.

Por otra parte, el contribuyente que más aporta al Estado atento su mejor

situación económica, no utilizará el hospital público en caso de enfermedad, sino que

recurrirá, casi con seguridad, a una clínica privada que presta un servicio más personalizado

a sus pacientes.

Ahora bien, desde el punto de vista económico resulta indispensable para calcular

los gastos públicos, la incidencia de éstos en la economía en general. Por lo tanto, es

necesario medir a los citados gastos con relación al Producto Bruto Interno (PBI).

El PBI, es definido por Jorge MacónJorge MacónJorge MacónJorge MacónJorge Macón22222 como “el valor de la producción de bienes

y servicios finales, es decir, como el valor de los bienes y servicios destinados al consumo

o a la inversión”.

Calculado el PBI, se podrá determinar el porcentaje del gasto realizado por el Estado,

dentro de la economía general, pero teniendo en cuenta que hay gastos que no representan

bienes o servicios finales, sino que son de carácter intermedio y, por lo tanto, no forman

parte del cálculo del PBI, como por ejemplo los gastos de transferencia o los subsidios.

Existen muchos criterios de clasificación de los gastos públicos. La mayoría de

la doctrina separa los gastos públicos en:

***** Gastos ordinarios y gastos extraordinarios:Gastos ordinarios y gastos extraordinarios:Gastos ordinarios y gastos extraordinarios:Gastos ordinarios y gastos extraordinarios:Gastos ordinarios y gastos extraordinarios: según esta clasificación los

gastos ordinarios del Estado (por ejemplo, seguridad, defensa en épocas de paz, justicia,

etc.) deben ser financiados a través de recursos ordinarios (la venta de bienes del Estado,

el producido de las empresas públicas, los tributos, las donaciones, etc.). En cambio, los

gastos extraordinarios (como por ejemplo, una guerra, un desastre producido por la

naturaleza, como son los terremotos, inundaciones, etc.) deben financiarse con recursos

también caracterizados como extraordinarios (por ejemplo la deuda pública). Esta

2 MACON. Jorge. Ob. Cit.

2.1.2 Clasificación. Reparto.



clasificación ha perdido vigencia debido a que muchas actividades realizadas por el Estado

en forma habitual, y que serían consideradas como gastos ordinarios, resultan ser

solventadas por recursos provenientes de la deuda pública. Por lo tanto, no todo gasto

ordinario resulta ser financiado con un recurso de la misma índole, ni todo gasto

extraordinario se financia con recursos extraordinarios.

***** Gastos de consumo y gastos de inversión:Gastos de consumo y gastos de inversión:Gastos de consumo y gastos de inversión:Gastos de consumo y gastos de inversión:Gastos de consumo y gastos de inversión: Los gastos de consumo

representan aquellos que el Estado realiza para la normal y correcta producción su

actividad financiera, política, jurídica, educativa, etc. Por ejemplo: el mantenimiento de

edificios, el pago de salarios, renovación de muebles. Los gastos de inversión (también

conocidos como gastos de capital) son aquellas erogaciones que incrementan el activo

fijo del patrimonio estatal, y sirven para la producción de bienes y servicios de carácter

público. Por ejemplo: la compra de máquinas de escribir, de escritorios, de edificios, la

realización de obras de infraestructura, etc. Por lo expuesto, los gastos de consumo

generalmente, se realizan con mayor habitualidad que los gastos de inversión, atento

que éstos últimos muchas veces, representan erogaciones significativas para el Estado.

***** Gastos de transferencia:Gastos de transferencia:Gastos de transferencia:Gastos de transferencia:Gastos de transferencia: Son aquellos gastos realizados por el Estado y

que no representan ningún rédito para el mismo. Por ejemplo el pago de jubilaciones y

pensiones, el fondo de desempleo, gastos de atención médica, etc. Estos gastos son la

expresión real de la redistribución de la riqueza entre los particulares, ya que son solventados

mediante el dinero extraído a los sujetos más ricos, para el beneficio de los más pobres.

Otra clasificación divide a los gastos públicos según su función. Por lo tanto,

encontraremos gastos correspondientes a defensa, justicia, salud, educación, seguridad,

administración, legislación, etc.

Con referencia al reparto de los gastos públicos, el Dr. VillegasDr. VillegasDr. VillegasDr. VillegasDr. Villegas los considera

con relación al lugar y en relación al tiempo.

En relación al lugar,En relación al lugar,En relación al lugar,En relación al lugar,En relación al lugar, el gasto debe efectuarse proporcionalmente teniendo

en cuenta lo ingresado en cada Estado (nacional, provincial o municipal) sin necesidad

de compartir esos ingresos con otros Estados. Este criterio, resulta discriminatorio entre

aquellos Estados ricos que cuentan con importantes recursos naturales (por ej. ríos,

bosques, suelos fértiles, etc.) y Estados pobres debido a la falta o escasez de esos recursos.

Por ello, siguiendo un criterio solidario, los Estados más ricos deben ayudar y colaborar

con el crecimiento y el desarrollo de los más pobres.



Clasificación de los

Gastos Públicos

Gastos Ordinarios

Gastos Extraordinarios

Gastos de Consumo

Gastos de Inversión

Gastos de transferencia

Según su función

pueden clasificarse en

Gastos en Defensa

Gastos en Justicia

Gastos en Salud

Gastos en Educación, etc.

El reparto ideal, tiene como objetivo el desarrollo equilibrado y armónico de

todas las regiones que integran un país.

En relación al tiempo,En relación al tiempo,En relación al tiempo,En relación al tiempo,En relación al tiempo, un determinado gasto puede prologarse en el tiempo

debido a su costo, como por ejemplo la realización de una obra pública que requiere de

una gran inversión por parte del Estado. Ese gasto se realizará durante varios años

recurriendo, generalmente a su financiación mediante empréstitos. El diferimiento del

gasto durante varios ejercicios representa una ventaja, atento que el Estado no debe

recurrir a todo su ahorro en un determinado momento, sino que realiza gastos parciales

y programados y tratará de afectar lo mínimo posible el ahorro nacional.

Resumiendo:

Como se mencionó anteriormente, los gastos públicos influyen en la economía

general de un país. Esa influencia ha sido materia de estudio por parte de todos los

analistas de las finanzas públicas.

Siguiendo la postura expuesta por el Dr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino Jarach, dichos efectos pueden

incidir en la producción y distribución de bienes y servicios, en la redistribución de la

2.1.3 Efectos de los gastos públicos en la economía en general.



riqueza entre los diferentes sectores sociales, en la mayor ocupación (con su óptimo

pleno empleo), en el aumento del ingreso nacional y en la aceleración del ritmo del

crecimiento económico.

En todos los casos, el efecto del gasto estatal representa una actividad por

parte del Estado, el cual puede financiar dichos gastos de distinta manera: 1) a través

de recursos tributarios, 2) a través de empréstitos, o bien 3) a través de emisión

monetaria.

a) Para el caso de gastos destinados a la producción y distribución de bienes y

servicios, la financiación realizada a través de recursos tributarios, permite al Estado

comparar la utilidad de dicho gasto con el sacrificio producido en el sector privado con

motivo del tributo.

La financiación realizada a través del empréstito (crédito público), promoverá

el desarrollo de la economía general, siempre y cuando el gasto se destine a la producción

de bienes de inversión o a servicios útiles que a su vez eleven la productividad de

actividades tanto en el sector público como el privado.

La financiación realizada a través de la emisión monetaria, deberá ser

considerada según el momento económico del país. En un momento de recesión y

desempleo la emisión de moneda producirá la reactivación y aceleración de la economía;

en cambio, en épocas de pleno empleo la emisión producirá como efecto la inflación con

su consecuente alza en los precios.

b) Para el caso de gastos destinados a la redistribución de la riqueza entre los

distintos sectores sociales, la financiación de dichos gastos a través de recursos tributarios,

debe tener en cuenta si los tributos seleccionados inciden sobre categorías distintas de

personas del sector social, de los beneficiados por el gasto. O sea, el tributo que se cree

para financiar un gasto de carácter redistributivo, no deberá incidir sobre aquellas personas

que se benefician con dicho gasto.

Igual situación se plantea si la financiación de este tipo de gastos se realiza a

través de recursos del crédito público, ya que para conseguir la redistribución deseada

por el Estado, quien soporta la carga de la deuda pública debe ser diferente de aquellos

a quienes se destina el gasto.



En el caso de financiación a través de emisión monetaria, dicha emisión surtirá

efectos en todos los sectores de la economía, por lo tanto para que la redistribución

cumpla su objetivo, los beneficiarios del gasto deberán obtener un mayor beneficio por

dicho gasto que el perjuicio causado por la emisión de moneda.

c) Para el caso de gastos públicos destinados a alcanzar el pleno empleo y un

aumento de renta nacional, la financiación de dichos gastos a través de recursos

tributarios, surtirá los mismos efectos que los gastos destinados a la producción y

distribución de bienes y servicios. O sea, el gasto produce un aumento de la renta nacional

con un efecto expansivo del gasto público, el cual se verá compensado por el efecto

restrictivo que produce el tributo en la economía.

Para la financiación a través del crédito público, debe tenerse en cuenta la

situación económica del país. En las épocas que se consigue plena ocupación y lo que se

trata es de contrarrestar el aumento de precios (inflación), el Estado a través del crédito

intentará desalentar el consumo, acudiendo al público para la suscripción de la deuda.

En las épocas de recesión y desempleo el Estado, a través de la deuda pública, buscará

fondos para la recuperación de la economía. Dichos fondos serán recibidos, no ya de los

consumidores, sino de entidades financieras del exterior o del país.

La financiación a través de emisión de moneda no afecta a la disponibilidades de

dinero del público para consumir, por lo tanto, el Estado deberá tener en cuenta el nivel de

ocupación, ya que la mayor demanda producirá (en pleno empleo) un aumento de los precios.

d) Para el caso de gastos destinados a un aumento del desarrollo económico y

social, la financiación de los mismos con recursos tributarios, tenderá a que los nuevos

tributos, no afecten el patrimonio ni los capitales de los particulares originando, en

consecuencia, una imposición injusta sobre aquellos que tienen menos capital.

La financiación a través del crédito público, puede determinar en etapas

económicas de plena ocupación, el rebrote inflacionario. En cambio, en épocas de desempleo

y recesión, el aumento del gasto puede lograr un aumento del empleo y del desarrollo.

Igual situación se da si la forma de financiación resulta ser la emisión de moneda,

ya que en tiempos de plena ocupación, la emisión tendrá efectos inflacionarios; distinta será

la situación en tiempos de desocupación, ya que el gasto público destinado a un aumento del

desarrollo producirá un incremento de la mano de obra y, por consecuencia, del desarrollo.



Resumiendo:

Efectos de los gastos públicosEfectos de los gastos públicosEfectos de los gastos públicosEfectos de los gastos públicosEfectos de los gastos públicos

Tipos de gastos Forma de financiación

Gastos destinados a la producción de

bienes y servicios.

Gastos destinados a la redistribución de

la riqueza.

Gastos destinados a alcanzar el plenoempleo y un aumento de la rentanacional.

Gastos destinados a un aumento del

desarrollo económico y social.

Se pueden financiar a traves 1) de tributos,2) de empréstitos, 3) de emisión de moneda.

Se pueden financiar a traves 1) de tributos, 2)de empréstitos, 3) de emisión de moneda.

Se pueden financiar a traves 1) de tributos, 2)de empréstitos, 3) de emisión de moneda.

Se pueden financiar a traves 1) de tributos,2) de empréstitos, 3) de emisión de moneda.



1) Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que efectúa el Estado para el

cumplimiento de sus finalidades. Asimismo se debe considerar como gasto a las

amortizaciones de los bienes de capital.

2) La incidencia de los gastos públicos en la economía general debe calcularse teniendo

en cuenta al Producto Bruto Interno.

3) Clasificación de los gastos, en gastos ordinarios y extraordinarios, de consumo y de

inversión, de transferencia.

4) El reparto de los gastos públicos puede realizarse con relación al lugar y con relación

al tiempo.

5) Los efectos de los gastos públicos pueden incidir en la producción y distribución de

bienes y servicios, en la redistribución de la riqueza, en la mayor ocupación y en el

desarrollo económico y social. Los gastos pueden financiarse con recursos tributarios,

empréstitos públicos o bien mediante emisión monetaria.

spsíntesis parcial




GastoGastoGastoGastoGasto ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación

1) Completar el siguiente cuadro clasificando los gastos:

apactividad de proceso


Compra de materiales escolares para

escuelas de frontera.

Pago de fondo de desempleo a los

desocupados.

Pago de la factura de electricidad de una

empresa estatal.

Construcción de una represa.

Compra de computadoras para la

Administración Pública.



1) Clasifique los gastos públicos, fundamente y ejemplifique.

2) ¿En qué consiste el reparto ideal de los gastos públicos?

3) Clasifique, según su función, a los gastos públicos.

4) ¿Sobre qué aspectos de la economía general inciden los gastos públicos?

5) Enumere las diversas formas de financiación de los gastos públicos.

aaactividad de autoevaluación




(DESARROLLO)

RECURSOS PÚBLICOS.

Con carácter introductorio, no escapará al alumno la importancia que reviste el

punto en estudio, ya que como fuera advertido por la ciencia financiera, tanto los gastos

estatales por sí mismos (incluso con la prescindencia de la puesta en marcha de los servicios

públicos), como los ingresos estatales, pueden producir importantes influencias dentro

de la economía de los distintos países.

La sola circunstancia que el Estado recurra a sus diferentes fuentes de ingresos

y obtenga recursos, sin duda produce gravitantes efectos, tanto en el plano económico

como en el social (Cítese, como ejemplo, la redistribución de riqueza, aceleración de la

tasa de crecimiento, estímulos o desalientos a ciertas actividades, etc.).

Es por ello que, si bien podemos adelantar que la función primordial de los

ingresos que obtiene el Estado es asegurar la cobertura del gasto público, se advierte

que, además de dicha función, los recursos por si mismos constituyen un instrumento

mediante el cual el Estado puede desarrollar una política intervencionista en la economía

en general (Ej: La utilización de los derechos aduaneros con finalidad protectora y no

fiscal, demuestran que procedimientos creados para adquirir recursos que serían

destinados a afrontar gastos, son susceptibles de ser desviados de su primera finalidad y

emplearlos para realizar una intervención del Estado en los diversos campos de la actividad

social y, sobre todo, en el campo de lo económico).

Efectuada esta introducción, dable es comenzar con el estudio del concepto de

los “Recursos o Ingresos Públicos”“Recursos o Ingresos Públicos”“Recursos o Ingresos Públicos”“Recursos o Ingresos Públicos”“Recursos o Ingresos Públicos”.

Si bien es científicamente correcto diferenciar la palabra “Recurso”, como toda

suma devengada, de “Ingreso”, como aquellas sumas que efectivamente ingresan al erario

2.2.1Recursos públicos. Noción general.



1Guillermo Pablo Galli, “Manual de Finanzas Públicas” Editorial AZ Editora, 1997, Págs. 130 y sig.

2 Dino Jarach, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario” Ed. Cangallo, 1993.

público, este distingo no siempre es efectuado por los autores y, en general, los

mencionados términos se utilizan indistintamente y con sentido equivalente.

La teoría general de los recursos públicos, nos solo tiene mayor antigüedad,

sino un mayor grado de refinamiento que la teoría de los gastos públicos, la cual ha

comenzado su elaboración y ha logrado incluirse entre los capítulos de la ciencia de las

finanzas públicas en épocas más recientes.

Tal como sucediera con el gasto público y la ciencia financiera en general, el

concepto de recursos públicos ha sufrido una profunda transformación. Ello se

fundamenta en que el concepto sobre las funciones estatales se ha ido ampliando,

admitiéndose en la actualidad, que el Estado debe intervenir en la economía nacional,

intentando asegurar el bienestar general, como así también, tender a un sostenido

desarrollo económico.

Diferentes autores han intentado conceptualizar, qué se entiende por “Recursos

o Ingresos Públicos”:

Así, Guillermo GalliGuillermo GalliGuillermo GalliGuillermo GalliGuillermo Galli11111 , sostiene que “con el objeto de cubrir los gastos

emergentes de las necesidades, que por decisión de grupos gobernantes se transforman

en públicas, el Estado precisa de medios económicos, que obtiene de muy distintas

maneras. Estos medios económicos que tienen como finalidad el cubrir los gastos públicos,

son conocidos como recursos públicos o ingresos públicos”.

En función de lo antes expuesto, el mencionado autor sostiene que, dentro de

una conceptualización amplia de los recursos estatales, cabe incluir todos aquellos ingresos

que obtiene el Estado, ya sea como titular de dominio, ya como beneficiario de la

confianza pública, ya en el ejercicio de su poder de imperio.

Por su parte, el maestro Dino JarachDino JarachDino JarachDino JarachDino Jarach22222 define, como recursos del Estado, aquellos

procedimientos mediante los cuales el mismo adquiere el poder de compra necesario

para efectuar las erogaciones propias de su actividad financiera.

Asimismo, este autor sostiene que el estudio de los recursos en este orden,

después de los gastos, no significa que en el proceso de la actividad financiera la

determinación de los gastos sea previa a la de los recursos ni que esta dependa de aquella.



3 Hector B. Villegas “Curso de Finanzas, Derecho financiero y Tributario” Ed. Depalma, Sexta Edición,1997.

4 Giulliani Fonrouge, “Derecho Financiero”, pág. 241.Buenos Aires 1987, Editorial Depalma.

5 Alfredo Burato, “Manual de Finanzas Públicas”, Buenos Aires, 1967, Ediciones Macchi.

Por el contrario, insiste en que ambas actividades son interdependientes y se desarrollan

a través de cotejos múltiples de utilidades y sacrificios.

Héctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor Villegas33333,,,,, siguiendo al profesor uruguayo Ramón Valdés CostaRamón Valdés CostaRamón Valdés CostaRamón Valdés CostaRamón Valdés Costa, esboza

una definición amplia de los recursos públicos. Así, determina que “Recursos Públicos son

los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica”.

Es decir, considera recursos a todos los ingresos que se producen en las arcas

estatales, sea cual fuere el concepto por el cual los fondos se ingresan.

Finalmente, Giulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani Fonrouge, manifiesta que los ingresos públicos son

aquellos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las

erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico social.4

Por su parte, algún sector minoritario de la doctrina ha enfocado el concepto

de recursos públicos desde otro ángulo. Así manifiestan que ingresos públicos no deben

ser considerados de ningún modo como beneficios que logra el Estado como causa de

sus exacciones sino que, por el contrario, son considerados como el sacrificio necesario

para obtener el beneficio de la utilidad que proporciona a la comunidad la efectivización

de los gastos públicos (Este concepto es similar al que utilizan cuando afirman que las

exportaciones tampoco son un beneficio sino que son, simplemente, el costo que se

debe pagar por la utilidad que brindan las importaciones)5.

Como primer medida, dable es señalar, que la mayoría de los autores, consideran

innecesaria, por su controvertibilidad, una clasificación de los diferentes recursos, ya que

resultaría por demás engorroso intentar un ordenamiento que pretenda reunir todos los

aspectos posibles de cada especie de recursos.

Como bien dice Giulliani Fonrouge Giulliani Fonrouge Giulliani Fonrouge Giulliani Fonrouge Giulliani Fonrouge, la clasificación de los recursos estatales ha

preocupado siempre a los diferentes autores, que los han encarado desde distintos puntos de

vista, lo que explica la diversidad de criterios aplicados, y por cierto que ninguno de ellos resulta

exento de crítica, por lo cual, en razón de su relatividad, debe considerárselos con reservas.

2.2.2 Clasificación de los recursos.



Tenga en cuenta el alumno, que los recursos pueden distinguirse por

connotaciones de diferente naturaleza, ya sean económicas, políticas, jurídicas, técnicas,

lo cual contribuye aún más a la complejidad del problema de la clasificación de los mismos.

Ello se agrava ya que no existe siempre coincidencia entre las diferentes connotaciones

que pueden tener los recursos, más aún, estas pueden presentarse desfasadas.

A pesar de lo expuesto, como lo manifestara JarachJarachJarachJarachJarach, esta posición intolerante

de las excesivas clasificaciones, especialmente de aquellas que no son utilizadas para

sacar alguna consecuencia ponderable, no significa rechazar cualquier agrupación de

fenómenos de acuerdo con indudables caracteres comunes, con el objeto de intentar

una mejor comprensión de los fenómenos reales.

Es decir, con un carácter meramente didáctico, en aras de permitir una mejor

comprensión y caracterización del fenómeno en estudio, efectuaremos una breve reseña

de las dos principales clasificaciones de los recursos públicos que han sido elaboradas por

la doctrina.

Como fuera expuesto en el capítulo relacionado a los gastos públicos en

oportunidad de examinarse la clasificación de los gastos en ordinarios y extraordinarios,

se mencionó al respecto, que se trata de una clasificación ya perimida, sobre todo,

basándonos en la doctrina moderna que ha refutado por completo la correlatividad entre

gastos y recursos ordinarios y gastos y recurso extraordinarios.

Esta clasificación se basa fundamentalmente en la normalidad de los ingresos y

en la posibilidad de su reproducción.

Por ello, se ha definido como “Ingresos Ordinarios” a todos aquellos que se obtienen

regular y continuamente para ser destinados a cubrir el presupuesto financiero normal.

Los “Ingresos Extraordinarios” tienen, en cambio, carácter esporádico, siendo

provocados por excepcionales necesidades.

En resumen, un recurso puede clasificarse como ordinario cuando se percibe

normalmente y es susceptible de reproducirse a lo largo del tiempo; por el contrario, será

2.2.2.1 Recursos Ordinario y Extraordinarios.



extraordinario cuando se percibe raramente y por lo general se presenta en circunstancias

anormales (se caracterizan por su irregularidad y contingencia).

Tal como fuera dicho, esta clasificación ha perdido actualidad, en virtud de las

severas críticas que le dispensaran distintos sectores de la doctrina, poniendo de

manifiesto que la inclusión de determinado ingreso en una u otra categoría es una

decisión circunstancial, motivada por la situación político financiera y la posición doctrinal

del observador.

En efecto, ingresos que en su momento fueron considerados extraordinarios,

posteriormente, pasaron a ser considerados ordinarios, lo que lleva a hacer perder a la

clasificación base científica.

Así, como prueba de la falta de correlación entre gastos y recursos ordinarios y

extraordinarios: gastos destinados al pago de sueldos del personal administrativo del

Estado (que según esta clasificación debería ser financiado con recursos ordinarios), son

susceptibles de ser financiados con endeudamiento, cuando así lo exija la coyuntura

económica, y, por el contrario, gastos excepcionales como los de movilización total de la

Nación para la defensa en caso de guerra (los que siguiendo la teoría deberían ser

financiados con recursos extraordinarios), pueden ser financiados en su mayoría, con

impuestos, a fin de evitar la explosión inflacionaria.

Sin perjuicio de las críticas antes expuestas, la división entre ingresos ordinarios

y extraordinarios tiene importancia para nuestro derecho ya que la Constitución Nacional

hace directa referencia a ella. Así, el Art. 4 de la Carta Magna, al prever los recursos con

que deberá contar el Tesoro Nacional incluye, en su ultima parte, a los “empréstitos y

operaciones de crédito para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad Nacional”.

Asimismo, el Art. 75 (Ex Art. 67) en su inc. 2, faculta al Congreso de la Nación a “imponer

contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo

el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del

Estado lo exijan”, reiterando la nota de excepcionalidad, para la imposición de este tributo.

Sin embargo, como se verá en los capítulos sucesivos, la realidad político-

constitucional del país ha producido una alteración no legal del texto constitucional, y el

mencionado empréstito (Art. 4 CNA) y la peculiar contribución directa (Art.75 CNA)

cuya imposición quedó facultado el Congreso Nacional, pasó a ser de un ingreso

extraordinario, un recurso normal y, por cierto, bastante productivo.



A diferencia de la clasificación anterior, ésta tiene evidente actualidad y

constituye la base sobre la que se edifican la mayoría de las clasificaciones efectuadas

por los distintos autores.

A modo introductorio, conviene hacer mención a la clasificación que fuera

efectuada por el maestro de Pavía, Benvenuto GriziottiBenvenuto GriziottiBenvenuto GriziottiBenvenuto GriziottiBenvenuto Griziotti, la cual, si bien ha merecido

ciertos reparos de la doctrina, ha sido de gran utilidad para los autores contemporáneos.

El autor mencionado, funda su clasificación en las distintas generaciones que

contribuyen a los gastos actuales del Estado y, en este sentido, divide a los ingresos en

rentas que tienen su origen en las generaciones pasadas o que son obtenidas por las

actuales, o que anticipan el sacrificio por las futuras.

Dentro de lo que GrizziottiGrizziottiGrizziottiGrizziottiGrizziotti considera recursos obtenidos por las generaciones

pasadas, incluye a las rentas patrimoniales y a las utilidades de instituciones públicas, de

empresas públicas y de empresas económicas, es decir, aquellos ingresos que la doctrina

moderna ha calificado como “originarios”. En tal sentido, sostiene que esos recursos que

provienen de bienes de propiedad del Estado son el producto del sacrificio de generaciones

pasadas, que han soportado la acción del Estado a través de los impuestos o de la

expropiación o que, por contrario imperio, sacrificaron voluntariamente parte de su

patrimonio, con el objeto de incrementar aquel del Estado.

En cambio, sostenía el mencionado doctrinario que los ingresos que se extraen

de las generaciones presentes están representados por las sumas de dinero que el Estado

detrae de los particulares, en virtud de su poder de imperio actual, a través de instrumentos

tales como los tributos (en cualquiera de sus formas), del mismo modo que los recursos

que él denomina “ingresos penales”- producto de las sanciones pecuniarias- y de los

ingresos de policía- que se obtienen de los derechos percibidos con ocasión de licencias

concedidas a los particulares para revocar prohibiciones especiales establecidas por ley.

Finalmente, examina aquellos ingresos que anticipan el sacrificio de las futuras

generaciones y que son los ingresos derivados del crédito, los empréstitos forzosos y la

emisión de papel moneda.

2.2.2.2 Recursos originarios y derivados.



6 Galli, Guillermo Pablo, Ob. Cit., Págs. 136 y sig.7 Jarach , Dino “Finanzas Públicas y Derecho Tributario” Ed. Cangallo, 1993.

Al referirse a los monopolios fiscales, encuentra en ellos un carácter mixto,

ya que considera que estos unen los sacrificios de las generaciones pasadas y las

actuales.

Sin perjuicio de las bondades de la teoría expuesta, la misma no fue considerada

satisfactoria por la doctrina contemporánea, ya que determinar sobre qué generación

recae la carga de contribuir a los gastos del Estado, nos enseña solo un momento histórico,

pero no incide finalmente en la caracterización de los ingresos públicos en el momento

de su estudio. Sin embargo, conviene puntualizar que GriziottiGriziottiGriziottiGriziottiGriziotti, al efectuar la clasificación

sobre una base defectuosa, apunta hacia una división de los ingresos que ha encontrado

eco en la generalidad de los autores (Es decir, efectúa la división sobre la base de distinguir

aquellos ingresos que provienen de los bienes de propiedad del Estado, de aquellos que

provienen de una detracción del patrimonio o de la renta de los individuos en virtud del

poder de imperio que es inherente a la soberanía estatal).

Efectuada esta pequeña reseña, introduciremos al alumno al conocimiento

de las clasificaciones efectuadas por algunos de los más importantes autores

contemporáneos.

A decir de GalliGalliGalliGalliGalli66666 , los recursos originarios o recursos patrimoniales son aquellos

que recibe el Estado por la venta o explotación de aquellos bienes que son de su propiedad

y de las sumas que voluntariamente le facilitan los particulares en calidad de empréstito

basados en la confianza que les merece el propio Estado. Se caracterizan por ser

operaciones en las cuales el Estado actúa en un pie de igualdad con los particulares, sin

recurrir a la coacción para obligar a estos a contratar con él, ya sea adquiriendo los bienes,

ya utilizando sus servicios, ya contrayendo obligaciones.

Dino JarachDino JarachDino JarachDino JarachDino Jarach77777 , por su parte, clasifica a los recursos originarios como aquellos

obtenidos por el Estado de su propio patrimonio, o del ejercicio de actividades comerciales,

industriales, mineras, agrícola-ganaderas, bancarias, de seguros. (es decir, los que

proceden de los bienes o de las empresas propias del Estado).

Según explica Morselli Morselli Morselli Morselli Morselli (“Compendio de la Ciencia de las Finanzas Públicas”,

Pág. 44) se llaman recursos originarios a los que las entidades públicas obtienen de fuentes

propias de riqueza, sea que posean un patrimonio fructífero, sea que ejerzan una industria

o un comercio.



8 Palacio Susana “Finanzas Públicas y Administración Financiera”. Editorial Estudio. Buenos Aires, Marzo de 1998.

9 Giulliani Founrouge, Ob. Cit., Vol. 1. pág. 242.

Por su parte, a diferencia de los originarios, en los “recursos derivados” el Estado

actúa en pleno ejercicio de su poder de imperio, exigiendo su ingreso en forma coactiva

a los particulares quienes, en caso de desobediencia, se encuentran sometidos a

penalidades. Por ende, nos encontramos en este caso no ya con rentas provenientes de

los bienes de propiedad del Estado sino, por el contrario, con ingresos que se obtienen

coactivamente de los particulares, sin contraprestación alguna.

Es decir, recursos derivados son aquellos que obtiene el Estado del patrimonio

de los particulares o, mejor dicho, de los operadores económicos y se caracterizan por el

ejercicio del imperium estatal, ya que son establecidos coercitivamente.8

A simple vista, en función de lo antes expuesto, se podrían definir como recursos

derivados por excelencia a los recursos tributarios.

Pero esta cuestión no se agota allí. A decir de JarachJarachJarachJarachJarach, criterio que es compartido

por estos autores, dentro de los recursos derivados no solo deben incluirse a los ingresos

que tienen origen en la imposición de tributos, sino también a los procedimientos de crédito.

Si bien este tema será analizado dentro de esta obra con mayor profundidad,

adelantamos en decir que el fundamento de lo antes expuesto, se encuentra en que el

endeudamiento del Estado, implicará en un futuro la creación de recursos tributarios

para cubrir los servicios por intereses y amortización de capital.

Cuando centramos el análisis en la “emisión monetaria”, la cuestión deviene

más dudosa. No escapará que el régimen monetario es una función típica del Estado, que

la cumple a través del Banco Central o Bancos de Emisión, por lo que los recursos obtenidos

podrían asimilarse a los originarios. Pero, por otra parte, los efectos que la emisión

monetaria produce en el nivel general de precios, con la consecuente disminución del

poder de compra de importantes sectores de la población, permitiría calificar a estos

recursos entre los derivados, y más precisamente, entre los tributarios.

Ciertos autores, apartándose de las clasificaciones corrientes en las obras sobre

ciencia de las finanzas, caracterizan a los recursos del Estado según la diversidad del

título jurídico en virtud del cual son adquiridos. Así, efectúan la distinción entre recursos

originarios y derivados, según sean ingresos patrimoniales de derecho privado e ingresos

de derecho público. Así encontramos el caso de IngrossoIngrossoIngrossoIngrossoIngrosso99999, quien dentro de la



10 Téngase en cuenta que según el Código Italiano, los bienes del Estado se clasifican en bienes de dominio público (dominiopropiamente dicho), que son inalienables; y bienes patrimoniales, que a su vez pueden ser disponibles o indisponibles. Ingrosso,en su primera categoría toma en consideración a la renta de los “bienes patrimoniales disponibles”; el producido de losrestantes bienes instrumentales (del dominio público y patrimoniales indisponibles), que no reúnen la condición jurídica derédito, son denominados genéricamente ingresos dominicales y pertenecen a los ingresos del derecho público.11 En el mismo sentido, Juan Carlos Cassagne. “Derecho Administrativo” Tomo I, Buenos Aires, Mayo de 1991. Editorial AbeledoPerrot. El citado autor manifiesta, en relación con las empresas estatales: “En lo que concierne al régimen jurídico de estasentidades resulta claro que, en principio, el mismo es de derecho privado, comercial en la especie. Sin embargo, ello no significaque no puedan coexistir conjuntamente algunas relaciones de derecho público que impliquen una derogación o excepción alrégimen común que las caracteriza. Tal acontece, por ejemplo, con el acto de designación o revocación del mandato de losmiembros del Directorio por el Estado de una sociedad anónima el cual puede regirse por el derecho administrativo.”12 Juan Carlos Cassagne. Ob. Cit.. El mencionado autor en su libro, citando a Billinger, Martin, Derecho Público y DerechoPrivado, pag 13 y siguientes, trad. del alemán, Madrid, 1976 manifiesta “ La tesis de este autor – que reconoce la temporalidady mutación histórica que caracteriza a la diferenciación de cualquier marco jurídico- procura el abandono de la visión dualistay su reemplazo por un derecho común que supere la separación entre lo público y lo privado. Sin embargo, al mantener laespecialidad de ciertas materias y sus correspondientes reglas o instituciones específicas, es evidente que la teoría expuesta porBullinger no borra la dicotomía, sino que al crear un derecho común (por la selección de principios y normas aplicables a todaslas relaciones jurídicas sin distinción) transforma las autonomías que poseen ambas categorías del derecho, en ramas subordinadasde este derecho común.”

primera categoría incluye solamente los ingresos provenientes del dominio patrimonial

disponible10 y en la segunda los tributos, empréstitos públicos e ingresos varios, que

incluyen multas y otros conceptos no comprendidos en las anteriores categorías.

Ante esto, Giulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani Fonrouge, sin desconocer el rigor lógico de este criterio,

manifiesta que no puede desconocerse que en la organización moderna no todas las

empresas del Estado corresponden a “servicios públicos”, ni aplican “precios públicos”,

por lo cual no pueden incluirse en la categoría de los tributos. Asimismo, dentro del

concepto específico de patrimonio de IngrossoIngrossoIngrossoIngrossoIngrosso, no se encontrarían incluidas las empresas

comerciales o industriales, de modo que es imposible considerarlas dentro de los ingresos

patrimoniales de derecho privado y quedarían fuera del cuadro.

