Colombia Internacional No. 84

Colombia Internacional84

R E V I S TA D E L D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A FA C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S • U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S

ISSN 0121-5612 • Mayo-agosto 2015 • http://colombiainternacional.uniandes.edu.co

Revista del Departamento de Ciencia PolíticaFacultad de Ciencias Sociales • Universidad de los Andes • Bogotá, Colombia

ISSN 0121-5612 • EISSN 1900-6004

Carrera 1 No. 18ª-10 • +57 1 339 4949, extensión [email protected] • http://colombiainternacional.uniandes.edu.co

Las opiniones e ideas aquí consignadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la

opinión del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para uso personal o en el aula de clase siempre y

cuando se mencionen como fuente al autor, el artículo y a la revista Colombia Internacional del Departamento de

Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario contar con

la autorización del Comité editorial de Colombia Internacional.

Colombia Internacional

Rector de la Universidad de los AndesPablo Navas Sanz de Santamaría

Decano de la Facultad de Ciencias SocialesHugo Fazio Vengoa

Director del Departamento de Ciencia PolíticaJuan Carlos Rodríguez Raga

Editora de la Facultad de Ciencias SocialesMartha Elisa Lux Martelo

FundadoresJuan Gabriel Tokatlian

Rodrigo PardoFernando Cepeda Ulloa

Comité asesor eméritoAnn MasonFrancisco Leal

EditorCarlo Nasi

Universidad de los Andes (Colombia)

Corrección de estilo y traducciónEspañol

Guillermo Díez

InglésCatherine Mansfield

PortuguésRoanita Dalpiaz

ImpresiónPanamericana Formas e Impresos S. A.

Diseño y diagramaciónVíctor Gómez

Imagen de portadaJaime Tarazona, 2014Poliuterano sobre madera120 x 140 cm c/u polípticoFotografía: Álvaro CasanovaGalería NueveochentaBanco de Archivos DigitalesDepartamento de Arte, Universidad de los Andes

Equipo informáticoClaudia Vega Freddy Cortés

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Coordinador editorialNorman Mora Quintero Universidad de los Andes (Colombia)

Comité editorial

Comité científico

H

David Altman

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

Flavia Freidenberg

Universidad Nacional de México (México)

Mónica Hurtado

Universidad de La Sabana (Colombia)

Aníbal Pérez-Liñán

University of Pittsburgh (EE. UU.)

Lucio Rennó Universidade de Brasilia (Brasil)

Angelika Rettberg Universidad de los Andes (Colombia)

Martín Tanaka

Instituto de Estudios Peruanos (Perú)

Arlene Tickner

Universidad de los Andes (Colombia)

Manuel Alcántara Sáez Universidad de Salamanca (España)

Barry Ames

University of Pittsburgh (EE. UU.)

Octavio Amorim Neto Escola Brasileira de Administração Pública

e de Empresas (Brasil)

Peter Andreas

Brown University (EE. UU.)

Bruce Bagley

University of Miami (EE. UU.)

Ana María Bejarano

University of Toronto (Canadá)

Daniel Buquet Universidad de la República (Uruguay)

Ernesto Calvo

University of Maryland (EE. UU.)

Royce Carroll Rice University (EE. UU.)

Daniel Chasquetti Universidad de la República (Uruguay)

Brian Crisp

Washington University in St. Louis (EE. UU.)

Scott Desposato University of California, San Diego (EE. UU.)

Mark Jones Rice University (EE. UU.)

Steven Levitsky Harvard University (EE. UU.)

Germán Lodola Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)

Juan Pablo Luna Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

Mariana Llanos

GIGA Institute of Latin American Studies (Alemania)

Scott Mainwaring University of Notre Dame (EE. UU.)

María Victoria Murillo

Columbia University (EE. UU.)

Ana María Mustapic

Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)

Gabriel Negretto Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (México)

Carlos Pereira Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Brasil)

Cristóbal Róvira Kaltwasser

Universidad Diego Portales (Chile)

Mitchell Seligson Vanderbilt University (EE. UU.)

William C. Smith

University of Miami (EE. UU.)

Richard Snyder Brown University (EE. UU.)

Juan Gabriel Tokatlian Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)

Colombia Internacional agradece la colaboración de las siguientes personas que participaron

como árbitros de este número

Rosa Elizabeth Acevedo Marín, Universidade Federal do Pará (Brasil)Emanuele Amodio, Universidad Central de Venezuela (Venezuela)

Rocío Annunziata, Universidad de Buenos Aires (Argentina)Cecilia Baeza, Fundação Getúlio Vargas (Brasil)

Margarita Batlle, Universidad Externado de Colombia (Colombia)Fernando Bazán, Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo (Argentina)

Teresa Botelho, Universidade Nova de Lisboa (Portugal)Paulo Afonso Brardo Duarte, Université Catholique de Louvain (Bélgica)Hortensia Caballero Arias, Centro de Antropología del IVIC (Venezuela)

Alexandre Fuccille, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Brasil)Rafael Grasa, Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Valerie M. Hudson, Texas A&M University (EE. UU.)Oliver Kaplan, University of Denver (EE. UU.)

Santiago Leyva Botero, Universidad EAFIT (Colombia)Viridiana Molinares Hassan, Universidad del Norte (Colombia)

João Paulo Nunes Vicente, Centro de Investigação de Segurança e Defesa, Instituto de Estudos Superiores Militares (Brasil)

Luis Javier Orjuela, Universidad de los Andes (Colombia)Yennesit Palacios Valencia, Universidad Pablo de Olavide (España)

Ezequiel Eduardo Parma, Universidad de Talca (Chile)Sebastián Pereyra, Universidad Nacional de San Martín (Argentina)

José Francisco Puello Socarrás, Escuela Superior de Administración Pública (Colombia)Angelika Rettberg, Universidad de los Andes (Colombia)Andrés del Río, Universidade Federal Fluminense (Brasil)

Emilia Simison, Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)Maria Regina Soares de Lima, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil)María Laura Tagina, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional

de La Matanza (Argentina)Winifred Tate, Colby College (EE. UU.)

Arlene B. Tickner, Universidad de los Andes (Colombia)Luis Fernando Trejos Rosero, Universidad del Norte (Colombia)

Carlos Augusto Varetto, Universidad Nacional de San Martín (Argentina)


Colombia Internacional es la revista editada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia). Desde 1986, Colombia Internacional lleva a la prác-tica la misión de la Universidad de ampliar el conocimiento y difundir información que permita entender, en términos rigurosos y científicos, los hallazgos, debates y reflexiones recientes en los campos de la ciencia política y las relaciones internacionales.

Colombia Internacional es una publicación académica pluralista que se propone me-jorar y promocionar la discusión académica nacional e internacional por medio del análisis de fenómenos políticos pasados y actuales desde miradas disciplinares, inter-disciplinares y transdisciplinares y abordajes metodológicos pertinentes e innovado-res. Las secciones de la Revista son:

S Editorial: presenta a los lectores el número, su contenido, importancia y justifica-ción. Esta sección incluye una “Carta a los lectores”, a cargo del equipo editorial de la Revista, y una “Presentación”.

S Analisis: presenta artículos inéditos que giran alrededor de un tema específico, con-vocado previamente por el Comité editorial de la Revista. Los números monográfi-cos abordan un tema de importancia actual en las disciplinas de la ciencia política y las relaciones internacionales y suelen ser coordinados por un editor invitado.

S Tema libre: presenta artículos inéditos sobre diversos temas (relaciones internacio-nales, teoría política, política comparada, política colombiana y política exterior, entre otros) que no forman parte de un tema específico.

S Documentos: se publican reseñas, se reproducen escritos, transcripciones, fotogra-fías o documentos publicados previamente en otros lugares que el Comité editorial considere de interés para el público de la Revista, especialmente por el uso peda-gógico e ilustrativo que puedan tener. También esta sección es un espacio para la reflexión crítica y el intercambio de puntos de vista en relación con temas políticos de actualidad, propuestas teóricas y resultados breves de investigación.

PALABRAS CLAVE: ciencia política • relaciones internacionales • política comparada • política colombiana • teoría política

Todos los contenidos de la Revista son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book. Contenidos disponibles en:

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Colombia Internacional se registra periódicamente en los siguientes directorios y ser-vicios de indexación y resumen:

S Académico Onefile e Informe Académico • Gale Cengage Learning (EE. UU.) • desde 2007.

S CIBERA – Biblioteca Virtual Iberoamericana/España/Portugal • German Institute of Global and Area Studies (Alemania) • desde 2007.

S CLASE – Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales y Humanidades • Universidad Nacional Autónoma de México (México) • desde 2007.

S DIALNET – Difusión de Alertas en la Red • Universidad de la Rioja (España) • desde 2007.

S DOAJ – Directory of Open Access Journal • Lunds Universitet (Suecia) • desde 2007.S EP Smartlink Fulltext, Academica Search Complete, Fuente Académica, Current Abs-

tract y TOC Premier • EBSCO Information Services (EE. UU.) • desde 2005.S HAPI – Hispanic American Periodical Index • UCLA (EE. UU.) • desde 2008.S HLAS – Handbook of Latin American Studies • Library of Congress (EE. UU.) •

desde 2002.S IBSS – International Bibliography of the Social Sciences • ProQuest (EE. UU.) •

desde 2008.S LATINDEX – Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de

América Latina, el Caribe, España y Portugal • (México) • desde 2006.S OCENET • Editorial Océano (España) • desde 2003.S PRISMA – Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas • ProQuest (EE. UU.) •

desde 2005.S PUBLINDEX – Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas

Colombianas • Colciencias (Colombia), actualmente categoría A2 • desde 2006.S RedALyC – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Por-

tugal • UNAM (México) • desde 2007.S SciELO – Scientific Electronic Library Online (Colombia) • desde 2007.S SciELO Citation Index • Thomson Reuters-SciELO (EE. UU.) • desde 2013.S SCOPUS – Database of Abstracts and Citations for Scholarly Journal Articles • Else-

vier (Holanda) • desde 2011.S Ulrich’s Periodicals Directory • ProQuest (EE. UU.) • desde 2004.S Worldwide Political Science Abstracts y PAIS Internacional – Public Affairs Informa-

tion Service • CSA–ProQuest (EE. UU.) • desde 2004.

Portales webhttp://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Ángel Arango, Colombia)

Indexación

Contenido

EditorialCarta a los lectores 13-14

Tema libreDrones y el orden legal internacional. Tecnología, estrategia y largas cadenas de acción 17-42Jochen Kleinschmidt, Universidad EAFIT (Colombia)

Impacto de los factores institucionales del sistema electoral en la fragmentación partidaria. Un análisis de las elecciones para concejos municipales en el Valle del Cauca (1997-2011) 43-70Juan Pablo Milanese y Luis Eduardo Jaramillo, Universidad Icesi (Colombia)

Colombia e Israel bajo la administración Uribe: compañeros en la guerra global contra el terrorismo 71-106José Luis Bernal, Universidad de los Andes (Colombia)

La caída de la Alianza. Neoliberalismo, conflicto social y crisis política en Argentina 107-138Sebastián P. Salvia, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Desnaturalización de categorías: independencia judicial y acceso a la justicia. Los avatares del proceso de Democratización de la Justicia en Argentina 139-159María José Sarrabayrouse Oliveira, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Conflitos étnicos na Amazônia Brasileira: processos de construção identitária em comunidades quilombolas de Alcântara 161-185Patrícia Maria Portela Nunes, Universidade Estadual do Maranhão (Brasil)

Crítica reconstructiva y ontología social: sobre los potenciales emancipatorios en la ontología de las instituciones 187-215Jorge Andrés López Rivera, Pontificia Universidad Javeriana-Cali (Colombia)

DocumentosCognition, Institutions, and Social Change: A Conversation with Chrysostomos Mantzavinos 219-226Chrysostomos Mantzavinos, National and Kapodestrian University of Athens (Grecia)Andrés Casas Casas. Universidad EAFIT (Colombia)


Contents

EditorialLetter from the Editor 13-14

General InterestDrones and the International Legal Order. Technology, Strategy, and Long Chains of Action 17-42Jochen Kleinschmidt, Universidad EAFIT (Colombia)

The Impact of Institutional Factors of the Electoral System on Party Fragmentation. An Analysis of Local Council Elections in Valle del Cauca (1997-2011) 43-70Juan Pablo Milanese and Luis Eduardo Jaramillo, Universidad Icesi (Colombia)

Colombia and Israel under the Uribe Administration: Partners in the Global War on Terror 71-106José Luis Bernal, Universidad de los Andes (Colombia)

The Fall of the Alianza. Neoliberalism, Social Conflict, and Political Crisis in Argentina 107-138Sebastián P. Salvia, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Distortion of Categories: Judicial Independence and Access to Justice. The Transformational Process of Democratizing the Justice System in Argentina. 139-159María José Sarrabayrouse Oliveira, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Ethnic Conflicts in the Brazilian Amazon: Processes of Constructing Identity in the Quilombola Communities of Alcântara 161-185Patrícia Maria Portela Nunes, Universidade Estadual do Maranhão (Brazil)

Reconstructive Criticism and Social Ontology: On the Emancipatory Potential in the Ontology of Institutions 187-215Jorge Andrés López Rivera, Pontificia Universidad Javeriana-Cali (Colombia)

DocumentsCognition, Institutions, and Social Change: A Conversation with Chrysostomos Mantzavinos 219-226Chrysostomos Mantzavinos, National and Kapodestrian University of Athens (Greece)Andrés Casas Casas. Universidad EAFIT (Colombia)


Índice

EditorialCarta aos leitores 13-14

Tema abertoDrones e a ordem legal internacional. Tecnologia, estratégia e longas cadeias de ação 17-42Jochen Kleinschmidt, Universidad EAFIT (Colômbia)

Impacto dos fatores institucionais do sistema eleitoral na fragmentação partidária. Uma análise das eleições para conselhos municipais no Valle del Cauca (1997-2011) 43-70Juan Pablo Milanese e Luis Eduardo Jaramillo, Universidad Icesi (Colômbia)

Colômbia e Israel sob a administração Uribe: companheiros na guerra global contra o terrorismo 71-106José Luis Bernal, Universidad de los Andes (Colômbia)

A queda da Alianza. Neoliberalismo, conflito social e crise política na Argentina 107-138Sebastián P. Salvia, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Desnaturalização de categorias: independência judicial e acesso à justiça. Os avatares do processo de democratização da justiça na Argentina 139-159María José Sarrabayrouse Oliveira, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Conflitos étnicos na Amazônia Brasileira: processos de construção identitária em comunidades quilombolas de Alcântara 161-185Patrícia Maria Portela Nunes, Universidade Estadual do Maranhão (Brasil)

Crítica reconstrutiva e ontologia social: sobre os potenciais emancipatórios na ontologia das instituições 187-215Jorge Andrés López Rivera, Pontificia Universidad Javeriana-Cali (Colômbia)

DocumentosCognição, instituições e mudança social: um diálogo com Chrysostomos Mantzavinos 219-226Chrysostomos Mantzavinos, National and Kapodestrian University of Athens (Grécia)Andrés Casas Casas. Universidad EAFIT (Colômbia)


E EDITORIAL F

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Carta a los lectores

A partir del presente número me corresponde reemplazar a mi colega Laura Wills en la dirección editorial de la Revista. Asumir esta tarea constituye un reto importante, debido a la evolución que ha tenido Colombia Internacional a lo largo de los años, y a la proyección que quiere dar la Universidad a todas sus revistas en el corto plazo.

No voy a anticipar aquí los proyectos que tiene la Universidad de los Andes para sus revistas, pero sí quisiera evocar brevemente el pasado. El que haya aceptado ser editor de la Revista en este momento tiene su lado curioso; de hecho, fui editor de Colombia Internacional cuando la Revista se encontraba en su infancia. La Revista existe desde los años ochenta, e inicialmente era una publicación del Centro de Estudios Internacionales (CEI), una entidad totalmente separada e independiente del Departamento de Ciencia Política.

Si el lector tuviese acceso a los primeros números de Colombia Internacional, se daría cuenta de la enorme transformación que ha tenido. Empezó siendo una suerte de folleto en blanco y negro, publicado con una periodicidad irregular, en el mejor de los casos, y cuyos artículos eran quizá interesantes, pero ante todo productos del círculo extenso de amigos del director del CEI. Eran pocos los artículos que llegaban, y básicamente se publicaba lo poco que había, siempre y cuando sonara medianamente decoroso. Cuando fui editor en la etapa temprana de Colombia Internacional, recuerdo que impulsé un cambio de la revista que hoy se miraría con candor: logré que se cambiara el diseño y se publicara por primera vez una carátula a color, que, por razones que no recuerdo bien (aun-que sin duda complejas y profundas en los debates que dimos en el CEI), acabó combinando los tonos naranja y púrpura claro. Por varios años esos fueron los colores distintivos de la revista.

Todo eso es historia. El CEI acabó siendo absorbido por el Departamento de Ciencia Política, Colombia Internacional se volvió la revista oficial del Departamento, y pasó de ser el “patito feo” que era el folleto inicial al “cisne” que es actualmente. Hoy Colombia Internacional es una revista consolidada, con estándares académicos, editoriales y estéticos infinitamente superiores a los del inicio. Lamento que todos los cambios positivos de la Revista no se hayan visto acompañados de transformaciones correspondientes en el medio. Colombia

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Colombia Internacional 84 • COLINT 84 • PP. 256ISSN 0121-5612 • Mayo-agosto 2015 • PP. 13-14

sigue siendo un país donde muy poca gente lee, y si la situación es grave para los textos de difusión masiva, lo es más para los textos académicos, que tienen públicos reducidos.

Por lo pronto, mi sensación no es la de que “vuelvo a ser editor” de Colombia Internacional: aunque el nombre se ha mantenido igual, el producto es totalmente distinto. Quiero agradecer a Laura por sus años de dedicación a la Revista y sus esfuerzos por mejorarla, y acepto gustoso el reto de ayudar a man-tener vigente nuestra publicación periódica.

Carlo NasiEditor Colombia Internacional

E ANÁLISIS F

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Drones y el orden legal internacional. Tecnología, estrategia y largas cadenas de acción

Jochen KleinschmidtUniversidad EAFIT (Colombia)

DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.01RECIBIDO: 15 de octubre de 2014APROBADO: 16 de febrero de 2015MODIFICADO: 17 de marzo de 2015

RESUMEN: Este artículo propone que la creciente utilización de sistemas aéreos no tripulados y la rutinización de sus operaciones en guerras asimétricas representan parte de un cambio evolutivo en el ordenamiento espacial de la política global. Utilizando un marco heurístico basado en la teoría del actor-red, se argumenta que las prácticas de observación panóptica y ataques aéreos selectivos, carentes aún de justificación legal, contribuyen a una reterritorialización de los conflictos asimétricos. En virtud de un nuevo régimen normativo espacial, se construye una condición legal de inmadurez estatal que facilita el establecimiento de una zona de soberanía condicionada, sometida a la vigilancia aérea transnacional. Al mismo tiempo, este proceso no es resultado predeterminado de la nueva tecnología, ni efecto deliberado de decisiones políticas para las que los drones son solo instrumentos neutros. Antes que ello, la tecnología militar y las decisiones políticas forman parte importante de una larga cadena de acción que se ha desarrollado en las circunstancias específicas de intervenciones militares más recientes.

PALABRAS CLAVE: drones • actor-red • derecho internacional • tecnología • estrategia • conflictos asimétricos • geografía política

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Este artículo fue concebido en el contexto del Grupo de Investigación en Estudios Internacionales de la Universidad EAFIT, sin financiamiento externo.

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Drones and the International Legal Order. Technology, Strategy, and Long Chains of Action

ABSTRACT: The main thesis of this article is that the increasing recourse to the use of unmanned aerial systems in asymmetric warfare and the beginning routinization of U.S. drone operations represent part of an evolutionary change in the spatial ordering of global politics. Using a heuristic framework based on actor-network theory, it is argued that practices of panoptic observation and selective airstrikes, being in need of legal justification, contribute to a reterritorialization of asymmetric conflicts. Under a new normative spatial regime, a legal condition of state immaturity is constructed, which establishes a zone of conditional sovereignty subject to transnational aerial policing. At the same time, this process is neither a deterministic result of the new technology nor a deliberate effect of policies to which drones are merely neutral instruments. Rather, military technology and political decisions both form part of a long chain of action which has evolved under the specific circumstances of recent military interventions.

KEYWORDS: drones • actor-network • international law • technology • strategy • asymmetric conflict • political geography

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Drones e a ordem legal internacional. Tecnologia, estratégia e longas cadeias de ação

RESUMO: Este artigo propõe que a crescente utilização de sistemas aéreos não tripulados e a rotinização de suas operações em guerras assimétricas representam parte de uma mudança evolutiva no ordenamento espacial da política global. Utilizando um referencial heurístico baseado na teoria do ator-rede, argumenta-se que as práticas de observação panóptica e ataques aéreos seletivos, carentes ainda de justificativa legal, contribuem para uma reterritorialização dos conflitos assimétricos. Em virtude de um novo regime normativo espacial, constrói-se uma condição legal de imaturidade estatal que facilita o estabelecimento de uma área de soberania condicionada, submetida à vigilância aérea transnacional. Ao mesmo tempo, esse processo não é resultado predeterminado da nova tecnologia nem efeito deliberado de decisões políticas para as quais os drones são somente instrumentos neutros. Antes que isso, a tecnologia militar e as decisões políticas são parte importante de uma longa cadeia de ação que vem sendo desenvolvida nas circunstâncias específicas de intervenções militares mais recentes.

PALAVRAS-CHAVE: drones • ator-rede • direito internacional • tecnologia • estratégia • conflitos assimétricos • geografia política

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Complejidad social y tecnología militar1

El reciente uso de vehículos aéreos no tripulados o “drones” en operaciones militares de contrainsurgencia y antiterrorismo ha dado lugar a un debate ar-gumentado con fuerza, no solo en los medios de comunicación, sino además en diferentes áreas académicas, sobre todo de estudios estratégicos, geografía política y derecho internacional. Los temas más discutidos son de carácter normativo, en un sentido ético, praxeológico o legal: ¿Es el uso de drones compatible con las normas del derecho internacional contemporáneo (Vogel 2010; Reinold 2011; Benjamin 2012, 127)? ¿Puede el uso de drones contribuir a alcanzar los objetivos operativos o estratégicos de organizaciones militares, y en cuáles contextos (Plaw y Fricker 2012)? ¿Facilitan las posibilidades que ofrece la tecnología la decisión de iniciar la guerra, sobre todo en países democráticos, con su pronunciada aversión a las bajas (Sauer y Schörnig 2012, 375)? ¿O podrían tener el efecto deseado de reducir los daños colaterales (Etzioni 2013)? —que, por supuesto, sería compatible con la idea anterior de hacer más fácil la decisión de aplicar las fuerzas militares de países democráticos—. ¿Cómo afectan los ataques aéreos de aviones no tripu-lados a la población en las zonas en cuestión (Bergen y Tiedemann 2010)? Esa parte de la discusión trata sobre todo de asuntos de responsabilidad legal o moral, individual o colectiva en el uso de la nueva tecnología. Sin embargo, esta última no es descrita como un factor activo en tales consideraciones, sino como una he-rramienta para ser utilizada en la forma deseada. De una manera típica, también en las teorías clásicas de Relaciones Internacionales, la tecnología no constituye una parte activa, decisiva, transformadora de la agencia humana u organizacio-nal, sino “un factor externo, pasivo, apolítico y residual” a ella (Fritsch 2011, 27).2

Otras obras, en contraste, tratan de supuestas sendas de la evolución tecnológica de los drones como el principal determinante del futuro desarrollo de este tema complejo, sobre todo de su posible automatización (Singer 2009, 205-206). Fundamentalmente en los medios de comunicación, pero también en

1 Por sus valiosos comentarios y críticas, estoy agradecido con Sebastian Huhnholz, Cornelia Weiss, Luis Fernando Vargas-Alzate, María Arango Roldán y varios de los participantes en el congreso de RedIntercol, en la Universidad EAFIT, en febrero de 2014.

2 Traducciones del autor.

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algunas obras académicas (Der Derian 2004, 92; Shaw y Akhter 2012, 1505), a veces hay muy poco reconocimiento de la diferencia entre sistemas aéreos no tripulados (controlados a distancia por operadores humanos) y los automatizados (es decir, controlados por una computadora) o, mejor dicho, autónomos. Hasta ahora, estos últimos no existen, en el sentido que puedan operar de manera completamente autocontrolada, y a pesar del miedo evidente en unas campañas de organizaciones de derechos humanos —“stop killer robots”—, en la actuali-dad hay relativamente poco interés de automatizar por completo las funciones de los drones, por motivos de viabilidad tecnológica, problemas legales (Byrnes 2014, 62-63) y, sobre todo, falta de una verdadera ventaja militar (Horowitz 2014, 57-58). Eso no quiere decir que no existe la posibilidad de automatizar unos as-pectos de su funcionamiento, como ya es el caso con sistemas de defensa aérea (Hawley, Mares y Giammanco 2005, 24). Pero una verdadera autonomía, en el sentido de drones que se comporten como actores prácticamente independientes que podrían decidir sobre casi cualquier curso de acción —incluso, por ejemplo, decidir qué categoría de blancos serán atacados o en qué zona geográfica habrá que operar, y no solo en aspectos como el reconocimiento de blancos y de manio-bra táctica, que ya se están considerando en estudios académicos (Byrnes 2014, 51)—, implicaría la cesión total de cualquier grado de agencia por parte de las autoridades militares y políticas. Eso significa que eliminaría la razón de ser de esas autoridades (Roff 2014, 220), y es difícil ver cómo esto sería una propuesta atractiva para ellas.

Centrar el discurso en la automatización entonces implicaría ahondar en una “sociología de ingenieros” y, por tanto, en una especie de “determinismo tec-nológico” —una simplificación exagerada que debería ser rechazada en un sector en el que muchas consideraciones políticas, jurídicas, tecnológicas y estratégicas entran en juego—, y, según las consideraciones de la teoría del actor-red, sin prio-ridades predefinidas (Latour 2005, 109). La narrativa de un futuro amenazante lleno de armas autónomas en general ignora las cuestiones de cómo el concepto de “autonomía” debería entenderse en un contexto tecnológico, cuestiones que harían necesaria una aclaración profunda de varios problemas ontológicos, entre ellos, cómo y por cuáles criterios se podría determinar cuándo una computa-dora programada por humanos alcanza agencia autónoma por sí misma. Por último, parece importante mencionar dos argumentos en contra de la opinión

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Drones y el orden legal internacionalJochen Kleinschmidt

predominante en la discusión sobre la posible autonomía de los drones: primero, los drones, definitivamente, no son hoy los sistemas de armamento más autóno-mos en uso —en este aspecto, algunos sistemas de defensa aérea son mucho más avanzados, un hecho que no ha generado ningún debate visible— y, segundo, la preocupación prematura por la utilización de drones autónomos podría llevar al descuido de aspectos en potencia más importantes, más fructíferos teórica y empíricamente, de este nuevo fenómeno (cf. Schmitt 2013, 3-4).

Otra rama de la literatura, un tanto lejana de los ya mencionados enfo-ques decisionistas y tecnodeterministas, destaca el cambio de las características espaciales de la guerra y la política, ya sea considerando un efecto de la tecno-logía de aviones no tripulados o un efecto de las decisiones para su aplicación. Algunos autores ven la guerra de drones como una simple extensión de otras prácticas (por ejemplo, el reconocimiento por satélite o el uso estatal de fuerzas irregulares), que ya han eliminado las delimitaciones territoriales convencionales del espacio de conflicto, incrementando así el tamaño del campo de batalla hasta proporciones globales sin demarcaciones espaciales (Gregory 2011, 239-242). Otra observación sería la eliminación de los riesgos de daños corporales por un lado del conflicto, al tiempo que se permite una mirada panóptica semipermanente en los espacios y cuerpos del otro (Williams 2011, 388). Además, algunos estudios recientes se centran en las consecuencias políticas y humanitarias que tiene la guerra de drones en áreas objetivo, destacando, por ejemplo, su efecto de desle-gitimación de los gobiernos locales (Ahmad 2014), o debatiendo, por otro lado, la resiliencia de la oposición terrorista o insurgente (Jordan 2014). A diferencia de otros enfoques, muchos de estos análisis espaciales de la guerra de drones no buscan explicar o interpretar el proceso de las decisiones políticas y las innova-ciones tecnológicas que llevaron a la situación actual, sino que más bien lo tratan como un fenómeno exógeno. Por último, por supuesto, estas discusiones se llevan a cabo casi exclusivamente en el contexto de las operaciones militares estadou-nidenses en Asia Central y África; en América Latina, donde algunos elementos de la tecnología ya están operando, hasta ahora hay un silencio rotundo tanto en los medios de comunicación como en el ámbito académico (Sánchez 2014, 4).

Así, uno podría resumir el debate actual sobre el uso de los drones, tal vez diverso, pero hasta ahora escasamente desarrollado desde una óptica conceptual, por lo menos desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales. Esta,

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como disciplina académica, debería estar, en mi opinión, más interesada en una visión panorámica de la nueva tecnología y en cómo podría afectar el carácter y la agencia de los actores dentro del sistema político mundial. Es decir, el debate teórico sobre drones en Relaciones Internacionales debería ser consciente de que, en primer lugar, el empleo actual de aviones no tripulados no solo se caracteri-za por una determinada tecnología, sino además por el contexto de su uso. En segundo lugar, también debe haber conciencia de la posible modificación de los intereses y las identidades de los actores, que con frecuencia son tratados como una constante exógena. Además, las perspectivas mencionadas sobre la tecnología de drones aceptan en general, y de una manera relativamente acrítica, un solo nivel de acción —lo tecnológico, lo táctico, lo estratégico o lo político, para usar la categorización estratificada establecida en los estudios estratégicos (Luttwak 2001, 87-89)— como el único foco relevante de la investigación, pero sin describir las conexiones entre los diferentes niveles que podrían contribuir a la comprensión del fenómeno en su complejidad total. Otro estudio, quizá más familiarizado con los detalles de las operaciones de drones, también reconoce la necesidad de un enfoque multinivel (Byrnes 2014, 54-55), pero en muchos trabajos más teóricos sobre el tema se muestra un fuerte impulso hacia la simplificación excesiva, mu-chas veces en la forma de un tratamiento exclusivo de una escala espacial fija y predeterminada (cf. Blair 2006, 146).

Tratándose de un fenómeno tan complejo como la aplicación de todo un conjunto de nuevas tecnologías en el entorno de guerras asimétricas en varios ámbitos, definitivamente, su conceptualización por una supuesta ciencia de lo global debería ser dirigida por la presunción de “largas cadenas de acción” causal no lineal, las cuales quizá pueden dar lugar a consecuencias imprevistas y apa-rentemente paradójicas en múltiples niveles sistémicos (Müller 2004, 127-128). Considerando dicho desafío de alta complejidad y de consecuencias no previs-tas, este artículo examinará la guerra de drones desde una perspectiva diferente. Inspirado por las posiciones teóricas del actor-red establecidas por Bruno Latour (2011, 808), que rechazan sobre todo la distinción tradicional entre actores socia-les o humanos y las tecnologías de las que hacen uso, una pregunta alternativa podría ser: ¿De qué manera cambia el carácter de los propios actores de la polí-tica mundial y su ordenamiento espacial a causa del conjunto de la tecnología de los drones y de las necesidades de la guerra asimétrica? Con el fin de crear un

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escenario tal vez drástico, pero lógicamente consecuente, voy a emprender una reconstrucción concisa de la larga cadena de problemas y reacciones tecnológi-cos, tácticos, estratégicos y legales de la cual la guerra de drones contemporánea es solo una parte.

1. El nivel tecnológico y táctico

En la mayoría de los trabajos publicados sobre el tema, los aviones no tripulados se asocian de inmediato y directamente con la táctica de los asesinatos selectivos, un tema que por su propia naturaleza es muy controvertido, incluso en su defi-nición. Una de estas definiciones, ofrecida por uno de los principales expertos jurídicos militares estadounidenses, sobre los asesinatos selectivos hace referencia a las muertes ordenadas por el Estado de “combatientes ilegales”, en el contexto de un conflicto armado, que están directamente involucrados en las operaciones de combate y no pueden ser capturados mediante un esfuerzo razonable (Solis 2010, 538). Esta definición, así como las justificaciones políticas que sirven para legiti-mar los actos correspondientes, aluden a la situación del blanco como insurgente, terrorista, o a roles similares en el contexto de los conflictos asimétricos. El caso de León Trotsky, por ejemplo, que en el momento de su muerte no estaba involu-crado en ningún conflicto armado, no sería incluido. La utilización de las normas del derecho internacional de guerra parecería absurda para este ejemplo, mientras que sí se podrían considerar en el caso de ataques aéreos contra el líder de Hamas en la Franja de Gaza. Decisivo para la evaluación jurídica sería la pregunta por el contexto legal más amplio del asesinato selectivo, es decir, si se produce, por ejemplo, durante una situación de conflicto armado ya dada (Moodrick-Even Khen 2011, 62-63).

La práctica de asesinatos selectivos, entonces, es mucho más antigua que los ataques de aviones no tripulados contra insurgentes o terroristas en la lucha contra el terrorismo después del 11 de Septiembre; ejemplos destacados serían el Programa Phoenix, como un intento en gran medida fallido para la eliminación selectiva de miembros centrales del Vietcong por la CIA y Vietnam del Sur (Tovo 2005, 4-6), o, después del ataque a los Juegos Olímpicos de 1972, las ejecuciones de presuntos miembros de la organización “Septiembre Negro” por las autorida-des israelíes, en el marco de la operación Mivtzan Elohim (Bell 2009, 137-138).

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Estos y otros ejemplos, en última instancia, se remontan a la estratagema de que en conflictos con actores irregulares, como guerrilleros, insurgentes o terroristas, las fuerzas regulares tendrían que ajustarse a una táctica de “aterrorizar a los terroristas” por cualquier medio táctico o tecnológico disponible (cf. Carpino 2013, 10).

Los fracasos de las dos operaciones ilustran también los límites de la restau-ración de un conflicto simétrico con la tecnología convencional. Principalmente, una fuerza militar que intenta atacar a los directivos de las organizaciones clan-destinas enfrenta dos problemas: uno de información y otro de riesgo: los blancos de dichas operaciones, en general tienden a mantener su paradero en secreto y a cambiar de lugar con frecuencia. También se encuentran típicamente en terri-torios de acceso difícil y, además, protegidos en muchos casos por diferencias culturales y lingüísticas. En consecuencia, no solo son difíciles de localizar —la información de su paradero tiene una vida media muy corta, y recursos como sobrevuelos periódicos de satélites o aviones de reconocimiento son de poco uso por este motivo—. La observación, entonces, debe ser a largo plazo, por una pre-sencia permanente en un territorio hostil, pero al mismo tiempo, la información debe ser reservada. Y en caso de un reconocimiento exitoso, hay que atacar con rapidez, o la persona objetivo cambiará de lugar de nuevo (Shoemate 2011, 15-16).

Por otra parte, la utilización del asesinato selectivo corre el riesgo de impac-tar negativamente en la opinión pública local o internacional, por la falsa identifica-ción de objetivos o por daños colaterales; por ejemplo, el asesinato equivocado de un mesero inocente en Noruega como parte de la acción israelí contra presuntos terroristas, en última instancia, causó la terminación de la operación bajo una considerable irritación internacional (Hunter 2009, 69-70). Otro riesgo es la posible oposición armada de los objetivos —la aversión al riesgo de públicos modernos puede conducir con rapidez a consecuencias políticas graves—. Esto fue evidente en el arresto de señores de la guerra en Somalia en 1993 por fuerzas estadouni-denses, cuando las pérdidas sufridas llevaron a la terminación de la misión entera.

La respuesta de los expertos militares a los evidentes problemas de infor-mación y de riesgos en los conflictos asimétricos era entonces la demanda de la adquisición de vehículos aéreos no tripulados con la capacidad tanto de ataques aéreos de precisión como de reconocimiento de larga duración en el área objetivo. Antes, la utilidad principal de los drones era solo la exploración de posiciones de

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defensa aérea, con el fin de evitar las bajas de aviones tripulados, permitiendo su supresión —una posibilidad introducida por la fuerza aérea de Israel en la guerra de Yom Kipur, en 1973 (Grant 2002, 60)—. La introducción de drones para el re-conocimiento se había impedido antes por la falta de rapidez en las conexiones de datos, pero estas estuvieron disponibles a finales de los años noventa (Ehrhard 2010, 22), y eso modificó las cosas. Así, la idea de simetrizar conflictos asimétricos había encontrado sus medios técnicos adecuados. En el curso de los conflictos posteriores al 11 de septiembre de 2001, prontamente llegaron a su uso generalizado.

Sin embargo, es importante descubrir que la conexión entre drones y asesinatos selectivos no es fija, ni está, de ninguna manera, determinada por la tecnología disponible, y este es el caso de muchas, si no de todas las tecnologías que se introducen al mundo de la acción humana en un momento dado. Más bien, depende de los imperativos organizacionales del contexto en el cual se utilizan; estudios recientes sobre otras innovaciones tecnológicas demuestran cómo, en de-terminadas circunstancias, incluso dispositivos inocuos como estufas más eficientes pueden adquirir las características de ser relevantes para cierto problema de segu-ridad (Abdelnour y Saeed 2014). En este caso, las estufas de bajo consumo sirven para reducir la probabilidad de la violación de mujeres que recogen leña fuera de los campamentos de refugiados. Sin ese problema tan específico, las estufas men-cionadas no hubieran adquirido ninguna connotación de relevancia política. Dicha relevancia se genera a través de la posibilidad de rutinización de una solución a un problema percibido, para convertir un problema complejo en una serie de retos que tienen solución técnica (Abdelnour y Saeed 2014, 158). Y aunque la importan-cia militar de drones puede parecer un tanto más plausible para un observador ya acostumbrado a las aeronaves militares que en el caso de las estufas, su asociación con asesinatos selectivos como táctica tampoco es de ninguna manera predetermi-nada por la tecnología, como lo demuestra, por ejemplo, su utilidad percibida como enormemente diferente en otros contextos (Cawley 2014).

La importancia de los drones en un conjunto de tácticas, en la tecnología y en un problema políticamente definido solo puede ser entendida como una vin-culación muy específica que surgió en un momento determinado de una manera his-tóricamente contingente dentro de una larga cadena de acción (cf. Latour 2005, 74). Y así, los drones como tecnología adquieren su relevancia militar, legal y política, no como un resultado predeterminado de sus características materiales,

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ni como el resultado lineal de decisiones políticas, sino como un producto de la confluencia de ambos. Y esta es exactamente la fuerza de la teoría del actor-red, en comparación con otros enfoques en las Relaciones Internacionales: que no presupone una cadena causal predeterminada, sino que examina cómo los acto-res humanos y tecnológicos interactúan para crear cadenas causales inesperadas (Bueger 2013, 341).

2. El nivel operativo y estratégico

Hoy en día, los drones militares de todo tipo representan aproximadamente 30% de todos los aviones militares de EE. UU., seis veces más en comparación con el año 2005. Aproximadamente el cinco por ciento de todo el gasto militar estadou-nidense en la investigación, el desarrollo y la adquisición se dirige ahora hacia sistemas no tripulados (Scharre 2014, 10). Los dispositivos relevantes para las operaciones discutidas aquí son del tipo de altitud media y alcance largo (MALE, por su sigla en inglés) —los modelos Predator y Reaper, de fabricación estadou-nidense, son los más comunes, y poseen sistemas de reconocimiento óptico y radar, con alcance de hasta 14 horas, y disponen hasta de 14 misiles aire-tierra—. Además, se utilizan modelos más grandes y más pequeños para diversos fines, ta-les como la vigilancia del campo de batalla o la inteligencia de señales. A partir de 2013, estos y otros modelos de la Fuerza Aérea de EE. UU. permiten la operación de 65 “órbitas” —la vigilancia permanente de una zona predeterminada, en cada caso con la presencia permanente de un avión no tripulado—. En la actualidad, solo la zona del Central Command estadounidense, que incluye el Medio Oriente y partes de Asia Central y del Sur, cuenta con más de cincuenta órbitas activas en esa región (Strategic Forecasting Inc. 2012).

Sin embargo, la tecnología de drones no es un monopolio de Estados Unidos; como ya se mencionó, el único componente en realidad novedoso es el radioenlace de datos, que se basa en componentes ya disponibles en el mercado civil. Varios países tienen drones de diversos tipos en uso o desarrollo. El mo-delo israelí Heron, que es comparable al Predator, fue exportado a Turquía, un país que ya produce drones más simples independientemente (Joshi y Stein 2013, 56-57). En América Latina, Brasil, Colombia y México ya han desplegado drones de fabricación israelí para tareas de vigilancia territorial, y en la mayoría de los

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países afectados por el narcotráfico existen planes para su empleo (Sánchez 2014, 4). En Colombia ya empezó la planificación del desarrollo de modelos autóctonos (Fox 2012). En potencia, las tecnologías descritas aquí pueden ser utilizadas por cualquier Estado que maneje la producción de simples aviones y misiles y tenga acceso a las comunicaciones por radioenlace de datos. Este último, definitivamen-te, es el elemento más sofisticado de la infraestructura de los vehículos aéreos no tripulados, e incluso este está a disposición de un gran número de países (Joshi y Stein 2013, 58-59). Sin embargo, como EE.UU. y, con restricciones, Israel son los únicos actores que hasta el momento utilizan vehículos aéreos no tripulados de forma sistemática durante un período más largo, su estrategia y experiencia será el foco aquí.

Probablemente, el primer uso de un avión no tripulado tipo Predator bajo la lucha de EE.UU. contra al-Qaeda tuvo lugar en Yemen, como parte de una operación de la CIA con la aprobación directa del presidente de EE. UU. contra uno de los presuntos autores intelectuales del ataque suicida que dañó al destructor USS Cole, en el puerto yemení de Adén, en el año 2000, atentado que mató a diecisiete integrantes de su tripulación. En este caso, la operación había sido aprobada por el Gobierno de Yemen, así que, por el derecho internacional y por la política exterior de ambos países, ese despliegue estuvo relativamente exento de problemas (Solis 2010, 540). Este primer caso todavía tenía carácter más bien excepcional o experimental, pero en el curso de la ampliación de la lucha contra el terrorismo, los asesinatos selectivos se convirtieron cada vez más en una rutina. En la zona fronteriza casi inaccesible de Pakistán y Afganistán, donde operaban numerosos miembros de los Talibán y de al-Qaeda, el uso de aviones no tripulados se convirtió —a pesar de airadas protestas, quizá con la connivencia del Gobierno de Pakistán— en el medio preferido para la lucha contra el terrorismo. Según estudios, desde 2004 hasta principios de 2012 se llevaron a cabo en esa zona 283 asesinatos selectivos. Mientras que en el público paquistaní los daños colaterales de estos ataques, así como la violación de la soberanía, causaron un resentimiento considerable, los habitantes de las zonas afectadas —según una de las escasas investigaciones periodísticas realizadas en el sitio—, en realidad preferían los ataques aéreos, en lugar de despliegues a gran escala del Ejército paquistaní, que aparentemente causaban más daños colaterales (Shah 2012). Otros informes sugieren que las operaciones de las fuerzas terrestres

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de Pakistán siempre generaron grandes movimientos de refugiados, lo que para las operaciones de drones no se puede demostrar (Axe 2013). Sin duda, el impacto humanitario de esos ataques merece más investigación.

Inevitablemente, tanto la extensión como la aceptación ética de daños co-laterales siguen siendo controversiales. Pero mientras ese tema domina el debate público y académico, la eficacia de las operaciones de aviones no tripulados para romper las redes terroristas se considera comparativamente asegurada. Además del efecto directo de la muerte de los elementos hostiles con más experiencia y recursos, los efectos indirectos contribuyen quizá más a su eficacia: primero, una desconfianza marcada emerge con rapidez dentro de la organización, por la su-puesta traición de uno de sus integrantes, y, segundo, su eficiencia disminuye por la necesidad de renunciar a las telecomunicaciones. También se pudo observar un aislamiento cada vez mayor de actores terroristas de la población civil, que a menudo era el blanco de las represalias de rencor contra supuestos colaboradores (Bergen y Tiedemann 2010, 5). Estos efectos observados y relativamente bien documentados han sin duda acelerado la expansión continua de la aplicación de drones. Las críticas en contra de su efectividad —sobre la base de una posible expansión observada en la actividad mediática terrorista después de ataques con drones (Smith y Walsh 2013, 317-318)—, se apoyan muy probablemente en una falsa comprensión de la dinámica organizacional de los grupos terroristas en cuestión. La correlación no implica, automáticamente, la causalidad: dichas actividades de propaganda, en general no deben interpretarse como un aumento de la actividad terrorista total, sino como una reacción a la presión sobre las capacidades básicas causada quizá, entre otros factores, por los ataques de dro-nes (Torok 2013, 4). Un aumento de la propaganda en línea, que busca reclutar militantes terroristas relativamente inexpertos, es una muestra de la capacidad decreciente de las organizaciones afectadas, y no viceversa.

En cualquier caso, los asesinatos selectivos por aviones no tripulados hoy son vistos como eficaces y de bajo riesgo, en comparación con las operaciones militares convencionales; así, su uso se multiplicó bajo la administración de Barack Obama. Se han vuelto, en efecto, el sello de una nueva estrategia de lucha antiterrorista o contrainsurgente que, quizá, será soportada, incluso, más allá del momento del retiro de las tropas de tierra de Afganistán. También se están apli-cando en otras áreas de operación, por ejemplo, en Yemen y, más recientemente,

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en Libia, donde la característica de carecer de tripulación fue útil para evitar el requisito de permiso por el Congreso estadounidense para la operación (Shaw 2013, 552). Allá fueron empleados por primera vez en contra de fuerzas militares regulares, en un operativo tentativamente legitimado por la responsabilidad de proteger (Amnéus 2012, 260). Tal vez se podría decir que la tecnología de dro-nes puso fin a una tendencia a largo plazo de la disminución de la eficacia de la tecnología militar frente a actores irregulares (cf. Black 2001, 7-8), una tendencia que quizá comenzó con operaciones partisanas en la Segunda Guerra Mundial y continuó a través de las guerras de descolonización, la guerra de Vietnam y las operaciones en Afganistán de la Unión Soviética y la OTAN, en la actualidad.

Pero el entusiasmo por la nueva tecnología disminuyó cuando, en el otoño de 2011, por primera vez fueron asesinados ciudadanos estadounidenses, presuntos integrantes de al-Qaeda en la península Arábiga. En este contexto, las críticas a la falta de transparencia en la toma de decisiones que subyace a la guerra de drones se volvieron cada vez más fuertes en EE. UU. Con el primer asesinato selectivo en contra de un ciudadano estadounidense, ya no era tan claro cuáles restricciones se aplicaron en las operaciones clandestinas de los servicios de inteligencia (Rohde 2012). Entonces, las normas subyacentes de la planifica-ción operativa de la guerra de drones fueron descritas en términos generales por varios colaboradores cercanos del presidente estadounidense Barack Obama. Además del compromiso de cumplimiento de las normas fundamentales del de-recho internacional humanitario, para el tema que nos ocupa, sobre todo destaca la limitación de los asesinatos selectivos a aquellas áreas en donde las autoridades locales o nacionales no pueden o no quieren tomar medidas contra actores que amenazan de un modo directo a EE. UU. Serían una medida elegible “when the country involved consents or is unable or unwilling to take action [...]” (Brennan 2012). Al mismo tiempo, se sugirió a los gobiernos de otros Estados considerar también estos principios para cualquiera de sus propias operaciones futuras con drones (Zenko 2012), básicamente tratando de establecer esta política como una norma provisional del derecho internacional consuetudinario.

La combinación característica de la tecnología y las tácticas en el contexto de una determinada estrategia dentro de una larga cadena de acción había alcan-zado así el punto en que tuvo consecuencias imprevistas en el ámbito legal, que ahora exigían decisiones políticas sobre el aspecto jurídico internacional. Una

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vez más, tal curso de los eventos sería casi imposible de considerar para las teorías más convencionales de las Relaciones Internacionales. Estas típicamen-te representan actores (como los Estados, las fuerzas militares o individuos) o sistemas (como los conflictos, los sistemas políticos o legales) como entidades discretas que no cambian de modo espontáneo su carácter ontológico. El cambio tecnológico tendría que ser considerado como un cambio en el valor de unos parámetros dentro de una identidad ya determinada. Para la teoría del actor-red, sin embargo, tales cambios rápidos en la identidad de actores a través de una reorganización de sus asociaciones sociales y tecnológicas no son anomalías o irregularidades, sino procesos que habitualmente están en el centro de dinámicas sociales y políticas (Nexon y Pouliot 2013, 343).

3. La doctrina de drones y el orden normativo espacialdel mundo

Así, se completa un paso crucial: los ataques de drones pasan de ser un método clandestino —a pesar de su visibilidad en los medios de comunicación— a formar parte de la política oficial de EE. UU., y por último, se convierten en un acto con pretensión de legitimidad y legalidad bajo el orden internacional normativo. Al mismo tiempo, explícitamente se conceden acciones similares a otros Estados como legales y legítimas. La semántica política que explica el proceso cambia de un “caso de excepción” (Meier 2008, 28) —a saber, que EE. UU., debido a los ataques del 11 de septiembre de 2001, fue autorizado para hacer una guerra sin restricciones y de carácter singular y global contra organizaciones terroristas (Grondin 2011, 254)— a una “legitimación por procedimiento”: sin presuponer un consenso real, la nueva política se basa en “la disposición generalizada a aceptar aun decisiones indeterminadas, dentro de ciertos límites de tolerancia” (Luhmann 1993, 28). En otras palabras, la contrainsurgencia y la lucha antite-rrorista a través de asesinatos selectivos por drones empiezan a explicarse como una rutina legalizada y normalizada. Esta fue, por primera vez, confirmada en un discurso pronunciado por el presidente Obama en la Universidad Nacional de Defensa estadounidense (Obama 2013). Esto se interpretó a menudo como una indicación de una futura transferencia de las responsabilidades en materia de la guerra de drones de los servicios de inteligencia a las Fuerzas Armadas, que

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proporcionaría legitimidad adicional tanto en la política nacional como en el ám-bito jurídico internacional, básicamente, debido a la posibilidad o inevitabilidad de la revisión pública de ataques aéreos (Zenko 2013).

Que este último paso para la regularización de la guerra de drones no se haya tomado podría indicar que una futura reversibilidad de la estrategia militar y legal sigue siendo vista como deseable. Sin embargo, la estrategia de legiti-mación tiene otro componente, que está en última instancia relacionado con la geografía política y legal de las operaciones: las posibles operaciones futuras así legitimadas estarán localizadas en áreas donde el Estado respectivo no es capaz de realizar una acción o no está dispuesto a llevarla a cabo. Esto no describe un nuevo hecho o requisito empírico; incluso, la previa guerra de aviones no tripula-dos se ejecutó en regiones donde no existía o no estaba constantemente presente un poder estatal asertivo, es decir, en Afganistán, Irak, Yemen, Libia, Pakistán o Somalia (Martin 2012, 223). Todos estos países —excepto Libia, donde la guerra civil (que en última instancia condujo a la intervención) aún no había estallado en el momento de la recolección de datos— están entre los primeros veinte del entonces Failed States Index (The Fund for Peace 2011, 6). Esto, en sí mismo, toda-vía no sería suficiente para legitimar cualquier operación armada realizada en sus territorios. Pero en los casos mencionados se dio el consentimiento de los Estados afectados, aunque por lo general tácitamente —con excepción de Libia, en donde al mismo tiempo se mantuvo un conflicto armado interestatal—. Poniendo estas situaciones en relación con el jus ad bellum anterior, todavía se podrían describir como no problemáticas, es decir, que las medidas eran de carácter “pacífico”: con el consentimiento del Estado en cuestión, o en el caso de Libia, así como en el caso de las operaciones israelíes en los territorios palestinos, realizadas en el contexto de un conflicto armado interno o intergubernamental ya existente.

Con la nueva doctrina de drones recientemente anunciada es introdu-cida una interpretación innovadora: ahora es considerado posible llevar a cabo ataques aéreos en el territorio de otros Estados en contra de su voluntad, pero sin efectuar una acción hostil contra dichos Estados. Tal construcción es ajena al derecho internacional previo, que no conoció acciones armadas contra actores no estatales que no fuesen dirigidas simultáneamente contra el Estado en cuyo territorio residen dichos actores, a menos sin el consentimiento previo del Estado afectado (Martin 2012, 229). La innovación de la doctrina de los drones generó

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un efecto aparentemente paradójico: de acuerdo con esta lógica, el lugar atacado existe al mismo tiempo dentro del orden territorial vigente en el sistema político mundial (ya que su validez no se cuestiona, la soberanía o integridad territoriali-dad no se niega al Estado en cuestión), y fuera de dicho orden (porque la acción representaría un acto de agresión contra el Estado en cuestión) —un terrorista, según el común entendimiento del derecho internacional, no es un sujeto legal que podría ser atacado por sí mismo (Cassese 2001, 999-1000)—.

La constitución de facto de espacios cuyos límites transcienden los del orden territorial del sistema de Westfalia fue observada ya en el comienzo de la guerra contra el terrorismo (Grondin 2011, 255). Lo nuevo es su promulgación como base normativa para acciones legítimas estatales. En lugar de simplemente derribar antiguas distinciones espaciales, la cadena de la acción de la guerra de drones había alcanzado ahora el punto de llegar a ser potencialmente productiva. Sigue siendo un punto discutible si la opción así abierta —a una guerra de drones que tiene lugar al mismo tiempo dentro y fuera del orden normativo mundial de política territorial—, según lo propuesto por el gobierno de EE. UU., se esta-blecerá como una norma general. Si eso sucediera, sin embargo, se podría tratar de una “sustitución de un [...] principio de organización espacial”, tal vez igual al efecto revolucionario legal y político que tuvo antes el desarrollo de distintos medios de transporte, en especial en el sector marítimo (Huhnholz 2012, 189).

Más precisamente, tendría el posible efecto de romper como conceptos legales i) con la exclusividad mutua del espacio estatal y el espacio no estatal y ii) con la igualdad legal de Estados soberanos y, por tanto, con un momento cons-titutivo del Estado moderno desde el Tratado de Utrecht (Bobbitt 2002, 522-523). En lugar de conflictos armados codificados, ya sea internacionales o domésticos, ahora aparece como consecuencia lógica de la propuesta la categoría “conflictos armados transnacionales”, que se refiere al momento de la destrucción del orden existente, pero por sí misma no hace una contribución positiva a la contención geográfica de la práctica de los asesinatos selectivos (Martin 2012, 231). Y en lu-gar de la igualdad soberana aparece la nueva diferencia asimétrica entre Estados incapaces o que no están dispuestos a ejercer control sobre su territorio y los que sí son capaces y están dispuestos a ejercerlo —la primera categoría parece similar a la minoría de edad entre personas naturales, o también a la virtual minoría de edad asignada por los escritores de la Escuela de Salamanca a los indígenas

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de territorios reclamados por la Corona de España (Bobbitt 2002, 491)—: su voluntad no puede estar opuesta a la de los “adultos”, sino que queda meramente invalidada por ella.

Por tanto, en la propuesta para un nuevo régimen de legalidad de opera-ciones de drones no debe verse solo una dinámica deslocalizadora. Justamente, esta era la perspectiva de las diversas tesis de delimitación en la investigación de la guerra posmoderna en las ciencias políticas, estratégicas, y en la geografía crítica (Gregory 2011). Como se indicó, en la novedosa descripción de la guerra de drones ya está incluida una relimitación con el criterio de la incapacidad o falta de voluntad política, que, sin embargo, está más allá de la naturaleza bina-ria de los espacios no estatales/estatales como forma tercera, híbrido del espacio político designado. La propuesta provisional para la respuesta sería que la pre-sencia panóptica y potencialmente permanente de drones en zonas de conflicto genera, por medio de su justificación legal, un fenómeno mejor descrito como una territorialidad de segundo orden: en lugar de eliminar la autoridad estatal local —como las intervenciones militares tradicionales por lo general lo han he-cho—, la tecnología de los drones permite al actor interviniente insertarse en las estructuras locales de poder. El efecto transformador principal de los vehículos aéreos no tripulados, entonces, no sería la capacidad de matar a distancia o su posible automatización, sino también un efecto productivo: la generación de geografías legales híbridas, multiestatales y estratificadas de vigilancia y castigo como innovación en el derecho internacional contemporáneo.

Por consiguiente, la propuesta de un nuevo régimen jurídico para las operaciones de aviones no tripulados no solo funciona como una doctrina de desterritorialización que tiende a crear desorden en el mundo conceptual de la geografía política, que en general sigue siendo dominado por el binario de concep-tos territoriales y no territoriales. Debido a esta tendencia, los teóricos de las relaciones internacionales han tendido a asumir que las nuevas tecnologías que no se ajustan a la semántica tradicional de la soberanía territorial deberían en-marcarse en términos de desterritorialización. Esto también es observable en el caso de la tecnología de drones (Kessler y Werner 2008, 295), lo que implica un cierto conservadurismo conceptual. Pero en lugar de la simple desestructuración del pensamiento espacial, como ya se ha indicado, en la justificación legal de la guerra de drones —específicamente, en los criterios de la incapacidad o falta de

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voluntad política para luchar contra los actores violentos transnacionales— está implicada una nueva limitación territorial, que designa una nueva y tercera forma híbrida de espacialidad política, más allá de la oposición binaria del territorio estatal frente a los espacios no estatales.

En comparación con la semántica de una guerra contra el terrorismo virtualmente global, sin fronteras, que fue proclamada bajo la administración Bush, esta nueva geografía política de los drones incluye algunas restricciones importantes. En la primera fase de la llamada “Guerra global contra el terror”, es posible que se haya supuesto una espacialidad básicamente ilimitada —“el conflicto armado siguió a los combatientes, dondequiera que iban por las ra-zones que sean de la estrategia y la necesidad militar” (Anderson 2012, 12)—, aun cuando la legitimidad de las operaciones militares llevadas a cabo, por lo general, se aseguró a través de la coordinación informal con los países intere-sados. En el principal ejemplo donde esto no se hizo —el caso de la aplicación de ataques con drones en Pakistán, como se mencionó antes—, el Gobierno de EE. UU. ahora ha establecido normas muy básicas para distinguir áreas de operaciones permitidas y no permitidas.

Pero no se puede negar un cierto grado de riesgo en la promulgación de la indicada nueva lógica espacial. Los criterios decisivos para determinar si un Estado es capaz de luchar contra el terrorismo o está dispuesto a hacerlo siguen siendo muy imprecisos y poco transparentes (Abizaid y Brooks 2014, 32), sin mencionar la dificultad de determinar qué es terrorismo y qué es otra forma de violencia política, que aún sigue siendo una decisión esencialmente arbi-traria (Tilly 2004, 6). Para comentaristas críticos, esos criterios proporcionan simplemente una “hoja de parra” para un proceso de toma de decisiones por naturaleza clandestino. Se limitan entonces a describir los drones como “otro avance tecnológico e instrumento de una violencia estatal que son legitimados y normalizados por la ley”, siendo la doctrina legal nada más que “casuística” (Rothe y Collins 2014, 376). El derecho internacional público, en este caso, se limitará a establecer una “prótesis” para la continuación de un proceso de des-territorialización militar (Pugliese 2013, 184).

Entonces, la idea de un instrumento pasivo se aplicaría de nuevo, solo que esta vez no a la tecnología militar, sino al derecho internacional. Esta idea sería bastante compatible con el realismo jurídico, lo que presupone que la política

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mundial se basa esencialmente en las relaciones de poder puro y duro. La ley sería entonces una simple expresión de tales relaciones de fuerza, sin impacto propio (Slaughter 1995, 507). Sin embargo, tal suposición es muy cuestionable con respecto a la estrategia de drones estadounidense, por lo menos según las fuentes que se consideraron aquí: esta estrategia, definitivamente, tiende a ajustarse a los conceptos liberales, tanto en la forma de la justificación de las operaciones milita-res contra oponentes fundamentalmente antiliberales como, más concretamente, en su énfasis en la precisión y la prevención de víctimas civiles, aunque estas todavía podrían ser aspectos problemáticos (Sauer y Schörnig 2012, 366-371). El intento de minimizar los riesgos tanto para operadores como para enemigos civiles —ya demostrados en la guerra de Kosovo en 1999— debería ser conside-rado un motivo importante de la conducción de la guerra de drones (Coker 2001, 17-18). Y, por último, investigaciones empíricas sobre los procedimientos de la guerra de drones han llegado a la conclusión de que el cumplimiento de normas jurídicas, aunque discutible en su impacto preciso caso por caso, ha generado al menos una “legitimidad frágil” para las operaciones (Plaw y Fricker 2012, 359). Parece poco probable que los líderes en un país democrático se arriesguen a des-legitimar una estrategia importante al desconocer sus límites autoestablecidos, al menos en un grado significativo.

Entonces, sería altamente incongruente suponer que las normas libera-les tienen un impacto sustancial en la concepción de la guerra de drones, pero que las normas jurídicas derivadas de su problematización no lo van a tener. Se puede suponer entonces que la binarización de espacios políticos implícita en la doctrina de drones tendrá al menos algún efecto, en el sentido de que los Estados democráticos liberales serán obligados, en sus procesos internos, por las normas que ellos mismos han declarado públicamente válidas. También se podría asumir que otros Estados liberales considerarían esas nuevas normas como deriva-das de un proceso materialmente legítimo, aunque en la práctica puedan llegar a conclusiones por completo diferentes por sí mismos (Slaughter 1995, 525). El problema ahora aparece como circular: una decisión política para una solución tecnológica a un problema estratégico ha llevado —a través de sus efectos se-cundarios no previstos antes— a la creación de nuevas normas legales que ahora constriñen la toma de decisiones políticas. Bastante diferente de las teorías de la elección racional en las Relaciones Internacionales, con su marcada tendencia a

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asumir preferencias estáticas e identidades fijas de actores (Cederman 2010, 133); en nuestro caso, la aplicación militar y jurídica de tal solución ha generado un cambio en las preferencias del actor en cuestión. Para la teoría del actor-red, de nuevo, esto no aparece como algo fuera de lo común.

Consecuencias involuntarias de la estrategia de drones

Quizás, la siguiente pregunta para la investigación sobre el tema sería: ¿Qué con-secuencias tendrá esta innovación del derecho internacional público? —incluso, si todavía está en una fase embrionaria, y podría no llegar a la edad adulta—. El acto mismo de ser aceptada como doctrina jurídica válida por una gran potencia probablemente tendrá un impacto en las decisiones y estrategias de legitimación por parte de otros actores (cf. Onuf 2013, 134). Por ejemplo, también se podría ver la nueva doctrina como deslegitimadora, por naturaleza, de la idea de state-buil-ding —si ya existe una opción rutinaria y (provisionalmente) legalizada para ha-cer frente a la falta de capacidad del poder estatal en una región, entonces ¿para qué invertir dinero, ante la eventualidad de derramar sangre, en un programa político que tiene un sustituto mucho más fácil y menos costoso?—. La inacción actual de EE. UU. y otros países occidentales frente a los acontecimientos en Irak y Libia parece demostrar tal actitud, y el concepto general de una gestión distante e impersonal de los problemas de seguridad parece encajar bien con el discurso de la política exterior más aislacionista de los últimos años.

Pero el proceso de establecimiento de normas sobre el comportamiento del Estado a través de la infantilización implícita en la justificación legal de los ataques con drones evoca también otras dudas. Si la doctrina expuesta en el contexto de los ataques aéreos se convirtiera gradualmente en una respuesta reconocida a los fracasos del concepto de la soberanía estatal, habría que esperar la resistencia a la invocación de esa doctrina (cf. Epstein 2012). Es decir, no solo no habrá resistencia directa, armada o pacífica por los actores afectados, sino que también puede aparecer una forma más subversiva de aceptación desviada por entidades que no participan de un modo directo en la problemática que aquí se investigó. Tal vez hemos visto una consecuencia no deseada en Crimea —ya, las acciones de los llamados “hombrecitos verdes” aparecen como una imagen especular de los ataques de drones (cf. Burke-White 2014, 69)—. Mientras que

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estos últimos son móviles, distantes e impersonales en su forma de violar terri-torios estatales, los primeros muestran una presencia fija, inmediata y altamente encarnada. Pero la justificación de su presencia —proteger a los rusos étnicos de alguna amenaza imaginaria por el nuevo Gobierno ucraniano— representa casi una imitación de la justificación del gobierno de EE. UU. para ataques de drones en Pakistán. Por tanto, se nos recuerda que las normas jurídicas no son de ninguna manera deterministas en sus efectos, una vez que entran en las cadenas de la acción política y militar, es decir, dejan abierta la posibilidad de utilizarlas de formas que no se imaginaban cuando fueron propuestas originalmente. Es posible que hayamos llegado aquí a un círculo completo: el uso de una nueva tecnología militar para ejecutar una determinada táctica bajo ciertas condiciones estratégicas condujo a la propuesta de una innovación legal para dar legitimidad a dicha práctica. Esa estrategia de legitimación, sin embargo, ahora podría permitir el empleo y la justificación de otra forma de acción polí-tica y militar diferente por completo y totalmente opuesta a las intenciones y los intereses de los actores que originalmente pusieron en marcha los sucesos: largas cadenas de acción, por cierto.

Por ahora, solo podemos observar con certeza que los drones no presen-tan simplemente una solución tecnológica a un problema estratégico o político. En realidad, nos presentan una cadena completa de relaciones de problemas y soluciones. El problema de información y de riesgo de la guerra asimétrica encontró una solución en la tecnología de aviones no tripulados. Esa tecnología, aplicada en operaciones militares, a su vez, generó un problema de justificación legal. Esa necesidad fue satisfecha por la doctrina promulgada por Eric Holder, quien declaró legítimos los ataques con drones en algunas circunstancias defini-das. Pero esa solución generó de nuevo un problema, a saber, sus consecuencias para el orden mundial territorial en la actualidad no son claras, pero podrían ser de cierta importancia si se tiene en cuenta el carácter fundamental de las normas en cuestión para el orden mundial político-espacial contemporáneo. Lo que se quería mostrar con respecto a la disciplina de las Relaciones Internacionales es que la tecnología no es solo una herramienta pasiva de la política o de la es-trategia militar ni tampoco es un factor determinante por sí mismo. Debemos, en mi opinión, tratarla como un factor igual en redes iterativas de problemas, soluciones, tecnologías y actores humanos. La teoría del actor-red parece ser

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una herramienta adecuada —aunque no es un enfoque completamente desa-rrollado dentro de la disciplina— para llegar a una comprensión más flexible y diferenciada del papel de la tecnología en la estrategia militar, la política estatal y el derecho internacional.

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Jochen Kleinschmidt es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Múnich (LMU), Alemania. Actualmente se desempeña como profesor asistente de Relaciones Internacionales en el Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT, en Medellín (Colombia). Ha publicado artículos de investigación sobre geografía política, estudios estratégicos y la tecnología en las Relaciones Internacionales.Correo electrónico: [email protected]

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Impacto de los factores institucionales del sistema electoral en la fragmentación partidaria. Un análisis de las elecciones para concejos municipales en el Valle del Cauca (1997-2011)

Juan Pablo MilaneseLuis Eduardo Jaramillo

Universidad Icesi (Colombia)

DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.02RECIBIDO: 14 de mayo de 2014APROBADO: 10 de octubre de 2014MODIFICADO: 14 de noviembre de 2014

RESUMEN: El trabajo analiza, de manera agregada, los niveles de fragmentación existentes en las elecciones para concejos municipales de los 42 municipios del Valle del Cauca entre 1997 y 2011; de manera específica, los efectos que produjeron sobre esta una serie de variables institucionales, como la magnitud de distrito y la reforma al sistema electoral de 2003. En el caso de esta última, se observa con particularidad el escaso impacto que tuvo, lo que generó resultados sensiblemente distintos a los observables en otros distritos, como el del Senado (nacional) o los de la Cámara de Representantes (departamentales). Lo anterior contribuye a demostrar que muchas de las apresuradas generalizaciones que, tácita o explícitamente, se extendieron del análisis de los anteriores, no necesariamente son aplicables en el nivel subnacional, que no debe ser linealmente entendido como una función del nacional.

PALABRAS CLAVE: elecciones municipales • fragmentación electoral • sistema electoral • concejos municipales • Valle del Cauca

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El artículo forma parte de los resultados del proyecto “Análisis multinivel de los efectos de la reforma electoral de 2003 en los sistemas de partidos” (CA0313101), aprobado y financiado por el CIES (Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas) de la Universidad Icesi.

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The Impact of Institutional Factors of the Electoral System on Party Fragmentation. An Analysis of Local Council Elections in Valle del Cauca (1997-2011)

ABSTRACT: This paper analyzes, in aggregate form, the levels of fragmentation which existed in local council elections in the 42 districts of Valle del Cauca between 1997 and 2011; specifically, how a range of institutional variables contributed to this fragmentation, such as the size of the district and the reform of the electoral system in 2003. In the case of the latter, there is a particular focus on the limited impact that it had, generating significantly different results from those observed in other districts, such as the Senate (National), or the House of (Departments) Representatives. This shows that many of the hasty generalizations – be these implied or explicit - that stem from the above analyses do not necessarily apply on a sub-national level, which should not be understood as being directly linked to what takes place at the national level.

KEYWORDS: local elections • electoral fragmentation • electoral system • local councils • Valle del Cauca

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Impacto dos fatores institucionais do sistema eleitoral na fragmentação partidária. Uma análise das eleições para conselhos municipais no Valle del Cauca (1997-2011)

RESUMO: Este trabalho analisa, de forma conjunta, os níveis de fragmentação existentes nas eleições para conselhos municipais dos 42 municípios do Valle del Cauca (Colômbia) entre 1997 e 2011. De maneira específica, os efeitos que produziram sobre esta uma série de variáveis institucionais, como a magnitude de distrito e a reforma do sistema eleitoral de 2003. No caso desta última, observa-se com particularidade o escasso impacto que teve, o que gerou resultados sensivelmente diferentes aos observados em outros distritos, como o do Senado (nacional) ou os da Câmara de Representantes (estaduais). Isso contribui para demonstrar que muitas das apressuradas generalizações que, tácita ou explicitamente, se estenderam da análise dos anteriores, não necessariamente são aplicáveis no nível subnacional, que não deve ser linearmente entendido como uma função do nacional.

PALAVRAS-CHAVE: eleições municipais • fragmentação eleitoral • sistema eleitoral • conselhos municipais • Valle del Cauca

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Introducción1

Existe una rica tradición de estudio de los partidos y del sistema de partidos en Colombia.2 De hecho, la longevidad del bipartidismo y la presencia de ex-periencias como el Frente Nacional despertaron la atención de numerosos in-vestigadores, que se reforzó con otros cambios institucionales como la reforma constitucional de 1991 o el Acto Legislativo No. 1 de 2003 (Reforma Política).

Por el contrario, menos frecuentes son los estudios electorales que se con-centran en casos del nivel subnacional, es decir, departamental y/o municipal.3 De hecho, con regularidad, tácita o abiertamente, se ha terminado por asumir que las particularidades de los partidos o sistemas de partidos en el nivel subnacional son equiparables a lo que sucede en el nivel nacional. Incluso, con frecuencia se emplea al Senado como referente, aun cuando este es el caso más atípico del sistema político colombiano como consecuencia de las características de su distrito —fundamental-mente, por su dimensión nacional y su alta magnitud—. De hecho, en relación con este punto, coincidimos con Gutiérrez Sanín cuando afirma que “[…] la vida política regional y municipal no es una función de la vida política nacional” (2001, 192).

1 Una versión previa de este trabajo fue presentada en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Bogotá, 2013. Agradecemos los comentarios realizados por los participantes del panel “Análisis de los sistemas de partidos en el nivel subnacional. Colombia 1992-2011”, especialmente a José Ricardo Puyana y a Juan Albarracín (quien realizó una minuciosa lectura del manuscrito original) por sus valiosas críticas y sugerencias, del mismo modo que a los comentaristas anónimos designados por la revista Colombia Internacional. También agradece-mos el importante aporte realizado por Natalia Márquez, Camila Peláez y Adolfo Abadía en la recolección de los datos. Todos los datos con los que se realizó el trabajo están disponibles previa solicitud a los autores.

2 Hacemos referencia a procesos de debate que produjeron varios ciclos. Trabajos como los de Colmenares (1968) y Latorre (1974) representaron esfuerzos pioneros en relación con el análisis en este campo e inauguraron los estudios historiográficos y politológicos “modernos”. Estos abrieron la puerta a una nueva generación de análisis mucho más específico, de la que, sin pretensiones de exhaustividad, señalamos algunos, tales como los de Pizarro (2002), Rodríguez Raga (2002), Dávila y Botero (2002) y Gutiérrez Sanín (2007), quienes, desde distintas perspec-tivas teóricas y epistemológicas, alimentaron el período más activo de discusiones relacionadas con los partidos, las elecciones y los sistemas electorales.

3 Si bien desde el trabajo pionero de Patricia Pinzón de Lewin (1989) ha existido y aumentado progresivamente la producción vinculada al análisis electoral en esos niveles, continúa siendo significativamente menor que aquella enfocada en el Congreso o la Presidencia de la República. Una mención algo más detallada de algunos de esos trabajos se hará más adelante.

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Partiendo de esa premisa, el presente artículo pretende contribuir a la comprensión de las peculiaridades que este sistema asumió en el departamento del Valle del Cauca durante los últimos quince años, y, más específicamente, de los cambios que produjo sobre él una serie de variables institucionales a lo largo de ese período. Así, por medio de datos agregados buscamos explicar las altera-ciones sufridas desde el punto de vista de la fragmentación, evaluada a través de la revisión de los resultados electorales de los concejos municipales.

Son varias las razones que nos llevaron a seleccionar este departamento. Una de las principales es que en él podemos no solo encontrar una distribución variada de concejos de acuerdo con su magnitud distrital (variable central del trabajo), sino, además, otras características políticas y sociales4 que hacen que, no obstante sea arriesgado realizar generalizaciones a partir de él, podamos proyectar hipótesis e intuiciones eventualmente aplicables al resto de los casos del país. Además, más allá de cuestiones metodológicas, el Valle del Cauca es uno de los principales escenarios de descomposición de las fuerzas tradicionales (fundamentalmente, del Partido Liberal) y de la aparición de una nueva genera-ción de dirigentes en la que conviven distintos perfiles (parroquiales-nacionales, “clientelistas de opinión”, e incluso polémicos casos vinculados a actores armados y al narcotráfico), que indudablemente impactó el sistema.

Antes de continuar, consideramos importante aclarar que abordamos los par-tidos como una herramienta estrictamente electoral.5 Es decir, nos interesan las lógi-cas de competencia y cooperación durante las coyunturas electorales, independiente de su comportamiento (sobre todo, en cuanto a presencia o ausencia de disciplina le-gislativa) una vez superadas. Además, para el caso colombiano, vale la pena clarificar

4 Entre ellas podemos señalar, por ejemplo, la presencia de distritos urbanos y rurales de dis-tintos tamaños (los índices de ruralidad oscilan entre casos notablemente bajos, como el de Cali —10,37%—, y otros sensiblemente altos, como los de Bolívar o Calima/Darién, con más del 50%); presencia de minorías relevantes, como la indígena y la afrodescendiente; etiquetas partidarias que coinciden con las presentes en el nivel nacional, etcétera.

5 En este sentido, utilizamos la clásica definición sartoriana que caracteriza a los partidos como “[…] cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones (libres o no) y puede nominar a través de ellas candidatos a cargos públicos” (Sartori 1980, 90). Esta es particularmente útil para el caso colombiano, ya que engloba, sin mayores inconvenien-tes, aquellos grupos que la Constitución define formalmente como partidos, pero también a los “movimientos por firmas”.

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Impacto de los factores institucionales del sistema electoral en la fragmentación partidariaJuan Pablo Milanese • Luis Eduardo Jaramillo

que tanto en la dimensión municipal como departamental, las agrupaciones políticas tienden a ser significativamente más inestables que en la nacional (Losada 2007), por lo que, en principio, deberíamos esperar subsistemas partidarios menos consistentes.

Retomando la línea argumentativa previa, nos interesa remarcar que nuestros propósitos no se agotan en la comprensión misma del caso. Por el contrario, preten-demos contribuir a una caracterización más exacta del sistema de partidos colom-biano en términos generales, en especial, a superar muchas de las generalizaciones apresuradas e imprecisas que provienen del “estiramiento” de conclusiones correctas para el nivel nacional, pero no necesariamente aplicables al subnacional. De este mis-mo modo, cabe mencionar que nuestras expectativas no se reducen a la realización de un esfuerzo exclusivamente descriptivo. Por el contrario, el trabajo posee el objetivo de identificar relaciones causales introduciendo, como mencionamos, variables expli-cativas de carácter institucional (clásicas de este tipo de estudio), como pueden ser la magnitud de distrito y la modificación de las reglas (de manera específica, el acto legislativo antes mencionado) que componen el sistema electoral.

¿Por qué nuestro interés en este tipo de reglas del juego? Porque, como afirma Pasquino (2004, 55), la forma en que se vota en cada régimen democrático implica una serie de efectos que inciden sobre los partidos y sistemas de partido, constituyéndose como un factor crucial a la hora de comprender las estrategias que emplearán los actores políticos. De hecho, varios autores han calificado los sistemas electorales como “[...] una de las partes esenciales de los sistemas polí-ticos […]” (Sartori 2004, 10) o, incluso, “[...] el elemento más importante de las democracias representativas […]” (Lijphart 1994, 1).

Por último, merece una aclaración el hecho de que lejos estamos de asumir que solo los arreglos institucionales formales impactan el comportamiento de votantes y partidos.6 En efecto, en numerosas oportunidades se ha demostrado la visible huella que produce sobre los votantes otro tipo de variables, como aquellas de carácter social (naturalmente, el conflicto armado en el caso colombiano) y

6 Como mencionamos, no subestimamos los clivajes sociales como elemento constituyente de los sistemas de partido. De hecho, de no ser así, las mismas reglas producirían el mismo formato sistémico en cualquier lugar del mundo, cosa que, en efecto, no ocurre. En este sentido, como afirma Pasquino (2004), el voto no es una actividad que el elector decida en un espléndido asilamiento. Por el contrario, el votante se ve sometido a la influencia de distintos factores ambientales que van mucho más allá de las mecánicas electorales.

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étnico (Ordeshook y Shvetsova 1994), además de comportamientos informalmen-te institucionalizados. En este sentido, somos conscientes de que, en el caso de nuestro interés, factores como el clientelismo o la constitución de redes de poder (Gutiérrez Sanín 2007), que articulan actores y prácticas legales e ilegales —e incluso, como producto de ellas, hasta el surgimiento de autoritarismos subnacionales (Gibson 2007)—, condicionan los procesos electorales y, como consecuencia de ello, la configuración de los sistemas partidarios. Sin embargo, un análisis de este tipo de cuestiones excedería ampliamente los objetivos de este trabajo.

1. Breve reseña de la producción vinculada a la fragmentacióndel sistema de partidos en Colombia

Como mencionamos, en 2003 el Congreso colombiano introdujo cambios sustancia-les (ver la tabla 1) en las reglas electorales (Botero y Rodríguez Raga 2008; Shugart, Moreno y Fajardo 2007). Su intención era racionalizar la competencia partidaria, reduciendo la fragmentación del sistema de partidos y los incentivos para cultivar el voto personalista (Botero y Rodríguez Raga 2008) que, desde mediados de los años setenta, comenzaron a aumentar paulatinamente acabando con el predominio de los partidos Liberal y Conservador. Hasta entonces, no obstante sus debilidades organi-zacionales, estos dominaron la arena política a través de facciones razonablemente institucionalizadas que se extendían a lo largo del territorio, abarcándolo desde el nivel nacional hasta el municipal (Pizarro 2008; Duque 2006).7

Este incremento de la fragmentación faccional (Gutiérrez Sanín 2007) comenzó a exacerbarse desde mediados de los años noventa, impidiéndoles a dichas corrientes institucionalizadas controlar la nominación de candidatos, lo que produjo un aumento desbordado del número de listas dentro de ellas —que alcanzó su zenit durante las elecciones legislativas de 2002—,8 proceso que Pizarro (2002) denominó surgimiento de microempresas electorales. Este fue

7 Pizarro (2008) enfatiza que, dada la fuerza de las facciones partidarias, los partidos Liberal y Conservador eran más bien subculturas partidarias que partidos políticos.

8 Momento en el que se produjo una explosión de los partidos. Si bien hasta entonces existía una fuerte división basada en facciones, ninguna de estas había abandonado la matriz partidaria original (Gutiérrez Sanín 2007).

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acompañado además de una fuerte pérdida de identificación del electorado con los partidos tradicionales (Archer 1996; Pizarro 2008; Gutiérrez Sanín 2007) y una descomposición de los razonablemente altos niveles de nacionalización que habían experimentado (Batlle y Puyana 2011).

Tabla 1. Síntesis de los cambios institucionales producidos por el Acto Legislativo No. 1 de 2003

Condición prerreforma Condición posreforma

Efecto de corrección esperado

Tipo de lista

• Cerradabloqueada

• Listasmúltiples porpartido

• Cerrada no bloqueada(de acuerdo concriterios de Nohlen1998), abierta deacuerdo al ActoLegislativo.

• Posibilidad deexpresar preferenciapor un candidatodentro de la lista.

Reducir y ordenar el número de listas.

Fórmula de

conversión

• Cuota Hare(sistema decociente)

• Cifra repartidoraD’Hont (sistema dedivisor).

Reducir la proporcionalidad premiando a los partidos grandes

Barreras legales • Inexistentes

• 2% del total de losvotos válidos, 3%desde 2014 (Senado).

• 30% o 50% delcociente de acuerdocon la magnitud,M (Cámara deRepresentantes).

• 50% del cocienteasambleas y concejos.

Reducir la proporcionalidad eliminando los partidos más pequeños.

Fuente: elaboración propia con base en Albarracín y Milanese (2012).

Justamente, la reforma tuvo como principal intención poner coto a esta situación. En este sentido, la evidencia provista por las elecciones nacionales posteriores indica que esta tuvo éxito al reducir la fragmentación en el Senado

50


de la República.9 Sin embargo, los análisis realizados en otros cuerpos cole-giados limitaron el alcance de estas afirmaciones. En este sentido, Pachón y Shugart (2010) muestran que en el caso de la Cámara de Representantes se produjo un efecto similar al del Senado solo en los distritos de mayor mag-nitud,10 mientras que en aquellos casos en los que esta magnitud es menor, la reforma produjo, por el contrario, un efecto multiplicador. Por otro lado, ha sido escaso el análisis de sus impactos en los sistemas de partidos regionales (Losada 2009).11 Varios de ellos muestran, contraintuitivamente, que des-pués de la reforma la fragmentación tendió a crecer en los concejos, aunque ninguno ofrece explicaciones totalmente satisfactorias de las razones de ese aumento. Incluso, vale aclarar que, salvo algunas excepciones, los autores no tienen en cuenta, a la hora de realizar sus análisis, variables institucionales esenciales como la magnitud de distrito, o utilizan un número muy reducido de elecciones.

2. Hipótesis

A partir de este marco, el trabajo se caracteriza por dos hipótesis relacionadas con la fragmentación como elemento constitutivo del sistema de partidos en el nivel regional.

H1. La Reforma Política cumplió con su objetivo reductor, atenuando la fragmentación del sistema de partidos.

9 Por mencionar algunos análisis con respecto a este fenómeno, podemos señalar a Botero y Rodríguez Raga (2008), Botero (2009 y 2006), Taylor (2008), Hoyos (2007a y 2007b), Medellín y Tarquino (2007), Losada (2007) y Botero, Losada y Wills (2011).

10 En el caso del Senado, la magnitud de distrito es 100, mientras que en la Cámara oscilan entre 18 y 2, siendo el promedio 4,8, la mediana 4 y la moda 2, lo que nos muestra que existe una tendencia a la presencia de bajas magnitudes.

11 Entre ellos, podemos señalar algunos trabajos que agregan o comparan casos en el nivel subnacional, como los de Losada (2009), Hoyos y Ceballos (2004), Gutiérrez Sanín (2001) —en estos casos, sin tener en cuenta la reforma—, Hoyos (2007a), Durán Escalante (2006), Guzmán Mendoza (2005 y 2013), Botero (2006), Arenas (2013), Arenas y Bedoya (2011) y Albarracín y Milanese (2012).

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Esta primera hipótesis responde de un modo directo a los objetivos planteados por los legisladores a la hora de sancionar el Acto Legislativo de la reforma política, descrita por Botero, Losada y Wills (2011) como el intento de pasar del multipartidismo extremo a uno moderado. Expectativas que, en efecto, se cumplieron, de acuerdo con la evidencia recogida en las distintas elecciones celebradas para el Senado de la República.

H2. El efecto de la reforma política difiere entre los municipios, depen-diendo de su magnitud (M).

En este sentido, observaremos si M tiene el rol que convencionalmente se espera de ella (es decir, cuanto menor sea, menor el número de partidos) o, por el contrario, un resultado similar al de la Cámara de Representantes, donde, a menor magnitud, la reforma multiplicó el número de partidos, mientras que, a mayor magnitud, efectivamente produjo el efecto reductor (Pachón y Shugart 2010).

3. Revisión de las herramientas conceptuales para la realización del análisis

Después de realizar las primeras aclaraciones sobre el caso, nos disponemos a revisar los principales conceptos teóricos utilizados para su análisis.

Es un hecho incuestionable que la magnitud de un distrito electoral afecta de forma directa la fragmentación del sistema de partidos (Cox 1997; Lijphart 1994; Rae 1971; Taagepera y Shugart 1989; Taagepera 2009; Sartori 1986; Nohlen 1998).12 Aunque no de forma lineal, ceteris paribus, a medida que M se reduce, se incrementa el porcentaje de votos necesarios para poder obtener representación, incentivando la agrupación de distintas fuerzas (ver la figura 1). Por el contrario, un aumento de la magnitud reducirá el número de votos necesarios para alcanzar

12 Solo por mencionar algunos de los autores que profundizaron este fenómeno después de que Hogan (1945) analizara por primera vez el efecto.

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un escaño, desestimulando la agregación partidaria (aunque no necesariamente produciendo un efecto multiplicador del número de partidos).13

Figura 1. Costo de obtención de un escaño (% de votos) de acuerdo con magnitud de distrito

Fuente: elaboración propia.

La fórmula a la que recurrimos para calcular los costos de entrada de acuerdo con la magnitud es la

utilizada por Gallagher y Mitchell (2008, 607). , donde t es el umbral efectivo (threshold).

Esto nos lleva a afirmar, siguiendo la tradición establecida por Duverger (2001, 38), que el número y el tamaño de los partidos dependerán de la can-tidad de asientos por repartir, que, a su vez, producirán los conocidos efectos mecánicos y psicológicos (planteados por ese mismo autor)14 y, relacionados con

13 Varios autores han cuestionado de manera convincente que un aumento de la magnitud pro-duzca necesariamente el mismo efecto en el número de partidos (ver Cox 1997; Sartori 1994; Lijphart 1994). Si bien esa tendencia es esperable desde un punto de vista lógico, es difícil es-tablecer predicciones precisas en esa dirección (Cox 1997, 192). Al respecto, también puede ser tenida en cuenta la apreciación de Sartori (1986), quien agrega que una mayor proporcionalidad del sistema no produce un efecto multiplicador, sino que muestra con mayor fidelidad las prefe-rencias del electorado que se verían distorsionadas por la disminución de la proporcionalidad.

14 El efecto mecánico es el resultado de la conversión de votos en escaños hasta ahora descrita. El psicológico es el resultado del impacto que el anterior produce en el comportamiento tanto de votantes como de candidatos.

Um

bral

fác

tico

(%

vot

os)

Magnitud de distrito

53


los últimos, comportamientos sinceros o estratégicos por parte de los votantes (Taagepera 2009, 683).15

Dentro de este marco, un sistema que se aleja de la proporcionalidad pura (aunque esta solo pueda ser tenida en cuenta como tipo ideal) induce al votante a asumir comportamientos estratégicos,16 ya que la disminución de espacios de representación (asientos) desincentivará la conducta sincera de aquellos cuyas pre-ferencias carecen de (o tienen pocas) expectativas de elección, que, por lo tanto, tenderán a “migrar” hacia otras alternativas con mayor potencial (ver la figura 2).17

Figura 2. Continuum “proporcionalidad y tipo de comportamiento electoral”

Máxima proporcionalidad(“∞” escaños) Mínima proporcionalidad (Un escaño)

Máximos incentivos para el comportamiento sincero

Máximos incentivos para el comportamiento estratégico


Como mencionamos, aun cuando la magnitud de distrito se constituye como la principal fuente de proporcionalidad, o de la falta de ella, no es la única. Existe una serie de arreglos institucionales que forman parte de los sistemas elec-torales que también pueden producir este tipo de efectos. Entre ellos podemos señalar algunos, como la existencia de elecciones concurrentes (entre poder eje-cutivo y legislativo y entre los distintos niveles), el número de turnos electorales, la estructura de la papeleta o el tarjetón electoral, el tipo de lista (y, por lo tanto,

15 Se entiende como comportamiento sincero la selección, por parte del elector, del candidato que más se acerca a sus preferencias, mientras que el voto estratégico implica la renuncia a él y, consecuen-temente, la apelación a un subóptimo, con el objetivo de maximizar la utilidad del voto.

16 El voto estratégico es objetivamente más complejo de utilizar y, por lo tanto, menos frecuente cuanto más proporcional sea el sistema (Pasquino 2004, 69; Sartori 1986; Cox 1997). En este sentido, este último autor señala como umbral crítico una M=5; desde allí en adelante se cons-tituye, progresivamente, como un tipo de comportamiento cada vez más excepcional.

17 Es importante tener en cuenta que tanto los incentivos como desincentivos para este tipo de comportamiento no responden exclusivamente a los arreglos institucionales. Por ejemplo, cues-tiones como la volatilidad electoral (normalmente, vinculada a un débil anclaje ideológico de los partidos y el electorado) los afectan de manera inversa. Es decir, a mayor volatilidad, menor posibilidad de realizar previsiones y, por lo tanto, de comportarse estratégicamente (Cox 1997).

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de candidatura), la fórmula de conversión de votos en escaños y la existencia, o no, de barreras legales (Nohlen 1998; Gallagher y Mitchell 2008). En nuestrocaso, por razones que esgrimiremos en el apartado metodológico, además de la magnitud de distrito, nos interesan con particularidad las últimas dos.

Tanto la fórmula de conversión como la existencia de umbrales (barreras legales) tienden a producir efectos reductores de la proporcionalidad; sin em-bargo, estos suelen ser más sutiles que aquellos ocasionados por M.18 De hecho, normalmente, son utilizados como estrategias de corrección de los efectos pro-ducidos por la magnitud (alta) y carecerían de sentido si no se los pensara de forma simultánea a ella.

Así, en el primero de los casos, la intensidad de ese efecto dependerá de la fór-mula que se esté utilizando. Por ejemplo, mientras que los sistemas de divisor tienden a beneficiar los partidos que obtienen mayores porcentajes de votos, los sistemas de cociente usualmente producen el efecto contrario (ver, entre muchos otros, Nohlen 1998).19 Sin embargo, como mencionamos, cabe remarcar que los resultados que estos generan tienden a ser moderados, incluyéndose o excluyéndose, de acuerdo con la fórmula, partidos que obtuvieron porcentajes de votos bajos y, por lo tanto, recibirían un bajo número de asientos (por lo menos individualmente hablando).

Por su parte, el impacto que las barreras legales (calculadas porcentualmente en relación con el total de los votos válidos) ejercerán sobre la proporcionalidad del sistema dependerá de dónde se las fije. De hecho, existe una relación inversa entre ambos: cuanto más alto el umbral, menor la proporcionalidad.20 Sin embargo, tam-bién en este caso, solo tendrá sentido si lo observamos junto con la magnitud. Por ejemplo, un umbral del 2% será irrelevante en un sistema binominal (como ocurre en el 33,3% de los distritos electorales de la Cámara de Representantes), donde con

18 Decimos “tienden”, dado que el efecto reductor producido por M dependerá de la variación existente. Si esta es significativa, el efecto reductor será intenso; por el contrario, si esta es mínima, será débil.

19 Por ejemplo, siempre en escenarios de alta magnitud, a través de los sistemas de cociente, un núme-ro significativo de asientos son ocupados, sin llegar a alcanzar un entero mediante un residuo alto. Aunque cabe resaltar que eso dependerá, de manera específica, de la fórmula utilizada; mientras que la de Hare beneficia los partidos más pequeños, otras como la de Sainte-Laguë favorecen los medianos (Nohlen 1998).

20 Estos son variables y se fijan arbitrariamente, existiendo casos con barreras mínimas, como Israel (1,5%), y otras considerablemente altas, como las de Sri Lanka (12,5%).

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dificultad se obtendrá representación con menos de un 25% de los votos (cálculo realizado a través de la fórmula presentada en las referencias de la figura 1). En ese caso, el umbral efectivo está significativamente por encima del legal, transformando este último en un arreglo institucional insignificante.

4. Datos y metodología

Una vez definidos los principales elementos teóricos, es el momento de especi-ficar el rol que cada uno de ellos cumple como variable de interés en el trabajo. Como dependiente, utilizaremos la fragmentación partidaria, para la que será tenida en cuenta exclusivamente la dimensión electoral. Para medirla, recurrire-mos a dos indicadores clásicos como el número nominal y efectivo de partidos (Laakso y Taagepera 1979).21

Dentro de este marco, por razones de simplicidad, denominaremos a las variables número nominal de partidos electoral (NNPE) y número efectivo de partidos electoral (NEPE). Mientras que la primera nos permitirá observar el nú-mero de partidos que formalmente se presentan en las elecciones, la segunda nos permite contar exclusivamente aquellos que consideramos realmente relevantes (ponderándolos por su peso relativo), omitiendo, simultáneamente, los que no dejan de participar en las elecciones, aun cuando sean considerados insignifican-tes desde el punto de vista de su caudal electoral.

Como ya se mencionó, la selección de variables de carácter exclusivamente electoral responde a las limitaciones organizativas de los partidos. Desde este punto de vista, podemos argumentar que mientras que en los períodos no elec-torales pareciera no haber en la mayor parte de los concejos un comportamiento cohesionado bajo una lógica partidaria, las elecciones implican, sino una coope-ración, un escenario caracterizado, por lo menos, por un piso de coordinación por parte de los candidatos. De hecho, aun en coyunturas como las de las eleccio-nes de 1997 y 2000, donde los partidos, en especial el Liberal y el Conservador,

21 El número efectivo de partidos es la medida del número de partidos (N) ponderado por su tamaño, ya sea en votos, o en escaños, donde Pi es la proporción de votos o escaños de cada partido i (Laakso y Taagepera 1979).

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presentaban un número extraordinario de listas, no desaparecían por completo las lógicas de acción colectiva. No por nada, aun fuertemente desgastadas, las etiquetas partidarias se seguían manteniendo (Gutiérrez Sanín y Dávila 2000; Gutiérrez Sanín 2007).22

Por el lado de las explicativas, partiremos de dos: magnitud de distrito (mag) y la Reforma Política (RP). En el primero de los casos, la variable asume valores que oscilan entre 9 y 21 (ver la tabla 2), mientras que en el segundo ha-cemos referencia a una dummy que toma el valor de 0 para períodos previos a la realización de la reforma y 1 después de ella. Es importante mencionar que la variable encierra los tres cambios realizados al sistema electoral mencionados en la tabla 1. Se incorpora, además, una tercera variable, representada por la inte-racción de las dos anteriores. Con esto último, lo que buscamos es discriminar el efecto de la reforma política, teniendo en cuenta las diferencias en la magnitud de distrito entre los distintos municipios.

También es importante señalar que, siguiendo trabajos previos (Taagepera y Shugart 1989; Pachón y Shugart 2010), la variable dependiente y la magnitud se trabajan en logaritmos, y que en total se cuenta con 210 observaciones, que corresponden a cinco elecciones para cada uno de los 42 municipios del depar-tamento del Valle del Cauca.

Teniendo en cuenta la estructura de datos de panel,23 la primera aproxi-mación que podría realizarse sería a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios agrupados, obviando las dimensiones espaciales y temporales. Sin embargo, este enfoque no nos permite modelar la heterogeneidad individual no observable de los diferentes municipios, por lo que, en caso de que esta en efecto

22 De hecho, incluso estrategias como la Operación Avispa, que podrían ser observadas como la desinstitucionalización y el caos llevados a su máximo nivel, no dejaron de ser decisiones conscientes de los partidos en búsqueda de “rentabilidad electoral”. Por ejemplo, este último caso fue abiertamente ideado por el expresidente López Michelsen (Gutiérrez Sanín 2001, 204). Como señalan Gutiérrez Sanín y Dávila (2000, 40), a pesar de los niveles de atomización extre-mos de los partidos, no dejaban de ser capaces de “[…] desarrollar algunas formas importantes de acción colectiva en momentos críticos”.

23 La utilización de datos de panel implica la combinación de dos dimensiones: una temporal y otra transversal. Mientras que un conjunto transversal de datos contiene observaciones sobre múltiples fenómenos en un momento determinado, una serie temporal lo hace con un fenómeno en distintos momentos. La combinación de ambas (panel) implica la recolección de observaciones de múltiples fenómenos en más de un período en el tiempo.

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Tabla 2. Número de distritos, de acuerdo con M, por elección

M 1997 2000 2003 2007 2011 Tamaño*

9 5 5 5 6 6 Mediana

11 14 14 12 15 15 Mediana/grande

13 10 11 11 10 10 Grande

15 8 6 8 5 5 Grande

17 2 3 3 3 3 Grande

19 2 2 2 2 2 Grande

21 1 1 1 1 1 Grande

* De acuerdo con Nohlen (1998).Fuente: elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tabla 3. Estadísticas descriptivas

Variable n Media Desviación estándar Mínimo Máximo

NEPE 210 4,16 2,17 1,2 9,9

NNPE 210 8,67 4.60 2 35

Magnitud 210 12,87 2,89 9 21

Reforma Política 210 0,5 0,49 0 1


existiese, los estimadores antes mencionados no serían eficientes. Lo anterior es consecuencia de la potencial correlación serial entre los términos de error de los diferentes períodos, debido a la presencia de ese efecto individual de cada muni-cipio que es constante a lo largo del tiempo.

Para probar la existencia de este efecto fijo en el término de error, em-pleamos el test estadístico de Breusch y Pagan, que muestra evidencia que nos permite rechazar la hipótesis nula de ausencia de efectos constantes en el término de error de los modelos. Esto implica que los mínimos cuadrados ordinarios no son apropiados y que es pertinente emplear otra técnica de estimación como la de los efectos aleatorios o la de los efectos fijos.

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La discusión con respecto a emplear efectos fijos o aleatorios está muy pre-sente en la literatura. Respecto a nuestro trabajo, optamos por la segunda apro-ximación, basándonos en el hecho de que nuestra única variable independiente continua, magnitud de distrito, presenta una varianza dentro de cada municipio —es decir, a lo largo de los cinco períodos de estudio—, considerablemente más baja que la presentada entre los grupos al comparar los 42 municipios. Esto último abre la puerta para descartar la utilización de efectos fijos, ya que está documentado en la literatura que llevaría a estimadores ineficientes (Plümper y Troeger 2007; Hahn, Ham y Roger Moon 2011). Por último, para las estimaciones empleamos errores estándar robustos agrupados por distrito, permitiendo de esta manera una relación entre las observaciones de un mismo distrito, al tiempo que se mantiene la independencia de observaciones entre diferentes municipios.

5. Análisis de datos agregados de la fragmentaciónen las elecciones para los 42 concejos

Como ya se comentó, la metodología empleada para medir el impacto de la reforma consiste en un modelo de datos de panel, en donde tomamos como unidad de análisis cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca, pre y posimplementación de la reforma política de 2003. El propósito final es poder evaluar, desde el punto de vista empírico, las dos hipótesis vin-culadas a esta última y su efecto sobre los dos indicadores de fragmentación electoral aquí analizados.

Así, a través de ellas procuramos, por un lado, probar si la reforma realmente produjo el pretendido efecto reductor en el número de partidos y, por el otro, identificar si dicho efecto difiere dependiendo de la magnitud del distrito. Más específicamente, tratamos de verificar si, como demuestran Pachón y Shugart (2010) para la Cámara, a menor magnitud, la reforma incrementó el número de partidos o, por el contrario, el comportamiento encaja con los plan-teamientos teóricos convencionales.24

24 Aunque vale señalar, como se especificará con mayor precisión más adelante, que la magnitud de los distritos analizados por Pachón y Shugart (2010) es significativamente distinta. De hecho,

59


En este sentido, los resultados reportados en la tabla 4, y observables en los gráficos 1 y 2, muestran evidencia, aunque con matices, en contra de ambas hipótesis. Para comenzar, debe aclararse que la especificación del modelo per-mite determinar si desde 2003 se ha presentado un cambio en los parámetros del mismo, ya sea en el intercepto o en la pendiente. En el caso de NEPE, si bien el coeficiente asociado a la variable de tratamiento (reforma política) no es estadísticamente diferente de 0 para ningún nivel de confianza, la interacción de esta con la magnitud de distrito sí lo es, siendo además positiva. Esto nos deja en un escenario de regresiones concurrentes, es decir, se tienen igual intercepto pero diferentes pendientes para las dos rectas de regresión, pre y posreforma. Asimismo, ceteris paribus, un aumento en la magnitud de distrito se ve reflejado en un incremento en el número efectivo de partidos electorales.

Gráfico 1. NEPE (log) según magnitud (log), pre y posreforma

Fuente: cálculos propios con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

las circunscripciones de la Cámara de Representantes tienden a ser mucho más pequeñas en cuanto a magnitud (para información con respeto a ellas, ver la nota 10).

Núm

ero

efec

tivo

de

par

tido

s el

ecto

rale

s (lo

g)

Con reforma políticaInepe con reforma

Sin reforma políticaInepe sin reforma

25

20

15

10

5

02.2 2.4 2.6 2.8 3

60


Lo anterior implica que, tal como se aprecia en el gráfico 1, la refor-ma no solo multiplicó el número de partidos en los concejos municipales para cualquier magnitud de distrito dada, sino que este efecto se incrementa conforme lo hace la magnitud.

Tabla 4. Estimaciones de modelos de regresión

(1)NEPE(log)

(2)NNPE(log)

Magnitud (log) 0,613***(0,177)

2,060***(0,188)

Reforma Política -0,304(0,504)

1,781***(0,479)

Reforma x Magnitud 0,401*(0,199)

-0,667***(0,188)

Constante -0,690(0,457)

-3,231***(0,479)

Observaciones 210 210

Nota: errores estándar robustos entre paréntesis.* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001Fuente: cálculos propios con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En lo que respecta a NNPE, los resultados muestran que la magnitud de distrito produce sobre este indicador de fragmentación efectos similares a los del NEPE, es decir, existe una relación directa, tal como se esperaría convencionalmente de ella. Asimismo, si bien la reforma política ejerció un efecto sobre esta variable, este no es el mismo para todos los municipios. De manera más específica, para aquellos cuya magnitud oscila entre 9 y 13, la reforma no logró cumplir con su objetivo, a diferencia de lo que, en efecto, ocurre para los que van de 15 a 21.

La falta de coincidencia de los resultados en las dos dimensiones medidas (nominal y efectiva) nos lleva necesariamente a realizar un análisis más detallado de los limitados efectos correctores (de la proporcionalidad) que produjo la reforma. Los presentamos como limitados porque, como pudo observarse, solo impactó en

61


Gráfico 2. NNPE (log) según magnitud (log) pre- y posreforma

Fuente: cálculos propios con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

la medida de lo deseado por sus diseñadores en lo referido al número nominal de partidos y,25 exclusivamente, en los distritos de mayor magnitud. Esto sería coherente con la idea de que los efectos de instrumentos como el umbral o el sistema de divisor (que, como mencionamos, tienden a perjudicar a los partidos pequeños) aumentan su importancia a medida que lo hace el número de asientos por distribuir.

Pero, simultáneamente, el incremento del NEPE en estas mismas circuns-cripciones nos muestra que, aun cuando podamos observar un reordenamiento, lejos estuvo de implicar la desaparición de un multipartidismo extremo. Incluso, podría afirmarse que este se fortaleció (ver el anexo 1).

Esto se debió a que la disminución del número de partidos se produjo como consecuencia de la desaparición de las fuerzas irrelevantes, es decir, aque-llas que por su limitado caudal electoral carecían de la capacidad de obtener

25 Sobre este punto específico vale la pena remarcar el comentario que recibimos de José Ricardo Puyana, quien nos señaló certeramente que el objetivo de los reformadores se centraba en el Senado de la República, sin pensar en otro tipo de corporaciones. No obstante, independientemente de cuál fuera su foco, a nivel concejos, los resultados se produjeron, de ese modo, solo de forma parcial.

Núm

ero

nom

inal

de

par

tido

s el

ecto

ral

(log)

Con reforma políticaInepe con reforma

Sin reforma políticaInepe sin reforma

4

3

2

1

02.2 2.4 2.6 2.8 3

Magnitud de distrito (log)

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representación en los concejos. Aunque vale remarcar que el reagrupamiento de preferencias electorales no se limitó al traslado de los votos de estas hacia par-tidos más grandes, sino también desde los partidos tradicionales, que perdieron su posición de predominio electoral, hacia las nuevas fuerzas, como pueden ser el Partido Social de Unidad Nacional, Cambio Radical, el Polo Democrático Alternativo, Convergencia Ciudadana, y derivados posteriores de esta como el Partido de Integración Nacional y el Movimiento de Inclusión y Oportunidades.

En este sentido, a diferencia de lo que se especuló en muchos casos, el proceso no se constituyó como un robustecimiento de las fuerzas tradicionales (quienes fueron sus principales promotores); de hecho, su peso específico dis-minuyó de un modo significativo desde entonces. Podríamos afirmar de este modo que, más que como un “reconstituyente”, la reforma se estableció como un instrumento que detuvo la sangría progresiva que experimentaban estas fuerzas.

En síntesis, el mencionado reagrupamiento implicó un incremento de la dispersión del voto, que produjo a su vez un aumento de los partidos relevantes desde el punto de vista electoral. Es decir, a pesar de la reconfiguración produci-da, teniendo en cuenta exclusivamente este tipo de fuerzas, el formato del sistema no viró hacia la reducción, sino, por el contrario, hacia una multiplicación.

Por último, podemos observar que los efectos en el nivel municipal difieren de un modo significativo, desde un punto de vista comparativo, de los observados en las unidades nacionales.26 Cabe remarcar que este tipo de divergencias son razonables, fundamentalmente por las asimetrías en cuanto a magnitud distrital. Mientras que en el caso del Senado podemos observar una notablemente alta (M=100), la media de los 42 municipios en las cinco elecciones es de 12,8. Opuesto es el caso de la Cámara de Representantes, donde 28 de los 33 distritos (departamentales) son menores que los municipios incluidos en el análisis (ver la nota 10).27

Para finalizar, nos parece importante remarcar que, pese a que estas diferencias no dejan de ser lógicamente esperables, es sustancial señalar las discrepancias realmente existentes en los efectos experimentados en cada nivel.

26 Ver, por ejemplo, Botero, Losada y Wills (2011), entre otros previamente mencionados, para el caso del Senado, y Pachón y Shugart (2010) para el de la Cámara de Representantes.

27 Incluso, en casi un 60% de los distritos, M es igual o menor a 5.

63


Consideramos que este ejercicio se constituye como la única forma de alcanzar una caracterización precisa, y no especulativa, del formato numérico que ostenta el sistema de partidos colombiano.

Consideraciones finales

Como mencionamos desde el inicio del trabajo, consideramos un error asumir la vida política subnacional como una función de la nacional. En este sentido, la evidencia provista nos permite demostrarlo, observando particularmente los niveles de frag-mentación electoral y los efectos que producen sobre ella distintos tipos de arreglos institucionales. De hecho, podemos afirmar que esos efectos son significativamente distintos si se compara al Congreso con los concejos municipales (trabajando estos últimos con datos agregados); en este último caso, evaluándolos de manera espe-cífica en el Valle del Cauca, pero utilizando premisas y alcanzando resultados po-tencialmente “exportables” a otros departamentos, sobre todo si tenemos en cuenta conclusiones relativamente similares presentes en otros análisis.28

Así, desde la realización de la reforma de 2003, mientras que en el nivel nacional pudo observarse una tendencia hacia la racionalización de la competen-cia, visible en la disminución progresiva del número efectivo de partidos —aun-que esta afirmación debe ser matizada si analizamos los distritos más pequeños de la Cámara de Representantes—, esto no ocurrió en los concejos, donde se produjo, por el contrario, un efecto multiplicador que se incrementó a medida que aumentó la magnitud distrital.

De este modo, estamos en condiciones de afirmar que los actores locales no fueron constreñidos por el cambio de reglas electorales en la misma direc-ción que los nacionales. Es decir, independiente de los incentivos teóricamente existentes, se ajustaron a ellas de forma pragmática, produciéndose efectos diver-gentes en las distintas dimensiones.

En este sentido, como señala Gutiérrez Sanín (2007, 54), observamos có-mo los distintos agentes difícilmente asimilan la información producida por el cambio institucional de manera idéntica y perfecta, lo cual muestra los límites

28 Ver, por ejemplo, Hoyos (2007a), Botero (2006), Arenas y Bedoya (2011), Albarracín y Milanese (2012) y Milanese, Albarracín y Jaramillo (2014).

64


de la ingeniería institucional. De hecho, es muy frecuente que solucionen los problemas de incertidumbre que producen los cambios institucionales a través de atajos informales que no necesariamente (como sucede en este caso) responden a las expectativas previamente formadas.

Por otro lado, en relación con la aplicabilidad de los resultados a otros casos, el presente trabajo puede constituirse en una fuente de inspiración tanto para estudios longitudinales (que aumente el número o cambie las observaciones) como para la for-mulación de nuevas preguntas de investigación que busquen dar respuesta a las cau-sas de las divergencias internivel o que permitan indagar sobre las características de otras dimensiones de la competencia como la intrapartidaria (Milanese, Albarracín y Jaramillo 2014), además de incluir nuevas variables, ya sea institucionales (formales e informales) o sociológicas, que superen lo relacionado estrictamente con el sistema electoral y nos permitan contestar el porqué de esos resultados.29

Asimismo, este tipo de estudios pueden ser perfectamente comple-mentados y enriquecidos con otros “orientados hacia los casos”, y no “hacia las variables”. Esto consentiría la obtención de un conocimiento mucho más profundo de aquellos más significativos (paradigmáticos, ya sea en términos de tipicidad o de atipicidad), utilizando, necesariamente, otro tipo de metodo-logías (como process tracing) que permitan lograrlo.

Por último, sintetizando, en línea con lo anterior, consideramos que la in-vestigación sobre partidos y elecciones en Colombia está lejos de agotarse. Queda todavía mucho por hacer, sobre todo, en lo referido al análisis agregado de datos en los niveles municipal y departamental y la revisión del grado de congruencia existente entre ellos y de estos con el nivel nacional (además de otros temas de estudio como la nacionalización y/o institucionalización de los partidos). Dentro de este marco, nuestra intención es avanzar en esa dirección (ampliando tanto el número de dimensiones por trabajar como el de casos por analizar y comparar), tratando de realizar aportes para una caracterización más precisa y acabada de dónde está y hacia dónde va el sistema de partidos colombiano.

29 En este sentido, podrían pensarse, como se menciona en la introducción del trabajo, asuntos como la presencia de redes clientelistas, de distribución de otros tipos de intercambios parti-cularistas como el patronazgo o el pork barrel, la misma compra de votos, la existencia de un voto coaccionado, etcétera.