A mayor abundamiento, Dino JarachDino JarachDino JarachDino JarachDino Jarach manifiesta que, en efecto, algunos

recursos originarios pueden estar sujetos al derecho privado, cuando las actividades o los

bienes que los producen son fruto de empresas privadas o estatales o autárquicas,

sometidas voluntariamente al derecho civil y comercial. Pero estos extremos no se verifican

siempre, ya que el régimen legal de muchas empresas estatales que producen recursos

es netamente de derecho público11 . Por otra parte, el autor citado manifiesta que no

resulta impensable que algunas operaciones de crédito estén regidas por el derecho

privado.

Asimismo, dable es señalar, que el distingo entre derecho público y derecho

privado es muy controvertido12 y que, en algunos casos de empresas del Estado o de

entidades autárquicas, si bien las operaciones pueden encontrarse reguladas por el

derecho privado, aspectos tales como el estatuto de la empresa o entidad, el control, el

nombramiento de los administradores y su responsabilidad y otros aspectos de su

organización y funcionamiento, son regidos por normas del derecho público.



Finalmente, en aras de clarificar aun más las diferencias entre los recursos

originarios y derivados, conviene señalar que los mencionados en segundo lugar, implican

una detracción de parte de la riqueza de los individuos y, por consiguiente, la exigencia

del cumplimiento de su pago debe venir impuesta por ley; en tanto que el ingreso de los

recursos originarios al Tesoro, puede producirse como resultado de la libre contratación

de las partes.

En este punto, en virtud de la controvertibilidad que reviste una tabla

clasificadora de los diferentes recursos, y la tarea sumamente engorrosa que entrañaría

una clasificación que pretenda reunir todos los aspectos posibles de cada especie de

recursos, preferimos, en aras de facilitar la exposición al alumno, efectuar un análisis

particularizado de cada uno de ellos.

Para esto, efectuaremos un aglutinamiento de los diferentes recursos, teniendo

en cuenta sus características más salientes, tanto para encuadrarlos en una misma categoría

(por ejemplo: las tasas, los impuestos y las contribuciones especiales dentro de los “recursos

tributarios”), como para diferenciarlos de los restantes (por ejemplo: “recursos tributarios”

de “recursos patrimoniales”).

De esta forma, los recursos del Estado son agrupables, según su naturaleza, en

las siguientes categorías:

a) RECURSOS ORIGINARIOS O PATRIMONIALES.

b) RECURSOS TRIBUTARIOS.

c) RECURSOS DEL CREDITO.

d) EMISION MONETARIA.

e) VARIOS.

Como fuera precedentemente expuesto, se denominan recursos originarios o

patrimoniales, aquellos obtenidos por el Estado mediante el aprovechamiento económico

de su patrimonio.

2.2.3 Diferentes géneros de recursos.

2.2.3.1 Recursos originarios o patrimoniales.



Dentro de esta categoría comprendemos todos aquellos ingresos que el Estado

obtiene tanto de los bienes de dominio público, como de los bienes de dominio privado.

Ante esto, previo a considerar los distintos ingresos originarios, corresponde

analizar el carácter de titular de dominio que ostenta el Estado respecto de cada uno de

los bienes, para concluir cuál es el ingreso que de cada uno de ellos puede extraerse.

Para esta clasificación, se hace imperiosa la necesidad de recurrir a las normas

del Código Civil, como regulador del derecho de propiedad y, por lo tanto, el cuerpo

legal idóneo donde se podrá dilucidar tan delicada cuestión.

El Código Civil distingue las cosas de propiedad del Estado entre bienes de

dominio público y bienes de dominio privado. Es decir, reconoce la propiedad del Estado

sobre determinados bienes, sin descuidar la existencia de una diferente regulación, para

el caso de tratarse tanto de bienes de dominio público o como de dominio privado.

La diferencia existente entre ambas categorías jurídicas radica en la diferente

naturaleza del vínculo que se origina entre los particulares y el Estado, en relación con

las distintas clases de bienes.

Para clarificar esta cuestión, se reconoce que determinado bien debe reunir

una serie de condiciones o presentar determinados elementos constitutivos, ante cuya

ausencia, aun cuando sea de propiedad del Estado, no puede ser considerados dentro del

concepto de bien público o integrante del dominio público del Estado. Dichos elementos

pueden calificarse en:

a) Subjetivos: El estudio del elemento subjetivo lleva a determinar a quién se considera

“titular” de este dominio.

Sabido es que, tanto el Estado Nacional como las Provincias y los Municipios,

son personas jurídicas de carácter público (Art .33 del Código Civil, según modificación

ley 17.711) y, consecuentemente con esa personalidad atribuida por ley, los Arts. 2339

y siguientes confieren al Estado –sea nacional o provincial- la titularidad del dominio

público o privado de los bienes.

2.2.3.1.1 Bienes de Dominio Público.



13 Galli., Guillermo Pablo . Págs. 136 y sig.14 Art 3240 del Código Civil: Quedan comprendidos entre los bienes públicos:1) los mares territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial, independientemente del poder

jurisdiccional sobre la zona contigua;2) los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros;3) los ríos, los cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de

satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular delderecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas, en la medida de su interés y con sujeción a lareglamentación;

4) las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan odesocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias;

5) los lagos navegables y sus lechos;6) las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en los lagos navegables, cuando ellas no

pertenezcan a particulares;7) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común;8) las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico.

Sin ahondar en las discusiones doctrinales que este punto ha suscitado, como

respuesta al interrogante antes planteado, podría decirse que siendo la agrupación política

Estado el titular de dominio sobre los bienes, es el gobierno, como personalización de

dicha organización, quien ejercerá efectivamente ese derecho y él –por medio de los

diferentes órganos que lo integran- regulará su uso y destino13 .

b) Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos: El elemento objetivo está constituido por “bienes” (Art.2339 Código

Civil), que en su juego armónico con los Arts. 2311 y 2312 del mismo cuerpo

legal, comprende tanto los objetos materiales e inmateriales pasibles de tener un

valor.

c) Teleológicos:Teleológicos:Teleológicos:Teleológicos:Teleológicos: El elemento teleológico, se encuentra reflejado en la “finalidad” a la

cual debe estar destinado el bien. Dicha finalidad, se encuentra implícita en la

enunciación que efectúa el Art.2340 del Código Civil14 , en tanto todos los bienes

que enumera son de uso y goce por parte de los particulares, sujetos indudablemente,

a las disposiciones de la ley y a las ordenanzas generales o locales.

d) Normativo:Normativo:Normativo:Normativo:Normativo: Por último, se requiere como condición ineludible para que un bien

integre el dominio público del Estado, la existencia de una ley que así lo declare, y es

ésta la única que puede desafectarlo y ponerlo nuevamente en el comercio.

Asimismo, tanto nuestra doctrina como la jurisprudencia emanada de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, han reconocido dos caracteres específicos a los bienes

públicos:

a) Inalienabilidad.

b) Imprescriptibilidad.



Cuando hablamos de inalienabilidad, como se desprende de la propia palabra,

nos estamos refiriendo a que mientras los bienes se encuentren afectados al uso público,

no pueden ser enajenados, es decir, no puede el Estado –sin previamente desafectar el

bien- disponer la transmisión de su dominio a un particular.

Producto de su inalienabilidad, los bienes públicos no son pasibles de embargo,

hipoteca, servidumbre, usufructo, reivindicación o expropiación.

Asimismo, y por encontrarse fuera del comercio, son imprescriptibles toda vez

que no son pasibles de posesión no pudiendo, por consiguiente, operarse la usucapión

sobre ellos.

Ahora bien, efectuadas las aclaraciones del caso, es preciso mencionar que, por

regla general, la utilización de los bienes públicos por los particulares es gratuita (ríos,

arroyos, playas de mar, mar territorial, mares interiores, calles, puertos, carreteras,

puentes, plazas, parques, museos, bibliotecas, etc.), pero en ocasiones especiales el Estado

puede exigir el pago de una suma de dinero para su uso particularizado, lo cual se

materializa en forma de concesiones o autorizaciones de uso, permisos, derechos de

acceso o visitas, etc.

Es a través de los instrumentos antes mencionados que el Estado obtiene

recursos, mediante el aprovechamiento económico de su patrimonio.

Pueden encuadrarse dentro de estos recursos, el producto de las tierras de

propiedad del Estado a través de su explotación, ya sea directa o por arrendamiento o

aparcería; la venta de tierras públicas tanto rurales como urbanas o suburbanas; el producto

de bosques o florestas tanto naturales como artificiales, tanto por explotación directa

como por concesión a los particulares; etc.

El Estado posee, además, otros bienes que pueden satisfacer necesidades

individuales o colectivas pero, en contraposición a los bienes de dominio público, no se

afectan al uso de todos los habitantes sino al de determinadas personas vinculadas a

ellos por su adquisición, locación, administración, concesión u otra contratación.

2.2.3.1.2 Bienes de dominio privado.



15 Téngase en cuenta que según el Código Italiano, los bienes del Estado se clasifican en bienes de dominio público (dominiopropiamente dicho), que son inalienables; y bienes patrimoniales, que a su vez pueden ser disponibles o indisponibles. Ingrosso,en su primera categoría toma en consideración a la renta de los “bienes patrimoniales disponibles”; el producido de losrestantes bienes instrumentales (del dominio público y patrimoniales indisponibles), que no reúnen la condición jurídica derédito, son denominados genéricamente ingresos dominicales y pertenecen a los ingresos del derecho público.-

16 En el mismo sentido, Juan Carlos Cassagne. “Derecho Administrativo” Tomo I, Buenos Aires, Mayo de 1991. Editorial AbeledoPerrot. El citado autor manifiesta, en relación con las empresas estatales: “En lo que concierne al régimen jurídico de estasentidades resulta claro que, en principio, el mismo es de derecho privado, comercial en la especie. Sin embargo, ello no significaque no puedan coexistir conjuntamente algunas relaciones de derecho público que impliquen una derogación o excepción alrégimen común que las caracteriza. Tal acontece, por ejemplo, con el acto de designación o revocación del mandato de losmiembros del Directorio por el Estado de una sociedad anónima el cual puede regirse por el derecho administrativo.”

17 Juan Carlos Cassagne. En la obra ya citada, citando a Billinger, Martin, Derecho Público y Derecho Privado, pag 13 y siguientes,trad. del alemán, Madrid, 1976 manifiesta “La tesis de este autor – que reconoce la temporalidad y mutación histórica quecaracteriza a la diferenciación de cualquier marco jurídico- procura el abandono de la visión dualista y su reemplazo por underecho común que supere la separación entre lo público y lo privado. Sin embargo, al mantener la especialidad de ciertasmaterias y sus correspondientes reglas o instituciones específicas, es evidente que la teoría expuesta por Bullinger no borra ladicotomía, sino que al crear un derecho común (por la selección de principios y normas aplicables a todas las relaciones jurídicassin distinción) transforma las autonomías que poseen ambas categorías del derecho, en ramas subordinadas de este derechocomún.”

Por lo expuesto, fácil resulta concluir que, en el presente caso, nos encontramos

ante bienes que son, por su naturaleza, enajenables y prescriptibles.

Con respecto a nuestro país, los bienes de dominio privado del Estado, se

encuentran regulados en el Art. 2342 del Código Civil15 .

De la enunciación que efectúa el Código de los distintos bienes privados del

Estado, interesa poner de relieve que las construcciones y edificios destinados a los fines

administrativos del Estado, aun cuando cumplen un servicio público no ingresan, por

ello, al ámbito del dominio público. Así lo dispone expresamente el inciso 4 del

mencionado artículo.

La norma general para la venta de bienes, así como su locación o arrendamiento,

es la licitación pública, aunque ello reconoce diversas excepciones, cuyo estudio excede

holgadamente los propósitos de esta obra.

Se denominan empresas públicas, aquellas unidades económicas de producción

pertenecientes al Estado, que a veces forman parte de la administración general con

cierta independencia funcional, o en otras están descentralizadas con independencia

funcional total aunque con control estatal. Esas unidades económicas producen bienes o

servicios con destino al mercado interno o mercado externo16 .

De la propia ley que instituye las empresas del Estado,17 surge la existencia de

un tipo o categoría jurídica especial, que se caracteriza por lo siguiente:

2.2.3.1.3 Recursos de las Empresas Estatales.



a) Tienen por objeto, a diferencia de las entidades autárquicas que persiguen fines

típicamente estatales, la realización de actividades industriales o comerciales o

servicios públicos de esa naturaleza;

b) Tales actividades o servicios se llevan a cabo a través de entidades que reciben la

denominación genérica de “Empresas del Estado”;

c) Su régimen jurídico es mixto, pues quedan sometidas, según el caso, al derecho

público o al derecho privado;

d) El contralor que efectúa el Estado reviste modalidades peculiares;

e) Poseen personalidad jurídica propia, teniendo competencia para administrarse a si

mismas;

f) Su patrimonio reviste carácter estatal (se trata de un patrimonio de afectación que

conforme al criterio que propugnó la Corte Suprema de Justicia de la Nación no

puede justificarse fuera de los límites que sirvieron de base para afectar los bienes a

la respectiva función);

g) No pueden ser declaradas en quiebra, quedando a cargo del Poder Ejecutivo la

determinación del destino y procedimiento a seguir con respecto a los bienes

integrantes del patrimonio, en caso de que se resuelva su disolución o liquidación.

Si bien la polémica sobre la conveniencia o no de que el Estado actúe o no

como empresario es de antigua data, cierto es que atento a la moderna concepción

sobre las funciones estatales existen empresas públicas en todos los países del mundo,

aun en aquellos cuyo sistema económico es marcadamente capitalista.

Ultimamente, la importancia de las mismas se ha visto notablemente reducida

en nuestro país, producto del plan de privatizaciones que comenzara a principios de los

años 90. No obstante ello, considerando la importancia que han tenido en otra época de

la historia Argentina, sólo ello amerita su estudio particularizado.

La doctrina ha establecido los principales objetivos que tienen las empresas

que asume el Estado, en el cual se revela un predominio del interés público económico,

más que un interés fiscal. Entre estos objetivos se pueden mencionar:



1) Asegurar la defensa nacional para los casos de guerra. (Cítese como ejemplo en

nuestro país, la Dirección General de Fabricaciones Militares).

2) Garantía de autenticidad de la producción de determinados bienes que el Estado

sea el principal o único consumidor (Ej: sellos postales).

3) Servicios que se deben cubrir con precios políticos (Ej: correos y telecomunicaciones).

4) Para suplir la iniciativa privada.

5) Garantía de pureza de un determinado producto y eliminación de especuladores

en salvaguarda de la salud pública.

6) Fiscalización y cobro de determinados impuestos al consumo (Caso monopolios de

cigarrillos en Francia e Italia, y de la sal y café en Italia)

7) Fines políticos.

8) Nacionalización de empresas como la sucedida en nuestro país a partir del año 1945.

9) La existencia de un monopolio que actúe contra el interés general practicando una

política económica contraria a los intereses nacionales.

10) El criterio de la industria clave o del sector dominante, entendiéndose como tal

aquella industria, sector o conjunto de medios de producción cuya situación en la

economía nacional, influya en forma determinante sobre el conjunto de la actividad

económica.

Asimismo, conviene dejar sentado las formas jurídicas que adopta el Estado, en

aras de cumplir con las funciones empresariales.

Estas son: 1) Empresas estatales en sentido estricto (Ley 13.653, modificada

por ley 15.023); 2) Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria; 3)

Sociedades anónimas donde la participación del capital del Estado es minoritaria; 4)

Sociedades de Economía Mixta; 5) Entes con regímenes especiales (Ejemplo: Ex

Ferrocarriles Argentinos, Ex Obras Sanitarias de la Nación).



18 Ramón Valdés Costa, “Curso de Derecho Tributario”, T 1, Introducción. Ingresos Públicos, págs. 160 a 164. Montevideo 1970.

Estas empresas, actúan en el mercado, proveyendo sus bienes y suministrando

servicios, en forma onerosa, recibiendo como prestación un “precio” (debiéndose entender

esta palabra con los alcances que le otorga el derecho común, Código Civil Art. 1323 y

concordantes).

Pero lo antes expuesto no significa que, a través del precio, las empresas estatales

busquen cubrir el costo del servicio y además proporcionar una ganancia a la empresa.

Es decir, si bien las empresas estatales producen bienes y servicios de naturaleza

comercial e industrial, no siempre existe en su actividad una intensión de lucro. Es por

ello, que un sector minoritario de la doctrina niega el carácter de precio, en los casos en

que el pago que se recibe por el producto o el servicio prestado no alcance a cubrir los

costos.

Así, si bien la mayoría de los autores le asigna el carácter de precio, mayores

discrepancias aparecen cuando se pretende hacer una clasificación de éstos, atento a la

relación con los costos de producción.

Valdés CostaValdés CostaValdés CostaValdés CostaValdés Costa1818181818 divide a los precios en: a) Precios privados:a) Precios privados:a) Precios privados:a) Precios privados:a) Precios privados: son aquellos que

fija el Estado de la misma manera que los particulares, sin perjuicio de la existencia de

cierta influencia de algún elemento público; b) Precios cuasi-privados:b) Precios cuasi-privados:b) Precios cuasi-privados:b) Precios cuasi-privados:b) Precios cuasi-privados: son aquellos

formados con los mismos parámetros antes expuestos, pero en ellos inciden finalidades

públicas que influyen en la forma de prestación del servicio y en la percepción del precio;

c) Precios públicos:c) Precios públicos:c) Precios públicos:c) Precios públicos:c) Precios públicos: son aquellos servicios y bienes producidos en régimen de monopolio

pudiendo el Estado prescindir totalmente del costo de producción. En este caso los precios

pueden ser múltiples o únicos; d) Precios políticos:d) Precios políticos:d) Precios políticos:d) Precios políticos:d) Precios políticos: son aquellos servicios prestados a

pérdida que presentan un interés público relevante .

Sin perjuicio de la clasificación antes expuesta, o cualquier otra, la cuestión de

la naturaleza jurídica no queda en duda: se trata de un precio por un servicio comercial

o industrial, ausente totalmente de la coacción del Estado (deberíamos hacer la salvedad

con respecto a los precios públicos, por las razones que seguidamente se expondrán) y,

por ende, se trata de un recurso voluntario y originario del Estado.


148 tomo1 derecho financiero(19 Dino Jarach, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”. Ed. Cangallo, 1985.

Hemos analizado a través de los puntos anteriores, los distintos recursos que

obtiene el Estado mediante el aprovechamiento de su patrimonio.

Dichos recursos, lejos de alcanzar la magnitud e importancia que revisten los

recursos tributarios en el ámbito de las finanzas públicas, alcanzan cierta significación

que debe analizarse tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Según JarachJarachJarachJarachJarach1919191919, la significación cualitativa frente a los recursos tributarios,

consiste en no considerar como característico de la economía del sector público, a los

recursos coercitivos (principalmente tributos), rescatando la importancia de los recursos

patrimoniales que no son coercitivos y permiten al Estado desarrollar una actividad

económica propia, sin depender de la recaudación de tributos a cargo del sector privado,

que representa una invasión en la esfera del mismo y, por otra parte, alcanzar directamente

ciertos fines de bien público.

La importancia cuantitativa, si bien hasta hace diez años se vio incrementada,

con respecto a la época liberal de las finanzas, actualmente, debido a los procesos de

privatizaciones que existieron en el país (ENTel, Aerolíneas Argentinas, Canales de TV,

SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, entre otras), su influencia en el presupuesto estatal

es casi nula.

Asimismo, independientemente de las privatizaciones, a lo largo de la historia,

el Estado, en ejercicio de estas actividades, casi nunca logró ingresos, por el contrario,

han sido motivo de importantes pérdidas que se tradujeron en constantes déficits

presupuestarios.

Se trata de uno de los recursos públicos que por sus peculiares características,

ha dado lugar a serias disidencias doctrinales y aún legislativas con respecto a su ubicación

clasificatoria.

En ciertos casos el Estado puede crear empresas con carácter de monopolios

por expresas disposiciones legales, las que no solo estatuyen la creación de las empresas

2.2.3.1.4 Consideraciones finales.

2.2.3.2 El caso de los monopolios fiscales.



20 Alfredo Burato. Ob. Cit.

a cuyo cargo estará la explotación monopólica, sino que también toman medidas para la

prohibición de actividades en competencia, estableciendo severas penas para los

infractores.

Estos monopolios pueden abarcar tanto actividades primarias como industriales

y comerciales, siendo su característica saliente la obtención de la máxima ganancia según

las leyes de monopolio.

Si bien en nuestro país este instituto no ha tenido prácticamente vigencia (a

excepción del monopolio estatal del juego), ha tenido en varios países favorable acogida.

Es así que en Italia tenemos, entre otros, el monopolio estatal del tabaco y la sal. Por su

parte, en Francia, es vastamente conocido el monopolio sobre el tabaco.

Según Alfredo BuratoAlfredo BuratoAlfredo BuratoAlfredo BuratoAlfredo Burato2020202020 , el monopolio estatal tiene las siguientes

características:

1) No surge de condiciones espontáneas de mercado, sino que lo hace en virtud

de una ley dictada por el órgano competente.

2) Son recursos originarios –es decir precios- pero las características de su

aplicación –la imposición más propiamente- le da cierto tinte de recurso derivado. (Según

la clasificación de Valdés Costa Valdés Costa Valdés Costa Valdés Costa Valdés Costa precedentemente expuesta, se trataría de precios

públicos).

3) El precio es un “puro” precio de monopolio, puesto que el monopolista

puede explotar su ventaja sin temor a que las ganancias atraigan la entrada de otros

competidores que, por ley, están excluídos.

4) La diferencia entre precios normales de competencia que se hubieren

formado de no mediar el monopolio estatal y los precios de monopolio, es una verdadera

imposición.

En cuanto a la naturaleza del ingreso que supone esta actividad monopolística,

como fuera supra expuesto, se han suscitado largas discusiones. Se ha entendido que se

trata de un precio, se ha hablado que se trata de un tributo y existen autores que sostienen

que reune las dos características (es precio en la medida que su monto cubre el costo del

producto o del servicio y la ganancia razonable, y es impuesto en lo que supera ese monto).



21 Benvenuto Griziotti. “Principio de Ciencia de las Finanzas”.

Para GriziottiGriziottiGriziottiGriziottiGriziotti2121212121 , el instituto en estudio presenta caracteres mixtos, entre el

tributo y el recurso patrimonial. Fundamenta lo antes expuesto en que la actividad es

cumplida en régimen de monopolio legal y esto implica la recaudación coactiva de un

impuesto, constituido por el mayor valor del precio recaudado por la empresa.

Sin lugar a duda, los recursos que se obtienen por medio de los monopolios

fiscales tienen una evidente similitud con la aplicación a esos artículos o servicios de un

impuesto a los consumos.

Se trata, evidentemente, de una forma de recaudación de dichos impuestos,

en el cual, el elemento coactivo consiste en el desplazamiento de los particulares en la

producción y comercialización de los productos y, asimismo, en la obligatoriedad de los

habitantes de dirigirse al Estado para obtener el servicio o el bien producido.

Es decir, no hay diferencias apreciables en cuanto a su naturaleza y efectos,

entre la producción de un determinado bien por una empresa privada, sujeta al pago de

un impuesto a los consumos (ejemplo: Impuesto al Valor Agregado o Impuestos Internos),

y la adopción del régimen de monopolio fiscal, en el cual el Estado se hace cargo de la

producción, elaboración y comercialización del mismo bien que puede colocar en el

mercado al precio que le proporcione la máxima ganancia.

La similitud del monopolio fiscal con el impuesto al consumo es tal, que puede

considerarse el precio obtenido como la suma del costo más una ganancia normal del

empresario - como sería en el régimen de competencia – más el impuesto al consumo. Es

decir, se considera como recurso tributario el excedente del costo, más la ganancia normal

de la empresa estatal.

Desde otro punto de vista, se podría plantear la disyuntiva por parte del Estado,

entre dejar librada la actividad económica a una empresa privada y someterla a un

impuesto al consumo, o bien, instituir el monopolio fiscal.

Ante ello, siguiendo a Di Viti de MarcoDi Viti de MarcoDi Viti de MarcoDi Viti de MarcoDi Viti de Marco, la elección entre el impuesto al consumo,

dejando en manos de empresas privadas la explotación industrial y comercial, y el monopolio

fiscal, depende fundamentalmente del nivel de costo al cual el Estado puede efectuar esa

explotación. Si el costo fuera menor, entonces sería conveniente el monopolio fiscal, caso

contrario, si el costo para el Estado es igual o mayor que para la empresa privada, es

conveniente que el Estado se limite a establecer un impuesto al consumo.



Aclaración Previa.Aclaración Previa.Aclaración Previa.Aclaración Previa.Aclaración Previa.

Teniendo en cuenta la importancia medular que reviste el presente tema en el

estudio del derecho tributario, en este capítulo se efectuarán consideraciones generales

sobre los recursos tributarios, los cuales serán objeto de estudio, con profundidad, en los

capítulos siguientes.

Recursos TributariosRecursos TributariosRecursos TributariosRecursos TributariosRecursos Tributarios

Sin lugar a dudas, la mayor parte de los ingresos que obtiene el Estado para

cubrir sus erogaciones, proviene de los tributos que el mismo impone a la población, en

virtud de su poder de imperio.

A decir de JarachJarachJarachJarachJarach, “los recursos tributarios son aquellos que el Estado obtiene

mediante el ejercicio de su poder de imperio o sea por leyes que crean obligaciones a

cargo de los sujetos – individuos y entidades – en la forma y cuantía que dichas leyes

establezcan”.

Es decir, una prestación pecuniaria objeto de una relación cuya fuente es la ley

entre dos sujetos: de un lado el que tiene derecho a exigir la prestación, el acreedor del

tributo, el Estado o una entidad pública que efectivamente por virtud de una ley positiva

posee ese derecho, y del otro lado el deudor o deudores, quienes están obligados a cumplir

la prestación pecuniaria.

Por su parte, Carlos Giulliani FonrougeCarlos Giulliani FonrougeCarlos Giulliani FonrougeCarlos Giulliani FonrougeCarlos Giulliani Fonrouge, concibe al tributo “como una

prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su

poder de imperio y que da lugar a relaciones de derecho público”.

En tal sentido, el Modelo de Código Tributario para América Latina define a los

tributos como “las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de

imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”,

aclarándose que se habla de prestaciones en dinero porque, si bien hay algunas

prestaciones en especie, ellas son muy excepcionales en el Estado moderno.

2.2.3.3 Recursos tributarios.



El modelo de Código tributario del CIAT (Centro Interamericano de

Administración Tributaria), ampliando la definición antes expuesta, define en su Art. 9 a

los tributos “como las prestaciones en dinero que el Estado exige, en razón de una

determinada manifestación de capacidad económica, mediante el ejercicio del poder de

imperio, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el

cumplimiento de otros fines de interés general. Los tributos se clasifican en Impuestos,

Tasas y Contribuciones Especiales”.

La definición de tributos adoptada en este artículo se encuadra en la consagrada

tradicionalmente por la doctrina y por diversos códigos tributarios. En ella se explicita la

finalidad de financiar el gasto público del Estado, como forma de poner en evidencia la

naturaleza eminentemente financiera del tributo, sin que con ello se desconozca la

posibilidad de utilizar, aunque excepcionalmente, la tributación como medio para

coadyuvar la concreción de objetivos extra-fiscales.

La característica común de los recursos tributarios es su obligatoriedad por

imperio de la ley siendo esta, a su vez, fuente de las obligaciones tributarias dentro del

marco de las facultades y de los límites que establezcan las constituciones modernas.

Asimismo podríamos mencionar algunas notas características de los tributos:

1 )1 )1 )1 )1 ) Origen Legal:Origen Legal:Origen Legal:Origen Legal:Origen Legal: Como puede apreciar el alumno, las exacciones que se efectúan en

el patrimonio de los particulares con motivo de la aplicación de un tributo importan,

ciertamente, una limitación al derecho de propiedad de cada uno de ellos. Por lo

expuesto, se requiere que la creación y aplicación de un tributo se encuentre investida

de las máximas garantías. Se llega así a uno de los principios fundamentales de todo

Estado de derecho, según el cual los tributos solo pueden ser impuestos por ley

dictada por el Congreso.

En efecto, si nos preguntáramos de que manera puede el Esatdo moderno

ejercitar su poder tributario, debemos responder que solamente a través de leyes, las

cuales se supone son siempre manifestaciones de voluntad de la comunidad.

Asimismo, conviene resaltar que esta característica, de neto carácter jurídico,

echa por tierra todas las viejas doctrinas privatistas, conforme a las cuales los tributos se

caracterizan por ser una clase de precio pagado por los particulares por el beneficio

resultante de los servicios prestados por el Estado, lo cual implicaba, prácticamente una



22 Conforme José María Martín. “Ciencia de las Finanzas Públicas” Bs. As. 1983. Edición Universitaria.

23 Conforme: Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 196, 218.

24 Conforme: Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 178, 231.

relación contractual entre estos y aquellos.22

2 )2 )2 )2 )2 ) Carácter personal del vínculo:Carácter personal del vínculo:Carácter personal del vínculo:Carácter personal del vínculo:Carácter personal del vínculo: Agotado el poder tributario en la creación del

impuesto, y verificado el hecho imponible en el contribuyente, la relación que se

genera entre el Estado y el contribuyente es una típica relación obligacional personal.

Como será objeto de estudio en los siguientes capítulos, no existe relación alguna

entre el Estado y alguna cosa determinada, sino entre aquél y quien, por la realización

del hecho imponible, resulte ser el deudor del tributo.

3 )3 )3 )3 )3 ) Naturaleza pecuniaria de la prestación tributaria:Naturaleza pecuniaria de la prestación tributaria:Naturaleza pecuniaria de la prestación tributaria:Naturaleza pecuniaria de la prestación tributaria:Naturaleza pecuniaria de la prestación tributaria: Como fuera expuesto, si

bien podría concebirse la imposición de tributos en los cuales la prestación se satisface

con la entrega de cosas, esta modalidad no tiene vigencia en la actualidad.

4 )4 )4 )4 )4 ) Afectación del producto a fines estatales:Afectación del producto a fines estatales:Afectación del producto a fines estatales:Afectación del producto a fines estatales:Afectación del producto a fines estatales: Independientemente de los fines

fiscales o extrafiscales que pudieran tener los tributos (aspecto este que sigue dando

lugar a intensos debates doctrinarios), queda como nota característica de estos, su

finalidad pública, pues no se concibe que el producido de un tributo pueda tener

destinos ajenos a esos fines.

En efecto, hoy todos los tributos deben, necesariamente, tener como último

objetivo el beneficio general y el bienestar del cuerpo político23 . Si no responde a ese fin

de interés público, en nuestro régimen republicano, los tributos no solo serían ilegítimos24

sino que además caerían en el despojo.

Si bien distintos autores han utilizado para su estudio los términos crédito

público, empréstitos y deuda pública, como sinónimos, consideramos que en realidad, se

trata de tres expresiones distintas, que se refieren a los momentos por los que atraviesa

un Estado, cuando decide recurrir a estos métodos para la financiación del gasto público.

Así, intentaremos definir cada una de las expresiones antes expuestas, dejando

claramente establecidas sus diferencias.

2.2.3.4 Recursos del crédito.



25 Según Salvador Oría, “Finanzas”, Ed. Kraft Ltda., Bs. As., 1948, Tomo III, Pág. 107.

26 Según Susana Beatriz Palacio. “Finanzas Públicas y Administración Financiera”. Editorial Estudio. Bs. As. 1998.

Crédito, del latín credere, nos remite a la idea de fe o confianza, y teniendo en

consideración la personalidad del prestatario, el crédito podrá ser público (el Estado) o privado.

Podemos, por consiguiente, definir al crédito público como “la aptitud política,

económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo

basada en la confianza de que goza por su patrimonio, los recursos de que pueda disponer

y su conducta”25 .

Otros autores han dicho: “Crédito Público es la aptitud que tiene el Estado para

obtener en préstamo bienes generalmente dinerarios, surgiendo esa aptitud, de la

credibilidad que merece el Estado en función de su organización, de su estabilidad jurídico-

política, de su trayectoria histórica y desde luego de su potencialidad económica, rasgos

todos estos que denotan una organización adecuada de la que resulta la creencia de las

personas, de que le será reintegrado lo que hubieran entregado al Estado”26

El Art. 56 de la ley 24.156 establece que “el crédito público es la capacidad que

tiene el estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para

realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional,

para reestructurar su organización o para refinanciar su pasivos, incluyendo los intereses

respectivos. Se prohibe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos

operativos”.

Definido ya lo que podríamos calificar como primer momento, procederemos

a ocuparnos del siguiente, o sea del empréstito.

El Estado puede hacer uso de su crédito recurriendo al empréstito. Por

consiguiente, el empréstito es la traducción de esa aptitud (política, económica, jurídica

y moral del Estado para obtener dinero), que nace como consecuencia de la voluntad del

Estado de recurrir al ahorro de terceros creando una relación jurídica y económica a

través de este. Es el medio por el cual el Estado materializa su crédito, recibiendo dinero

o bienes a cambio de títulos, bonos o valores.

2.2.3.4.2 Empréstito

2.2.3.4.1 Crédito público.



27 Palacio, Susana B.; Ob. cit.

Es decir, el empréstito es el acto concreto mediante el cual se hace efectiva la

aptitud potencial del Estado, traduciéndose en el concreto ingreso del recurso.

El tercer momento lo compone la deuda pública.