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Anexo 1. Niveles de fragmentación del sistema de partidos, 1997-2011


1997

2003

2011

Partido predominante. NEPE ≤ 1.7Bipartidismo. 1.8 ≥ NEPE ≤ 2.4Multipartidismo moderado. 2.5 ≥ NEPE ≤ 3.9Multipartidismo extremo. 4 ≥ NEPE ≤ 7.9Atomizado. NEPE ≥ 8

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H

Juan Pablo Milanese es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, magíster en Relaciones Internacionales de la Università degli Studi di Bologna (Italia) y licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Se desempeña como profe-sor asociado del Departamento de Estudios Políticos, investigador del grupo Nexos (Colciencias B) y director de la maestría en Gobierno de la Universidad Icesi (Colombia). Entre sus últimas publicaciones están: “The Relationships between the Executive and Legislative Branches of Power during the First Term of Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)”. En Colombia’s Political Economy at the Outset of the 21st Century: From Uribe to Santos and beyond, eds. Bruce M. Bagley y Jonathan D. Rosen. Washington: Lexington Books, 2015; y “Desde dos flancos: hacia una reconfiguración de la oposición en Colombia”. En Elecciones en Colombia, 2014. ¿Representaciones fragmentadas? (con Laura Gamboa), eds. Fredy Barrero y Margarita Batlle. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung. 2015.Correo electrónico: [email protected]

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Luis Eduardo Jaramillo es magíster en Economía y economista de la Universidad Icesi (Colombia) y estudiante de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes (Colombia). Se desempeña como asesor de la Oficina de Planeación del Instituto para Evaluación de la Educación (Icfes). Anteriormente se desempeñó como investiga-dor del grupo “Economía, Políticas Públicas y Métodos Cuantitativos” y como profesor del Departamento de Economía de la Universidad Icesi. Su publicación más reciente es “Long-Term Relationship between Misery Index and Stock Market: The Colombian Case” (con Julio César Alonso). En Essays on Growth, Development and Finance, eds. Gregory Papanikos. Atenas: Athens Institute for Education and Research, 2013.Correo electrónico: [email protected]

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Colombia e Israel bajo la administración Uribe: compañeros en la guerra global contra el terrorismo

José Luis BernalUniversidad de los Andes (Colombia)

DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.03RECIBIDO: 16 de octubre de 2014APROBADO: 11 de febrero de 2015MODIFICADO: 18 de marzo de 2015

RESUMEN: El objetivo de este artículo es analizar la relación entre Colombia e Israel durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) a la luz de la teoría del rol nacional formulada por Kalevi J. Holsti (1970). Hasta 2001 la relación entre ambos países estuvo marcada por la distancia y varios problemas, pero a partir de 2002 las cosas cambiaron hasta el punto de volverse muy buenos aliados y socios comerciales. En este artículo se pretende explicar que el giro hacia una nueva relación responde, entre otros factores, a que ambos Estados comparten el rol de agente antiterrorista, tanto a nivel local como global, enmarcado en un contexto de lucha global contra el terrorismo desatada por los ataques del 11 de Septiembre.

PALABRAS CLAVE: Colombia • Israel • teoría del rol nacional • terrorismo

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Una versión previa de este trabajo fue presentada en el III Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol), que se llevó a cabo en el mes de febrero de 2014 en Medellín (Colombia).

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Colombia and Israel under the Uribe Administration: Partners in the Global War on Terror

ABSTRACT: The aim of this article is to analyze the relationship between Colombia and Israel during the presidency of Álvaro Uribe (2002-2010) in the light of the national role theory introduced by Kalevi J. Holsti (1970). Until 2001 the relationship between the two countries was complicated by the distance between them and various problems, but after 2002 this situation changed, and the two nations became very good allies and commercial partners. This article aims to explain that the shift toward a new relationship is, among other things, in response to the fact that both states share the role of anti-terrorist agent, both locally and globally, framed in a context of global war against terrorism sparked by the September 11th attacks.

KEYWORDS: Colombia • Israel • national role theory • terrorism

H

Colômbia e Israel sob a administração Uribe: companheiros na guerra global contra o terrorismo

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar a relação entre a Colômbia e Israel durante a presidência de Álvaro Uribe (2002-2010) à luz da teoria do papel nacional formulada por Kalevi J. Holsti (1970). Até 2001, a relação entre ambos os países esteve marcada pela distância e por vários problemas, mas, a partir de 2002, as coisas mudaram até o ponto de se tornarem bons aliados e sócios comerciais. Neste artigo, pretende-se explicar que o giro a uma nova relação responde, entre outros fatores, a que ambos os Estados compartilham o papel de agente antiterrorista, tanto no âmbito local quanto global, delimitado num contexto de luta global contra o terrorismo que desatou os ataques de 11 de setembro.

PALAVRAS-CHAVE: Colômbia • Israel • teoria do papel nacional • terrorismo

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Introducción1

Desde mediados de los años cincuenta, cuando Colombia reconoció el Estado de Israel, la relación bilateral entre Bogotá y Tel Aviv se ha caracterizado por mo-mentos de cercanía y distanciamiento. En los primeros cuarenta años los temas de la agenda bilateral se limitaron a la compra de armamento israelí por parte del Ejército colombiano, la situación del Estado palestino y un limitado intercambio cultural, educativo y comercial. Al finalizar la Guerra Fría, en la década de los noventa, las relaciones se mantuvieron en buenos términos hasta el escándalo de Yair Klein; cuando el Gobierno colombiano se enteró de esta situación, la rela-ción con Israel pasó por su momento más tenso, puesto que ambos gobiernos no alcanzaron ningún acuerdo. La llegada de Álvaro Uribe a la Casa de Nariño, en 2002, fue un punto de quiebre en la relación bilateral, ya que durante su ad-ministración los vínculos entre los dos gobiernos se fortalecieron. Aunque esta nueva etapa giró, principalmente, alrededor del sector defensa y el conocimiento que Colombia podía obtener para enfrentar su conflicto interno, se puede afirmar que esta área fue la base para pasar de una simple relación productor-consumidor a una de amistad y cooperación. En la actualidad, bajo la administración de Juan Manuel Santos (2010-2014), el abanico se ha extendido a otro tipo de iniciativas, como la firma de un TLC, nuevos acuerdos de cooperación en seguridad y de-fensa, la participación de inteligencia israelí en distintas operaciones del Ejército colombiano, el aumento en la compra y venta de armas entre ambos países y el creciente interés de Colombia por mediar en el conflicto entre Israel y Palestina.

Aunque la relación bajo el gobierno de Santos se puede calificar como la etapa de mayor cercanía desde que esta se formalizó en los años cincuenta, el punto de inflexión se dio durante los dos períodos de Álvaro Uribe; así, este trabajo pretende explicar el acercamiento de ambos países durante este gobier-no. Para entender este fenómeno se implementará la teoría de national role

1 En este trabajo quiero agradecer a varias personas. En primer lugar, a Arlene B. Tickner, quien en principio llamó mi atención sobre la falta de análisis y debates alrededor de las relaciones Colombia-Israel y revisó una versión previa del artículo; a Juan Sebastián Barreto, por su gran ayuda en la recolección de bibliografía, y, finalmente, a Federico Uribe, Mateo Morales, Norman Mora y a los evaluadores anónimos, por sus comentarios y sugerencias en las distintas etapas de producción del texto. Las falencias en este trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

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conception (NRC), propuesta por Kalevi J. Holsti (1970), y se argumentará que la revitalización de los vínculos responde, entre otros factores, a que ambos Estados comparten el rol de agente antiterrorista, tanto a nivel local como global, enmar-cado en un contexto de lucha global contra el terrorismo.

El trabajo está organizado en cuatro secciones. La primera reseñará los problemas por los que pasaron las relaciones bilaterales antes del gobierno Uribe, para así apreciar la transición de una relación distante a una de cooperación. La segunda parte introducirá la teoría de NRC como marco explicativo del fenó-meno estudiado y presentará las ventajas de utilizarla para abordar la relación Colombia-Israel. En la tercera sección se expondrán los orígenes y particulari-dades que el rol agente antiterrorista ha tenido en los dos países después del 11 de septiembre de 2001; aunque el análisis podría extenderse antes de esta fecha, especialmente para el caso de Israel, se toma como punto de partida esta coyuntura debido a las implicaciones globales que tuvo este acontecimiento en la definición e interpretación del terrorismo. La última sección argumentará que este acerca-miento es el resultado de una NRC que ambos países comparten: el rol de agentes antiterroristas en la guerra global contra el terrorismo. El trabajo se enfocará en tres áreas donde esa nueva asociación ha sido más visible: el fortalecimiento de la capacidad militar del Estado colombiano; las asesorías que algunas empresas de seguridad privada israelíes dieron al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas colombianas, y el impacto en la percepción de otros actores relacionados con el discurso antiterrorista.

1. Las relaciones Bogotá-Tel Aviv antes de la administración Uribe

Desde el momento en el que Reino Unido cedió la administración del territorio de Palestina a las Naciones Unidas y se propusiera en el Consejo de Seguridad el Plan de Partición (en 1947) hasta llegar al fin de la Guerra Fría, a principios de los noventa, las relaciones bilaterales entre Colombia e Israel fueron complicadas; así, es posible identificar distintos episodios históricos que dibujan un pasado complejo y muy distinto a la actual etapa de cooperación.

El distanciamiento entre ambos países se remonta al nacimiento del Estado israelí en 1948. Desde el inicio del debate sobre el Plan de Partición, el presidente de la delegación colombiana en Naciones Unidas, Alfonso López

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Colombia e Israel bajo la administración UribeJosé Luis Bernal

Pumarejo, sostuvo una posición de abstinencia frente a la idea de crear un Estado para el pueblo judío en los territorios de Palestina. Finalmente, el 29 de noviembre de 1947, día de la votación del Plan ante la Asamblea General, este se aprobó con el apoyo de dos terceras partes, 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, entre ellas la de la delegación de Colombia (Ramírez 1989, 7). Según lo señaló el presidente López Pumarejo en su momento, la abstención se basó en la idea de que el conflicto entre palestinos y judíos no se resolvía con la entrada en vigencia del Plan (Ramírez 1989, 7). Después de la aprobación del Plan, y buscando mantener una posición neutral frente al conflicto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia decidió adelantar gestiones ante los demás países latinoamericanos a fin de lograr consenso para un plan de neutralidad permanente de Jerusalén y de los lugares santos de Palestina (Ramírez 1989, 8). No fue sino hasta 1960, trece años después de la aprobación del Plan, que Colombia e Israel elevaron sus legaciones al rango de embajadas. Sin embargo, la institucionalización de la relación no impidió al Gobierno colombiano seguir criticando las avanzadas y acciones de Israel.

Durante las tres siguientes décadas (1960-1990), tres hechos importantes enfriaron la relación bilateral entre ambos países. Primero, la ocupación del Sinaí, la Franja de Gaza, la margen occidental del Jordán y el occidente de Jerusalén, después de la Guerra de los Seis Días (1967), generó oposición por parte del Gobierno colombiano. El rechazo llevó a que la administración de Carlos Lleras Restrepo participara “activamente en la redacción de un proyecto que presentó el bloque latinoamericano en el que se negaba a reconocer las conquistas hechas mediante la guerra” (Ramírez 1989, 8). Segundo, la invasión al Líbano, en 1982, generó un nuevo distanciamiento. Ese mismo año, en su discurso frente a la Asamblea General de la ONU, el canciller Rodrigo Lloreda rechazó ferviente-mente “la acción militar de Israel en el Líbano y propugnó por la evacuación de los territorios árabes que se encontraban ocupados militarmente” (Ramírez 1989, 18). El tercer hecho fue la situación de los refugiados palestinos. Tanto la Guerra de los Seis Días como la de Yom Kipur y la invasión al Líbano afectaron las con-diciones jurídicas, físicas y sociales de los palestinos, frente a lo cual Colombia siempre protestó. Este tema en especial ha sido el de mayor tensión entre Israel y Colombia en foros multilaterales como el de las Naciones Unidas.

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[En los últimos 20 años,] el Estado israelí ha sido objeto de 90 resoluciones condenatorias por violaciones a derechos humanos en los territorios ocu-pados. Desde 1990, el voto colombiano ha predominado a favor de dichas condenas, con tan solo 4 abstenciones […]. A partir de 2004, Colombia se abstuvo de votar el 25% de las resoluciones que condenan a Israel; en el 75% de las veces restantes votó a favor. (Borda y Berger 2012, 111)

La posición de Colombia frente a Palestina también ha favorecido al distanciamiento entre ambos países. Colombia ha defendido a los refugiados palestinos en distintas ocasiones, y la posición del Gobierno no se ha limitado a un simple gesto de solidaridad; por el contrario, el Gobierno colombiano ha manifestado su apoyo a la creación de un Estado palestino que conviva junto al israelí (Ramírez 1989). Esta actitud se ha expresado tanto en la Asamblea General:

Colombia respalda incondicionalmente los esfuerzos que efectúe el Secretario General, para la búsqueda de un arreglo justo y duradero, sobre los principios plasmados en la resolución 181 (II) de la Asamblea General, en la cual se estableció claramente la creación de dos Estados, uno árabe y otro judío, así como su derecho a vivir dentro de fronteras seguras (Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas 1989a, 46),

como en el Consejo de Seguridad de la ONU:

Debemos repetir que cualquier arreglo deberá afirmar y garantizar el derecho de todos los Estados de la región, incluido Israel, a existir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, y también a afir-mar y garantizar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, incluido el derecho a instaurar su propio Estado. (Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas 1989b, 36)

Además, la postura del Gobierno colombiano no ha sido exclusiva de los escenarios de las Naciones Unidas; también se ha manifestado en otros espacios y acciones: “Con el ingreso al Movimiento de los No Alineados (NOAL) en 1983, la actitud internacional de nuestro país se dirigió hacia una postura más directamente

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vinculada a la posición pro-palestina de los NOAL” (Ramírez 1989, 18). Y en 1988, “Colombia establecería relaciones diplomáticas con Palestina y el 2 de mayo de 1996, año de las primeras elecciones presidenciales en Palestina, la Misión Especial de Palestina en Colombia fue creada” (De Currea-Lugo 2012, 396).

Por último, los momentos de tensión entre ambos países también se han extendido al plano doméstico colombiano, en especial en la década de los ochenta y noventa. Dentro de las fronteras nacionales, Israel no ha gozado de una buena imagen gracias a la participación de algunos de sus ciudadanos en el conflicto interno colombiano. El primer caso, y probablemente el más conocido, es el de Yair Klein, un exmilitar israelí que tras abandonar las fuerzas israelíes estableció la empresa de seguridad privada Spearhead Ltda., con la que proveyó armas y entrenó grupos armados ilegales de varios países, entre ellos Colombia. Según lo señaló Klein, su primer viaje a Colombia (al municipio de Puerto Boyacá) tenía como objetivo entrenar campesinos para defenderse de la guerrilla, sin saber que narcotraficantes y paramilitares patrocinaban el programa. Así, Klein terminó entrenando, entre otros, a los hermanos Carlos y Fidel Castaño y al sicario que asesinaría a Luis Carlos Galán. Además, Klein estuvo involucrado en una transacción de armas que terminaron en manos de alias “El Mexicano”, capo del cartel de Medellín, y en episodios truculentos e intentos de golpe de Estado en Honduras, Panamá, Líbano y algunos países de África (Semana 2012). Según archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, Klein dejó Colombia en 1989 después de haber entrenado al menos a cuarenta y cinco personas en actividades paramilitares (United States Department of State 2004).

En 2001 Klein fue sentenciado por un tribunal colombiano a diez años de cárcel, y en 2007 Interpol emitió una orden de detención, que condujo a su arresto ese mismo año en Rusia, y a su posterior extradición a Israel en 2010. Hasta el momento, Israel sigue sin responder al pedido de extradición que ha hecho Colombia para que el exmilitar pague por sus crímenes.2

2 Menos tormentoso que el caso Klein, fue el episodio de David Candiotti, un ciudadano israelí que a finales de los ochenta había contactado el cartel de Cali para entrenar sicarios y contrabandear armas, entre ellas armas antitanques, lanzagranadas, explosivos plásticos C-4, fusiles de asalto AR-15, pistolas 9 milímetros y otros fusiles. Aunque Candiotti fue arrestado en 1989 y luego cooperó con la justicia (El Tiempo 1991), su participación fortaleció en Colombia la mala reputación que ya se tenía de Israel.

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En resumen, lo que se puede observar es que hasta finales de los noventa las relaciones entre Colombia e Israel se caracterizaron más por episodios de des-acuerdo que de apoyo y colaboración. No obstante, este escenario cambió con la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia, quien desde el principio abogó por una relación más estrecha, en aras de manejar la difícil situación de orden público que enfrentaba Colombia después del gobierno de Andrés Pastrana.

2. National Role Conception, alianzas y política exterior

La relación entre Colombia e Israel ha sido muy poco estudiada en el país. La baja producción bibliográfica sobre el tema deriva de tres problemas centrales de los estudios sobre política exterior colombiana. En primer lugar, los pocos análisis que tratan la relación entre ambos Estados son de carácter descriptivo y se concentran en la posición de Colombia frente al conflicto árabe-israelí y la proclamación del Estado palestino (Ramírez 1989; De Currea-Lugo 2012). Aunque algunos estudios se han enfocado en describir la historia diplomática y las relaciones comerciales entre ambos países, resalta la falta de un marco teórico para interpretar el fenómeno. Este problema se agudiza si se tiene en cuenta que estos trabajos no abordan exclusivamente la relación Colombia-Israel, sino que se enmarcan en análisis regionales sobre Medio Oriente (Borda, Bell, Gómez et al. 2011).

Los rasgos descriptivos, limitados y generales de estos estudios, al igual que la relativa escasa literatura, derivan de un segundo problema central: la es-casez de fuentes primarias sobre el tema. A pesar de que es fácil encontrar cifras sobre comercio exterior, la relación con Israel es mucho más amplia. Cifras sobre narcotráfico, cooperación en defensa, migración, tráfico de armas, entre otros, están disponibles de manera limitada en la documentación oficial a la cual se puede acceder públicamente.

Por último, este vacío se puede explicar por la preponderancia que tienen otros temas, tanto en los análisis de política exterior colombiana como en la agenda internacional del Ejecutivo, lo cual estrecha la envergadura de temas y análisis sobre la relación Colombia-Israel. Preguntas sobre el conflicto armado, la estrecha relación con Washington, las disputas regionales o el narcotráfico han ocupado el interés de los investigadores nacionales, en detrimento de otros temas.

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Teniendo esto en cuenta, esta sección busca avanzar sobre los trabajos que existen sobre el tema al proponer un análisis centrado en la teoría del national role con-ception (NRC), que ofrece varias ventajas metodológicas y analíticas.

La teoría de NRC, propuesta por Holsti en 1970, surge como respuesta a la incapacidad de precisar los roles que los políticos otorgaban a los Estados. Etiquetas como “aliado”, “hegemón”, “no alineado” o “revolucionario” eran im-puestas a los gobiernos sin tener mayor precisión sobre las implicaciones que aca-rreaban. En la práctica, la definición de estas categorías es de gran importancia, ya que establece los límites y las expectativas de lo que un país “aliado” o “revolu-cionario” puede hacer en el sistema internacional, es decir, los roles “resumen un amplio pero típico grupo de actitudes y comportamientos diplomáticos” (Holsti 1970, 233). Así, las NRC son aquellas concepciones que tienen los tomadores de decisiones respecto a las decisiones, los compromisos, normas y acciones más apropiados para sus Estados, así como las funciones que deben cumplir en los ámbitos internacional y regional. Las NRC componen la imagen adecuada que debe ejercer un país en el exterior (1970, 245-46) y definen las responsabilidades y obligaciones en política internacional. También tienden a revelar la intención y los motivos de los actores políticos; en otras palabras, el significado de sus acciones (Aggestam 2006, 19). Además, en un sistema internacional anárquico, donde los Estados y los políticos poseen información incompleta al tomar deci-siones e implementar estrategias que satisfagan el interés nacional, estos roles son de gran importancia, ya que por medio de sus prescripciones llenan esos vacíos de información y, en consecuencia, direccionan la formulación de la política exterior (Goldstein y Keohane 1993, 13; Aras y Gorener 2010, 76).

La literatura sobre NRC reconoce la convivencia de múltiples roles en un mismo país. Por ejemplo, Holsti (1970) señala que los tomadores de decisiones estadounidenses concebían su país como “protector regional”, “defensor de la paz” y “desarrollador del Tercer Mundo”. No obstante, la convivencia de varios roles puede ser conflictiva al formular la política exterior. Esta situación se puede generar por dos razones: en primer lugar, porque se origina bajo contextos ins-titucionales completamente distintos, como bien señaló James Rosenau en 1987: “los individuos que trabajan en política exterior ocupan una serie de roles en sistemas determinados y, en consecuencia, están sujetos a que los roles entren en conflicto” (citado por Aggestam 2006, 23); en segundo lugar, los conflictos

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son más propensos a originarse cuando las condiciones y los contextos que los producen cambian de manera abrupta. Por ejemplo, el fin de la Guerra Fría puede considerarse como una de esas coyunturas en las cuales los roles de varios Estados chocaron frente a un nuevo escenario mundial.

La teoría de roles diseñada para explicar el comportamiento internacional de los Estados, afirma Holsti (1970), está compuesta por la interacción entre tres conceptos: national role conception, role prescription y role performance. El primer término hace referencia a la idea que tienen los políticos sobre el rol nacional de su propio país (ego); el segundo, a las normas y expectativas que otros actores tienen sobre dicho país (alter), y el tercero representa las actitudes, decisiones y acciones que implementan los Estados, en este caso, la formulación de una política exterior específica. Holsti plantea que una decisión (role performance) en política exterior es el resultado de un “estatus nacional” que surge de la interacción entre role concep-tion y role prescription, y que cada uno de estos puede surgir de distintas fuentes, que dependerán de las dinámicas internas de cada país. No obstante, el autor reco-noce que el papel del alter no es necesario para que un gobierno implemente una decisión de política internacional: “Generalmente, las expectativas de los otros go-biernos, las normas, las costumbres o los tratados, y las sanciones disponibles para su cumplimiento, están mal definidos, son débiles o flexibles, en comparación con los que existen a nivel doméstico y, particularmente, en las instituciones formales” (243). Entonces, la ejecución de determinada política exterior se explica principal-mente por la NRC (ego) que tienen los tomadores de decisiones domésticos.

Un análisis de la política exterior colombiana basado en la teoría de roles supone varias ventajas frente a otras aproximaciones. En primer lugar, permite explicar cambios y conductas anómalos de un Estado. Como se señaló antes, la relación entre Israel y Colombia cambió en poco tiempo, especialmente la imagen que tenían los tomadores de decisiones colombianos; entonces, ¿cómo explicar ese cambio de posición tan repentino? Según lo entiende este marco conceptual, diferentes roles nacionales producen diferentes motivaciones e intereses relacio-nados con la política exterior. Por lo tanto, un análisis basado en NRC puede proporcionar al investigador una herramienta útil para explicar las variaciones en el comportamiento de la política exterior (Aras y Goroner 2010, 77; Le Prestre 1997, 7). En este contexto, la formulación de nuevos roles por parte de ambos gobiernos ha permitido fortalecer sus relaciones.

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Otra ventaja de aplicar la teoría de roles a la política exterior es que ayuda a comprender las obligaciones y los compromisos que tiene un Estado, más allá de aquellos que se derivan de la necesidad de maximizar los interés nacionales. Según lo ha planteado el neorrealismo, las acciones de los Estados son resultado de un análisis costo-beneficio que se hace en aras de maximizar sus posibilidades de supervivencia en el sistema internacional (Mearsheimer 1994/5, 10). Entonces, to-do aquello que no se haga en función de este objetivo debe dejarse a un lado para no perjudicar la integridad nacional. A pesar de ello, muchas veces los Estados llevan a cabo acciones que pueden escapar a esta lógica, y allí es donde la teoría de roles ayuda a explicar ciertos comportamientos. Las distintas NRC que vienen desarrollando los gobiernos, especialmente aquellas asociadas con la lucha anti-terrorista, reflejan las normas, los propósitos y las orientaciones de Colombia e Israel en el sistema internacional que no logra captar el realismo estructural. En otras palabras, lo que es racional es una función de la legitimidad que se deriva de los roles compartidos dentro de las instituciones y entre los actores sociales, es decir, un rol nacional establece una “lógica de lo apropiado” dentro del accionar de un país (March y Olson 1998, 951).

Finalmente, la idea de NRC complementa la lectura que teorías como el neorrealismo tienen sobre la formación de las alianzas. La sabiduría convencional neorrealista señala que dos Estados se alían como medida para enfrentar una po-sible amenaza. En este sentido, la dinámica de las alianzas surge como resultado de un cálculo racional costo-beneficio vis-à-vis la potencial e inminente amenaza (Barnett 1996, 401). Aunque muy útil, esta explicación tiene dos vacíos importan-tes. En primer lugar, no todas las alianzas surgen como resultado de este cálculo; muchas veces, dos países se asocian incluso si los costos son muy altos. La teoría de roles sostiene que las alianzas pueden surgir, incluso, cuando los beneficios son muy bajos, ya que lo que direcciona el comportamiento de los Estados no es una racionalidad expresada únicamente en un análisis costo-beneficio, sino también una racionalidad derivada de la identidad y de la visión normativa del otro (March y Olsen 1998, 951-954). Es decir, cuando un gobierno determinado, con una serie de roles bien definidos, va a interactuar en el sistema internacional, estos le van a señalar con quién es apropiado y racional alinearse. Más allá de si se obtienen ganancias o no, lo que también motiva a dos Estados a aliarse es la mutua identificación de roles. El segundo vacío del neorrealismo respecto a este

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tema radica en que no logra explicar el tipo de actores con los cuales un país decide o no aliarse. Según Sandra Borda, cuando los Estados buscan

[…] asistencia internacional de cualquier tipo, tienen bien claro que la ayuda raras veces es proporcionada a cambio de nada y que las alianzas vienen con costos potenciales en materia de seguridad y autonomía. Ésta es la razón por la cual las partes en conflicto normalmente tratan de en-contrar “socios” internacionales que puedan proveer ayuda, pero también buscan algún tipo de “empatía” con estos actores, “empatía” que en el futuro pueda significar una reducción de los costos de la alianza. (2007, 76)

En este caso, lo que puede generar la empatía suficiente para determinar con qué país aliarse o no son los roles compartidos. Por ejemplo, Michael Barnett (1993) señala que una de las razones que explican la inestabilidad y falta de or-den regional en Medio Oriente es la presencia de roles contradictorios entre los países de la zona. Por el contrario, Heike Hermanns (2013) afirma que la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos se basa en el hecho de que ambos ejercen y comparten el rol de “actor global responsable” (responsible global player). Así, el neorrealismo logra explicar por qué un país se alinea en el sistema internacional, mas no con quién lo hace.

Después de los atentados del 11 de Septiembre y la declaración de las FARC como grupo terrorista, el Gobierno colombiano se embarcó en la construc-ción de un rol basado en la idea de “aliado contra el terrorismo”. Por otra parte, este clímax internacional también sirvió para fortalecer en Israel este rol antite-rrorista, al tiempo que lo empujó hacia direcciones legítimas. Como veremos, al hacerlo, ambos países dieron los primeros pasos para reconstruir la relación.

3. El rol agente antiterrorista y sus orígenes en Israel y Colombia

a. Agente antiterrorista

Holsti (1970, 264) señala que durante la Guerra Fría distintos países ejercieron roles de “agentes antiimperialistas” o “defensores de la fe”. Aunque no compartían un mismo referente, ambos roles denotaron una misma idea de oposición y re-sistencia frente a un enemigo externo: el “agente antiimperialista” es aquel Estado

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que percibe el imperialismo como una seria amenaza a la seguridad y que se identifica como un agente que lucha contra este mal. Por otra parte, la etiqueta de “defensor de la fe” hace referencia a Estados que defienden un sistema de valores amenazado por un agente externo. Estos roles formulados por Holsti reflejan el contexto de la Guerra Fría y traducen una forma de dividir el mundo entre un “ellos” y un “nosotros”, distinción que se manifiesta aun hoy. Por ejemplo, en los últimos años se ha vuelto común referirse a Irán, Iraq y Corea del Norte como el “Eje del mal” o a Myanmar (Birmania) y Zimbabue como “Estados parias”; mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania, entre otros, se reconocen como “The coalition of the Willing”. Otro rol que surgió en la última década, que es el que nos interesa, es el de agente antiterrorista, el cual se originó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU.

El terrorismo no es un fenómeno nuevo; sin ir más atrás, desde la década de los setenta, Irlanda, Escocia, España, Sri Lanka, Turquía, entre otros, han sufrido este flagelo. Sin embargo, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la visión frente a este problema cambió: pasó de ser un fenómeno exclusivo de algunos paí-ses, y que por consiguiente debía ser solucionado localmente, a ser un problema de carácter global que requería la participación y cooperación de la comunidad inter-nacional, llegando incluso a formularse en las Naciones Unidas una estrategia global antiterrorista por medio de la resolución 60/288. Después de 2001, Estados Unidos se convirtió en el líder detrás de esta cruzada al formular, dirigir y financiar lo que se conoce como la Guerra global contra el terrorismo (GWOT, por su sigla en inglés). Además, George W. Bush abrió las puertas de esta lucha a todos los países que sufrían esta amenaza. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, el mandatario señaló:

La guerra contra el terrorismo es una iniciativa global de incierta duración. Estados Unidos ayudará a los países que necesiten luchar contra el terro-rismo […]. Estados Unidos y sus aliados van a impedir que los terroristas desarrollen nuevos asentamientos. Juntos vamos a detener la creación de santuarios cada vez que aparezcan.3 (President of the United States of America 2002, 1-2)

3 Todas las traducciones al español son del autor, a menos que se indique lo contrario.

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Bajo este nuevo contexto global, varios países decidieron participar en la GWOT para tratar de solucionar los problemas internos que tenían con actores violentos no estatales. Al hacerlo, los gobiernos de estos países no solo se con-virtieron en aliados de Washington sino que también adoptaron el rol de agentes antiterroristas e internacionalizaron sus conflictos domésticos. Después del 11 de Septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos definió el terrorismo como “la violencia premeditada y políticamente motivada perpetrada contra blancos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, y que normalmente se hace con la intención de influir en una audiencia determinada” (United States Department of State 2001, xii). En este sentido, quienes empeza-ron a ejercer este rol presuntamente asumieron la responsabilidad de combatir el terrorismo en todas sus dimensiones y de oponerse a través de cualquier medio a esa violencia premeditada y políticamente motivada.

Dentro de los muchos países que decidieron utilizar la guerra global contra el terror para abordar de una manera distinta sus propios conflictos do-mésticos, y de esta manera adoptaron el rol de agentes antiterroristas, Colombia e Israel sobresalen en sus regiones.

b. Israel como agente antiterrorista después del 11 de Septiembre

Israel ha sido un país que desde su nacimiento ha enfrentado la amenaza terro-rista. Como señala Daniel Byman, Israel ha luchado contra el terrorismo durante más de sesenta años, a veces de manera brillante, a veces desastrosamente (2011, 362), inspirando así la construcción de un mito sobre la brillantez israelí, e incluso sobre su omnipotencia, cuando se habla del tema (Byman 2011, 3). Por tal razón, es erróneo señalar que su rol como agente antiterrorista es nuevo o resultado de la GWOT. No obstante, sí es posible afirmar que tras los ataques del 11 de Septiembre, este rol cobró mayor relevancia. El Gobierno se identificó con la causa estadounidense y se insertó en la GWOT al afirmar que “Israel comparte con Estados Unidos y el mundo libre aquellos valores que Bin Laden y sus aliados rechazan. Ambos representamos las mismas ideas de libertad y democracia que los terroristas quieren destruir” (Book 2001).

Al involucrarse en la GWOT como un agente antiterrorista con experien-cia, Israel empezó a desarrollar funciones prescritas por ese rol. En primer lugar, se convirtió en una invaluable fuente de experiencia sobre un problema con el

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cual Washington no había tenido que lidiar de forma tan intensa. A través de capacitación conjunta, ejercicios e intercambios sobre doctrina militar, Estados Unidos se ha beneficiado en las áreas de lucha contra el terrorismo, inteligencia y guerra urbana. El apoyo de Israel a EE. UU. incluye asesoramiento en el manejo de radares y seguridad aeroportuaria; venta de armamento, vehículos y tecnolo-gía militares; construcción de perfiles y recolección de información, entre otros: “La estrategia de contraterrorismo y la cooperación en materia de inteligencia es profunda y extensa, con ambos países trabajando juntos para alcanzar el interés común que representa acabar con el terrorismo de Hamas, Hezbolá, al Qaeda y sus afiliados” (Blackwill y Slocombe 2011; Aipac 2013).

Además de convertirse en proveedor de experiencia para EE. UU., la introducción de Israel en el discurso de la GWOT legitimó frente a los ojos de la comunidad internacional las tácticas militares que el Gobierno implementó durante la Segunda Intifada, y que en sus inicios habían sido rechazadas por la administración Bush (Verter 2011; Troy 2012). Antes del 11 de Septiembre, las relaciones entre ambos gobiernos pasaron por una etapa de ambivalencia: aunque eran aliados y mantenían fuertes vínculos comerciales, EE. UU. recha-zaba la forma como Tel Aviv abordaba el conflicto en Cisjordania y Gaza. En primer lugar, el 30 de abril de 2001 salió el informe de la Comisión Mitchell,4 donde se determinaba, entre otras cosas, que Israel debía cesar la construc-ción de todos los asentamientos. En segundo lugar, algunos días antes de los ataques al World Trade Center, la comunidad internacional, incluido EE. UU., condenó la incursión de las Fuerzas de Defensa Israelíes en Beit Hanun (Franja de Gaza), que buscaba capturar terroristas y frustrar posibles ataques. Según lo señaló en su momento el ministro del Interior de Israel, Gideon Sa’ar, “Israel no tenía claridad sobre la dirección en la cual iban las relaciones entre ambos países” (Verter 2011).

Yosi Verter (2001) afirma que después de septiembre de 2001, toda la comunidad internacional, encabezada por EE. UU., cambió radicalmente la ma-nera de percibir y reaccionar ante los grupos y acciones terroristas. A partir de

4 La Comisión Mitchell fue una misión liderada por el senador estadounidense George Mitchell que buscaba esclarecer los orígenes de la Segunda Intifada y proponer soluciones para el fin de la violencia entre árabes e israelíes.

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ese momento, cualquier Estado que fuera víctima tenía toda la legitimidad de ejecutar prácticas antiterroristas, en aras de proteger el interés nacional. En el caso específico de Israel, sus tácticas contraterroristas condenadas en el pasado, ahora tenían luz verde. Un ejemplo de esto fue la Operación Escudo Defensivo, que el Ejército israelí ejecutó en Cisjordania tan solo seis meses después de los ataques al World Trade Center, y que contó con el amplio apoyo del antes crítico Estados Unidos. Otro cambio de la comunidad internacional respecto a Israel fue en el tema de los asentamientos, ya que desde entonces disminuyó la presión por el desmantelamiento de estas colonias en los territorios ocupa-dos. En general, el giro más importante lo tuvo Estados Unidos. A partir de 2002, señalan John J. Mearsheimer y Stephen M. Walt (2007, 60-1), una nueva racionalidad se desarrolló entre ambos países. En lugar de ver a Israel como una fuente de conflicto en la relación EE. UU.-Medio Oriente, los dos países se reconocieron como aliados contra la amenaza terrorista y manifestaron apoyo mutuo para lidiar con el problema.

El rol de agente antiterrorista que Israel ha aceptado y ejercido continuará siendo un elemento fundamental de los próximos gobiernos, y posiblemente no va a cambiar hasta que se llegue a un acuerdo con Palestina y los demás Estados árabes. Así lo señaló el primer ministro Benjamín Netanyahu:

El debilitamiento sistemático del terrorismo árabe debe ser el objetivo principal de la política israelí. Cualquier acuerdo que Israel lleve a cabo con los países árabes debe hacerse en función de este objetivo hasta llevar a su completa destrucción, y no a una posible intensificación. (Citado en Boaz 2007, 28)

Con la llegada de la Guerra global contra el terrorismo, Israel encontró una plataforma para promover su causa en el ámbito internacional y convertir su conflicto en el conflicto de todos aquellos países que también enfrentan situacio-nes similares. Como lo planteó un grupo de neoconservadores en una carta diri-gida a Bush: “La lucha de Israel contra el terrorismo es nuestra lucha. La victoria de Israel es una parte importante de nuestra victoria. Por razones tanto morales como estratégicas, tenemos que apoyar a Israel en su lucha contra el terrorismo” (citada en Mearsheimer y Walt 2007, 248).

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c. Colombia como agente antiterrorista despuésdel 11 de Septiembre

Al igual que Israel, Colombia es un país que ha sufrido un conflicto armado interno por varias décadas. Sin embargo, fue solo hasta después de los aten-tados al World Trade Center y el fracaso de las negociaciones de San Vicente del Caguán que el Gobierno decidió adoptar el rol de agente antiterrorista y vincularse a la GWOT.

Antes de la llegada de Álvaro Uribe y del 11 de Septiembre, el gobierno de Andrés Pastrana se había encargado de presentar a Colombia como un país problema frente a la comunidad internacional. “En el segundo lustro de los noventa emergió la sensación en Washington de que el país estaba al borde de su desmoronamiento completo” (Tokatlian 2008, 104). Según lo plantea Arlene B. Tickner, al desarrollar una imagen de país en estos términos, el Gobierno colombiano participó activamente en la construcción de su propia inferioridad, lo cual consideraba indispensable para asegurar la ayuda de Washington (2007, 100). Por otra parte, hasta este punto, ni las FARC ni ningún otro grupo armado habían sido catalogados como terroristas, y el Gobierno los llamaba subversivos o narcosubversivos, lo que significaba que las autoridades aún reconocían que losgrupos mantenían una agenda política y social.

Esto cambió cuando en 2002 se finalizó el proceso de paz, y el presidente Pastrana afirmó que “[...] ya nadie puede dudar de que, entre política y terro-rismo, las FARC optaron por el terrorismo” (citado en Tickner 2007, 101). Así, Pastrana vinculaba la lucha de Colombia con la guerra mundial antiterrorista que Washington había emprendido el año anterior. Ambos países

[…] compartían otra vez una cosmovisión en relación con la nueva gue-rra global contra el terrorismo. La estrategia de Pastrana de presentar a estos grupos como terroristas adoptó un significado totalmente dife-rente después del 11 de Septiembre: se asemejaba más que nunca a la de Washington y su nueva guerra internacional contra el terrorismo, ponía a ambos gobiernos casi automáticamente en la misma sintonía y otorga-ba a la guerra colombiana un papel prioritario en la política exterior de Estados Unidos. (Borda 2013, 75)

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A partir de este giro, la cooperación Colombia-EE. UU. se transformó: durante la administración Pastrana y su diplomacia por la paz, el Congreso de Estados Unidos autorizó la creación de un paquete de asistencia por unos 1.000 millones de dólares para fortalecer el Estado y combatir el narcotráfico. Aunque el acuerdo no fue una herramienta para luchar contra grupos armados, una vez que el gobierno de Andrés Pastrana calificó a las FARC como terrorista, inscri-biéndose en la GWOT, los alcances del Plan Colombia cambiaron. Un efecto inmediato de esto “fue el levantamiento de algunas de las restricciones asociadas con el uso de la asistencia militar estadounidense en Colombia. En marzo 2002 el presidente George W. Bush pidió la autorización del Legislativo para que las ayu-das antinarcóticos que Colombia ya había recibido por medio del Plan Colombia pudieran utilizarse en la lucha contra el terrorismo” (Tickner 2007, 102). No obs-tante, los éxitos de esa nueva cooperación y, en general, la institucionalización de ese rol quedaron en manos del siguiente gobierno.

Desde 2002, y hasta el fin de su gobierno, fue el presidente Uribe quien enmarcó la concepción del conflicto interno dentro de la cruzada mundial contra el terrorismo, y por consiguiente, las acciones del Estado contra las guerrillas fueron determinadas por el rol de agente antiterrorista. “La columna vertebral del gobierno fue la definición y ejecución de una política de seguridad cuyos ejes principales eran la guerra frontal contra los actores armados ilegales y el narcotráfico, y la afirmación reiterada de que en Colombia no existía un conflicto armado sino un escenario de actividades narcoterroristas” (Tickner 2007, 102). Al hacer esto, la administración Uribe no solo se estaba reconociendo a sí misma como un actor dentro de la GWOT, sino que abría la puerta para que Estados Unidos y otros actores de la GWOT vieran en su gobierno un aliado. Por ejemplo, en su último año de mandato, Bush impulsó la firma del TLC en el Congreso justificando el papel de Colombia en su cruzada antiterrorista:

[…] la aprobación de este acuerdo es urgente por razones relacionadas con nuestra seguridad nacional. Colombia es uno de nuestros aliados más fuertes en el hemisferio occidental. Es dirigido por un líder muy fuerte y valiente, el presidente Uribe. Ha tomado posiciones valientes para defen-der nuestros valores democráticos compartidos. Él ha sido un socio firme y capaz en la lucha contra las drogas y el crimen y el terror. (Bush 2008)

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Cuando un Estado y sus tomadores de decisiones adoptan un rol, no solo se trata de manifestarlo discursivamente sino que involucra una lógica de lo apro-piado que determina sus acciones. Al igual que Israel, cuando Colombia decidió involucrarse en la GWOT y adoptar el rol de agente antiterrorista, su política ex-terior y doméstica se moldeó en función de este papel. En primer lugar, fue bajo este nuevo rol que Colombia decidió apoyar la invasión de EE. UU. a Iraq (2003), situación que no estuvo exenta de críticas regionales y domésticas (El Tiempo 2003), no solo porque fue el único gobierno de Sudamérica en apoyarla, lo cual generó malestar entre los países de la región, sino porque también acabó con una tradición de apego al derecho internacional que caracterizaba la política exterior.

Además de su controversial postura frente a la invasión a Iraq, ese mismo año, el rol adquirido también llevó a Colombia a adoptar una posición poco favorable respecto a la Corte Penal Internacional (CPI). Si el Gobierno quería seguir recibiendo ayuda para la lucha antiterrorista, debía firmar con EE. UU. un acuerdo en el cual se comprometía a pedir el consentimiento de Washington antes de poner a un ciudadano estadounidense bajo la jurisdicción de la CPI. Esta situación era perjudicial para el país, ya que, como lo señaló Human Rights Watch, el acuerdo “eliminaría la función de vigilancia de la CPI, que es el prin-cipio fundamental que sustenta el Estatuto de Roma y un aspecto esencial para impedir la impunidad” (2003). A pesar de ello, en septiembre de 2003 finalizaron las negociaciones sobre el tema, con resultados esperados de un aliado de la Casa Blanca: “el término inmunidad desapareció del texto del acuerdo entre ambos países y, en su lugar, se convino que las autoridades colombianas no enviarían a ningún ciudadano estadounidense ante la CPI sin la aprobación previa del gobierno de Estados Unidos […]. Dos semanas después, el presidente Bush au-torizó la entrega de los 5 millones de dólares que había retenido para presionar al gobierno colombiano” (Borda 2013, 101).

El cambio en el lenguaje del Estado fue otro de los elementos que trajo la adopción de este rol. No solo las palabras “terrorismo” y “terrorista” se populari-zaron en el lenguaje oficial, sino que también se empezaron a utilizar de manera recurrente dentro del Gobierno para catalogar a todo aquel actor que fuera crí-tico u opositor de las políticas y tácticas contraterroristas de la administración Uribe. Entre los casos más famosos se encuentra el de varias ONG de derechos humanos que, al criticar la cooperación que estaba recibiendo la Casa de Nariño

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en su lucha para acabar con los grupos terroristas y al denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos que estaban llevando a cabo varios agentes del Estado, fueron acusadas de estar al “servicio del terrorismo”. Otro amplio número de actores domésticos e internacionales también recibieron calificativos similares. En el caso de los primeros, se puede señalar a varios miembros del Polo Democrático Alternativo que fueron llamados “terroristas vestidos de civil” (Caracol Radio 2007) y a algunos periodistas, como Daniel Coronell y Hollman Morris, este último acusado por Uribe de escudarse “en su condición de perio-dista para ser permisivo cómplice del terrorismo” (Flórez 2011). En cuanto al segundo grupo, son reconocidas las diatribas que el político antioqueño hizo contra el nobel de Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, al calificarlo de “defensor y vocero del terrorismo”, al igual que las recurrentes declaraciones en contra de los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, a quienes en múltiples ocasiones se les acusó de patrocinar el terrorismo de las FARC y el ELN.

Otro episodio que evidenció la interiorización del rol agente antiterrorista por parte del Gobierno fue el bombardeo al campamento de alias “Raúl Reyes”. El 1º de marzo de 2008, varios aviones de la Fuerza Aérea colombiana ingresaron a te-rritorio ecuatoriano y lanzaron un ataque que dejó veinticinco víctimas, entre ellas el segundo al mando de las FARC, alias “Raúl Reyes”. Esta decisión de la adminis-tración Uribe, al igual que las anteriores, se justificó bajo el lenguaje de la GWOT. En su último Consejo Comunal, el Presidente señaló que la Operación Fénix:

se hizo contra “Raúl Reyes”, nunca contra el hermano pueblo ecuatoriano, y por eso siempre le hemos pedido perdón al Ecuador, aclaramos que a nosotros no nos gusta hacer esto. Nosotros lo hemos hecho por estado de necesidad para enfrentar a un terrorista que nos ha asesinado a nuestros compatriotas, nunca para ofender al pueblo hermano. (El País 2010)

Esta misma línea argumentativa la siguieron otras instituciones públicas para legitimar ciertos hechos. En un recurso de reposición que presentó el procu-rador Alejandro Ordóñez ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la FARC-política, se sostenía que “los cuestionados elementos de juicio se obtuvieron en un contexto de lucha contra el terrorismo, al amparo de la seguridad nacional e internacional, en el marco del desarrollo de un conflicto no

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internacional […] la Operación fue plenamente válida ante el derecho internacio-nal” (Pastrana 2011a). Sobre este mismo tema también declaró la Corte Suprema al afirmar que “la Operación Fénix fue un hecho desarrollado en el marco de la lucha contra el terrorismo que es un compromiso de la comunidad de naciones” (Pastrana 2011b). En conclusión, señala R. Guy Emerson, este hecho se justificó bajo el lenguaje de la guerra contra el terrorismo y se ejecutó como uno de los pilares de la GWOT, el de la guerra preventiva (2010, 47).

4. Colombia e Israel: compañeros y aliadosen la GWOT (2002-2010)

Al compartir el mismo rol e identificarse como aliados en la GWOT, ambos paí-ses dieron sus primeros pasos para acabar la distancia que habían mantenido du-rante los noventa. El objetivo de esta sección es analizar la forma como Colombia e Israel se alinearon tras identificarse mutuamente como agentes-antiterroristas. En otras palabras, se argumenta que la consolidación de la alianza fue impulsada porque ambos países se reconocieron como participantes de la GWOT y víctimas de esta amenaza, lo cual se tradujo en un incremento en la cooperación militar entra ambas naciones. Es importante aclarar que aunque los conflictos en Israel y Colombia tienen orígenes, actores y dinámicas muy distintos, bajo la GWOT ambos se cobijaron bajo una misma etiqueta. Así. independientemente de los actores, el discurso antiterrorista homogeneiza los grupos armados porque tiene la intención de “remover el contenido social y político de la agenda de los insur-gentes, debilita el principio bajo el cual estos grupos luchan (en nombre de los sectores marginales de la población) y, al contrario, presenta sus actividades como hostiles hacia la misma población que pretende proteger y, en general, hacia todo el país” (Borda 2007, 77).

Además, es necesario señalar que aunque después del 11 de Septiembre muchos gobiernos adoptaron el rol de agente antiterrorista,5 Colombia no desa-rrolló la misma dinámica con estos que con Israel; dos factores nos permiten ex-plicar esto. Primero, después del 11 de Septiembre ambos Estados se reconocieron

5 Por ejemplo, ver Febrica (2010) sobre los casos de Indonesia y Singapur.

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mutuamente como víctimas de conflictos históricos perpetrados por terroristas, lo cual generó lazos de simpatía y solidaridad que facilitaron el acercamiento (Presidencia de la República de Colombia 2013). En segundo lugar, a diferencia de muchos otros países, Colombia vio en Israel un país con mucho que ofrecer. En aquel escenario, el Gobierno colombiano supo explotar lo que Tel Aviv podía ofrecer, al mismo tiempo que Israel vio en Colombia una oportunidad para am-pliar su portafolio de servicios.

En abril de 2010, pocos meses antes que Uribe finalizara su último pe-ríodo, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, viajó a Israel para reunirse con varios dirigentes israelíes, entre ellos, el presidente, Shimon Peres, y el canciller, Avigdor Lieberman. En una conferencia de prensa con su homólogo, Bermúdez señaló que “el gobierno tiene la intención de seguir trabajando para fortalecer los vínculos y la amistad con Israel. En el pasado hemos tenido dificul-tades, hemos sufrido con el terrorismo, pero su país y su gente y nuestro país y nuestra gente han mostrado gran resistencia. Por tal razón veo que nuestro futuro es brillante” (La W 2010). Por su parte, Lieberman afirmó: “Hemos discutido la situación por la que está pasando la comunidad internacional, Medio Oriente y Sudamérica. Estamos enfrentando los mismos retos respecto al terrorismo. En este momento los vínculos son muy estables […] con el gobierno Uribe tenemos una excelente relación” (La W 2010). Estas palabras señalaban el buen estado de las relaciones de cooperación entre ambos Estados. Entonces, ¿cómo sirvió el rol de agente antiterrorista para renovar las relaciones?

a. Israel y Colombia durante la primera administraciónde Álvaro Uribe (2002-2006)

En los cuatro primeros años del gobierno Uribe, las relaciones entre Bogotá y Tel Aviv se enmarcaron dentro de la Guerra global contra el terrorismo y las implicaciones para ambos. Todas las visitas oficiales que se hicieron entre ambos países durante estos años versaban, directa o indirectamente, sobre la GWOT. En 2002, el director del Departamento de América del Sur de la Cancillería de Israel, Rafael Eldad, visitó Colombia y se entrevistó con autoridades de la Cancillería colombiana para abordar el tema del posible ataque de EE. UU. a Iraq y sus impli-caciones para la región, así como la existencia de focos terroristas en Suramérica. En 2005, el viceministro de Relaciones Exteriores, Camilo Reyes, se entrevistó

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con Dorit Shavit, directora de América Latina y el Caribe; Alon Bar, director del Departamento de Control de Armas, y Harry Kney-Tal, director general de Investigaciones Políticas de Israel. La reunión abordó temas relacionados con la situación en Medio Oriente y la aplicación rigurosa de las normas internacionales en materia de venta de armas. En febrero del siguiente año, el asesor especial y embajador interino para América Latina, Michael Eligal, visitó la Cancillería en compañía del embajador Yair Recanati. Los dos diplomáticos israelíes se entre-vistaron con el viceministro de Relaciones Exteriores y viceministro de Asuntos Multilaterales para explicar los últimos acontecimientos suscitados por el reciente triunfo de Hamas en las elecciones parlamentarias de Palestina (Ministerio de Relaciones Exteriores 2002, 2003, 2004 y 2005).

En este mismo período, el fortalecimiento de la industria y de la capacidad militares como motor de lucha contra el terrorismo fue otro de los puntos prin-cipales en la renacida relación Colombia-Israel. Como lo señala Rocío Pachón, “la industria militar y de armas en Colombia dio un salto significativo a partir del año 2002. Actualmente es una industria productiva, que responde a necesi-dades estratégicas de la Fuerza Pública y que, como pocas empresas del Estado, genera utilidad” (2009). La estrategia antiterrorista de Álvaro Uribe se basó en una guerra frontal contra los actores armados ilegales y el narcotráfico, y para ello el Gobierno debía fortalecer el aparato militar. Además de EE. UU. y el Plan Colombia, Israel cumplió un papel importante dentro de ese objetivo. Por un lado, las importaciones de armas aumentaron durante los primeros cuatro años de gobierno: mientras que a finales de los noventa el volumen de importaciones nos superaba los diez millones de dólares, entre 2002 y 2006 ese valor se duplicó llegando a superar los veinticinco millones (ver la tabla 1). Por otra parte, el for-talecimiento de la industria y la capacidad militares tuvo un protagonista funda-mental: el fusil Galil, de origen israelí. Aunque en estos años Colombia también hizo transferencia de tecnología con Tel Aviv para fabricar lanzagranadas de 60 milímetros (El Tiempo 2006), el fruto más importante de esta relación fue el Galil. El proceso de fabricación inició con la compra de la maquinaria necesaria por parte de Indumil; luego se seleccionó un grupo de personas que viajó a Israel para recibir capacitación, y, posteriormente, una delegación israelí estuvo en Colombia para ajustar detalles (El Tiempo 2006), cimentando, así, la transferencia de co-nocimiento y mercancía en función de la lucha contra el terrorismo. Con Israel,

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afirma Pachón, “el país pasó a ser el único con capacidad para la producción y venta del fusil Galil, además de que desarrolló modelos nuevos del MGL con tecnología de punta” (Pachón 2009).

Tabla 1. Importaciones de armamento israelí a Colombia

Fuente: DANE. Las cifras se encuentran en millones de dólares.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Millones USD

Aunque la primera administración Uribe se caracterizó por una política exterior hacia Israel muy distinta a la de su antecesor, esta solo se limitó a discu-siones sobre la amenaza terrorista en ambos países y a la compra y el desarrollo de armamento por parte de Colombia. Pero, pese a su extensión, para entonces ya se evidenciaba una nueva dinámica.

b. Israel y Colombia durante la segunda administraciónde Álvaro Uribe (2006-2010)

La relación bilateral en los primeros cuatro años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) iba a ser la antesala para la intensificación y profundización de los lazos durante su segundo período (2006-2010). Según lo establece un cable de la embajada americana revelado por WikiLeaks, esta situación se “remonta a diciem-bre de 2006, cuando el Gobierno colombiano empezó a dialogar con exmilitares israelíes para obtener asesoramiento en varios temas relacionados con el conflicto

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armado” (WikiLeaks 2008). Específicamente, los vínculos entre Israel y Colombia durante el período 2006-2010 se concentraron en el sector defensa a través de con-tratistas de seguridad privada que se encargaban de tareas como el asesoramiento y planeación militares, el entrenamiento de tropas y el apoyo en la compra de arma-mento. Además, los cables indican que los contratistas “han participado en el en-trenamiento de fuerzas especiales, en particular relacionado con ataques a objetivos de alto valor, y han hecho recomendaciones sobre operaciones militares conjuntas y la reestructuración de los sistemas de inteligencia colombianos” (WikiLeaks 2008).

El acercamiento en este cuatrienio se dio bajo un contexto doméstico específico. En los dos últimos años de la primera administración Uribe (2004-2006), los indicadores sobre el conflicto armado empeoraron,6 lo que generó un sentimiento de frustración entre los altos mandos; además, esta situación se in-tensificó por los pocos éxitos que había tenido el Ejército con respecto a objetivos de alto valor militar. Entonces, el Gobierno, en cabeza del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, decidió entablar relaciones con varias empresas israelíes de seguridad. Entre las distintas compañías a las que acudió el Gobierno, Global CST fue una de las más importantes. Dirigida por el exgeneral Yisrael Ziv, amigo personal de Santos, Global CST “tenía como objetivo principal realizar una evaluación estratégica del conflicto interno. Específicamente, el análisis se iba a concentrar en los mecanismos para derrotar a las FARC y otras organizaciones te-rroristas; la evaluación de las amenazas externas, incluidos Venezuela y Ecuador; y la compra de armamento” (WikiLeaks 2008). Según lo indican los cables, esta evaluación sirvió como base para la formulación del Salto Estratégico o Plan Nacional de Consolidación Territorial, “una iniciativa que combina lo militar con lo social en aras de consolidar el Estado en los territorios donde tradicionalmente han estado las FARC, los paramilitares y los grupos criminales” (Peña 2009).

Según un informe de Semana,

[…] esta empresa tenía como centro de operaciones la base de Tolemaida (Nilo, Cundinamarca), y su injerencia era al más alto nivel, pues están

6 Para mayor información sobre los éxitos y fracasos de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad durante el período 2005-2006, ver: http://www.atlas.com.co/sia/public/uploads/informe-preventivo/Logros_Sector_Defensa_Sep_2013(4).pdf

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trabajando en dos áreas que son críticas en todo el sector defensa: mejorar la inteligencia, y los procesos de comando y control. En el mismo informe, el ministro Santos afirmó que “la asesoría ya ha arrojado frutos. Uno de ellos son las entrevistas que se les hacen a los desmovilizados. Éstas eran hechas por funcionarios sin una preparación especial. Ahora, son interrogados con todas las técnicas que los israelíes han propuesto, para sacar el máximo provecho a la información. También nos están enseñando a mantener el secreto, a transformar la información en operaciones y a evitar que todos los que están en esta tarea quieran salir en los periódicos”. (Semana 2007)

Otro de los cables publicados por WikiLeaks reveló que durante un pe-ríodo de tres años, Global CST ganó la confianza del Ministerio de Defensa, “al prometer una plan de asistencia más económico que el ofrecido por Washington y sin ataduras o compromisos” (WikiLeaks 2009). Aunque la información es negada por el Gobierno colombiano (La W 2008), el diario israelí Jerusalem Post afirmó que fue tal la confianza del Gobierno que el exgeneral Ziv y su grupo de asesores participaron en la Operación Jaque y en la Operación Sodoma (The Jerusalem Post 2010), donde, respectivamente, se rescataron quince secuestrados y se dio muerte a Víctor Julio Suárez, alias “Mono Jojoy”.

Otro socio por medio del cual el Gobierno pudo desarrollar su rol de agente antiterrorista fue Israel Aircraft Industries (IAI), empresa estatal fundada en 1953 por Shimon Peres y Al Schwimmer. A diferencia de Global CST, IAI mantenía relaciones con Colombia desde finales de los años seten-ta. Además de tener contratos para adquirir fusiles Galil, morteros Soltam y algunos aviones Kfir, la compañía se encargó del mantenimiento, reparación y modernización de los aviones Mirage M-5, de origen francés, lo cual repre-sentó un costo cercano a los 400 millones de dólares (Ramírez 1989, 20). En febrero de 2008, el ministro Santos viajó a Israel con la intención de negociar la compra de drones (UAV) con capacidad de vigilancia, inteligencia y reco-nocimiento, y concretar un convenio con IAI por la suma de 160 millones de dólares para actualizar veinticuatro aviones Kfir C7 a la versión C10 y comprar algunas fragatas (WikiLeaks 2009). Durante la rueda de prensa con el primer ministro Ehud Olmert, un periodista preguntó a Santos: “¿qué puede recibir Colombia de Israel en materia de lucha contra el terrorismo?”; su respuesta

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no fue sorpresiva: “Israel tiene unas de las mejores inteligencias del mundo. El terrorismo se combate sobre todo y ante todo con inteligencia y es mucho lo que Israel nos puede enseñar y ayudar en ese tema” (El Tiempo 2008). En esa misma reunión, el primer ministro Olmert enfatizó que “entre ambas naciones no hay límites en cuanto a los campos en los que podemos cooperar”, y de paso confirmó “la creación de un ‘fondo común’ para promover la investigación y el desarrollo, no solamente en temas militares, sino en todas las áreas de la inves-tigación científica” (Presidencia de la República de Colombia 2008).

En resumen, lo que se puede percibir es que el período comprendido en-tre 2006 y 2010 representaba hasta ese entonces el momento de mayor cercanía entre Israel y Colombia desde que ambos entablaron relaciones diplomáticas. Para cuando Álvaro Uribe dejó la Presidencia, el Estado israelí había dejado de ser el tímido socio comercial y cultural para convertirse en un importante aliado militar.

c. Colombia, Palestina y Hezbolá después del 11 de Septiembre

Compartir el mismo rol de agente antiterrorista ayudó no solo a que Colombia e Israel renovaran su alianza, sino que también se transformó la relación que Bogotá tenía con actores de gran relevancia para Tel Aviv: en primer lugar, Palestina, con la que las relaciones fueron muy limitadas en los ocho años de la administración Uribe, a pesar de que Colombia continuó respaldando las aspi-raciones del pueblo palestino de tener un Estado propio. Según lo reportan las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores (2002-2010), entre 2002 y 2008 las relaciones con Palestina no fueron distintas ni sufrieron cambios importantes frente a años anteriores pues continuaron siendo limitadas y escasas, concen-trándose principalmente en escenarios como la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, las Cumbres de los No Alineados y la Reunión de ministros de los países árabes y de América Latina. En 2003, 2005 y 2008 se realizaron visitas de distintos funcionarios entre ambos países, principalmente de Palestina a Colombia. No obstante, las agendas de conversación no trataron temas vitales como el reconocimiento del Estado palestino, la situación de los refugiados o la mediación del conflicto con Israel, sino que se concentraron en la transmisión de mensajes oficiales y asuntos culturales.

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Es posible que la pobreza de los vínculos haya sido resultado de la imagen terrorista que Palestina estaba ganando entre varios países, y que el Gobierno colombiano compartía. Después del 11 de Septiembre, la imagen sesgada y su-perficial de la comunidad palestina se agravó entre la población nacional (De Currea-Lugo 2012, 391-92). Por ejemplo, durante su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2001, el repre-sentante colombiano hizo un paralelo entre el terrorismo que padecía el país y el que sufría Israel bajo los palestinos, declarando:

Abogamos [el Gobierno] porque el tema del Medio Oriente se discuta re-gularmente en el Consejo de Seguridad. Colombia, siendo también víctima del terrorismo, ha expresado su condena de los actos terroristas cometidos por extremistas palestinos en territorio israelí. Al respecto, se plantea la diferencia entre actos en los territorios ocupados y en territorio de Israel, frente a lo cual no compartimos interpretaciones que pretenden justificar como legítima defensa las acciones contra la ocupación. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 2003, 345)

En sus dos períodos (2002-2006 y 2006-2010), Uribe no solo mantuvo la distancia con Palestina por su posible participación en redes terroristas, sino que también legitimó las acciones de Israel contra los que Ariel Sharon, Ehúd Ólmert y Benjamín Netanyahu percibieron como terroristas; esto fue evidente en su participación en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Borda (2012) señala que en los últimos veinticinco años se han emitido, sujetas a votación, noventa resoluciones condenatorias en contra del Estado de Israel. Desde 1990, en la delegación colombiana ha predominado el voto a favor de dichas condenas, excepto en cuatro ocasiones, donde se abstuvo. Esta inconsis-tencia, afirma Borda, se “dio durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2007 y 2009, lo cual podría explicarse por la estrecha relación entre Uribe y el gobierno Bush en Estados Unidos y los altos niveles de cooperación militar existentes entre Colombia e Israel” (Borda 2012, 125).

Además de Palestina, el rol de agente antiterrorista determinó la forma como el Gobierno lidió con la presencia de Hezbolá en Colombia. El primer ras-tro de este grupo se reveló tras la ejecución de la Operación Titán. El operativo,

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llevado a cabo por una acción conjunta entre las autoridades colombianas y estadounidenses, tenía la misión de acabar con una red internacional que se encargaba de financiar al grupo libanés. Según los diarios Miami Herald y The Seattle Times, varios ciudadanos libaneses radicados en Maicao (La Guajira) te-nían contactos con grupos paramilitares y narcotraficantes colombianos para el envío de droga a EE. UU., Europa y Medio Oriente. Las ganancias que producía la venta de los narcóticos eran lavadas a través de distintos locales comerciales que tenían los libaneses en Colombia y luego eran enviadas al Líbano para financiar las operaciones de Hezbolá (Miami Herald 2008; The Seattle Times 2008).

Esta primera situación prendió las alarmas sobre la creciente presencia de Hezbolá en América Latina. Un año más tarde, en una entrevista al perió-dico El Tiempo, Dora Shavit, directora para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, manifestó su preocupación sobre el tema al denunciar la apa-rición de células de Hezbolá en la frontera colombo-venezolana, a la altura del departamento de La Guajira (El Tiempo 2009). Las denuncias de la diplomática israelí hacían referencia a lo que más tarde se iba a conocer como la Autonomía Islámica Wayúu, el “llamamiento a la creación de una nación islámica en te-rritorio Wayúu de La Guajira, hecho por algunos colaboradores del Hezbolla en Venezuela, entre ellos Teodoro Darnott, fundador de la sede venezolana de Hezbolla” (Noticias UNO 2011).

Algunos días después de la entrevista a Shavit, el vicepresidente, Francisco Santos, viajó a Israel para reunirse con Shimon Peres. El encuentro tenía como tema central la presencia del movimiento libanés en Colombia, sobre lo cual Peres afirmó que “Israel sigue muy de cerca la aparición en el sur del continen-te americano de grupos supuestamente vinculados con la milicia chií libanesa Hezbolla” (Agencia EFE 2009). Frente a esto, el vicepresidente Santos declaró que fue el tema central de la reunión, “pero es un asunto que preferimos manejar de manera discreta a través de los mecanismos de inteligencia colombiana, israelí y estadounidense” (Agencia EFE 2009). La visita de Francisco Santos a Israel coincidió con la gira del canciller israelí, Avigdor Lieberman, por América Latina, cuyo objetivo central era contrarrestar la reciente actividad de Irán en la región. A través del ministro, Israel reafirmó su compromiso con Colombia respecto a Hezbolá al ofrecer “apoyo a cualquier país de la región que lo requiera, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico” (El Universal 2009).

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Conclusión

Este texto ha tenido dos objetivos fundamentales. En primer lugar, analizar un fenómeno conocido pero poco trabajado, como es el caso de las relaciones entre Israel y Colombia. En segundo lugar, busca superar los “lugares comunes y los marcos conceptuales extremadamente limitados que han caracterizado el estudio de la política exterior colombiana” (Ardila, Cardona y Tickner 2002, 19; Borda y Tickner 2011, 30). Para cumplir ambos objetivos, se ha aplicado el marco con-ceptual del national role conception o concepción del rol nacional. El uso de esta aproximación para entender el acercamiento entre ambos países, y en general la política exterior, se suma a una tendencia que ha tomado fuerza desde hace algún tiempo para entender el comportamiento de los países latinoamericanos (Thies 2014). Sin embargo, el trabajo busca ir más allá de la formulación y descripción de roles al tratar de vincularlos con determinadas decisiones de política exterior, que en este caso específico es la formación de alianzas. El caso de análisis es si-milar al que están experimentando muchos vecinos; por ejemplo, en los últimos años Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Brasil y Argentina han formado alianzas y establecido fuertes lazos “no tradicionales” con otras naciones. En este sentido, el análisis anterior puede servir como un mapa para explicar este nuevo fenómeno regional y complementar aquellos trabajos cuyo énfasis está puesto en la racio-nalidad de los actores y los cálculos costo-beneficio.

Las ventajas que ofrece esta aproximación no se reducen únicamente a su capacidad para entender la formación de alianzas de manera distinta a la sabi-duría neorrealista; la NRC tiene otros beneficios que le permiten sobresalir en los análisis de política exterior. Una de las ventajas es que se trata de una teoría que permite articular las dinámicas internas y externas de los Estados al explicar su comportamiento. Cameron G. Thies y Marijke Breuning (2012) plantean este mismo argumento al señalar que la national role conception tiene el potencial de servir como puente entre lo propuesto por el Análisis de la Política Exterior (FPA, por su sigla en inglés) y las Teorías de Relaciones Internacionales (TRI), lo cual la convierte en un lente multinivel. Otro de los puntos que hacen atractiva la NRC es su potencial para desplegar continuamente un rico andamiaje concep-tual. Muchos de los que se han apropiado de esta teoría para analizar la política internacional han desarrollado categorías y conceptos útiles para la disciplina.

101


Por ejemplo, en su artículo de 1970 donde introdujo la idea de roles nacionales, K. J. Holsti descubrió y conceptualizó diecisiete roles distintos en una muestra de más de sesenta países. Si ese texto logró etiquetar el comportamiento de un número amplio de Estados en el período de la Guerra Fría, es muy fácil pensar que en la posguerra este número aumentó gracias a la necesidad de entender la nueva situación internacional. Finalmente, otra ventaja que vale la pena resaltar es que los análisis de rol nacional permiten ver con claridad las fuerzas y los ac-tores diversos que moldean los procesos de toma de decisiones. La NRC rompe la imagen según la cual en algunos Estados hay consenso en torno a la política exterior, y, por el contrario, resalta la idea de que esta es resultado de un pro-ceso de tire y afloje entre distintos sectores nacionales. Los roles, afirma Heike Hermanns, “nunca son consensuados, son constantemente imputados por las élites y por el público” (2013, 60).

Aunque le teoría de roles tiene grandes ventajas para entender por qué los Estados hacen lo que hacen, también tiene algunos problemas importantes. En primer lugar, esta aproximación tiene dificultades para explicar por qué un rol determinado desaparece, o incluso, por qué en varios casos se transforma. Otro de los vacíos que presentan los análisis sobre NRC es el hecho de que homogenizan los Estados al estudiar el origen y desarrollo de los roles. Es decir, trabajos como el de Holsti (1970) parten de la idea de que el andamiaje es igual en todos los países y consideran que en aquellos donde la institucionalidad es baja y deficiente, la construcción de roles no sigue el mismo patrón que en otros con una fuerte institucionalidad. Por consiguiente, a los análisis de política exterior basados en los roles aún les falta profundizar sobre las distintas condiciones que favorecen o desfavorecen su surgimiento en distintos contextos domésticos, y diferenciarlas. Aun así, esta es una aproximación que, a pesar de su edad, tiene gran potencial a la hora de analizar el comportamiento de los Estados.

Después de las elecciones de 2010, Juan Manuel Santos asumió la Presidencia de Colombia. Desde entonces, Tel Aviv no solo sigue siendo el alia-do más importante que tiene Colombia en Medio Oriente, sino que los lazos entre ambos se han estrechado aún más. La firma de un TLC, las declaraciones de nuevos acuerdos de cooperación en defensa, la mediación en el conflicto ára-be-israelí y la compra de drones son algunos de los temas que sobresalen en los primeros cuatro años de política exterior santista. Una breve mirada a la situación

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actual hace pensar que la agenda antiterrorista sigue siendo uno de pilares de la asociación, pero la inclusión de nuevos temas y la profundización de otros llevan a preguntarse si la GWOT puede motivar nuevas dinámicas o si, por el contrario, estas se pueden explicar gracias a la aparición de nuevos roles compartidos entre ambos países.

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H

José Luis Bernal es politólogo e historiador y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia). Hasta 2014 se desempeñó como asistente de investigación del Departamento de Ciencia Política de la misma universidad y asistente de dirección de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol). Sus áreas de interés son el análisis de la política exterior y las relaciones internacionales.Correo electrónico: [email protected]

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La caída de la Alianza. Neoliberalismo, conflicto social y crisis política en Argentina

Sebastián P. SalviaUniversidad de Buenos Aires (Argentina)

DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.04RECIBIDO: 1º de junio de 2014APROBADO: 6 de noviembre de 2014MODIFICADO: 25 de noviembre de 2014

RESUMEN: El artículo aborda la crisis política de 1999-2001 en Argentina, bajo el Gobierno de la Alianza, que sucedió al Partido Justicialista tras la introducción de las reformas neoliberales en los noventa. Analizamos la continuidad de las políticas neoliberales de gestión de la crisis, el ascenso de la conflictividad social y la supervivencia de prácticas de corrupción, que llevaron a la Alianza a un inédito proceso de desintegración interna y deslegitimación social. La crisis política se agravó con el fuerte crecimiento del voto negativo y la derrota de la Alianza en las elecciones legislativas de octubre de 2001, y finalizó con una rebelión popular que derribó al Gobierno en diciembre, en una situación de depresión económica y bancarrota financiera.

PALABRAS CLAVE: Argentina • Alianza • neoliberalismo • crisis económica • crisis política • conflicto social

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El artículo reelabora y amplía una parte de mi tesis de doctorado inédita, cuyo título es “Conflictos y alianzas de la burguesía industrial en la crisis de la Convertibilidad en Argentina (1998-2002)”. Agradezco a Alberto Bonnet y Adrián Piva por su inestimable colaboración en el proceso de investigación.

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The Fall of the Alianza. Neoliberalism, Social Conflict, and Political Crisis in Argentina

ABSTRACT: This article addresses the political crisis in Argentina in 1999-2001, under the government of the Alianza which succeeded the Justicialist Party following the introduction of neoliberal reforms in the nineties. We analyze the continuity of neoliberal policies of crisis management, the rise in social conflict and the survival of corrupt practices that led the Alianza towards an unprecedented process of internal disintegration and social delegitimization. The political crisis was aggravated by the large increase in negative voting and the Alianza’s defeat in the legislative elections of October 2001, and ended with a popular uprising that toppled the government in December, in a context of economic depression and financial bankruptcy.

KEYWORDS: Argentina • Alianza • neoliberalism • economic crisis • political crisis • social conflict

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A queda da Alianza. Neoliberalismo, conflito social e crise política na Argentina

RESUMO: Este artigo aborda a crise política de 1999-2001 na Argentina, sob o Governo da Alianza, que sucedeu o Partido Justicialista depois da introdução das reformas neoliberais nos noventa. Analisamos a continuidade das políticas neoliberais de gestão da crise, a ascensão do conflito social e a sobrevivência de práticas de corrupção que levaram a Alianza a um inédito processo de desintegração interna e deslegitimação social. A crise política se agravou com o forte crescimento do voto negativo e da derrota da Alianza nas eleições legislativas de outubro de 2001 e finalizou com uma rebelião popular que derrubou o Governo em dezembro, em uma situação de depressão econômica e bancarrota financeira.

PALAVRAS-CHAVE: Argentina • Alianza • neoliberalismo • crise econômica • crise política • conflito social

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Introducción

La crisis argentina de 1999-2001 fue un punto de llegada de desequilibrios econó-micos, conflictos sociales y procesos políticos que se desarrollaron en el período de auge del neoliberalismo en el país. El Partido Justicialista (PJ) asumió anticipa-damente el Gobierno en julio de 1989, en medio de una crisis hiperinflacionaria que tuvo efectos destructivos en la economía y las capacidades de acción estata-les, y finalizó con la renuncia del presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR). El gobierno de Carlos Menem (PJ) implementó una serie de reformas neoliberales, inscriptas en un proceso global que promovía la reestruc-turación capitalista (Brenner 1998). El fuerte crecimiento económico y la estabilidad de precios sustentaron la hegemonía neoliberal, es decir, el consenso social en torno a este programa de reformas neoliberales (Bonnet 2008).

La Ley de Convertibilidad de 1991, impulsada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y la Ley de Reforma del Estado, sancionada en los inicios del Gobierno, fueron la base de las reformas neoliberales. La prime-ra ley fijaba el tipo de cambio en la paridad $1 = US$1, eliminaba la posibili-dad de indexación y restringía la emisión monetaria al nivel que permitían las reservas de divisas del Banco Central (Bonnet 2008). Con un tipo de cambio fijo, la inflación interna de los dos primeros años del Plan de Convertibilidad apreció considerablemente el tipo de cambio real (Hopenhayn, Schvarzer y Finkelstein 2002). La segunda ley habilitaba al poder ejecutivo a privatizar las empresas estatales, eliminar regulaciones de la actividad privada y eliminar o reducir impuestos. La privatización de empresas estatales alcanzó una celeri-dad y una intensidad únicas en la región (Bonnet 2008), y la desregulación incluyó la eliminación de instituciones que regulaban al sector privado, como las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes (Lattuada 2006). Además, fueron eliminados los derechos de exportación y se habilitó el ingreso de las semillas transgénicas y la tecnología asociada a ellas, facilitando el incremento de la productividad agraria (Salvia 2014). Asimismo, se redujeron los aranceles a la importación, lo que facilitó una intensa incorporación de bienes de capital e insumos importados en la industria (Martínez, Lavarello y Heymann 1998). Las reformas neoliberales no implicaron un debilitamiento del Estado, en tanto las capacidades de acción estatales se reforzaron con la acumulación de

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capital. El ciclo expansivo de la economía finalizó en el cuarto trimestre de 1998, con el inicio de la crisis económica más profunda de la historia argen-tina. Originada durante los cambios en las condiciones del mercado mundial tras las crisis asiáticas y rusa de 1997-1998 (Eskenazi 2009), la crisis se agravó con la devaluación del real brasilero en enero de 1999, luego de un semestre de intensa fuga de capitales (Filgueiras 2012).

En paralelo al crecimiento económico, y aún más con el inicio de la crisis, las reformas neoliberales generaron el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora, que se tradujo en el aumento del desempleo y una mayor desigualdad en la distribución del ingreso.1 Como respuesta, en la primera mitad de los noventa se produjo un ciclo ascendente de la protesta social, protagonizado principalmente por los trabajadores ocupados. Luego, se desarrolló un ciclo de baja de la conflictividad social, en el que toma-ron protagonismo los trabajadores desocupados. Junto con reiteradas denuncias de corrupción de los funcionarios, estos procesos erosionaron la legitimidad del gobierno menemista.

La Alianza se presentó en sociedad en 1997, unificando a los dos prin-cipales partidos opositores, la UCR y el Frente País Solidario (Frepaso). Esta coalición logró capitalizar el descontento social con el Gobierno, al que derrotó en las elecciones legislativas de ese año. El ascenso de la Alianza culminó en el triunfo en las elecciones presidenciales de 1999, coronando la fórmula Fernando de la Rúa (UCR)-Carlos “Chacho” Álvarez (Frepaso). La Alianza logró 10 puntos porcentuales de diferencia sobre el PJ, venciendo en la mayoría de los distritos. Pero, desde el Gobierno, la Alianza generó la más acelerada pérdida de consenso social desde el retorno de la democracia. Solo dos años después de su triunfo electoral, el Gobierno de la Alianza caía en medio de una insurrección popular, a la que no pudo contener, aun con la suspensión de las garantías constitucionales, en diciembre de 2001.

1 La tasa de desocupación pasó del 6,3% de la población económicamente activa (PEA) en octubre de 1990 al 13,8% en octubre de 1999; en igual lapso, la tasa de subocupación horaria pasó del 9,8% al 14,3%. Asimismo, la remuneración de los trabajadores asalariados se redujo del 44,7% del valor agregado en 1993 al 40,7% en 1999; en igual lapso, el excedente de la producción creció del 33,7% al 42,7% (datos de INDEC).

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La caída de la AlianzaSebastián P. Salvia

Esta crisis política ha despertado el interés de las ciencias sociales argenti-nas. Pucciarelli (2004) y De Luca (2007) centran su análisis en el desgranamiento interno de la Alianza, y sostienen que se derivaba de la imposibilidad de cumplir con las expectativas generadas en las elecciones, ligadas a la reactivación econó-mica, la mejora de la situación social y el fin de la corrupción. Schamis (2002) afirma que los principales dirigentes del Frepaso y la UCR dejaron el Gobierno, y que este abandono de la Alianza se extendió a los votantes del Frepaso, un partido progresista surgido del rechazo al viraje neoliberal del PJ, a principios de los noventa. Torre (2003) señala que en la desafección de los votantes del Frepaso influyeron la recesión, los altos niveles de pobreza y las denuncias de corrupción. Cheresky (2003), por su parte, analiza las elecciones de 2001, y concluye que estas mostraron el rechazo ciudadano al sistema político y el debilitamiento del tradicional bipartidismo argentino. Sidicaro (2006) concentra la mirada en la continuidad de las políticas económicas neoliberales y el creciente peso del sector financiero y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Beltrán (2014) analiza la acción de las asociaciones empresarias, y sostiene el fin del apoyo empresario a la convertibilidad antes de su caída, en 2001. Delamata (2002) y Farinetti (2002) indagan sobre el lugar de la protesta social, y afirman que fue el crecimiento de la misma lo que llevó a un colapso del sistema de partidos a fines de 2001. En la misma línea, Iñigo Carrera y Cotarelo (2003) muestran la importancia del ciclo de alza de la lucha popular en la crisis, que condujo a la “insurrección espontá-nea” que derribó al Gobierno en diciembre de 2001. Finalmente, Holloway (2002) postula que esta rebelión popular impugnaba todo el sistema político, y que se tradujo en la consigna “que se vayan todos”.

Los textos mencionados abordan aspectos importantes de la crisis y resultan antecedentes relevantes para nuestro trabajo. Nuestra hipótesis es que en la acelerada pérdida de legitimidad política y la trágica caída de la Alianza confluyeron distintos procesos: en primer lugar, la recurrencia de las políticas de ajuste, que resultaban ineficaces para ordenar las cuentas públicas y destruc-tivas para la actividad económica; en segundo lugar, el ascenso de la protesta social ante las políticas de ajuste y el deterioro económico, que el Gobierno de la Alianza fue incapaz de contener; en tercer lugar, la continuidad de políticas aso-ciadas al Gobierno anterior, como las prácticas de corrupción o la flexibilización laboral. Señalamos que la necesidad del estudio de la crisis radica en su carácter

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disruptivo para la política argentina, y que su aproximación resulta imprescin-dible para entender el ciclo posneoliberal que le sobrevino. En las páginas que siguen buscamos reconstruir las determinaciones de esta crisis política.

1. La Alianza en el ejercicio del Gobierno:continuidad neoliberal y crisis política

La asunción de la Alianza puso fin a una década de gobierno del PJ, un período que constituyó el auge del neoliberalismo y en el que se inició la crisis. Desde los primeros intentos de conformación en 1996-1997, la Alianza fue limando sus críticas al neoliberalismo. El Frepaso había nacido con un discurso contrario a las reformas neoliberales, pero había ido moderando sus críticas y haciendo foco en las denuncias de corrupción e impunidad, lo que contribuyó a su éxito electoral (Novaro y Palermo 1998). En la UCR existía una importante corriente interna que se identificaba con el expresidente Raúl Alfonsín, que había impul-sado la conformación de la Alianza e intentado darle un discurso antineoliberal (Dikenstein y Gené 2014). De cara a las elecciones presidenciales, la Alianza de-bió minar las críticas del alfonsinismo, a lo que contribuyeron especialmente los principales dirigentes del Frepaso, Carlos “Chacho” Álvarez y Graciela Fernández Meijide. Como afirma Bonnet (2008), la principal victoria del menemismo fue la modificación del perfil político-ideológico de la Alianza a su imagen y semejanza.

Desde el Gobierno, la Alianza mantuvo las reformas neoliberales e intentó avanzar en algunas de ellas, como la flexibilización laboral. Al mismo tiempo, profundizó las políticas de ajuste fiscal que había llevado a cabo el menemismo, lo que contribuyó al crecimiento de la protesta social. Antes de finalizar el pri-mer año, la Alianza ya estaba sumida en una crisis interna sin precedentes para un período tan corto de gobierno, que la deslegitimó ante sus bases e inició el camino de su desintegración.

a. La Alianza y la continuidad neoliberal ante las eleccionespresidenciales de 1999

La bibliografía sobre el período ha señalado la campaña electoral de 1999 como el punto culminante del “vaciamiento de la política”; es decir, un proceso que con-ducía a la carencia de proyectos alternativos que organizaran la disputa política,

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fundamentado por un discurso sobre los estrechos márgenes de acción que dejaban la situación económica y el contexto internacional (Pucciarelli 2004). Los partidos políticos buscaban un voto con menos determinaciones estructurales, más coyun-tural y volátil, centrado en la imagen personal de los candidatos, con los medios masivos de comunicación como forma principal de expresión (Abal Medina 2004). En este contexto, las diferentes fuerzas políticas y sus candidatos competían por mostrarse como la mejor opción para mantener el modelo económico, con algunos matices. La Alianza era la principal fuerza opositora y tenía mayores posibilidades de ganar la elección presidencial. Las críticas al Gobierno se limitaban a la co-rrupción de los funcionarios y las consecuencias sociales del modelo económico, como el crecimiento del desempleo, mientras garantizaba la continuidad de la Convertibilidad. De la Rúa centraba sus propuestas económicas en reducir el déficit fiscal, para recuperar la confianza de los inversores, bajar el riesgo país y mantener el crédito externo. Estas políticas, junto a planes de infraestructura y construcción de viviendas, generarían la reactivación económica (De la Rúa 1999). Así, se presen-taba como garante de la Convertibilidad y adalid de la lucha contra la corrupción, la principal fuente de deslegitimación del Gobierno saliente.

El candidato del PJ, Eduardo Duhalde, había iniciado su campaña con un discurso productivista, crítico de la Convertibilidad y del rol del FMI y el endeudamiento externo. Dados sus vínculos con dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), Duhalde había empezado a presentarse como el candidato de un acuerdo entre capital y trabajo, en un momento de crisis en el que se reducían las bases materiales para este acuerdo. Sin embargo, Duhalde abandonó sus críticas con el avance de la cam-paña, afirmando ser la mejor alternativa para defender la Convertibilidad, por ser el candidato del PJ; algo razonable, dado el consenso que existía en la población en torno a este régimen monetario (Wainer 2010). En ese camino, Duhalde se alejaba de las visiones heterodoxas, afirmando que para lograr la reactivación económica no debía promoverse el gasto del Estado sino el equilibrio fiscal, para bajar el riesgo país y las tasas de interés (Salvia 2012). En este sentido, la ambi-güedad de su discurso complicó sus posibilidades de éxito electoral.

Desde un pequeño partido denominado Acción por la República (AR), Domingo Cavallo intentaba quebrar el tradicional bipartidismo argentino. Cavallo defendía la Convertibilidad y buscaba bajar el gasto público. Proponía

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un conjunto de medidas para reducir los costos de producción y lograr un shock de oferta: bajar el costo salarial, las tarifas de servicios públicos y las tasas de interés. Con ello, creía posible solucionar los problemas de los exportadores y las empresas que competían en inferioridad de condiciones con los productos importados (Cavallo 1999). Así, Cavallo pretendía generar cambios dentro de la Convertibilidad que mejoraran la rentabilidad empresarial.

Finalmente, la Alianza ganó las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999. La fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvo 48,4% de los votos, contra 38,3% de Duhalde-Ortega y 10,2% de Cavallo-Caro Figueroa (MI-SAPE 2008). Este resultado significó el triunfo de la fuerza que expresaba más cabalmente la continuidad de las políticas neoliberales. Esto mostraba la fortaleza que la hegemonía neoliberal aún conservaba entre los votantes, pese a los efectos sociales negativos de las transformaciones sociales de los noventa y a la pérdida de consenso del mene-mismo en su segundo mandato (Bonnet 2008).

b. El Gobierno de la Alianza y la política de ajuste fiscal

Desde su asunción el 10 de diciembre de 1999, la Alianza continuó con la política del PJ, manteniendo las reformas neoliberales de los noventa. Asimismo, asumió la vía ortodoxa de gestión de la crisis: mantener controladas las cuentas fiscales para garantizar el financiamiento externo al país y el pago de la deuda pública. Para ello, los cursos de acción posibles eran la baja del gasto público, el aumento de los recursos tributarios o la venta de los escasos activos estatales. La política fiscalista de la Alianza le impidió cumplir con promesas electorales de corte hete-rodoxo para lograr la reactivación económica, como la implementación de planes de infraestructura y de construcción de viviendas.

Sin duda, la opción por la continuidad de la política neoliberal de gestión de la crisis estaba fuertemente condicionada por la delicada situación fiscal y financiera del Estado, que era resultado de los desequilibrios acumu-lados bajo la Convertibilidad. La eliminación o reducción de impuestos y la privatización de los fondos de pensión de los trabajadores habían desfinancia-do al Estado, que había perdido importantes recursos tributarios (Gaggero y Gómez Sabaini 2002). Asimismo, la deuda pública había crecido durante los noventa hasta constituir el principal componente del déficit fiscal (Lozano y Schorr 2001). Este endeudamiento era necesario para cubrir los vencimientos

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de la deuda pública, sostener el tipo de cambio fijo y cubrir el déficit prima-rio. Al asumir la Alianza, el Estado estaba en una situación de virtual quiebra, con dificultades de acceso al crédito por el reflujo del capital financiero hacia los países centrales (flight to quality, en el lenguaje financiero). Esto limitaba la disponibilidad de recursos para políticas de reactivación económica, con-dicionando las estrategias del Gobierno.

Sin mayores activos para privatizar, el Gobierno de la Alianza apeló a la mayor presión tributaria y la reducción del gasto público. En diciembre de 1999, el ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció un recorte de gastos del Estado nacional por $1.400 millones, junto a un aumento y extensión de impuestos a las ganancias y al consumo. Así, el Gobierno esperaba obtener re-cursos por $2.900 millones, entre ahorro y recaudación. El recorte recaía sobre el PAMI (la obra social de los jubilados), las jubilaciones mayores a $3.100, los subsidios para desocupados y los regímenes de promoción industrial de algunas provincias, mientras que el aumento de impuestos afectaba a los trabajadores asalariados y autónomos (Salvia 2011). Para Machinea, el objetivo era cumplir con las metas de déficit acordadas con el FMI, una condición para continuar recibiendo asistencia financiera (Nemiña 2012). Este ajuste inicial no encon-tró resistencias en los dirigentes de la Alianza, por cuanto permitía iniciar el Gobierno con un mínimo de previsibilidad financiera.

En mayo de 2000, el Gobierno decidió un nuevo ajuste buscando reducir el riesgo soberano —en alza desde abril— y asegurar el apoyo financiero del FMI. El 29 de mayo, De la Rúa decretó un ajuste de $938 millones y la asignación de $300 millones a planes sociales, lo que dejaba un ahorro de $638 millones (Salvia 2011). El principal componente era el recorte del 12% de los salarios de entre $1.000 y $6.500, y del 15% de los salarios mayores a $6.500 (BO 2000a). Asimismo, se disponía un aumento de la alícuota del 9% al 25% en el anticipo del Impuesto a las Ganancias, que se debía pagar en junio (BO 2000b). La com-binación de menor gasto corriente y mayor recaudación permitió al Gobierno cumplir con la meta de déficit acordada con el FMI.

La política de ajustes como respuesta única ante la crisis tenía un impacto negativo en la legitimidad de la Alianza, por cuanto afectaba directamente su base electoral, con fuerte peso de “sectores medios” y asalariados (Piva 2013). Estos ajustes estaban en el centro de la pérdida de legitimidad política de la Alianza,

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ya que dificultaban la posibilidad de presentar la política del Gobierno como la realización de un interés general de la sociedad. Asimismo, profundizaban la tenden-cia al alza de la conflictividad social iniciada en 1999.

c. El crecimiento de la conflictividad socialante la crisis económica

Las reformas neoliberales de los noventa generaron diversas formas de protesta social. La primera mitad de la década se caracterizó por una alta conflictividad sin-dical (Piva 2009), que incluyó varias huelgas generales convocadas por las diferentes centrales obreras, que mostraron un alto grado de unificación y de alianzas con otras fracciones sociales (Iñigo Carrera y Cotarelo 2003). Los trabajadores del sector pú-blico, directamente afectados por las privatizaciones, encabezaron las protestas. Entre 1996-1998, se dio una baja en la cantidad de conflictos, en particular sindicales (Schuster et al. 2006). En esos años comenzaban a emerger un sujeto y un tipo de organiza-ción que serían centrales en el Gobierno de la Alianza: el trabajador desocupado y la organización piquetera (Klachko 2007). Las primeras organizaciones de desocupados se nutrían de extrabajadores de la petrolera YPF, desvinculados con su privatización mediante despidos o retiros voluntarios, que demandaban puestos de trabajo con la solidaridad de otras fracciones sociales (Piva 2009).

Estas transformaciones de la protesta social tienen que ver con los cam-bios que se venían desarrollando en la estructura social argentina. Como sostie-nen Donaire y Rosatti (2010), estos cambios se caracterizaban por la aceleración de la tecnificación del agro y el descenso del peso de los asalariados industriales, particularmente importantes en los partidos del conurbano bonaerense, asiento principal de la clase obrera. Ambas tendencias generaban una expansión de la sobrepoblación relativa, expresada en forma encubierta en el empleo estatal —en especial, en el Noroeste y la Patagonia— o en forma abierta en la desocu-pación —en particular, en el centro político y económico del país, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba—.

El Gobierno de la Alianza se situaba en un nuevo ciclo ascendente de la protesta social, en el que la conflictividad sindical volvía a crecer y donde lo distintivo era el ascenso de la lucha de las organizaciones piqueteras, en es-pecial en 2000-2001 (Schuster et al. 2006; Piva 2009). La Alianza fue incapaz de contener este ascenso de la lucha social, pese a las estrategias represivas y

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concesivas desplegadas. La asunción de la Alianza estuvo marcada por el corte del puente General Belgrano en la ciudad de Corrientes y su defensa mediante barricadas durante ocho días. Esta medida escalaba la intensidad de un con-flicto desarrollado desde marzo de 1999, iniciado por el reclamo de salarios docentes adeudados y que finalizó exigiendo la renuncia del Gobernador. El corte finalizó con el desalojo del puente por la Gendarmería nacional, lo que costó la vida a dos manifestantes (Klachko 2007). La respuesta represiva del Gobierno se enmarcaba en una política de no reconocimiento de las demandas de las organizaciones gremiales, caracterizada por diversas formas de represión y sanción, y por la insistencia en medidas rechazadas por estas organizaciones (Gómez 2009). La reforma laboral aliancista, un elemento destacado de esta política, contribuyó a activar la lucha sindical. La resistencia a esta reforma fue encabezada por el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), con-ducido por Hugo Moyano, que aglutinó también a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la cual agrupaba fundamentalmente a trabajadores del sector público y se identificaba políticamente con el Frepaso. Esta resistencia incluyó la ruptura formal del MTA con la CGT y la convocatoria a una huelga general del MTA y la CTA contra la reforma (Merino 2012).2

En paralelo a la resistencia de los sindicatos más combativos, continuó el ascenso de la lucha de los trabajadores desocupados, que se iban constituyendo en un movimiento social, con organizaciones y dirigentes estables que perdura-ban más allá de los conflictos puntuales (Klachko 2007). El movimiento piquetero se caracterizaba por el corte de rutas como forma de acción, y la asamblea como forma de decisión. El corte de 6 días de la ruta 3 en La Matanza, en octubre-no-viembre de 2000, mostró la solidez de este movimiento. Este corte fue organizado por la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) —ligada a la CTA— y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), las dos mayores organizaciones de trabajadores desocupados. Contó con aproximadamente 3.000 piqueteros en la ruta y fue

2 En tanto, la CGT, que era la principal central sindical, tuvo una oposición más moderada que continuaba su estrategia de negociación desarrollada ante las leyes de flexibilización de los noventa, buscando evitar sus efectos más destructivos sobre las organizaciones gremiales, como la rebaja nominal de salarios y la desregulación de las obras sociales sindicales (Merino 2012; Salvia y Frydman 2004).

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levantado tras el compromiso de los gobiernos nacional y provincial de entregar a las organizaciones unos 9.500 planes sociales, entre otras demandas (Klachko 2007). En adelante, la entrega de planes sociales a las organizaciones piqueteras contribuyó a robustecer la lucha de estas mismas organizaciones. Esto sería fun-damental en el crecimiento de la protesta de los trabajadores desocupados y en el fortalecimiento de las organizaciones piqueteras en 2001.

d. La flexibilización laboral y la corrupción como políticas de gobierno

Junto a la política económica fiscalista de la Alianza y al ascenso de la protesta social, existió otro proceso determinante en la desestructuración interna de la Alianza y en la acelerada pérdida de legitimidad que generó desde el poder po-lítico: la continuidad de la flexibilización laboral y las sospechas de corrupción que se cernieron sobre el Gobierno y la oposición peronista. En línea con el ca-rácter neoliberal de su política, la única iniciativa para detener el deterioro de la economía real fue incrementar la “flexibilización laboral” —un eufemismo para designar la precarización de los contratos de trabajo (Marticorena 2014)— bus-cando recuperar la rentabilidad empresarial con la reducción del costo salarial.

La reforma laboral de la Alianza, que era una de las condiciones del acuer-do con el FMI (Nemiña 2012), fue enviada al Congreso en enero de 2000, con el impulso del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. La reforma buscaba atacar la fortaleza sindical en las negociaciones laborales, posibilitando la negociación a la baja, necesaria para reducir los costos laborales de las empresas. Las asocia-ciones empresariales mostraron un cerrado apoyo a la iniciativa, con una activa defensa de la UIA y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en el Congreso. Como vimos en la sección anterior, los sindicatos se mostraron en desacuerdo con la reforma, en particular el MTA y la CTA, mientras que la CGT se opuso, pero desde una posición más conciliadora. Asimismo, la reforma laboral contaba con la resistencia a su aprobación por parte del bloque mayoritario de la Cámara de Senadores, correspondiente al PJ. La reforma laboral fue aprobada el 26 mayo de 2000, luego de un acuerdo del Gobierno con la CGT para realizarle modificacio-nes, pese al rechazo de un grupo de nueve legisladores de la Alianza (La Nación 2000). La Ley 25.250 de Empleo Estable habilitaba el contrato a prueba por un período de tres a seis meses al inicio de la relación laboral, daba prevalencia a la negociación laboral por empresa respecto a la rama de actividad y eliminaba la

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“ultraactividad” (vigencia permanente) de los Convenios Colectivos de Trabajo, pero después de un período de dos años (BO 2000c).

La aprobación de una nueva ley de flexibilización mostró la supervivencia de aquellas prácticas que habían sido más cuestionadas por la Alianza al gobierno menemista, cuya centralidad había ido en aumento con el progresivo abandono de las críticas a las reformas neoliberales. La reforma laboral quedó enmarcada en un manto de sospechas por el cambio de posición de un grupo de senadores del PJ, con denuncias de pago de sobornos del Gobierno a los mismos —e incluso a senadores de la UCR— (Peralta Ramos 2007). Así, se convirtió en un caso testigo de la continuidad de formas de corrupción extendidas bajo el menemismo. Estas sospechas de corrupción jaquearon al Gobierno, siendo uno de los elementos fundamentales de la desintegración de la Alianza.

e. El descontento interno y el inicio de la disgregación de la Alianza

Las políticas de ajuste ortodoxo como única respuesta al deterioro económico y las prácticas de corrupción en el seno del Gobierno tensionaron internamente la Alianza, a partir del descontento de dirigentes del Frepaso y de la UCR. Tras el ajuste de mayo de 2000, aparecieron voces críticas de la política económica, como la del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, y la del expresidente Raúl Alfonsín, que criticaron el papel del FMI en los países de la región, cuyos programas veían como un fracaso (Peralta Ramos 2007). Asimismo, “Chacho” Álvarez, Graciela Fernández Meijide y el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, llamaron la atención sobre la necesidad de atacar la recesión económica con medidas específicas, complemen-tando los ajustes realizados (Salvia 2012). Asimismo, varios legisladores aliancistas objetaron el proyecto de Presupuesto 2001. Las internas de la Alianza sembraban dudas entre los inversores externos sobre la capacidad de imponer los ajustes en el Congreso, como quedó claro en la Asamblea anual del FMI, que contó con la participación del ministro de Economía, José Luis Machinea.

Paralelamente, la tensión interna crecía por el aval del vicepresidente Álvarez a las denuncias sobre sobornos a senadores en la aprobación de la re-forma laboral. En tanto el Frepaso había centrado su discurso en la lucha contra la corrupción, “Chacho” Álvarez tenía escaso margen para ignorar los rumores de pago de sobornos en la Cámara de Senadores que él mismo presidía. Estos rumores, publicados por los medios de comunicación en agosto, desataron un

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escándalo que quedó en el centro de la escena política. El vicepresidente Álvarez realizó la denuncia judicial e impulsó la investigación, en abierta oposición al presidente De la Rúa, que desacreditaba las versiones (Dikenstein y Gené 2014). El escándalo incluía como actores centrales al ministro Flamarique y al secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, de extrema confianza del Presidente.

Ante este doble cuadro de cuestionamientos internos, De la Rúa buscó reforzar su autoridad con una renovación del Gabinete, el 5 de octubre de 2000. Los dos principales involucrados en el presunto pago de coimas en el Senado fueron premiados: Alberto Flamarique fue ascendido a la Secretaría General de la Presidencia, mientras que Fernando de Santibáñez fue ratificado en su cargo (Peralta Ramos 2007). Esto era un abierto desafío al activo rol denunciante del vi-cepresidente Álvarez. Asimismo, debieron renunciar los ministros más cercanos al alfonsinismo y más críticos de la gestión económica, como Rodolfo Terragno (jefe de Gabinete), Nicolás Gallo (Infraestructura) y Ricardo Gil Lavedra (Justicia), que fueron reemplazados por hombres de confianza de De la Rúa (Dikenstein y Gené 2014). Sin mayor margen dentro del Gobierno, el vicepresidente Álvarez presentó la renuncia, el 6 de octubre de 2000. La inmediata renuncia de Flamarique no pudo torcer la decisión y surgieron rumores sobre una ruptura de la Alianza (Peralta Ramos 2007). De esta manera, la reforma laboral inició la disgregación interna de la Alianza y tuvo un efecto destructivo en su legitimidad, por el contraste en-tre las expectativas de eliminación de la corrupción y la realidad del ejercicio del Gobierno. Esta situación generaba además una escisión en el bloque legislativo de la Alianza, con la salida de un grupo de diputados díscolos que formaron su propio partido, al que denominaron Alternativa por una República de Iguales (ARI).

2. La caída de la Alianza: ajuste ortodoxo, derrota electoral yrebelión popular

La renuncia del vicepresidente Álvarez fue un hito en la crisis política argentina. A partir de allí, se agravaron las dificultades internas de la Alianza, que ingresó en un camino de disgregación, mostrando el fracaso de una fuerza política de tan sólo tres años de vida, que había logrado un considerable apoyo de la ciudadanía. Paralelamente, desde esta renuncia la situación financiera se fue tornando más delica-da, la política de ajustes se fue volviendo más extrema y la recesión se fue agravando.

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En este movimiento de deterioro, la deslegitimación de la Alianza y el crecimiento de la lucha social condujeron a su estridente caída, con una dura derrota en las elecciones legislativas, en octubre de 2001, en medio de una impug-nación ciudadana al sistema político, y con la incapacidad de contener la escalada de acciones de protestas en el mes de diciembre, en una situación de depresión económica y bancarrota financiera.

a. La profundización de la crisis económica y la política de ajuste

Los conflictos de la Alianza deterioraban las perspectivas de la economía argen-tina, ante la previsible debilidad para sostener la política de austeridad fiscal, que era condición para la asistencia financiera del FMI. Tras la renuncia del vicepresidente Álvarez, la situación financiera se agravó sensiblemente: el riesgo país creció aceleradamente, llevando a un cierre de los mercados voluntarios de deuda y a un fuerte aumento de las tasas de interés, que conducía a una profun-dización de la recesión y al default de la deuda pública (BCRA 2001a). En este contexto, el FMI decidió otorgar una asistencia extraordinaria al país, que cobró forma en el “Acuerdo de respaldo financiero”, más conocido como el Blindaje. Consistía en un paquete de créditos de US$39.700 millones, que fue aprobado por el Directorio del FMI el 20 de diciembre de 2000. Al día siguiente se realizó el primer desembolso, por US$2.100 millones. Estos créditos fueron otorgados por el FMI, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de España, con una tasa promedio de 8%. Además, incluía una refinanciación de deudas con bancos locales (FMI 2001; BCRA 2001a; BCRA 2001b). El Blindaje no logró quebrar el movimiento descendente de la economía. En el primer trimestre de 2001, el PIB cayó un 2%, y la recaudación se redujo en un 3,1% (datos de INDEC). El déficit fiscal siguió fuera de control, con un creci-miento de 48% en el primer trimestre de 2001 respecto a igual trimestre de 2000, excediendo lo acordado con el FMI (ONP 2014a). Este cuadro llevó a la renuncia de Machinea al Ministerio de Economía, a principios de marzo.

De esta manera, a pocos meses del Blindaje, la crisis financiera volvía a estar en el centro de la escena política. Ante esto, la Alianza llevó a cabo una política oscilante, en la que lo fundamental fueron las políticas de ajuste del gasto público: en el mes de marzo, intentó implementar un ajuste del gasto pri-mario, que fracasó rotundamente y tuvo importantes consecuencias en términos

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políticos; en el mes de julio, realizó un novedoso ajuste que logró llevar el déficit primario a cero, que empujó la economía a la depresión. Entre estos dos ajustes, la Alianza llevó a cabo un programa heterodoxo de subsidio a la producción de bienes, demostrando que definía su política en un proceso de ensayo y error.

El ajuste de marzo de 2001 fue impulsado por Ricardo López Murphy, que pasó de la cartera de Defensa a la de Economía. Consistía en un recorte del gasto público por $1.962 millones para 2001, que afectaba los salarios docentes de educación primaria, los fondos de la educación superior, por $361 millones, y las transferencias a las provincias, por $968 millones; además, eliminaba exen-ciones impositivas (actividades culturales, cooperativas, fundaciones) y subsidios (fondos provinciales, asignaciones familiares y pensiones). Junto a este recorte, el Gobierno enviaba al Congreso proyectos de ley para privatizar el Banco Nación, Lotería Nacional y Casa de la Moneda, despedir a 40.000 estatales y profundizar la flexibilización laboral (Salvia 2011). Los efectos políticos de este ajuste fueron significativos, con la deserción de los dirigentes del Frepaso y los pocos dirigen-tes alfonsinistas que quedaban en el Gobierno. En rechazo al ajuste, renunciaron los frepasistas Graciela Fernández Meijide (vicejefa de Gabinete), Ricardo Mitre (secretario general de la Presidencia), Marcos Makón (ministro de Desarrollo Social) y Nilda Garré (secretaria de Interior). También renunciaron los minis-tros radicales Federico Storani (Interior) y Hugo Juri (Salud), y Raúl Alfonsín se pronunció contra el ajuste. En el Congreso, los legisladores de la Alianza se opusieron al ajuste, y los del PJ se negaron a votarlo, a partir del rechazo de los gobernadores de esta fuerza (Peralta Ramos 2007). Esta falta de apoyo político evidenció las dificultades para construir consenso en torno al ajuste, en un año de elecciones legislativas. La resistencia dentro de la Alianza y la gran cantidad de acciones de protesta de los afectados por el ajuste enterraron el plan de López Murphy y forzaron su renuncia.

El ajuste de julio de 2001 fue impulsado por Domingo Cavallo, que re-emplazó a López Murphy. Este ajuste fue resultado del fracaso del programa heterodoxo inicial de Cavallo.3 En vez de lograr algún efecto de reactivación

3 Este programa heterodoxo incluyó la reducción de los aranceles de importación extrazona para bienes de capital y su aumento para bienes de consumo; exenciones y rebajas impositivas para la industria, el agro y la construcción, que fueron el corazón de los Planes de

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económica, este programa profundizó la volatilidad financiera: en solo un mes, el riesgo país escaló 700 puntos básicos (p. b.), llegando a 1600 p. b. a mediados de julio (datos de Ámbito Financiero, AF). Este nivel era muy superior al que había llevado al Blindaje. En este contexto, el FMI endureció su posición hacia Argentina, congelando el Blindaje (Nemiña 2012). Ante ello, Cavallo retomó la política de ajuste, en una escala inédita: impulsó la reducción del gasto primario del Estado —salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, insumos, inversión— en la proporción necesaria para cubrir el pago de deuda pública con recursos pro-pios, mediante la Ley de Equilibrio Fiscal, más conocida como la Ley de Déficit Cero (BO 2001). Siguiendo esta Ley, el Gobierno decretó un recorte del 13% en los salarios estatales, jubilaciones y pensiones. El Déficit Cero pudo ser aproba-do gracias a un acuerdo con los gobernadores del PJ para facilitar el quórum y ausentar a una parte de sus legisladores, y a que el Gobierno logró neutralizar el rechazo de algunos legisladores de la Alianza (Peralta Ramos 2007). Así, en la Cámara de Diputados se ausentaron más legisladores que los que votaron a favor, permitiendo la aprobación de la norma con solo un tercio de los diputados.

La Ley de Déficit Cero tuvo un moderado efecto financiero, con una baja del riesgo país hasta los 1400 p. b. En septiembre, el riesgo país volvió a esca-lar, llegando a 1800 p. b. al inicio de octubre (datos de AF). Pero el efecto más importante fue sobre la economía real: el PIB cayó 4,9% en el tercer trimestre de 2001; para el mes de octubre, la caída de la actividad económica llegaba al 7,6% (datos de INDEC). Así, las políticas ortodoxas mostraban su fracaso: los ajustes eran tanto ineficaces para encauzar la situación financiera como des-tructivos para la economía real. Las consecuencias sociales eran devastadoras: la desocupación creció en más de 470 mil personas entre octubre de 1999 y octubre de 2001, llegando a un récord de 18,3% de la PEA, la segunda mayor tasa de la historia. Del mismo modo, la pobreza llegó al 38,3% de la población en octubre de 2001 (datos de INDEC).

En paralelo al fracaso económico, las políticas neoliberales erosionaban la legitimidad política de la Alianza y generaban diversas respuestas de los afectados por estas políticas, e incrementaron la protesta social.

Competitividad; y un “factor de convergencia” para el comercio exterior que mejoraba el tipo de cambio real (Salvia 2011).

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b. El alza de la conflictividad social como desafío al Gobierno

La continuidad de las políticas neoliberales contribuyó al crecimiento de la conflictividad social. Durante 2001 crecieron los conflictos protagonizados por las organizaciones sindicales, y muy especialmente por organizaciones de traba-jadores desocupados. Asimismo, tuvieron un rol destacado en la conflictividad los estudiantes y los pequeños propietarios (Piva 2009). Este crecimiento de la conflictividad fue paralelo al desarrollo de un nuevo formato de protesta, que incluía el corte (de rutas, calles, vías), el cacerolazo, el escrache, la olla popular, etcétera. Estas modalidades de protesta se combinaban con demandas que im-pugnaban el modelo económico o que reclamaban asistencia social y puestos de trabajo (Schuster et al. 2006). Detrás de ello se encontraban los ajustes fiscales y el deterioro económico, aunque también la voluntad del Gobierno de negociar con las organizaciones piqueteras la entrega de planes sociales, a fin de saltear a los punteros territoriales del PJ (Klachko 2007).

En marzo de 2001, el ajuste del ministro López Murphy constituyó un mo-mento central en la conflictividad social. Como vimos, este ajuste fracasó ante la negativa de las bancadas de la Alianza y el PJ de votarlo en el Congreso. Pero este bloqueo legislativo estaba influido por la resistencia social al ajuste, con una gran cantidad de acciones de protesta protagonizadas por los trabajadores estatales, del sector privado y estudiantes. El rechazo al ajuste incluía al conjunto de las orga-nizaciones sindicales: los sindicatos peronistas de la CGT y el MTA, la centroiz-quierdista CTA y la más pequeña CCC, de izquierda. Estas acciones incluyeron la convocatoria a un paro general de veinticuatro horas del MTA y la CTA, un paro de cuarenta y ocho horas de los sindicatos docentes, un paro por tiempo indeterminado de los sindicatos de profesores universitarios (afiliados a la CTA), la convocatoria a un nuevo paro por el MTA, la CTA y la CCC, y una masiva marcha a la Plaza de Mayo organizada por las distintos sectores en lucha, a la que adhirió la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME), una tradicional asociación de pequeños propietarios (Piva 2013). Se produjeron más de cien tomas de facultades en todo el país, en un movimiento estudiantil que desbordó las federaciones estudiantiles, dirigidas por la juventud radical (Iñigo Carrera y Cotarelo 2003). Además, a las protestas se sumaron las organizaciones piqueteras, que realizaron cortes en varios puntos del Gran Buenos Aires, los más importantes en el puente Pueyrredón y La Matanza (Klachko 2007).

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La asunción de Cavallo como ministro y sus planes heterodoxos iniciales generaron un momentáneo reflujo de la movilización popular, que se extendió hasta julio, cuando se inició otra oleada de protesta social contra Déficit Cero (Bonnet 2008). El envío al Congreso de este ajuste generó la inmediata reacción de los gremios estatales centrados alrededor de la CTA, que convocaron a una huelga y a una movilización en la Plaza de Mayo, que fue masiva, y la CGT, el MTA y la CTA convocaron a un paro general sin movilización (Piva 2013). Pero el cambio cualitativo en la resistencia social al ajuste estuvo en la decisiva participa-ción del movimiento piquetero. Las organizaciones de desocupados de diferentes lineamientos ideológicos, como la FTV, la CCC, el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Movimiento Teresa Rodríguez, se unieron en el primer congreso piquetero nacional (la Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados), con la participación de más de dos mil delegados, al que con-currieron la CTA y el MTA (Pucciarelli 2014). Este conjunto de organizaciones llevó a cabo masivos cortes de ruta y de calles a fines de julio y principios de agosto, en los que participaron más de 120 mil manifestantes, con tres demandas generales unidas a una diversidad de reclamos específicos: derogación del ajuste, preservación de los planes sociales y libertad a los presos por luchas sociales (Pucciarelli 2014). Se produjeron cortes importantes en Salta y Jujuy, pero el centro de gravedad estuvo puesto en los cortes masivos de La Matanza y en una multiplicidad de cortes en la zona sur del Gran Buenos Aires y La Plata (Piva 2013). Esta resistencia tuvo el apoyo de la totalidad de partidos de izquierda y de fuerzas de centro-izquierda, como el ARI y el Polo Social, nutridos de dirigentes que habían abandonado la Alianza (Pucciarelli 2014).

Aunque el ajuste no pudo ser anulado, las protestas mostraron un alto grado de articulación social, ya que unificaron los movimientos de desocupados entre sí y con organizaciones de otras fracciones sociales, como los sindicatos, el movimiento estudiantil, asociaciones de pequeños propietarios, como la Federación Agraria Argentina (FAA), y partidos políticos, que apoyaron las me-didas (Klachko 2007). La resistencia social se replegó de las calles desde mediados de agosto, expresándose en el terreno electoral en la derrota del Gobierno y el rechazo al mecanismo del voto, en octubre de 2001, así como en la explosión de la conflictividad, en diciembre de 2001. Estos procesos provocaron el colapso final de la Alianza, en un contexto de bancarrota financiera y depresión económica.