El Estado, al emitir un empréstito, asume una serie de obligaciones, tales como

pagar los intereses, amortizar el capital en las fechas establecidas, etc. Consecuentemente,

constituye deuda pública, las obligaciones asumidas por el Estado, a través de los distintos

empréstitos.

Es decir, clarificando aún más el concepto, es la situación jurídico-económica

del Estado frente al inversor y refleja las obligaciones asumidas mediante el empréstito.

No debemos confundir la Deuda Pública con la denominada Deuda

Administrativa, pues esta última es la que tiene el Estado como consecuencia de sus

contrataciones habituales (ejemplo: deuda con los proveedores). La deuda pública

proviene del uso del crédito y refleja operaciones puramente financieras.27

Sin duda, el crédito de un Estado será mayor cuando más estricto cumplimiento

se dé a la deuda pública contraída.

Se ha discutido si el crédito público constituye o no un verdadero recurso ya

que, a diferencia del impuesto, representa una riqueza que debe ser reintegrada al

prestamista y, por ende, no queda definitivamente adquirida por el Estado. Por ello, una

serie de autores entienden que los empréstitos son más bien un anticipo de los verdaderos

recursos, ya que los impuestos (a los que consideran los verdaderos recursos) son creados

para poder pagar tanto el capital como los intereses de la deuda contraída (servicios de

la deuda).

Es decir, dado que se toma pero se devuelve, cierta parte de la doctrina piensa

que no se trata de un verdadero recurso.

Otros, a cuya posición adherimos, sostienen que el empréstito es un recurso como

cualquier otro, ya que integra el conjunto de dispositivos con los que cuenta el Estado

2.2.3.4.3 Deuda pública.



para satisfacer necesidades públicas. El hecho de que tengan que ser reintegrados, es una

cuestión susceptible de analizarse al estudiar los efectos económicos de cada dispositivo,

no privando esa característica de los empréstitos, su calidad de recursos públicos.

Las finanzas tradicionales concebían el empréstito como un recurso extraordinario,

al cual solo debía recurrirse en casos excepcionales (guerras, epidemias, inundaciones,

terremotos, catástrofes). Por el contrario, la teoría moderna, se orienta hacia la idea que el

empréstito es un recurso que nada tiene de anormal y que no se encuentra limitado a

circunstancias excepcionales. Los recursos emanados del crédito público tienen, por supuesto,

sus limitaciones como cualquier otro recurso, pero estos límites no dependen de los gastos

a financiar que sean ordinarios o extraordinarios, sino razones de política financiera.

La Constitución Nacional reconoce la importancia del hecho financiero en sus

tres momentos – crédito público, empréstito público y deuda pública-, estableciéndose

los principios que rigen su existencia.

El régimen legal encuentra sustento en los siguientes artículos de la Constitución

Nacional, con sus respectivas reformas:

1) Artículo 4.

2) Artículo 75 inc. 4.



El Artículo 4 de la Constitución Nacional enumera los fondos constitutivos del

Tesoro Nacional, mencionando como tales a “los empréstitos y operaciones de crédito que

decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad pública”.

Este artículo hace referencia a la generalidad de los créditos que puede obtener

el Gobierno Federal, tanto los de orden interno, como los de orden externo.

También está claramente expresado el destino de esos fondos: para urgencias

de la Nación o para empresas de utilidad pública, como así también la autoridad a la que

compete decretarlos: al Congreso Nacional.

2.2.3.4.4 Régimen legal.



El Art. 75 inc. 4 de la Constitución, atribuye al Congreso de la Nación la potestad

de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”.

Asimismo, debe tenerse en consideración el mandato constitucional impuesto

al Poder administrador, encarnado en el Presidente de la Nación, para hacer recaudar los

ingresos, cualquiera sea su vía o fuente. Es así que el Art. 99 inc. 10 de la carta magna,

establece como atribución del poder Ejecutivo “supervisar el ejercicio de la facultad del

jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la Nación y de

su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales”. Concordante con

ello, el Art. 100 inc. 7 del mencionado cuerpo legal, establece como función del jefe de

gabinete de ministros, “hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar el Presupuesto

nacional”.

Finalmente, debe destacarse, lo dispuesto por el Art. 124 de la Constitución

Nacional, el cual expresa: “Las provincias...podrán..celebrar convenios internacionales

en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las

facultades delegadas del Gobierno Federal o el crédito público de la Nación, con

conocimiento del Congreso Nacional...”

Dable es señalar que las normas constitucionales antes expuestas, bien podrían

calificarse como contornos éticos, pero no pueden por su esencia agotar la complejidad

de disposiciones que requiere la instrumentación del hecho financiero, compuesto por el

crédito público, el empréstito y la deuda pública. Ellas solo señalan los lineamientos

generales, correspondiéndole el resto de la tarea a las leyes.

Por ello, el marco legal del crédito público, se encuentra establecido entre otras,

en la ley 24.156, Título III y complementan al mismo los decretos 2662/92 y 1361/94 y

la ley complementaria permanente de presupuesto, Ley 11.672.

De las definiciones otorgadas al crédito público, se desprende que nos

encontramos ante la existencia de un Estado prestatario que asume la obligación de

restituir lo recibido, pagando además un interés. Sin duda cuesta caracterizar la obligación

que origina el empréstito público. No existe, en doctrina, uniformidad de criterios entre

los autores, con respecto a su esencia.

2.2.3.4.5 Naturaleza jurídica.



Suscintamente, podrían mencionarse dos tendencias, siendo una de ellas la que

considera al empréstito como un contrato, ( como acto bilateral que origina obligaciones

recíprocas y cuyo cumplimiento puede exigirse judicialmente), regido por las distintas

ramas del derecho.

Así se ha dicho, dentro de la gran variedad de opiniones, que nos encontramos ante:

1) Un contrato de Mutuo del derecho privado;

2) Un contrato administrativo, ya que el producido del recurso se destinaría a un

servicio público, el cual también esta regido por el derecho administrativo;

3) Un contrato reglamentario del derecho administrativo;

4) Un contrato “sui generis”, con elementos variados que se entremezclan, de derecho

público y privado.

La otra posición, por el contrario, entiende que el empréstito, es un acto

unilateral de soberanía, careciendo por ello de naturaleza contractual y dando origen a

una obligación unilateral de derecho público. El empréstito es emitido en virtud del poder

soberano del Estado y sus condiciones establecidas legislativamente por lo cual, los reclamos

de pago no pueden dar lugar a acciones judiciales, ya que el acreedor que lo suscribe lo

hace a sabiendas que trata con una entidad soberana y es condición inherente a toda

soberanía que no puedan iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella.

Históricamente esta tesis nació más como política que como jurídica. Hoy en

día esta cuenta con los fundamentos de la doctrina elaborada por el jurista argentino

Luís María DragoLuís María DragoLuís María DragoLuís María DragoLuís María Drago (“Esta tesis sostiene que, en el empréstito el Estado actúa como ente

soberano, para concretar el empréstito el Estado se expresa por medio de la ley, que es el

modo imperativo por el que ejerce sus actos. Se dice también que los títulos emitidos por

el empréstito surgen de una facultad similar a la de emisión de la moneda, que es un

atributo propio del imperium estatal, y que en el empréstito el Estado fija unilateralmente

sus condiciones tales como el tipo de interés, época, monto de reintegro, etc....Se destaca

que en el empréstito no se toma la voluntad del prestamista y que los títulos circulan en

la comunidad en forma innominada como billetes, sin que interese quien sea el suscriptor,

agregándose, que la pretendida obligación contractual resulta incostreñible para el Estado,

pues no hay poder superior a él ni tribunal que pueda obligarlo al cumplimiento”).



Teniendo en cuenta pautas económicas, los empréstitos pueden clasificarse en

Internos y Externos.

Por internos se entiende aquellos que son colocados en el país, captándose la

riqueza propia del país, como así también, aquel que es emitido en moneda nacional. En

cuanto a sus efectos económicos, implica una transferencia interna de riqueza, pues en

la propia comunidad, un sector transfiere al otro.

Por el contrario, se entiende por externos, cuando se coloca en plazas extranjeras,

o se capta en moneda extranjera. En este, se produce un verdadero crecimiento de

riquezas, pues se incorpora la suma recibida en préstamo, cosa que no sucedía en el

interno donde nada aumenta, ya que un sector transfiere a otro algo que ya existía. En el

momento de la cancelación, se produce una verdadera disminución de riquezas, ya que

sale del acerbo nacional lo que se pagará al extranjero.

Considerando la clasificación de los empréstitos en función de pautas jurídicas,

se toman en cuenta, principalmente, la jurisdicción y legislación que regirán al

empréstito.

Así, se consideran internos, aquellos que se emiten regidos por las leyes del país

y con la competencia de sus tribunales de justicia; y externos cuando la emisión se somete

a la ley y a los tribunales extranjeros.

La ley de Administración Financiera clasifica la deuda pública en su artículo 58,

de la siguiente forma: “A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna

y externa y en directa e indirecta. Se considerará deuda interna, aquella contraída por

persona física o jurídica residente o domiciliada en la República Argentina y cuyo pago

puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda

externa, aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier

otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo

pago puede ser exigible fuera de su territorio”.

La deuda pública directa de la Administración central es constituída por cualquier

persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su

aval, fianza o garantía.

2.2.3.4.6 Clasificación de los empréstitos.


160 tomo1 derecho financiero(28 Martín, José María. “Ciencia de las Finanzas Públicas”. Bs. As. 1983. Edición Universidad.

De acuerdo con su duración temporal, podemos clasificar a los empréstitos

como de corto, mediano o largo plazo.

Entre los de corto plazo podemos citar como ejemplos a las Letras de Tesorería,

las que constituyen remedios provisionales de caja (plazo inferior a un año).

Son de mediano plazo, aquellos cuyo duración oscila, según los autores, entre

los 5 y 6 años; y de largo plazo aquellos que superen dicha duración.

Interesante resulta lo expuesto por el doctrinario José María Martin28 , quien al

efectuar esta distinción manifiesta que cuando se habla de crédito público, nos referimos

exclusivamente a los que se denomina plazo intermedio o largo, ya que es éste el que

únicamente puede ser dispuesto por ley (la cual dispondrá su emisión, tipo de interés,

forma de cancelación o modalidades de amortización.

Por lo tanto, jurídicamente, tratándose del uso del crédito público a plazo

intermedio o largo, estamos en presencia de un poder originario del Congreso, indelegable

por naturaleza y que solo puede manifestarse a través de leyes.

Por el contrario, de hacerse uso del crédito público a corto plazo (Letras de

Tesorería), basta una autorización general por parte del Poder Legislativo, tal como la

que se ha otorgado al Poder Ejecutivo en el Art. 82 de la Ley 24.156, el cual dispone que:

“La Tesorería General de la Nación podrá emitir Letras del Tesoro para cubrir

deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto

general. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se

emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda pública y

debe cumplirse para ello con los requisitos que al respecto establece el título III de esta ley”.

Asimismo, cabe señalar que las deudas de mediano y largo plazo, presentan el

interrogante de si estos recursos que se obtienen en el presente, trasladan o no su carga

a las generaciones futuras. Este interrogante, como tantos otros aspectos de la materia,

no han tenido una solución pacífica en la doctrina.

Finalmente, se clasifica a los empréstitos en voluntarios, patrióticos y forzosos.

Los primeros, son aquellos cuya colocación en plaza se realiza sin ninguna coerción. Los

empréstitos patrióticos, son aquellos en los que se emplea cierta coerción moral (cítese



29 Conforme Dino Jarach, Ob. cit.

como ejemplo, aquellos llamados a colaborar con la patria, o cuando se publican listas

de los que no los suscriben). Los empréstitos forzosos, cuyo estudio particularizado

efectuaremos seguidamente, son aquellos que la norma legal que los establece, impone

coercitivamente la obligación de suscribirlos a quienes se encuentren, según la ley, en

determinadas condiciones.

Como fuera precedentemente expuesto, en este tipo de empréstito, el Estado asume

el compromiso de devolver el capital y, en algunos casos, el mismo devenga un interés, pero

a diferencia de los empréstitos voluntarios o patrióticos, los ciudadanos se ven obligados a

suscribir una parte de dicho empréstito, en forma proporcional a su renta o patrimonio.

Es decir, se trata de empréstitos que por fuerza de ley deben suscribir los

habitantes de un determinado país cuando se encuentren en la situación de hecho que la

propia ley define29 .

Esta determina, asimismo, con carácter obligatorio el tipo de interés que se

pagará a los tenedores de títulos y la forma de amortización y reembolso de capital

(generalmente en este tipo de empréstitos el interés que ofrece el Estado es sensiblemente

inferior al de plaza).

A decir de JarachJarachJarachJarachJarach, este tipo de empréstitos, pertenece a los recursos tributarios,

sin perjuicio de su inclusión también en los recursos de crédito y, en especial, entre los

empréstitos.

El carácter tributario que se le otorga, surge de la coerción en la suscripción, a

través de la ley que lo establece. Tal como acontece en el impuesto, hay un presupuesto

de hecho definido en el texto legal que, al verificarse en la realidad, da nacimiento a la

obligación de suscribir el empréstito en la cantidad, precio y demás condiciones que la

ley establezca o autorice al poder público a fijar.

Asimismo, establece que la diferencia fundamental entre el empréstito forzoso

y el impuesto, consiste en que en el primero y no en el segundo, el gobierno asume las

obligaciones referentes a intereses, amortización y extinción de la deuda a su vencimiento.

2.2.3.5 Empréstito forzoso.



30 Maurice Duverger, “Hacienda Pública”, Ed. Bosch, Barcelona, 1968, pág. 114.

31 Salvador Oría, “Finanzas”, Ed. Kraft Ltda. Bs. As., 1948., Tomo III, pág. 105.

32 En ambos fallos se discutió la constitucionalidad del “ahorro obligatorio” dispuesto por la ley 23.256, ya que con esta, se

argumentó, se gravaba retroactivamente la riqueza liberada con el oportuno pago de los impuestos. También eradiscutida su actuación confiscatoria, por no considerar en el momento del reintegro de las sumas aportadas, la

desvalorización monetaria sufrida durante el período.33 Entre otras opiniones: Nota publicada en el Periódico Económico Tributario Nro.88 pag. 7, que fuera suscrita por el Consejo

Directivo de la “Asociación Argentina de Estudios Fiscales” de la cual surge: “Esta asociación debe exponer su preocupacióninstitucional frente a la inconstitucional doctrina judicial en trato, advirtiendo que la misma no solo subvierte la naturalezaestructural propia de los empréstitos forzosos, sujetos a derechos y obligaciones recíprocos, todos ellos amparados por laCarta Magna, sino que, en su opinión, las tesis que informan la jurisprudencia comentada, destruyen valores, garantías yprincipios éticos y jurídicos fundamentales del Estado de Derecho, cuales son la seguridad jurídica, la buena fe exigiblea los gobernantes, la confianza en el mantenimiento y la honra de la palabra oficial empeñada y el respeto de la

DuvergerDuvergerDuvergerDuvergerDuverger3030303030 , por su parte, interpreta este tipo de empréstito, como un punto

intermedio entre el empréstito propiamente dicho y el impuesto. OríaOríaOríaOríaOría3131313131 , manifiesta

que esta especie de empréstito constituye una “requisición temporaria de capital”, sujeta

a condiciones fijadas unilateralmente por quien detenta el poder.

En conclusión, si bien el empréstito forzoso es esencialmente un empréstito ya

que el Estado se compromete a reembolsar el capital, tiene en común con los tributos, el

carácter jurídico de la coacción y el financiero de ejercer una presión tributaria,

imponiéndole al particular un empréstito en condiciones diferentes a las que

espontáneamente hubiere aceptado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Indo S.A c/ Fisco Nacional

(D.G.I) s/ repetición (Ley 11.683)” y “Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (D.G.I) s/ordinario

(repetición)”, se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad del “ahorro obligatorio”

establecido por la ley 23.25632.

Si bien estos pronunciamientos del superior tribunal no se encuentran exentos

de crítica33, a los efectos del punto en estudio, los principales argumentos esbozados por

la Corte se detallan a continuación:

1) La naturaleza tributaria del ahorro obligatorio fue determinada en base a

los siguientes argumentos: a) El ahorro obligatorio tiene una relación de especie a género

respecto de los tributos; b) Puede considerarse razonablemente incluido dentro de las

contribuciones nacionales; c) La posterior restitución no desvirtúa su naturaleza tributaria,

ya que esta constituye una circunstancia ulterior a la “extinción de la obligación de dar

sumas de dinero” d) Tiene caracteres propios de los tributos, los que se revelan en el

hecho que la ley 23.256 le confirió a la D.G.I (Ahora AFIP-DGI) la aplicación, percepción

y fiscalización del régimen, así como que se dispuso la aplicación a su respecto de la ley

11.683 (Ley de Procedimiento Fiscal); e)Aun cuando en el plano teórico se negara la



propiedad y vigencia irrestricta del principio de la no confiscatoriedad.Esta Asociación opina que los fallos en cuestión contribuyen a impedir y desbaratar el funcionamiento regular y

previsible de las instituciones de la República, en el marco del Estado de Derecho que respeta la primacía de la Ley Supremay sus derechos fundamentales. Merece la más severa crítica que dichos valores sean soslayados con argumentos carentes debase científica resultando irritativos de los principios y garantías constitucionales cuyo cuidadoso y estricto resguardo ymantenimiento constituyen una obligación prioritaria de gobernantes y gobernados.”

34 Villegas, Héctor, Ob. cit.

naturaleza tributaria de los empréstitos forzosos, no podrá sino concluirse que el régimen

de la ley 23.256 constituyó una específica modalidad impositiva, máxime si se atiende a

la preeminencia que debe asignársele a la “realidad económica”, en la interpretación de

las leyes impositivas; f) El “ahorro” o “empréstito” lleva ínsita la idea de un acto de

naturaleza voluntaria o contractual. En la ley 23.256, la realidad es que el legislador

impuso la obligación de dar sumas de dinero, por lo que el carácter obligatorio de la ley

23.256 es incompatible con la naturaleza voluntaria o contractual.

Tanto el manejo de la banca central, como el derecho a emitir moneda que

corresponde al Estado moderno, constituyen para éste otra forma de obtener ingresos.

Su importancia es indudable, más aún teniendo en cuenta que mediante la

moneda el Estado regula y controla directamente el intercambio de bienes y servicios,

como así también, las transacciones públicas y privadas en general.

El emisionismo monetario puede ser considerado desde dos puntos de vista a

saber: como procedimiento estatal de regulación económica y como medio de procurarse

ingresos.34

a )a)a)a)a) El emisionismo como regulador de la economía:El emisionismo como regulador de la economía:El emisionismo como regulador de la economía:El emisionismo como regulador de la economía:El emisionismo como regulador de la economía:

La hacienda moderna interpreta que las emisiones monetarias no deben ser

consideradas como un medio con el que cuenta el Estado para procurarse ingresos, sino

como “un medio para intervenir en la vida económica del país, ejerciendo una función

reguladora”. En efecto, en virtud de la teoría del empleo, cualquier aumento que se

produzca en la oferta monetaria en tanto haya recursos sin emplear, producirá un

aumento mayor en el empleo que en los precios, originándose inflación solamente, en el

supuesto en que la expansión monetaria continúe más allá del punto de empleo total.

No resulta exacto pensar que cualquier aumento de billetes en circulación genera

inflación. Esta se produce, solamente, cuando existe en el mercado un exceso de medios

2.2.3.6 Recursos emisión monetaria.


164 tomo1 derecho financiero(35 Albacete Carlos Eduardo. “Manual de Finanzas Públicas” Buenos Aires, 1977. Ed. AZ.

de pago, en relación con los bienes disponibles. Necesariamente, los medios de pago

deben aumentar al mismo ritmo en el que se produce el incremento de las mercaderías

o bienes disponibles.

Si estos últimos son superiores a los medios de pago, la creación de nueva

moneda sólo tendrá por objeto restablecer un equilibrio. Si se diera el proceso inverso

(exceso de medios de pago con relación al volumen de los bienes disponibles), el Estado

cuenta con la forma para sacar circulante del mercado a través del impuesto o empréstito35

b )b )b )b )b ) El emisionismo como medio de obtener ingresos:El emisionismo como medio de obtener ingresos:El emisionismo como medio de obtener ingresos:El emisionismo como medio de obtener ingresos:El emisionismo como medio de obtener ingresos:

Este método se plasma cuando el Estado cubre sus déficits presupuestarios con

la emisión de papel moneda.

Pero, como fuera precedentemente expuesto, utilizar el emisionismo con tal

finalidad,(en la medida en que no vaya acompañado del proporcional incremento de bienes

y servicios a disposición del consumidor), constituye un elemento de presión inflacionaria.

Es decir, el exceso de creación de medios de pago con relación al volumen de

bienes en circulación ocasionará inflación, y esta traerá aparejados controles de precios,

de rentas, de cambios, racionamientos, aparición del “mercado negro” y la especulación,

todos estos elementos por demás conocidos en la historia Argentina, dadas las tristes

experiencias vividas.

Asimismo, cabe destacar que, en la medida en que esta emisión cause inflación,

produce los efectos de un tributo injusto para la comunidad y perjudicial para el propio

Estado.

Es un tributo injusto, ya que provoca un deterioro patrimonial muy importante,

especialmente en aquellos sectores de la población de más bajos ingresos (asalariados),

como así también en aquellos otros que poseían colocaciones a renta fija. Solo se benefician

ciertos sectores como ser los especuladores, los poseedores de moneda extranjera, los

exportadores, ciertos industriales y comerciantes inescrupulosos que acaparan producción

y mercadería provocando desabastecimiento.

Pero no solo la comunidad se ve perjudicada sino que, también, este emisionismo

perjudica al Estado, ya que los aumentos que experimentan los precios como consecuencia



de la inflación, producen indefectiblemente un incremento en el gasto público. Esto puede

provocar, a la larga, que el Estado se encuentre inmerso en un circulo vicioso, ya que al

producirse ese aumento en el gasto público, se hace necesario lograr otros ingresos, pero

como estos no alcanzan, debe incrementarse nuevamente la emisión monetaria.

En consecuencia, podría decirse que la emisión de moneda con fin fiscal, solo se

justifica en casos extremos, y siempre teniendo en cuenta que la conveniencia de acudir a

este recurso, esta condicionada a que no sea posible ninguna otra forma de procurarse ingresos.

En otras palabras: la impresión de billetes debe ser utilizada como último recurso,

una vez agotadas las demás fuentes de ingresos públicos.

Asimismo, este emisionismo debe ser de carácter provisional, seguido de medidas

de “saneamiento” que tengan por objeto retirar de la circulación el exceso en los medios

de pago con relación al volumen de bienes y servicios en circulación.

Los Recursos Gratuitos.Los Recursos Gratuitos.Los Recursos Gratuitos.Los Recursos Gratuitos.Los Recursos Gratuitos.

Como es sabido, el Estado puede obtener ingresos en virtud de liberalidades,

entendiéndose por ellas, la entrega no onerosa de bienes por parte de terceros. Estos,

facilitan dichos bienes en forma voluntaria, sin que el Estado necesite utilizar su poder

de imperio para obtenerlos.

Estos ingresos pueden provenir tanto de particulares como, así también, de

entes internacionales o de Estados extranjeros.

Cabe mencionar, asimismo, que estos ingresos, cuantitativamente son de escasa

importancia y de irregular percepción, ya que no obedecen a regla alguna de oportunidad

económica.

Recursos Parafiscales.Recursos Parafiscales.Recursos Parafiscales.Recursos Parafiscales.Recursos Parafiscales.

La doctrina italiana y francesa han dado origen a una categoría especial de

gravámenes, que siendo análogas a los tributos, se diferencian de estos por algunas

2.2.3.7 Otros recursos.


166 tomo1 derecho financiero(36 Guillermo Pedro Galli, Ob. cit., pág. 201

connotaciones, como ser:

a) La administración y recaudación se efectúa a través de reparticiones públicas

diferentes de la administración fiscal.

b) Los ingresos obtenidos se sustraen de la masa general de recursos del Presupuesto

del Estado.

c) Los recursos no ingresan en las tesorerías estatales, sino directamente en los entes

encargados de la recaudación y administración de los fondos.

Es decir, cuando hablamos de parafiscalidad, nos referimos fundamentalmente

a aquellas exacciones a los particulares cuyos montos recaudados tienen un destino

prefijado diferente a aquel general dado a los impuestos; es decir, se trata de tributos

con una afectación especial a un servicio prestado por el Estado o un ente público del

que resulte, directa o indirectamente, beneficiado el contribuyente.36

Al no existir uniformidad en la doctrina con respecto a la naturaleza jurídica de

estos recursos, efectuaremos una breve reseña de algunas de las más autorizadas

opiniones:

Morselli Morselli Morselli Morselli Morselli sostiene que las exacciones parafiscales no son tributos, ya que este

tiene un carácter netamente político y estas contribuciones responden a exigencias

económico –sociales. Giulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani Fonrouge sostiene que son tributos, haciéndolas figurar

como “contribuciones especiales”, oponiéndose al término “parafiscal”. DuvergerDuvergerDuvergerDuvergerDuverger

manifiesta que si bien tienen un parecido con las tasas, concluye sosteniendo que estas

contribuciones son “impuestos corporativos”. GriziottiGriziottiGriziottiGriziottiGriziotti denomina a estas contribuciones

parafiscales, impuestos especiales

Capítulo aparte merecen las consideraciones que, con respecto al punto en

estudio, efectúa en maestro Dino JarachDino JarachDino JarachDino JarachDino Jarach. Este establece, en primer lugar, que las

diferencias precedentemente señaladas (en los puntos a); b); c)) no son sustanciales y no

influyen en la naturaleza y efectos de los recursos en cuestión. Asimismo, expresa que la

creación de esta categoría de recursos, fuera de los recursos tributarios es principalmente

la de justificar la transgresión de algún principio fundamental de las finanzas, tanto en el

aspecto político económico, como en el aspecto jurídico (por ejemplo, se pretende que

los gravámenes de la parafiscalidad no estén sometidos al principio de legalidad con el



mismo rigor que los impuestos o los tributos en general). Finalmente manifiesta: “Aún

si se admitiéramos la existencia de la parafiscalidad, esta debería constituir parte de las

finanzas públicas y sus instituciones deberían encuadrarse en las instituciones financieras

con las cuales tienen caracteres fundamentales comunes. Pero vamos más lejos, desechando

la hipótesis del párrafo anterior y sostenemos que las pretendidas diferencias no existen o

son puramente parciales, sin motivar una separación ni siquiera por razones didácticas”.

Ciertamente, en función de la opiniones por demás autorizadas que fueran

transcriptas, no puede ponerse en duda el carácter tributario de este peculiar tipo de

contribuciones, en el cual se manifiesta el elemento caracterizador de todo gravamen: la

coacción ejercida por el Estado –por si mismo o ejercida por otros entes- para detraer

parte de la riqueza de los habitantes, en aras de satisfacer determinadas necesidades

públicas. Y es indiscutible que las finalidades tenidas en cuenta para imponer estos tributos

–la seguridad social y la regulación económica- por su propia naturaleza, han pasado a

ser necesidades públicas.

Es decir, se dan en estos casos todas las características de los tributos, ya que los

aportes, cuotas, contribuciones o la denominación que se adopte, son establecidos por el

Estado en ejercicio de su poder de imperio, se aplican coactivamente y son de observancia

obligatoria para quienes se hallen en las situaciones previstas por el instituto creador y se

destinan a financiar objetivos estatales.

Donde sí se presenta la mayor dificultad, es respecto de la caracterización de

dicho tributo.

Para efectuar este análisis, tomaremos como ejemplo lo que muchos autores

denominan la forma más relevante de parafiscalidad, que es la llamada parafiscalidad

social. Ésta esta compuesta por los aportes a la seguridad social que mensualmente abonan

tanto empleadores, como obreros, profesionales y trabajadores independientes.

En este caso, debe establecerse una diferencia según si el aporte es pagado o

no, por quienes obtienen beneficios de los organismos de seguridad y previsión social.

Según algunos autores, para quienes obtienen beneficios (en este caso los

obreros, profesionales y trabajadores independientes), sus aportes revisten las

características de las “contribuciones especiales”. JarachJarachJarachJarachJarach, por su parte, niega esta

calificación ya que el mencionado doctrinario entiende que la contribución especial tiene



como característica el beneficio diferencial que el contribuyente obtiene de una obra

pública o de una actividad estatal. Por ende, la disociación entre las obligaciones esperadas

pero sujetas a términos y a condiciones, inducen al citado autor a aceptar la naturaleza

impositiva de dichas obligaciones.

En cambio, analizando la situación de aquellas personas que aportan sin que se

singularice a su respecto en forma directa, una actividad estatal vinculante ni un beneficio

específico (empleadores), tal aporte asume el carácter de un verdadero impuesto.

Los recursos por sanciones patrimoniales.Los recursos por sanciones patrimoniales.Los recursos por sanciones patrimoniales.Los recursos por sanciones patrimoniales.Los recursos por sanciones patrimoniales.

Sabido es que el Estado, en aras de asegurar el orden jurídico normativo, castiga

mediante sanciones o penalidades a quienes infringen dicha normativa. Entre esas

sanciones podemos incluir aquellas de tipo patrimonial (multas), que son prestaciones

pecuniarias coactivamente exigidas a los particulares, para reprimir las acciones ilícitas y

resarcir el daño causado a la colectividad por el impedimento o turbación en la acción

estatal destinada a satisfacer las necesidades públicas, como así también, para intimidar

a los transgresores a que no vuelvan a cometer nuevas infracciones sancionables.

Gran parte de la doctrina considera a las multas y sanciones pecuniarias, en

general, como uno de los recursos del Estado. Fundamentan lo expuesto, en que lo

percibido en tales conceptos pasa a integrar las rentas generales o, en su caso, los fondos

del organismo facultado para imponer esas sanciones.

No obstante que estas penalidades proporcionan algún ingreso (reducido, por

cierto) al Estado, puede decirse que la imposición de multas no tiene como finalidad

recaudar fondos para la atención de los servicios públicos o para la administración del

Estado, y allí su gran diferencia con los tributos. El objetivo esencial del tributo, es obtener

rentas para el ente público, mientras que las penalidades patrimoniales procuran disuadir

la comisión de actos ilícitos.

Por su parte, cabe señalar que la imposición de multas, no se encuentra regida

por la legislación fiscal, sino por normas de naturaleza penal.

Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha pronunciado

acabadamente respecto de la naturaleza de estas sanciones pecuniarias. El máximo

tribunal ha dicho: “Que si bien en los casos de multa existe un interés de tipo fiscal en su



percepción, esto no altera su naturaleza principalmente punitiva”; “La salvaguardia del

patrimonio nacional no puede apuntar a la consideración de las multas como fuente de

recursos fiscales, si bien accesoriamente lo son”; “aun cuando es exacto que de la solución

del presente caso pueden depender ingresos para el Fisco, que ello no justifica apartarse

de los principios básicos que en materia penal establece la Constitución;.....” (“Fallos”,

t.287, ps. 76 y 78).

En resumen, mientras los ingresos tributarios son entradas dinerarias normales

que el Estado obtiene en la medida de sus objetivos y necesidades, los ingresos por

sanciones patrimoniales, son ingresos anormales que, aún beneficiando pecuniariamente

al Estado, no están destinados a ese fin.



1) Como ha sido expuesto a lo largo del capítulo, la sola circunstancia de que el Estado

recurra a diferentes fuentes de ingreso y obtenga recursos, produce gravitantes

efectos tanto en el plano económico como en el social.

2) La teoría de los Ingresos Públicos es mas antigua que la correspondiente a los Gastos

Públicos y, por ello, posee un mayor grado de elaboración.

3) Es necesario conceptualizar a los Ingresos Públicos con amplitud, teniendo en cuenta

la gran variedad de ingresos con los que cuentan los Estados contemporáneos.

4) Los Recursos Públicos han sido objeto de múltiples clasificaciones, destacándose en

la actualidad la correspondiente a los Recursos Originarios y Derivados.

5) En virtud de la controvertibilidad que reviste una tabla clasificadora de los diferentes

recursos y la tarea sumamente engorrosa que entrañaría una clasificación que

pretenda reunir todos los aspectos posibles, es que preferimos efectuar un análisis

particularizado de los distintos recursos con los que cuenta el Estado.

6) De esta forma, los Recursos del Estado son agrupables por su naturaleza en las

siguientes categorías:

a) Recursos originarios o patrimoniales.

b) Monopolios fiscales.

c) Recursos tributarios.

d) Recursos del crédito.

e) Emisión monetaria.

spsíntesis parcial




f) Los recursos gratuitos.

g) Los recursos parafiscales

h) Los recursos por sanciones patrimoniales.



RECURSOS CLASIFICACIÓN

1) Completar el siguiente cuadro clasificando los recursos:



Préstamo del Banco Mundial por

100 millones de dólares.

Recaudación de Impuestos.

Lanzamiento de una nueva

moneda de 2 pesos.

El Estado obtiene recursos de una

herencia vacante.

Recaudación obtenida por Lotería

Nacional y Casinos.

Obtención de ingresos por

derechos de importación de

mercaderías.

Ingreso de dinero por el cobro de

multas por infracciones de tránsito.

Venta de un inmueble

perteneciente al Estado Nacional.



1) Defina claramente que entiende Ud. por Recursos Públicos. Determine su

importancia dentro de la economía de los países.

2) Determine las diferencias entre los Recursos Originarios y los Derivados.

3) Analice en función de la clasificación de los Recursos Originarios y Derivados, a los

Recursos Patrimoniales, a los Monopolios Fiscales, a los Recursos Tributarios, a los

Recursos del Crédito, a la Emisión Monetaria, a los Recursos Gratuitos, a los Recursos

Parafiscales y a los Recursos por Sanciones Patrimoniales.

4) Diferenciar claramente el concepto de crédito público, empréstito público y deuda

pública.