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c. El rechazo a los partidos políticos y la debacleelectoral de la Alianza

Las elecciones del 14 de octubre de 2001 mostraron la pérdida de consenso social de la Alianza, particularmente importante en los sectores medios y en los traba-jadores de las grandes ciudades, que habían sido su principal base electoral en las presidenciales de 1999; pero este proceso electoral es complejo. Como afirma Bonnet (2008) el deterioro de la legitimidad afectó al conjunto del sistema polí-tico, de manera que la derrota de la Alianza no se tradujo en un ascenso del PJ. La razón de ello estriba en que la corrupción, el deterioro de la situación social y las políticas de ajuste fiscal no eran patrimonio exclusivo de la Alianza, sino que eran la continuación de la historia reciente del PJ en el Gobierno. Junto a ello, el PJ había colaborado con la Alianza en el Congreso para la aprobación del Déficit Cero, la reforma laboral sospechada de pago de sobornos y otros proyectos en-viados por la Alianza. Más que un triunfo del PJ, los resultados de la elección mostraron el rechazo de una parte importante de la ciudadanía a una dirigencia política que era vista como responsable de una crisis que afectaba o amenazaba sus condiciones de vida. Un rechazo que combinaba elementos de crítica moral a una “clase política” intrínsecamente corrupta y elementos de impugnación a la propia institucionalidad democrática —como la negativa misma al recambio electoral de dirigentes como vía de solución de los problemas— (Bonnet 2008).

El principal emergente de la elección fue el rechazo a los partidos políti-cos, expresado en la extraordinaria cantidad de votos en blanco y anulados, que en los medios de comunicación recibió la denominación “voto bronca” (Vilas 2006). Este voto negativo alcanzó el 24% del total de votos emitidos (DNE 2014a), convirtiéndose en la segunda fuerza a nivel nacional, con un notable crecimiento desde el 4,5% de 1999 (MI-SAPE 2008). Contando el voto negativo, el PJ obtuvo el 26,7%, quedando la Alianza en tercer lugar, con el 16,9% (DNE 2014a). En esta ola de repudio ciudadano, la Alianza fue la principal perdedora, cediendo más de 4,8 millones de votos a Diputados nacionales respecto a las elecciones de 1999, es decir, más del 60% de su caudal electoral (Cheresky 2003). El partido de Domingo Cavallo (AR), que había sido la tercera fuerza en 1999, fue el otro gran perdedor: en los nueve distritos en los que presentó listas propias perdió más de 700 mil votos, un 82,4% de los obtenidos en 1999, y tuvo que subsumirse en las listas del PJ en Capital Federal, Córdoba y Santiago del Estero, quedando fuera

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de competencia en Corrientes.4 El PJ los siguió en la pérdida de apoyo electoral: si bien ganó en la mayoría de los distritos, lo hizo perdiendo más de 1,7 millón de votos (más del 26% de los votos de 1999), contabilizando los frentes electorales en ambas elecciones (DNE 2014a; DNE 2014b).

Como afirma Cheresky (2003), la pérdida de votos de la Alianza y el PJ no solo nutrió el voto bronca, sino también a las fuerzas de izquierda y centro-iz-quierda. Las fuerzas de centro-izquierda (ARI y Polo Social) se convirtieron en la cuarta fuerza nacional (tras el PJ, el voto bronca y la Alianza), con más de 1,6 millón de votos, y las fuerzas de izquierda reunieron entre varias listas casi 1,5 millón de votos, un caudal de votos originado en la desafección de los exvotantes del Frepaso (Torre 2003). De este modo, las únicas fuerzas que se fortalecieron en las elecciones, logrando un importante caudal de votos, fueron las fuerzas de izquierda y centro-izquierda, es decir, aquellas que se oponían a las políticas neoliberales que desarrollaba la Alianza en colaboración con el PJ. Estas fuerzas de izquierda y centro-izquierda eran las mismas que denunciaban la corrupción en el Gobierno de la Alianza y que habían participado en las diversas formas de protesta social o adherido a ellas —algunas estaban directamente vinculadas a organizaciones de desocupados—.

A continuación, analizamos los resultados electorales por distrito, a partir de la información de la tabla 1, construida con datos del escrutinio definitivo para Diputados nacionales de las elecciones de 1999 y 2001 (DNE 2014a; DNE 2014b). Esto nos permitirá observar la pérdida de capital político de la Alianza, la performance del PJ y la magnitud del voto negativo en cada distrito.

En 2001, la Alianza perdió en los primeros seis distritos electorales, que concentraban el 70,3% de los votos emitidos, una derrota significativa, dado que en 1999 había ganado en todos ellos. En dos distritos, la Alianza cedió el primer lu-gar al voto negativo (Capital Federal y Santa Fe), y en cuatro, al PJ (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos). En estos seis distritos, la Alianza perdió más

4 Cabe señalar que la bibliografía ha indicado que la pérdida de votos de AR alcanzó los 1,2 millones, una cifra que se obtiene sin restar de los votos de 1999 los correspondientes a Capital Federal, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes, donde AR no presentó listas en 2001, lo que sobrestima la pérdida absoluta de votos. Véase, entre otros, Escolar, Calvo, Calcagno y Minvielle (2002).

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Tabla 1. Porcentaje de votos sobre el total de emitidos. Elecciones para diputados nacionales 1999 y 2001

DistritoAlianza

1999Alianza

2001

Diferencia Alianza

2001-1999

Negativo 2001 (blanco + anulados)

PJ 2001

Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %

Buenos Aires 3.080.133 40,1 814.551 11,4 -2.265.582 -73,6 1.850.573 25,9 1.982.054 27,7

Capital Federal 1.027.574 50,0 260.475 13,8 -767.099 -74,7 551.380 29,2 156.104 8,3

Santa Fe 576.191 32,9 263.998 15,5 -312.193 -54,2 712.902 41,8 343.461 20,1Córdoba 757.426 43,4 326.105 19,7 -431.321 -56,9 362.850 21,9 352.045 21,2Mendoza 302.244 35,5 133.259 16,3 -168.985 -55,9 164.322 20,2 187.502 23,0

Entre Ríos 313.930 46,7 137.098 21,7 -176.832 -56,3 134.558 21,3 228.909 36,2Chaco 255.096 54,9 210.451 44,8 -44.645 -17,5 34.237 7,3 151.194 32,2Salta 200.697 43,0 36.943 8,0 -163.754 -81,6 81.577 17,7 202.782 44,0S. del Estero 115.652 33,1 86.771 25,7 -28.881 -25,0 24.658 7,3 169.418 50,2

San Juan 159.254 51,9 77.966 25,6 -81.288 -51,0 74.589 24,5 88.943 29,2Jujuy 116.369 49,3 77.761 29,4 -38.608 -33,2 63.734 24,1 74.127 28,0

Río Negro 124.401 46,3 65.037 25,6 -59.364 -47,7 72.603 28,6 48.113 18,9Chubut 105.017 51,5 57.674 28,9 -47.343 -45,1 52.090 26,1 42.683 21,4San Luis 73.276 39,9 24.909 14,0 -48.367 -66,0 6.857 3,9 115.716 65,0

Catamarca 69.097 42,4 69.769 42,9 672 1,0 13.879 8,5 53.069 32,6Santa Cruz 37.561 40,9 23.276 24,8 -14.285 -38,0 9.998 10,6 47.325 50,4Tucumán 184.190 32,7 67.757 11,6 -116.433 -63,2 91.840 15,7 177.524 30,3Misiones 189.937 44,3 149.502 35,5 -40.435 -21,3 52.366 12,4 163.098 38,7

Corrientes 106.968 24,2 152.147 37,4 45.179 42,2 9.930 2,4 174.089 42,8Formosa 91.791 45,2 57.614 28,2 -34.177 -37,2 17.567 8,6 84.114 41,2La Pampa 79.260 43,5 30.609 17,7 -48.651 -61,4 28.898 16,7 71.962 41,6La Rioja 38.860 28,6 15.252 10,4 -23.608 -60,8 26.152 17,9 68.657 46,9Neuquén 74.671 32,7 27.190 11,6 -47.481 -63,6 57.661 24,7 36.551 15,7

T. del Fuego 10.112 22,9 5.018 10,4 -5.094 -50,4 13.662 28,3 8.455 17,5

Fuente: Dirección Nacional Electoral. Escrutinio definitivo de las elecciones generales de 1999 y 2001.

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de 4,1 millones de votos, el 68% de los obtenidos en 1999. El PJ no tuvo un gran desempeño en estos seis distritos, perdiendo más de 1,6 millón de votos (33,5%). Santa Fe mostró la mayor proporción de voto negativo (41,8% de los votos emiti-dos), un distrito con una fuerte pérdida de votos para la Alianza (70,3%) y el PJ (36,4%) respecto a 1999. En la Capital Federal se registró la segunda mayor pérdi-da relativa de votos de la Alianza (el 74,7%) respecto a 1999: la Alianza perdió casi 220 mil votos más que el voto negativo, lo cual indica una transferencia de votos a terceras fuerzas. Tanto en Capital Federal como en Santa Fe, el voto negativo fue más del doble que la segunda fuerza (la Alianza y el PJ, respectivamente). En Buenos Aires, primer distrito electoral, se dio la mayor pérdida absoluta de votos de la Alianza: más de 2,2 millones de los votos emitidos; así, la Alianza quedó relegada al tercer lugar, detrás de un debilitado PJ, que perdió más de 600 mil votos (24,1% de los votos de 1999), y del voto negativo.

En los otros diez distritos en donde había triunfado en 1999, que agru-paron el 13,8% de los votos emitidos, el desempeño de la Alianza no fue mucho mejor. En Río Negro triunfó el voto bronca, con el 28,6% de los votos, por el desplome de la Alianza, que perdió 47,7% de su caudal electoral de 1999. En Salta, San Juan y San Luis, la debacle de la Alianza fue muy importante, con caídas en su caudal electoral de 81,6%, 51% y 66%, respectivamente. Mientras que en San Juan esos votos se trasladaron mayormente al voto bronca, y el PJ triunfó por escaso margen, en Salta y San Luis se dirigieron al PJ, que logró importantes triunfos, con 44% y 65% de los votos, respectivamente. En Santiago del Estero y Santa Cruz, el voto bronca fue relativamente bajo, y la pérdida de votos de la Alianza nutrió al PJ, que ganó superando el 50% de los votos y duplicando los votos de la Alianza. Solo en cuatro distritos la Alianza mantuvo el triunfo: Chaco y Catamarca constituyeron sus únicos triunfos contundentes, en los que superó el 40% de los votos, con un voto negativo relativamente bajo (7,3% y 8,5%). En Jujuy y Chubut, la Alianza tuvo una importante pérdida de votos y se ubicó unos pocos puntos porcentuales por encima del voto bronca y el PJ.

Como era previsible, en los ocho distritos en los que había ocupado la segunda posición en 1999, el desempeño de la Alianza fue malo. En Tucumán, La Rioja, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego, la Alianza perdió más de la mitad de los votos respecto a 1999, obteniendo menos del 18%. El voto bronca fue primera fuerza en Tierra del Fuego y segunda fuerza en Neuquén, donde ganó

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un partido provincial —el PJ fue tercero y la Alianza fue cuarta—. El PJ ganó con más de 40% de los votos en Misiones, Formosa y Corrientes. En este último distrito, la Alianza logró aumentar en un 42% su caudal electoral, una excepción en su tendencia al abismo.

En definitiva, los resultados de octubre de 2001 constituyeron la expresión electoral del rechazo a la dirigencia política, especialmente grave en el caso de la Alianza pero que afectó también al PJ, y de los que solo salieron fortalecidos los partidos más críticos. Cabe destacar que la pérdida de legitimidad de la Alianza es resultado de los problemas generados en el ejercicio del poder, como la co-rrupción, la reiteración del ajuste fiscal y el ascenso de la lucha social contra sus políticas. Esta pérdida de legitimidad se expresó electoralmente en octubre, y de manera explosiva en la rebelión popular de diciembre, en el momento de menor fortaleza del Gobierno y mayor gravedad de la crisis económica.

d. Debilidad política, debacle económica y rebelión popular

La delicada situación económica y política se hizo insostenible tras la derrota electoral de la Alianza. A la debilidad del Gobierno, se sumaba la designación de un peronista como presidente del Senado, quien era el primero en la línea sucesoria presidencial, lo que abría la posibilidad de un golpe institucional que destituyera al Presidente (Wainer 2010). En paralelo, la crisis económica se profundizaba: la caída de la actividad económica llegó al 8,7% interanual en noviembre (datos de INDEC), las reservas de divisas cayeron en US$9.600 mi-llones (38,9% del total) en los meses de octubre y noviembre (datos de BCRA) y retornó el déficit fiscal, por casi 700 millones de pesos en octubre (ONP 2014b). La debilidad política del Gobierno hacía inviable una nueva reducción de salarios y jubilaciones para volver a eliminar el déficit fiscal. En este con-texto, a principios de noviembre de 2001, el FMI cortó el crédito internacional a Argentina (FMI 2004). Desde el primer día hábil de diciembre, el Gobierno restringió el retiro de los depósitos bancarios y la conversión de pesos a dólares, lo que se conoció como el “corralito” bancario. Junto a la incautación de los ahorros bancarios y la inconvertibilidad del peso, el corralito generó una des-aparición del dinero como medio de cambio (Iñigo Carrera y Cotarelo 2006), dada la abrupta desmonetización de la economía (Piva 2009) y el pago de sa-larios estatales mediante bonos emitidos por los gobiernos provinciales, que se

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había iniciado unos meses antes (Eskenazi 2009). El resultado fue un desplome de la actividad económica, con una caída del 15% en diciembre de 2001 (datos de INDEC). En esta situación, se potenció la protesta social, que estaba en un momento de reflujo desde mediados de agosto de 2001.

A continuación, reconstruimos los hechos siguiendo a Iñigo Carrera y Cotarelo (2006) y Piva (2013). Desde los primeros días de diciembre, se realiza-ron protestas espontáneas de ahorristas contra los bancos y el corralito. El 9 de diciembre, la CAME convocó para el día 12 a una movilización y a un apagón nocturno con cacerolazos y bocinazos, que fue importante por la participación de comerciantes en la Capital Federal; el mismo día, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires tomaron el Rectorado de dicha universidad. El 13 de diciembre, se realizó una huelga general convocada por la CGT, el MTA y la CTA, que tuvo una adhesión de entre el 60% y el 90%, en reclamo del fin del corralito bancario. En Córdoba, Rosario, La Plata y Neuquén hubo choques entre manifestantes y policías, escraches a bancos, supermercados y empresas privatizadas. Desde el día 14 se produjeron saqueos a supermercados en Rosario y Mendoza. El día 15, los saqueos se extendieron a Entre Ríos, y en Avellaneda los supermercados acorda-ron la entrega de alimentos a organizaciones de desocupados, para evitar saqueos. El día 16 continuaron los saqueos en Rosario, en varias ciudades de Mendoza y en Concordia (Entre Ríos); por su parte, los empresarios del transporte de cargas realizaron un look out, en reclamo de una baja del costo del combustible. El día 17 siguieron los saqueos en ciudades mendocinas (en Concordia) y hubo concentra-ciones que reclamaban alimentos en Quilmes y Avellaneda (Gran Buenos Aires); sindicatos ferroviarios realizaron un paro con piquetes, y obreros metalúrgicos cortaron un puente interprovincial; se produjeron cortes de calles y cacerolazos de comerciantes y vecinos en La Matanza (Gran Buenos Aires), Caballito, Boedo y Núñez, y cortes de ruta en Entre Ríos por productores agropecuarios de la FAA, transportistas y trabajadores estatales. El día 18 se produjo el primer saqueo en el Gran Buenos Aires, donde continuaban las manifestaciones frente a supermerca-dos, al igual que en Santa Fe y Salta; trabajadores estatales de Santiago del Estero se movilizaron para reclamar el pago de sus salarios y se dio un cacerolazo con corte de calle y asamblea de comerciantes y vecinos en Capital Federal.

El día 19 las protestas se multiplicaron: se produjeron más de trescientos saqueos a comercios, supermercados y edificios públicos a lo largo de todo el

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país, se realizaron cortes de rutas de productores agropecuarios y transportis-tas (Entre Ríos), trabajadores rurales (Tucumán), desocupados (Mendoza, Río Negro, Jujuy); la intendencia de una ciudad de Chaco fue tomada por desocupa-dos, y en Córdoba se movilizaron trabajadores estatales, judiciales, colectiveros y de la energía eléctrica, que se enfrentaron con la Policía durante cuatro horas. En Capital Federal se realizó una protesta de taxistas, y en La Plata la Policía reprimió una concentración frente a la Legislatura de estatales, trabajadores de la salud y docentes, quienes contestaron apedreando a los policías. Por la noche, el presidente De la Rúa decretó el estado de sitio y lo anunció por cadena nacional de radio y televisión. En rechazo al estado de sitio, se desató un masivo cacero-lazo en la Capital Federal, que comenzó en los barrios y finalizó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Por último, durante todo el 20 de diciembre se produjeron combates callejeros entre los manifestantes y la Policía, que atacó con gases lacrimógenos y balas de goma, en la Plaza de Mayo y el centro porte-ño. Los manifestantes festejaron la renuncia del ministro Cavallo y reclamaron la renuncia del presidente De la Rúa, defendiéndose de la Policía mediante piedras y barricadas. Durante la jornada del 20, la Policía asesinó a manifestantes en el centro porteño y otros puntos del país, y el PJ rechazó un acuerdo de cogobierno con la UCR. Finalmente, De la Rúa renunció a la Presidencia de la Nación, ante la imposibilidad de contener la protesta social, pese a la vigencia del estado de sitio y ante su inmenso aislamiento político.

De esta manera, diferentes sujetos sociales confluyeron en la rebelión popular: ahorristas, productores agropecuarios, pequeños empresarios, estudian-tes, comerciantes, trabajadores desocupados, trabajadores del sector público y del sector privado, se lanzaron a las calles en una diversidad de formas de pro-testas —saqueos, cacerolazos, huelgas, movilizaciones, cortes de calles o rutas, ataques a edificios públicos, bancos y empresas privadas, combates callejeros con la Policía, entre otras—. Estas protestas se articularon de hecho hasta lograr la caída del Gobierno, en lo que constituyó el cenit de la crisis política desatada por la Alianza, que expresaba cabalmente la licuación de su poder político. Tras la renuncia de De la Rúa, el PJ fue el encargado de asumir la conducción del Estado, dado el poder institucional con el que contaba como mayoría del Senado y primera minoría de la Cámara de Diputados.

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Conclusiones

Desde su contundente triunfo en octubre de 1999, la Alianza generó la más acele-rada pérdida de consenso social desde el retorno de la democracia. En diciembre de 2001, la Alianza abandonó el Gobierno anticipadamente, en medio de una insurrección popular, a la que no pudo contener, aun con la suspensión de las garantías constitucionales.

Como hemos sostenido en estas páginas, en la debacle de la Alianza confluyeron el rechazo a las políticas de ajuste, el ascenso de la protesta social y la continuidad de prácticas de corrupción. La Alianza continuó con las políti-cas económicas neoliberales de la administración anterior, gestionando la crisis económica con base en el ajuste fiscal y el impulso a la flexibilización laboral para la baja del costo salarial y la recuperación de la rentabilidad empresarial. Esta política tenía un doble objetivo: por un lado, contener el déficit fiscal para mantener el crédito externo que permitía pagar la deuda pública; por otro lado, mejorar las condiciones de la inversión capitalista para reactivar la economía. Ambos objetivos contribuían al sostenimiento de la Convertibilidad.

Los sucesos de 1999-2001 mostraron la inviabilidad de esta política. Los dife-rentes ajustes no revirtieron la delicada situación fiscal y financiera, pero contribuye-ron a profundizar la recesión y generaron una degradación de las condiciones de vida de los sectores medios y los trabajadores de las grandes ciudades, que habían sido fundamentales para su triunfo en 1999. Asimismo, la implementación de las políticas neoliberales enfrentó a la Alianza con denuncias de corrupción en su contra, lo que evidenció la continuidad de aquellas prácticas en las que había centrado sus críticas desde la oposición. Además, las políticas neoliberales contribuyeron al ascenso de la protesta social, que ganaba intensidad y coordinación entre las organizaciones piqueteras y los sindicatos, con un fuerte crecimiento de la lucha de los desocupados. Todo ello erosionó la legitimidad de la Alianza, que ingresó en un camino de desin-tegración (expresada en las renuncias del vicepresidente y los principales dirigentes del Frepaso al Gobierno, así como del sector alfonsinista de la UCR).

La crisis política se puso de manifiesto en el fallido ajuste de marzo, en las elecciones legislativas de octubre y en la rebelión popular de diciembre de 2001. En marzo, el ajuste de López Murphy fracasó ante la conflictividad social que desató y ante la falta de apoyo de los legisladores de la propia Alianza. Esto

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evidenciaba la imposibilidad de presentar las políticas de ajuste como de interés general de la población. Es decir que las necesidades del capital para sostener la Convertibilidad y relanzar la acumulación no podían expresar los intereses de las restantes fracciones sociales.

La crisis política pareció encauzarse con la aprobación de la Ley de Déficit Cero, que fue el mayor ajuste del gasto público primario, lograda merced a un acuerdo con el PJ en el Congreso. Pero el Déficit Cero condujo a la economía a la depresión, potenciando los efectos negativos de las políticas neoliberales en cuanto a las condiciones de vida de la población, y generando al mismo tiempo una nueva oleada de conflictividad social que agravó la crisis política.

De esta manera, la crisis política volvió a expresarse en las elecciones legis-lativas de octubre. En ellas, el emergente principal fue el rechazo de la ciudadanía a los partidos mayoritarios, que aparecían como los responsables de la crisis. Este rechazo tomó cuerpo en el “voto bronca”, denominación que adquirió el notable crecimiento de los votos en blanco y nulos. La Alianza dilapidó su capital político, con resultados significativamente más bajos en los distritos en los que había gana-do las elecciones legislativas de 1999. Esta pérdida de apoyo fue acompañada de la fuga de votos del PJ, aunque de una intensidad menor. En contraposición, las únicas fuerzas que crecieron en su caudal electoral fueron los partidos de izquier-da y centro-izquierda, a saber, los más críticos del neoliberalismo y la corrupción gubernamental, y que acompañaban las luchas populares o se adherían a ellas.

Al final, la crisis política se puso violentamente de manifiesto con la re-belión popular de diciembre de 2001, tras el corte del crédito internacional, las restricciones a los depósitos bancarios, el brutal desplome de la actividad eco-nómica y el estado de sitio decretado por De la Rúa para contener las protestas. Esta rebelión popular sepultó la Alianza, las políticas neoliberales de gestión de la crisis y la Convertibilidad, abriendo un período de cambios políticos y econó-micos que se prolongan hasta la actualidad.

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H

Sebastián P. Salvia es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), investigador del Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea de la Universidad Nacional de Quilmes (IESAC-UNQ), becario Postdoctoral del Conicet, con asiento en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (IdIHCS-UNLP). Entre sus últimas publicaciones están: “The Boom and Crisis of Convertibility Plan in Argentina”. Revista de Economia Política. Brazilian Journal of Political Economy 35 (2), 2015; y, “Empresarios, convertibilidad y crisis. ¿Entre la dolariza-ción y la devaluación?”. Iconos 50, 2014.Correo electrónico: [email protected]

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Desnaturalización de categorías: independencia judicial y acceso a la justicia. Los avatares del proceso de Democratización de la Justicia en Argentina

María José Sarrabayrouse OliveiraUniversidad de Buenos Aires (Argentina)

DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.05RECIBIDO: 27 de mayo de 2014APROBADO: 28 de octubre de 2014MODIFICADO: 17 de noviembre de 2014

RESUMEN: Este artículo procura discutir algunas cuestiones vinculadas con el denominado proceso de Democratización de la Justicia en Argentina, el cual intentó llevarse a cabo en el transcurso de 2013. Los problemas aquí analizados se articulan estrechamente con el funcionamiento consuetudinario de los tribunales. A riesgo de cosificar conceptos y categorías, convirtiendo debates fluidos en axiomas por ser cumplidos, este trabajo pretende reflexionar sobre dos grandes ejes: i) el problema de la “independencia judicial” y el modo en que se entiende y se construye el mismo, y cómo interviene en este juego la categoría “familia judicial”, y ii) la discusión acerca del “acceso a la justicia”. Por último, y a modo de conclusión, se busca discurrir acerca de las posibilidades y los desafíos de pensar las reformas judiciales a partir de la discusión con actores extramuros.

PALABRAS CLAVE: justicia argentina • independencia judicial • familia judicial • acceso a la justicia • reformas judiciales

H

El presente trabajo, si bien no se desprende directamente de lo que ha sido mi tesis de doctorado, la cual versa sobre el funcionamiento de los tribunales penales durante la última dictadura en Argentina, mantiene una estrecha relación con los temas que allí se han abordado. Por otra parte, este artículo es una reflexión sobre un proceso de reforma judicial, tema que se vincula directamente con los temas abordados durante las etapas previas a mi doctorado.

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Distortion of Categories: Judicial Independence and Access to Justice. The Transformational Process of Democratizing the Justice System in Argentina

ABSTRACT: This article will attempt to discuss questions linked to the so-called ‘Democratization of the Justice System’ in Argentina, which was due to take place in 2013. The problems discussed here are closely linked to the traditional operations of the courts. At the risk of objectifying concepts and categories, converting clear debates into axioms to be fulfilled, this work will reflect on two main themes: i) the problem of ‘judicial independence’ and the way in which this is understood and achieved, and how the ‘judicial family’ fits into the equation, and ii) the discussion on ‘access to justice’. Finally, by way of conclusion, an attempt will be made to discuss the possibilities and challenges associated with considering judicial reforms through discussions with outside parties.

KEYWORDS: Argentinean justice system • judicial independence • judicial family • access to justice • judicial reforms

H

Desnaturalização de categorias: independência judicial e acesso à justiça. Os avatares do processo de democratização da justiça na Argentina

RESUMO: Este artigo pretende discutir algumas questões vinculadas com o denominado processo de democratização da justiça na Argentina, o qual tentou ser realizado no transcurso de 2013. Os problemas aqui analisados são articulados estreitamente com o funcionamento consuetudinário dos tribunais. Com o risco de coisificar conceitos e categorias convertendo debates fluídos em axiomas por serem cumpridos, este trabalho pretende refletir sobre dois grandes eixos: (i) o problema da “independência judicial” e o modo no qual se entende e constrói-se, além de como a categoria “família judicial” intervém nesse jogo; (ii) a discussão a respeito das possibilidades e dos desafios de pensar as reformas judiciais a partir da discussão com atores extramuros.

PALAVRAS-CHAVE: justiça argentina • independência judicial • família judicial • acesso à justiça • reformas judiciais

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Introducción

En los primeros días de diciembre de 2012, un comunicado firmado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura denunciaba la existencia de presiones por parte del poder ejecutivo al poder judicial, las cuales se traducían en:

a) la falta de cobertura de cargos de magistrados, generando que los juecessubrogantes designados no tengan garantías de estabilidad suficiente; b) re-cusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa; c) campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal; d) pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales; e) intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados.1

A los pocos días, una solicitada, firmada por más de doscientos magistra-dos y funcionarios judiciales, fue publicada en respuesta a ese comunicado.2 Bajo el nombre “Una Justicia Legítima”, los firmantes del documento —muchos de los cuales se reconocían integrantes de las organizaciones antes mencionadas— sos-tuvieron no sentirse identificados con los términos y planteos del comunicado del 6 de diciembre, apelando, entre otras cuestiones, a “reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía […] en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento” (Tiempo Argentino, 11/12/12).3

1 Ver Centro de Información Judicial (CIJ), 6 de diciembre de 2012: http://www.cij.gov.ar/nota-10428-Comunicado-de-la-Comisi-n-Nacional-de-Protecci-n-de-la-Independencia-Judicial--Junta-Federal-de-Cortes--Asociaci-n-de-Magistrados-y-Federaci-n-Argentina-de-la-Magistratura.html

2 Ver Centro de Información Judicial (CIJ), 11 de diciembre de 2012: http://www.cij.gov.ar/nota-10467-Pronunciamiento-de-jueces--defensores--fiscales-y-funcionarios.html

3 En esos mismos días, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que impulsaría políticamente la democratización de la Justicia argentina, afirmando que existía “un divorcio entre la sociedad y la Justicia. Es hora de que cada uno de los poderes del Estado nos hagamos cargo de las cosas que pasan. Me comprometo a impulsar un proceso de democratización de la Justicia. Nosotros exigimos a todos los poderes del Estado la misma conducta de decoro, independencia, respeto a la voluntad del Parlamento y la voluntad popular”

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En febrero de 2013, un colectivo heterogéneo autodenominado Justicia Legítima, integrado por miembros de los Ministerios Públicos y de los Poderes Judiciales de todo el país —que tomó su nombre de la solicitada antes menciona-da—, convocó a un debate público para comenzar a discutir sobre la necesidad de una reforma judicial. Cerca de mil personas —entre magistrados, funcionarios y empleados judiciales, académicos, abogados, y demás agentes vinculados e inte-resados en el ámbito judicial— se reunieron durante dos jornadas en la Biblioteca Nacional de la República de Argentina. Más de doscientos oradores intentaron exponer en unos escuetos cinco minutos distintas críticas al actual funciona-miento de la justicia. En forma consecutiva, a los pocos días, este proceso se hizo extensivo a diversas ciudades del interior del país. Pocos meses después, el Ejecutivo giró al Congreso Nacional varios proyectos de ley con el objeto de pro-ducir algunas de las reformas planteadas como necesarias en el encuentro de febrero, así como otras no surgidas en ese debate.

Las discusiones que emergieron en este proceso no constituyen problemas nuevos sino que se trata de cuestiones que vienen planteando desde hace ya largo tiempo distintos sectores pertenecientes a la justicia, y vinculados a ella, y que tienen como eje el rol y funcionamiento del aparato judicial.4 Sin embargo, fue este acelerado proceso de discusión el que brindó el escenario ideal para colocar como problema de la agenda pública este debate que aún hoy, y después de haber sufrido distintos avatares políticos, continúa desarrollándose.

El objetivo de este artículo es poner en discusión algunas cuestiones que tienen que ver con el mencionado proceso y que, asimismo, se articulan estrecha-mente con el funcionamiento consuetudinario de los tribunales. No pretendo, en mi calidad de antropóloga, reflexionar y debatir sobre temas técnicos y jurídicos que escapan a mi competencia. En todo caso, mi aporte a esta discusión parte del intento de echar luz sobre algunas de las características que invisten al poder

(La Nación, 12/12/12). Este anuncio se dio en el contexto de un polémico fallo de la justicia de la provincia de Tucumán, en el caso conocido como “Marita Verón” —joven secuestrada en el 2002, supuestamente con fines de trata de personas para la explotación sexual—, donde todos los imputados procesados fueron absueltos.

4 Los distintos proyectos de reforma judicial, las campañas proselitistas de las distintas Asociaciones de Abogados y los reclamos gremiales realizados por los trabajadores judiciales permiten ilustrar la antigüedad de estos debates.

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Desnaturalización de categoríasMaría José Sarrabayrouse Oliveira

judicial,5 y que ayudan a la comprensión de sus prácticas y costumbres, inten-tando aclarar las peculiaridades que posee el “mundo judicial”,6 así como ciertos sentidos comunes e imágenes estereotipadas que hacen al mismo.

A riesgo de cosificar conceptos y categorías, convirtiendo debates y dis-cusiones fluidos en axiomas por ser cumplidos, este trabajo pretende, sino des-armar, por lo menos discutir y reflexionar sobre tres grandes ejes: por un lado, el problema de la “independencia judicial” y el modo en que se entiende y se construye el mismo; por otro lado, la discusión acerca del “acceso a la justicia”, y, a modo de reflexión, las posibilidades y los desafíos de pensar las reformas dentro de la justicia a partir de la discusión con actores extramuros.

1. La idealización de las reformas y el jurista ingenuo

A partir de 1983, en el marco del proyecto de “democratización” de las insti-tuciones, propuesto como uno de los baluartes del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989), la reforma del Código de Procedimientos Penal de la Nación fue presentada “como una necesidad” de la sociedad y como una res-puesta del poder político. Pero en forma paralela, y como parte del mismo proceso, al gobierno constitucional de 1983 se le presentó la obligación de dar una respuesta política frente a un poder judicial que había actuado de un mo-do cómplice, o por lo menos cobarde, frente a los crímenes cometidos por la dictadura militar que había usurpado el poder el 24 de marzo de 1976. De esta manera, el gobierno de Alfonsín consideró que los magistrados y funcionarios que habían formado parte del poder judicial durante el régimen dictatorial y habían jurado por los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional debían recibir nuevamente el acuerdo del Senado, ya que, en ese momento y a través de ese acto, habían perdido su estabilidad en el cargo, convirtiéndose en fun-cionarios y magistrados de facto (Nino 1997).

5 Mi análisis refiere particularmente al fuero penal.6 Cuando refiero al “mundo judicial” hago alusión a un ámbito de relaciones más amplio que el

delimitado por el Palacio de Justicia, que incluye las distintas facultades de Derecho, asociaciones profesionales, estudios jurídicos y organismos vinculados al mundo del derecho.

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Sin embargo, no era la primera vez que un problema de esas características se planteaba en Argentina. Ya en 1973, el gobierno de Héctor Cámpora debió bus-car una solución para enfrentar el problema de las continuidades dentro del poder judicial, dando comienzo a aquello que Stanley Cohen (1997) definió como parte de las políticas de los gobiernos para hacer frente a los delitos cometidos por los regí-menes previos. En ese momento, el conflicto se había instalado en torno a los magis-trados y funcionarios judiciales que habían formado parte del “Camarón”, también conocido como el “fuero antisubversivo”, el cual fue creado en 1971 durante la dicta-dura militar de Agustín Lanusse, con el objeto de juzgar toda actividad considerada subversiva. Una de las peculiaridades de este tribunal es que se había conformado con lo más granado de la “familia judicial” (no había sido necesario buscar adeptos al poder dictatorial por fuera del aparato de justicia para integrar este aparato de persecución ideológica instalado dentro del propio poder judicial). El 25 de mayo de 1973, mediante la sanción de la ley 25.510, el Camarón fue disuelto.7 La cuestión era qué hacer con aquellos funcionarios y magistrados que lo habían integrado y que, una vez disuelto, fueron reubicados en distintos juzgados y salas. La solución brindada fue otorgar, en estos casos, jubilaciones especiales y anticipadas, lo cual permitió que, en lo inmediato, estos agentes judiciales que habían formado parte del “fuero antisubversivo” se retirasen del poder judicial, recluyéndose en sus estu-dios jurídicos, para volver a la justicia con el golpe militar de 1976.

Planteo estos dos casos porque lo que pretendo sostener es que ambos gobiernos —salvando las diferencias históricas y políticas— se encontraron en un punto frente a situaciones similares, y lo que hicieron fue tomar determinadas decisiones políticas con fuertes improntas simbólicas. Sin embargo, en ambos casos los mismos no informaron sobre la profundidad de los cambios que había que producir, desatendiendo las prácticas, las lógicas, los usos y costumbres tra-dicionales del funcionamiento de los tribunales y las relaciones que los estruc-turan, como parte de los elementos por considerar a la hora de pensar en una transformación institucional.

7 Una de las primeras medidas llevadas a cabo por el nuevo gobierno peronista, encabezado por Héctor Cámpora en 1973, fue la promulgación de tres leyes fundamentales para su política. Se trataba de las leyes de amnistía, derogación de la legislación represiva y disolución de la Cámara Federal en lo Penal.

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Una afirmación ampliamente extendida en la teoría antropológica sostiene que los hombres y las mujeres se encuentran insertos en redes de relaciones sociales, las cuales conllevan necesariamente obligaciones que deben ser cumplidas, a riesgo de romper la relación. Mi interés en esta aseveración radica en el hecho de que la mis-ma permite discutir con ciertas visiones normativas del mundo social que imaginan al espacio público como un ámbito claramente delimitado y autónomo, atravesado por hombres y mujeres racionales, abstractos y libres de lazos personales.

Y en este sentido, el poder judicial se ha constituido como el espacio por antonomasia para ser pensado desde estas perspectivas normativistas que, entien-do, es necesario discutir para imaginar cualquier tipo de modificación respecto de la justicia, a riesgo de adjudicarles a las leyes y a las normas una suerte de mana,8 que por su sola existencia permita la transformación de la realidad.9 Así, varias de las reformas pensadas en distintos momentos históricos para el campo judicial han tenido esa impronta que se podría resumir en aquella gráfica figura utilizada hace ya varios años por Darío Melossi, la del jurista ingenuo:

[…] ese hombre de derecho que cree que los problemas sociales, políticos y económicos, y los propios problemas del ordenamiento jurídico, pueden ser resueltos mediante un cambio legislativo. Esto lleva, por ejemplo, a denunciar que tal ley está mal hecha, es injusta, es demasiado liberal, o bien liberticida, etc., prescindiendo de toda contrastación empírica de la misma. (1996, 77)

2. Familia e independencia judicial

En función de lo dicho, resulta fundamental poder reflexionar para comprender y problematizar qué es lo que se está diciendo cuando se habla de “independencia

8 El término mana es utilizado aquí como “poder mágico o cualidad mágica” (cfr. Sigaud 1996).9 Sin desconocer la importancia de las disputas y los debates instalados en torno a la implementación

de un sistema acusatorio en reemplazo del sistema inquisitivo —tanto en la reforma de la justicia nacional Argentina de 1991 como en la de la provincia de Buenos Aires de 1998—, lo cierto es que las discusiones y expectativas en torno a la reforma tuvieron mucho de este poder mágico y fetichista de transformación de la realidad que se les suele adjudicar a las normas (cfr. Martínez 2007; Sarrabayrouse Oliveira 1998).

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judicial”. Así, definir la “independencia judicial” como la independencia que el poder judicial debe mantener con respecto a los gobiernos de turno constituye, sin lugar a dudas, parte del problema, pero lo limita de un modo, por lo menos, ingenuo. Las relaciones que varios miembros de la justicia sostienen con corpo-raciones económicas, asociaciones profesionales, estudios jurídicos y, particular-mente, con la agencia policial10 son una práctica de larga data que, de un modo u otro, los ha constreñido y opera de distintas maneras en la limitación de esa independencia. En palabras de un juez federal:

[…] lo que sé es que me consta que las corporaciones policiales en Argentina dedican importantes esfuerzos para cooptar a las agencias ju-diciales. Invierten tiempo, recursos, estrategias para tender, especialmente lazos afectivos, de camaradería, de relaciones con las agencias judiciales penales: Jueces de Instrucción, Fiscales de Instrucción, Jueces Federales; y bueno, invitaciones, todo lo que necesites, “si tiene que ir a la cancha, yo le consigo”, “venga a un asado”, a fin de año es la semana de la Policía… Invitación para esto, el platito o la gorrita en conmemoración o agrade-cimiento. Permanentemente un trabajo de cooptación, de simpatía, justa-mente para, otra vez, neutralizar la posibilidad de control o de denuncia que tiene la agencia judicial sobre la agencia policial. Entonces es muy común: uno entra al despacho de un fiscal o de un juez o camarista y están todos los platos con los ganchitos de las comisarías, o uno quiere colgar un saco en el perchero y no puede porque los percheros están ocupados por todas las gorras de las distintas dependencias policiales o penitenciarias o de gendarmería, etcétera.11

Pero, por otra parte —y sobre este punto me interesa profundizar—, es necesario poder pensar de qué manera el funcionamiento de la tan renombrada “familia judicial” opera en esta discusión acerca de la independencia. Porque, tal vez por fuerza de la naturalización propia del accionar de las burocracias, la

10 Para una mayor profundización sobre este tema, ver Eilbaum (2008 y 2012a).11 Entrevista realizada por la autora a un juez federal en 2008.

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importancia de esta categoría queda velada y diluida en el funcionamiento coti-diano de los agentes que día a día transitan los tribunales.

La categoría “familia judicial”, si bien de uso extendido por fuera del ám-bito de la justicia, es una categoría nativa —como la llamamos los antropólogos— que permite describir formas de funcionamiento de los tribunales, pero también opera como categoría organizativa de los mismos. Ahora bien, ¿qué significación se le otorga a esta categoría descriptiva y organizadora del poder judicial? En principio, cuando la utilizamos podemos pensar en términos de relaciones de pa-rentesco concretas: mismos apellidos que se repiten a lo largo y a lo ancho de la guía judicial.12 Pero creo que la acepción más interesante, al menos para este análisis, es lo que yo denomino la acepción simbólica: definir la “familia judicial” en función no solo de las relaciones de consanguinidad sino de la pertenencia a ciertos clanes o grupos de interés que conforman una malla de relaciones tejida en función de lazos de amistad, camaradería, compañerismo, vecindad. Y la importancia de esta categoría radica en que es a través de ella que se pueden comprender las formas de reclutamiento y ascenso dentro de la justicia. Formas estas que se han sostenido a lo largo de los años y han trascendido los regímenes institucionales (Sarrabayrouse Oliveira 2011).

El trabajo de campo realizado durante todos estos años en la justicia penal me ha permitido reconocer la existencia de “espacios de sociabilidad” compar-tidos por la “familia judicial”: colegios a los que habían ido los funcionarios ju-diciales o donde iban sus hijos; clubes de los que eran socios; barrios en los que vivían; lugares de veraneo donde pasaban sus vacaciones, entre otros. Como dije antes, la trascendencia de ilustrar estos ámbitos es que es en ellos donde se reclu-tará a quienes, más tarde, conformarán la “familia judicial”, y, por otra parte, estas formas de reclutamiento, en lugares previa y tradicionalmente determinados, in-teresan, en la medida en que funcionan en el marco de un proceso de producción y reproducción de este grupo social —constituido por los judiciales— y de las formas en que los actores movilizan una identidad determinada como factor que legitima una posición elitista y privilegiada (Gessaghi 2011).

12 Los apellidos de renombre varían también en función de los distintos fueros —penal, civil, de familia, comercial, laboral—, ejerciendo influencias diferenciales de un fuero a otro.

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Tal vez, estos espacios exclusivos hayan cambiado (quizá ya no sea Miramar el lugar de veraneo;13 y los barrios no sean ya Bella Vista, San Isidro o Adrogué14), pero lo que no ha cambiado es el hecho de pertenecer a los mismos lugares y, fundamentalmente, el ingreso a un aceitado circuito de relaciones de intercambio donde entran en juego distintos “bienes”, tales como nombramientos, ascensos, favores, lealtades.

Y me interesa remarcar las relaciones de intercambio porque toda relación de intercambio implica, necesariamente, la creación y el cumplimiento de obli-gaciones entre los actores intervinientes, y en el poder judicial, las mismas han demostrado constituir un auténtico patrón de sociabilidad. En este sentido, con-ceptos tradicionales de la antropología clásica —que han sido creados y utilizados para el análisis de sociedades “Otras”, tales como don, intercambio, reciprocidad, prestigio— han resultado sumamente sugerentes a la hora de analizar la justicia penal y las relaciones que allí se trazan.

Para poder comprender cómo funcionan y operan estas relaciones que se tejen dentro de la “familia judicial”, he recurrido a Marcel Mauss, un clásico de la teoría antropológica. En el “Ensayo sobre los dones”, Mauss (1979) sostenía que el

13 Ciudad balnearia de la costa argentina, reconocida, fundamentalmente en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, por la asidua concurrencia de integrantes de la justicia en época estival.

14 Fundamentalmente, los agentes judiciales que ingresaron a la justicia en las décadas de los setenta y ochenta —y también algunos que lo hicieron con posterioridad— utilizan una clasificación identitaria en función del barrio del que son originarios. Así, los miembros de la “familia judicial” estructuran sus orígenes en torno a tres localidades del conurbano bonaerense (barrios ubicados en las afueras de la provincia de Buenos Aires pero relativamente cercanos a la Capital Federal). Se trata de Bella Vista, San Isidro y Adrogué. A partir de esta distribución, se definen tres grupos bien demarcados: los bellavistenses, los sanisidrenses y los adroguenses. De más está aclarar que tal clasificación no implica que “todos” los integrantes del aparato de justicia sean originarios o habiten alguna de estas tres localidades; lo que sí es cierto es que la procedencia es utilizada por los actores como una fuerte marca de identidad. Para la investigación antropológica, la adscripción barrial es una importante variable por considerar, en la medida en que resulta fundamental para el análisis de los espacios de sociabilidad compartidos que tienen un rol central a la hora de la conformación de grupos o facciones. Así, la pertenencia, o el deseo de pertenecer, a determinados barrios, la circulación por determinados círculos, la asociación a determinados clubes, nos hablan de esos elementos y símbolos (de poder, de prestigio, de estatus) que —como ya lo planteó Elias (1996)— adquieren una vida cuasi independiente transformándose en auténticos fetiches de prestigio (cfr. Tiscornia 2008; Sarrabayrouse Oliveira 2011).

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don implicaba la concatenación de tres obligaciones: dar, recibir y devolver.15 Por otra parte, afirmaba, como uno de los elementos característicos y fundamentales del don, que en todo tiempo y lugar el mismo se presenta como un acto volunta-rio y generoso, pero en realidad se trata de un fenómeno obligatorio e interesado.

Remitiéndonos al poder judicial, lo que nos interesa ver es, básicamente, qué se dona, qué se devuelve y quiénes intervienen. Respondiendo de un modo conciso, podemos decir que lo que se dona, ante todo, son “favores”, los cuales se traducen, fundamentalmente, en designaciones, ascensos, promociones, recomen-daciones. A su vez, estos dones se devuelven con “agradecimientos”, los cuales pue-den adoptar diferentes formas: reconocimientos verbales directos o ante terceros,16 o designaciones, recomendaciones, acceso a información determinada.17

A su vez, estas relaciones de intercambio instauran un doble vínculo entre quienes participan: por un lado, establecen una “relación solidaria”, entendida en función del acercamiento de los actores que forman parte del intercambio, pero, por el otro, implican la implantación de una “relación de superioridad”, en la medida en que quien recibe el don contrae, inmediatamente, una deuda con el donador. Si la jerarquía ya existía, el don no hace otra cosa que reforzarla; en su defecto, la crea (Godelier 1998). Las relaciones de intercambio establecen, de esta manera, un tipo de coerción moral sobre quienes participan en ellas —básica-mente, sobre los deudores—, que se expresa en la idea en el valor de la lealtad.

Ahora bien, cuando nos preguntamos quiénes intervienen en estas relacio-nes de intercambio, podemos ver que, aunque las obligaciones sean contraídas por personas individuales, los intercambios se establecen entre “personas morales”, es decir, entre grupos, los cuales van a intervenir en la creación de clanes y facciones.18

15 Para Mauss, la vida social implica una circulación permanente de cosas, y lo que circula, lo que se intercambia, “[…] no son exclusivamente bienes o riquezas, muebles e inmuebles, cosas útiles económicamente; son sobre todo gentilezas, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias en las que el mercado ocupa sólo uno de los términos de un contrato mucho más general y permanente” (1979, 160).

16 Los agradecimientos, en sus distintas formas, no constituyen cuestiones menores porque operan como una forma de construir prestigio y poder dentro de la justicia.

17 Obviamente, las formas de devolver dependerán del lugar que se ocupe en la pirámide jerárquica del poder judicial, lo cual permitirá, en algunos casos, que esos favores se devuelvan con el correr del tiempo y el ascenso de quienes han sido designados; en otros casos, el don puede devolverse bajo la forma de designación de un pariente, por ejemplo.

18 Para profundizar sobre este punto, ver Tiscornia (2008) y Sarrabayrouse Oliveira (2011).

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Esto quiere decir que cuando alguien ingresa a través de estas relaciones de inter-cambio a la justicia, se incorpora a determinado grupo, a determinado clan, es decir, no queda como un individuo aislado, libre de toda relación en la institución. Este hecho le otorga “seguridad y respaldo” a quien ingresa pero también, de alguna manera, lo constriñe19 en su accionar y en la tan mentada “independencia”:

Vos entrás de la mano de alguno que se hace cargo de vos, para empe-zar. Vos entrás de la mano de alguno, lo cual implica cierta responsa-bilidad en la manera de funcionar. Entonces vos sos alguien, además, porque vos entraste y vos sos el que recomendó fulano y te da una identidad. Y después vas a armar una identidad que tiene que ver con el laburo, con la forma en que vos laburás, los vínculos que vas teniendo, las amistades, las relaciones.20

A esta altura de la exposición, uno podría preguntarse cuál es el riesgo que se corre en caso de no cumplir con la obligación de devolver. Lo que se pone en juego es romper esas relaciones, y, en este sentido, la garantía para la continuidad de las mismas es el propio interés que poseen los agentes en sostenerlas (Sigaud 1996; Leach 1996).

Sin embargo, es preciso entender que el mundo de la justicia penal no es homogéneo y que muchas veces estos sujetos que se incorporan a grupos (y a los cuales, por origen social, pertenecen) presentan, en varias oportunidades, diferencias ideológicas. Es así que las relaciones de intercambio (que determinan los ingresos, ascensos, pertenencias, identidades) tienen lugar en un mundo que no es armónico sino que presenta conflictos. Y muchas veces estos conflictos dividen aguas. Dicho en términos antropológicos: hay cuestiones que se sustraen al intercambio. De esta manera es que se pueden comprender y poner en con-texto procesos políticos como el que —en este momento— se encuentra transi-tando el poder judicial. Porque si bien las relaciones de intercambio constituyen

19 Este tipo de relaciones y situaciones, planteadas en términos generales, no son privativas del ámbito de la justicia; sin embargo, lo interesante es ver las formas particulares que adquieren en el mundo judicial.

20 Entrevista realizada por la autora en 2007. Exsecretario de un juzgado penal económico.

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características estructurantes del aparato de justicia, no deben ser consideradas como fenómenos inmutables e inmodificables. Siempre es posible cortar este circuito de intercambio y formar nuevas redes.

La idea de que los actores judiciales forman parte de (están insertos en) eso que Norbert Elias (1996) denominó “redes de interdependencia” permite pen-sar en la posibilidad de creación de nuevos lazos a partir de un reacomodamiento de grupos —y aparición de otros—, ante una posible transformación de las rela-ciones de fuerza dentro del poder judicial, enmarcada en las modificaciones del campo político más amplio. En este sentido, pensar la “independencia judicial” como una cuestión que se circunscribe meramente a la independencia de pode-res que supone la división planteada por Montesquieu limita la mirada sobre un problema que posee características mucho más complejas y en el que intervienen muchos más actores con lógicas y relaciones diferentes.

3. El acceso a la justicia: los expertos y su jerga

En el libro Conocimiento local, Clifford Geertz (1994, 20) sostiene que frente a los grandes o pequeños, interrogantes, los antropólogos tendemos a centrarnos en lo singular, en lo concreto, en lo microscópico: “[…] somos los miniaturistas de las ciencias sociales, pues pintamos sobre lienzos liliputienses lo que creemos que son trazos delicados. Esperamos encontrar en lo pequeño lo que nos esquiva en lo grande, tropezando con verdades generales mientras estamos revisando en casos especiales”. Traigo a colación esta cita porque me permite explicar de qué manera intentaré problematizar lo que se entiende, en este trabajo, por dificulta-des en el “acceso a la justicia”.

En el uso corriente —y en el de la mayoría de los reformadores21—, el término “acceso a la justicia” remite a las dificultades y los impedimentos que un “ciudadano común” debe sortear a la hora de acercarse al sistema judicial, ya sea para hacer uso del mismo, ya sea porque se ve compelido a hacerlo. Sin embargo, mi idea en este artículo es poder entender estos obstáculos —que

21 Con esta categoría hago referencia a aquellos actores vinculados al mundo del sistema penal, cuya función principal es la redacción e implementación de reformas judiciales, policiales o penitenciarias.

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llevan a plantear el acceso a la justicia como un problema por indagar—, no desde la mirada de los “ajenos” al aparato de justicia sino desde el proceso por el cual los mismos agentes judiciales construyen y/o refuerzan estas trabas y limitaciones. En otros términos, se trata de indagar sobre una cantidad de prácticas y lógicas propias de los agentes judiciales y en las cuales han sido socializados, que contribuyen al distanciamiento de los agentes “no profesiona-lizados” (Santos 1991), esto es, de aquellos que no pertenecen al mundo judicial. La falta de conocimiento y de comprensión de estas operatorias propias de los operadores judiciales, a la hora de plantear reformas en el ámbito en el que se desempeñan, probablemente conduzca a cambios solo de índole cosmética que no adquirirán la profundidad necesaria.

La “carrera judicial”22 y la incorporación a la “familia judicial” van confor-mando no solo una comunidad de intereses, sino particulares formas de trabajo, rutinas burocráticas que irán generando una identidad judicial que marcará una clara distinción entre los de “adentro” y los de “afuera”. Esta identidad, de carácter relacional y contrastativo, hará, entre otras cosas, que los integrantes de la justicia se configuren como auténticos propietarios de las causas que se tramitan en los juzgados, tanto de sus empleados como de sus objetos.

El reforzamiento de la distancia establecida para con aquellos que quieran, deban o necesiten acceder a la justicia se logra mediante diversos marcadores ma-teriales y simbólicos —tales como la jerga, las formas de tratamiento y etiqueta, los circuitos de circulación definidos según pertenencias y jerarquías23— que no conducen a otra cosa que a una discriminación y marginación claras de aquellos que “no pertenecen” al mundo judicial.

22 La categoría “carrera judicial” —tal como es entendida por los actores judiciales, y a diferencia de lo que podría suponer cualquier “ajeno” a la justicia— no es definida como un espacio de formación y adiestramiento profesional de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, sino como una serie bastante amplia de obstáculos, “toques”, contactos y ascensos por los que deberán pasar aquellos que pretendan llegar a jueces. Estas dificultades son vistas, en el mundo de la justicia, como parte de las “materias” por ser aprobadas para avanzar en una informal “carrera judicial”.

23 En algunos de los edificios de tribunales todavía perviven carteles ubicados en los ascensores que indican que son “para uso exclusivo de los magistrados y funcionarios judiciales”. Estos “espacios exclusivos” son acompañados con la existencia de ciertos privilegios normativos, tales como la inamovilidad de los sueldos de los magistrados y el carácter vitalicio de sus cargos.

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Justo es decir que las primeras víctimas de estas barrocas reglamentacio-nes son los mismos empleados judiciales o todo aquel “inferior” —en términos escalafonarios— con respecto a un “superior”. En diversas charlas y entrevistas con empleados judiciales, los mismos relataron el sometimiento a auténticos “rituales de humillación” por parte de sus “superiores”:

[…] bajo esa idea de familia judicial, los jueces se creen que son la cabeza patriarcal del juzgado y ejercen auténticos actos de tiranía con sus emplea-dos. Frente a la posibilidad de una sanción —vos sabés que la posibilidad del sumario está a la orden del día en tribunales—, los jueces hacen que sus empleados ¡les pidan perdón públicamente! ¡Les exigen un arrepenti-miento subjetivo! Si no, la sanción pervive.24

Así, las formas de tratamiento que deben utilizar tanto los funcionarios judiciales como los abogados de la matrícula y los “legos” —a través de sus abo-gados—, cuando se dirigen a los magistrados mediante escritos y oficios, también están claramente pautadas: los jueces deben ser tratados mediante la fórmula V. S. (Vuestra Señoría), mientras que los camaristas y los ministros de la Corte deben ser nominados mediante el apelativo V. E. (Vuestra Excelencia). Asimismo, los caminos y tratamientos burocráticos se encuentran también demarcados jerár-quicamente. De esta manera, nunca un “inferior” puede dirigirle un oficio a un “superior”: las notas deben ser entre “iguales” —de magistrado a magistrado— o de “superior” a “inferior”. Faltar a cualquiera de estas fórmulas conlleva el riesgo asegurado de recibir un llamado de atención mediante el enunciado “guardar el estilo”, esto es, respetar las normas de forma —excesivamente cortesanas en recurrentes oportunidades (Elias 1996)—, a riesgo de no poder avanzar con las presentaciones de fondo y los planteos de contenido.

Por supuesto, la distancia establecida entre los “agentes profesionali-zados” y los “agentes no profesionalizados” (víctimas, testigos, imputados) es mucho mayor que la sostenida entre los propios agentes judiciales o entre estos y los abogados que no son funcionarios judiciales, y permanentemente es

24 Entrevista realizada por la autora en 2012 a un empleado de un juzgado de instrucción.

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reforzada por una intrincada jerga que dificulta la comprensión de aquellos que no son letrados y no pertenecen al mundo judicial. Jerga que levanta un muro en la comunicación entre unos y otros, convirtiendo a los de adentro en autén-ticos “guardianes de la ley”, cuya legitimidad se asienta en el acceso privilegiado que tienen a cierto conocimiento particular basado en verdades formularias.25 Así, los funcionarios aparecen como guardianes rodeados del halo de autoridad que les otorga el hecho de ser poseedores de un saber singular que los habilita a descifrar e interpretar, a través de los códigos, una verdad particular e inac-cesible al común de la gente: la ley.

Es así que, entiendo, la discusión en torno a las posibilidades de lograr un mejor “acceso a la justicia” requiere la incorporación en el análisis de todos estos otros temas vinculados con el conocimiento de los procedimientos, del tempo judicial, de las reglas de cortesía, del lenguaje, muy pocas veces proble-matizados desde una perspectiva jurídica, pero que operan profundamente en el modo en que los grupos que componen la justicia y “que tienen razones y fundamentos para sus propias acciones, hacen la justicia en tanto burocracia” (Martínez 2007, 208). Porque, precisamente, diferentes etnografías en el cam-po de la antropología jurídica nos han permitido aseverar que, al menos en Argentina, “el entendimiento acerca de cómo se hace justicia, es un asunto para pocos. Esos ‘pocos’ —miles de abogados y muchos cientos de presos— dominan sin duda buena parte de los procedimientos y también los han naturalizado como tales. Por ello, por la distancia entre lo que los legos —los de afuera— ‘sabemos’ (o no sabemos) y la naturalización con la que los de adentro lo hacen, el diálogo entre las partes no es simple” (Tiscornia 2008, 11). De ahí, la impor-tancia de la comprensión y “traducción” de complejos problemas jurídicos a un lenguaje común, y también, de lograr la articulación entre el saber jurídico, el saber judicial y el saber antropológico (cfr. Eilbaum 2012b), en un intento

25 “Las características del saber jurídico —por definición, general y universal; en la práctica, cerrado y esotérico— transforman a las reglamentaciones que rigen el ámbito de la justicia, en verdades formularias y a sus hermeneutas en guardianes. El acceso privilegiado a este conocimiento particular, refuerza la autoridad de los funcionarios en la medida en que los transforma en el punto de referencia del conocimiento y la sabiduría, no sólo al interior de la institución judicial sino en la imagen que —ellos entienden— la sociedad tiene de sus actos” (Sarrabayrouse Oliveira 1998, 61).

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por conseguir que los actores judiciales conviertan en “conciencia discursiva” aquello que en su funcionamiento cotidiano opera como “conciencia práctica” (Giddens 1995), convirtiéndose, a la sazón, en actores reflexivos que puedan rendir cuentas de sus acciones estableciendo un diálogo con aquellos que se pretende, desde distintos impulsos reformadores, se conviertan en usuarios del sistema y no, simple o trágicamente, en víctimas del mismo.

A modo de conclusión: las reformas y el afuera institucional

En párrafos anteriores sostuve que, más allá de la caracterización de ciertas lógi-cas que atraviesan las burocracias judiciales, el mundo judicial no es, ni nunca ha sido, un espacio homogéneo ni libre de conflictos. Es justamente esa heterogenei-dad la que permitió, durante el terrorismo de Estado en Argentina, que algunos jueces y funcionarios produjesen o guardasen pruebas que años más tarde serían desempolvadas para ser utilizadas en los juicios por los crímenes cometidos por la dictadura. En ese sentido, el poder judicial constituye un escenario conflictivo y heterogéneo, acompasado por ritmos políticos más amplios, a los que habitual-mente se adecua. La convocatoria realizada por quienes se han aglutinado en torno a este nuevo actor institucional (Justicia Legítima) es una prueba de ello.

Ilustrar esta heterogeneidad es fundamental no solo para pensar en la po-sibilidad de transformación y en la consolidación de “nuevos” actores, sino para tener una mirada alerta, y no cándida, con respecto al reacomodamiento mimé-tico de “viejos” actores, aquellos funcionarios grises que tienen esa capacidad de rápida reubicación con el poder de turno. Durante el debate público convocado por Justicia Legítima, en una charla informal, uno de los asistentes comentaba que este encuentro presentaba:

[…] el riesgo de las convocatorias amplias. ¡Se te suma cualquiera! Algunos jueces están furiosos porque dicen que se están sumando algunos que son unos terribles monstruos: gente que está ahí con pedido de juicio político y aprovechan este espacio para pedir refugio.

Este poder de mímesis de los operadores judiciales es parte también de los elementos que caracterizan la justicia. Los casos históricos planteados en párrafos

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anteriores —tanto el del gobierno de Héctor Cámpora como el del gobierno de Raúl Alfonsín—, que permitieron ilustrar dos contextos políticos e históricos bien diferentes, constituyen un vivo ejemplo de cómo el desconocimiento o, más aun, la “naturalización” de ciertas lógicas y costumbres arraigadas en el funcio-namiento de los tribunales conducen, en forma casi indefectible, a la continuidad de aquellas prácticas que se pretende desterrar impidiendo aquellas preciadas transformaciones institucionales.

En esta misma línea, es importante aclarar que en Argentina —y, espe-cíficamente, a partir de la última dictadura militar— el poder judicial ha sido considerado por diversos actores sociales y políticos (organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, organismos no guber-namentales) como una arena de disputas en la cual es posible librar múltiples y diversas batallas.26 Fue este activismo —en confluencia, muchas veces, con lo que podemos denominar “activismo judicial”— el que hizo uso de su conocimiento de las lógicas burocráticas tribunalicias y de las relaciones sociales que las atra-viesan, y también apeló a un importante despliegue de imaginación a la hora de librar estas batallas judiciales, aún en momentos sumamente ímprobos.

En este sentido, los debates en torno a la “democratización de la justicia” requieren la convocatoria de actores extramuros, que habilite la generación de discusiones según una agenda de temas más amplia y que permita, también, romper cierta tendencia a la endogamia judicial. En Argentina, el uso y la apelación a la justicia por parte de diversos actores —ya sea para impugnarla, ya sea para demandar su accionar— muestran la importancia de incorporar diversas voces a las discusiones sobre la administración de justicia. La inclusión de otros sectores a los debates puede conjurar el riesgo de pensar cualquier tipo de reforma bajo el paradigma de lo que Tiscornia (1999) dio en llamar “el síndrome de Atenea”:

26 Para una mayor profundización sobre este tema, ver Informe Anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS 2008), Tiscornia (2008), Pita (2010), Sarrabayrouse Oliveira (2011), Villalta (2012), entre otros. Las presentaciones de habeas corpus durante la dictadura en los casos de detenidos-desaparecidos o en los casos de presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), el seguimiento de causas por ilegítima de la libertad, fueron parte de esas batallas.

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[…] en la mitología griega, Atenea nació armada y adulta de la cabeza de Zeus. Algo similar ocurre muchas veces en nuestros países cuando las reformas y las leyes surgen “armadas y adultas” de la cabeza del legislador o el experto, de su voluntad iluminista y razonable. Se construyen asípolíticas que se imponen sobre complejas realidades que no son conocidas por el legislador o el experto acabadamente. (429)

Sin embargo, y para finalizar, no debemos ignorar que en este proceso de discusión acerca de cuestiones que aquejan hace largo tiempo a la justicia,27, se corre el riesgo de dar lugar a discursos que —apelando al cuestionamiento de un poder judicial al que se define como “ineficiente, burocrático y corrupto” y que, en su condición de tal, “hace que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra”— habiliten la restricción de garantías, el endurecimiento de las penas y demás políticas de “mano dura”, conduciendo a un retroceso de aquellas pequeñas y grandes batallas que, a lo largo de los años, han ido ganando tanto el activismo de los Derechos Humanos como el activismo judicial.

Referencias1. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 2008. Litigio estratégico y derechos

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3. Eilbaum, Lucía. 2008. Los “casos de policía” en la Justicia Federal en Buenos Aires.El pez por la boca muere. Buenos Aires: Antropofagia.

4. Eilbaum, Lucía. 2012a. “O Bairro Fala”: conflitos, moralidades e justiça no conur-bano bonaerense. São Paulo: Hucitec/Anpocs.

5. Eilbaum, Lucía. 2012b. “Só por formalidade”: a interação entre os saberes antro-pológico, jurídico e judicial em um “Juicio Penal”. Horizontes Antropológicos 18(38): 313-339.

6. Elias, Norbert. 1996. La sociedad cortesana. México: Fondo de Cultura Económica.7. Geertz, Clifford. 1994. Conocimiento local. Buenos Aires: Paidós.

27 Vale aclarar que muchos de los cuestionamientos surgidos a lo largo del proceso que nos encontramos viviendo en los últimos meses constituyen demandas gremiales planteadas hace ya muchos años por los trabajadores judiciales.

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8. Gessaghi, Victoria. 2011. La experiencia etnográfica y la clase alta: ¿nuevos desa-fíos para la antropología? Boletín de Antropología y Educación 2 (3): 17-26.

9. Giddens, Anthony. 1995. La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de laestructuración. Buenos Aires, Amorrortu editores.

10. Godelier, Maurice. 1998. El enigma del don. Madrid: Paidós.11. La Nación, Tras el fallo por Marita Verón, Cristina anunció que impulsará la

“democratización de la justicia”. 12 de diciembre de 2012.12. Leach, Edmund. 1996. Sistemas políticos de la Alta Birmania. Barcelona: Anagrama.13. Martínez, Josefina. 2007. La guerra de las fotocopias. Escritura y poder en las

prácticas judiciales. En Justicia y sociedad en América Latina, eds. Juan ManuelPalacio y Magdalena Candioti, 203-218. Buenos Aires: Prometeo.

14. Mauss, Marcel. 1979. Sociología y antropología. Barcelona: Tecnos.15. Melossi, Darío. 1996. Ideología y derecho penal. Garantismo jurídico y crimino-

logía crítica: ¿nuevas ideologías de la subordinación? Nueva Doctrina Penal 1 (A):75-86.

16. Nino, Carlos S. 1997. Juicio al mal absoluto. Buenos Aires. Emecé.17. Pita, María Victoria. 2010. Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra

la violencia policial. Buenos Aires: CELS/ Editores del Puerto, Colección RevésAntropología y Derechos Humanos/2.

18. Santos, Boaventura de Sousa. 1991. Estado, derecho y luchas sociales. Bogotá: ILSA.19. Sarrabayrouse Oliveira, María José. 2011. Poder judicial y dictadura. El caso de la

morgue. Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS. Colección Revés, AntropologíaJurídica y Derechos Humanos/3.

20. Sarrabayrouse Oliveira, María José. 1998. Poder judicial: transición del escritu-rismo a la oralidad. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas. BuenosAires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. [En línea]http://www.antropojuridica.com.ar/biblioteca-en-linea/

21. Sigaud, Lygia. 1996. Direito e coerção moral no mundo dos engenhos. EstudosHistóricos 9 (18): 361-388.

22. Tiempo Argentino, Una justicia legítima. 11 de diciembre de 2012.23. Tiscornia, Sofía. 2008. Activismo de los derechos humanos y burocracia estatales.

“El caso Walter Bulacio”. Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS. ColecciónRevés, Antropología Jurídica y Derechos Humanos/1.

24. Tiscornia, Sofía. 1999. Derechos humanos en Argentina. Informe anual. Enero-di-ciembre 1998. Buenos Aires: Eudeba, Centro de Estudios Legales y Sociales.

25. Villalta, Carla. 2012. Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación deniños. Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS. Colección Revés, AntropologíaJurídica y Derechos Humanos/4.

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María José Sarrabayrouse Oliveira es doctora de la Universidad de Buenos Aires (con mención en Antropología). Es investigadora formada del Programa de Antropología Política y Jurídica, con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL, UBA), del que forma parte desde 1993. Ha publicado en libros y revistas nacionales e internacionales sobre temas vinculados a poder judicial, familia judicial, dictadura y derechos humanos, particularmente en el ámbito de la justicia penal y contravencional. Entre sus últimas publicaciones están: Poder judicial y dictadura. El caso de la morgue. Buenos Aires: CELS, Editores del Puerto, 2011; y, “Rupturas, continuidades y lealtades en el poder judicial”. En ¿Ud. también, Doctor? Complicidad judicial durante la dictadura. Buenos Aires: Siglo XXI, 2014.Correo electrónico: [email protected]

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Conflitos étnicos na Amazônia Brasileira: processos de construção identitária em comunidades quilombolas de Alcântara

Patrícia Maria Portela NunesUniversidade Estadual do Maranhão (Brasil)

DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.06RECEBIDO: 31 de maio de 2014APROVADO: 6 de novembro de 2014REVISADO: 10 de dezembro de 2014

RESUMO: Pretendo analisar o processo de construção identitária que ganha força com mobilizações políticas direcionadas aos direitos das comunidades remanescentes de quilombo de Alcântara, município localizado na chamada Amazônia Legal Brasileira. Direciono minha atenção para a situação de conflito social instituído nesse município com a desapropriação de grandes extensões de terras pelo Estado brasileiro para a implantação de uma base de lançamento de foguetes em 1980. A complexidade da situação social enfocada sugere que o ato de reconhecimento oficial por parte do Estado encontra-se enredado por práticas autoritárias, atualizadas pelos aparatos do Estado, e práticas arbitrárias acionadas por uma lógica empresarial.

PALAVRAS-CHAVE: etnicidade • direitos étnicos • conflito social • Estado

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O presente artigo é constituído por fragmentos da conclusão de minha tese de doutorado acrescidos de notas explicativas também extraídas desse trabalho intitulado “Canelatiua, Terra dos Pobres, Terra da Pobreza: uma territorialidade ameaçada, entre a recusa de virar Terra da Base e a titulação como Terra de Quilombo”, apresentada ao Programa Pós-graduação em Antropologia (PPGA-UFF) em maio de 2011.

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Conflictos étnicos en la Amazonia brasilera: procesos de construcción de la identidad de las comunidades quilombolas de Alcântara

RESUMEN: El artículo analiza los procesos de construcción de la identidad que surgieron a partir de las movilizaciones políticas en torno a los derechos de las comunidades quilombolas en Alcântara (Amazonia Legal de Brasil). La atención del artículo se centrará en el conflicto social que se estableció en esta localidad a causa de la expropiación de extensos terrenos por parte del Estado en la década de los ochenta, para la construcción de una base de lanzamiento de cohetes. La compleja situación nos hace suponer que la acción de reconocimiento oficial de estas comunidades está permeada por prácticas autoritarias, aplicadas desde el Estado, y motivadas, a su vez, por prácticas arbitrarías con base en una lógica empresarial.

PALABRAS CLAVE: etnicidad • derechos étnicos • conflicto social • Estado

H

Ethnic Conflicts in the Brazilian Amazon: Processes of Constructing Identity in the Quilombola Communities of Alcântara

ABSTRACT: This paper analyzes the processes of constructing identity which arise from political movements on the rights of the quilombola communities in Alcântara (Brazilian Amazon region). The article focuses on the social conflict in this area triggered by the expropriation of extensive areas of land by the state in the 1980s, to make way for a rocket launch facility. This complex situation leads us to believe that the act of officially recognizing these communities is permeated by authoritarian practices implemented by the State, which are in turn linked to arbitrary practices which are founded on business logic.

KEYWORDS: ethnicity • ethnic rights • social conflict • State

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Introdução

Em junho de 2013, o Movimento dos Atingidos pela Base Espacial (Mabe) completou 12 anos de existência e luta em favor dos direitos das comunidades que se autode-claram perante o Estado brasileiro como remanescentes de quilombo. A certidão de reconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares (FCP-MinC), autarquia subordinada ao Ministério da Cultura, em dezembro de 2004,1 é considerada como resultado dos esforços de lideranças políticas e sindicais e tida como uma vitória daqueles que se percebem como atingidos pelos interesses do Estado Brasileiro em investir em tecnologias aeroespaciais ao implantar, na década de 1980, uma base de lançamento de foguetes no município de Alcântara, localizado ao norte do Brasil.

Nessa data, a FCP-MinC reconhece por certificação quase duas centenas de comunidades do município de Alcântara como Comunidade Remanescente de Quilombo, consoante o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal2 e conforme as indicações do trabalho de perícia antropológica realizado em 2002. Juntas, essas comunidades integram uma área que correspondente a 85.000 hectares de um município que totaliza pouco mais 120.000 hectares de terras. Embora mais da metade da área desse município esteja hoje reconhecida como comunidade quilombola, o Estado brasileiro ainda não emitiu a titulação definitiva conforme determina o dispositivo constitucional.

De outra parte, tal ato de reconhecimento por parte do Estado brasileiro pode ser considerado como representativo de uma nova relação jurídica firmada entre o Estado e os designados povos e comunidades tradicionais por meio da Constituição de 1988, que se fundamenta no reconhecimento da diversidade cul-tural e étnica (Almeida 2011, 111). Resultado de mobilizações políticas que se opu-seram às políticas governamentais de intervenção na estrutura agrária, ocorridas

1 Conforme dispõe a Portaria 35 registrada no Livro de Cadastro-geral 001 da Fundação Cultural Palmares, sob o n. 6, em 1º de março de 2004. De acordo com essa Portaria, 165 comunidades desse município são beneficiadas pelo Art. 1° da Lei 7.668 de 22 de agosto de 1988, Art. 2º, §§ 1° e 2º, Art. 3°, § 4° do Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003.

2 O Art. 68 do ADCT da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, institui como direito constitucional a propriedade definitiva das terras das referidas comunidades; con-forme o texto constitucional: “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.

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em meados da década de 1980, no âmbito do Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova República, a categoria quilombo sofreu um deslocamento de sentido. Isto é, deixou de reportar-se à acepção colonial, como sinonímia de escravo fugido, para assumir conotações identitárias colocando-se como categoria de autodefini-ção acionada no presente por um conjunto amplo de grupos sociais que buscam afirmar direitos étnicos perante o Estado brasileiro (Almeida 2011, 111).

Pretendo, neste artigo, esboçar uma discussão a respeito do processo de construção identitária referente à construção de uma expectativa de direito que ganha força desde que se intensificam as mobilizações políticas em favor dos direitos das comunidades remanescentes de quilombo em Alcântara.

Nesse sentido, direciono minha atenção para a situação de conflito social intenso instituído nesse município com a desapropriação de grandes extensões de terras pelo Estado para a implantação de uma base de lançamento de foguetes espaciais em 1980. Ressalto, desde já, que o certificado emitido pelo FCP-MinC aponta para uma tomada de posição por parte dos aparatos de poder que eviden-cia a complexidade da situação enfocada porquanto o ato de reconhecimento aí expresso parece estar adstrito a uma reivindicação política. Não se trata, assim, de uma simples recognição de um grupo, mas de um reconhecimento associado a ações coletivas e a mobilizações políticas, conforme bem distingue Almeida (2013).

1. A Terra da pobreza: a afirmação de uma territorialidadeespecífica em contexto de intenso conflito social

Ressalto, inicialmente, que os dados etnográficos mencionados neste artigo foram coligidos por meio da realização de um trabalho de campo prolongado que teve início em 2002, com minha participação na equipe de pesquisadores que subsidiou a realização do laudo antropológico realizado pelo antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, indicado pelo Ministério Público Federal por intermédio da Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Nessa ocasião, tive a oportunidade de realizar uma espécie de survey na área reivindicada como território quilombola e pude compreender que a implantação da base de foguetes atingiu a uma grande variedade de grupos sociais. Além disso, foi-me possível observar a atualização pelos agentes sociais do termo Base, em referência à base de lançamento de foguetes espaciais de Alcântara. Esses agentes marcam, dessa

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Conflitos étnicos na Amazônia Brasileira Patrícia Maria Portela Nunes

forma, uma diferença a respeito da designação oficial empregada pelas autori-dades militares: Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Dessa distinção, pode-se inferir que a utilização desse termo ressalta o caráter militar do em-preendimento e a natureza autoritária de sua implantação pela Aeronáutica em meados dos anos 1980 —doravante empregarei o termo Base ao me reportar a esse empreendimento e às ações oficias dele derivadas—.

Os dados levantados nas visitas realizadas às unidades sociais, designadas povoados, indicavam a dispersão e a abrangência no tocante ao relato dos agentes sociais sobre as formas de acesso à terra e sobre os domínios territoriais dos dife-rentes grupos. Situações referidas a casos de doação, aquisição, herança, com ou sem formal de partilha, concessão, ocupação ou apossamento são expressos por meio de diferentes nomenclaturas relativas aos domínios territoriais, o que su-gere diferentes formas de classificação dos agentes sobre sua base territorial, tais como: terra da pobreza, no caso de doação formal registrada em cartório; terras de herança, no caso dos formais de partilha; terras de preto e terras de caboclo, em casos de concessão, aquisição ou ocupação; terras de santo, terras de santa, terras de santíssima, nos casos de doação a divindades (Almeida 2006). Não se trata, contudo, de considerar a vigência de uma correspondência unívoca entre a situação de posse/propriedade e essas categorias de classificação. Há situações, por exemplo, de sobreposição, como no caso da observada por Linhares (1999) entre as denominadas terras de preto e as terras de santo. Têm-se, ainda, situações asseguradas por instrumentos legais como as denominadas terras de preto, que foram objeto de doação ou de sucessão, formal ou informal, do grande proprie-tário, como é o caso de povoados como Santo Inácio, Vai com Deus, Raimundo I e parte de Itapuaua (Almeida 2006). Situações distintas, portanto, que aludem a uma espécie de quebra-cabeças que me pareceu bastante difícil de ser montado.

Trata-se, portanto, de contextos distintos de acesso a terra que dão lugar à emergência de diferentes territorialidades específicas (Almeida 2011) de forma a sugerir que o território étnico enfocado serve de referência a diferentes identida-des sociais. Nesse sentido, as pesquisas realizadas em Alcântara3 indicam que as

3 Desde a década de 1970 que pesquisas sistemáticas são desenvolvidas em Alcântara de forma a subsidiar estudos monográficos; cito como exemplos Laís Mourão Sá (1973), O pão da terra: propriedade comunal e campesinato livre na Baixada Ocidental Maranhense, e Regina Prado

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unidades sociais que integram o território desapropriado pelo Estado brasileiro mantêm secularmente um sistema de relações de troca e auxílio mútuo que permite observar no plano das relações cotidianas a prevalência de mecanismos de manu-tenção das fronteiras étnicas, conforme a conceituação de Fredrik Barth (2000, 29).

Minhas atividades de pesquisa foram retomadas no final de 2003 com a intenção de realizar uma pesquisa de caráter mais detido na designada terra da pobreza. Permaneci um ano corrido em campo e realizei viagens pontuais nos anos de 2007, 2008 e 2010. Busquei nesse estudo descrever a passagem de uma situação social designada historicamente pelos próprios agentes sociais como terra da pobreza para uma outra classificada oficialmente como comunidade re-manescente de quilombo.

Ressalto, assim, que as situações empíricas ora tratadas se referem a essa territorialidade específica designada terra da pobreza, localizada a noroeste do município de Alcântara. O território que corresponde a esta é integrado por cinco povoados (Canelatiua, Bom Viver, Vila do Meio, Retiro e Porto do Aru) e algumas taperas, como são designados os antigos lugares de moradia.

Trata-se de uma situação de doação formal de terras realizada pelo antigo dono de um engenho. Aqueles que são portadores da história dessa coletividade, habilitados a narrar sobre o contexto de acesso do grupo a terra, ressaltam que a doação fora feita a um conjunto de famílias então residentes nessas terras e mantidos como escravos do dono do engenho. Ao findar suas atividades empre-sariais, esse antigo dono doou as terras aos pobres do lugar, expressão que consta em documentos oficiais. Localizei no Arquivo Público do Estado o documento de registro de terras em cumprimento à primeira Lei de Terras do Brasil de 1850 do período colonial. Esse documento detalha uma dominialidade constituída por 53 famílias residentes nessa localidade e designada de Terras dos Pobres. Posteriormente, já no período Republicano, documentos cartoriais reportam-se a essa dominialidade como Terra da Pobreza. Ambas as designações retratam a relação mantida pelo grupo com os poderes instituídos.

(1977), Todo ano tem: as festas na estrutura social camponesa. Mais recentemente, muitos trabalhos são produzidos tomando como objeto de investigação as comunidades remanescentes de quilombo. Trabalhos de caráter etnográfico chamam a atenção para o sistema de relações de troca que caracteriza a relação entre os povoados.

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No presente, diante do conflito social com a base de foguetes, os agentes sociais acionam essa designação como forma de dirimir esse conflito e afirmar uma concepção de direito fundamentada numa autonomia produtiva e na cons-trução de uma identidade de proprietários. Ressaltam, assim, sua condição de libertos em um território que é percebido pelos agentes sociais como “livre das grandes plantações” (Mourão Sá 2007), isto é, de empreendimentos agrícolas predominantes no período colonial e baseados na mão de obra escrava.

2. A luta dos atingidos: direitos quilombolas ante o Estadoautoritário e o arbitrário das relações de mercado

O conceito de luta que orienta as reflexões sobre a situação empírica enfocada é inspirado em Max Weber, tomado como uma “relação social” inscrita numa situação de concorrência (Weber 2000, 23). Tal conceito nos permite refletir, entretanto, sobre apropriação do poder de disposição no tocante à construção de expectativas de direto por parte daqueles que se reconhecem como atingidos por essa base de lançamento de foguetes. Nesse sentido, sugere certa dissonância da conceituação de Weber ao apon-tar para um deslocamento de posição porquanto prevaleça nas lutas contemporâneas uma autoconsciência dos pleitos reivindicados e das ações coletivas encaminhadas por aqueles sistemas de agentes que conduzem a luta, seja uma associação, seja um movimento social organizado como o Mabe, aqui tratado.

Agentes sociais ligados aos movimentos sociais que lutam pela defesa dos direitos das comunidades quilombolas de Alcântara entendem que os obstáculos ao reconhecimento dos direitos assegurados por lei nos termos do Art. 68 do ADCT estão referidos aos interesses do Estado Brasileiro em atividades espaciais. Escolhida como área para implantação de uma base de lançamento de foguetes, as terras do município de Alcântara foram objeto de desapropriação por parte de diferentes instâncias de poder. Primeiramente o Decreto Estadual 7.320, datado de setembro de 1980, desapropriou 52.000 hectares do município de Alcântara para implantação do CLA. Entretanto, ao passar para a instância de decisão federal, são acrescidos mais 10.000 hectares: o decreto presidencial datado de 8 de agosto de 1991 declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela União, 62.000 hectares desse município. Na ocasião, essa medida afetou diretamente a mais de 2.000 famílias que aí residiam e trabalhavam autonomamente há muitas gerações.

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Contudo, a implantação da base de foguetes foi efetuada não apenas por meio da desapropriação de terras, mas também implicou ainda a opção pelo deslo-camento compulsório, ocorrido em 1986-87, de 312 famílias, residentes no litoral, para unidades administrativas denominadas de agrovilas, situadas no interior do municí-pio e sem acesso ao mar. As famílias de pescadores foram forçadas a abandonar as atividades pesqueiras. Além disso, foi efetivado um conjunto de medidas de caráter restritivo quanto ao uso dos recursos ecológicos, da organização social prevalecente, bem como das manifestações culturais que ameaçam as formas de existência coletiva dos diferentes grupos sociais.

Decorridos, no entanto, mais de 30 anos desde o primeiro decreto de desapropriação de terras, datado de 1980, o projeto do Estado Brasileiro de investimento em tecnologia aeroespacial foi modificado em seus propósitos, diretrizes e estratégias de implementação por inúmeras vezes e inúmeras foram as polêmicas que as lideranças políticas e sindicais estiveram referidas desde a década de 1980. Se, por um lado, há vitórias que foram comemoradas pelas lide-ranças e pelos autodesignados quilombolas, por outro, há também o sentimento de que, quando se pensou que a luta tinha chegado ao seu fim e que os direitos constitucionais tinham vindo em benefício das comunidades, uma nova política de governo tenha se instituído ou uma nova orientação das regras que regula-mentam o processo de reconhecimento das comunidades tenha surgido como mais um obstáculo. Expressão desse sentimento parece ter sido vivida na ocasião em que representantes do Mabe e lideranças sindicais tomaram conhecimento das intenções do governo em construir mais nove plataformas de lançamento de foguetes em Alcântara, para servirem de plataformas de aluguel, fato ocorrido em 2005: se a implantação de uma única plataforma já havia provocado tantas mudanças interpretadas como drásticas do ponto de vista da organização social das comunidades, antecipar, por imaginação, os possíveis efeitos provocados pela construção de dez plataformas ainda se coloca como impensável para as lideran-ças e agentes sociais atingidos.

Similarmente, o contexto em que os agentes sociais acompanharam uma drástica mudança de discurso por parte dos agentes do governo, no que se refere aos objetivos do programa espacial brasileiro, também evoca descontinuidade de planos, programas e ações governamentais. Inicialmente o CLA foi apresentado como projeto ligado a interesses do Estado brasileiro para garantir e gerir a

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soberania nacional. As autoridades governamentais no âmbito estadual e federal imprimiram a ele um caráter de grande projeto nacional. Em sua idealização e planejamento, o projeto de implantação de uma Base de lançamento de foguetes em Alcântara constituiu-se em um projeto do regime militar.

Desse modo, o processo de implantação dessa base de foguetes foi reali-zado em Alcântara por meio de agências militares, notadamente o Ministério da Aeronáutica, que organizou e disponibilizou um grupo de técnicos para realiza-ção das instalações necessárias e para o deslocamento compulsório das famílias: o Grupo de Implantação do Centro de Lançamento de Alcântara (Gicla), criadoem 1982. Nesse sentido, e num primeiro momento, os agentes sociais tiveram como opositores os técnicos da burocracia militar e tiveram que negociar com estes seus direitos sobre o território. Território este que na retórica das negocia-ções dos militares com aqueles que seriam compulsoriamente deslocados para as chamadas agrovilas foi apresentado como espécie de vazio demográfico. Mas, posteriormente, em abril de 2000, ocorre o que o deputado federal Domingos Dutra qualifica como uma mudança na finalidade do CLA já que, mediante um acordo estabelecido entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, o CLA passaria a funcionar como uma espécie de base de aluguel. Jocosa e critica-mente, o deputado denuncia a mudança de orientação já no título da publicação “Quem aluga seus olhos não dorme na hora que quer”.4

O Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), portanto, passou a assumir propósitos comerciais. Além dos Estados Unidos, a China, a Rússia, a Ucrânia, dentre outros países, também manifestaram interesses comerciais na ba-se de lançamento de Alcântara. Nessa brochura de 2003, Dutra publiciza o acordo com os Estados Unidos, ao considerar suas cláusulas “abusivas à soberania e aos interesses nacionais” e contrárias aos propósitos iniciais do projeto.

Além disso, uma outra mudança bastante significativa também pode ser notada: o projeto para instalação de uma base de lançamento de foguetes foi elaborado ainda no período da Ditadura Militar e implementado no período democrático, mas pela ação de militares da Aeronáutica na área e a criação da Agência Espacial Brasileira (AEB), em 1994, ações do governo passam a ser

4 Ver Dutra (2003).

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orientadas por civis. O CLA permanece como organização do Comando da Aeronáutica, mas está subordinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Na virada do milênio, o PNAE passa a ser orientado por interes-ses empresariais, nacionais e estrangeiros. Assim, se em meados da década de 1980, para aqueles que vivem e trabalham na área desapropriada pelo Estado brasileiro, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) era a empresa (pública) vista como representante das ações do governo em Alcântara, habilitada a comercializar e administrar o CLA, hoje a empresa binacional Alcântara Cyclone Space é considerada como a grande ameaça, especialmente para aqueles que estão dentro da chamada área de segurança do CLA e que são ameaçados de deslocamento compulsório.

Observa-se, nesse sentido, a atualização de práticas extremamente autori-tárias em pleno regime democrático, assim como práticas arbitrárias perpetradas por empresas sem qualquer disposição a atender aos interesses públicos, descre-vem o quadro que caracteriza a luta dos designados atingidos pela base.

Para atender às demandas do PNAE, o governo brasileiro tem formulado planos e projetos de desenvolvimento para o município e /ou para a cidade cujo modelo parece reatualizar modelos desenvolvimentistas de tempos pretéritos visto estarem fundamentados em princípios exógenos de ação. Isto é, proje-tos cujo fundamento é remetido a soluções que evidenciam um descompasso quanto à ação dos agentes objetivados em movimentos sociais. As agências e sistemas de agentes referidos a esses projetos não reconhecem sequer os sujei-tos, objetos de suas ações, posto que desconsideram as identidades e territórios historicamente constituídos.

A complexidade da situação de conflito desenhada pelas ações do governo no incremento das políticas de desenvolvimento de atividades espaciais, cujos propósitos e diretrizes não cessam de ser modificados, é acrescida pelo conjun-to de decretos-lei que possuem caráter restritivo quanto ao uso e ocupação do solo. Além dos decretos-lei de desapropriação já citados, também está em vigor o Decreto Estadual 11.901, de 11 de junho de 1991, referente à delimitação deuma Área de Proteção Ambiental (APA), que engloba 13 municípios do litoral ocidental maranhense.

Além disso, o caráter peninsular do município de Alcântara regulamenta grande parte das terras desse município em conformidade com o Art. 20 da

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Constituição Federal, que dispõe os terrenos de marinha como bens da União. Também há dois outros decretos que, ao incidirem sobre a área urbana, limi-tam o uso e ocupação do solo e afetam notadamente os agentes sociais que, nos últimos 20 anos, foram levados a buscar moradia e trabalho na cidade de Alcântara, e a implantar aí suas roças: Lei Municipal 224/1997 de 10 de outu-bro de 1997, que estabelece a proteção ao estipulado “Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Alcântara”; e o Decreto 3 datado de 13 de fevereiro 1948 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que torna Alcântara Cidade Monumento por meio do tombamento de bens imóveis e monumentos históricos.

Os constituintes aprovaram, ainda, em 1988, o artigo 215 direcionado para a garantia das “manifestações culturais” dos grupos “participantes do processo civilizatório nacional” (Art. 215 §1º da Constituição Federal de 1988), nos quais são indicados os designados afrodescendentes; e o Art. 216 que trata do “patri-mônio cultural brasileiro” e determina o tombamento de “todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos” (Art. 216 §5º da Constituição Federal de 1988).

Entretanto, em Alcântara, o Art. 216 da Constituição Federal foi percebido pelas lideranças políticas como dispositivo restritivo em referência ao uso da sua ocupação territorial. Isto é, a FCP-MinC ao reivindicar em 2001 o tombamento dos cemitérios das comunidades quilombolas de Alcântara foi forçada a recuar em face das mobilizações políticas contrárias a essa ação posto que os agentes sociais interpretaram esse dispositivo de lei como instrumento restritivo e limi-tador dos direitos dos quilombolas. As lideranças manifestaram, desse modo, que em face de um conflito tão acirrado o tombamento dos cemitérios poderia permitir aos seus opositores acionar mecanismos legais para restringir ainda mais o território das comunidades.

Essa forma de interpretar sugere que o ato de reconhecimento aco-plado a lutas sociais específicas não se traduz por simples recognição ou por atos classificatórios externos à pauta reivindicada por agentes objetivados em movimento social. Há, ao contrário, uma consciência aguda da situação de conflito vivido que autoriza a efetuar uma problematização dos dispositivos de lei perpetrados pelo Estado.

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Cumpre destacar que o Decreto-lei 4.887, que regulamenta o Art. 68 do ADCT em vigor, fundamenta-se na autoatribuição;5 isto é, o grupo social que reivindica o direito deve se autodefinir para o Estado brasileiro como comu-nidade remanescente de quilombo. Resultado de fortes pressões exercidas por diferentes movimentos que lutam pelos direitos dos quilombolas, tal artigo de lei regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Estabeleceu-se, assim, por meio de inúmeros debates púbicos que sucederam à Constituição Federal uma divisão de competências no que concer-ne a esse direto constitucional: o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autarquia de governo responsável pela titulação das terras dos quilombos, e a FCP-MinC emite o certificado de reconhecimento a partir da autodefinição apresentada pelo grupo.

Os obstáculos ao acesso ao direito constitucional são evidenciados ao se cotejar as comunidades certificadas e as comunidades tituladas: até 2010, 1.523 comunidades quilombolas receberam o certificado da FCP-MinC. Dentre estas, o Incra havia dado início ao processo de regularização de 996 comunidades. Osnúmeros decaem consideravelmente se tomamos a publicação dos Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTIDs): apenas 119 relatórios foram publicados, o que sugere, assim, os entraves para sua realização. Do total das comunidades que se autodefinem como comunidade remanescente de quilombo apenas 3,47% (53 em números absolutos) obtiveram o reconhecimento oficial por meio da publicação das Portarias de Reconhecimento de Territórios Quilombolas, embora apenas 2,03% (31 comunidades) tenham obtido do Estado o Decreto de Desapropriação das áreas referentes ao seu território.6 Isso não implica que na prática o processo de desintrusamento tenha sido efetuado já que não é incomum

5 Conforme estabelece o Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003, em seu Art. 2º: “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”.

6 Dados divulgados pelo Incra em 15 de dezembro de 2010. http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=15583:presidente-do-incra-entrega-titulos-de-terra-e-assina-decretos-em-favor-de-quilombolas&catid=289:destaques-randomicos&Itemid=303.

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encontrarmos situações nas quais aqueles que ocupam a área desapropriada, a exemplo daqueles que são chamados fazendeiros, se negam a sair.

3. A politização do conflito social: limitações do capitalmilitante sindical

Na outra ponta do conflito com a base de foguetes, as ações dos agentes so-ciais convergem para uma mobilização em termos coletivos. Ao se compul-sar os documentos produzidos no âmbito do processo de instalação dessa base de lançamentos em Alcântara, conservados pelos acervos do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Alcântara e pela Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (ACONERUQ), é possível notar detalhes na forma e no conteúdo dessa documentação que evidenciam diferentes estados da situação de conflito com a base que traduzem a singularidade das relações referidas ao campo da mediação política. Ofícios ministeriais dirigidos à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag); ofícios do STTR de Alcântara a ministros e ao Presidente da República; cartas do ministério da aeronáutica dirigidas à Contag; memória de reuniões efetuadas entre Incra, Gicla e representantes dos grupos a serem deslocados; documentos coletivos assinados por trabalhadores rurais, dentre outros documentos similares, eviden-ciam os meandros das negociações, a emergência da mobilização coletiva que orientada pelo sindicato apontava, por assim dizer, que eram os atingidos pelo CLA: famílias de trabalhadores rurais. Isso contrasta com a atual visibilidade dos quilombos de Alcântara, notadamente depois que a FCP-MinC reconhece e legitima esse direito constitucional em 2004. E se realizamos exercício equiva-lente ao precedente no acervo documental conservado pelo Mabe e observamos especialmente as cartas e ofícios encaminhados por sua diretoria, constataremos o predomínio de agências do governo ligadas diretamente aos pleitos dos quilom-bos como a FCP-MinC, a SEPPIR ou o próprio Incra.

Ao se compulsar os documentos produzidos no âmbito do processo de instalação dessa base de lançamentos em Alcântara, conservados pelos acervos do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Alcântara e pela Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (ACONERUQ), é pos-sível notar detalhes na forma e no conteúdo dessa documentação que evidenciam

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diferentes estados da situação de conflito com a base que traduzem a singulari-dade das relações referidas ao campo da mediação política. Ofícios ministeriais dirigidos à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag); ofícios do STTR de Alcântara a ministros e ao Presidente da República; cartas do ministério da aeronáutica dirigidas à Contag; memória de reuniões efetuadas entre Incra, Gicla e representantes dos grupos a serem deslocados; documentos coletivos assinados por trabalhadores rurais, dentre outros documentos similares, evidenciam os meandros das negociações, a emergência da mobilização coletiva que orientada pelo sindicato apontava, por assim dizer, que eram os atingidos pelo CLA: famílias de trabalhadores rurais. Isso contrasta com a atual visibilidade dos quilombos de Alcântara, notadamente depois que a FCP-MinC reconhece e legitima esse direito constitucional em 2004. E se realizamos exercício equiva-lente ao precedente no acervo documental conservado pelo Mabe e observamos especialmente as cartas e ofícios encaminhados por sua diretoria, constataremos o predomínio de agências do governo ligadas diretamente aos pleitos dos quilom-bos como a FCP-MinC, a SEPPIR ou o próprio Incra.

Ao dar início às minhas atividades de pesquisa em Alcântara em 2002, pude perceber que a categoria quilombo apresentava-se naquele contexto adstrita ao domínio das mobilizações políticas e era atualizada por lideranças políticas e sindicais ou por aqueles que paulatinamente começam a acessar o campo dos mediadores políticos, notadamente a partir do tão propalado Seminário de 99, evento realizado na cidade de Alcântara em maio de 1999 e intitulado Seminário Alcântara: A Base Espacial e os Impasses Sociais. Em 2002, ouvi recorrentemente a menção a esse evento circunscrito a um discurso de ruptura no tocante às mo-bilizações políticas contrárias às ações dos militares na área.

A fala dos agentes pontuava uma espécie de divisor de águas, como se o seminário fosse responsável pelo início de uma espécie de nova fase dessa luta ou que teria proporcionado a ela novo ânimo num contexto de tensão aguda face à eminência de novos deslocamentos e a intensificação das proibições, de-cretadas pelos militares, para plantar dentro da área desapropriada. Essa forma de perceber é remetida na fala desses agentes a duas conquistas propiciadas pelo evento: a primeira diz respeito ao adiamento da terceira fase de implantação do CLA, que previa o deslocamento de mais famílias para além das 312 deslocadas em 1986-87 para as agrovilas; o segundo diz respeito à possibilidade de criação de

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um movimento social adstrito à luta dos atingidos pela Base Aérea de Alcântara que incorporasse o Art. 68 do ADCT em seus pleitos.

Visto como ponto de inflexão, o referido seminário tornara evidente para os agentes que o “capital militante”7 sindical havia chegado ao seu limite e que a politização do conflito teria, a partir de então, que incorporar elementos étnicos a fim de se garantir as expectativas de direito face aos recursos naturais. As ações dos agentes convergem para a criação, em 2001, do Mabe, o que provocou assim a perda de hegemonia do STTR de Alcântara como única instância de representação política.

Uma ressalva, no entanto, é necessária com relação ao conceito de capital militante (Matonti e Poupeau, 2004). O universo recortado pelas pesquisas que subsidiaram a elaboração dessa noção remete, por assim dizer, ao universo da fábrica. Minha intenção ao tomar a noção de capital militante alude, contudo, à memória de agentes sociais que estão para além da fábrica, não sendo pertinente aqui o critério da ocupação, mas os elementos relacionados com a construção de identidades. Atualizada pela presente pesquisa, essa noção tem em vista chamar a atenção para os saberes (e para o saber-fazer) adquiridos e incorporados pelos agentes sociais em sua prática cotidiana no exercício da militância.

Nesse sentido, a descrição do processo de construção da identidade de quilombola não dispensa o conjunto desses saberes incorporados pelos agentes no exercício da militância política, seja ela sindical, seja ela adstrita aos movimen-tos sociais referidos à causa dos atingidos pela base. Além disso, acrescento que esse processo de construção da identidade quilombola não dispensa os saberes práticos sobre os recursos ecológicos. A disputa pela legitimidade desse saber é incorporada pelos pleitos políticos na medida em que são tomados como elemen-tos de distinção de uma forma de existir e de viver.

7 A noção de “capital militante” aqui adotada foi inspirada por Fredérique Matonti e Franck Poupeau na introdução a Actes de La Reccherche in Sciences Sociales (2004). Tal noção tem em vista chamar a atenção para os aprendizados conferidos pela militância; esses aprendizados são o resultado da adesão dos agentes sociais a dadas instituições sociais (partidos políticos ou sindicatos). A passagem para essas instituições forneceu aos agentes um capital escolar de substituição (espécie de educação não formal) que lhes assegura certa capacidade de se orientar no espaço político. Falar em capital militante para os autores é insistir sobre uma dimensão do engajamento que o capital político não dá conta inteiramente. Incorporado sob a forma de técnicas, de disposições para agir ou intervir, o capital militante recobre um conjunto de saberes e de saberes-fazer passíveis de serem mobilizados e também de serem reconvertidos em outros universos.

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Por uma visão mais ingênua e/ou instrumentalista desse processo de mudança, poderia se conjecturar que um objetivo pragmático teria orientado os agentes sociais a descartarem a categoria trabalhador rural em favor da categoria quilombo como categoria de mobilização política. Ao invés disso, entendo que a autodefinição como quilombo não entra em contradição com a filiação ao STTR de Alcântara e o acesso aos direitos trabalhistas. Do ponto de vista do campo da mediação política e se acionamos um raciocínio estrutural, a criação do Mabe implicou uma maior complexidade das correlações de força já que os espaços de disputa por cargos e postos estão ampliados. Mas, se centramos nossa atenção no conflito social em jogo, em sua intensidade e na pluralidade de agências governa-mentais nele implicadas, podemos conjecturar que a mudança em jogo representa uma mudança na forma de perceber e representar a situação de conflito com a base, o que significa ter em vista que, num determinado ponto da luta com a base, os agentes sociais passaram a considerar que a luta sindical chegara a um ponto limite e que a garantia das expectativas de direito ante a base deveriam caminhar na direção dos direitos assegurados por lei aos quilombolas.

Além disso, do ponto de vista das trajetórias individuais, as lideranças do Mabe, com poucas exceções, são afiliadas ao STTR e investem-se da cate-goria trabalhador rural. Tal modo de ver também não é tratado como ruptura do ponto de vista da construção de uma trajetória sobre o conflito. Isto é, não se ausentam das narrativas sobre a luta política com a base menções a ações de mobilização coletiva referidas à ação sindical como a famosa barricada de 1986, na qual se lutava pela manutenção da fração mínima do módulo rural; ações como estas são até hoje lembradas por lideranças políticas e sindicais como fatos memoráveis do conflito com a base.

Poderíamos refletir, desse modo, que a filiação ao STTR-AL se coloca para os agentes como um pertencimento ocupacional, ou seja, que explicita um vínculo a determinado grupo ocupacional nos termos do acesso a direitos asse-gurados pela legislação trabalhista. Ela contrasta, sem se opor, com categorias de mobilização pelas quais os agentes são levados a assumir voluntariamente a identidade como quilombo. Nesse sentido, as categorias trabalhador rural e comunidades remanescentes de quilombo não guardam entre si nenhuma espécie de antinomia que imponha aos agentes o emprego de algum critério de exclusão para reconhecerem seu pertencimento a partir de uma ou outra dessas categorias.

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Em referência à situação empírica enfocada dizer-se parte integrante do territó-rio étnico de Alcântara e assumir a identidade de quilombola num contexto de conflito social significa, para os agentes sociais enfocados, outra via de acesso aos direitos fundamentais para além daqueles garantidos em termos previdenciários.

4. A afirmação da identidade de quilombo num contextode conflito social intenso

A identidade quilombola assumida pelos agentes sociais no campo político pare-ceu-me assim indissociável da situação de conflito instaurada com a implantação da base de lançamento de foguetes no município. Uma análise sobre o processo de construção identitária desses grupos, que se apresentam como comunidades remanescentes de quilombo, não dispensa o conflito como uma instância de me-diação entre a construção da identidade quilombola e a delimitação de um terri-tório tido como de exclusividade étnica, consoante as ações de mobilização dos agentes, que redesenha inclusive o mapa do município de Alcântara. Sob certo prisma, a situação de conflito instituída com os atos de desapropriação por parte do governo é objetivada por meio da produção cartográfica: diferentes mapas desenham e redesenham o território do município de Alcântara, o que evidencia um franco embate de forças pelas formas legítimas de divisão de um espaço.

O conflito com a base de lançamento de foguetes pode ser tomado, con-forme suponho, como instrumento de análise que autoriza o enfoque de deter-minadas relações de força objetivadas entre os atingidos e seus opositores. Como instrumento analítico, o conflito evidencia, no entanto, particularidades dos ditos atingidos e torna facultativa a visibilidade social de certas especificidades no tocante, seja aos meios de transmissão das terras, seja a diferentes formas de apropriação e uso dos recursos ecológicos que diferenciam os grupos sociais em referência ao designado território étnico, tanto quanto contribui para instituí-los. Essa visibilidade social se atualiza não apenas externamente, face às instâncias de poder, mas torna-se perceptível para os próprios agentes que passam, a partir do conflito, a ter acesso aos meios de transmissão da terra referidos a povoados vizinhos. As muitas reuniões, seminários, audiências públicas, dentre outras mo-dalidades de encontros organizados pelas lideranças proporcionam não apenas a muitos conhecer povoados vizinhos, como também propicia aos agentes ter

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acesso às narrativas daqueles tidos como portadores da história de cada lugar. Esse conflito parece-me, assim, ter propiciado aos agentes uma outra forma de percepção para as diferenças já legitimadas pelo sistema de relações sociais inter-povoados, assim como contribuiu para a fixação de fronteiras sociais de contor-nos mais espessos do que aquelas perceptíveis no plano das relações cotidianas. Funciona, nesse sentido, como instrumento privilegiado de observação e análise dos atos, práticas e relações sociais travadas pelos agentes sociais, notadamente no domínio político das relações, a fim de fazer valer as diferentes autodefinições que se tem em jogo em referência ao que vem sendo considerado território étnico de Alcântara, isto é, a fim de instituir sujeitos e grupos sociais distintos entre si. Isso sugere que o território étnico enfocado serve de referência para diferentes identidades sociais. O repertório das autodesignações que o integram: terras de santo, terras da santa, terras de santíssimo, terras de santíssima, terras de caboclo, terra da pobreza, terras de preto (Almeida 2006), alude a domínios territoriais dis-tinguíveis pelos diferentes modos segundo os quais os agentes tiveram acesso ao seu território, sendo indissociáveis das identidades historicamente consolidadas.

As categorias de autodefinição articulam assim a identidade ao território de modo que as fronteiras das diferentes unidades territoriais são amplamente reconhecidas e aceites face às interações estabelecidas entre os agentes. Nesse sentido, considerar a vigência de um território étnico não significa considerar a prevalência de um território homogeneamente construído. Poder-se-ia conside-rar a vigência de diferentes territorialidades específicas em referência ao que vem sendo apresentado como território étnico de Alcântara.

A noção de territorialidade permite observar as interrelações estabele-cidas pelos agentes com seus respectivos territórios e considerar os diferentes processos históricos em jogo que autorizam a consolidação dos diferentes domínios numa base territorial fixa. Nesse sentido, a relação estabelecida por diferentes grupos sociais com uma base territorial fixa poderia ser pensada não como algo dado, fruto de uma relação naturalizada entre grupos distintos e a apropriação dos recursos ecológicos, mas como uma construção social relacionada a contextos históricos e processos sociais distintos. Não se trata, no entanto, de recuperar os diferentes processos históricos que teriam levado à constituição das diferentes territorialidades, mas sim investigar no presente como o passado é construído, processado e integrado à trajetória do grupo, seja

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pelas narrativas dos agentes a respeito da origem dos grupos, seja pelo sentido que conferem no presente à vigência de uma base territorial fixa como elemento essencial para sua reprodução física e social.

A complexidade da situação social estudada insinua a vigência de tran-sições, mudanças de foco e alternâncias em estratégias de ação que sugerem continuidades e rupturas nem sempre fáceis de serem apreendidas. No entanto, a realização de um trabalho de campo prolongado que me permitiu usufruir de uma moradia própria na unidade social investigada e estadias de menor duração e anotações pontuais de viagens realizadas em 2001, 2002, 2007, 2008 e 2010 me permitiram perceber mudanças significativas provocadas pela emergência de um conflito tão intenso, abrangente e prolongado, tanto quanto perceber es-tratégias continuadas de exercício do poder por aparatos de Estado, a exemplo dos deslocamentos compulsórios de famílias ocorridos no início das ações dos militares na área e ainda hoje previstos para implementação do PNAE. Apesar da adesão do governo brasileiro à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), dentre outras legislações que são refratárias às ações de des-locamento compulsório e reforçam o direito à moradia adequada, e contrariando os direitos assegurados por lei sobre o território das comunidades de quilombos de Alcântara, a AEB quer ampliar de 8,7 mil hectares para 20 mil hectares a área destinada à construção de um corredor de lançamentos de foguetes e equipamen-tos espaciais. Setores do governo defendem a manutenção desse corredor numa extensa área livre situada ao norte das instalações do CLA, posição adotada pela Advocacia Geral da União (AGU). Na prática, isso implica o deslocamento com-pulsório de mais três comunidades: Mamuna, Baracatatiua e Brito.

a. Territorialidades específicas e a luta pelos direitos étnicos:a terra da pobreza e autodefinição como quilombo

Conforme procuro argumentar, o conflito social instituído com a criação da base deu lugar a descontinuidades que evidenciam situações de mudanças, passagens e transições que parecem ter produzido implicações significativas na sociedade estudada. Nesse sentido, assim como ao fim de minhas estadias prolongadas em Canelatiua, já se podia ouvir “de fora” a menção aos quilombos de Alcântara; em minhas visitas posteriores a esse povoado, pude perceber que as lutas e as conquistas dos quilombolas já eram de conhecimento de todas as

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famílias do povoado. Canelatiua, lugar onde fixei residência em 2003, havia se tornado em 2008 uma das Comunidades-Polos (dentre as dez instituídas) para realização das “Oficinas de Consulta para a Titulação”, organizadas pelo STTR, Mabe, Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Alcântara (Momtra) e Associação dos Moradores do Povoado Arenhengaua (Ampa), conforme Pereira Junior (2009).

Além disso, em fóruns desse tipo, organizados por movimentos e entida-des de representação “de dentro” e direcionados a uma discussão interna, têm difundido entre os atingidos pela base a história de acesso de diferentes grupos sociais a cada uma das territorialidades historicamente constituídas e ratificado situações sociais já aceites no plano das relações cotidianas, mas conferindo-lhes visibilidade social. Nesse sentido, não é nada incomum se ouvir no presente, em fóruns de discussão externos, na fala de moradores das comunidades de Alcântara, a sua colocação como quilombolas, recuperando inclusive os laços de parentesco com descendentes de ex-escravos.

Disso se poderia deduzir que o parentesco não assume para o universo das relações sociais adstrito às interações étnicas um caráter de laços primordiais, stricto sensu considerados, isto é, como laços de sangue e em conformidade com a acepção tradicional de etnia. Em dissonância a essa acepção, os laços de sangue ressaltados pelos entrevistados, referidos à designada terra da pobreza, oferecem uma perspectiva de construção que está posta desde o período colonial e que orientava as relações com os ordenamentos territoriais então vigentes. A esse exemplo, pode ser mencionado a classificação vigente no Império do território correspondente e essa dominialidade. Em outras palavras, a classificação oficial como Terra dos Pobres, de acordo com as exigências da Lei de Terras de 1950, evidencia que a relação estabelecida “para fora”, nos termos das relações travadas com os ordenamentos territoriais oficiais, constitui elemento de definição das fronteiras físicas e sociais do grupo.

Conclusão

Considerei, desse modo, que a situação social analisada nos permite depreender que a concepção de ethnos se deslocou de uma acepção essencialista para outra que aceita o caráter situacional como elucidativa do seu significado.

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Ao analisar os princípios de classificação que foram acionados para aplacar a guerra que pôs fim à antiga Iugoslávia, Jacques Rancière (2005) chama a atenção que a oposição entre ethnos e demos já estava posta entre os gregos e constituía-se no fundamento da ideia de democracia atualizada pela reforma de Clístenes. As circuns-crições territoriais criadas por Clístenes foram chamadas de demos que significava povo inventado. Em se tratando de uma partilha natural, as tribos antes predominan-tes opunham-se, portanto, à noção de demos e baseava-se no poder do nascimento, no poder da riqueza; o critério da consanguinidade era a base do sistema de poder.

Rancière nos fornece, contudo, elementos para relativizar o primordia-lismo atrelado à noção de ethnos ao acusá-lo como princípio de limpeza étnica na resolução de conflitos hodiernos como esse ocorrido na ex-Iugoslávia, que reconhece a partilha da Bósnia-Herzegovina entre três etnias: a etnia sérvia, a etnia croata e a etnia muçulmana. A noção de ethnos parece não estar mais fundamentada em critérios de consanguinidade, em sentido estrito. Em verdade, a situação de conflito em jogo no contexto referido aos grandes espaços suprana-cionais, orientados por uma grande circulação de homens e capitais, permite ao autor deslindar o caráter situacional da partilha então instituída.

Entretanto, o processo de construção identitária que abordei no presente artigo contrasta sobremaneira com a situação de limpeza étnica ressaltada por Rancière porquanto a situação por mim estudada nos permite inscrever a afir-mação da identidade quilombola num contexto de reconhecimento dos direitos étnicos, ainda que transcenda a concepção primordial de ethnos. Isto é, a politiza-ção das relações de conflito nos sugere a prevalência de um sentido de étnico que compreende o reconhecimento de formas de viver e existir que não se reduzem a relações de parentesco. Tais relações de parentesco tampouco se apresentam dissociadas do uso dos recursos naturais e da referência a um território que os agentes têm como referência.