5) ¿Qué diferencias existen entre los recursos tributarios y los recursos por sanciones

patrimoniales?

actividad de autoevaluación

aaabogacía a distancia )



(DESARROLLO)

PRESUPUESTO

La actividad financiera que realiza el Estado se compone de tres institutos, dos

de los cuales fueron antes analizados, los gastos públicos y los recursos públicos. El tercer

instituto se denomina PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto.

El Presupuesto es el instrumento por el cual se reflejan los gastos y los recursos

públicos. Según Benvenuto GriziottiBenvenuto GriziottiBenvenuto GriziottiBenvenuto GriziottiBenvenuto Griziotti, es un documento jurídico-contable en que cual

se detallan los recursos y gastos totales del Estado, en un período de tiempo limitado.

Dicho documento tiene el carácter de ley atento a que es sancionado por el

Congreso. Resulta ser un instrumento indispensable para el funcionamiento y la gestión

del gobierno dentro del orden constitucional.

La historia del Presupuesto nos remonta a Inglaterra durante el Siglo XIII, en

donde las rentas para satisfacer las necesidades de un pueblo, eran impuestas por el rey

con acuerdo de los barones, según lo disponía la Carta Magna de 1215.

Los barones con el paso del tiempo se convirtieron en el Parlamento. Desde allí

se establecieron normas fundamentales con relación al Presupuesto. Entre ellas, se pueden

señalar: a) que ninguna contribución se puede fijar sin acuerdo del pueblo, el cual es

representado por el Parlamento; b) que asigne un destino preciso a la distribución de los

recursos, otorgándose al Parlamento la facultad de controlar y autorizar de los gastos; c)

que el Presupuesto sea sancionado en forma anual.

En nuestro país, corresponde señalar como norma fundacional del Presupuesto

el Acta del Cabildo del 25 de Mayo de 1810, la cual establecía que: “la Junta publicará

todos los primeros días del mes, un estado en que se de razón de la administración de la

3.1 Presupuesto. Concepto. Naturaleza jurídica. Funciones del presupuesto.



real hacienda y no podrá imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos,

sin previa consulta y conformidad de este Excelentísimo Cabildo”. Por dicha disposición,

se estaba consagrando la base del Presupuesto, que resulta ser la representación directa

de los ciudadanos en aquellos organismos facultados para sancionar las contribuciones

necesarias para el correcto funcionamiento del Estado.

También se consagró la necesidad de la publicidad de las finanzas de la

comunidad, ya que se establecía la puesta en conocimiento de toda la comunidad, durante

los primeros días del mes, de la administración realizada por la Junta de Gobierno.

Posteriormente, en el año 1819, con el dictado de la Constitución de ese año, se

atribuyó expresamente al Congreso la facultad de establecer derechos y contribuciones

para el sostenimiento del Estado. Además debía recibir del Poder Ejecutivo la cuenta

general de las rentas del Estado, en forma anual, y efectuaba el análisis y control de dicha

cuenta. Durante el gobierno de Martín Rodríguez, en 1821 mediante decreto del 19 de

Mayo de ese año, se dispuso que el Gobierno debía presentar un estado circunstanciado

de lo que hubiera entrado en la Tesorería General de la Provincia, “con la expresión de lo

que se haya producido cada ramo por separado, e igualmente una razón de la inversión

de todos esos fondos individualizando prolijamente los objetos a que se han destinado”.

En el año 1822, se dictó el primer Presupuesto.

Actualmente, nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 8º

establece la necesidad de sancionar la ley de Presupuesto en forma anual. Al respecto

dicho artículo expresamente dice: “Corresponde al Congreso:...8. Fijar anualmente,

conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el

presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en

base al programa general del gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o

desechar la cuenta de inversión”.

Analizando el citado inciso, debe señalarse como primera observación que el

Presupuesto es fijado anualmente. La anualidad será estudiada más adelante. Por otro

lado, el inciso 2º del artículo 75 se refiere a las contribuciones directas e indirectas y al

instituto de la coparticipación de impuestos, señalando en su tercer párrafo los criterios

para la distribución de las contribuciones nacionales, entre la Nación, las provincias y la

ciudad de Buenos Aires y entre éstas. En el Presupuesto se establecen los gastos y se

calculan los recursos necesarios para hacer frente a los gastos. Asimismo, la Constitución

establece la necesidad de fijar el programa general de gobierno y el plan de inversiones



públicas (dichos institutos serán estudiados más adelante). Por último, la cuenta de

inversión es el documento en el cual el Poder Ejecutivo informa al Poder

Legislativo el resultado de la gestión que fuera aprobada a través de la Ley de

Presupuesto. Resulta ser una conclusión de la gestión realizada durante el año por el

gobierno.

Como conclusión se puede definir al Presupuesto como el plan económico del

sector público. Constituye un acto de previsión de la Administración Pública por el cual,

se pone en funcionamiento el accionar del Estado dentro de la economía general. A

través del Presupuesto se determinan los gastos y se calculan los recursos en forma

preventiva, ya que los mismos serán recaudados durante el período por el cual se establece

el Presupuesto. O sea, la recaudación de los recursos resultará posterior a la sanción de la

Ley de Presupuesto, en cambio, los gastos son establecidos de antemano por la

Administración, los cuales solamente son autorizados por dicha Ley.

La doctrina, en general, se refiere a la naturaleza jurídica del Presupuesto como

una ley. Desde el punto de vista formal, el Presupuesto tiene las características de una

ley, ya que resulta ser sancionado por el Congreso. Ahora bien, desde el punto de vista

material, la doctrina no guarda un criterio único respecto a si el Presupuesto en una ley

o no. Algunos autores, sostienen que al no contener normas que creen, modifiquen o

extinguen derechos no resulta ser una ley en sentido material. Esta doctrina no tiene en

cuenta que la determinación de los gastos y la estimación de los recursos resulta ser un

plan económico, plan que obliga al Estado y dentro del cual se debe desarrollar la acción

del gobierno. La ley de Presupuesto resulta ser una norma primaria que establece

objetivos, los cuales deberán cumplimentarse a través de normas de carácter secundario.

Por ello, la mayoría de la doctrina considera a la ley de Presupuesto una ley tanto formal

como material.

Según lo expuesto por el Dr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino Jarach, las funciones del Presupuesto pueden

resumirse en cuatro, fundamentales:

a) Determinación en cifras de la futura actividad financiera del Estado, durante

un período limitado. A través de esta función se nota claramente la característica de

previsión arriba señalada del Presupuesto. Asimismo, se establece la periodicidad del

mismo, la cual debe ser por un tiempo limitado (generalmente por el plazo de un

año).



b) Dar a conocer la actividad financiera del Estado al Poder Legislativo y a toda

la población. Esta función guarda relación con el principio de publicidad del Presupuesto,

el cual será analizado más adelante.

c) Determinar económicamente la actividad financiera del Estado, cotejando

los gastos y los recursos. Una de las características principales del Presupuesto es la

necesidad de mencionar tanto los ingresos como los gastos en que incurrirá el Estado

para el cumplimiento de sus fines.

d) Armonizar el plan económico general con el plan económico del sector

público. La planificación significa un conjunto de técnicas de características previsoras, la

cual conjuga una serie de actividades económicas y financieras conducentes a obtener

determinados objetivos con la máxima eficacia y la mayor coherencia posible. Todo

régimen económico (capitalista o socialista) tiene un plan establecido, el cual variará de

acuerdo al sistema adoptado.

Tanto la doctrina como la práctica presupuestaria han elaborado una serie de

principios fundamentales. Los cuales, siguiendo la caracterización realizada por el Dr.

Dino JarachDino JarachDino JarachDino JarachDino Jarach, se pueden resumir en nueve.

a )a)a)a)a) Principio de Publicidad:Principio de Publicidad:Principio de Publicidad:Principio de Publicidad:Principio de Publicidad: Surge con el nacimiento de la democracia, con la necesidad

del pueblo de conocer el estado y la situación financiera del gobierno. Permite al

sector privado ajustar sus funciones a lo establecido para el sector público. También,

a través de este principio, se facilita el posterior control que realizará el Poder

Legislativo sobre la actividad del Poder Ejecutivo.

b )b )b )b )b ) Principio de Claridad:Principio de Claridad:Principio de Claridad:Principio de Claridad:Principio de Claridad: Tiene estrecha relación con el principio anterior. La

publicidad sin la necesaria claridad del detalle de los recursos y gastos del Estado, no

cumple su finalidad. La claridad implica la utilización de una técnica precisa, la cual

debe proporcionar los mecanismos necesarios para que en el Presupuesto se puedan

volcar los datos referidos a los gastos y recursos (se pueden realizar clasificaciones o

categorías de los mismos).

3.2 Principios del presupuesto.



c )c )c )c )c ) Principio de Exactitud:Principio de Exactitud:Principio de Exactitud:Principio de Exactitud:Principio de Exactitud: Este principio exige que el Presupuesto sea lo más exacto

posible con relación a la previsión de recursos y gastos que se detallan en él. En

muchas ocasiones, durante el curso del ejercicio, es necesario dictar leyes que

reforman las partidas presupuestarias.

d )d )d )d )d ) Principio de Integralidad o Universalidad:Principio de Integralidad o Universalidad:Principio de Integralidad o Universalidad:Principio de Integralidad o Universalidad:Principio de Integralidad o Universalidad: Asimismo en el Presupuesto deben

registrarse la totalidad de los gastos y la totalidad de los recursos del Estado, en

forma separada. No se admiten las compensaciones entre gastos y recursos. O sea,

es obligatorio detallar en el Presupuesto todos los gastos y recursos, por ejemplo de

un organismo estatal que cuenta con fondos propios, no debiéndose calcular los

ingresos y restarle los gastos para luego detallar en el Presupuesto sólo el resultado

de ese cálculo, sino que se deben detallar todos los gastos y todos los ingresos que

obtuvo ese organismo (llamado Presupuesto Bruto).

Otra conclusión de este principio, se refiere a la no afectación directa de uno o

más recursos para cubrir determinados gastos. Justamente la afectación específica atenta

contra la universalidad que debe tener el Presupuesto. La afectación significa un

aislamiento del cálculo económico general de los recursos y los gastos.

También es necesario resaltar que, según lo dispuesto por el artículo 75, inciso

2, el cual establece un régimen de coparticipación de los ingresos entre la Nación y las

Provincias, los recursos deben detallarse en el Presupuesto en forma neta (o sea deducidos

los montos correspondientes a las Provincias) o bien, en forma bruta con su

correspondiente cómputo como gasto de los fondos remitidos a los Estados Provinciales.

En ocasiones se detallan en el Presupuesto fondos especiales destinados a la

realización, mantenimiento o reparación de obras públicas. Esta afectación de fondos,

en muchas oportunidades, da lugar a una sobrevaluación de las inversiones o servicios a

los que se pretende financiar a través de esta forma.

Con relación a las empresas y sociedades del Estado, las cuales en la actualidad

resultan ser escasas con relación a las existentes en las décadas del ‘70 y del ‘80, las

mismas realizan por separado su presupuesto, siguiendo las mismas pautas que sigue la

Administración Central. Cada presupuesto es remitido a la Oficina Nacional de

Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, antes

del 30 de Septiembre de cada año. La ejecución de estos presupuestos, es aprobada por

el Poder Ejecutivo mediante una resolución dictada por el Ministerio antes citado (quien



ha recibido la delegación por parte del Poder Ejecutivo) sin necesidad de control por

parte del Poder Legislativo. Este sistema facilita el control de las diversas empresas, ya

que se toman, por parte del Poder Ejecutivo, criterios de uniformidad para el análisis y

evaluación de la gestión de cada empresa o sociedad del Estado.

e )e )e )e )e ) Principio de Unidad: Principio de Unidad: Principio de Unidad: Principio de Unidad: Principio de Unidad: Se refiere a la necesidad de que exista un único Presupuesto.

No se admite la diversidad de presupuestos, ya que esto atentaría contra la claridad

y la imagen de conjunto que debe tener el Estado.

Parte de la doctrina señala que deben realizarse dos presupuestos: Por un lado,

un presupuesto de gestión que debe estar equilibrado anualmente (o sea los gastos deben

ser iguales a los recursos) y debe financiarse con recursos genuinos del Estado (como por

ejemplo el cobro de impuestos); por otro, un presupuesto de capital o de inversión, el

cual puede arrojar déficit en épocas de depresión económica, el cual será compensado

con el superávit conseguido en épocas de auge. Por lo tanto, ya no se tiene en cuenta el

resultado anual del presupuesto, sino que se analiza en base a los llamados ciclos

económicos. Este presupuesto puede financiarse con la utilización del crédito público

(deuda pública).

A través de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector

Público Nacional Nº 24.156, sancionada el 20 de Septiembre de 1992, se estableció el

conjunto de disposiciones que conforman el régimen jurídico al que debe someterse el

Estado.

f )f )f )f )f ) Principio de Anticipación:Principio de Anticipación:Principio de Anticipación:Principio de Anticipación:Principio de Anticipación: El Presupuesto, tal cual se señaló anteriormente, cumple

una función previsora; por lo tanto, debe ser sancionado con anterioridad al comienzo

del período por el cual va a regir. Este principio, no resulta violado cuando es necesario

sancionar una ley rectificativa de determinadas partidas presupuestarias, ya que

durante el período de aplicación del Presupuesto pueden surgir gastos que no se

encontraban previstos al momento de sancionar el mismo. Sin dudas, esta posibilidad

de rectificación debe ser moderada y utilizada en casos realmente excepcionales

que varíen la situación financiera del Estado por situaciones no previstas ni calculadas

anticipadamente, por su carácter especial.

El incumplimiento a este principio se debe, en muchos casos a la negligencia o

dificultades durante la etapa de preparación del Presupuesto, tanto en el Poder Ejecutivo

como en el Legislativo.



37 Neumark, “La economía del presupuesto público”, en Gerloff y Neumark “Tratado de finanzas”, traducción castellana, Vol.

1, pág. 312-319.

Ahora bien, se ha desarrollado diversos remedios para solucionar el problema

que se plantea ante la falta de sanción de la ley de Presupuesto a su debido tiempo. Una

solución es la dispuesta por nuestra legislación, a través de la Ley 24.156 la cual establece

la prórroga en forma automática, de la ley sancionada el año anterior. Otro remedio

sería la adopción provisoria del proyecto preparado por el Poder Ejecutivo, o sea, que en

el proyecto se disponga una cláusula que se refiera a la posibilidad de falta de sanción de

la ley correspondiente y se establezca el procedimiento a seguir en tal caso. Otra solución

factible es el sistema de los duodécimos, por el cual se sancionan normas que regirán en

forma mensual, las cuales resultarán aplicadas hasta la sanción definitiva del Presupuesto.

g )g )g )g )g ) Principio de Especificación:Principio de Especificación:Principio de Especificación:Principio de Especificación:Principio de Especificación: A través de este principio, el Congreso faculta al Poder

Ejecutivo a gastar una determinada suma de dinero en forma global, sin discriminación

alguna. También se indica en qué se va a gastar esa suma y durante qué período.

F. NeumarkF. NeumarkF. NeumarkF. NeumarkF. Neumark3737373737 distingue tres aspectos de este principio: el cualitativo, el

cuantitativo y el temporal.

El aspecto cualitativo, se refiere a la especificación detallada de las diferentes

partidas correspondientes a los gastos, con su respectiva asignación de recursos para su

financiación. Significa que los recursos afectados para la reparación de un edificio, no

pueden utilizarse para el pago de sueldos o para la compra de equipos informáticos.

No obstante, se pueden observar apartamientos o excepciones a esta asignación

cualitativa, por ejemplo, cuando se utilizan los excedentes de recursos determinados

para una partida de gastos, en otro tipo de gastos. Generalmente, se establece en la

misma ley de Presupuesto esta disposición que permite utilizar recursos excedentes en

aquellos gastos que requieren mayores créditos que los establecidos al sancionarse la

ley. También, y en el caso que en la ley de Presupuesto no se haga esta salvedad, el Poder

Legislativo se encuentra facultado para sancionar una ley especial, la cual constituirá un

suplemento a la ley de Presupuesto.

El principio de especificación, en su aspecto cuantitativo, establece la necesidad

de realizar o contraer gastos sólo por el importe de los recursos previstos para esos gastos

en el Presupuesto. Esto significa que los importes afectados a los gastos no pueden

aumentarse, ni tampoco se pueden realizar gastos no previstos y establecidos en la ley

de Presupuesto. Hay excepciones como en el caso anterior, como por ejemplo la



autorización para que partidas destinadas a un gasto determinado sean transferidas para

cubrir otro tipo de gasto. También otro caso de excepción es la aprobación de una ley

suplementaria que establezca la redistribución de las partidas.

El principio de la especialización, en su aspecto temporal, se refiere a que los

gastos deben ser contraídos, asignados y pagados dentro del tiempo para el cual han

sido votados. No obstante esta disposición, habitualmente se autoriza al Poder Ejecutivo

a transferir gastos de un período a otro. Un ejemplo, resultan ser las construcciones de

obras públicas, las cuales requieren de fondos que, habiendo sido asignados, no han sido

pagados a la fecha de cierre del Presupuesto.

También constituye una atenuación a este principio las llamadas “autorizaciones

permanentes” que son créditos que solventan gastos de carácter permanente y cuya

constante repetición en el tiempo son de esperar, como es el ejemplo de pago de sueldos

al personal público; también son atenuantes del principio de la especialización en su

aspecto temporal los llamados “fondos consolidados” que, si bien no resultan ser ilimitados

en el tiempo (como sería el pago de sueldos al personal público), son sumas destinadas al

pago de inversiones o destinadas a un fin determinado, que se realizan durante un período

plurianual.

h )h )h )h )h ) Principio de la Anualidad:Principio de la Anualidad:Principio de la Anualidad:Principio de la Anualidad:Principio de la Anualidad: El Presupuesto debe regir durante un período

predeterminado que, según nuestra legislación, se fija anualmente, coincidiendo

con el año calendario (o sea, comienza a regir desde el 1º de Enero y finaliza el 31

de Diciembre). Dicho principio encuentra su fundamento en la necesidad del Poder

Legislativo para controlar el accionar del Poder Ejecutivo el cual, en el caso de períodos

extensos, no podría ejercer un adecuado control. Por ello se fija un término breve,

el cual también coincide con el plazo fijado para la actividad privada, la cual debe

reflejar su situación patrimonial (a través del balance) en forma anual.

Este principio debe analizarse con lo expuesto en referencia al principio de

especialización, principalmente con el aspecto temporal de dicho principio. Ello, toda

vez que existen gastos o erogaciones que responden a fines determinados que superan

el plazo de un año, como por ejemplo las inversiones públicas, y que obligan a planes de

mayor plazo.

Nuestra Constitución Nacional prevé que el Presupuesto será fijado anualmente,

conforme lo dispuesto en el artículo 75, inciso 8º, el cual ya fuera anteriormente analizado.



i )i )i )i )i ) Principio de Equilibrio:Principio de Equilibrio:Principio de Equilibrio:Principio de Equilibrio:Principio de Equilibrio: Con relación a este principio corresponde señalar que la

teoría clásica de las finanzas públicas, consideraba que el Presupuesto debía ser

equilibrado, esto es los recursos debían ser iguales a los gastos. La teoría moderna,

rechaza esta postura, estableciendo que el resultado presupuestario pueda ser

deficitario, o bien, puede arrojar superávit.

Desde el punto de vista formal o contable podemos decir que el Presupuesto,

por su naturaleza previsora y controladora, en cierta forma conforma y exige un equilibrio,

en el sentido de que cada gasto debe contar con su respectivo recurso que lo financie.

Ahora bien, como fue señalado anteriormente hay ciertos gastos (como por

ejemplo los gastos de capital o de inversión) que se reflejan en varios presupuestos,

atento la envergadura de los mismos, los cuales son financiados a través de recursos que

también se prevén durante el transcurso del período durante el cual se contabilizará el

respectivo gasto. Por lo tanto, puede suceder que en un presupuesto determinado, se

reflejen recursos que excedan el gasto calculado para ese período, pero que se compensará

en el presupuesto siguiente, resultando el gasto mayor a los recursos para financiarlos.

Por ello, parte de la doctrina considera que el equilibrio presupuestario se refiere

a los llamados “ingresos y egresos corrientes”.

Las finanzas clásicas consideraban que los gastos debían financiarse con recursos

genuinos (esto es tributarios o patrimoniales) excluyendo toda clase de endeudamiento

por parte del Estado. Tanto los gastos como los recursos debían arrojar un resultado

equilibrado. En el caso que el resultado presupuestario fuera de superávit, los clásicos

entendían que el Estado se encontraba realizando una conducta anómala, fuera de lo

común, o bien realizaba una presión tributaria excesiva. El temor al superávit se

relacionaba con la posibilidad de que el gobernante de turno intentara, en vez de lograr

el equilibrio reduciendo impuestos o desechando recursos patrimoniales, aumentar el

gasto público para lograr dicho equilibrio.

No debemos olvidar que para la teoría clásica, el rol del Estado se limitaba a

brindar seguridad, defensa, justicia y representación en el exterior, no se involucraba en

la actividad económica privada. En base a esta postura el Estado debía conseguir el

equilibrio de los gastos y los recursos para financiar su escasa actividad.

Se distinguía entre gastos y recursos ordinarios y gastos y recursos extraordina-



rios, los cuales ya fueron señalados anteriormente. Asimismo, no se concebía la

financiación a través del llamado crédito público (deuda pública). El gasto público, para

esta doctrina clásica, no era productivo sino todo lo contrario, era considerado como

una afectación al libre juego de la oferta y la demanda.

No obstante lo expuesto, debe señalarse que esta postura resultó ser más teórica

que práctica. Muchos Estados, en épocas de guerra, recurrían a la emisión monetaria, al

crédito público o la colocación de bonos de tesorería.

La crisis de 1929/1930 (llamada la Gran Depresión), estalló debido a la gran

recesión originada en los países más desarrollados. Dicha recesión se originó por el

aumento de impuestos y, a su vez, la reducción del gasto público, lo que causó que la

demanda de bienes y servicios disminuyera en forma considerable, lo que trajo como

consecuencia lógica la reducción de la producción.

La declaración en quiebra de varias empresas, la considerable baja en las acciones

que cotizaban en las Bolsas de comercio, los problemas sociales originados en la

desocupación de la mano de obra, etc. obligaron a los estados a tomar medidas hasta ese

momento impensadas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la actividad financiera

ejercida por el Estado comenzó a tener cierta envergadura en la economía general.

Con relación al Presupuesto, la mayor actividad del Estado se reflejó en un

aumento de los gastos públicos, lo que llevó a un desequilibrio de las finanzas públicas.

Dichos gastos fueron fundamentados en necesidades sociales y colectivas insatisfechas

que el Estado debía cubrir interviniendo en forma activa en la economía.

Los estados debieron reestructurar las finanzas de cada uno de ellos y

establecer las posibilidades de eficacia, para el cumplimiento de sus fines. Aparecieron

los servicios públicos los cuales incidieron en forma determinante sobre la economía

general. También el Presupuesto comenzó a ser utilizado como un instrumento de

corrección económica.

Se ha considerado como el propulsor de la teoría del déficit sistemático a JohnJohnJohnJohnJohn

Maynard Keynes Maynard Keynes Maynard Keynes Maynard Keynes Maynard Keynes quien expuso que la relación entre el aumento de la renta nacional y

el de una nueva inversión realizada por el Estado, constituye el llamado efecto

multiplicador, el cual depende de la propensión marginal a consumir que se establezca

en los consumidores. Uno de los estudiosos de la economía fue el profesor Alvin HansenAlvin HansenAlvin HansenAlvin HansenAlvin Hansen,

quien profundizó sobre la teoría keynesiana.



38 MORDEGLIA, Roberto M. “Manual de finanzas públicas”, AZ Editora, Buenos Aires 1986, pág. 548/558.

Para estos autores, la función del Estado resulta ser la búsqueda de la prosperidad

permanente, un alto nivel de ocupación de la población activa de la sociedad, un aumento

de la riqueza real de la Nación, aunque dicha búsqueda implique un presupuesto

deficitario.

Atento lo expresado por el Dr. Roberto MordegliaDr. Roberto MordegliaDr. Roberto MordegliaDr. Roberto MordegliaDr. Roberto Mordeglia3838383838 tanto los recursos como

los gastos deben encontrarse ordenados y clasificados dentro de la Ley de Presupuesto,

por ello existen diversas categorías a saber:

A)A)A)A)A) Clasificación subjetiva, administrativa o por jurisdicción:Clasificación subjetiva, administrativa o por jurisdicción:Clasificación subjetiva, administrativa o por jurisdicción:Clasificación subjetiva, administrativa o por jurisdicción:Clasificación subjetiva, administrativa o por jurisdicción: Permite conocer qué

organismo del Estado es el que gasta y cuánto. El inconveniente que presenta esta

clasificación es que quien lee el presupuesto no puede determinar en qué se gasta

sino que, solamente, conocerá quien realizó el gasto. No obstante ello, esta

clasificación es complementada con otras de carácter objetivo del gasto.

B )B )B )B )B ) Clasificación económica: Clasificación económica: Clasificación económica: Clasificación económica: Clasificación económica: Esta clasificación permite describir el efecto económico

del gasto público. Se diferencian, por un lado, los gastos de capital y por otro, los

gastos corrientes. Unificando las dos clasificaciones detalladas hasta ahora, vemos

que se puede determinar qué y en qué gasta cada organismo del Estado. No

obstante, esta clasificación no nos permite conocer cuántos son los organismos que

gastan en lo mismo, ni tampoco cuales son las cosas que el Estado adquiere, realiza

o presta.

C )C )C )C )C ) Clasificación por servicios, funciones y finalidades:Clasificación por servicios, funciones y finalidades:Clasificación por servicios, funciones y finalidades:Clasificación por servicios, funciones y finalidades:Clasificación por servicios, funciones y finalidades: A través de esta clasificación,

se puede comparar la orientación del gasto y su destino. Así tenemos gastos que

atienden: 1) servicios administrativos generales (como por ejemplo, los gastos en

Legislación, Justicia, Administración Fiscal, etc); 2) servicios sociales (como por

ejemplo, gastos en salud, educación y bienestar social); 3) servicios económicos

(como por ejemplo, desarrollo de la agricultura, la ganadería y la pesca, la minería,

la industria, las comunicaciones, etc.)

Las tres clasificaciones descriptas anteriormente, permiten conocer con

aproximada exactitud, quien realiza los gastos, con qué resultados económicos y con

qué objetivos.

3.3 Tipos de presupuestos.



D )D )D )D )D ) Presupuesto por programas: Presupuesto por programas: Presupuesto por programas: Presupuesto por programas: Presupuesto por programas: Este tipo de presupuesto intenta demostrar que el

Estado cuenta con un plan económico para el sector público. Según lo expuesto

por el Dr. Mordeglia Dr. Mordeglia Dr. Mordeglia Dr. Mordeglia Dr. Mordeglia en su obra antes citada: “Un presupuesto programado

presupone satis-facer las necesidades públicas mediante la utilización de fórmulas

que traducen objeti-vos concretos y cuantificados, y que se clasifican por funciones

representativas de los servicios que brindará el Gobierno en su conjunto y cada

organismo en particular”.

Los programas, pues, resultan ser esas fórmulas necesarias para traducir los

objetivos del Estado, permiten una mejora en el mecanismo de las decisiones a nivel

gubernamental y logran una mayor flexibilidad de los trámites burocráticos.

En la práctica, sólo en el año 1966 se intentó establecer un presupuesto por

programas en nuestro país, el que no pasó de una mera descripción genérica de las tareas

a desarrollar, sin entrar en detalles sobre programas pormenorizados.

La crítica realizada a este tipo de presupuesto, se basó en la falta de una

descripción concreta de qué es lo que Estado hace y, por consiguiente, de su posterior

control efectivo.

E )E )E )E )E ) Presupuesto base cero:Presupuesto base cero:Presupuesto base cero:Presupuesto base cero:Presupuesto base cero: La característica principal de este tipo de presupuestos

resulta ser la exigencia requerida a cada organismo o departamento para que elabore

su presupuesto anual, considere que los programas a realizar en cada año son totalmente

nuevos y se parte de cero, sin tener en cuenta el resultado del período anterior.

El ciclo presupuestario requiere un proceso compuesto por diferentes etapas, a

saber:

Preparación del Presupuesto

1) Formulación

Elaboración del Presupuesto

2) Autorización o Aprobación.

3.4 El ciclo presupuestario. Etapas.



Programación

3) Ejecución

Evaluación.

4) Control.

Formulación o ProgramaciónFormulación o ProgramaciónFormulación o ProgramaciónFormulación o ProgramaciónFormulación o Programación.....

La presente etapa encuentra su sustento normativo en lo contemplado en el

artículo 24 de la Ley 24.156. Dicho artículo, establece que el Poder Ejecutivo fijará

anualmente los lineamientos generales para la formulación del presupuesto general;

como asimismo, se deberá efectuar una evaluación de objetivos y preparar una propuesta

de prioridades presupuestarias. Sobre la base de los objetivos fijados, las distintas

reparticiones de la Administración Nacional elaborarán los anteproyectos de presupuesto.

Preparación del PresupuestoPreparación del PresupuestoPreparación del PresupuestoPreparación del PresupuestoPreparación del Presupuesto.....

La mencionada tarea se encuentra a cargo de las más altas autoridades

nacionales con competencia en el tema.

Dentro de la preparación del Presupuesto, pueden distinguirse dos aspectos:

a) Aquellos que tienen que ver con la política presupuestaria y,

b) aquellos que se refieren a cuestiones técnicas.

Con respecto a la política presupuestaria, las autoridades pertinentes definen

el mayor o menor énfasis que se le va a dar a determinados fines (educación, seguridad,

justicia, salud, etc). Es decir, qué funciones van a decrecer y cuáles van a crecer en términos

absolutos o relativos.

Para ello, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, confecciona

un documento denominado “de directivas o pautas de la política fiscal”, el que se encuentra

sujeto a la aprobación de las autoridades nacionales.



El mencionado documento será de orientación para aquellos que tengan que

elaborar el presupuesto (por ende cuanto más detallado sea, más fácil será su elaboración).

Es usual que se establezcan “techos” o sea, niveles de gastos que las respectivas

jurisdicciones no podrán superar. También se procura que los organismos elaboren

presupuestos preliminares que incluyan alternativas que faciliten la armonización de los

anteproyectos con los “techos”.

Como fuera mencionado, existe otro aspecto emparentado con las cuestiones

técnicas, es decir, de qué forma debe hacerse el Presupuesto. Entre ellas, a título

ejemplificativo, podemos mencionar:

a) Los distintos tipos de formularios a presentar.

b) Los valores a tomar como base para los cálculos.

c) Explicaciones que se deben brindar, etc.

El presupuesto ha de elaborarse en moneda de cuenta porque se realiza con

valores a un momento determinado, debiendo ajustarse posteriormente según el

comportamiento estimado de las diferentes variables económicas.

En resumen, en la etapa de preparación tenemos:

1) Las directivas de políticas presupuestarias.

2) Las normas de carácter técnico. Es decir cómo se elaboran los presupuestos

y la forma en que deben ser presentados.

Elaboración de los anteproyectos del presupuestoElaboración de los anteproyectos del presupuestoElaboración de los anteproyectos del presupuestoElaboración de los anteproyectos del presupuestoElaboración de los anteproyectos del presupuesto.....

Los mismos se efectúan en forma descentralizada. Cada Organismo que integra

la Administración Pública comienza su elaboración en función de las normas y directivas

que le fueran impartidas (como fuera expuesto a través del documento de directivas o

pautas de la política fiscal).



Cada dependencia de la Administración, en principio, efectúa las proyecciones

de ingresos y gastos del período correspondiente las que, una vez finalizadas, son volcadas

en formularios. Posteriormente se elevan los anteproyectos (formularios) del presupuesto

a la autoridad jurisdiccional (Ej. los distintos Ministerios o Secretarias) las que

generalmente cuentan con una Oficina de Presupuestos o Administración Financiera,

que se encargará de analizar los mismos.

Una vez armonizado el anteproyecto a nivel de las jurisdicciones el mismo es

remitido a la Secretaria de Hacienda. Esta última se encarga de llevarlos a la Oficina

Nacional de Presupuestos quién tendrá la tarea de efectuar el último análisis del

anteproyecto.

Lo antes expuesto se condice con lo establecido en la Ley de Administración

Financiera y de los Sistemas de Control Público Nacional (Ley Nº 24.156) la que establece

en su artículo 25 que “Sobre la base de los anteproyectos presentados por las jurisdicciones

y organismos descentralizados, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina

Nacional de Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general.”

Los ajustes a los que hace referencia el artículo antes citado se producen cuando

los diferentes anteproyectos presentados son confrontados con las normas de preparación

(es decir, se analiza el cumplimiento de las normas de presentación y la compatibilidad

entre lo presentado y las directivas impartidas).

Por su parte, el proyecto de ley de presupuesto general que elabora la Oficina

Nacional de Presupuesto debe contener, como mínimo, las siguientes informaciones:

a) Presupuesto de recursos de administración central y de cada uno de los organismos

descentralizados, clasificados por rubros;

b) Presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo

descentralizado, los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios;

c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que

se prevén ejecutar;

d) Resultados de las cuentas corrientes y de capital para la administración central,

para cada organismo descentralizado y para el total de la administración nacional.



39 Artículo 26 de la ley 24.156: “El Poder Ejecutivo Nacional, presentará el proyecto de Ley de Presupuesto General de laCámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de unmensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizadapara las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señalael art. 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno.”

Asimismo, debemos considerar que al momento de elaborarse el anteproyecto

general, en función del comportamiento esperado de las variables económicas, habrá

que convertir los valores que se encuentran reflejados en moneda de cuenta a una moneda

corriente.

Finalmente, a efectos de cumplimentar con lo establecido en el artículo 26 de

la Ley Nº 24.156 39 , debe tenerse presente que el proceso precedentemente expuesto

debe encontrarse finalizado al 15 de septiembre del año anterior para el que regirá el

presupuesto.