Maurice Godelier parece reforçar essa perspectiva em seus trabalhos mais recentes ao afirmar que nem na sociedade Baruya, nem em qualquer lugar do mundo, o parentesco serviu de fato como base e fundação de uma sociedade (Godelier 2010, 6). Mais que isso, esse autor afirma que nem as relações de paren-tesco, nem as relações de produção podem explicar o nascimento da sociedade baruya. Estabelece, desse modo, uma interlocução com as proposições de Levi-Strauss a respeito das relações de aliança e de Marx sobre as relações de produção.

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Nesse sentido, ao me dispor a descrever a passagem de uma situação social designada historicamente pelos próprios agentes sociais como terra da pobreza para uma outra classificada oficialmente como comunidade remanescente de quilombo, busquei dedicar atenção especial a aspectos da política ou mais precisamente em chamar atenção para o domínio das relações políticas como domínio de interação que informa, descreve e explica a referida passagem. Em outras palavras, os critérios político-organizativos objetivados no presente em mobilizações coletivas organizadas em razão do conflito com a base constituem-se em elementos intrínsecos para se entender o significado do processo social em jogo a partir do qual os agentes assumem a identidade de quilombo.

Por outro lado, ao descrever as características da organização social dessa unidade social e ao privilegiar componentes simbólicos explicitados nos depoimentos dos entrevistados que possuem autoridade reconhecida na vida social para dissertar tanto sobre a história do grupo quanto sobre a relação que mantêm no presente com os recursos naturais, busquei explicitar a predominância de diferentes contextos de interação com o Estado brasileiro a partir dos quais o grupo elabora e constrói sua identidade. Terra da pobreza, Terra dos pobres ou Terras dos quilombos são formas de classificação criadas pelo Estado que instituem distinções hierárquicas no tocante às relações mantidas, seja com a terra, seja com o território que o grupo tem como referência. Tais distinções são, no entanto, mas ressignificadas para fazer valer uma concepção de direito por parte do grupo num contexto de conflito social.

Ou, ainda, a mencionada passagem autoriza a compreensão de critérios político-organizativos que vão sendo adotados pelos agentes sociais estudados e que passam a reconfigurar suas reivindicações identitárias. Aliás, em conformi-dade com Nancy Fraser (2001), também poderíamos afirmar que não há propria-mente separação entre lutas econômicas e lutas identitárias na situação estudada. Ou seja, a situação social analisada não nos permite pensar em termos de uma simples questão de redistribuição de recursos econômicos já que as ações dos sujeitos convergem para o reconhecimento de um direito.

Etapas do ciclo agrícola e extrativo, calendário de pesca, demais relações com a natureza, os diferentes processos de territorialização em jogo consoante as diferentes territorialidades específicas, práticas tradicionais referidas à mudança de lugar físico, que reforçam as fronteiras sociais dessas territorialidades tradi-cionalmente constituídas, assim como práticas e saberes religiosos recriados no

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âmbito de uma trajetória particular ou narrativas míticas são instâncias passíveis de politização no contexto do conflito estudado e em tudo reforçam os limites de uma interpretação fundamentada em critérios essenciais atribuídos às relações de parentesco ou em critérios econômicos que podem conduzir a uma interpretação essencialista ou instrumental a respeito da reivindicação identitária como qui-lombo.8 Não se trata, assim, de considerar os mecanismos referidos à organização social do grupo como atrelados a algum tipo de necessidade aparente, isto é, de considerá-los como ligadas ao esgotamento de recursos naturais, ecossistema combalido ou devastação de recursos.

Nesse sentido, parece-nos que o processo de afirmação identitária, cuja emergência é remetida a um contexto de conflito social intenso, nos obriga a relativizar as distinções entre o plano econômico e o plano cultural, e colocar em suspenso oposições dicotômicas a exemplo da oposição entre território e identi-dade étnica ou entre as noções operacionais demos e ethnos. Sob esse prisma, seria difícil sustentarmos uma oposição entre lutas econômicas e lutas identitárias.

A situação social estudada nos sugere, assim, a impropriedade de interpretar o conflito social com a base de lançamento de foguetes como lutas econômicas pordireitos territoriais ou lutas identitárias por reconhecimento cultural, stricto sensu consideradas. A politização desse conflito nos permite compreender que o ato de reconhecimento aí expresso parece estar adstrito a reivindicações que transcendem o direito a terra ou a uma mera recognição identitária. Como salienta Almeida, “asimples recognição de algo não implica em seu reconhecimento” (Almeida 2013, 17). Não se trata, assim, de uma simples recognição de um grupo, mas de um reconhecimento associado a ações coletivas e a mobilizações políticas que nos autorizam a pensar em estratégias de resistência diversificadas porquanto estejam referidas a diferentes planos de organização social, a exemplo do domínio religioso acima mencionado. Enquanto resultado de ações coletivas direcionadas à interlo-cução de grupos sociais, que se colocam como comunidades remanescentes de qui-lombos, com o Estado brasileiro tais estratégias de resistência revestem-se de um sentido refletido. Isto é, trata-se de atos deliberados que nos permite aproximá-los da ideia da arte da resistência, defendida por James Scott (2000).

8 Sobre o tema das narrativas míticas como gênero de produção que evidencia categorias de autodefinição, consultar Ribeiro (2011).

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Patrícia Maria Portela Nunes é doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense (PPGA-UFF, Brasil); professora do Programa de Pós-graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia da Universidade Estadual do Maranhão (Brasil). Suas publicações mais recentes são: “Nossa Senhora da Conceição e sua proteção à ‘tapera de preto’ designada ‘terra da pobre-za’: instâncias de afirmação de uma territorialidade específica”. Em Processos identitários e a produção da etnicidade, org. Eliane Cantarino O’Dwyer, 20-56. Rio de Janeiro: E-papers Serviços, 2013; e, “O poder e a autoridade dos autodesignados pajés na construção de uma expectativa de direito” (com Cynthia de Carvalho Martins). Em Insurreição de saberes: práticas de saberes em comunidades tradicionais: tradição quilombola em contexto de mo-bilização, eds. Cynthia de Carvalho Martins, Aniceto Cantanhede e David Pererira, 10-38. Manaus: Universidade do Estado do Amazonas, 2013.Endereço electrÔnico: [email protected]

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Crítica reconstructiva y ontología social: sobre los potenciales emancipatorios en la ontología de las instituciones

Jorge Andrés López RiveraPontificia Universidad Javeriana-Cali (Colombia)

DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.07RECIBIDO: 30 de mayo de 2014APROBADO: 29 de octubre de 2014MODIFICADO: 15 de diciembre de 2014

RESUMEN: Comúnmente, el análisis crítico de las instituciones se ha centrado en indagar cómo estas fundamentan y reproducen relaciones de dominación. No obstante, esta parece ser una perespectiva unilateralizada de las instituciones. Así, este artículo tiene por objeto argumentar que, considerando la ontología de las instituciones propuesta por Searle a partir de una perspectiva reconstructiva de la crítica, es posible identificar potenciales emancipatorios en la lógica de la estructura ontológica de las instituciones. De esta forma, los procesos emancipatorios no se expresan necesariamente en rupturas, en cambios institucionales discontinuos, sino que pueden desarrollarse, incluso, en complejos institucionales opresivos. En términos concretos, por un lado, siguiendo a Boltanski, se argumenta que los excedentes de validez y las contradicciones semánticas son el sustrato para la crítica de las instituciones desde el complejo institucional mismo. Por otro, se sostiene que una reconstrucción de habilitaciones y capacidades que generan los complejos institucionales puede fundamentar pragmáticamente operaciones críticas.

PALABRAS CLAVE: instituciones • ontología social • teoría crítica • deontología • Searle • Habermas • Boltanski

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Este artículo es producto del proyecto de investigación código 020100363, ejecutado durante 2013. Este proyecto fue financiado por el Fondo de Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali.

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Reconstructive Criticism and Social Ontology: On the Emancipatory Potential in the Ontology of Institutions

ABSTRACT: Commonly, the critical analysis of institutions has focused on investigating how they build and reproduce relationships of domination. However, this seems to be a unilateral perspective. Therefore, taking into consideration the ontology of institutions proposed by Searle from a reconstructive perspective of criticism, this article argues that there is emancipatory potential within the ontological structure of institutions. The emancipatory processes do not necessarily take the form of interrupted or discontinuous institutional changes, but can develop into oppressive institutional complexes. In concrete terms, according to Boltanski, it is argued that excesses of validity and semantic contradictions lay the foundation for criticism of institutions from an institutional complex. Conversely, it is argued that a reconstruction of ratings and capabilities which leads to the emergence of institutional complexes can also provide a basis for criticism.

KEYWORDS: institutions • social ontology • critical theory • professional ethics • Searle • Habermas • Boltanski

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Crítica reconstrutiva e ontologia social: sobre os potenciais emancipatórios na ontologia das instituições

RESUMO: Comumente a análise crítica das instituições se centra em indagar como estas fundamentam e reproduzem relações de dominação. Contudo, esta parece ser uma perspectiva unilateralizada das instituições. Assim, este artigo tem por objetivo argumentar que, considerando a ontologia das instituições proposta por Searle a partir de uma perspectiva reconstrutiva da crítica, é possível identificar potenciais emancipatórios na lógica da estrutura ontológica das instituições. Dessa forma, os processos emancipatórios não são expressos necessariamente em rupturas, em mudanças institucionais descontínuas, mas sim que podem ser desenvolvidos, inclusive, em complexos institucionais opressivos. Em termos concretos, por um lado, seguindo a Boltanski, argumenta-se que os excedentes de validade e as contradições semânticas são o substrato para a crítica das instituições a partir do complexo institucional em si. Por outro, sustenta-se que uma reconstrução de habilitações e capacidades que geram os complexos institucionais pode fundamentar pragmaticamente operações críticas.

PALAVRAS-CHAVE: instituições • ontologia social • teoria crítica • deontologia • Searle • Habermas • Boltanski

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Introducción1

Desde aproximaciones de teoría social crítica, en especial desde aquellas que re-cuperan el legado de Marx, las instituciones han sido estudiadas principalmente a partir del efecto que tienen para la generación y reproducción de relaciones de dominación, como también por su contribución a la estabilización de las tendencias a la crisis del capitalismo tardío. Ejemplos de ello se encuentran en investigaciones tan diversas como las consideraciones de Foucault (1984) en torno al rol de las instituciones para la generación de mecanismos disciplinarios; las investigaciones de Bourdieu (2001a y 2001b) sobre la naturaleza y la dinámica del capital simbólico, o las teorías de Poulantzas (1974), Althusser (1974), Miliband (1970) y Offe (1990) —sin ignorar sus matices en cuanto a la forma como asu-men las tesis de Marx— sobre el Estado como fundamento de la dominación de (fracción) clase y/o para la reproducción del capitalismo tardío frente a sus tendencias a la crisis.

No obstante, parece ser posible percibir un potencial emancipatorio en las instituciones si se consideran, por ejemplo, trabajos como los de Polanyi y Habermas. El primero, en su obra más reconocida, La gran transformación (1989), argumenta que los procesos históricos conducentes a la configuración de una economía de mercado en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, potencia-dos por la idea liberal de mercado autorregulado, tuvieron como consecuencias la dislocación de estilos de vida y de lazos de solidaridad social, al igual que la reconfiguración perversa del fundamento de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. En tales procesos de constitución de una economía de mercado, Polanyi logra percibir, por un lado, cómo la fundamentación de este sistema eco-nómico, por ejemplo, a partir del fenómeno de las enclosures, rompe estructuras institucionales agrarias; y por otro, de qué forma la legislación en torno a la pro-tección social, que emergió como producto de la presión generada por reivindica-ciones sociales, ralentizó las consecuencias destructivas de la lógica del mercado capitalista. En este sentido, es posible deducir analíticamente que, en el esquema teórico de Polanyi, las instituciones entrañan cierto potencial emancipatorio. No

1 Algunas tesis de este artículo fueron presentadas en la XIII Annual Conference of the International Social Theory Consortium, en la Universidad de Tennessee (Knoxville), en mayo de 2014.

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obstante, Polanyi —en gran parte debido a su objeto de investigación, su con-cepción del mercado autorregulado como un mercado desinstitucionalizado y su perspectiva idealizada de las sociedades no integradas prioritariamente por el mercado— no concibió que incluso las instituciones de protección social podrían tener efectos en la generación de relaciones de dominación (Fraser 2011, 143).

Por su parte, Habermas, en Facticidad y validez (1998), frente al problema de la colonización ilegítima de las dinámicas sistémicas sobre el mundo de la vida (Habermas 2005), propone un análisis del derecho y del Estado democrático de derecho, en cuanto forma de integración social, en términos sociológicos y de fi-losofía política y del derecho. En concreto, el filósofo alemán, en un primer paso, identifica en el derecho un carácter dual: facticidad y validez. Así, establece un vínculo, por un lado, entre la facticidad del derecho y las dinámicas sistémicas, y, por otro, entre la validez del mismo y el mundo de la vida y los procesos comu-nicativos ínsitos en este. En consecuencia, esto lo lleva a establecer, en términos de filosofía política, un vínculo interno entre democracia y Estado de derecho, en el cual el derecho, en su dimensión de validez, permite que la sociedad ejerza el poder comunicativo, bajo procedimientos jurídicos determinados, para hacer frente a las consecuencias de las dinámicas sistémicas. De esta forma, en la obra de Habermas puede identificarse un potencial emancipatorio en las instituciones. La reflexión de Habermas solo se centra en las instituciones jurídicas, por lo que cabe preguntarse si el resto de las instituciones sociales también entrañan tales posibilidades. Además, el filósofo alemán no se plantea en sentido estricto el pro-blema de la dominación, sino el de las consecuencias patológicas de las dinámicas sistémicas sobre el mundo de la vida.2

Lo anterior lleva a cuestionar hasta qué punto el análisis unilateral de las instituciones a partir de sus efectos en la generación y reproducción de re-laciones de dominación es restringido tanto en términos analíticos como en la consideración del vínculo entre teoría social crítica y emancipación. Un matiz que contraargumentaría tal crítica sería que las posibilidades de emancipación asociadas a las instituciones están relacionadas con patologías sociales concretas

2 A lo sumo, podrían plantearse la relación asimétrica entre el lego y el experto (cfr. Habermas 2005) o las consecuencias negativas del poder social para la expresión del poder comunicativo (cfr. Habermas 1998).

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Crítica reconstructiva y ontología socialJorge Andrés López Rivera

(por ejemplo, consecuencias de dinámicas sistémicas sobre formas de integra-ción social). Es decir, no es una cuestión propia de las instituciones, sino que se encuentra vinculada a la naturaleza de las patologías sociales que se enfrentan. Otra posibilidad argumentativa indicaría que las instituciones sociales tienen un carácter paradójico: fundamentan y reproducen relaciones de dominación, pero también pueden cambiar su valencia para servir a procesos emancipatorios. Es decir, la emancipación no necesariamente requiere una ruptura en el complejo institutional. Este texto es afín al último argumento. De esta forma, fundamen-tándose en la ontología social que propone Searle, este artículo tiene por objeto argumentar que las instituciones, consideradas como complejo de instituciones y analizadas en perspectiva reconstructiva, entrañan en su estructura ontológica potenciales emancipatorios.

Así, en primera instancia, siguiendo a Searle, se definirán las instituciones desde la lógica de la estructura proposicional de su modo de existencia expresado en la fórmula “X (para nosotros) vale como Y en C” (I). Tras esto, se presentarán las posibilidades reconstructivas de principios3 institucionales dentro de la lógica de la ontología de las instituciones. En términos precisos, se indicará cómo una de las funciones esenciales de las instituciones es la coordinación e integración sociales por vía de acuerdos semánticos. De esta forma, se sostendrá que este rasgo de las instituciones posibilita la emancipación, por un lado, por vía de excedentes de validez asociados a estas, y, por otro, a través de la identificación de contra-dicciones semánticas (II). Después, se analizará en qué sentido la proposición de teoría social según la cual las instituciones habilitan y restringen la agencia puede ser reinterpretada en términos de reconstrucción de criterios institucionales, para la lectura de procesos de emancipación (III). Por último, se plantearán algunas conclusiones generales (IV).

Antes de entrar en materia, es oportuno plantear cinco observaciones metodológicas que delinean el alcance de la reflexión aquí planteada. En primer lugar, las posibilidades metodológicas de un ejercicio como el que se propone

3 Aquí se hace referencia a la distinción elaborada por Elster (1994) entre principios y criterios. Según Elster, los principios se refieren a los conceptos generales de cómo se asignan beneficios, cargas o atributos. Por su parte, los criterios se refieren al establecimiento de propiedades aso-ciadas a los principios.

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están vinculadas con una perspectiva reconstructiva de la crítica. Esto es, para la evaluación de las condiciones sociales, la crítica se fundamenta en estándares práctico-morales anclados en las instituciones y prácticas de una sociedad de-terminada (Honneth 2009b, 54-57; Habermas 2008, 40-44). En concreto, para el caso, reconstrucción significa desmontar los mecanismos y principios de las instituciones sociales que fundamentan y reproducen relaciones de dominación, a partir de principios normativos ínsitos también en las instituciones. La cues-tión consiste en re-configurar las instituciones sociales a partir de estándares práctico-morales ya existentes en estas para ampliar el alcance de realización de los mismos (Habermas 1981, 9). La reconstrucción, por tanto, implica dos movi-mientos, a saber: primero, un ejercicio de descripción, interpretación, explicación y evaluación de las instituciones sociales, es decir, un ejercicio de análisis y crítica en términos de ciencias sociales, y, segundo, una nueva construcción que requiere una reflexión en términos de filosofía política que se valga de los insumos del primer movimiento (cfr. Gaus 2013, 553-558). El presente artículo solo pretende presentar posibilidades para la realización del primer movimiento.

En consecuencia, en segundo lugar, el tipo de crítica que se propone es de ca-rácter inmanente (Boltanski 2011, 11). Esto se hace visible, ya que se propone analizar las posibilidades de emancipación desde las instituciones sociales mismas, a diferen-cia de otros tipos de crítica que, por ejemplo, valiéndose de la utopía o la distopía, pretenden posicionarse desde una completa exterioridad que radicaliza la crítica.4

Tercero, el análisis que se propone aquí se centra en la estructura lógica5 de la ontología de las instituciones. Es decir, no se centra en los procesos de emancipa-ción como tales, sino en las posibilidades para la realización de estos intrínsecas a

4 Ejemplos de este tipo de crítica pueden percibirse claramente, por sobre todo, en elaboraciones artísticas, por ejemplo, Nunca me abandones de Ishiguro (2011) y Un mundo feliz de Huxley (2003). En términos filosóficos, pueden ser un ejemplo útil las críticas de la ideología y del ca-pitalismo que, partiendo de la distinción lacaniana entre lo real y lo simbólico, elabora Slavoj Žižek, aunque en sentido estricto no se vale de las nociones de utopía y distopía. Ver, por ejemplo, Žižek (2006 y 2003).

5 Aquí se hace referencia a la distinción habermasiana entre lógica y dinámica. Si bien Habermas establece esta distinción para fundamentar una teoría de la evolución social, toda vez que en este artículo se pone en juego la cuestión del cambio social —específicamente del cambio ins-titucional—, esta resulta útil para hacer énfasis en ciertos argumentos. La lógica se refiere a la identificación de los márgenes de variación del orden social, y la dinámica, a la forma efectiva como se dan los procesos de cambio (cfr. Habermas 1981).

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los complejos institucionales. Un ejercicio que se centre en los procesos de emanci-pación requeriría la elaboración de una teoría de la acción que permita ilustrar ple-namente la dinámica del cambio institucional. Además, en una teoría de la acción de tal tipo sería necesario incluir una consideración especial sobre los procesos de reflexividad de los agentes frente a las instituciones, como también de los procesos de interiorización de los principios subyacentes a las mismas.

En cuarto lugar, un ejercicio como el que se plantea aquí tiene posibili-dades solo si la crítica tiene como objeto el complejo de instituciones sociales, y no únicamente una institución social en particular. En otras palabras, el ejercicio de crítica reconstructiva debe procurar la búsqueda de principios y criterios que fundamenten la emancipación en el complejo institucional, pues es probable que dentro de una institución en particular sean inexistentes tales posibilidades. Entonces, la cuestión es plantear las posibilidades de emancipación respecto de una institución por vía de la misma o de otra(s) institución(es).

Por último, cabe anotar que la lógica de la ontología de las instituciones sociales que aquí se analizará solo puede ilustrar el cambio institucional continuo, marginal e incremental (North 2006, 110). El cambio institucional discontinuo es difícil de apreciar desde esta perspectiva.

1. Tres rasgos de la ontología de las instituciones: deontología,funciones de estatus e intencionalidad colectiva

En la teoría social, las instituciones han sido definidas y analizadas, por ejemplo, como patrones de comportamiento (Goodin 2003, 35), formas de relación esta-blecidas entre los individuos (Parsons 1990, 320), reglas de juego (North 2006, 15), sanciones asociadas a la transgresión de patrones de comportamientos (Pettit 2003, 76) y/o componentes normativos que regulan el comportamiento (Offe 2010, 10). Así, en el campo de la teoría social, usualmente, se han elaborado preguntas sobre la naturaleza, las funciones y la dinámica de las instituciones. No obstante, según John Searle, las preguntas sobre por qué las instituciones se constituyen como tales y qué permite su existencia no han sido radicalmente planteadas ni, mucho menos, respondidas (Searle 2006, 14). En este sentido, el proyecto que propone Searle de una ontología social tiene como objetivo principal desentrañar la estructura del modo de existencia de las entidades sociales, en concreto, de las

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instituciones (Searle 2005, 2; 1997, 21-22). Así, el filósofo estadounidense parte de una crítica general a la teoría social: esta ha dado sistemáticamente por sentado el lenguaje. Esto es, la teoría social no ha problematizado el rol del lenguaje en la constitución de las instituciones, lo ha presupuesto (2005, 2). En consecuencia, Searle pretende fundamentar la ontología de las instituciones a partir de una estructura lógica proposicional, predicativa, que ilustre el rol del lenguaje en la constitución de la realidad social y que, reflexivamente, demuestre que el lenguaje es la institución social primaria (1997, 91).

Teniendo presente lo anterior, y con miras a desentrañar el potencial emancipatorio propio de las instituciones, esta sección se centrará en presentar los argumentos básicos que permiten comprender el modo de existencia de las instituciones a partir de la estructura proposicional “X (para nosotros) vale como Y en C”. Particularmente, se hará énfasis en el carácter semántico de las institu-ciones, en cómo son constitutivas de la realidad social y, en consecuencia, de qué forma generan atributos y funciones.6

Los puntos de partida de la ontología social de Searle se encuentran en elementos de las filosofías de la mente y del lenguaje. Por ello, es necesario pre-sentar brevemente algunas nociones básicas de estos campos. Según Searle, los seres humanos contamos con una capacidad de la mente por la que esta se dirige hacia o sobre entidades y estados de cosas en el mundo, y, a pesar de esto, se mantiene independiente del mismo en su operación (Searle 2010, 25). Esta capa-cidad es la intencionalidad. Los estados intencionales se refieren o se dirigen a o hacia algo en el/del mundo. Por ejemplo, los seres humanos típicamente tenemos intenciones, creemos, deseamos, esperamos, tememos, pretendemos, etcétera, en relación con entidades y estados de cosas en el mundo.7 En concreto, los esta-dos intencionales manifiestan formas de relación de los agentes con el mundo. Particularmente dos, a saber: por un lado, los seres humanos reaccionamos y

6 En sentido estricto, Searle (1997 y 2010) se propone elaborar una metafísica de las instituciones. La noción de metafísica es bastante resistida en el contexto de las ciencias sociales. Tal vez, en parte, esto se debe a la equiparación equívoca entre idealismo y metafísica. Por esa razón, y por cómo se procura abordar la teoría de Searle en términos de problemas de teoría social, su metafísica será aquí interpretada como una metateoría (Jasso 1988) de las instituciones.

7 En algunos casos, es posible que los estados intencionales no tengan un contenido, esto es, una referencia explícita a estados de cosas o a entidades del mundo (Searle 2010, 27).

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encuadramos nuestra mente frente al mundo y con el mundo (por ejemplo, en nuestras creencias), y, por otro, tenemos la intención de generar transformacio-nes en el mismo (considérense los deseos o las intenciones) (38). Estas formas de relación con el mundo, como también el tipo y el contenido de los estados intencionales, pueden rastrearse en actos de habla. Por tanto, parece conveniente hacer una breve referencia al vínculo entre lenguaje y estados intencionales.

Desde la perspectiva de Searle, la función primaria del lenguaje es la co-municación (2010, 71). El lenguaje por vía de actos de habla manifiesta estados intencionales de los hablantes en su relación con el mundo (72-73). Es decir, el lenguaje en su función comunicativa alude a actos de habla que tienen como referencia estados de cosas tal como son experimentados por los agentes. En concreto, la comunicación puede, por ejemplo, tomar la forma de expresiones, esto es, manifestaciones de estados internos de los agentes, o de representaciones, enunciaciones sobre el mundo que se caracterizan por su susceptibilidad de ser juzgadas según su validez (73). En otras palabras, las representaciones tienen una función semántica en la que se pretende imponer condiciones de satisfacción para la realización de la intención subyacente al acto de habla sobre las condi-ciones de satisfacción del mismo en relación con el mundo. Específicamente, el significado de un acto de habla en el que se representa está relacionado con cómo la (in)validación de este es dependiente del encuadre entre el tipo y el contenido del estado intencional y el estado de cosas en el mundo. La nominación de los actos de habla ilocucionarios —en cuanto se clasifican según las finalidades del hablante— es un fiel ejemplo de lo previamente enunciado: i) asertivos, ii) direc-tivos, iii) compromisorios, iv) expresivos8 y v) declarativos (69).

Dentro de la teoría de Searle, los actos de habla declarativos posibilitan la comprensión del modo de existencia de las instituciones (2010, 59).9 Estos manifiestan que los agentes tienen la intención de representar, específicamente, de declarar que algo es el caso (69). Esto significa que la forma de relación

8 Los actos de habla asertivos representan cómo son los estados de cosas en el mundo, los di-rectivos pretenden hacer que otro haga algo, los compromisorios comprometen al agente con ciertos cursos de acción, los expresivos manifiestan sentimientos y actitudes del hablante frente a un estado de cosas existente en el mundo (Searle 2010, 69).

9 En concreto, las instituciones no son necesariamente el producto histórico de actos de habla declarativos explícitos, pero pueden comprenderse bajo la estructura de estos.

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del agente con el mundo, ínsita en las intenciones que manifiesta este tipo de acto de habla, implica tanto la generación de transformaciones en este como reacciones y encuadres de la mente frente al mismo. Es decir, con el tipo de actos de habla en cuestión se pretende transformar el mundo, constituirlo en el acto de declarar, y, al mismo tiempo, se generan reacciones y encuadramientos de la mente frente al mundo según lo declarado como qué es lo que es.10 En este sentido, los actos de habla declarativos como fundamento para la comprensión de instituciones denotan que estas transforman el mundo y, simultáneamente, constituyen la realidad social, esto es, estados de cosas frente a los que creemos, tememos, esperamos, etcétera.

Las proposiciones presentadas hasta el momento permiten fundamentar un par de inferencias. Primero, las instituciones son constituidas gracias al lenguaje. Las instituciones son, en esencia, lingüísticas. No existen instituciones ni hechos institucionales sin lenguaje. Específicamente, el medio para la construcción/com-prensión de instituciones sociales son los actos de habla declarativos. Segundo, en cuanto existe un vínculo interno entre actos de habla e intencionalidad, también es posible deducir que no existen instituciones sin la intencionalidad humana. La intencionalidad es un prerrequisito para la existencia de las instituciones.

Lo anterior es mucho más claro si se plantea la distinción entre subjetivi-dad y objetividad en términos epistémicos y ontológicos. Los enunciados episté-micamente subjetivos son aquellos cuya validez se fija en relación con actitudes, sentimientos y/o puntos de vista de los agentes que emiten el enunciado; mientras que los enunciados epistémicamente objetivos se (in)validan, independientemen-te de sentimientos, actitudes y/o puntos de vista de los agentes (Searle 1997, 29). Por su parte, lo ontológicamente objetivo indica que el modo de existencia de una entidad es independiente de la existencia de agente alguno; y lo ontológicamente

10 Un ejemplo útil para comprender la naturaleza de los actos de habla declarativos puede apre-ciarse en algunos actos religiosos. En las liturgias católicas hay un momento de consagración del pan y del cáliz. Antes de la consagración, tanto el pan como el vino pueden tener cualquier uso. Sin embargo, una vez el sacerdote declara que estos son el cuerpo y la sangre de Cristo, por un lado, transforma el mundo, lo constituye, por cuanto sacraliza el pan y el vino repre-sentándolos de una forma particular; y, por otro, en consecuencia, se exigen encuadramientos de la mente particulares, pues el pan y el vino, ahora, solo pueden tener uso religioso (usos contrarios serían sacrílegos).

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subjetivo se refiere a que la existencia de rasgos del mundo es dependiente de la existencia de agentes con intencionalidad (31). Teniendo presentes estas distincio-nes, puede argumentarse que las instituciones son ontológicamente subjetivas y, al mismo tiempo, epistémicamente objetivas (Searle 2005, 4). El carácter ontoló-gicamente subjetivo de las instituciones se percibe en que tienen como requisito de existencia la intencionalidad; mientras tanto, no parece ser claro, por ahora, el carácter epistémicamente objetivo de las mismas.

Una forma de clarificar el carácter epistémicamente objetivo de las institu-ciones, desde la perspectiva de la ontología social de Searle, radica en su carácter colectivo. En este sentido, si, por ejemplo, como lo indican algunos desarrollos de teoría social, las instituciones pretenden resolver problemas de coordinación social (Elster 1992), la existencia de una institución no requiere solo la intencio-nalidad de un agente sino la de un conjunto. En otras palabras, las instituciones tienen como requisito de existencia no solo la intencionalidad individual sino la intencionalidad colectiva. Tal intencionalidad colectiva genera rasgos epistémica-mente objetivos en el mundo, genera realidad social. Esto es claro si se tiene en cuenta que la validez de un enunciado referente a las instituciones es indepen-diente de actitudes, sentimientos o puntos de vista de un agente en particular.

Considerando lo previamente enunciado, cabe hacer una breve obser-vación sobre la intencionalidad colectiva. Esta, por supuesto, en cuanto inten-cionalidad, se refiere a los mismos estados intencionales que la intencionalidad individual. No obstante, su expresión proposicional cambia y demuestra su carácter colectivo con el uso de la primera persona del plural, “nosotros”. Esto manifiesta que los seres humanos se embarcan en actividades con otros seres hu-manos, cooperan, tienen intenciones conjuntas (por ejemplo, “nosotros creemos”, “nosotros deseamos”, “nosotros declaramos”, etcétera) (Searle 2010, 43). Si bien es cierto que el punto de partida de Searle centrado en elementos de filosofía de la mente lleva a constituir una suerte de individualismo metodológico, esto no quie-re decir que la intencionalidad colectiva sea el producto transitivo del agregado de intencionalidades individuales o que ambos tipos de intencionalidad tengan la misma naturaleza (53). Dentro de una actividad cooperativa como, por ejemplo, la división del trabajo, los contenidos de las intencionalidades individuales no tienen que ser los mismos, y, sin embargo, es patente que la representación o la causación sobre el mundo manifiesta una finalidad conjunta.

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De esta forma, las instituciones transforman el mundo y, en consecuencia, constituyen la realidad social por vía de actos de habla declarativos que tienen como requisito de existencia y validación la intencionalidad colectiva. Además de los rasgos descritos, las instituciones entrañan un componente deontológico. En principio, la deontología vinculada a las instituciones, según Searle, se fundamen-ta en un rasgo del lenguaje en general. No obstante, las instituciones logran gene-rar una deontología que trasciende aquella que se encuentra ínsita en el lenguaje.

Desde la perspectiva del filósofo norteamericano, el uso del lenguaje ne-cesariamente envuelve compromisos sociales (Searle 2010, 80). Esto es, no hay forma de realizar una enunciación pública —en el sentido en el que incluya a otro(s)—, intencional y explícita sin estar comprometido con la validez de la pro-posición enunciada. Es decir, la intencionalidad y su expresión en una proposi-ción por vía de un acto de habla implican un compromiso, una disposición hacia la justificación, pues el interlocutor exigirá razones en caso de que considere que la validez de la proposición puede ponerse en entredicho. De manera específica, los interlocutores pueden exigirse recíprocamente responsabilidad por las enuncia-ciones. Esta deontología propia del lenguaje, el compromiso y la responsabilidad aneja a los actos de habla manifiesta la posibilidad de crítica y justificación de la validez de las proposiciones (83). En efecto, en cuanto las instituciones tienen un carácter lingüístico —son el producto de actos de habla declarativos—, la deontología ínsita al lenguaje fundamenta las posibilidades de crítica y justifica-ción del contenido de las mismas. En términos precisos, en la medida en que las instituciones pueden entenderse como declaraciones sobre el qué de lo que es, el compromiso y la responsabilidad anejos al lenguaje posibilitan la crítica—como también la justificación— de la validez de tal definición. Por tanto, la deontología descrita, en cuanto fundamento de la crítica, se manifiesta como una cuota inicial del potencial emancipatorio ínsito en la lógica de la estructura ontológica de las instituciones sociales. No obstante, es necesario hacer más compleja esta aserción.

Un argumento semejante al planteado en el párrafo anterior, pero en términos de teoría de la acción, es elaborado por Habermas, quien, siguiendo al propio Searle y a Austin, encuentra en la acción comunicativa —particularmente, en sus exigencias pragmáticas— el fundamento formal de la racionalidad y, en consecuencia, de las posibilidades de emancipación como racionalización (cfr. Habermas 2005). Una crítica usual a este planteamiento señala que el potencial

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emancipatorio de la acción comunicativa es limitado, por cuanto olvida que la eficacia de la ilocución no se encuentra en las proposiciones en cuanto tales, sino que está, por sobre todo, asociada a los atributos de quien realiza el acto de habla (Bourdieu 2001a, 67). Esta crítica parece no lesionar completamente el aparato teórico de Habermas, si se tiene presente que, en últimas, el argumento en cues-tión da lugar a consideraciones sobre una ética del discurso (cfr. Habermas 2008) y sobre el rol del Estado de Derecho en la fundamentación de una democracia deliberativa.11 Sin embargo, el potencial emancipatorio de la deontología ínsita en el lenguaje, por su parte, se ve lesionado por la crítica mentada pues indicaría que críticas y justificaciones sobre la validez de las instituciones tendrían una fuerza ilocucionaria dependiente del sujeto que las enuncia, y no del contenido de la enunciación. En otras palabras, el fundamento inicial del potencial emancipatorio de la ontología de las instituciones parece verse menguado. Así, si el objetivo es desentrañar tal potencial, es necesario tomar los términos de la crítica que se le hace al trabajo de Habermas, identificar su fundamento, y también, de ser el caso, una posible alternativa para superarla dentro de las categorías de la ontología de las instituciones. De esta forma, la realización de ese paso requiere tener presente cómo las instituciones generan una deontología que va más allá de la que es pro-pia del lenguaje. La comprensión de esta consideración será posible en cuanto se haga referencia al concepto de Searle de “funciones de estatus”.

Según Searle, las instituciones pueden entenderse como declaraciones en las que se asignan colectivamente funciones de estatus. Desde la perspectiva del filósofo estadounidense, los seres humanos tenemos la capacidad de asignarles a entidades del mundo funciones que, en virtud de su estructura física, no tienen (Searle 2010, 59; 1997, 61). Es decir, por vía de actos de habla declarativos podemos entender que una entidad tiene ciertos atributos o finalidades asociados. La asignación colectiva de funciones de estatus crea la realidad social. Pero solo la constituye en cuanto un colectivo crea en su existencia —“nosotros creemos que…”—, en cuanto exista una intencionalidad colectiva (las funciones de estatus son ontológicamente subjetivas).

11 Es necesario tener presente que los desarrollos teóricos de Habermas en torno a la ética del discurso o al rol del derecho liberal en una democracia deliberativa hacen parte, en el primer caso, de una teorización de “invención” (Walzer 1993) o constructiva, y en el segundo, de una teorización reconstructiva.

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Por tanto, según Searle, la estructura ontológica de las instituciones sociales, en-tendidas como el producto de declaraciones en las que se asignan colectivamente funciones de estatus, puede expresarse en la siguiente fórmula:

X (para nosotros) vale como Y en C

En términos precisos, la fórmula indica que una entidad X (objeto[s], per-sona[s], acontecimiento[s], etcétera) para una colectividad cuenta como Y, tiene una función y/o unos atributos asociados (sea un rol, patrón de distribución, etcétera), en un contexto determinado, C.

Respecto de la fórmula que, desde la perspectiva de Searle, expresa la es-tructura ontológica de las instituciones, cabe hacer algunas observaciones:

a. Las instituciones, de acuerdo con la fórmula enunciada, podría decirseque realizan operaciones de identificación semántica de entidades por vía de la atribución de propiedades y/o funciones que, incluso, permi-ten que estas sean abstraídas de sus condiciones físicas de existencia, por ejemplo, espacio-temporales (Boltanski 2010, 78).

b. La fórmula en cuestión, al enunciar que “X vale/cuenta como…”, po-dría leerse como el establecimiento de un principio de equivalencia (Boltanski 2000, 77) entre una entidad y una función de estatus. En este sentido, a las X —lo que se considere y defina como tal— se les da un valor que permite que se consideren como equivalentes a Y.12 Al compararse la aplicación de principios de equivalencia con diferentes entidades X, es posible deducir las diferencias de magnitud que se pueden generar entre estas en su traslación a Y.13-14

12 Una distinción analítica, no contemplada por Boltanski, sería necesaria para la comprensión de la operación de los principios de equivalencia: la consideración de los mecanismos bajo los que opera el establecimiento de equivalencias.

13 Las instituciones constituyen la realidad social, es decir, las relaciones entre entidades, y cons-tituyen y regulan comportamientos. La fórmula “X vale…” manifiesta principios en los que, tal como se ha enunciado en distintos desarrollos de teoría y filosofía social, las instituciones determinan relaciones de reconocimiento, como también criterios de distribución de bienes, libertades y oportunidades sociales (Offe 2010, 14).

14 Piénsese, por ejemplo, primero, en la fórmula aplicada a la legislación que indica quién es ciudadano y, segundo, compárese en términos de reconocimiento a los ciudadanos con los

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c. Una entidad, tal como lo enuncia la fórmula en el elemento C, puedetener funciones/atributos distintos dependiendo del contexto.

d. Las instituciones, en cuanto producto de declaraciones en las que seasignan colectivamente funciones de estatus, generan una deontologíaque va más allá de la que es propia del lenguaje (Searle 2010, 85).Las declaraciones, como se ha enunciado repetidas veces, pretendenconstituir estados de cosas en el mundo, y, en concreto, las funcionesde estatus, en cuanto asignan funciones/atributos a entidades deter-minadas, crean patrones de evaluación sobre las mismas. Es decir,constituyen formas de ser o patrones de comportamiento de entidadesque son juzgadas de acuerdo con la satisfacción de funciones/atribu-tos que les han sido asignados.15 Por ejemplo, las funciones de estatuscrean derechos, obligaciones y roles. Así, las instituciones se erigen enmotivos para la acción de los agentes y, en consecuencia, en formasde causación social.

e. Si se consideran las observaciones b.) y d.), es posible comprender elfundamento de la crítica que se le hace a la teoría de la acción comu-nicativa de Habermas. En concreto, en términos de la ontología socialde Searle, podría decirse que la deontología que es propia del lenguaje,es decir, la crítica y la justificación de contenidos proposicionales, estádelimitada por la deontología que generan las instituciones —aquellaque va más allá del lenguaje— pues esta está en condiciones de creardiferencias en términos de magnitud entre los agentes.16

inmigrantes ilegales. Se encontrará que hay distintas magnitudes para algunas X en su trasla-ción para valer como Y.

15 Desde la perspectiva de Searle, la fórmula manifiesta reglas constitutivas. Estas crean for-mas de comportamiento, son el producto directo de la fórmula. Mientras tanto, también existen reglas regulativas. Las reglas regulativas pretenden dirigir una forma de comporta-miento —que puede ser preexistente a la institución— para que encuadre con el contenido de la regla (“Haga P”) (Searle 2005, 11; 2010, 10). En la teoría social, como se argumentó anteriormente, las instituciones han tendido a definirse como patrones de comportamien-to, formas de relación establecidas entre los individuos y/o reglas que regulan el compor-tamiento y las interacciones entre individuos.

16 Por ejemplo, considérese una relación laboral. El hecho de que un individuo X valga como gerente, según el organigrama de la empresa y su contrato de trabajo, con ciertos derechos y atribuciones, es lo que otorga eficacia a sus actos de habla directivos.

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Lo dicho hasta el momento en esta sección permite concluir preli-minarmente que las instituciones, en cuanto fundamento constitutivo de la realidad social, desde el punto de vista de Searle, son el producto de declara-ciones en las que se asignan y reconocen colectivamente funciones de estatus que generan una deontología. Así, la estructura ontológica de las instituciones se expresa en la fórmula predicativa “X vale (para nosotros) como Y en C”.17 Específicamente, en esta sección se procuró poner de manifiesto el carácter semántico de las instituciones y, en consecuencia, cómo estas constituyen la realidad social por vía de una deontología que les es propia. Asimismo, se argumentó que la deontología ínsita en el lenguaje tiene un potencial eman-cipatorio que puede verse sofocado por la deontología propia de las institu-ciones. Ante este escenario, el desafío es identificar las posibilidades para la emancipación en la deontología propia de las instituciones. En otras palabras, el desafío es procurar responder la siguiente pregunta: ¿Cómo la deontolo-gía de las instituciones permite poner en marcha la deontología ínsita en el lenguaje en relación con procesos de emancipación? Teniendo presente lo anterior, la siguiente sección se centrará en explorar el carácter semántico de la coordinación social por vía de las instituciones y señalar en qué sentido esto manifiesta la posibilidad de encontrar cierta pretensión de coherencia en el complejo de instituciones. Esto con el fin de explorar los excedentes de validez y las contradicciones semánticas como potenciales emancipatorios ínsitos en la lógica de la estructura ontológica de las instituciones.

17 Teniendo esto presente, es comprensible por qué desarrollos teóricos como los de Boltanski señalan que los procesos de emancipación consisten en la crítica de formas de clasificación —principios de equivalencia—, esto es, en el juicio de contenidos pro-posicionales en los que se asignan categorías abstractas a entidades concretas (Boltanski 2000; Boltanski y Thévenot 2006). La crítica, en este sentido, haciendo uso de los térmi-nos usados hasta este momento, consiste en demostrar cómo cierta X no puede ser —o se resiste a ser— subsumida al valor Y, por qué la equivalencia entre X y Y es improcedente en cierto contexto C, o por qué es inadecuada la proporción de magnitudes generada por la aplicación de distintas equivalencias. En síntesis, reflexiones de este tipo se refieren a la dinámica de los procesos de emancipación. Aquí, como ya se ha enunciado en repetidas ocasiones, se pretende fundamentar las posibilidades de emancipación en la lógica de la estructura ontológica de las instituciones, lo que, en últimas, sienta las bases para la dinámica de los procesos de emancipación.

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2. Instituciones e integración semántica de la sociedad:los excedentes de validez y las contradicciones comoposibilidades para la emancipación

En términos funcionalistas, o si se prefiere, finalistas (Pierson 2000, 477), puede afirmarse que las instituciones tienen la función de posibilitar la coordinación y la integración social (Toumela 2007, 183) para, por ejemplo, superar problemas de acción colectiva (Elster 2010, 381; 1992, 121) o procurar la satisfacción de necesida-des colectivas (Moore 1989, 22). Específicamente, las instituciones, para dar lugar a la integración y la coordinación social, deben hacer frente a tres problemas: la incertidumbre/contingencia, la determinación de patrones de distribución de re-cursos sociales y la organización de los agentes para la realización de finalidades colectivas (cfr. Olson 1971; Elster 1992). De esta forma, la pregunta que emerge es: ¿En qué sentido el carácter lingüístico de las instituciones permite comprender cómo estas resuelven los problemas mencionados? Así, esta sección se centrará, en principio, en señalar cómo las cuestiones de la integración y la coordinación social son asuntos semánticos, y después, de qué forma se manifiestan en esta lógica de las instituciones dos posibilidades para la emancipación por vía del marco institucional existente.

En principio, considerando lo discutido en la sección anterior, puede com-prenderse provisionalmente por qué la coordinación y la integración social tienen un fundamento semántico. La fórmula “X vale…” puede leerse, primero, como una pretensión de determinación de qué es lo que es; segundo —en cuanto esta-blece equivalencias—, como la fijación de patrones de distribución de recursos sociales; y tercero —en la medida en que genera una deontología—, como una fuente de organización, pues constituye cursos de acción e indica a los agentes qué deben hacer —genera razones para la acción—. De esta forma, por cuanto la fórmula “X vale…” es el producto de la asignación y el reconocimiento colectivo de funciones de estatus —es el producto de declaraciones—, podría decirse que la coordinación y la integración sociales son, en esencia, cuestiones semánticas.

En términos precisos, según Boltanski, las instituciones manifiestan un consenso semántico (2011, 78); consenso que posibilita la coordinación y la integración social, toda vez que aquellas toman la forma de “seres incorpóreos” que señalan para una colectividad el qué de lo que es. En términos precisos,

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desde la perspectiva del sociólogo francés, la realidad social, constituida por las instituciones, tiene como contrapartida el “mundo”, es decir, todo-lo-que-es-el-caso (Boltanski 2011, 57). En otras palabras, las declaraciones que constituyen las instituciones tienen la pretensión de indicar el qué de lo que es, lo que no implica que de hecho aprehendan todo-lo-que-es-el-caso, el mundo. El hecho de que la asignación colectiva de funciones de estatus sea el fundamento de las instituciones indica que instituir, crear la realidad social, es un ejercicio de representación en el que se nomina, se establecen relaciones y se generan identidades, es decir, se asignan esencias sociales, competencias, disposiciones y, en consecuencia, formas de ser que se constituyen en deber (Bourdieu 2001a, 81). Así, el carácter lingüístico de las instituciones expresa que estas “en tanto que instrumentos de conocimiento y de comunicación […] hacen posible el consensus sobre el sentido del mundo social” (Bourdieu 2001a, 92). De esta forma, las instituciones permiten la coordinación y la integración social, dado que, al determinar qué de lo que es, operan como reductoras de incertidumbre, pues hay un proceso de escotomización frente al “mundo” y la contingencia aneja a este; pero también hay un proceso de imposición de la realidad social sobre el mundo en favor de las posibilidades para la integración y la coordina-ción que esta ofrece. En síntesis, las instituciones reducen semánticamente la incertidumbre manifiesta en la figura del “mundo”.

Dado que los seres humanos somos seres corpóreos, es decir, nos en-contramos, por lo menos, situados en puntos concretos en el espacio-tiempo, y que, además, contamos con posiciones concretas en el espacio social, según Boltanski, el consenso semántico que permite la reducción de incertidumbre no puede ser —sin mediación alguna de las instituciones— el producto de la determinación de un agente concreto o de un conjunto particular de agentes concretos. De este modo, una exigencia lógica es que, para tomar la forma de acuerdo semántico, la determinación del qué de lo que es debe expresarse en un “ser incorpóreo”: las instituciones (Boltanski 2011, 74). Esto se debe a que, primero, sin mediación institucional alguna no es posible que un agente —o conjunto particular— cuente con la autoridad que le permita hacer vinculante su determinación del qué de lo que es; segundo, las instituciones, en cuanto “seres incorpóreos”, proveen cierta seguridad semántica, pues pueden abstraer-se del espacio-tiempo y/o de las posiciones concretas en el espacio social, de

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manera que la incertidumbre de los casos particulares producto de sus vínculos con el mundo puede ser neutralizada a partir de funciones/atributos asignados a las entidades y de la deontología aneja a estas.18

Lo dicho hasta el momento permite elaborar cuatro deducciones:a. La comparación entre la realidad social —constituida por institucio-

nes, en la que se declara el qué de lo que es— y el “mundo” —que acoge todo-lo-que-es-el-caso— pone de manifiesto el carácter artificial y, si se quiere, arbitrario de esta (Boltanski 2011, 78), pues es una posibilidad entre tantas otras posibles. La realidad social, como se señaló más arri-ba, nomina, genera competencias sociales, crea identidades, etcétera. Así, cabe preguntarse bajo qué criterios se realizan tales definiciones.

b. En cuanto arbitraria, la realidad social puede analizarse como el fun-damento de relaciones de dominación. Este ha sido el objeto de las consideraciones elaboradas por Bourdieu sobre el poder simbólico. Sostiene el sociólogo francés que quien tenga el poder simbólico —es decir, altas concentraciones de capital simbólico, el poder de instituir, poder otorgado por las instituciones mismas (Bourdieu 2001a, 67)— está en condiciones de constituir la realidad social (cfr. Bourdieu 2001a, 2007 y 2007a). Por ello, la lucha política es una lucha simbólica entre distintos grupos sociales que pretenden imponer el qué de lo que es, conforme a sus intereses (Bourdieu 2001a, 92). Esta parece ser una posible respuesta a la pregunta planteada en el punto anterior.

c. El “ser incorpóreo” de las instituciones se manifiesta como lógicamentenecesario para garantizar el acuerdo semántico, incluso si se considera que las instituciones fundamentan relaciones de dominación. Considérense, por ejemplo, las figuras estilísticas jurídicas caracterizada por la neutrali-zación y la impersonalización o el problema básico de la hegemonía para posibilitar que lo particular tome la forma de generalidad.19

d. Siguiendo a Boltanski, podría afirmarse que la fragilidad ínsita alas instituciones está relacionada con su contraparte, el “mundo”. La contingencia del “mundo” y la visibilización de la misma son el

18 Ver observación a.) en la sección 1.19 Al respecto, véase, por ejemplo, Poulantzas (1974, 130-146) o Laclau (2005).

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fundamento para poner de presente el carácter arbitrario de la realidad social (Boltanski 2011, 111) y, en consecuencia, las relaciones de domi-nación que la fundamentan. La crítica, entonces, se vale de aquello mismo que las instituciones pretenden enfrentar: la incertidumbre. Las instituciones pretenden reducir la incertidumbre para posibilitar la coordinación y la integración social. Mientras tanto, la crítica, por lo menos la crítica inmanente, pretende poner de presente cómo las for-mas de coordinación e integración social son posibilidades entre tantas otras posibles, es decir, el objeto de crítica son los términos bajo los que las instituciones coordinan e integran. En este orden de ideas, el problema para las instituciones en cuanto a su reproducción —ya sea que se considere o no que fundamentan relaciones de dominación— es cómo neutralizar la contingencia del mundo que desafía su continui-dad. Mientras tanto, el problema que parece que debe resolverse para comprender por qué la contingencia aneja al mundo es la condición de posibilidad de la crítica de las instituciones, y, por tanto, de los procesos de emancipación, es cómo se puede llevar a cabo tal crítica si, por un lado, la posibilidad de instituir (de determinar qué de lo que es) la indican las instituciones mismas, y, por otro, las instituciones para su reproducción deben orientarse hacia la neutralización del “mundo”.

Desde la perspectiva de Boltanski, para hacer frente a la incertidumbre y, de esta forma, dar consistencia al acuerdo semántico que posibilita la integración y la coordinación social, las instituciones llevan a cabo procesos de integración del cambio (Boltanski 2011, 120-121). En otras palabras, para su reproducción, las instituciones cuentan con mecanismos que les permiten dar sentido en sus términos a las expresiones contingentes de los fenómenos sociales. La rea-lidad social es reparada constantemente para hacer frente a los desafíos del “mundo”. Específicamente, la realidad social, en cuanto tal en su relación con el “mundo”, entraña una pretensión de totalización, de constituir sentido inde-pendientemente de los contextos y de la naturaleza de los fenómenos. Así, las ins-tituciones se valen, según Boltanski, de dos tipos de mecanismos de integración del cambio para la estabilización semántica, a saber: el idealismo y el analogismo. El idealismo pretende integrar el cambio manifestando que existen principios o

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ideales que contienen verdades que son travestidas constantemente por las apa-riencias de las expresiones sociales concretas. Así, el cambio se subsume como la búsqueda de la correspondencia con los principios o ideales (Boltanski 2011, 121). Mientras tanto, el analogismo consiste en establecer analogías entre las especifici-dades de los fenómenos, a pesar de sus condiciones concretas de manifestación. Las instituciones proveen símbolos que permiten establecer correspondencias analógicas (Boltanski 2011, 122).

Por otro lado, es necesario anotar que el acuerdo semántico, toda vez que fundamenta la coordinación y la integración social, haciendo frente a la incerti-dumbre, entraña una pretensión de coherencia que le permite constituir sentido (Taylor 1971), totalizar, a pesar de las amenazas del mundo. Esto se manifiesta tanto en las idealizaciones como en las analogías, que, en últimas, a pesar de absorber el cambio, lo hacen sin alterar el contenido de los principios de equi-valencia que constituyen las instituciones. De igual forma, la pretensión de coherencia de las instituciones para la constitución de sentido se manifiesta en lo que Searle denomina el carácter iterado del complejo de instituciones. Esto es, si consideramos la fórmula “X vale…” para un análisis de las institucio-nes sociales, es posible percibir que en algunos casos los términos “X” en una institución son un término “Y” en otra, y así sucesivamente, y también, que la constitución de ciertos contextos, C, necesita de la aplicación de una institución o de un conjunto de instituciones.

Lo anterior permite sacar dos nuevas deducciones:e. La estructura de la fórmula “X vale…”, el carácter semántico de la

integración y la coordinación social a través de las instituciones, junto con los mecanismos de estabilización de las mismas frente a la con-tingencia, ponen de manifiesto un potencial emancipatorio ínsito en la lógica de la estructura ontológica de las instituciones: los excedentes de validez (Honneth 2009a). Toda vez que las instituciones son el producto de declaraciones en las que se asignan y reconocen colectiva-mente funciones de estatus, los procesos de emancipación y de crítica reconstructiva pueden valerse del hecho de que la evaluación y, en consecuencia, las posibilidades de reproducción de las instituciones, en cuanto acuerdos semánticos, son cuestión de validez. Así, conside-rando las condiciones desventajosas de los dominados para enunciar

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con eficacia ilocucionaria y fuerza perlocucionaria el qué de lo que es,20 la lógica de la estructura ontológica de las instituciones permite que los dominados sometan a validación las instituciones frente a la particularidad y la contingencia de sus reivindicaciones, específica-mente, otorgándoles una valencia emancipatoria a los mecanismos de estabilización semántica de las instituciones. Las reivindicaciones se valen, así, de los márgenes semánticos de las instituciones para recla-mar validez. De este modo, las reivindicaciones, que aparecen como amenazas al acuerdo semántico,21 pueden tomar la forma de analogías o idealizaciones y sacar partido de las formas de estabilización de lasinstituciones. En otras palabras, las reivindicaciones pueden expresarse por medio de analogías o idealizaciones en las que se ponga de mani-fiesto la posibilidad de que términos X no contemplados dentro de una institución puedan tomar la forma de Y. En efecto, como se sostuvo en las aclaraciones metodológicas al principio de este texto, este tipo de procesos de emancipación no son radicales y contemplan el cambio institucional en términos marginales, continuos e incrementales, pues apuntan a explotar las posibilidades pragmáticas de emancipación den-tro de la estructura lógica de la ontología de las instituciones.

f. Las reivindicaciones sociales también están en condiciones de explo-tar el carácter iterado y la pretensión de coherencia semántica de la realidad social. La identificación de contradicciones manifiesta un potencial emancipatorio ínsito en los complejos institucionales. Las contradicciones pueden ser identificadas en dos sentidos. En primer lugar, los procesos de emancipación y de crítica reconstructiva pueden denotar el carácter patológico de los acuerdos semánticos, bajo la figura metafórica de la esquizofrenia, manifestando cómo el orden social entraña contenidos semánticos contradictorios. En este caso, la contradicción toma la forma de tautología acompañada de una negación, de manera que la crítica pone en crisis la pretensión de co-herencia de la realidad social. En segundo lugar, el carácter iterado de

20 Considerar deducción b.) de esta sección.21 Considerar deducción d.) de esta sección.

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las instituciones puede permitir trasladar analógicamente principios de equivalencia de una institución a otra, de manera que se puedan poner de manifiesto contradicciones como falacias de composición (Elster 2010) en la relación iterada entre instituciones. Metodológicamente, estas posibilidades emancipatorias ínsitas en la lógica de la estructura ontológica de las instituciones deben posicionarse frente al complejo de instituciones, y no frente a una institución en particular. En caso contrario, el procedimiento sería infecundo.