Cabe señalar que como complemento del Presupuesto dentro de la Administración

Pública se creó el llamado Presupuesto Preliminar. Este último, es utilizado por las distintas

dependencias con el fin de facilitar la elaboración del presupuesto, en tiempo y forma.

Se refiere al trámite parlamentario del presupuesto, a efectos de ser aprobado

como ley.

El Jefe de Gabinete de Ministros, según lo dispuesto en el artículo 100 inciso 6)

de la Constitución Nacional deberá “enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios

y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de Gabinete y aprobación del

Poder Ejecutivo”.

Posteriormente, y conforme lo normado en el artículo 52 de la Constitución

Nacional, el proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, en orden a que ella resulta

ser la Cámara de origen para el tratamiento de leyes sobre contribuciones.

A efectos de convertirse en ley, el presupuesto sigue las directivas de los artículos

77 a 81 de la Constitución Nacional, los cuales a continuación se transcriben:

Artículo 77: Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del

Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo

las excepciones que establece esta Constitución.

3.4.2 Autorización o aprobación.



Recordemos que una de las excepciones a las que hace referencia el artículo

transcripto anteriormente es, justamente, que en caso de contribuciones y de Presupuesto,

es cámara de origen la Cámara de Diputados.

Artículo 78: Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa

para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la

Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.

Artículo 79: Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general,

puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de

la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de

votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en

comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez

aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario.

Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no

devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no

podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas

solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación

parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este

caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y

urgencia.

Artículo 81: Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las

Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede

desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido

adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones

o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin

de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de

los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá

por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones

introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones

las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último

caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara

revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de

las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas

adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.



Como fuera expuesto, el Presupuesto es un acto de previsión de la

Administración Pública. La etapa en estudio se refiere a cómo se concretan en la realidad,

los gastos los fueran autorizados en el Presupuesto y los recursos que se pronosticaron.

Como primer paso en la ejecución del Presupuesto, el Jefe de Gabinete de

Ministros, a través de la Decisión Administrativa, realiza una distribución analítica en la

cual se detallan, hasta el máximo nivel de desagregación, las previsiones presupuestarias.

Para determinar los gastos y recursos en la etapa de ejecución, se utilizan los

siguientes parámetros:

Con relación al gasto público, se suele hablar de las siguientes etapas:

1 )1 )1 )1 )1 ) Etapa del compromiso:Etapa del compromiso:Etapa del compromiso:Etapa del compromiso:Etapa del compromiso: Es aquel acto de autoridad competente por el cual se

decide la realización del gasto. Por ejemplo, el nombramiento de un empleado, la

aprobación de un emprendimiento, etc.

2 )2 )2 )2 )2 ) Etapa del devengado:Etapa del devengado:Etapa del devengado:Etapa del devengado:Etapa del devengado: Esta se concreta con la realización de un determinado

hecho económico (por ejemplo, la prestación de un servicio, la realización de una

obra pública, etc.), sin que se haya concretado el efectivo pago del mismo.

3 )3 )3 )3 )3 ) Etapa de pago: Etapa de pago: Etapa de pago: Etapa de pago: Etapa de pago: Es cuando la orden de pago ingresa a la Tesorería y es efectivizada

por ella.

Por su parte, con relación a los recursos públicos se deben enumerar las siguientes

etapas:

1 )1 )1 )1 )1 ) Etapa del devengado:Etapa del devengado:Etapa del devengado:Etapa del devengado:Etapa del devengado: Es cuando se origina la obligación jurídica de pago.

2 )2 )2 )2 )2 ) Etapa del percibido: Etapa del percibido: Etapa del percibido: Etapa del percibido: Etapa del percibido: Es cuando el particular hace efectiva la entrega de fondos al

organismo recaudador.

Lo antes expuesto debe aplicarse a los efectos de interpretar lo dispuesto en los

artículos 31, 32, 33, 41 y 42 de la Ley Nº 24.156, los cuales a continuación procedemos a

transcribir.

3.4.3 Ejecución



Artículo 31: Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el

presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al

devengarse un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos

para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la

regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena

vigencia.

Artículo 32: Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están

obligadas a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que les fije

la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el momento en

que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de presupuesto

de gastos, además del momento del devengado, según lo establece el artículo precedente,

las etapas del compromiso y pago.

El registro del compromiso se utilizará como mecanismo para afectar

preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago, para

reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

Artículo 33: No se podrán adquirir compromisos para los cuales no queden

saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una

finalidad distinta a la prevista.

Artículo 41: Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán al 31

de diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se

considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se

hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse

compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

Artículo 42: Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada

año se cancelaran, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y

bancos existentes a la fecha señalada.

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se

afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos

disponibles para ese ejercicio.



El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de

estas disposiciones.

En resumen, de las normas transcriptas, se desprenden los siguientes principios:

a) En la medida en que se comprometiesen gastos y no se devengasen, éstos

deberán imputarse al ejercicio siguiente.

b) En la medida en que se devengasen gastos y no se pagasen, éstos se podrán

pagar en el ejercicio siguiente con los recursos disponibles del ejercicio

anterior.

c) Los ingresos que se verifiquen con posterioridad al 31 de diciembre se

imputarán al ejercicio siguiente.

Por su parte, a los efectos de evaluar la ejecución del Presupuesto, se deberá

estar a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley Nº 24.156 los cuales prescriben:

Artículo 43: Al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes

responsables de la liquidación y captación de recursos de la administración nacional y se

procederá al cierre del presupuesto de recursos de la misma.

Del mismo modo procederán los organismos ordenadores de gastos y pagos

con el presupuesto de gastos de la administración nacional.

Esta información, junto al análisis de correspondencia entre los gastos y la

producción de bienes y servicios que preparará la Oficina Nacional de Presupuesto, será

centralizada en la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la Cuenta de

Inversión del ejercicio que, de acuerdo con el art. 95, debe remitir anualmente el Poder

Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional.

Artículo 44: La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los

presupuestos de la administración nacional tanto en forma periódica, durante el ejercicio,

como al cierre del mismo.

Para ello las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán:



a) Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus

presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes;

b) Participar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina

Nacional de Presupuesto.

Finalmente, el reflejo de la ejecución presupuestaria, se plasma en la llamada

Cuenta de Inversión. Este documento, de gran importancia, muestra lo ocurrido con la

ejecución del presupuesto comparando lo ejecutado con lo presupuestado, en términos

físicos y financieros.

La antes mencionada, debe ser confeccionada por la Contaduría General de la

Nación antes del 30 de junio del año siguiente al que se informa y debe ser remitida por

el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su tratamiento.

Corresponde al Congreso Nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 75,

inciso 8º de la Constitución Nacional aprobar o desechar la Cuenta de Inversión.

La ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector

Público Nacional (Ley Nº 24.156) establece dos sistemas de control:

a )a )a)a)a) InternoInternoInternoInternoInterno: Es el que surge de la propia administración. Tiene como propósito

controlar el ordenamiento y la eficacia en la gestión. Está constituido por un organismo

denominado Sindicatura General de la Nación, como así también por Unidades de

Auditoría Interna que actúan en la órbita de la administración pública.

La Sindicatura General de la Nación se desempeña dentro de la órbita del Poder

Ejecutivo Nacional, cumpliendo un rol normativo de coordinación y supervisión del

funcionamiento del control interno. Está a cargo de un Síndico General, asistido por tres

síndicos adjuntos.

b )b )b )b )b ) Externo:Externo:Externo:Externo:Externo: Se efectúa a través de un organismo ajeno a la administración

(implica una vigilancia efectuada desde el exterior de la administración).

3.4.4 Control



Se efectúa por un organismo denominado Auditoría General de la Nación, la

que tiene como objetivo fundamental controlar la gestión económica, financiera,

patrimonial y legal tanto de la administración pública como de las empresas y sociedades

del Estado. La Auditoría General de la Nación funciona, a diferencia de la Síndicatura

General de la Nación, dentro de la órbita del Poder Legislativo, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 85 de la Constitución Nacional.

La Auditoría General de la Nación esta formada por siete miembros que son

auditores generales (tres nombrados a propuestas de los diputados, tres nombrados a

propuesta de los senadores y uno, que será presidente, nombrado por acuerdo entre

ambas Cámaras).

Según lo dispone el artículo 127 de la ley Nº 24.156, el control de las actividades

de la Auditoría General de la Nación esta a cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta

Revisora de Cuentas.

De lo precedentemente expuesto, cabe concluir que el Congreso Nacional no

sólo tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto, ejerciendo de esa manera un

control ex-ante, sino que también se reserva el derecho de control de lo ocurrido en

cuanto a la ejecución del presupuesto.

La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público

Nacional, Nº 24.156, fue sancionada con fecha 30 de septiembre de 1992.

Mediante dicha ley se derogaron expresamente la Ley de Contabilidad Decreto-

Ley 23.354/56, ratificado por Ley 14.467, con excepción de los artículos 51 a 54 inclusive

(capítulo V – De la gestión de bienes del Estado) y 55 a 64 inclusive (capítulo VI – De las

contrataciones); la Ley 21.801 reformada por Ley 22.639, creadora de la Sindicatura

General de Empresas Públicas; la Ley 11.672 Complementaria Permanente del Presupuesto

en lo que se oponga a la Ley 24.156, con excepción de lo dispuesto por el artículo 20 de

la Ley 13.922 y por los artículos 16 y 17 de la Ley 16.432; y todas las demás disposiciones

que se opongan a la presente Ley 24.156, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5,

primer párrafo de la Ley 23.853, que continuará vigente.

3.5 Ley 24.156



La ley 24.156 contiene normas que regulan la administración financiera del

sector público. La administración financiera, según lo dispuesto en el artículo 2º de

dicha norma, comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos

administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación

para el cumplimento de los objetivos del Estado.

Además la citada ley, en su artículo 3º, establece los sistemas de control los

cuales comprenden las estructuras de control interno y control externo del sector público

nacional y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de

los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

Los objetivos de la Ley 24.156, se encuentran establecidos en su artículo 4º, los

que deberán ser tenidos en cuenta como datos para su interpretación, así como para su

reglamentación.

Dichos objetivos son:

A -A -A -A -A - Regularidad financiera:Regularidad financiera:Regularidad financiera:Regularidad financiera:Regularidad financiera: Significa la búsqueda, por parte del legislador, de un

desarrollo normal y ordenado de la actividad financiera del Estado, así como de los

efectos de la misma.

B-B-B-B-B- Legalidad:Legalidad:Legalidad:Legalidad:Legalidad: La actividad financiera debe llevarse a cabo dentro del marco de la ley

respectiva, respetando las atribuciones, objetivos y procedimientos fijados en la misma.

C-C-C-C-C- Economicidad:Economicidad:Economicidad:Economicidad:Economicidad: Se refiere a la obtención y aplicación de los recursos. Siguiendo el

criterio sustentado por Adam Smith Adam Smith Adam Smith Adam Smith Adam Smith las contribuciones deben percibirse de tal

forma que exista la menor diferencia posible entre las sumas que abonan los

contribuyentes y las que ingresan al Tesoro Público, acortando el período de exacción.

D -D -D -D -D - Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia: Es definida como la facultad o poder para la obtención de los efectos buscados

por parte de los organismos pertenecientes al Estado. Entendemos que la ley de

Administración Financiera al referirse a la eficiencia, determina las necesidades de establecer

pautas o metas que deben cumplirse por parte de los organismos que conforman el Estado.

E-E-E-E-E- Eficacia:Eficacia:Eficacia:Eficacia:Eficacia: Si bien es definida habitualmente como sinónimo de eficiencia, la eficacia

se refiere al poder para obrar, para proceder de determinada manera en busca de

los efectos deseados. En materia de administración financiera, podemos señalar



que la eficacia se refiere a la necesidad de lograr los medios adecuados para

cumplimentar las metas fijadas por el Estado.

Estos objetivos se encuentran señalados en el inciso a) del artículo 4º antes

citado y los últimos tres objetivos se encuentran, en la práctica, íntimamente relacionados,

por lo que la doctrina los denomina los principios “de las tres E” (economía, eficiencia y

eficacia).

Asimismo, cabe señalar que el inciso b) del artículo en cuestión, hace referencia

a la programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional. Debe

existir un programa por el cual se calculan los recursos con que cuenta el Estado, una

gestión económica, eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública y una evaluación

correcta por parte de los organismos de control correspondientes.

El inciso c) se refiere a la necesidad de desarrollar sistemas que proporcionen

información oportuna y confiable que resulte útil para la dirección de los distintos

organismos y jurisdicciones que forman el Estado y para evaluar la gestión de los

funcionarios responsables.

Por su parte el inciso d) establece como responsabilidad propia de la

administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la

implantación y mantenimiento de: 1) un sistema contable adecuado a las necesidades

del registro e información acorde con su naturaleza jurídica y características operativas,

2) un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y

de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y

posterior y de la auditoría interna. Este sistema de control interno se refiere a las Unidades

de Auditoria Interna (U.A.I.) previstas en el artículo 101 de la citad ley. 3) procedimientos

adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades

institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones

de los que es responsable la jurisdicción o entidad.

Esta responsabilidad prevista en el inciso d) se extiende al cumplimiento del

requerimiento del requisito de contar con un personal calificado y suficiente para

desempeñar con eficiencia las tareas que se les asignen en el marco de la ley 24.156.

El inciso e) establece como objetivo la estructuración del sistema de control

externo del sector público nacional.



Por su parte, el artículo 5º dispone que la administración financiera estará integrada

por los siguientes sistemas (los cuales deberán estar interrelacionados entre sí):

- Sistema presupuestario (regulado en el Título II artículos 11 a 55).

- Sistema de crédito público (regulado en el Título III artículos 56 a 71).

- Sistema de tesorería (regulado en el Título IV artículos 72 a 84).

- Sistema de contabilidad (regulado en el Título V artículos 85 a 95).

Cada uno de los cuatro sistemas se encuentran a cargo de un órgano rector, los

que, a su vez, dependen del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos.

Los órganos rectoresLos órganos rectoresLos órganos rectoresLos órganos rectoresLos órganos rectores de cada uno de los sistemas son:

- Para el sistema presupuestario, la Oficina Nacional de Presupuesto (según lo

dispuesto por el artículo 16 de la ley).

- Para el sistema de crédito público, la Oficina Nacional de Crédito Público

(según lo dispuesto en el artículo 68 de la ley).

- Para el sistema de tesorería, la Tesorería General de la Nación (según lo

dispuesto en el artículo 73 de la ley)

- Para el sistema de contabilidad, la Contaduría General de la Nación (según

lo dispuesto en el artículo 88 de la ley).

Asimismo, la Ley Nº 24.156 regula las funciones de los dos organismos

encargados del control, tanto interno como externo, los cuales analizan y evalúan el

actuar normativo, financiero, económico y de gestión de cada organismo del Estado

Nacional.

El control interno se encuentra a cargo de la Sindicatura General de laSindicatura General de laSindicatura General de laSindicatura General de laSindicatura General de la

NaciónNaciónNaciónNaciónNación, según lo dispone el Título VI (artículos 96 a 115 de la ley).



El control externo se encuentra a cargo de la Auditoría General de la NaciónAuditoría General de la NaciónAuditoría General de la NaciónAuditoría General de la NaciónAuditoría General de la Nación,

según lo dispuesto en el Título VII (artículos 116 a 131 de la ley). Dicho organismo se

encuentra mencionado, luego de la reforma de 1994, en la Constitución Nacional,

conforme lo establece el artículo 85, y depende del Poder Legislativo.

Por último, cabe señalar que según lo normado por el decreto 2666/92 la

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, asistido

por la Subsecretaría de Presupuesto y Administración Financiera y por la Subsecretaría

de Financiamiento, es el órgano que tiene a su cargo la coordinación y dirección de los

distintos sistemas.



1) El presupuesto constituye un acto de previsión de la administración pública por el

cual se pone en funcionamiento el accionar del Estado, dentro de la economía

general.

2) Principios del Presupuesto: publicidad, claridad, exactitud, integralidad, unidad,

anticipación, especificación, anualidad y equilibrio.

3) Existen diversos tipos de presupuestos, entre ellos el presupuesto por programas,

el presupuesto base cero y los presupuestos que tienen una clasificación subjetiva o

administrativa, económica y por servicios, funciones y finalidades.

4) El ciclo presupuestario es un proceso compuesto por varias etapas: formulación,

autorización, ejecución y control.

5) La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público

Nacional enumera cuatro sistemas, ellos son: Sistema de Crédito Público, Sistema

de Tesorería, Sistema de Contabilidad Gubernamental y Sistema Presupuestario.

Asimismo, crea dos sistemas de control: la Sindicatura General de la Nación SIGEN

(de control interno) y la Auditoria General de la Nación (de control externo)

dependiente del Poder Legislativo.

spsíntesis parcial




1) Elabore un Mapa Conceptual de los Principios Presupuestarios.

2) Analice dentro del ciclo presupuestario, la etapa de formulación, en base a

lo dispuesto en el artículo 24 de La Ley Nº 24.156.

3) ¿De no aprobarse la cuenta de inversión del presupuesto, qué procedimiento

aconseja seguir?





1) ¿En qué consiste la determinación de los gastos y el cálculo de los recursos en la ley

de presupuesto?

2) ¿En qué consiste el principio presupuestario de equilibrio?

3) Describa al presupuesto según la clasificación por jurisdicción.

4) Mencione brevemente el contenido de la etapa de ejecución del presupuesto, en

cuanto a los conceptos de etapa del compromiso, del devengamiento y del pago.

5) ¿Cuáles son los Organismos de control del presupuesto, cuál es su función y de

quién dependen?

6) Describa brevemente las principales funciones de los sistemas de control de la Ley

Nº 24.156.

aaactividad de autoevaluación




1) Gasto Público: Conjunto de erogaciones del Estado para la satisfacción de

las necesidades públicas, más la amortización de los bienes de capital del Estado.

2) Los Gastos Públicos se clasifican en: ordinarios, extraordinarios, de consumo,

de inversión y de transferencia. Según su función pueden clasificarse en gastos de defensa,

de justicia, de salud, de educación, etc.

3) Los efectos de los gastos públicos se pueden financiar a través de tributos,

empréstitos y/o emisión de moneda.

4) Recursos Públicos: Conjunto de ingresos al erario público, sea cual fuere el

concepto por el cual los fondos ingresan.

5) Los recursos se pueden clasificar en originarios y derivados, existiendo

diferentes géneros de recursos, entre ellos, los recursos originarios o patrimoniales, los

recursos tributarios, los recursos del crédito, la emisión monetaria, etc.

6) Se deben diferenciar los términos de crédito público, empréstitos y deuda

pública ya que, si bien se utilizan como sinónimos, se trata de diferentes métodos para la

financiación del gasto público.

7) Presupuesto: instrumento que refleja los gastos y los recursos públicos de

Estado en determinado momento.

8) Principios presupuestarios: Principio de publicidad, de claridad, de

exactitud,de integralidad o universalidad, de unidad, de anticipación, de especificación,

de anualidad y de equilibrio.

9) El ciclo presupuestario, comprende varias etapas, las que se pueden clasificar

como: Etapa de Formulación, que incluye a la preparación y elaboración del Presupuesto,

sfsíntesis final




la Etapa de Autorización o Aprobación, la Etapa de Ejecución que abarca la programación

y la evaluación del presupuesto y, por último, la Etapa de Control.

10) En la Etapa de control del presupuesto podemos diferenciar dos tipos de

control, el interno, a cargo de la Sindicatura General de la Nación, y el control externo

que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación.

11) La Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control

del Sector Público Nacional, tiene como objetivos principales la regularidad financiera, la

legalidad, la economicidad, la eficiencia y la eficacia.

12) La Ley Nº 24.156 dispone que la administración financiera estará integrada

por los siguientes sistemas: Sistema Presupuestario, Sistema de Crédito Público, Sistema

de Tesorería y Sistema de Contabilidad.



1) Analice el siguiente artículo.

Diario La Razón.Diario La Razón.Diario La Razón.Diario La Razón.Diario La Razón. 19/08/1999. 19/08/1999. 19/08/1999. 19/08/1999. 19/08/1999.

Protección contra inundaciones.

CONVENIO ENTRE LA NACION Y EL GOBIERNO PORTEÑO.CONVENIO ENTRE LA NACION Y EL GOBIERNO PORTEÑO.CONVENIO ENTRE LA NACION Y EL GOBIERNO PORTEÑO.CONVENIO ENTRE LA NACION Y EL GOBIERNO PORTEÑO.CONVENIO ENTRE LA NACION Y EL GOBIERNO PORTEÑO.

“El Ministro del Interior, Carlos Corach, y el vicejefe del gobierno porteño, Enrique

Olivera, firmaron el convenio correspondiente al Proyecto de Protección contra las

inundaciones (PPI) para la Capital Federal.

El proyecto, que pertenece al Banco Mundial, será ejecutado por medio de la

Secretaría de Asistencia Financiera a las Provincias del Ministerio del Interior y permitirá

brindar financiamiento para reducir los perjuicios ocasionados por las inundaciones.

“Este convenio con el Banco Mundial va a permitir el financiamiento de los

trabajos preparatorios y posteriormente la ejecución de la obra más importante que es

la del arroyo Maldonado, cuyo costo se estima en 135 millones de pesos”, explicó Olivera

al término de la ceremonia realizada en la Casa Rosada.

Asimismo, precisó que este primer acuerdo, “es por 6,5 millones de pesos y en

cuanto a la ejecución de los trabajos esperamos iniciarlos lo antes posible”.

El crédito del Banco Mundial es a 17 años de plazo, con cinco de gracia, y una

tasa inferior al 7 por ciento anual. El Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI)

del Banco Mundial tiene como objetivo brindar financiamiento a los gobiernos de la

Capital Federal y de las provincias afectados por los fenómenos meteorológicos.”

2) Identifique en el artículo transcripto:

af)actividad final




Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido

Necesidad Pública a cubrir

Gasto Público. Clasificación.

Recurso que cubrirá el gasto.

Clasifique el tipo de recurso.

¿Empréstito Externo o Interno?

Clasificación temporal del empréstito.

¿Contraer éste empréstito estará previsto

en el Presupuesto Nacional.?

¿El proyecto PPI estaría previsto en el

Presupuesto Nacional?

¿Qué Organismo controlará la ejecución de

la Obra.?



Exacción:Exacción:Exacción:Exacción:Exacción: Exigir impuestos, multas, etc. Cobro coactivo.

Gastos:Gastos:Gastos:Gastos:Gastos: Desembolso, generalmente en dinero, para la adquisición de bienes, o

pagos de servicios.

Poder tributario:Poder tributario:Poder tributario:Poder tributario:Poder tributario: Facultad del Estado de crear en forma unilateral los tributos,

cuyo pago será exigido a los contribuyentes y/o responsables, sometidos a su

competencia tributaria.

Presupuesto:Presupuesto:Presupuesto:Presupuesto:Presupuesto: Instrumento que refleja de forma previsible los recursos

(ingresos) y los gastos (egresos) de determinadas instituciones.

Recursos:Recursos:Recursos:Recursos:Recursos: Bienes que permiten cubrir los gastos.

Sistema:Sistema:Sistema:Sistema:Sistema: Según la Teoría General de Sistemas, es el conjunto de elementos

que se interrelacionan, condicionándose recíprocamente, razón por la cual cada

uno de ellos no podrá actuar separadamente del otro.

glosario

gl)abogacía a distancia



(BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD II)

* JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Editorial Cangallo.

* VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario. Editorial

Depalma.

* Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector

Público Nacional.

* MORDEGLIA, Roberto; ALBACETE, Eduardo; DAMARCO, Jorge; FERNANDEZ DE

LA PUENTE, Elena Diana; GALLI, Guillermo; NAVARRO, Patricio; TORRES, Agustín.

Manual de Finanzas Públicas. AZ Editora.

* VALSANG, Virginio. Finanzas Públicas. Editorial Ciencias Económicas.



Bibliografía obligatoria



u3unidad tres




(UNIDAD III)

3.1 Derecho Tributario, concepto, su autonomía y codificación. Derecho

Financiero y Derecho Tributario. Concepto de Derecho Financiero, su carácter,

contenido y autonomía.

3.2 Los tributos en general, concepto y clasificación. Impuestos, noción,

naturaleza juridica, fundamentos, clasificación de los impuestos y efectos

economícos.

3.3 Tasas, concepto, caracteres esenciales, su diferencia con el impuesto y con

el precio.

3.4 Contribuciones especiales, concepto, clasificación.

3.5 Interpretación de las normas tributarias.

Mención sintética de los contenidos.



* Conocer la autonomía del Derecho Tributario y su posible codificación.

* Distinguir a los tributos por su clasificación.

* Comprender la mecánica del impuesto, las tasas y las contribuciones

especiales.

* Diferenciar el efecto económico de los impuestos, en cada una de sus etapas.

* Desarrollar el conocimiento de la interpretación de las normas tributarias.





(ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD III)

DERECHO FINANCIERODERECHO FINANCIERODERECHO FINANCIERODERECHO FINANCIERODERECHO FINANCIERO

DERECHO TRIBUTARIODERECHO TRIBUTARIODERECHO TRIBUTARIODERECHO TRIBUTARIODERECHO TRIBUTARIO

TributosTributosTributosTributosTributos

* Concepto

* Autonomía

* Contenido

* Interpretación de las

normas tributarias

* Codificación

* Autonomía

* Concepto

Impuestos

Tasas

ContribucionesEspeciales

* Concepto

* Naturaleza Jurídica

* Efectos Económicos

* Fundamentos

* Clasificación

* Controversias

* Concepto

* Naturaleza Jurídica

* Concepto

* Clasificación



En base a sus conocimientos previos, elaborar un mapa conceptual con las ramas

del derecho que, a su entender, resulten ser autónomas, identificando si las mismas se

encuentran codificadas.

Elaborar un cuadro sinóptico con las distintas reglas de interpretación de las

normas.

aaactividad introductoria




(UNIDAD III)

3.1. DERECHO TRIBUTARIO. NOCIÓN. AUTONOMÍA. CODIFICACIÓN.

En primer lugar cabe señalar que existe una relación de género a especie entre

el Derecho Financiero y el Derecho Tributario. Esta relación se vio reflejada en las unidades

temáticas anteriores, al definir el campo de estudio de las Finanzas Públicas y desagregarlo

en: Política Financiera, Economía Financiera, Sociología Financiera, Administración

Financiera y lo Jurídico. Precisamente en este último campo de las Finanzas Públicas,

encontramos al Derecho Financiero (género) dentro del cual podemos ubicar al Derecho

Tributario (especie).

Antes de definir el concepto “Derecho Tributario”, debemos dejar sentado que

esta denominación ha de ser la que regirá en todo el texto, pero corresponde rescatar

que la doctrina lo ha bautizado de diferentes modos y en ocasiones lo ha llamado “Derecho

Fiscal” o “Derecho Impositivo”.

A efectos de definir el concepto del Derecho TributarioDerecho TributarioDerecho TributarioDerecho TributarioDerecho Tributario, un doctrinario de

excelencia como José M. MartínJosé M. MartínJosé M. MartínJosé M. MartínJosé M. Martín, se refiere al mismo como “el conjunto de normas

jurídicas que regla la creación, la recaudación y todos los demás aspectos relacionados

con los tributos, sean estos impuestos, tasas o contribuciones especiales”1

El Dr. Héctor Villegas Dr. Héctor Villegas Dr. Héctor Villegas Dr. Héctor Villegas Dr. Héctor Villegas ampliando el concepto sostiene que el Derecho

Tributario es “el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos

en sus distintos aspectos”.2

De lo expuesto corresponde señalar, entonces, que el Derecho Tributario es el

compendio de todas las normas jurídicas que lo forman (leyes, decretos, resoluciones

generales, etc.), que indican el modo de convivencia entre la Administración Pública y su

función principal, la recaudación.1 MARTÍN, José M. Derecho Tributario Argentino. Edidciones CIMA. Buenos Aires, 1981, Capítulo V.2 VILLEGAS, Héctor B. Ob. cit. Pág. 133.

3.1.1 Noción del derecho tributario.



Podemos concluir entonces en que el Derecho Tributario es el conjunto deDerecho Tributario es el conjunto deDerecho Tributario es el conjunto deDerecho Tributario es el conjunto deDerecho Tributario es el conjunto de

normas jurídicas que se refieren a la aplicación, percepción y fiscalización denormas jurídicas que se refieren a la aplicación, percepción y fiscalización denormas jurídicas que se refieren a la aplicación, percepción y fiscalización denormas jurídicas que se refieren a la aplicación, percepción y fiscalización denormas jurídicas que se refieren a la aplicación, percepción y fiscalización de

los tributoslos tributoslos tributoslos tributoslos tributos.

Recordemos que esa Recaudación es la que le permite al Estado Nacional, cumplir

con la planificación de servicios públicos que ha programado en su Presupuesto anual.

A modo ilustrativo, y a fin de enriquecer esta definición del Derecho Tributario,

resulta interesante recordar los orígenes de la recaudación de los tributos en nuestro

territorio. Para ello debemos remitirnos a la estructura impositiva colonial y la recolección de

los impuestos reales, etc. Por aquel entonces la Corona estableció impuestos sobre la producción

colonial, el comercio y la población, utilizando su control sobre el monopolio de ese régimen

como ser en la producción tabacalera, los naipes, el mercurio, el papel sellado, etc.

La Corona había implementado la administración de estos tributos en cabeza

de funcionarios rentados del tesoro real y la recaudación de los mismos estaba a cargo

de recaudadores privados de impuestos, en una suerte de Cajas Reales de cada uno de los

distritos que conformaban el Virreinato del Río de la Plata.

Ese fue el origen de los medios de recaudación de los tributos los que, a suerte

de transición, hoy podemos trasladar a la Dirección General Impositiva.

A efectos de definir ese conjunto de normas que forman al Derecho Tributario,

es conveniente separar las normas de contenido general de aquellas de contenido especial:

***** Normas de contenido general:Normas de contenido general:Normas de contenido general:Normas de contenido general:Normas de contenido general: son todas las normas que se pueden

aplicar a los tributos en común. Estas normas buscan equiparar los derechos y garantías

de los contribuyentes y su relación con el Estado.

***** Normas de contenido especial:Normas de contenido especial:Normas de contenido especial:Normas de contenido especial:Normas de contenido especial: son aquellas que han de ser aplicadas en

forma específica sobre los distintos tributos que integran un sistema tributario.

Antes de continuar, corresponde concretar una definición del Sistema

Tributario, y podemos decir que es el conjunto de reglas y principios de los tributos que

establece un país, en un momento determinado, con el fin de afianzar sus finanzas.



Autonomía significa ser gobernado por sus propias leyes. Sobre este punto la

doctrina ha elaborado innumerables cuestionamientos. Algunos sostienen la autonomía

del Derecho Tributario y otros la niegan rotundamente.

No obstante en los últimos años, la mayoría se ha enrolado en la postura

autonomista.

Antes de abordar esta cuestión corresponde dejar sentado que el Derecho es

uno. Esa unidad esta formada por lo que consideramos el Derecho Natural que se ha

convertido en el Derecho Positivo del Estado, el que encierra los principios, derechos y

garantías del hombre. Ese derecho único esta, a su vez, formado por las llamadas ramas

del Derecho, por lo que cada una de ellas está íntimamente ligada al mismo, sin posibilidad

de independencia.

Didáctica,

Estructural, o

Dogmática.

La Autonomía Didáctica se refiere a los fines de estudio o enseñanza, que no

indica verdadera autonomía. Sin embargo, podemos afirmar que con relación a este

punto, el derecho tributario tiene autonomía porque cuenta con numerosos textos para

su estudio y además desde hace ya varios años es motivo de estudio en todas las

universidades del país.

La Autonomía Estructural hace a la forma, como requisito externo, con institutos

propios caracterizados por su naturaleza jurídica propia con una estructura coherente y

uniforme.

Por último la Autonomía Dogmática se refiere a aquella rama del derecho que tiene

conceptos propios, con un significado diferente al que le otorgan las otras ramas del derecho.

Estas dos últimas especies, en su conjunto, se dan en llamar Autonomía Jurídica

propiamente dicha.

La autonomía de una de las

ramas del derecho puede ser

3.1.2 Autonomía del derecho tributario.



En orden a lo mencionado en los párrafos precedentes podemos afirmar que

una rama del derecho es autónoma dentro de la unidad del Derecho, cuando tiene

principios, institutos, objetos y precisiones propios.

De acuerdo a lo expuesto, reiteramos, el derecho tributario goza de autonomía

didáctica. Veamos entonces si tiene autonomía jurídica propiamente dicha.

A tal efecto debemos señalar que el Derecho Tributario puede subdividirse bajo

las siguientes denominaciones:

* Derecho Constitucional TributarioDerecho Constitucional TributarioDerecho Constitucional TributarioDerecho Constitucional TributarioDerecho Constitucional Tributario:

El derecho constitucional tributario comprende el conjunto de principios y

normas constitucionales que rigen la materia tributaria y tiene por objeto principal

determinar los limites del poder fiscal del Estado.

De lo expuesto se desprende que las normas constitucionales limitan poder

tributario del Estado a través de los siguientes principios:

a) Principio de no confiscatoriedad.

b) Principio de igualdad.

c) Principio de equidad.

d) Principio de proporcionalidad.

En consecuencia, no es un instituto propio del derecho tributario, amén de la

existencia de principios tributarios constitucionalizados.

* Derecho Administrativo TributarioDerecho Administrativo TributarioDerecho Administrativo TributarioDerecho Administrativo TributarioDerecho Administrativo Tributario:

Comprende a las normas que regulan la relación fisco-contribuyente,

imponiendo los deberes y derechos de ambas partes, sin desconocer al Derecho

Administrativo y rigiéndose por leyes emanadas del Poder Legislativo y por decretos,

resoluciones y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo.



* Derecho Internacional TributarioDerecho Internacional TributarioDerecho Internacional TributarioDerecho Internacional TributarioDerecho Internacional Tributario:

Comprende al conjunto de normas, acuerdos y convenios internacionales que

rigen en la materia, dando lugar a la utilización de principios del Derecho Internacional.

Respecto al Derecho Tributario nuestro país ha incorporado a su legislación, múltiples

convenios celebrados con otros países con el objeto de evitar o atenuar la doble imposición

internacional.

* Derecho Tributario SustantivoDerecho Tributario SustantivoDerecho Tributario SustantivoDerecho Tributario SustantivoDerecho Tributario Sustantivo:

Es la rama del derecho tributario mas trascendente, que se refiere a la obligación

tributaria y genera el concepto de relación jurídica tributaria.

* Derecho Penal TributarioDerecho Penal TributarioDerecho Penal TributarioDerecho Penal TributarioDerecho Penal Tributario:

Describe el conjunto de normas relacionadas a las infracciones y delitos

tributarios, con aplicación de los principios del derecho penal.

* Derecho Procesal TributarioDerecho Procesal TributarioDerecho Procesal TributarioDerecho Procesal TributarioDerecho Procesal Tributario:

Es el conjunto de normas de índole procesal que rigen la materia tributaria, la

que no deja de lado a las normas del derecho procesal común.

De lo expuesto, se desprende que, salvo el Derecho Tributario Sustantivo, el

resto se relaciona íntimamente con otras ramas del derecho.

No toda la doctrina está de acuerdo con esta Subdivisión del Derecho Tributario,

que en cierta medida se debe al gran maestro Dr. Dino JarachDino JarachDino JarachDino JarachDino Jarach, algunos como GiulianiGiulianiGiulianiGiulianiGiuliani

Fonrouge Fonrouge Fonrouge Fonrouge Fonrouge conciben a esta rama del derecho como un todo, un conjunto de normas que

se interrelacionan entre sí, sin divisiones de por medio.

Igualmente, de la descripción de las subdivisiones que forman al Derecho

Tributario, se observa que salvo el Derecho Tributario Sustantivo, el resto se relaciona

con normas de otras ramas del Derecho (Derecho. Internacional, Derecho. Procesal,

Derecho Constitucional, etc.).



El Derecho Tributario Sustantivo se compone de normas jurídicas que se

relacionan con la obligación tributaria. Este elemento será analizado en mayor medida

más adelante, no obstante cabe señalar que esta parte del Derecho Tributario se ocupa

de la obligación tributaria en su aplicación, percepción, etc., a través de los Tributos los

que, a grandes rasgos, podremos definir como Impuestos, Tasas, Contribuciones, etc.

Esta subdivisión se funda en el poder coactivo del Estado para recaudar y en las facultades

que le fueron otorgadas por el Poder Legislativo a efectos de ejercer esa función.

Como consecuencia de lo referido en el párrafo anterior podemos afirmar que

el Derecho Tributario Sustantivo cuenta con los elementos necesarios para que el DerechoDerechoDerechoDerechoDerecho

Tributario goce de autonomía estructural.Tributario goce de autonomía estructural.Tributario goce de autonomía estructural.Tributario goce de autonomía estructural.Tributario goce de autonomía estructural.

Cabe analizar ahora, si este Derecho goza también de autonomía dogmática y,

como ya hemos visto, el Derecho Tributario reúne una serie de conceptos propios y

diferentes al resto del Derecho que le otorgan la posibilidad de gozar de esta autonomía.

De acuerdo con lo desarrollado en los párrafos precedentes, podemos afirmar

lo siguiente: el Derecho Tributario tiene autonomía didáctica porque se han elaborado

en principio, numerosos textos de estudio sobre la materia; en cuanto a la autonomía

estructural, podemos señalar que los tributos son traspasos de riquezas de los contribuyentes

hacia el Estado, que ejerce coacción a través de su poder imperio, por tanto cuenta con la

estructura suficiente para su funcionamiento y, respecto a la autonomía dogmática, el

derecho tributario ha elaborado sus propios principios y conceptos.

En orden a lo expuesto en el acápite en estudio, cabe señalar que el Derecho

Tributario, a nuestro entender, goza de autonomía propia en tanto, como se ha visto,

reúne los requisitos para ello.

Codificar significa recopilar la normativa legal de cada rama del derecho a través

de un plan metódico y coherente en un solo cuerpo, el Código. No obstante ello, se debe

tener en cuenta la mutabilidad de las relaciones jurídicas.

La codificación debe contener normas que no sean susceptibles de modificación

habitual, por ejemplo en cuanto a las alícuotas de los tributos, de esa manera se preserva

3.1.3 Codificación del derecho tributario.



el contenido general de la materia, sus principios, etc.

Se reconoce como primer código a la sanción del Código Civil Francés, también

denominado el Código de Napoleón en 1804.

El Derecho Tributario no fue ajeno a este proceso, Enno BeckerEnno BeckerEnno BeckerEnno BeckerEnno Becker en 1919 da

nacimiento al Ordenamiento Tributario Alemán. En nuestro continente, México fue el

primer país que incorporo un Código de Derecho Fiscal en 1938 y sucesivamente este

método fue aplicado por los diferentes países, así el primer proyecto de código tributario

a nivel internacional fue elaborado en 1967 por los Doctores Giuliani Fonrouge Giuliani Fonrouge Giuliani Fonrouge Giuliani Fonrouge Giuliani Fonrouge (de la

Rep. Argentina), Gomes de Souza Gomes de Souza Gomes de Souza Gomes de Souza Gomes de Souza (por Brasil) y Valdés Costa Valdés Costa Valdés Costa Valdés Costa Valdés Costa (por la Rep. Oriental del

Uruguay) denominado Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/BID, el

que constituye un documento muy valioso, por cuanto presenta en forma ordenada los

principios generales que rigen la tributación.

Según la doctrina podemos diferenciar distintos tipos de codificación:

LimitadaLimitadaLimitadaLimitadaLimitada

AmpliaAmpliaAmpliaAmpliaAmplia

TotalTotalTotalTotalTotal

De estos métodos, la doctrina recomienda la utilización de los dos primeros

métodos de codificación (Limitada o Amplia), dejando de lado la codificación Total porque

resulta incompatible con la mutabilidad de la política tributaria.

En Abril de 1999, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.)

presentó un anteproyecto de Código Tributario de la República Argentina para su

tratamiento legislativo.

CODIFICACIÓNCODIFICACIÓNCODIFICACIÓNCODIFICACIÓNCODIFICACIÓN CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO

Recoge en forma de Código los principios

generales que gobiernan la tributación. (Ej.:

Modelo de Código OEA/BID).

Abarca a la codificación limitada con el agregado

de normas especificas de cada tributo (Ej.: Códigos

Provinciales.)

Abarca a la codificación Limitada y a la Amplia,

sumándole las alícuotas de los tributos.



De acuerdo a lo expresado en las unidades temáticas desarrolladas, se observa

que las Finanzas Públicas contienen diversos elementos a los que se denominan Política

Financiera, Economía Financiera, Sociología Financiera, Administración Financiera y lo

jurídico, precisamente del elemento jurídico, se desprende el Derecho Financiero al cual

le atribuimos, como rama principal, el Derecho Tributario.

A efectos de definir al Derecho Financiero Virginio ValsangVirginio ValsangVirginio ValsangVirginio ValsangVirginio Valsang33333 sostiene que éste

“Estudia, pues, las normas jurídicas que recaen sobre la actividad financiera, o lo que es lo

mismo relativas a la recaudación, gestión y empleo de los bienes patrimoniales del Estado.”

Por ende el Derecho Financiero se puede definir como el conjunto de normasel conjunto de normasel conjunto de normasel conjunto de normasel conjunto de normas

que tienen por objeto reglar las relaciones jurídicas que se originan con motivoque tienen por objeto reglar las relaciones jurídicas que se originan con motivoque tienen por objeto reglar las relaciones jurídicas que se originan con motivoque tienen por objeto reglar las relaciones jurídicas que se originan con motivoque tienen por objeto reglar las relaciones jurídicas que se originan con motivo

del ejercicio del poder financiero del Estado.del ejercicio del poder financiero del Estado.del ejercicio del poder financiero del Estado.del ejercicio del poder financiero del Estado.del ejercicio del poder financiero del Estado.

Regula la percepción, gestión y gasto de los recursos del Estado con el fin de

cubrir las necesidades públicas, generando el régimen jurídico de las Finanzas Públicas.

Podemos decir que la característica principal del Derecho Financiero es una

rama jurídica que se desprende del Derecho Público positivo y regula las Finanzas Públicas,

ello en virtud de que sus normas están llamadas a atender el poder financiero del Estado,

con el fin de cubrir las necesidades públicas en su conjunto.

El Contenido del Derecho Financiero puede desagregarse del siguiente modo:

***** Derecho Presupuestario:Derecho Presupuestario:Derecho Presupuestario:Derecho Presupuestario:Derecho Presupuestario: En relación a la obtención de recursos y su aplicación

a los gastos públicos.

***** Derecho Patrimonial:Derecho Patrimonial:Derecho Patrimonial:Derecho Patrimonial:Derecho Patrimonial: Se vincula al patrimonio del Estado en el sentido

económico.

***** Derecho Tributario:Derecho Tributario:Derecho Tributario:Derecho Tributario:Derecho Tributario: Normas sobre la aplicación, percepción y fiscalización

de los tributos, y el

. 3 VALSANG, Virginio. Finanzas Públicas. Buenos Aires 1957. Editorial Ciencias Económicas, págs. 17/18.

3.2 Derecho financiero y derecho tributario.

3.2.1 Derecho financiero. Noción, carácter, contenido y autonomía.



***** Crédito Público:Crédito Público:Crédito Público:Crédito Público:Crédito Público: Su regulación legal.

Debemos considerar en qué medida es autónomo el Derecho Financiero, para

lo cual analizaremos tres corrientes doctrinales: 1) la posición administrativista clásica,

2) la posición autonómica parcial (restringida) y 3) la posición autonómica total.

1) Posición administrativista clásica:1) Posición administrativista clásica:1) Posición administrativista clásica:1) Posición administrativista clásica:1) Posición administrativista clásica:

La teoría administrativista clásica niega la autonomía del Derecho Financiero.

Los principales doctrinarios que se alistan en esta escuela, consideran que el Derecho

Financiero no esta formado por un conjunto de normas que puedan ser consideradas

autónomas y además sostienen que la actividad financiera del Estado forma parte del

Derecho Administrativo, razón por la cual la doctrina alemana e italiana, entre otras,

incluyen al Derecho Financiero dentro del Derecho Administrativo a diferencia de lo que

sostienen los administrativistas argentinos.

Esta teoría sostiene la falta de autonomía del Derecho Financiero, por cuanto

éste no está estructurado con principios de carácter homogéneo. Además consideran

que la actividad del Estado de obtener recursos para satisfacer las necesidades públicas

de la sociedad en su conjunto es una función netamente administrativa básica.

2) Posición de la autonomía parcial:2) Posición de la autonomía parcial:2) Posición de la autonomía parcial:2) Posición de la autonomía parcial:2) Posición de la autonomía parcial:

Esta teoría entiende que la actividad financiera del Estado puede ser objeto de

estudio por aquellas ramas del derecho que estudian la Administración Pública. Esta

posición es la que predomina en la doctrina latinoamericana.

El Derecho Financiero, en su conjunto, no podría aspirar a una autonomía total

porque no es un sistema ordenado de relaciones homogéneas sino un conjunto de

disposiciones de naturaleza diversa y heterogénea pero –aquí es donde se aparta de la

doctrina administrativista- sí reconoce autonomía a una parte del mismo, al Derecho Tributario,

es decir al derecho en relación con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos, por

cuanto entiende que esta parte del derecho financiero es la actividad principal.

3)3)3)3)3) Posición de autonomía total:Posición de autonomía total:Posición de autonomía total:Posición de autonomía total:Posición de autonomía total:

Esta teoría sostiene que no hay motivo para otorgar autonomía sólo a una parte



del Derecho Financiero cuando todas las normas integrantes del mismo son, en realidad,

autónomas. La doctrina considera estructural y dogmáticamente autónomo al Derecho

Financiero por cuanto éste contiene principios generales propios. Sostienen que no

solo el Derecho Tributario sino toda la actividad financiera del Estado debe ser analizada

bajo criterios jurídicos propios.

No obstante, cabe recordar que la autonomía no puede entenderse nunca en

un sentido total, no puede haber autonomía de una rama desprovista del Derecho que

le permitió ser, por lo tanto toda autonomía debe entenderse como parte de una unidad.

Esta doctrina sostiene la autonomía total del derecho financiero.

El Dr. Héctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor Villegas44444 expresa que Tributos “son las prestaciones en dinero

que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines.”

Corresponde analizar brevemente esa definición a efectos de comprender el

alcance de la misma:

1) Los tributos han de ser abonados en dinero, se entiende con ello que los tributos

deben ser abonados en la moneda corriente común del Estado, en ese momento

determinado. No obstante mas adelante veremos que en algunas legislaciones

extranjeras se ha permitido el pago en especie.

2) Otra característica esencial es que el tributo es una imposición. El Estado, a través

de su poder tributario, en forma coactiva, tiene la facultad de imponer al

contribuyente el pago del mismo.

3) No hay tributo sin ley previa, dando lugar a la aplicación del Principio de legalidad

en materia tributaria, que se va a desarrollar en la Unidad IV. No obstante, cabe

señalar que éste es un principio constitucional aplicado a la materia tributaria en

resguardo de los derechos y garantías de los contribuyentes.

4 VILLEGAS, Héctor B. Ob. cit., Capítulo IV.

3.3 Los tributos. Noción general. Clasificación.



4) El importe recaudado en orden al poder coactivo del Estado, ejercido a efectos de

formar una masa de recursos, ingresa al erario público con el fin de satisfacer las

necesidades públicas de la sociedad en su conjunto.

La definición elaborada por el Dr. VillegasDr. VillegasDr. VillegasDr. VillegasDr. Villegas, a nuestro entender, satisface

plenamente el concepto de tributo. No obstante ello, corresponde señalar que la doctrina

ha discutido en diversas oportunidades, respecto a la conveniencia de definir al tributo.

El Código OEA/BID define al tributo (genero) y a las especies que lo integran a efectos

de formar a los países latinoamericanos y dispone que los Tributos son las prestaciones

en dinero que el Estado en ejercicio de su poder de imperio exige con el objeto de

obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias redactó un nuevo

proyecto de Código Tributario para los países de América y Europa, con el fin de

simplificar los sistemas tributarios de cada país, Éste modelo de código tiende a

contribuir a un proceso de reforma legislativa de los países que lo conforman. La

denominación acordada a éste nuevo código es Modelo de Código Tributario del

CIAT.

A efectos de concluir con la definición de Tributos corresponde, entonces, tomar

en consideración el artículo 9 del Modelo de Código Tributario del CIAT, que expresa que

los Tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige, en razón de una

determinada manifestación de capacidad económica, mediante el ejercicio de su poder

de imperio, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el

cumplimiento de otros fines de interés general.

De lo expuesto en los párrafos precedentes se desprende entonces que el Tributo

es una obligación dineraria originada por el Estado, en ejercicio de su poder de imperio,

exigida en virtud de una ley (Principio de legalidad), requerido de modo coactivo para la

satisfacción de necesidades públicas.

No obstante corresponde señalar que algunos sistemas tributarios extranjeros

permiten que la obligación tributaria no se abone exclusivamente en dinero, entre ellos,

Brasil, Uruguay y México, que permiten el pago de tributos en especie.

El Modelo de Código Tributario del CIAT incorpora a la definición del Tributo, la

manifestación de capacidad económica, ésta se ve reflejada en las codificaciones italiana



y española, las que utilizan el término como sinónimo de capacidad contributiva, y se

entiende que el término ha sido utilizado como expresión de que a iguales capacidades

económicas corresponden iguales impuestos. La capacidad económica o contributiva

presupone potencialidad económica.

Los tributos se clasifican en:

Impuestos.

Tributos Tasas.

Contribuciones Especiales.

Esta clasificación coincide con la predominante en la doctrina y en la mayoría

de las legislaciones extranjeras. Y podemos diferenciarlos del siguiente modo.

Impuestos

Tasas

Contribuciones Especiales

Geraldo Ataliba Geraldo Ataliba Geraldo Ataliba Geraldo Ataliba Geraldo Ataliba propone clasificar a los tributos en vinculados y no vinculados:

a )a)a)a)a) Tributos no Vinculados:Tributos no Vinculados:Tributos no Vinculados:Tributos no Vinculados:Tributos no Vinculados: En donde incorpora a aquellos tributos que no

requieren de la actividad del Estado. No indica beneficio para el contribuyente y el

legislador, utilizando el principio de capacidad contributiva, deberá configurar el hecho

generador del pago de la obligación. Podemos incluir en este concepto a los Impuestos.

b )b )b )b )b ) Tributos Vinculados:Tributos Vinculados:Tributos Vinculados:Tributos Vinculados:Tributos Vinculados: En este caso el legislador ha previsto cierta prestación

por parte del Estado, a menos de modo potencial, a efectos de que determinados hechos

configuren el presupuesto generador del pago de la obligación tributaria (Tasas y/o

Contribuciones Especiales).

TRIBUTO DEFINICIÓN GENERAL

Prestación exigida por el Estado, a través de su

poder de imperio.

Se genera a través de la prestación potencial

de un servicio público.

Se genera a través de beneficios derivados de

la realización de obras públicas.



3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 Impuesto: Noción GeneralImpuesto: Noción GeneralImpuesto: Noción GeneralImpuesto: Noción GeneralImpuesto: Noción General.....

El concepto de Impuesto ha sido objeto de estudio por numerosos doctrinarios,

razón por la cual comenzaremos esta exposición con la definición de José María MartínJosé María MartínJosé María MartínJosé María MartínJosé María Martín55555

el que sostiene que el impuesto consiste en “detracciones de parte de la riqueza de los

particulares exigidas por el estado para la financiación de aquellos servicios públicos

indivisibles que tienen demanda coactiva y que satisfacen necesidades públicas.”

Asimismo, tanto el modelo de Código Tributario OEA/BID como el del CIAT,

definen al impuesto como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.

Corresponde analizar brevemente estas definiciones a efectos de comprender

el alcance de las mismas:

1) Detracciones de parte de la riqueza de los particulares exigidas por el Estado: Vemos

aquí en acción el poder coactivo del Estado, en virtud del cual la normativa vigente

le permite tomar parte de la riqueza de los particulares los que, en orden a su

capacidad contributiva, harán sus aportes a efectos de formar una masa importante

de recursos.

2) Para la financiación de los servicios públicos indivisibles: Los recursos obtenidos a

través del cobro de impuestos, se aplican a solventar los servicios públicos indivisibles,

esto es, servicios que el Estado debe brindar a la sociedad en su conjunto, sin poder

discriminar cuanto consume cada habitante de ese servicio. Por ejemplo, seguridad,

educación, etc.

3) El modelo de código tributario OEA/BID, claramente dispone que el impuesto es una

obligación, o sea exige cumplimiento de pago, y agrega que esa obligación tiene

como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa

al contribuyente, justamente por tratarse de servicios que para el Estado resultan

indivisibles, por lo tanto no puede discernir la utilización de ciertos servicios per capita.

Los impuestos tienden a formar recursos para cubrir necesidades públicas, a

través de servicios públicos indivisibles ante la demanda coactiva de la sociedad.

5 MARTIN, José María. Ob. cit. Pág. 160.

3.4 El impuesto. Noción general. Naturaleza jurídica. Fundamento. Clasificación.



Los Impuestos son prestaciones pecuniarias o pagos que se exigen a través del

ordenamiento jurídico a favor de la Administración Pública sin esperar a cambio prestación

divisible alguna.

La Naturaleza Jurídica del Impuesto se basa fundamentalmente en que el

impuesto es una institución de Derecho Público. El Estado, a través de su poder de imperio,

exige coactivamente parte de la riqueza de los contribuyentes obligados al pago del

tributo, sin necesidad de brindar un servicio concreto. Ello diferencia al impuesto del

resto de los tributos (tasas y contribuciones especiales), en tanto su finalidad es brindar

servicios públicos indivisibles.

Por ende la naturaleza jurídica del impuesto se respalda en la actividad del

Estado que tiene por objeto la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjunto,

a través de servicios públicos indivisibles.

No obstante la mayor parte de doctrina sostiene que los impuestos no sólo

deben cubrir las necesidades sociales básicas, sino que también deben cubrir las

necesidades públicas divisibles. Además entiende que el impuesto debe financiar los

servicios indivisibles y también aquellos servicios divisibles que el Estado resuelva no

dividir entre los usuarios.

A efectos de dar fundamento al poder coactivo del Estado se han desarrollado

diferentes teorías, las que el Dr. Héctor VillegasDr. Héctor VillegasDr. Héctor VillegasDr. Héctor VillegasDr. Héctor Villegas enumera de acuerdo con la finalidad

de las mismas como Teoría del precio cambio, Teoría de la prima del seguro y Teoría de

la distribución de la carga pública.

3.4.3 Fundamentos.

3.4.2 Naturaleza jurídica.



Las distintas corrientes económicas se refieren a sistemas fiscales, estos se

componen de varios impuestos y esos impuestos gravan la renta, el patrimonio y el consumo

de los particulares, de acuerdo al grado de capacidad contributiva de cada uno de ellos.

Existen diversas clasificaciones, no obstante desarrollaremos la clasificación más

tradicional de la doctrina, por cuanto la misma es utilizada en nuestro sistema fiscal.

a )a )a)a)a) Impuestos Directos o Indirectos.Impuestos Directos o Indirectos.Impuestos Directos o Indirectos.Impuestos Directos o Indirectos.Impuestos Directos o Indirectos.

La doctrina le ha otorgado en diferentes oportunidades, diversos significados a

esta clasificación. Sin embargo trataremos de abordar la situación de acuerdo a criterios

mayoritariamente aceptados.

1) Un primer criterio de esta clasificación entiende que son impuestos directos

los que se recaudan periódicamente de contribuyentes inscriptos en guías o padrones.

En cambio los impuestos indirectos son aquellos que se recaudan de personas no inscriptas

y de modo esporádico.

TEORÍASTEORÍASTEORÍASTEORÍASTEORÍAS DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

* Teoría del precio

cambio

* Teoría de la

prima del seguro

* Teoría de la

distribución de la

carga pública

Esta teoría sostiene que los contribuyentes deben

compensar al Estado por los servicios que éste les presta.

Intenta convertir al Impuesto en un precio que se abona

por el servicio público utilizado.

Sostiene que el pago del tributo se efectúa en

contraprestación al servicio público Seguridad que brinda

el Estado a los contribuyentes que tienen bienes. Toma, al

pago del impuesto, como una prima de seguro sobre la

protección de los bienes de los particulares.

Se sostiene en el Principio de Solidaridad Social.

Los contribuyentes abonan sus obligaciones tributarias a

efectos de solventar los gastos de la comunidad, en orden

al grado de capacidad contributiva que cada uno de ellos

represente.

3.4.4 Clasificación de los impuestos.



2) Utilizando el criterio de la traslación o criterio económico, podemos decir

que si el impuesto se traslada es indirecto, de lo contrario es directo. Desde el punto de

vista jurídico, esta definición no es muy útil, salvo que la misma norma encuadre

directamente al impuesto como trasladable, dejando por sentada su clasificación. Por lo

tanto determinar económicamente que un impuesto es directo o indirecto, es reconocido

a posteriori, o sea una vez verificado si el impuesto fue trasladado o no, pero para nuestro

ordenamiento jurídico es necesario conocer esta situación a priori.

3) Aplicando el criterio de la exteriorización, podemos definir que el impuesto

es directo si grava una manifestación expresa o inmediata de capacidad contributiva. En

cambio el impuesto es indirecto si grava una manifestación presunta o mediata de

capacidad contributiva.

b )b )b )b )b ) Impuestos Personales o Reales.Impuestos Personales o Reales.Impuestos Personales o Reales.Impuestos Personales o Reales.Impuestos Personales o Reales.

A efectos de clasificar a los impuestos en personales o reales la doctrina ha

elaborado cuatro criterios diferentes, que a continuación se detallan:

1) Se considera que el impuesto es personal cuando el particular colabora con

el Fisco mediante la presentación de declaraciones juradas o inscripción en padrones. En

cambio es real cuando el contribuyente no ejerce ninguna actividad en colaboración con

el Fisco.

2) El impuesto es personal cuando la norma legal pone en evidencia al

contribuyente en orden al hecho imponible entendiendo por tal, al hecho generador del

tributo. En cambio el impuesto es real cuando no distingue al contribuyente, pero sí al

hecho imponible.

3) El impuesto es real cuando está resguardado de una garantía real sobre los

bienes sobre los que recae el hecho imponible, en cambio el impuesto es personal cuando

no presenta dicha garantía.

4) El impuesto es personal cuando determina la capacidad contributiva de las

personas físicas. En cambio es real cuando el impuesto recae sobre manifestaciones

objetivas de riquezas, sin tener en cuenta las particularidades personales del

contribuyente.



c) Impuestos de monto fijo o de alícuotas proporcionales o progresivas.c) Impuestos de monto fijo o de alícuotas proporcionales o progresivas.c) Impuestos de monto fijo o de alícuotas proporcionales o progresivas.c) Impuestos de monto fijo o de alícuotas proporcionales o progresivas.c) Impuestos de monto fijo o de alícuotas proporcionales o progresivas.

Son impuestos de monto fijo aquellos que establecen un importe igual para

todos los contribuyentes sin atender a la capacidad contributiva.

Son impuestos de alícuota proporcional aquellos que establecen una alícuota

que permanece constante. En cambio son impuestos de alícuota progresiva, aquellos

que se aplican cuando la alícuota aumenta a medida que aumenta la base. Estos pueden

ser por escala, los que en las últimas escalas terminan siendo proporcionales y por clase.

Los efectos económicos que producen los impuestos en la economía de los

particulares, tienen especial interés para la política fiscal del Estado. Debemos recordar

que en algunas circunstancias el impuesto es trasladable y en otras no, el sujeto pasivo

de la obligación tributaria en forma directa es el contribuyente de iure, en cambio si el

impuesto es trasladable, aquel que recibe la carga final del impuesto es el contribuyente

de facto. (Ej. el consumidor final).

Es necesario conocer cual será el contribuyente que va a soportar la carga

impositiva para determinar como incide ese impuesto sobre la economía. A tal efecto

podemos diferencias cuatro etapas.

De la Percusión o Impacto.

De la Traslación.

Etapas.

De la Incidencia.

De la Difusión.

Etapa de la Percusión o ImpactoEtapa de la Percusión o ImpactoEtapa de la Percusión o ImpactoEtapa de la Percusión o ImpactoEtapa de la Percusión o Impacto:

En este caso la carga tributaria es soportada por el contribuyente de iure, o sea

sobre la persona que la ley ha señalado como contribuyente deudor del impuesto.

3.5 Efectos económicos de los impuestos.



En esta etapa inicial el contribuyente de derecho es siempre el sujeto percutido

por el impuesto, contando dicho contribuyente, en algunas situaciones, con la posibilidad

de trasladar la carga del impuesto a un tercero.

Etapa de la traslaciónEtapa de la traslaciónEtapa de la traslaciónEtapa de la traslaciónEtapa de la traslación:

En esta etapa el contribuyente de derecho logra transferir la carga del impuesto

a un tercero que puede ser, por ejemplo, el comprador de un bien en carácter de

consumidor final. El tercero resulta ser el contribuyente de hecho también llamado

contribuyente incidido.

Ahora bien, esa traslación se puede realizar por parte del contribuyente de

derecho en forma de: - traslación hacia adelante, - traslación hacia atrás, o – traslación

oblícua o lateral.

La traslación hacia adelante sucede cuando el contribuyente de derecho puede,

por las normas del mercado, aumentar el precio de los bienes que vende o bien aumentar

el valor de las prestaciones de servicios que brinda. En este caso, la carga del impuesto

recae sobre el sujeto comprador de las mercaderías o el pagador de los servicios.

El fenómeno de la traslación hacia atrás, se produce cuando el contribuyente

de derecho logra transferir la carga del impuesto a sus proveedores a través, por ejemplo,

de una reducción del valor de las materias primas o mercaderías que debe comprar.

La traslación oblícua o lateral sucede cuando el contribuyente de derecho logra

transferir la carga del impuesto a los compradores o proveedores de otros artículos

distintos a los gravados por el impuesto.

En esta etapa también debe tenerse en cuenta la situación del mercado sobre el

que se analiza el efecto económico del impuesto. En otras palabras, debe analizarse si el

mercado es de libre competencia, un monopolio o bien un oligopolio.

En un mercado de libre competencia los precios y las remuneraciones por la

prestación de servicios se encuentran regulados solamente por la ley de la oferta y la demanda.

En este caso, deberá analizarse si la demanda de un bien determinado resulta



ser elástica o inelástica. Será elástica cuando disminuye la demanda del bien ante un

aumento de su precio, siendo dificultosa la traslación de la carga del impuesto al precio.

En el caso de una demanda inelástica, la traslación resultará más fácil, ya que la variación

del precio no reduce la demanda.

Con relación a la oferta, se debe analizar si el bien es perecedero o no. En el

caso de un bien perecedero, el mismo debe ser vendido en un corto plazo, por lo tanto

resulta más difícil trasladar al precio el impuesto correspondiente. En el caso de bienes

no perecederos y que pueden, por lo tanto, almacenarse por más tiempo, la traslación

puede realizarse con mayor facilidad.

En un mercado de monopolio, el empresario o productor fija voluntariamente

el precio del bien producido, ya que es el único que explota una determinada rama de la

industria o del comercio, ello significa que no existen bienes o servicios que puedan

reemplazar el producto elaborado por el monopolista. Al fijar en forma voluntaria el

precio del bien producido, intentará obtener el mayor beneficio posible.

El monopolista al agregar al precio del producto la traslación de la carga del

impuesto, aumenta el valor del bien y, por lo tanto, disminuye la demanda de dicho bien.

Al disminuir la demanda, la ganancia del productor será menor, por ello se puede concluir

que no siempre será ventajosa la traslación del impuesto para el empresario monopolista.

En el mercado de oligopolio, resulta más fácil la traslación del impuesto, toda

vez que los pocos empresarios que producen un determinado bien o prestan un

determinado servicio, pueden aumentar el precio del producto o servicio aunando sus

márgenes de ganancia y trasladando la carga del impuesto al consumidor del bien o

servicio.

Etapa de la incidenciaEtapa de la incidenciaEtapa de la incidenciaEtapa de la incidenciaEtapa de la incidencia:

La incidencia del impuesto se produce cuando una persona determinada se

hace cargo del pago de dicho impuesto. Esa persona recibe la denominación de

contribuyente de hecho o contribuyente incidido.

De lo expuesto, surge que la incidencia puede derivar por vía directa, cuando el

contribuyente de derecho (o sea el contribuyente previsto por la ley impositiva) no traslada

la carga del impuesto y, por lo tanto, debe hacerse cargo del pago del mismo; o



por vía indirecta, cuando por alguno de los procedimientos de la traslación, el

contribuyente de derecho logra hacer repercutir el impuesto en el patrimonio de otra

persona, quien pasa a ser el llamado contribuyente de hecho.

Ahora bien, desde el punto de vista del gasto público, la reducción del

patrimonio del contribuyente de hecho o incidido puede resultar neutralizada, toda vez

que los impuestos pagados al Estado, vuelven a la comunidad en forma de servicios,

cumpliendo el Estado una función redistributiva de la riqueza.

Etapa de la difusiónEtapa de la difusiónEtapa de la difusiónEtapa de la difusiónEtapa de la difusión:

Es la etapa final del efecto económico del impuesto. La difusión se produce

cuando el contribuyente de hecho o incidido, ha abonado el impuesto correspondiente

y, por dicha razón, encuentra su patrimonio disminuido.

A raíz de dicha disminución la persona incidida por el impuesto, reduce su

demanda y por lo tanto, la oferta también disminuirá. Por ello, podemos concluir que el

efecto económico del impuesto produce modificaciones en los precios de bienes y

servicios, en la producción de los mismos y en el ahorro de los particulares.



1) El Derecho Tributario comprende las normas jurídicas que regulan los tributos.

Además podemos extender este concepto a la función de recaudación de la

Administración Pública y su relación con los contribuyentes.

2) La autonomía de una rama del derecho ha de ser analizada a través del análisis de

diferentes autonomías a saber, la autonomía didáctica, la estructural y la dogmática.

3) El Derecho Tributario goza de autonomía propia, en orden a que el derecho

tributario sustantivo cuenta con los elementos necesarios para que el Derecho

Tributario goce de autonomía estructural.

4) Según la doctrina podemos diferenciar distintos tipos de codificación, la limitada,

la amplia y la total.

5) El Derecho Financiero estudia las normas que recaen sobre la actividad financiera

del Estado.

6) Podemos definir a los tributos como las prestaciones en dinero (o en especie)

exigidas por el Estado (poder de imperio) en virtud de una ley, para cubrir los gastos

que demanda la satisfacción de sus fines (necesidades públicas, etc.).

7) Los tributos se clasifican en Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales.

8) El impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. (CIAT).

9) Con el fin de fundamentar el poder coactivo del Estado, la doctrina ha desarrollado

diferentes teorías a saber, la teoría del precio de cambio, la teoría de la prima del

seguro y la teoría de la distribución de la carga pública.

spsíntesis parcial




10) Los impuestos se clasifican en directos o indirectos, personales o reales, y en

impuestos de monto fijo o de alícuotas proporcionales o progresivas.

11) Los efectos económicos de los impuestos pueden clasificarse en: efecto percusión o

impacto, efecto traslación, efecto incidencia y efecto difusión



1) Analizar y desarrollar la doctrina del fallo “Atilio César Liberti s/ SucesiónAtilio César Liberti s/ SucesiónAtilio César Liberti s/ SucesiónAtilio César Liberti s/ SucesiónAtilio César Liberti s/ Sucesión”

del 10 de Agosto de 1956 (Fallos Tº 235, Pág. 571).

2) Cuál es el tributo analizado en la causa? Clasificarlo.

3) De que modo se trató de conciliar la unidad jurídica nacional con la

autonomía tributaria de las Provincias?

4) Cual es la postura del Doctor Alfredo OrgazAlfredo OrgazAlfredo OrgazAlfredo OrgazAlfredo Orgaz?





1) Elabore una definición de Derecho Tributario en orden a los distintos conceptos

estudiados.

2) De acuerdo a la doctrina del fallo “Atilio César Liberti s/ Sucesión” y a lo expuesto

en el material de estudio, desarrolle los fundamentos en que se basa el Derecho

tributario para invocar su autonomía.

3) Enumere y fundamente brevemente las subdivisiones del Derecho Tributario.

4) Elija un tipo de codificación para la legislación tributaria Argentina y fundamente

su respuesta.

5) Elabore un mapa conceptual de Tributos, incorporando concepto y clasificación.

6) Qué entiende por Impuestos?

7) Clasifique al Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes del fallo analizado (Atilio

César Liberti s/ Sucesión).

8) Enumere y defina los distintos efectos económicos de los impuestos.





(DESARROLLO)

LAS TASAS

El esclarecimiento de la noción de tasa tasa tasa tasa tasa ha planteado una serie de oscuridades

de las cuales, muy difícilmente, pueda llegarse a un concepto unívoco. Desde la naturaleza

misma de la prestación, pasando por aquella del servicio que presta el Estado y que

origina su adeudo, hasta la misma cuestión de la determinación del monto a pagar,

todas ellas han motivado enconadas discusiones.

Dificulta aun más su dilucidación, la existencia de dos puntos de vista

diametralmente distintos con los que se ha abordado la cuestión: Por una parte,

encontramos autores como Einaudi y de Viti De MarcoEinaudi y de Viti De MarcoEinaudi y de Viti De MarcoEinaudi y de Viti De MarcoEinaudi y de Viti De Marco, que han analizado la cuestión

desde un punto de vista económico, en tanto que la mayoría de los tributaristas han

abordado la cuestión desde una óptica jurídica. Estos puntos de partida han dado por

cierto resultados discordantes de casi imposible conciliación.

Asimismo, también ha influido el arbitrio del legislador que, en diversos países

ha creado “presuntas” tasas caracterizadas de distinta manera, graduadas en virtud de

criterios dispares, con nombres que no siempre responden a la realidad del instituto,

recaudadas por organismos diferentes y mediante procedimientos disímiles.

Ante ello, de más esta decir que la labor de teórico se torna dificultosa cuando

pretende encontrar las uniformidades del tributo, y mucho más difícil resulta el problema

si se quiere dar a la noción de tasa un contenido de carácter uniforme, mediante la

comparación internacional.

El primer desarrollo doctrinal sobre la tasa es debido a Kurt Heinrich RauKurt Heinrich RauKurt Heinrich RauKurt Heinrich RauKurt Heinrich Rau, en

el siglo XIX, quien en 1832 publica su obra “Principios de Ciencia de la Hacienda”, donde se

llega a un concepto primario de tasa, del cual no se apartan generalmente los distintos

3.6 Concepto. Caracteres esenciales. Diferencia con el impuesto. Diferencia con el precio.



autores: “La tasa es la compensación especial que se paga al Estado por un servicio especial

dispensado por él a quien se la abona”.

Dino JarachDino JarachDino JarachDino JarachDino Jarach66666,,,,, por su parte, si bien no esboza una definición, manifiesta: “La

tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado

hacia el sujeto pasivo. Se entiende que como tributo, es un recurso obligatorio cuya

fuente es la ley y tiene carácter coercitivo; no tiene pues el carácter de precio”.

José María MartinJosé María MartinJosé María MartinJosé María MartinJosé María Martin77777 , caracterizando a las tasas, distingue dos rasgos salientes:

a) Son tributos exigidos por el Estado como contraprestación por determinados

servicios públicos divisibles que, como tales, tienen una financiación

individualmente determinable, o sea que sus respectivos costos son

prorrateables entre los particulares que hagan uso de ellos, y

b) Son tributos exigidos a todos aquellos quienes efectiva o potencialmente

utilicen servicios públicos divisibles.

Así, en función de lo precedentemente expuesto, el mencionado autor define a

las tasas “como una especie de tributo exigido por el Estado u otro ente público facultado

a tal efecto, como contraprestación por la utilización, efectiva o potencial, de un servicio

público divisible o de costo prorrateable.”

El Modelo de Código Tributario OEA-BID, en su Art. 16 define a las tasas

diciendo: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva

o potencial de un servicio público inherente al Estado individualizado en el contribuyente.

Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de

la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no

inherentes al Estado ”.

Como podrá apreciarse, esta definición contempla dos elementos

fundamentales a saber:

1) El hecho generador es la prestación efectiva o potencial de un servicio y,

2) El destino de los fondos que, según vimos, no puede tener un destino ajeno al servicio

que constituye el presupuesto de la obligación.6 Dino Jarach: Ob. cit.7 José María Martin Ob. cit.



Finalmente cabe destacar, que el Modelo de Código Tributario del CIAT (Centro

Interamericano de Administración Tributaria) define en su Art. 11 a las tasas como: “el

tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial

de un servicio en régimen de derecho público, individualizado en el contribuyente”.

Cabe destacar, que la definición adoptada es similar a la del Modelo de Código

Tributario OEA-BID y coincide con gran parte de los códigos tributarios de América Latina.

Con relación al citado modelo, se han eliminado las referencias a la afectación de los

recursos obtenidos y a la naturaleza de los servicios, por la ambigüedad que suponen

ambas condiciones.

Como fuera supra expuesto, la conceptualización de las tasas ha dado lugar a

grandes debates doctrinarios, que en resumidas cuentas versaron sobre los siguientes

ítems:

1) Naturaleza Tributaria de la Tasa.

2) Existencia de un servicio que presta el Estado.

3) Naturaleza del servicio prestado.

4) Divisibilidad del servicio

5) Voluntariedad.

6) Ventaja.

7) Destino de los fondos.

8) Graduación.

1) 1) 1) 1) 1) Naturaleza Tributaria de la Tasa:Naturaleza Tributaria de la Tasa:Naturaleza Tributaria de la Tasa:Naturaleza Tributaria de la Tasa:Naturaleza Tributaria de la Tasa:

Actualmente, puede decirse casi con seguridad, que existe unanimidad en la

doctrina en reconocerle al instituto de la tasa carácter tributario.8 Ello es así ya que

según, se ha visto, la tasa es una prestación que el Estado exige en función de su poder de

imperio. Es decir, la circunstancia de tratarse de una prestación exigida coactivamente

8 Podría hacerse una excepción con la posición asumida por Einaudi y sus seguidores.



por el Estado es, justamente, lo que asigna a la tasa carácter de tributo ya que, de lo

contrario, nos hallaríamos ante un precio.

Por lo expuesto, debe descartarse la teoría por la cual se sostiene que la tasa es

una contraprestación de un servicio prestado por el Estado en el sentido dado por el

derecho privado. No existe tal contraprestación; en realidad el servicio prestado por el

Estado y que afecte a determinado o determinados individuos es el núcleo del hecho

imponible del tributo en cuestión: la obligación tributaria nace con el acaecimiento de

ese hecho imponible y éste se verifica en la persona que es afectada por el hecho,

resultando por tanto sujeto pasivo de dicha obligación.

De esa manera, el mismo carácter de tributo de la tasa torna esencial que

únicamente pueda ser creada por ley (principio de legalidad).9

Asimismo, la imposición de la tasa queda sometida a otros principios

constitucionales como ser el de no confiscatoriedad (CSJN Fallos T.193, Pag. 139), de

igualdad, de equidad, que conforme a jurisprudencia de la Corte Suprema se pueden

expresar por medio del establecimiento de tasas con alícuotas proporcionales.

2) 2) 2) 2) 2) Existencia de un servicio prestado por el Estado:Existencia de un servicio prestado por el Estado:Existencia de un servicio prestado por el Estado:Existencia de un servicio prestado por el Estado:Existencia de un servicio prestado por el Estado:

Es mayoritario el reconocimiento de que la tasa solo tiene lugar cuando existe

la prestación de un servicio por parte del Estado en relación a determinadas personas

que, por ese solo hecho, se encuentran obligadas a su pago.

Ahora bien, ¿Es necesaria la prestación efectiva del servicio o basta con la

organización potencial del mismo?

Algunos autores han sostenido, y así lo decidieron fallos judiciales en diferentes

países10 , que siendo el fundamento jurídico de la tasa la contraprestación de un servicio

público individualizado, si el servicio no se presta efectivamente en el caso concreto en

relación con el sujeto pasivo de la obligación de la tasa, ésta es inconstitucional.

9 La Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Fallos” T. 270 Pág. 486, entendió que las Tasas Retributivas de Serviciospueden aplicarse en virtud de autorizaciones de carácter General.

10 En este sentido, en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es de la naturaleza de latasa que su cobro corresponda siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a uncontribuyente (“Fallos” 234-663). Por su parte la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha dicho que carece de causay viola el derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional, la tasa municipal por inspección de comercioe industria que se cobra sin haberse prestado el servicio correspondiente (Conf. Revista “Impuestos” Tomo 28 pág. 303y Tomo 29 pág. 1079).



Por el contrario, encontramos autores, jurisprudencia y cierta legislación que

se pronuncian en sentido contrario, es decir, no es necesaria la real prestación del servicio

individualizado con respecto al sujeto pasivo determinado, bastando simplemente con

la organización del servicio que potencialmente puede afectar al sujeto.11

Así, una parte de la doctrina12 entiende que no es necesario que, en el caso

determinado, se haya prestado efectivamente el servicio al obligado al pago.

Fundamentan lo antes expuesto en que, habiéndose abandonado el principio de la

“ventaja” como elemento esencial de la tasa, lo importante como sustento del gravamen

es la existencia de una organización administrativa, que esté en condiciones de prestar el

servicio que da origen a la imposición del tributo.

Claro está que de admitirse el criterio riguroso de que carece de fundamento

jurídico válido, la tasa que se pretende recaudar sin la prestación efectiva del servicio, no

puede el poder público justificar la procedencia del gravamen por el solo hecho que una

inspección de carácter formal tendiente a verificar el cumplimiento del pago de la tasa,

como ha ocurrido muchas veces en nuestro país.

Coincidimos con JarachJarachJarachJarachJarach1313131313 en cuanto a que la mera existencia teórica de un

servicio, que no se individualiza efectivamente hacia el sujeto, no constituye base suficiente

para crear una tasa y ésta no puede ser validamente exigida. Tampoco puede

considerársela como un impuesto disfrazado, por carecer de los caracteres esenciales de

este tributo.

Otro problema que puede plantearse se refiere a la carga de la prueba sobre la

efectividad o no sobre la prestación del servicio.

Tradicionalmente, la jurisprudencia sostuvo que la carga de la prueba con

relación a la prestación del servicio correlativo a la tasa, correspondía al contribuyente

(J.A Tomo.1966-II, Pag 528). Pero en el caso “Llobet de Delfino, María T c/ Provincia de

Córdoba” del 28 de Noviembre de 1969, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmó,

con respecto a una tasa de servicios por inspección veterinaria preventiva que cobró la

provincia demandada, ésta no acredito, como le correspondía, la efectividad de los

servicios invocados. Esta circunstancia, agregó la Corte, es suficiente para declarar la

ilegitimidad del cobro efectuado.

11 Así lo propone el Art. 16 del Modelo de Código Tributario para América Latina y con ello está de acuerdo, entre otrosValdés Costa.

12 Guillermo Pedro Galli, Ob. cit.13 Dino Jarach. Ob. cit.



De más esta decir que coincidimos con la postura sentada por el fallo

precedentemente expuesto por las siguientes consideraciones a saber: ¿Que prueba aun

indiciaria, puede aportar el contribuyente de la falta de prestación de un servicio estatal

que no deja huellas (Ejemplo: Tasa de Inspección)? Lo contrario sucede con el Estado,

que siempre tiene a su alcance las actas labradas a tales efectos, la demostración del

costo de los trabajos y toda la documentación avalante.

3 )3 )3 )3 )3 ) Naturaleza del servicio:Naturaleza del servicio:Naturaleza del servicio:Naturaleza del servicio:Naturaleza del servicio:

Diversos autores, así como la mayoría de los ordenamientos tributarios

provinciales y municipales de nuestro país, definen como tasa todo pago efectuado en

razón de un servicio que presta el Estado, cualquiera que fuere su naturaleza.

Por su parte, otro sector de la doctrina sostiene: “No todo pago efectuado por

un particular al Estado por un servicio que éste le presta puede ser calificado como tasa,

puesto que de esta manera se llega a una completa confusión entre este tributo y las

contraprestaciones típicas del derecho privado, en las cuales el Estado sólo aparece como

un productor más de servicios, de la misma manera que cualquier productor –aun cuando

lo haga en régimen de monopolio- y que da lugar al pago de un precio. En este sentido,

entienden que solo tendrán virtualidad para dar nacimiento a la obligación tributaria

aquellos servicios que sean inherentes al Estado, que solo pueden concebirse si su prestación

es realizada por un ente estatal.”

Consideramos que este punto debe ser tratado con la mayor objetividad posible,

puesto que se trata de un problema muy controvertido y donde los argumentos, en uno

y otro sentido, son de gran peso.

JarachJarachJarachJarachJarach, criticando la teoría expuesta en segundo término, manifiesta que las

actividades inherentes al Estado consisten en servicios divisibles y constituyen un

fenómeno variable a través del tiempo y según las instituciones peculiares de cada país.

Precisamente, la ampliación de la esfera de acción del Estado ha motivado la adopción

de tareas y cometidos que antes correspondían a la esfera privada, pero políticamente

no dejan de ser inherentes al Estado, de acuerdo con las nuevas concepciones de su misión

y de sus funciones.

Por otra parte, el citado autor agrega que también las actividades que políticos

y sociólogos consideran como ineludiblemente propias del Estado no fueron siempre



tales en la historia (prestación de servicios de justicia y de educación), ni lo son ahora

con carácter exclusivo y pueden no serlo en el porvenir.

Finalmente, objeta la teoría que limita las tasas a las retribuciones de actividades

inherentes al Estado, con el argumento de que no se ve cómo la naturaleza de la actividad

del Estado influye sobre el carácter de la tasa y sirve para fundar su diferencia del precio.

Ante ello, la teoría opuesta ha sostenido, sin ignorara el acrecentamiento de las

funciones del Estado por el paso del concepto liberal al intervencionista, que dichas nuevas

funciones, en nada se relacionan con las típicas funciones administrativas y jurisdiccionales

del Estado y solamente interesan en el campo de las relaciones económicas y sociales, en

las cuales el Estado ha tomado gravitante importancia.

Aquellos servicios cuya prestación no puede ser pensada si no la efectúa el Estado,

continúan siendo prácticamente los mismos. Por lo demás, tales servicios, por ser inherentes

al Estado, son en principio gratuitos y “su prestación solo puede ser gravada mediante un

acto de imperio del Estado que establezca un tributo en ocasión de esa prestación”.

Ejemplificando lo antes expuesto, manifiestan que pueden encontrarse dos tipos

de actividades inherentes a la soberanía que, al ofrecer la posibilidad de divisibilidad,

pueden dar lugar a tasas. Ellas son las actuaciones relativas al poder de policía (actos

administrativos en sentido estricto) y las referidas a la administración de justicia.

En ambos casos, el Estado se encuentra en la obligación jurídica de prestar los

servicios, porque es imprescindible que lo haga y porque así surge de las normas

constitucionales y legales pertinentes. Este carácter de actividades que no puede dejarse

de prestar lleva, por lógica consecuencia, al principio de presunción de gratuidad. Porque

si el Estado debe prestar esos servicios tan trascendentes que afectan su propia subsistencia,

no puede subordinar su prestación a que sean retribuidos o no. Pero sí puede establecer

gravámenes en ocasión del cumplimiento de tales actividades y hacerlos pagar a las personas

concretas con respecto a las cuales la actividad de algún modo se singulariza.14

4) 4) 4) 4) 4) Divisibilidad del servicioDivisibilidad del servicioDivisibilidad del servicioDivisibilidad del servicioDivisibilidad del servicio:::::

No existen, prácticamente, discrepancias respecto de esta característica, es decir,

la que señala que la tasa se debe en razón de un servicio divisible prestado por el Estado.

14 Conf. Héctor Villegas. Ob. cit.



Cabe aclarar que consideramos servicios divisibles aquellos que son pasibles de

ser fraccionados en prestaciones individualizadas que sean dispensadas a individuos

determinados.

En tal sentido, es evidente que la divisibilidad es necesaria, dado que si el servicio

que da lugar a la tasa no puede fragmentarse en unidades de uso o consumo, será

imposible su particularización a persona alguna. Como bien dice GianniniGianniniGianniniGianniniGiannini, la tasa

constituye una prestación debida por el desarrollo de una actividad del ente público que

afecta particularmente al obligado, lo que solo podrá comprobarse en los servicios que

se consideran divisibles.

Ahora bien, lo antes expuesto no debe interpretarse como que a todo servicio

divisible corresponde una tasa; ello no es así por cuanto en la medida en que aquel sea

prestado gratuitamente o la recaudación total de la tasa debida en razón del servicio no

cubra el costo, este deberá serlo por impuestos.

5) 5) 5) 5) 5) VoluntariedadVoluntariedadVoluntariedadVoluntariedadVoluntariedad:::::

Existen autores15 que niegan el carácter coercitivo, razonando que el particular

que pide la prestación del servicio público expresa su demanda voluntariamente,

aceptando por ello el pago de la tasa.

En contra de esta teoría se contesta que, tratándose de servicios que el Estado

presta con carácter excluyente de toda competencia, la voluntad del sujeto pasivo que

expresa su demanda no es libre. Además, en muchos casos, la prestación del servicio es

obligatoria para su destinatario (Caso de la justicia penal).

Es innegable que determinados servicios públicos se prestan únicamente a

requerimiento de los particulares, pero existe una gran cantidad de ellos que se prestan

de oficio y aun contra de la voluntad del particular; así la inspección sanitaria, la de pesas

y medidas, la administración de justicia, son todas actividades que se inician o pueden

iniciarse por propia instancia del Estado, independientemente de la voluntad del

contribuyente o aun en contra de ella.

Esta supuesta voluntariedad puede llevar a confusión en la elaboración del

concepto, pues permitiría una interpretación totalmente equivocada al poder sostenerse

que en la tasa desaparece el elemento coactivo de todo tributo.15 Duverger, M. “Instituciones Financieras”, Barcelona, Roseti, 1960, pág. 90-91; Berliri A. “Principi di Diritto Tributario”,

Milan Volumen I, 1952, pág. 305.



6) 6) 6) 6) 6) Ventaja:Ventaja:Ventaja:Ventaja:Ventaja:

Hay quienes sostienen que las tasas presuponen un servicio beneficioso para el

destinatario, a quien se impone el pago del tributo.

Se ha criticado esta posición sosteniendo que, si bien en una gran cantidad de

casos existe una ventaja o un beneficio para quien recibe la prestación del servicio, hay

otros casos en que tal provecho no se da en absoluto pudiendo, en alguno de ellos,

representar un perjuicio para quien debe pagar el servicio (se suele poner como ejemplo

el pago de la tasa de justicia por quien resultó perdidoso en un juicio civil o penal).

A mayor abundamiento, no es el antes expuesto el único caso en el cual la

ventaja desaparece totalmente en la actividad del Estado: Así, en las tasas que se exigen

en razón de servicios de control e inspección (Ejemplo: control sanitario), no se advierte

cual es la ventaja que obtiene aquél en quien se particulariza el servicio, por cuanto éste

se presta no tanto en interés del particular, como de la sociedad misma (en el caso de la

salubridad). Tanto es así que, de comprobarse durante la inspección la violación de las

normas cuyo cumplimiento se controla, quien ha pagado la tasa correspondiente, se

verá perjudicado por el mismo servicio que se presta.16

7) 7) 7) 7) 7) Destino de los fondos:Destino de los fondos:Destino de los fondos:Destino de los fondos:Destino de los fondos:

Tal como surge de la definición precedentemente transcripta, el Modelo de

Código Tributario establece en su Art. 16, luego de definir a la tasa, que “su producto no

debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación”.

Sostienen sus autores que “si la razón que sirve de fundamento jurídico a la tasa es la

prestación de un servicio estatal, es menester que el producto tenga como único destino

el destino mismo, entendiendo este en los términos amplios”. No se trata de una

adecuación al “costo”, que es un concepto de medición de las tasas que ha sido desechado,

sino una limitación en cuanto al destino de los fondos que se recauden, para evitar que

las tasas se transformen en impuestos disimulados.

Gran parte de la doctrina discrepa con este criterio esgrimiendo los siguientes

argumentos:

a) Una vez logrado el fin perseguido mediante el tributo, que es la obtención

de recursos, el tributo se agota en su contenido y cesa el aspecto tributario de la actividad

16 Conf. Guillermo Pedro Galli. Ob. cit.



financiera, ya que todo lo atinente al destino y administración del recurso ya obtenido es

materia del orden presupuestario y no tributario.

Es decir, un hecho posterior a la verificación del hecho imponible – cual es el

destino dado a los fondos recaudados – no puede cambiar la naturaleza de la tasa.

Como fuera expuesto, la obligación tributaria en la tasa nace con el servicio

que se presta. Por lo tanto, el destino que posteriormente dé el Estado a los fondos no

puede ubicar al tributo dentro de otra especie distinta.

Asimismo, la universalidad del presupuesto exige que lo recaudado por tasas

se vuelque a la masa de los recursos, sin afectación a la financiación del servicio en

cuestión (El problema no es diferente de aquél que se presenta cuando el Congreso

aprueba un nuevo gasto no contemplado en la Ley de Presupuesto, lo que obliga, según

las normas legales, a determinar el recurso con que ha de sufragarse el gasto, pero no

implica la afectación del producto de la recaudación al pago del gasto de nueva

aprobación).

b) Además se observa que si una ley estableciere una tasa por un determinado

servicio individualizable, sin imponer la afectación de lo recaudado, el tributo sería válido

legalmente y no perdería su carácter fundamental de tasa, obligando al interprete a

crear una nueva especie de tributo que podría denominarse “tasa sin afectación”.

9) 9) 9) 9) 9) Graduación:Graduación:Graduación:Graduación:Graduación:

Por propia definición y conforme ha sido unánimemente reconocido tanto por

la doctrina como por la jurisprudencia nacional, la recaudación de una tasa encuentra su

justificación en la prestación de un determinado servicio público divisible.

Tratándose, pues, de un servicio público de tales características, el problema

consiste en prorratear su costo entre quienes deban hacer uso del mismo o, dicho en

otros términos, en establecer la medida, monto o quantum de la tasa que habrá de

financiarlo.

Una parte de la doctrina sostuvo que la tasa debe ser graduada según el valor

de la ventaja que por el servicio obtiene el obligado.



Este criterio, de profunda raigambre teórica, ha sido acertadamente criticado

ya que, como fuera expuesto, (ver punto 6 de este capítulo), con frecuencia el obligado

al pago de una tasa no obtiene beneficio alguno y hasta puede resultar perjudicado por

la actividad que le impone la administración. Asimismo, tampoco es admisible sostener

que en el caso de real obtención de provecho, éste sea el único criterio valorable para la

fijación de la cuantía y, por último, se debe también tener en cuenta la dificultad en

apreciar en cifras el provecho objetivo y subjetivo que proporciona el servicio.

Otra teoría sostiene que la tasa debe graduarse por el costo del servicio en

relación con cada contribuyente. Este criterio parte de la premisa de que la tasa es la

contraprestación pecuniaria del servicio prestado y, en consecuencia, se debe tener en

cuenta la relación entre el monto de la tasa y los costos de los mismos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegó a sostener que es de la

“naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio”17

La concepción señalada, en la actualidad se inclina por afirmar que la relación

“costo-importe”, aun necesaria como elemento de la tasa, no puede ser una igualdad

matemática o una equivalencia estricta. Lo que sí debe existir es una prudente, razonable

y discreta proporcionalidad entre ambos términos.

Como lo expresara VillegasVillegasVillegasVillegasVillegas1818181818,,,,, es evidente que el costo del servicio puede ser

uno de los elementos valorables para la fijación de la cuantía del tributo y quizás el

más importante, pero no es el único criterio. Por otra parte, la fijación de lo que se

debe entender por “costo” real de un servicio en relación a cada contribuyente, es muy

dificil de determinar, y de allí las oscilaciones de la jurisprudencia argentina que ha

debido hacer una serie de disquisiciones al respecto. Así, por ejemplo, se ha afirmado

que el costo del servicio a retribuír no es “el costo por contribuyente”“el costo por contribuyente”“el costo por contribuyente”“el costo por contribuyente”“el costo por contribuyente” sino el gasto

total que demanda el funcionamiento del servicio19 , que este costo no significa sólo

los gastos de la oficina que presta concretamente el servicio20 , ni que debe medirse en

relación a las inspecciones concretas realizadas cuando la tasa se cobra por un servicio

de fiscalización21 .

17 Ver “Fallos” Tomo 201, pág., 545; tomo 234, pág. 663

18 Héctor b. Villegas. Ob. cit.

19 La ley, tomo 40, pág. 8; La ley, tomo 95, pág. 74

20 La ley, tomo 45, pág. 301

21 La ley, tomo 96, pág. 601



Por otra parte, no es exacto afirmar que el costo (y la consiguiente cuantía) haga

a la naturaleza de la tasa o sea su “causa”. Giulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani FonrougeGiulliani Fonrouge, criterio que comparte

gran parte de la doctrina, sostiene que la cuantía de la tasa no es un elemento que pueda

influir en su configuración jurídica. Valdés CostaValdés CostaValdés CostaValdés CostaValdés Costa dice que esa relación económica “costo

importe no puede influir en la naturaleza jurídica del tributo, ya que la cuantía de la

contraprestación en sí misma no puede determinar un cambio de naturaleza jurídica”.

Otro de los criterios que se han adoptado, aboga por la determinación del monto

de las tasas conforme a la capacidad económica o contributiva de los contribuyentes, lo

cual permite declarar exentos de pagarla a quienes estén individualmente por debajo de

la capacidad económica que se considere mínima e, inversamente, exigir que otros

contribuyentes paguen una proporción superior a aquella que le correspondería pagar si

se formulara un prorrateo exacto del costo del pertinente servicio.

Por su parte, nuestros tribunales han aceptado también este tercer criterio y

conforme a él, se ha resuelto que, si bien en principio el costo del servicio debe ser atendido

en la fijación del monto de la tasa, es también admisible y legítimo tomar en cuenta la

capacidad contributiva del contribuyente.

Principales Tasas Argentinas:Principales Tasas Argentinas:Principales Tasas Argentinas:Principales Tasas Argentinas:Principales Tasas Argentinas:

Las tasas más salientes que se pueden encontrar en nuestro sistema tributario son:

1) Tasa portuaria y por servicios aduaneros especiales, almacenaje, guinche y eslindaje.

2) Tasa por servicios aeronáuticos.

3) Tasa por servicios sanitarios recaudado por Aguas Argentinas por provisión de agua

corriente y por desagües cloacales.

4) Tasa de migraciones por entrada y salida de personas.

5) Tasa de Registro: Son aquellas que se abonan por los diferentes servicios prestados por

el Registro de la Propiedad Inmueble, Registro del Automotor, Registro de Créditos

Prendarios e Inspección de Personas Jurídicas.

6) Tasa de Justicia.



1) La tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación

efectiva o potencial de un servicio público inherente al Estado individualizado en el

contribuyente. (OEA/BID).

2) Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva

o potencial de un servicio en régimen de Derecho Público individualizado en el

contribuyente (CIAT).

3) La naturaleza tributaria de la tasa se basa en el hecho de tratarse de una prestación

exigida coactivamente por el Estado, lo que le asigna a la tasa el carácter de tributo.

4) Diferencia con el Impuesto: se refiere a la divisibilidad, en la tasa se puede determinar

el contribuyente, en cambio en el impuesto los servicios son indivisibles.

5) Diferencia con el precio: en la Tasa no es necesaria la prestación efectiva del servicio,

sino que basta la organización potencial del mismo.

6) En la fijación de las tasas se tiene en cuenta la capacidad contributiva del

contribuyente que debe satisfacerla.

7) La conceptualización de las tasas ha dado lugar a debates doctrinarios los cuales

versaron sobre la naturaleza tributaria de la tasa, la existencia de un servicio que

presta el Estado, la naturaleza del servicio prestado, la divisibilidad del servicio, la

voluntariedad, la ventaja, el destino de los fondos y la graduación de la tasa.

spsíntesis parcial




1) Analizar y desarrollar la doctrina del fallo “Cidecom Internacional S.A. yCidecom Internacional S.A. yCidecom Internacional S.A. yCidecom Internacional S.A. yCidecom Internacional S.A. y

Clarewood S.A. c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia – InspecciónClarewood S.A. c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia – InspecciónClarewood S.A. c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia – InspecciónClarewood S.A. c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia – InspecciónClarewood S.A. c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia – Inspección

General de Justicia s/ amparo Ley 16.986General de Justicia s/ amparo Ley 16.986General de Justicia s/ amparo Ley 16.986General de Justicia s/ amparo Ley 16.986General de Justicia s/ amparo Ley 16.986” del 12 de Septiembre de 1996, de

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala II.

(Publicado en Periódico Económico Tributario del 18/10/1996).

2) ¿Cual es el tributo analizado en la causa? Analizar el concepto de tasa que sostiene la sentencia

y compararlo con los conceptos del modelo de código tributario OEA/BID y del CIAT.

3) ¿Cual es el motivo por el cuál se declara la inconstitucionalidad del Decreto Nº 67/96?

Y VISTOS:

Estos autos “Cidecom Internacional S.A. y Clarewood S.A. c/ Estado Nacional -

Ministerio de Justicia- Inspección General de Justicia s/ Amparo Ley 16.986”, y

CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 100/103 vta. la señora juez de la anterior instancia hizo lugar al

amparo promovido por Cidecom Internacional S.A. y Clarewood S.A., y consecuentemente

declaró la inconstitucionalidad del art. 4 del decreto 67/96, por el que el Poder Ejecutivo

estableció que las sociedades por acciones van inscriptas en la Inspección General de Justicia

abonarán en la fecha que a tal efecto se establezca, tasa anual, cuyo monto se determine con

relación a la sumatoria del capital social de sus estatutos y de la cuenta ajuste del capital

resultante de sus estados contables, debiendo ingresarse la tasa de conformidad con la escala

establecida en el mencionado artículo y que en el caso asciende a la suma de $ 800.

Para así resolver consideró que si bien la cuantía de la tasa no es un elemento

que influya en su configuración jurídica, en el caso, dicho aspecto debe ser examinado,

en virtud de que para preservar el principio de legalidad es necesario que la norma contenga

todos los elementos esenciales para crear la obligación tributaria, y el aumento de la base

de cálculo no puede escindirse del ejercicio del poder tributario. Agregó que si bien en





materia tributaria, y dentro de un limitado marco, el Poder Legislativo puede delegar en el

Ejecutivo, no existe norma alguna que lo autorice a disponer el incremento de la tasa en

cuestión. Concluyó afirmando que para la actora el quántum de la imposición era irrazonable

y confiscatorio en relación al costo, perfilándose la norma como un verdadero impuesto

sin sustento legal.

2º) Contra lo así resuelto apeló y fundó su recurso el Estado Nacional a fs. 104/

118 argumentando que:

a) la prestación que impone el art. 40 del decreto 67/96 debe caracterizarse como

una tasa, b) la facultad reglamentaria conferida al Poder Ejecutivo por la Constitución

lo habilita para establecer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que

aun cuando no hayan sido expresamente previstas por el legislador, se ajustan al

espíritu de la norma reglamentada y sirvan razonablemente para la consecución de

la finalidad que esta última persigue. Señala al respecto que los órganos de gobierno

están facultados para la emisión de todos los actos que surjan implícitamente de las

normas y cuando a un poder se le encomiendan ciertos fines sin preverse los medios

adecuados, estos no pueden quedar exclusivamente circunscriptos al arbitrio del

legislador; c) al sancionar el decreto 67/96 el Poder Ejecutivo no ha establecido una

nueva tasa distinta de aquella que se venía percibiendo por el decreto 360/95 y sus

anteriores; d) realiza una serie de consideraciones sobre el destino de la tasa y de las

funciones que cumple la Inspección General de Justicia. Afirma que la circunstancia

de que se deba satisfacer un mayor importe en concepto de tasa no la convierte en

confiscatoria; e) la vía del amparo no es la idónea para dilucidar el tema porque la

actora debió agotar la vía administrativa, previo a la impugnación judicial.

3º) Que cuadra puntualizar, que el amparo promovido se ciñe al planteo de

inconstitucionalidad del régimen establecido por el art. 4º del decreto 67/96, por

contrariar el principio de legalidad en cuanto modifica los importes que se deben ingresar

en concepto de tasa anual con destino a la Inspección General de Justicia. En tales

condiciones, no le asiste razón al Estado Nacional cuando señala que su oponente debió

agotar la vía administrativa previo a la impugnación Judicial, en efecto, la mentada

inconstitucionalidad constituye el fundamento único sobre el que se basan las

pretensiones de la actora, y entiende el Tribunal que resulta un ritualismo inútil el exigir

a los administrativos, que sigan de manera ineludible y en extremo rigurosa en el orden

formal, el procedimiento reglado por el art. 24 de la ley 19.549, sobre todo si se considera

que la cuestión no puede ser dirimida en sede administrativa ya que es el Poder Judicial



el único habilitado para pronunciarse sobre la validez constitucional de las normas (C.S.

Fallos 306:911).

4º) Que sentado lo que antecede corresponde resolver si la sentencia apelada se

ajusta a derecho en cuanto declaró inconstitucional el decreto 67/96, en virtud del cual se intimó

el pago de $800, en concepto de tasa anual, habida cuenta que no se discute en autos la legitimidad

de dicha tasa -que se venia abonando-, sino sólo la que resulta de aplicación en virtud de lo establecido

por el art. 4º de aquel decreto.

5º) La demandada no analizó la cuestión constitucional planteada.

La tasa es un tributo porque es una obligación dineraria creada por el Estado en

ejercicio del poder de imperio y en virtud de la ley, exigida de modo coactivo para la

satisfacción de necesidades públicas. Su hecho imponible es la prestación efectiva o

potencial de un servicio por parte del Estado.

Su prestación es una suma de dinero y el sujeto pasivo de la obligación -el

contribuyente-, es quien recibe el servicio.

La Constitución Nacional atribuye al Congreso de la Nación la potestad para

crear tributos. La tasa es un tributo y consecuentemente, debe ser un acto de dicho

órgano el que la establezca.

6º) En relación a la mencionada potestad, esta Sala, en la sentencia recaída del

14 de abril de 1994, en los autos “Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.” señaló que el

ordenamiento jurídico argentino en relación a la materia tributaria reconoce como

principio fundamental el de legalidad de los tributos.

“Este principio significa que los tributos son creados por el órgano al que la

Constitución Nacional le ha conferido la atribución de ejercer el poder tributario del

estado” “La observación del principio de legalidad determina que dicho órgano fija los

elementos esenciales para la existencia del tributo. En este orden de ideas, deberá definir

el hecho generador de la obligación tributaria, los sujetos deudores del tributo y el monto

de éste o bien los elementos necesarios para liquidarlo”.

“La Constitución Nacional en su parte dogmática de ‘declaraciones, derechos y

garantías’ ha consagrado aquel principio como una protección formal del derecho de



propiedad. Así el artículo 17 del texto constitucional dispone quo, ‘sólo el Congreso impone

las contribuciones que se expresan en el artículo 4" y, a su vez, este artículo, enumera, entre

otros recursos, a las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población

imponga el Congreso Nacional.

“En la parte orgánica de la Constitución Nacional, en consonancia con lo

establecido en los arts. 4 y 17, el art 67 (ahora 75) enumera las atribuciones del Congreso

de la Nación, en su inciso 2º, le confiere la de imponer, de modo transitorio, contribuciones

directas proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación cuando lo exijan la

defensa, seguridad común y bien general del Estado”.

“De lo expuesto, resulta, con claridad, que en nuestro ordenamiento

constitucional es el Congreso de la Nación el órgano que ejerce el poder tributario del

Estado. En otras palabras, el órgano que expresa la voluntad popular es el que ejercita la

facultad de crear tributos. Por esta razón, la Constitución Nacional prevé en su art. 44

(ahora 52) que a la Cámara de Diputados le corresponde ‘exclusivamente’ la iniciativa de

las leyes sobre contribuciones”.

Las normas son suficientemente claras para entender que se trata de una

facultad conferida exclusivamente al Congreso de la Nación y que ellas constituyen un

límite infranqueable para las atribuciones de otros poderes del Estado.

7º) Que en el caso que nos ocupa la ley 22.315 regula IRS funciones, facultades

y procedimientos de la Inspección General de Justicia y el decreto 360/95 estableció

mecanismos para la determinación y el cobro de las tasas multas que percibe

(considerandos del decreto 67/96). El decreto 67/96, cuya constitucionalidad se discute

en autos, estimó conveniente reformular esos mecanismos y por su artículo 4, fijó las

tasas anuales que las sociedades por acciones inscriptas deberían abonar por los servicios

prestados por ese organismo.

En otras palabra, estableció la obligación tributaria, sustituyendo, de tal modo

al legislador.

Se trata de una sustitución de funciones que no está permitida por el texto

constitucional, porque el crear tributos es una actividad reservada al Congreso de la Nación.



La misma Constitución Nacional, después de la reforma del año 1994,

expresamente dispone que ni aun en casos de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo

puede asumir funciones legislativas en materia tributaria (art 99).

8º) Frente a esta clara asignación de funciones que establece la Constitución

Nacional no puede argumentarse que el decreto 67/96 constituye el ejercicio de la facultad

reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Si bien es cierto que la facultad constitucional que consagra el art. 99 inc. 2º de la

Constitución Nacional (art. 86, inc. 2º del texto anterior a la reforma de 1994) debe ejercerse,

de modo tal que el Poder Ejecutivo de la Nación no altere el espíritu de la ley “porque de otro

modo el poder legislativo estaría completamente sometido al ejecutivo” (Estrada JoséEstrada JoséEstrada JoséEstrada JoséEstrada José

ManuelManuelManuelManuelManuel, “Curso de Derecho Constitucional”, Ed. Científica y Literaria Argentina, T. III, pág.

287, segunda edición, año 1927, en los autos no se trata del ejercicio de dichas facultades,

aunque los considerandos del decreto 67/96 así lo puntualicen.

La obligación tributaria la debe establecer el legislador, porque la Constitución

Nacional así lo exige. Si el Poder Ejecutivo lo establece, el Poder Ejecutivo legisla. Hace lo

que la Constitución Nacional le impide. Cuando así procede, no pone en ejecución la ley,

no la aclara, ni complementa. Sustituye al legislador.

9º) A lo expuesto, debe agregarse una segunda consideración. Las razones

prácticas que puedan invocarse no puede llevar a invalidar la Constitución Nacional.

Si el legislador estima conveniente que se deba abonar una tasa por los servicios

que presta la Inspección General de Justicia, lo que debe hacer es establecer el tributo.

Si no lo hace, por más conveniente y razonable que parezca, el Poder Ejecutivo

no puede arrogarse el ejercicio de una función exclusiva del Congreso de la Nación.

La exigencia constitucional de que cada uno los poderes del Estado ejerza sus

propias atribuciones, sin invadir los ámbitos reservados a los otros está motivada por la

necesidad de asegurar una adecuada distribución de potestades que proteja los derechos

de los habitantes de la Nación. El principio de legalidad está inserto en el delicado equilibrio

de potestades construido por los constituyentes, toda vez que tiende a garantizar el

derecho de propiedad y a preservar, de este modo, la seguridad jurídica de quienes habitan

el suelo argentino.



10) Por lo demás, el decreto 67/96 no invoca, ni se ha aducido en los autos que

se verifique algún supuesto de excepción a la prohibición expresa del art. 76 de la

Constitución Nacional.

11) Que tampoco puede prosperar la tesis por la que se sostiene que cuando a

un organismo se le confieren ciertas funciones y no se le otorgan fondos, su determinación

no puede quedar al arbitrio del legislador, no sólo porque es de la esencia del gobierno

representativo la exclusiva facultad legislativa de levantar impuesto y fijar los gastos del

Estado (Fallos 182:411, 102;6341), sino por que -como se dijo-, no le está permitido al

Poder Ejecutivo, bajo ninguna circunstancia, legislar sobre materia tributaria

Lo expuesto es suficiente para desechar la tesis del Estado Nacional.

12) Que no puede tener incidencia alguna para la solución de la causa las

consideraciones sobre el destino de la tasa, como tampoco las reflexiones acerca de la

necesidad que tiene la Inspección General de Justicia de proveerse de los recursos que

genera la mencionada tasa para cumplir con las funciones que le fueron encomendadas,

por que no existe impedimento alguno -mientras el Congreso de la Nación no la establezca-

, para que estas sean efectuadas con los recursos provenientes de rentas generales.

13) Que por lo expuesto corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto

declaró la inconstitucionalidad del decreto 67/96 en relación al importe que deben abonar

los recurrentes a la Inspección General de Justicia, por la tasa anual retributiva

correspondiente al ano 1996. ASI SE RESUELVE.

La Dra. M. I. Garzón de Conte Grand no suscribe la presente por hallarse en uso

de. licencia (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y devuélvase. - Jorge Héctor

Damarco. - Marta Herrera.



1) Elabore una definición de Tasa en orden a los distintos conceptos estudiados.

2) Enumere y explique brevemente las distintas tasas que establece el Municipio de su

jurisdicción/localidad.

3) Confeccionar un cuadro sinóptico de donde surjan las diferencias entre el impuesto

y las tasas.





(DESARROLLO)

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

De acuerdo a lo expuesto, corresponde analizar la tercera especie de recursos

tributarios, denominado Contribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones Especiales, al efecto se exponen las

definiciones sentadas en los modelos de códigos de OEA/BID y del CIAT.

La Contribución especial opera como compensación de los beneficios obtenidos

por determinadas personas como consecuencia de la realización de obras públicas o de

la actividad del Estado.

El modelo de código tributario OEA/BID, (artículo 17) entiende por

Contribuciones Especiales a aquel tributo que tiene como hecho generador de la obligación

tributaria, beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades

estatales, cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o

las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.

El modelo de código del CIAT en su artículo 12 entiende que contribución

especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios especiales

derivados de la realización de obras públicas, prestaciones sociales y demás actividades

estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o

las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.

Esta última definición es mucho más amplia, comprende a todo tipo de

contribuciones especiales, incluyendo la contribución de mejoras que veremos más

adelante, y las contribuciones de la seguridad social.

La contribución especial se diferencia del impuesto, en que la contribución

requiere la intervención directa del Estado, por estar a expensas del resultado ventajoso

3.7 Contribuciones especiales. Noción general.



de ese accionar, en cambio en el impuesto no es necesario individualizar la actividad que

ha de desempeñar el Estado.

La diferencia con la tasa radica en que el accionar del Estado en la contribución,

ha de ser efectivo y, en cambio en la tasa el accionar del Estado, si bien también es

individualizado, puede resultar potencial.

La contribución especial se diferencia de los impuestos y las tasas, porque en

este tipo de tributo, el fin que se busca es el beneficio particular, o sea, la obtención de

determinada ventaja especial a favor de algunas personas, excluyendo de ese beneficio

al resto de la comunidad.

De acuerdo a las definiciones expuestas en los párrafos precedentes, se puede

observar que el término “Contribuciones especiales” resulta sumamente amplio,

comprendiendo a las contribuciones de mejoras, el peaje y todas las contribuciones que

se elaboren en ciernes del fin social o económico.

También se incluyen en la definición del modelo de código del CIAT a las

prestaciones sociales, o sea contribuciones de la seguridad social las que están a cargo de

patronos y trabajadores que integran los grupos beneficiados, destinados a la financiación

del servicio de previsión. La denominación “Contribuciones para la Seguridad Social” ha

sido la que se ha utilizado en mayor medida en América Latina.

El Dr. Dino JarachDino JarachDino JarachDino JarachDino Jarach no comparte la inclusión de los aportes y contribuciones de

la seguridad social dentro del concepto de contribución especial, toda vez que considera

que resulta dudoso que el empleador se considere beneficiado en forma especial por el

sistema de seguridad social que protege a los empleados, salvo en la forma genérica de

la paz social, de la cual gozan las empresas.

No obstante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Ingenio La

Esperanza S.A. c/Caja de Subsidios Familiares” (La Ley Tº 136, Pág.182) le ha negado

naturaleza jurídica a estas contribuciones, entendiendo que la contribución patronal

(Decreto 7814/57) no es una contribución de carácter impositivo, sino que es una carga

de orden social con la cual se forma un fondo que administra y dirige la Caja de Subsidios

Familiares para el Personal de la Industria.

De lo expuesto, podemos concluir que el tributo se caracteriza por la existencia

de un beneficio a una persona o grupo social determinado.



El criterio utilizado a efectos de establecer el quantum de la contribución especial

está dado por el grado del beneficio obtenidobeneficio obtenidobeneficio obtenidobeneficio obtenidobeneficio obtenido por el particular. Recordemos que la

contribución implica generalmente la construcción de una obra pública, lo que significa

obtener ventajas económicas, como por ejemplo que se incremente el valor del bien en

orden a dicha obra.

A efectos de clasificar a las contribuciones especiales, nos limitaremos a

considerar a las Contribuciones de Mejoras y el Peaje.

A efectos de conceptualizar a la contribución de mejoras el Dr. José MaríaDr. José MaríaDr. José MaríaDr. José MaríaDr. José María

MartínMartínMartínMartínMartín2222222222 manifiesta que este tributo encierra la idea de compensación por un beneficio

patrimonial, y lo define como “la prestación obligatoria debida en razón de un aumento o de

un incremento del valor venal de la propiedad inmueble derivada de la realización de la obra

pública”.

La contribución de mejoras ha sido utilizada en nuestro país desde antiguo,

especialmente en el caso de obras viales, por lo que se gravaba a los propietarios de los

inmuebles que se beneficiaban con esa construcción, entendiendo que la misma,

valorizaba inmobiliariamente a su propiedad.

La Contribución de mejoras es la instituida para costear la obra pública, que

produce una valorización inmobiliaria, tiene como límite total el gasto realizado y como

límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos ha dispuesto que las

leyes que establecen la contribución de mejoras han de referirse necesariamente al cobro de

los beneficios efectivos y no de aquellos meramente hipotéticos, para que sea legítimo.

Como vimos en el acápite anterior este motivo es precisamente el que diferencia

a las contribuciones de la tasa. El accionar del Estado sobre la construcción de determinada

obra pública ha de ser efectivo, no potencial.

En aquellos países de régimen federal, los distintos niveles de gobierno se

encuentran facultados para instaurar contribuciones de mejoras. Por ende, en nuestro país,

22 MARTIN, José María. Ob. cit.

3.8 Contribución de mejoras.



tanto el Estado Nacional, como las Provincias y los Municipios, pueden utilizar este tributo

a efectos de solventar las obras públicas que consideren necesarias para su comunidad.

Este tributo le otorga mayor elasticidad al sistema tributario porque se crea en

el momento en que es necesario realizar una determinada obra.

La contribución de mejoras debe instituirse a través de una norma legal, por

aplicación del principio de legalidad, la que indicará el monto de la contribución, el que

se debe exigir con carácter de pago único (aún cuando pueda abonarse en cuotas).

En relación a la cuantía de la contribución de mejoras, el mismo no puede exceder

el valor venal equivalente al beneficio económico que sufrió la propiedad a raíz de la

obra pública.

Se entiende por valor venal al precio por el cual se puede vender la propiedad

en ese momento. Sería, en caso del inmueble, el valor de la tasación para su venta en el

momento en que ésta se beneficia con la obra pública.

La construcción de determinada obra pública puede en ocasiones ser solventada

en parte, por algunos de los niveles de gobierno, y un porcentaje aparte por los propietarios

que obtengan beneficios en el valor de sus propiedades.

Características:

a) La contribución ha de ser exigida en virtud de una norma legal, respetando el

principio de legalidad.

b) La contribución se debe establecer en orden a la construcción de una Obra Pública.

c) Esa Obra Pública debe realizarse en un bien de dominio público.

d) Debe producir un beneficio.

e) Que ese beneficio, en general, se produzca en el ámbito de difusión radial, para

determinar quienes son los que contribuirán en orden al grado del beneficio obtenido.

f) La contribución ha de ser abonada por un pago único, pudiendo desdoblarse en cuotas.



g) La contribución no puede superar el monto del valor venal que le otorgó a la

propiedad beneficiada por la obra pública.

El PeajeEl PeajeEl PeajeEl PeajeEl Peaje.....

Este tipo de contribución se exige en aras a la construcción de determinada

obra vial, en orden a la ventaja o beneficio que el contribuyente obtendrá en el uso de

esta vía. La finalidad del peaje consiste en la amortización de los gastos de construcción

y mantenimiento de esa obra.

La naturaleza del peaje divide a la doctrina. Algunos entienden que se trata de

una Tasa, otros de una contribución especial y algunos ven en el Peaje un tributo autónomo.

No obstante ello, nosotros entendemos que el Peaje es una contribución especial cuando

quien recauda es el Estado en forma directa.

Atento a lo expuesto definimos al Peaje como la contribución especial que

recauda el Estado, por la utilización de la obra vial, en beneficio del contribuyente.

José María MartínJosé María MartínJosé María MartínJosé María MartínJosé María Martín2323232323,,,,, entiende que “el Peaje es, pues, definible como el tipo

de contribución especial exigida a los usuarios de una obra vial, por el beneficio o la

ventaja obtenida para su uso y cuya exclusiva finalidad es la de amortizar los gastos de

construcción, de mantenimiento y de servicios de dicha obra.”

Otros TributosOtros TributosOtros TributosOtros TributosOtros Tributos.....

No obstante la clasificación de los tributos expuesta anteriormente, cabe

señalar que actualmente la doctrina entiende que esa clasificación se ha visto

desbordada por otros tributos que merecen una atención especial. Podemos

incorporar en esa clasificación al Empréstito Forzoso y a las Contribuciones

Parafiscales.

Por lo tanto podemos efectuar el siguiente cuadro a efectos de incorporar estos

nuevos institutos.

23 MARTIN, José María. Ob. cit.



Impuestos.

Tasas.

Contribución de Mejoras.

Tributos Contribuciones Especiales

Peaje.

Empréstito Forzoso.

Contribuciones Parafiscales.

Empréstito ForzosoEmpréstito ForzosoEmpréstito ForzosoEmpréstito ForzosoEmpréstito Forzoso.....

El empréstito forzoso consiste en utilizar el poder de imperio del Estado a efectos

de captar la riqueza de los contribuyentes de alta capacidad económica, con la promesa

de reintegro de esos montos y sus intereses.

De lo expuesto se desprende que el empréstito consiste en prestar dinero al

Estado, ante una medida de emergencia económica, comprometiéndose el mismo, a

reintegrarlo en un tiempo determinado y con el interés estipulado.

En este tipo de tributos, el Estado se compromete a devolver el capital, pero los

contribuyentes obligados a contribuir, pierden la voluntariedad de aceptación que caracterizan

a los empréstitos como recursos del Estado (clasificados como patrióticos o voluntarios).

Por lo tanto estamos ante empréstitos que, por fuerza de ley, deben suscribir

aquellos individuos que la norma considera que cuentan con cierta capacidad contributiva.

No obstante esa falta de voluntariedad el Estado establece una tasa de interés

sensiblemente inferior a la ofrecida en el mercado.

La naturaleza tributaria de este tributo surge de la coerción al momento de la

suscripción, hay un presupuesto de hecho definido en el texto legal que, de producirse,

da nacimiento a la obligación de suscribir el empréstito en la cantidad, precio y demás

condiciones que la ley establezca.

Debemos recordar que nuestro país instituyó este tributo en la Ley Nº 23.256 a

través del Ahorro Obligatorio y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha



pronunciado a favor de la constitucionalidad del mismo en los casos “Indo S.A. c/Fisco Nacional

(DGI) s/repetición” y “Horvath, Pablo c/Fisco Nacional (DGI) s/ordinario (repetición)”

Contribuciones ParafiscalesContribuciones ParafiscalesContribuciones ParafiscalesContribuciones ParafiscalesContribuciones Parafiscales.....

En principio corresponde señalar que la expresión parafiscalidad hace referencia

a contribuciones que no cumplen estrictamente con los principios clásicos del derecho

tributario, ello en tanto son tributos recaudados no con el fin de solventar necesidades

públicas, sino que el destino de los fondos trasciende el marco de ingreso público, para

transformarse en ingresos directos de aquellos organismos que los recaudan.

El Dr. Héctor B. VillegasHéctor B. VillegasHéctor B. VillegasHéctor B. VillegasHéctor B. Villegas2424242424 define a las contribuciones parafiscales como

aquellas “exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su financiamiento

autónomo”.

La contribución parafiscal es exigida de forma coactiva por el Estado, pero siempre

a favor de un ente público y la finalidad de este tributo es la financiación de esos organismos.

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas:::::

a) La recaudación de este tributo no forma parte del presupuesto estatal.

b) No es recaudado por los organismos recaudadores del Estado, sino que los

recaudan los organismos descentralizados.

c) El monto recaudado no ingresa al Tesoro Nacional sino que ese dinero pasa

a formar parte del financiamiento del propio ente.

d) No tiene afectación especifica a una actividad concreta.

En caso de que no sea posible definir por su letra o por su espíritu el alcance y

sentido de las normas se atenderá a las normas del Derecho Privado en forma supletoria,

a efectos de interpretar el verdadero contenido y significado de las mismas.

24 VILLEGAS, Héctor B. Ob. cit.

3.9 Interpretación de las normas tributarias. Analogía.



Las normas tributarias son interpretadas con los métodos aceptados en Derecho

pero hay métodos que son excepcionales porque se considera que las normas tributarias

son normas excepcionales, no ordinarias, que incluso pueden afectar la propiedad y la

libertad.

El método excepcional In dubio contra fiscum (intensivo) surge del Digesto

Romano en cuanto no se puede considerar que una persona delinque si existe duda, por

lo tanto este método se pronuncia a favor del contribuyente

Esta interpretación es contraria a los intereses del Fisco. Sin embargo

corresponde señalar según, el Dr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino JarachDr. Dino Jarach, que la duda debe versar sobre los hechos

(falta de prueba) porque el Fisco, en primer lugar, debe probar que se generó el hecho

sujeto a imposición para luego poder exigir el pago del tributo.

Respecto al método excepcional In dubio pro fiscum (extensivo) se sostiene

que, para evitar la desigualdad, en caso de duda, hay que estar a favor del Fisco.

In dubio contra fiscum.

Excepcionales

In dubio pro fiscum.

Métodos Histórico.

Objetivo.

Generales Subjetivo.

Ordinarios Objetivo-Subjetivo.

Literal.

Funcional.

Específicos

Significación Económica.



En general, la doctrina moderna rechaza el carácter de excepcional y

extraordinario de las normas tributarias. El legislador en la mayoría de los casos expresa

en la norma con claridad cual es su voluntad y su intención.

A efectos de analizar el método ordinario general de interpretación corresponde

señalar que éste hace referencia a la idea que tuvo el legislador al momento de elaborar la

norma. El método históricohistóricohistóricohistóricohistórico busca la interpretación en el contexto social en que la norma

fue elaborada. El objetivo objetivo objetivo objetivo objetivo indaga la voluntad del legislador; el subjetivo,subjetivo,subjetivo,subjetivo,subjetivo, la intención y el

método objetivo-subjetivo,método objetivo-subjetivo,método objetivo-subjetivo,método objetivo-subjetivo,método objetivo-subjetivo, la voluntad presenta finalmente el método ordinario general

literalliteralliteralliteralliteral analiza el significado de las palabras.

Respecto a los métodos ordinarios específicos, la interpretación de la norma se

basa en descubrir el sentido y el alcance de la misma. La Ley Nº 11.683 (Texto ordenado en

1998 y sus modificaciones) establece dos métodos específicos de interpretación del Derecho

Tributario.

Los métodos son de acuerdo a la clasificación mencionada anteriormente:

a) El método funcional, es decir, del fin, de la función o finalidad, y

b) El método de la significación económica.

El artículo 1º de la Ley Nº 11.683 (Texto ordenado en 1998 y sus modificaciones)

dispone que “en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas

sujetas a su régimen se atenderá al fin de las mismas, y a su significación económica. Sólo

cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas,

conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas,

conceptos y términos del derecho privado”.

A efectos de definir el método funcional funcional funcional funcional funcional del fin, de la función o finalidad podemos

señalar que este método forma parte de la concepción integral de las Finanzas Públicas. Como

vimos en las unidades previas, la actividad financiera del Estado se forma con un conjunto de

fenómenos financieros, indivisibles, complejos e inescindibles. Deben reconocerse, no obstante,

por lo menos cinco aspectos: el político, el económico, el social, el técnico y el jurídico.el político, el económico, el social, el técnico y el jurídico.el político, el económico, el social, el técnico y el jurídico.el político, el económico, el social, el técnico y el jurídico.el político, el económico, el social, el técnico y el jurídico.

A esta última concepción se la debe complementar con la extrajuridicidad de la causa dela extrajuridicidad de la causa dela extrajuridicidad de la causa dela extrajuridicidad de la causa dela extrajuridicidad de la causa de

las obligaciones tributarias,las obligaciones tributarias,las obligaciones tributarias,las obligaciones tributarias,las obligaciones tributarias, en dos conceptos, tales como, la capacidad contributiva y los

beneficios que se derivan para el contribuyente del servicio que presta el Estado.



De lo expuesto podemos concluir que la capacidad contributiva es la causa

inmediata y dentro de su concepción la causa mediata son los beneficios que percibe el

contribuyente debido a un servicio que presta el Estado. Dentro de esta unidad

conceptual las normas tributarias han de ser interpretadas siguiendo las siguientes

pautas:

1) Establecer con claridad cuál es el fin de la norma tributaria.

2) Desmenuzar los aspectos políticos, económicos, técnicos, sociales y jurídicos.

3) Determinar la capacidad contributiva afectada como método tácito para

interpretar la norma tributaria.

El método de la significación económica significación económica significación económica significación económica significación económica tiene como propósito fundamental

permitirle a los jueces apartarse de la estructura conceptual que exige el análisis lógico y

racional, permitiendo interpretar las normas tributarias de manera tal de prescindir de

formas o estructuras jurídicas inadecuadas. De esta manera, se permite aplicar las

verdaderas estructuras jurídicas de acuerdo a la realidad de los hechos o realidad

económica que pretendió aplicar la norma.

Los jueces pueden apartarse del formalismo conceptual de la norma, y

prescindiendo de la figura o apariencia engañosa, aplicar las normas tributarias en virtud

de éste método de interpretación.

La AnalogíaLa AnalogíaLa AnalogíaLa AnalogíaLa Analogía.....

Significa aplicar a un caso determinado una norma que se haya utilizado en un

caso semejante. La mayoría de la doctrina acepta la analogía, pero con ciertas restricciones

al respecto, entendiendo que por analogía, por ejemplo, no se pueden crear tributos.

El artículo 6º del Modelo de Código Tributario para América Latina CIAT

establece que “Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos

admitidos en Derecho. En tanto no se definan por el ordenamiento tributario los términos

empleados en sus normas, se entenderá conforme a su sentido jurídico, técnico o usual,

según proceda. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos

el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones, ni el de los ilícitos tributarios.”



Por lo tanto, conforme al principio de legalidad se rechaza la aplicación de la

analogía en cuanto a través de ella se intente crear o eximir tributos, etc., mas allá de la

interpretación estricta de la norma tributaria.

No obstante lo expuesto el Dr. Héctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor VillegasHéctor Villegas2525252525 entiende que no habría

inconvenientes en la utilización de la analogía, en materia de derecho tributario formal

y derecho tributario procesal, donde serían frecuentes los vacíos legales y la obligada

remisión a principios contenidos en leyes análogas.

25 VILLEGAS, Héctor B. Ob. cit.



1) Se entiende por contribución especial, aquel tributo que tiene como hecho generador

de la obligación tributaria, beneficios derivados de obras públicas o de actividades

estatales, cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las

obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación (OEA/BID).

2) Podemos clasificar a las contribuciones especiales en contribución de mejoras y el

peaje.

3) La contribución de mejoras se instaura a efectos de costear la obra pública.

4) La contribución de mejoras no puede exceder el valor venal equivalente al beneficio

económico de obtuvo la propiedad.

5) El peaje se exige en orden a la construcción de obra vial.

6) A efectos de incorporar nuevos institutos la doctrina entiende que deberían

mencionarse el empréstito forzoso y las contribuciones parafiscales.

7) Para la interpretación de las normas tributarias se utilizan a efectos de lograr una

mayor precisión, los métodos ordinarios específicos funcional y de la significación

económica.

spsíntesis parcial




1) Analice y desarrolle la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación “Horvath, Pablo c/Fisco Nacional – DGI” del 4 de Mayo de 1995. (L.L.

Impuestos Tº LIII-B pág. 1655).

2) ¿Cuál es el tributo analizado en la causa? Clasifíquelo.

3) ¿Qué opinión le merece el tratamiento formulado en relación a lo

manifestado por la actora, respecto de los intereses y la desvalorización

monetaria?

4) De acuerdo a las disidencias planteadas, opte por una de ellas y fundamente

su respuesta.





1) ¿Cómo definiría a las contribuciones especiales?

2) ¿Cuál es la diferencia entre Contribución de mejoras y tasas?

3) ¿Cuál es el límite máximo para calcular el valor de la contribución de mejoras?

4) De acuerdo a la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

“Horvath, Pablo c/Fisco Nacional – DGI” del 4 de Mayo de 1995, explique brevemente

los fundamentos de la Corte.

5) ¿Cuáles son los métodos de interpretación de las normas tributarias?





1) El Derecho Tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la aplicación,

percepción y fiscalización de los tributos.

2) Debemos diferenciar las normas de contenido general de las normas de contenido

especial.

3) Autonomía significa ser gobernado por sus propias leyes. Al efecto esa autonomía

puede ser didáctica, estructural o dogmática.

4) El derecho tributario a su vez, se subdivide en otras ramas, a saber, el derecho

constitucional tributario, el derecho administrativo tributario, el derecho

internacional tributario, el derecho tributario sustantivo y el derecho procesal

tributario.

5) Según la doctrina, la codificación se puede calsificar en distintos tipos: la

codificación limitada, la codificación amplia y la codificación total.

6) El derecho financiero se puede definir como el conjunto de normas que regula las

relaciones jurídicas que se originan en ejercicio del poder de imperio del Estado.

7) Podemos definir al tributo como la prestación en dinero que el Estado exige a

través de su poder de imperio, por ley, para cubrir las necesidades publicas.

8) Podemos clasificar a los tributos, en impuestos, tasas y contribuciones especiales,

sin embargo la doctrina, actualmente a incorporado a esta clasificación a los

empréstitos forzosos y a las contribuciones parafiscales.

9) El impuesto se define como aquel cuya obligación tiene como hecho generador

una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.

(OEA/BID y CIAT).

sfsíntesis final




10) Los impuestos se pueden clasificar en impuestos directos o indirectos, impuestospersonales o reales e impuestos de monto fijo, o de alicuotas propocionales o progresivas.

11) Los efectos económicos de los impuestos se pueden establecer en cuatro etapasdenominadas de la percusión, de la traslación, de la incidencia y de la difusión.

12) La tasa se caracteriza por la prestación de determinado servicio público individualizadoen un contribuyente.

13) La tasa sólo tendrá lugar cuando exista la prestación de un servicio por parte del Estado,la que puede ser potencial o efectiva, según el análisis efectuado por distintos doctrinarios.

14) La diferencia entre la tasa y el impuesto radica en la divisibilidad.

15) Al momento de fijar el quantum de la obligación, la tasa toma en consideración lacapacidad contributiva del contribuyente obligado .

16) Las contribuciones especiales pueden clasificarse en contribución de mejoras y en elpeaje.

17) El quantum de la contribución especial esta dado por el grado del beneficio obtenidopor el particular.

18) La contribución de mejoras es la prestación debida en razón de un aumento o incrementodel valor venal de la propiedad inmueble derivada de la realización de la obra pública.

19) EL peaje se exige en virtud del beneficio (ventaja) por la utilización de determinadaobra vial.

20) El empréstito forzoso es el medio por el cual el Estado puede captar la riqueza de loscontribuyentes de alta capacidad contributiva, con la promesa de reintegro de dichosmontos.

21) Las contribuciones parafiscales son recaudadas por un ente público no estatal.

22) Los métodos de interpretación de la norma tributaria surgen del artículo 1 y 2 de la LeyNº 11.683 (Texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) y se denominan, el métodofuncional del fin, de la función o finalidad y el método de la significación económica.

23) Conforme al principio de legalidad se rechaza la aplicación de la analogía, en cuanto

la misma se intente aplicar a efectos de crear o eximir tributos, etc.



A continuación se enumeran una serie de gastos que el Estado debe cubrir, a

través de distintos tributos. Asimismo, hay gastos que el contribuyente debe solventar.

Identifique qué tipo de tributos corresponden a cada erogación.

GASTOS TRIBUTO

1) Gastos del Estado originados por servicios de

salud en hospitales públicos.

2) Gastos de pavimentación de una calle.

3) Gastos originados en el servicio de alumbrado,

barrido y limpieza de la ciudad.

4) Gastos del Estado originados por el

mantenimiento de una autopista (obra vial).

5) Gastos del Estado originados por relaciones

exteriores.

6) Gastos originados en la prolongación de la

línea de subterráneos.

7) Un abogado paga la matricula profesional en

el colegio público.

8) Un abogado al iniciar un juicio paga por el

servicio de justicia.

9) El Estado debe cubrir gastos de educación

primaria pública.

10) El Estado debe cubrir gastos por el servicio de

seguridad.

afactividad final




Amortizar:Amortizar:Amortizar:Amortizar:Amortizar: redimir el capital de un censo, préstamo u otra deuda a través de

un tiempo y método determinado.

CIAT:CIAT:CIAT:CIAT:CIAT: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.

Poder de Imperio:Poder de Imperio:Poder de Imperio:Poder de Imperio:Poder de Imperio: es el poder que tiene el Estado en ejercicio de sus

atribuciones con el fin de obtener recursos para satisfacer las necesidades

públicas.

Valor venal:Valor venal:Valor venal:Valor venal:Valor venal: valor de la propiedad de acuerdo a la tasación al momento de la

venta.

glglosario




(BIBLIOGRAFIA DE LA UNIDAD III)

a) VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario.

Editorial Depalma.

a) JARACH, Dino. Finanzas Públicas y derecho tributario. Editorial Cangallo.

b) MARTIN, José María. Derecho Tributario Argentino. Ediciones CIMA.

a) SANZ DE URQUIZA, Fernando G. La interpretación de las leyes tributarias.

Editorial Abeledo – Perrot.



Bibliografía obligatoria.

Dcho financiero tomo_1_sin_tp

Career

Transcript of Dcho financiero tomo_1_sin_tp