En síntesis, lo expuesto a lo largo de esta sección permite argumentar que las instituciones cumplen las funciones de coordinación e integración social por vía de su expresión como acuerdos semánticos del qué de lo que es. Las institucio-nes encuentran como contrapartida el “mundo”, todo-lo-que-es-el-caso, de manera que su principal desafío es reducir la incertidumbre proveniente de este, lo que no es otra cosa que valerse de mecanismos de integración del cambio para la es-tabilización. El fundamento de la crítica es el diferencial entre “mundo” y realidad social, es decir, la incertidumbre. No obstante, si han de tomarse los argumentos de Bourdieu sobre el poder simbólico y de Searle sobre la deontología creada por las instituciones, es necesario buscar las posibilidades que ofrecen semánticamen-te las instituciones para la realización de reivindicaciones sociales. De esta forma, se propusieron, por un lado, los excedentes de validez de los acuerdos semánticos como posibilidad emancipatoria, y por otro, la identificación de contradicciones semánticas en las instituciones que socavan sus pretensiones de coherencia para la constitución de sentido, además de la posibilidad de trasladar principios de equivalencia entre instituciones aprovechando el carácter iterado de las mismas. Por supuesto, esto siempre con la perspectiva del complejo de instituciones. Lo anterior indica que hasta aquí se han presentado las posibilidades semánticas para la realización de reivindicaciones desde el complejo institucional mismo, es decir, las posibilidades de crítica y justificación de la validez de las instituciones desde las instituciones mismas. En este sentido, se articula la deontología propia del lenguaje con aquella creada por las instituciones en función de la crítica. Las posibilidades que ofrece a la emancipación la deontología propia del lenguaje cristalizan tan pronto como se identifica la lógica del carácter semántico de la deontología que crean las instituciones. En términos concretos, los excedentes

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de validez y la identificación de contradicciones permiten desmontar semánti-camente aquellos rasgos de las instituciones que pueden llegar a ser limitantes del potencial crítico de la deontología ínsita en el lenguaje. No obstante, aún no parece ser muy clara la posibilidad pragmática de que los insumos semánticos de la crítica puedan siquiera ser enunciados o de que la crítica tenga efectos perlocu-cionarios. Este es el problema que se pretenderá enfrentar en la siguiente sección.

3. Agencia: observación sobre las posibilidades pragmáticaspara la emancipación

En términos de teoría de la acción, las instituciones se han considerado como habilitaciones y/o restricciones para la agencia (North 2006, 17; Parsons 1990, 321). El fundamento de tal aserción reside en que las instituciones expresan una deontología y, consecuentemente, se toman como razones para la acción inde-pendientes del deseo. En este sentido, pareciera establecerse, por un lado, una diferenciación entre tipos de razones de la acción según fuentes individuales e institucionales, y, por otro, una parametrización del comportamiento que puede habilitar o restringir las posibilidades de cursos de acción para la satisfacción de finalidades de los agentes. Esta sección se centra en una breve digresión sobre las instituciones como formas de habilitación y/o de restricción de la agencia, con la intención de fundamentar pragmáticamente las posibilidades para la emancipa-ción en la estructura ontológica de las instituciones.

Antes que nada, es necesario recordar que las instituciones son el pro-ducto de la asignación y el reconocimiento colectivo de funciones de estatus que generan una deontología. Las instituciones definidas de tal forma pueden comprenderse con la fórmula “X vale (para nosotros) como Y en C”. Además, se ha venido afirmando que las funciones de estatus asignan a entidades del mundo funciones y/o atributos que estas no tienen, en virtud de su estructura física. Así, según Searle, la asignación y el reconocimiento colectivo de funciones de estatus consisten en conferir un poder, ya sea este positivo o negativo (Searle 2010, 147). De manera específica, desde la perspectiva del filósofo estadounidense, el poder es comprendido como la capacidad y/o la habilitación para ser o hacer algo. En su valor positivo, el poder, comprendido en estos términos, habilita y capacita; mientras que en su valor negativo inhabilita e incapacita (148). En consecuencia,

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la asignación y el reconocimiento colectivo de funciones de estatus se encuen-tran íntimamente relacionados con la agencia. Por tanto, la fórmula que expresa la estructura ontológica de las instituciones puede ser expresada también con la siguiente notación:

X (para nosotros) tiene el poder (está habilitado/inhabilitado, capacitado/incapacitado) para hacer A en C. (Searle 2005, 15; 2010, 146)

En donde hacer A está relacionado con otros agentes, de forma que

X (para nosotros) tiene el poder (está habilitado/inhabilitado, capacitado/incapacitado) respecto de Xi para hacer A en C. (Searle 2010, 146)

Las capacidades y habilitaciones creadas por la asignación colectiva de funciones de estatus están incluso relacionadas con la asignación misma de fun-ciones de estatus. En otras palabras, existe una relación circular entre poder, en los términos descritos, e instituciones: solo pueden instituir aquellos capacitados y habilitados que han recibido su capacidad y habilitación de las instituciones. Cosa que puede interpretarse también como que las instituciones afectan la dis-tribución social de poder, y, simultáneamente, estas son el resultado del ejercicio del mismo (Offe 2010 20). De esta forma, podría reafirmarse el argumento de Bourdieu que se referenció previamente: instituir es asignar una esencia social, un conjunto de competencias, que determinan un ser que se constituye en un deber ser (Bourdieu 2001a, 81), esto es, una imposición de qué es lo que es consonante con los intereses de un(os) grupo(s) social(es) que deriva(n) la autoridad para instituir las instituciones mismas.

Parecería que las posibilidades de emancipación dentro del marco ins-titucional son casi que nulas según las aserciones previamente realizadas sobre la relación entre poder e instituciones. No obstante, si se considera que la asig-nación colectiva de funciones de estatus genera habilitaciones y capacidades, es necesario preguntarse hasta qué punto los dominados cuentan con habilitaciones o capacidades. De igual forma, es necesario considerar el vínculo entre agenciae instituciones, pues no parece lógicamente dable que los subordinados tengan una relación de entera restricción con las instituciones. Más aún si se considera

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que las habilitaciones y capacidades se encuentran contextualizadas y que un mismo agente puede tener distintas funciones de estatus asignadas en distintos contextos. Por tanto, la crítica reconstructiva y los procesos de emancipación deben rastrear en el complejo institucional aquellas habilitaciones y capacidades que genera el complejo institucional mismo. Una reconstrucción de criterios como esta no solo debe centrarse en lo que se toma como poderes positivos, por ejemplo, derechos, sino también en los supuestos, en términos de posibilidades de agencia, que implica la satisfacción misma de poderes negativos, como lo son deberes y obligaciones.22

En resumen, esta sección se centró en la identificación de posibilidades pragmáticas para la emancipación en la lógica de la estructura ontológica de las instituciones. En concreto, se puso de manifiesto que las instituciones, al generar una deontología, crean (in)habilitaciones e (in)capacidades. De esta forma, se argumentó que un análisis reconstructivo que tenga como objeto el complejo institucional en su conjunto estará en condiciones de identificar capacidades y habilitaciones que pueden ser el fundamento de procesos emancipatorios. Sin la consideración de capacidades y habilitaciones que pueden servir potencialmente a la crítica, los excedentes de validez y las contradicciones no serían más que una posibilidad teórica para la emancipación.

Conclusiones

Teniendo presente lo dicho a lo largo de este artículo, es posible concluir que, desde la perspectiva de la ontología social de Searle, las instituciones son el pro-ducto de declaraciones en las que se asignan y reconocen colectivamente funcio-nes de estatus que generan una deontología. Consideradas así, las instituciones son constitutivas de la realidad social. En concreto, las instituciones posibilitan la coordinación y la integración en cuanto acuerdos semánticos sobre el qué de lo

22 Un ejemplo interesante sobre cómo, a partir de las actividades asociadas al cumplimiento de obligaciones, pueden llevarse a cabo procesos de resistencia y emancipación, se encuentra en la obra de historiadores como Markus Rediker y Peter Linebaugh sobre esclavos, campesinos y marineros en el Atlántico durante el siglo XVIII. En especial, véanse Rediker y Linebaugh (2005) y Rediker (2007).

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que es. La reproducción de las instituciones frente a la contingencia que las pue-de poner en riesgo como acuerdos semánticos se da a través de idealizaciones y analogías. De esta forma, en principio, los fundamentos básicos de la crítica son, por un lado, la contingencia del “mundo” y, por otro, la deontología ínsita en el lenguaje que posibilita la crítica de contenidos proposicionales. No obstante, tal como se argumentó, dicha deontología ve socavadas sus posibilidades de servir a la crítica, dada la deontología creada por las instituciones. En este sentido, una exploración de la lógica de la estructura ontológica de las instituciones permite deducir que el recurso de los excedentes de validez y el de la identificación de contradicciones semánticas son insumos para la enunciación de críticas desde el complejo institucional mismo, lo que otorgaría cierta fuerza ilocucionaria a la crítica. Sin embargo, las posibilidades de que la crítica tenga efectos perlocu-cionarios, o, incluso, que siquiera pueda ser enunciada, requieren una recons-trucción que tenga por objeto la identificación de habilitaciones y capacidades generadas por los complejos institucionales que sirvan de base pragmática a procesos emancipatorios.

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H

Jorge Andrés López Rivera es politólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia). Profesor instructor del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali (Colombia), investigador del grupo DEIS (Democracia, Estado e integración social). Entre sus últimas publicaciones están: Crisis: lógica, metáfora e interés. Reflexión sobre el concepto de crisis en Offe y Habermas. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011; y, El Príncipe de Maquiavelo: desafíos, legados y significados (editor). Bogotá: Sello Editorial Javeriano, 2014.Correo electrónico: [email protected]

E DOCUMENTOS F

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Cognition, Institutions, and Social Change: A Conversation with Chrysostomos Mantzavinos

Chrysostomos Mantzavinos National and Kapodestrian University of Athens (Greece)

Andrés Casas CasasUniversidad EAFIT (Colombia)

DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.08

In 2004, the winner of the 1993 Nobel Prize in economics, Douglass North, along with C. Mantzavinos and S. Shariq, published a ground-breaking article in Perspectives on Politics: “Learning, Institutions, and Economic Performance.” In the article, the authors coined the term cognitive institutionalism to refer to a dynamic socio-analytic framework that relies on learning processes as the main source of the emergence, persistence and change of institutional arrangements (cultural norms and legal rules). For the authors, institutions frame and guide the mental models, decisions and behaviors of social actors over time. What is more, the cognitive foundations of these processes may explain their success or failure.

Back in 2001, Mantzavinos had already written an outstanding book – Individuals, Institutions, and Markets – which explored the micro-foundations ofthe relationship between behavior, institutions, and markets. The book became a superb example of a successful account that led to an inter-disciplinary approach to the issue of institutions, contributing to overcoming the flaws of previous perspectives on this area. Its analytical power draws on the advances made in the fields of evo-lutionary biology, cognitive psychology, comparative politics, and political economy.

His analytical framework provides a fertile ground to connect a diverse set of social science research agendas. In Colombia his work has encouraged rich discussions about new ways to understand the logic of public policy and social interventions aimed at building sustainable regional peace, state building, and development efforts in the country.

In order to celebrate the 10th anniversary of “Learning, Institutions, and Economic Performance” – and to encourage inter-disciplinary and inter-secto-rial discussions of cognitive institutionalism as a framework for research and policy design – Universidad EAFIT and Universidad Tecnológica del Bolívar

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(UTB) invited Professor Mantzavinos to participate in a series of lectures and workshops in Medellín and Cartagena, held between February 2 and 6, 2015. His visit launched the activities of the Colombian Research Network on Learning, Institutions, and Territorial Peace and inspired a discussion to think of innovative institutional mechanisms for the formulation, implementation and evaluation of public policies and social interventions related to the challenges of state and peace-building at the local level in sub-regional Colombia.

Andrés Casas (AC): After your visit to Medellín and Cartagena, what is your reaction to the great interest expressed for your work in our country?

Chrysostomos Mantzavinos (CM): Ι am extremely pleased and honored that a series of scholars in Colombia have found my work useful for their own theoretical and practical endeavours. I did know, mainly via my student Pablo Abitbol, that my work on institutions has found a fertile ground in Colombia, but the academic exchange with the scholars gave me the opportunity for a more direct experience, very valuable indeed for the development of my own ideas.

AC: Much of this interest comes from your comprehensive and integrative view of several disciplines from the natural and the social sciences. To some you are a philosopher, for others an economist, for a great part of your audience and readers, a political scientist. How do you perceive your identity and what have been the advantages and disadvantages of this multidisciplinary character?

CM: I recall a memorable visit of the late Raymond Boudon to Germany when he had been visiting the Max Planck Institute for Research on Collective Goods in Bonn, where I used to work at the beginning of 2000s. During one of our discussions he started a rather detailed narration about his diverse interests during his youth, mainly in philosophy and sociology. He said that at some point he had to make a choice either to be a philosopher or a sociologist and he had decided on the latter. My hope is that I will not have to make such a choice.

AC: Your visit to Colombia was organized by EAFIT and the UTB as part of the 10th anniversary of the publication of “Learning, Institutions, and Economic Performance” (LIEP), a paper you co-authored with Douglass North and Sayed Shariq. This work is considered the “manifesto” of the approach you coined as Cognitive Institutionalism (CI). In your opinion, what is the fundamental idea of CI? What innovative element did CI introduce to the study of the social sciences?

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Cognition, Institutions, and Social ChangeChrysostomos Mantzavinos • Andrés Casas Casas

CM: As I see it, the fundamental idea of Cognitive Institutionalism is to explicitly theorize on the cognitive processes when studying institutions. There is a long list of institutionalisms in the social sciences, as you correctly stress in your own textbook with Professor Losada. Opening up the black box of cogni-tive processes is the crucial novelty introduced by the Cognitive Institutionalism approach. Take, for example, historical institutionalism. Here the main message is that an appropriate understanding of institutions must go hand in hand with an in-depth historical analysis showing how a society’s institutions came to be what they are in a long historical process. Cognitive Institutionalism theoretically underpins this idea by stressing that institutions are the ‘carriers of history’ in virtue of incorporating the history of a society’s collective learning. Or take an-other influential brand of neo-institutionalism, Rational Choice Institutionalism. Here the main message is that institutions are to be explained as the outcomes of choices of rational agents that essentially maximize their self-interest. Cognitive Institutionalism stresses that choice processes are only part of the story and that we have to consistently integrate beliefs into the framework in order to have a more consistent and fruitful theory of individual behavior to work with when analyzing the emergence and change of institutions.

AC: To be fair, the central ideas of this approach had already been developed brilliantly in your 2001 book Individuals, Institutions and Markets, long before North addressed them in Understanding the Process of Economic Change (2005). What was the creative process that led to LIEP and how did North and Shariq contribute to revising the original ideas of the 2001 publication?

CM: The project was to write a research agenda for the social sciences integrating the main ideas of my own work, which had already been published, and the ideas of North, who was then working on his own book. Shariq has also provided valuable input. We all met in St. Louis to discuss these issues and I recall that there was a complex figure on the blackboard at Doug’s office with all the bits and pieces that he thought were important. We discussed them for two days and then I wrote the first draft of the paper, which we revised down the road towards publication.

AC: A major criticism of some versions of institutionalism relates to their methodological weaknesses. The big question that remains about CI is that con-ceptually it offers an infinite source of insight, but it also leaves open a challenging

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empirical task: How can the researcher apply the basic concepts introduced by CI, such as mental models? How can they be operationalized and measured empirically?

CM: Cognitive institutionalism is a general framework. Empirical hypoth-eses can be generated with the aid of this framework and tested with the help of empirical evidence. Now, I am definitely a pluralist with respect to answering the question of what should be regarded as legitimate evidence. This can be of both a quantitative and qualitative nature, it can come from labor and/or field experiments and, of course, from economic history. Empirical evidence about mental models is available from psychologists and easily accessible at: https://mentalmodelsblog.wordpress.com/. It is also important to keep in mind a lesson from philosophy of science: not every term used in a scientific theory is bound to be measurable and/or directly testable. This is a view associated with opera-tionalism, i.e. the notion that we do not know the meaning of a concept unless we have a method of measurement for it. However, this view is obsolete and has long been abandoned. A theory consists of a series of concepts, some more akin to measurement than others. What we are testing are empirical hypotheses consisting of both observational and theoretical terms (i.e. expressions that refer to non-observational entities). The fact that we might not be able to directly ob-serve mental models is not equivalent with the impossibility of testing empirical hypotheses which include or make use of mental models.

AC: The appropriation of some of your ideas in Colombia has been relat-ed to a core aspect of your work on behavior, institutions, and development that touches the root of our problems: the inability to ensure a workable social order and an inclusive wealth-creation game. In your opinion, what is the key element that makes some societies capable of attaining both political and economic equilibria? How could this relate to countries like Colombia?

CM: This is, of course, the most fundamental puzzle and it would be pre-tentious to try to give a sensible and complete answer here. I will allow myself just one observation: only if we understand how processes of collective learning unfold in historical time can we ever hope to develop a theory of institutional emergence and change which may in the end ensure a workable social order and an inclusive wealth-creation game.

AC: Many agree that the strongest contribution of your work on the polit-ical economy of development is that it offers the micro-foundations for some key

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mechanisms for understanding why some countries are successful and others are not. But one of the common observations made by critics of cognitive institutional-ism is that it is an approach developed by authors who come from developed coun-tries that have very different experiences in comparison to Latin America in terms of state and market formation. What would you say to these critics?

CM: I think that it is not important where the inventors of a theoretical framework such as mine come from. What is important is whether it is found to be empirically valid and whether it is useful in order to intervene in the social world and change it according to our values. And I think that this is the case with my own framework.

AC: Another important contribution of LIEP is the development of the concept of “path dependence” already studied by North, among others. As you have suggested, a full treatment of the phenomenon of path dependence should start at the cognitive level, proceed at the institutional level, and culminate at the economic level. The Colombian case is a challenging example of path dependence in all its forms (cognitive, institutional and economic). From an evolutionary perspective of institutions, what lessons would be useful in order to steer institutional and eco-nomic performance in a more desirable direction?

CM: I think that the main lesson one can draw from the analysis of path dependence is that political and economic change is incremental. Yes, there are phases of punctuated equilibrium, as one could call them, involving abrupt and rapid changes, but these remain the exceptions. Social and economic change is usually a slow process, mainly due to the slow rate of change of informal institu-tions, i.e. conventions, social norms, and moral rules. So, paths can change, but never completely and never overnight.

AC: There is currently a sound debate underway, led by Professor James Robinson, about which fundamental mechanism could help attain peace and make real progress towards the domestication of violence and the possibility of building inclusive institutions in Colombia. Robinson argues that the traditional belief sur-rounding the importance of land reform as a causal mechanism may not be the best way to go about this. He proposes education as an alternative for altering cognitive path dependence, rather than going down the road of institutional reform. He supports his idea with evidence demonstrating that, in a weak institutional setting with strong local elites – which still seem to be protective agents that are above the

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law – the probability of enforcing land reform laws is low and will result in another empty promise. What is your opinion on this?

CM: That the probability of enforcement of a new legal framework is low does not mean that there might not be points of view from which it would be desirable to initiate and invest resources in introducing and enforcing this new legal framework. Think of the abolition of slavery: the probability of its enforcement was surely low, but this did not mean that there were no points of view from which it was desirable to initiate and invest resources in introducing and enforcing this new legal framework. However, this is a general remark – my knowledge of the specifics of the situation is very limited, and so I would like to abstain from expressing my opinion on this.

AC: In Cartagena you participated in a workshop dedicated to Learning, Institutions, and Territorial Peace. What was your experience? What seem to be the biggest challenges for local peace-building initiatives?

CM: I have had a wonderful experience and I have learned a lot from the intellectual exchange with my colleagues. An important point that has emerged from our discussions was that there are two processes unfolding in parallel. There is the international agreement on peace-making going on at the official, govern-mental level, and there is also the situation on the local level. It is important that people do not perceive their situation as being merely decision-takers, but also as being decision-makers – something which is easier said than done, of course.

AC: After the publication of LIEP, your work took a major turn towards philosophy, with a particular focus on the philosophy of science. You have prolifi-cally published several works: in particular, Naturalistic Hermeneutics (2005) and Philosophy of the Social Sciences (2009) have drawn a lot of attention. In fact, your new book focuses on explanation. What is the reason behind your interest in a field that has been characterized by endless conflict throughout its history? What is your proposal in this area?

CM: Thinking about scientific explanation is thinking about the core activity in which millions of people engage when doing theoretical science. Shedding more light on this activity is of obvious importance. My proposal is multifaceted. One aspect concerns what I have just talked about: the need to fo-cus on the explanatory activity rather than on the outcome of this activity, i.e. on explanations themselves, as is usually the case. Once the focus is on the scientific

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practices, this opens up a whole range of issues worthy of discussion. My propos-al is to theorize on explanatory activities in terms of explanatory games. Scientists use rules of representation, rules of inference, and rules of scope in constant in-teraction with each other in their collective efforts of providing explanations for phenomena. There is a constant flow of explanations produced while playing the game and the normative question does not consist in providing one eternal ideal of `the successful explanation` but rather in which rules should be followed and which should not. Good explanations are those that have emerged because good rules have been followed, and working out the criteria of their goodness is not an once-and-for-all matter, but rather a continuous enterprise, taking place with the participation of different kinds of experts and philosophers of science alike.

AC: Finally, what is next for you? Will you come back to the issue of the relationship between cognition, institutions, and development?

CM: I do hope that I will be able to come back to this issue before too long. The study of institutions lies at the core of my interests, so that there is no long-term prospect of abandoning it.

H

Chrysostomos Mantzavinos is Professor of Philosophy of the Social Sciences at the University of Athens (Greece). He holds two PhDs, in Economics and in Philosophy, both from the University of Tübingen (Germany). He is the author of Wettbewerbstheorie (Berlin: Duncker & Humblot, 1994), Individuals, Institutions, and Markets (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), Naturalistic Hermeneutics (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), and editor of Philosophy of the Social Sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). His book on Explanatory Pluralism is forthcoming with Cambridge University Press. Mantzavinos is also the Philosophy Section Editor for the 2nd edition of the International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2015).

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Andrés Casas Casas is Principal Investigator for the World Values Survey Association in Colombia, as well as Senior Researcher at the Centre for Political Analysis, Universidad EAFIT. His current work focuses on the micro-foundations of the relationship between behavior, institutions, and development. His research combines the use of surveys, field experiments, and qualitative methods. His recent publications include: The Hidden Face of Justice: Fairness, Discrimination and Distribution in Transitional Justice Processes, with J.C. Cárdenas and N. Méndez (Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 2014); Values, Representations and Social Capital in Antioquia with J. Giraldo, N. Méndez, and A. Eslava (EAFIT, 2013); Experiments in social sciences: uses, methods and applications, with N. Méndez (Editorial Javeriana, 2013). In 2008 he co-authored Approaches for Political Analysis: History, Epistemology and Perspectives in Political Science with Rodrigo Losada. E-mail: [email protected]

E COLOMBIA INTERNACIONAL F

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El equipo editorial, junto a los comités edi-torial y científico, es responsable de definir las políticas editoriales para que la Revista cumpla con los estándares que permitan su posicionamiento como una reconocida pu-blicación académica. La revisión continua de estos parámetros asegura que la Revista mejore y satisfaga las expectativas de la comunidad académica. Así como la revista publica Normas editoriales, que se esperan sean cumplidas, también se compromete a publicar correcciones, aclaraciones, recti-ficaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite.

El equipo editorial es responsa-ble de seleccionar los mejores artículos para la publicación. Esta selección se hace con base en las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y el proceso de revisión editorial del artículo, en el que se tienen en cuenta criterios de

calidad, relevancia, originalidad y con-tribución a la disciplina. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado, la justificación que se le da al autor debe orientarse hacia estos aspectos. El equipo editorial es responsable del vigilar el pro-ceso editorial de todos los artículos que se postulan a la Revista, y debe desarro-llar mecanismos de confidencialidad du-rante el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo.

Cuando la Revista recibe quejas de cualquier tipo, el equipo editorial debe res-ponder prontamente, de acuerdo con las normas establecidas por la publicación; en caso de que el reclamo lo amerite, debe ase-gurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la rápida resolu-ción del problema. Cuando se reconozca una falta de exactitud o un error en un contenido publicado, se consultará al comi-té editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página web de la Revista.

Tan pronto un número de la Revista sea publicado, el equipo editorial es respon-sable de la difusión y distribución entre los colaboradores, evaluadores, y las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como entre los reposito-rios y sistemas de indexación nacionales e internacionales. Igualmente, el equipo edi-torial es el encargado de hacer los envíos de la Revista a los suscriptores activos.

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Presentación de artículos

Colombia Internacional publica artículos inédi-tos que presenten resultados de investigación, innovaciones teóricas y/o metodológicas y revisiones bibliográficas en las discipli-nas de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales escritos en español, inglés o portugués. Colombia Internacional usa una herramienta de detención de plagio para veri-ficar la originalidad de los documentos some-tidos a revisión; en caso de comprobarse que el artículo o partes de él fueron extraídos de otros trabajos sin la apropiada referencia, se notificará al autor y se procederá a rechazar el documento. Las fechas de recepción de artículos de Tema libre y/o para los números monográficos se informan en las respectivas convocatorias, las cuales son publicadas en la página web de la Revista y se distribuyen por medio de una lista de correo dispuesta para ello. Si tiene interés en saber cuándo se abren y/o cuáles son los temas de las convocatorias, envíe un correo a [email protected] para ser incluido en la lista especial de correo.

A continuación se enumeran las ca-racterísticas que deben tener los manuscritos que se presenten para publicación. El equipo editorial de la revista pide a los autores tener en cuenta estas recomendaciones para faci-litar el proceso de evaluación y de edición. S El manuscrito debe presentarse en un

archivo compatible con Word, en hoja tamaño carta (21,59 cm x 27,54 cm), con márgenes de 3 cm, letra Times New Roman tamaño 12, espacio senci-llo, separación entre párrafos de 0 pun-tos y texto justificado. Las notas a pie

de página deben estar en Times New Roman tamaño 10, espacio sencillo y texto justificado.

S El manuscrito debe tener una extensión máxima de 10.000 palabras (artículos de más palabras serán considerados excepcionalmente), incluidos el título, resumen, palabras clave, notas al pie, lista de referencia y anexos.

S La primera página debe incluir el título del artículo, un resumen de máximo 120 palabras (el resumen debe ser claro y preciso) y un listado de cuatro a siete palabras clave. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en el Thesarurus de la Unesco (http://databases.unesco.org/thesso/) para se-leccionar estas palabras. Si es posible, incluir también el título, el resumen y las palabras clave en los otros dos idio-mas de publicación de la Revista.

S Después de esta primera página de pre-sentación, el artículo debe comenzar. Recuerde escribir el documento si-guiendo las normas gramaticales y de sintaxis del idioma en el que escribe. Use un lenguaje académico accesible a diferentes públicos.

S La información sobre el (los) autor(es) debe incluirse en un documento apar-te con la siguiente información: nom-bre completo, nacionalidad, dirección de correo, títulos académicos, afilia-ción institucional actual, grupos de investigación, líneas de investigación y publicaciones recientes en libros y/o revistas. En este documento también se debe indicar el origen del artículo y su fuente financiación.

Normas para los autores

233

Normas para los autores

S Todas las tablas, gráficas, cuadros o imágenes que se incluyan en los ar-tículos deben ser autoexplicativos, claros y pertinentes; deben estar titu-lados, numerados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Por motivos de diagramación, recomendamos que las tablas, gráficas y cuadros se adjunten en un documento aparte en formato Excel. Las imágenes se deben entregar en formato digital (.jpg o .riff 300 y dpi 240). Es responsabilidad del autor con-seguir y entregar a la Revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran.

S Los manuscritos deben ser enviados al correo [email protected] o remitidos por medio de la herramienta “Presentar artículo” dis-ponible en la página web de la Revista.

Normas editoriales

S Las divisiones en el cuerpo del texto (secciones principales) deben ir nume-radas en números arábigos, excepto la introducción y la conclusión; las subdi-visiones (secciones secundarias) deben ir numeradas con letras minúsculas. Recuerde aplicar sangría a cada párrafo.

S Los términos en latín y las palabras extranjeras deben estar en letra itálica. Evite el uso excesivo de itálicas a lo largo del texto.

S La primera vez que se use una abrevia-tura debe ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará la abreviatura.

S Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarles en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos.

S Las notas de pie de página deben apare-cer en números arábigos.

S Indique claramente en el texto el lu-gar donde debe ir cada cuadro/tabla/imagen/gráfico.

S Al final del artículo deben presentarse todas las referencias usadas en el tex-to. Colombia Internacional utiliza una adaptación del Chicago Manual of Style para presentar las citas y referencias. Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos y la información necesaria requerida. El listado biblio-gráfico debe incluir las referencias que han sido citadas en el texto (no incluir títulos no referenciados), enumera-das y dispuestas en orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos de los autores y/o editores en cada una de las referencias. A conti-nuación se presentan algunos ejemplos de referencia (recuerde tener en cuenta las reglas ortográficas del idioma en el que escribe).

Libros:De un solo autor:Apellido(s), Nombre. Año. Título completo. Ciudad: Editorial.

Sáenz Rovner, Eduardo. 1992. La ofen-siva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo.

Dos o más autores:Apellido(s), Nombre y Nombre Apellido(s). Año. Título completo. Ciudad: Editorial.

Frieden, Jeffry, Paul Williams y David Lake. 2000. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford.

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Nota: recuerde que al citar un libro con tres o más autores en el cuerpo del tex-to, la primera vez debe incluir el apellido de todos los autores (Frieden, Williams y Lake 2000). La segunda vez sólo debe escribir el apellido del autor principal seguido de “et al.” y el año de publicación (Frieden et al. 2000).

Capítulo en libroApellido(s), Nombre. Año. Título com-pleto capítulo. En Título completo libro, ed(s). Nombre Apellido(s) editor(es), pp. Ciudad: Editorial.

Gómez, Hernando José y Javier Gamboa. 2010. Colombia Trade Policy-Making. En Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally?, eds. Ann Capling y Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press.

Artículo en revistaApellido(s), Nombre. Año. Título artículo. Nombre revista Vol (No.): pp.

Edwards, Sebastian. 1998. Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know? The Economic Journal 23 (3): 383-398.

Artículo en prensaApellido(s), Nombre. Año. Título noticia. Medio, fecha publicación.Medio. Año. Título noticia. Fecha publicación

Coronell, Daniel. 2014. La versión de Jota Jota. Semana, 10 de mayo de 2014.

Semana. 2014. Así se cocinó el acuer-do Progresistas-Santos. 13 de mayo de 2014.

Publicaciones en internetApellido(s), Nombre. Año. Título del ar-tículo/archivo. Información adicional. [En línea] URL

Oxfam. 2011. US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development. [En línea] http://www.oxfamamerica.org/press/us-colombia-free-trade-agreement-a-step-back-for-development/

Francois, Joseph, Badri Narayanan Gopalakrishnan, Hanna Norberg, Guido Porto, and Terrie Walmsley. 2012. Assessing the Economic Impact of the Trade Agreement between the European Union and Signatory Countries of the Andean Community (Columbia and Peru). Centre for Economic Policy Research (CEPR). [En línea] http://tra-de.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/sept-ember/tradoc_149939.pdf

Nota: si tiene dudas sobre como referenciar otro tipo de documentos, in-cluya toda la información necesaria para identificar la fuente.

Recuerde que al citar dentro del texto debe incluir el apellido del autor, el año y la página (de ser una referencia tex-tual), eg., (Novoa 2011, 14). Si es claro quién es el autor, solo incluya el año y la página (de ser una referencia textual), eg., “Novoa argumenta que es necesario mejorar el con-trol fiscal (2011, 67)”.

235

Publication and Authorship

Colombia Internacional is the academic publication of the Department of Political Sciences in the Faculty of Social Sciences at the Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), the institution that provides it with financial support. The journal’s office is located in the Franco Building (G-335) on the university campus; the website is http://colombiainternacional.uniandes.edu.co; the email address is http://colombiainternacio-nal.uniandes.edu.co; and the contact tele-phone number is 3394999, extension 3046.

The journal’s structure is as fol-lows: an editorial team —including a general director, a general editor and an editorial assistant— , an editorial com-mittee, a scientific committee and an ad-ministrative and technical support team, which together guarantee the quality and relevance of the publication’s content. The members are evaluated biannually based on their prestige in their area of work and their academic output in other national and international journals and academic publications.

The articles submitted to Colombia Internacional must be original and unpub-lished and should not simultaneously be un-dergoing an evaluation process or have any editorial commitments with another publica-tion. If a manuscript is accepted, the editorial team will expect it to appear in the journal before appearing in any other publication, either partially or entirely. If the author of an article published in the Journal later wishes to include it in another publica-tion, the journal, edited volume or book

in question must clearly state the details of its original publication, i.e. Colombia Internacional, after receiving authorization from the Journal’s editor. Similarly, when the Journal is interested in reproducing a previously published article, it commits to requesting the relevant authorization from the publisher where it appeared for the first time.

Author Responsibilities

The authors must submit their articles using the link available on the journal’s website and/or by emailing it to [email protected] during the timeframe established for the submission for articles (call for papers). The Journal has publicly available guidelines for au-thors, with information about the require-ments for the presentation of articles as well as editorial rules and instructions. The guidelines can be found at http://co-lombiainternacional.uniandes.edu.co/page.php.?c=Normas+para+los+autores or at the end of the printed version of the Journal.

Although the editorial team is re-sponsible for approving the articles based on the criteria of quality, accuracy and thoroughness of research, taking into ac-count the reviews carried out by anony-mous peers, the authors are responsible for all the ideas expressed in the articles, as well as for their suitability on an ethi-cal level. The authors must explicitly state that the text is of their own authorship and that the intellectual property rights of third parties are respected in the article. It is also the author’s responsibility to ensure

Ethical Guidelines

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that they have permission to use, reproduce and print any material that is not owned or created by them (tables, graphs, maps, diagrams, photographs, etc.).

The authors agree to submit their texts to an external peer review and com-mit to take these observations, and those of the editorial team, into account when revis-ing the document. These revisions should be made within the timeframe communi-cated to the author by the editorial team. After the Journal receives the revised ar-ticle, the author will be informed regarding its definitive approval. If a text submitted to Colombia Internacional is not accepted for publication, the editorial team will send a written notice to the author explaining the reasons behind this decision. During the editing process, the editorial team may consult the authors to resolve any uncer-tainties. During the reviewing and editing processes, the main form of contact be-tween the Journal and the authors will be by email.

The editorial team reserves the right to have the final word regarding the publication of an article and the issue in which it will be published. The article will be published on the stated date as long as the author submits all the required doc-umentation during the established time-frame. The Journal reserves the right to make copyediting changes to the document before publication.

The authors of the accepted texts must authorize the Universidad de los Andes to make use of the copyrights (re-production, public communication, trans-formation and distribution), by signing the “Use of intellectual property rights autho-rization document”, in order for the text to be included in Colombia Internacional (printed and electronic versions). On this

same document the authors must confirm that the text is of their own authorship and that they respect the intellectual property rights of third parties.

Peer Review/Peer Reviewer Responsibilities

When an article is received, the editorial team evaluates it to see whether it complies with the basic requirements demanded by the Journal. The editorial team establishes the first filtering process; this takes into account aspects such as the format, qual-ity and relevance of the document. After this first review, and based on the com-ments and suggestions of the members of the editorial and scientific committees, the selected articles will begin a further re-view process. In this case, the articles are submitted to a peer review by anonymous academics, as well as to the views of the editorial team. The result will be commu-nicated to the author within six months of receiving the article. If the evaluation process lasts longer than this, the editorial team must inform the author.

All articles that pass the initial re-view filter will be submitted to a further judging process carried out by anonymous reviewers, who will make suggestions/com-ments to the author and highlight signifi-cant references that have not been included in the paper. These readers are usually ex-ternal to the institution, and are chosen on the basis that they should have no conflict of interest in terms of the topics they will be reviewing. If there is any doubt in this area, another reviewer will be found.

The Journal has an evaluation form that includes questions with carefully de-fined criteria. The reviewers are respon-sible for recommending whether the article

237

Ethical Guidelines

under review should be accepted, rejected or approved with changes. During the evaluation process, both the names of the authors and the names of the reviewers are kept strictly anonymous.

Editorial Responsibilities

The editorial team, along with the editorial and scientific committees, is responsible for defining the editorial policies in order for the Journal to meet the necessary standards to ensure its positioning as a renowned aca-demic publication. The continuous revision of these parameters guarantees that the Journal will continue to improve and satisfy the expectations of the academic commu-nity. As well as publishing these editorial rules, which authors are expected to fol-low, the journal commits to publishing any corrections, clarifications, rectifications and justifications as the situation requires.

The editorial team is responsible for selecting the best articles for publi-cation. This selection process is based on recommendations made during the evaluation process and the process of editing the article, taking into account the criteria of quality, relevance, origi-nality and the contribution it makes to the author’s field. Similarly, if an article

is rejected, the justification given to the author must focus on these same as-pects. The editorial team is responsible for overseeing the editorial process of all the articles submitted to the Journal, and must develop confidentiality mechanisms during the peer review process until the articles are published or rejected.

When the Journal receives com-plaints of any kind, the editorial team should respond promptly, in accordance with the rules established by the publica-tion. If the complaint is found to be worth-while, the editorial team must ensure that an appropriate investigation is carried out in order to rapidly resolve the problem. If a lack of accuracy or an error of published content is identified, the editorial team will be consulted and the relevant corrections and/or clarifications will be made on the Journal’s website.

As soon as an issue of the Journal is published, the editorial team is respon-sible for disseminating and distributing that issue among its collaborators, re-viewers and the entities with which ex-change agreements have been established, as well as with the relevant national and international repositories and indexing systems. Additionally, the editorial team is responsible for sending the Journal to its active subscribers.

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Article Submission

Colombia Internacional publishes unpub-lished articles which present the results of research, theoretical and/or methodological innovation and bibliographical reviews in the fields of Political Science and International Relations written in Spanish, English or Portuguese. Colombia Internacional uses a plagiarism detection tool to check the origi-nality of the documents submitted to review; if it is discovered that the article or parts of it have been extracted from other work without the appropriate referencing, the author will be notified and the process of rejecting the document will begin. The dates for receiving articles on open topics and/or for special edi-tions will be communicated in the relevant calls for papers, which will be published on the Journal’s website and distributed via an email mailing list created for this purpose. If you would like to know when the calls for papers will open and what the topics will be, email [email protected] to be included on the mailing list.

Below you will find a list of the characteristics required by manuscripts be-ing submitted for publication. The journal’s editorial team asks the authors to keep these recommendations in mind in order to facili-tate the evaluation and editing process.

The manuscript should be present-ed in a file compatible with Word, Letter size paper (21.59 cm x 27.54 cm), with 3 cm margins, using Times New Roman size 12, single spacing, 0 point separation between paragraphs and justified text. Footnotes should be in Times New Roman size 10, with single spacing and justified text.

S The manuscript should have a maxi-mum word count of 10,000 words (longer articles will be considered in exceptional cases), including the title, abstract, keywords, footnotes, bibliog-raphy and appendices.

S The first page should include the title of the article, an abstract with a maximum of 120 words (the abstract should be clear and precise) and a list of four to seven key words. We recommend that you should check the terms and hierar-chies established in Unesco’s Thesaurus (http://databases.unesco.org/thesso/) to help you select these words. If pos-sible, you should also include the title, abstract and keywords in the Journal’s other two publication languages.

S After this first presentation page, the ar-ticle should begin. Remember to follow the rules of grammar and syntax of the language in which you are writing the document. Use academic language that will be accessible to different audiences.

S The author information should be includ-ed in a separate document and should include the following information: full name, nationality, email address, aca-demic titles, current institutional affilia-tion, research groups, areas of research and recent publications in books and/or journals. In this document you should also indicate the origin of the article and its source of finance.

S All tables, graphs, charts and images in-cluded in the articles should be self-ex-planatory, clear and relevant; they should have titles, be listed in a numbered se-quence and be accompanied by their

Guidelines for Authors

239

Guidelines for Authors

respective image credit and source(s). For design purposes, we recommend that the tables, graphs and charts should be attached in a separate Excel document. The images should be submitted in digi-tal format (.jpg o .riff 300 and 240 dpi). It is the responsibility of the author to obtain permission to publish the images required for the article and to submit this permission to the Journal.

S The manuscripts should be emailed to [email protected] or sent using the “Presentar artículo” (Submit article) online tool available on the Journal’s website.

Editorial Guidelines

S Divisions in the body of the text (main sections) should be listed with Arabic numerals, except for the introduction and the conclusion; the subdivisions (secondary sections) should be listed with lower case letters. Remember to indent every new paragraph.

S Latin terms and foreign words should be written in italics. Avoid the excess use of italics throughout the text.

S The first time that you use an abbrevia-tion it should be included in brackets after the full term; after this you should use only the abbreviation.

S Textual quotes longer than four lines should be written in long quote form, with single spacing, size 11 font and reduced margins.

S Footnotes should be used with Arabic numerals.

S State clearly in the text where each chart/table/image/graph should be placed.

S All the references used in the text should be presented at the end of the article. Colombia Internacional uses an

adaptation of the Chicago Manual of Style to present quotes and references. You should take into account the details of required punctuation and other nec-essary information when writing your article. The bibliography should include all references cited in the text (it should not include any that were not refer-enced), listed in alphabetical order. It is essential to include the complete names of the authors and/or editors for each of the references. Below you will find some referencing examples (remember to keep in mind the rules of spelling in the language in which you are writing).

Books:By a single author:Surname(s), Name. Year. Complete title. City: Publisher.


Two or more authors:Surname(s), Name and Name Surname(s). Year. Complete title. City: Publisher.

Frieden, Jeffry, Paul Williams, and David Lake. 2000. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford.

Note: remember that when you first cite a book with three or more authors in the body of the text, you should include the surnames of all of the authors (Frieden, Williams, and Lake 2000). The second time you should only write the name of the main author, followed by “et al.” and the year of publication (Frieden et al. 2000).

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Chapter in BookSurname(s), Name. Year. Complete Title of Chapter. In Complete Title of Book, ed(s). Name Surname(s) of editor(s), pp. City: Publisher.

Gómez, Hernando José, and Javier Gamboa. 2010. Colombia Trade Policy-Making. In Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally?, eds. Ann Capling and Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press.

Journal ArticleSurname(s), Name. Year. Article Title. Journal Title Vol (No.): pp.


Press ArticleSurname(s), Name. Year. Headline. Publication, date of publication. Publication. Year. Headline. Date of publication.

Coronell, Daniel. 2014. La versión de Jota Jota. Semana, 10 de mayo de 2014.

Semana. 2014. Así se cocinó el acuerdo Progresistas-Santos. 13 de mayo de 2014.

Online PublicationsSurname(s), Name. Year. Title of article/file. Additional information. [Online] URL

Oxfam. 2011. US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development. [Online] http://www.oxfamamerica.org/press/us-colombia-free-trade-agreement-a-step-back-for-development/

Francois, Joseph, Badri Narayanan Gopalakrishnan, Hanna Norberg, Guido Porto, and Terrie Walmsley. 2012. Assessing the Economic Impact of the Trade Agreement between the European Union and Signatory Countries of the Andean Community (Columbia and Peru). Centre for Economic Policy Research (CEPR). [Online] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf

Note: if you are unsure about how to reference any type of document, include all the information necessary for the source to be identified.

Remember that when citing a ref-erence within the text of an article you should include the name of the author, the year and the page number (in the case of textual references), eg. (Novoa 2011, 14). If it is clear which author is being referenced, you should only include the year and the page number (in the case of textual referen-ces), eg. “Novoa argues that it is necessary to improve fiscal control” (2011, 67).

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Publicação e autoria

A Colombia Internacional é a publicação acadêmica do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Los Andes (Bogotá, Colômbia), instituição encarregada de seu suporte financeiro. O escritório da Revista está localizado no Edifício Franco (G-335) —campus universitário—; a página web é http://colombiainternacional.uniandes.edu.co; o e-mail é [email protected] e o telefone é (57 1) 339-4999, ramal 3046.

A Revista tem a seguinte estrutura: uma equipe editorial —composta por um diretor(a) geral, um editor(a) geral e um as-sistente editorial—, um comitê editorial, um comitê científico e uma equipe de suporte ad-ministrativo e técnico que garante a qualida-de e pertinência dos conteúdos da publicação. Os membros são avaliados bianualmente em função de seu prestígio em sua disciplina de trabalho e sua produção acadêmica em outras revistas e publicações acadêmicas nacionais e internacionais.

Os artigos apresentados à Colombia Internacional devem ser originais e iné-ditos e não devem estar simultaneamente em processo de avaliação nem ter com-promissos editoriais com outra publicação. Se o artigo for aceito, a equipe editorial espera que seu aparecimento anteceda a qualquer outra publicação total ou parcial deste. Se o autor de um artigo publicado na Revista quiser incluí-lo posteriormente em outra publicação, a revista, compilação ou livro em que se publicar deverá indicar claramente os dados da publicação original,

isto é, Colombia Internacional, com auto-rização prévia do editor da Revista. Além disso, quando a Revista tiver interesse em reproduzir um artigo previamente publica-do, compromete-se a solicitar a autorização correspondente à editora na qual apareceu pela primeira vez.

Responsabilidades do autor

Os autores devem remitir os artigos por meio do link disponível na página web da Revista e/ou enviá-lo ao e-mail: [email protected] nas datas estabelecidas para a recepção dos artigos (editais). A Revista tem pautas de acesso público para os autores, com os requisitos para a apresentação de artigos e as normas e instruções editorais. As pau-tas podem ser consultadas em: http://co-lombiainternacional.uniandes.edu.co/page.php.?c=Normas+para+los+autores ou ao final da versão impressa da Revista.

Embora a equipe editorial seja a responsável pela aprovação dos artigos com base em critérios de qualidade, rigorosida-de investigativa e considere as avaliações realizadas por pares anônimos, os autores são os responsáveis pelas ideias neles ex-pressas, bem como pela idoneidade ética do artigo. Os autores têm que deixar explícito que o texto é de sua autoria e que neste se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Também é respon-sabilidade dos autores ter as autorizações para usar, reproduzir e imprimir o material que não seja de sua propriedade/autoria (quadros, gráficos, mapas, diagramas, fo-tografias etc.).

Guia de políticas éticas

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Os autores aceitam submeter os textos à avaliação de pares externos e comprometem-se a considerar suas observações, bem como as da equipe editorial no momento de revisar o do-cumento. Essas modificações deverão ser realizadas no prazo que a equipe editorial indicar ao autor. Depois que a Revista receber o artigo modificado, o autor será informado sobre sua apro-vação definitiva. Quando os textos sub-metidos à Colombia Internacional não são aceitos para publicação, a equipe editorial enviará uma notificação escrita ao autor, na qual se explicarão os moti-vos dessa decisão. Durante o processo de edição, a equipe editorial pode consultar o autor para resolver dúvidas. No pro-cesso de avaliação e de edição, o e-mail é o meio de comunicação privilegiado entre a Revista e o autor.

A equipe editorial se reserva a úl-tima palavra sobre a publicação de um artigo e o número no qual será publicado. Essa data se cumprirá contanto que o autor entregue toda a documentação solicitada no prazo indicado. A Revista se reserva o direito de fazer correções de estilo no do-cumento antes de sua publicação.

Os autores dos textos aceitos de-vem autorizar a Universidade de Los Andes a usar os direitos patrimoniais do autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição), mediante a assinatura do documen-to “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectu-al”, para incluir o texto na Colombia Internacional (versão impressa e ele-trônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Revisão por pares/responsabilidades dos avaliadores

Quando se receber um artigo, a equipe edi-torial avalia se este cumpre com os requisi-tos básicos exigidos pela Revista. A equipe editorial estabelece o primeiro filtro; para esse processo, consideram-se aspectos sobre a formatação, a qualidade e a pertinência do documento. Depois dessa primeira revi-são e a partir dos comentários e sugestões dos membros do comitê editorial e científi-co, selecionam-se os artigos que iniciarão o processo de arbitragem. Os textos são, nessa instância, submetidos à avaliação de pares acadêmicos anônimos e ao conceito da equi-pe editorial. O resultado será comunicado ao autor em um período de até seis meses a par-tir da recepção do artigo. Quando o processo de avaliação ultrapassar esse prazo, a equipe editorial deverá informar ao autor.

Todos os artigos que passarem o pri-meiro filtro de avaliação serão submetidos a um processo de arbitragem a cargo de avaliadores anônimos, os quais poderão fazer sugestões/comentários ao autor e indicar re-ferências significativas que não tenham sido incluídas no trabalho. Esses leitores são, em sua maioria, externos à instituição e, em sua eleição, a Revista busca que não tenham con-flitos de interesse com os temas sobre os quais devem arbitrar. Ante qualquer dúvida, outro avaliador será contatado.

A Revista tem uma formatação de avaliação que inclui perguntas com crité-rios cuidadosamente definidos. Os avalia-dores têm a responsabilidade de sugerir a aceitação, recusa ou aprovação com mo-dificações do artigo arbitrado. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto os dos avaliadores serão mantidos em anonimato.

243

Guia de políticas éticas

Responsabilidades editoriais

A equipe editorial, junto com os comitês editorial e científico, é responsável pe-la definição das políticas editoriais para que a Revista cumpra com os padrões que permitam seu posicionamento como uma reconhecida publicação acadêmica. A revisão contínua desses parâmetros ga-rante que a Revista melhore e satisfaça as expectativas da comunidade acadêmica. Assim como a Revista publica normas editoriais que se esperam ser cumpridas, também se compromete a publicar corre-ções, esclarecimentos, retificações e dar justificativas quando for necessário.

A equipe editorial é responsável pela seleção dos melhores artigos para a publicação. Essa seleção se faz com base nas recomendações derivadas do proces-so de avaliação e do processo de revisão editorial do artigo; consideram-se crité-rios de qualidade, relevância, originalida-de e contribuição para a disciplina. Nesse sentido, quando um artigo é recusado, a justificativa que se dá ao autor deve es-tar orientada a esses aspectos. A equipe editorial é responsável por controlar o

processo editorial de todos os artigos que se postularem à Revista e deve desen-volver mecanismos de confidencialidade durante o processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa.

Quando a Revista receber reclama-ções de qualquer tipo, a equipe editorial de-ve responder brevemente, de acordo com as normas estabelecidas pela publicação; caso a reclamação tenha fundamento, a equipe deve garantir que se realize a adequada investigação para que seja resolvido o pro-blema rapidamente. Quando se reconhecer uma falta de exatidão ou um erro num conteúdo publicado, o comitê editorial será consultado e as correções e/ou esclareci-mentos serão divulgados na página web da Revista.

Assim que um número da Revista for publicado, a equipe editorial é respon-sável pela difusão e distribuição entre os colaboradores, avaliadores e entidades com as quais se tenham estabelecido acordos de intercâmbio, bem como entre os repo-sitórios e sistemas de indexação nacionais e internacionais. Além disso, a equipe edi-torial é a encarregada de fazer os envios da Revista aos seus assinantes.

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Apresentação de artigos

A Colombia Internacional publica artigos iné-ditos que apresentarem resultados de pes-quisa, inovações teóricas e/ou metodológicas e revisões bibliográficas nas disciplinas da Ciência Política e as Relações Internacionais escritos em espanhol, inglês ou português. A Colombia Internacional usa uma ferramenta de detecção de plágio para verificar a ori-ginalidade dos documentos submetidos à avaliação; caso se comprove que o artigo ou partes dele foram extraídos de outros traba-lhos sem a apropriada referência, o autor será notificado e o documento, recusado. As datas de recepção de artigos de Tema Aberto e/ou para os números monográficos se informam nos respectivos editais, os quais são publica-dos na página web da Revista e distribuem-se por meio de uma lista de e-mails disposta para isso. Se tiver interesse em saber quando se abrem e/ou quais são os temas dos editais, envie um e-mail a [email protected] para ser incluído na lista especial de e-mails.

A seguir, são relacionadas as carac-terísticas que devem ter os manuscritos que se apresentam para publicação. A equipe editorial da Revista pede aos autores consi-derar estas recomendações para facilitar o processo de avaliação e de edição. S O manuscrito deve ser apresentado

num arquivo compatível com Word, em tamanho carta (21,59 cm x 27,54 cm), com margens de 3 cm, letra Times New Roman tamanho 12, entrelinhas simples, separação entre parágrafos de 0 pontos e texto justificado. As notas de rodapé devem estar em Times New

Roman tamanho 10, entrelinhas simples e texto justificado.

S O texto deve ter uma extensão máxima de 10 mil palavras (artigos com mais palavras serão considerados excepcio-nalmente), incluídos título, resumo, palavras-chave, notas de rodapé, lista de referência e anexos.

S A primeira página deve incluir o título do artigo, um resumo de máximo 120 palavras (o qual deve ser claro e preciso) e uma lista de quatro a sete palavras--chave. Recomenda-se revisar os termos e hierarquias estabelecidos no Thesarurus da Unesco (http://databases.unesco.org/thesso/) para selecionar essas palavras. Se for possível, incluir também o título, o resumo e as palavras-chave nos outros dois idiomas de publicação da Revista.

S Depois dessa primeira página de apre-sentação, o artigo deve começar. O texto deve estar adequado às normas gramaticais da respectiva língua, mas com uma linguagem acadêmica acessí-vel a diferentes públicos.

S A informação sobre o(s) autor(es) deve ser incluída num documento separado. Informar: nome completo, nacionalidade, endereço e e-mail, títulos acadêmicos, afi-liação institucional atual, grupos de pesqui-sa, linhas de pesquisa e publicações recentes em livros e/ou revistas. Nesse documento, também se devem indicar a origem do artigo e sua fonte de financiamento.

S Todas as tabelas, gráficos, quadros ou imagens que aparecerem no artigo de-vem ser autoexplicativos e acompa-nhados por suas respectivas legenda e fonte. Por motivos de diagramação,

Instruções para os autores

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Instruções para os autores

recomendamos que as tabelas, gráficos e quadros se anexem em um documento separado em formato Excel. As imagens devem ser entregues em formato digital (.jpg ou .riff 300 e dpi 240). O autor é responsável por conseguir e entregar à Revista a permissão para a publicação das imagens que a requererem.

S Os artigos devem ser enviados ao e-mail [email protected] ou remitidos por meio da ferramenta “Presentar artículo” (Apresentar artigo) disponível na página web da Revista.

Normas editoriais

S As divisões no corpo do texto (seções principais) devem ser enumeradas em números arábicos, exceto a introdução e a conclusão; as subdivisões (seções se-cundárias) devem ser enumeradas com letras minúsculas. Além disso, deve-se aplicar tabulação a cada parágrafo.

S Os termos em latim e as palavras estran-geiras devem estar em itálico. Contudo, evite o uso excessivo de itálico ao longo do texto.

S A primeira vez que se usar uma abre-viatura deve estar entre parênteses de-pois da fórmula completa; nas demais citações, usar somente a abreviatura.

S As citações textuais que ultrapassarem quatro linhas devem ser colocadas na formatação de citação longa, com en-trelinha simples, tamanho de letra 11 e margens reduzidas.

S As notas de rodapé devem aparecer em números arábicos.

S Indique claramente no texto o lugar onde deve ir cada quadro/tabela/imagem/gráfico.

S Ao final do artigo, devem ser apresenta-das todas as referências usadas no texto.

A Colombia Internacional utiliza uma adaptação do Chicago Manual of Style para apresentar as citações e referências. Devem ser considerados os detalhes de pontuação exigidos e a informação neces-sária requerida. A lista bibliográfica deve incluir as referências que foram citadas no texto (não incluir títulos não referencia-dos), enumeradas e dispostas em ordem alfabética. É indispensável incluir os no-mes completos dos autores e/ou editores em cada uma das referências. A seguir, apresentam-se alguns exemplos de refe-rência (utilizar as regras ortográficas do idioma em que se escreve).

Livros:De um só autor:Sobrenome(s), Nome. Ano. Título completo. Cidade: Editora.


Dois ou mais autores:Sobrenome(s), Nome e Nome Sobrenome(s). Ano. Título completo. Cidade: Editora.

Frieden, Jeffry, Paul Williams e David Lake. 2000. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford.

Lembrete: ao citar um livro com três ou mais autores no corpo do texto, na primeira vez deve incluir o sobrenome de todos os autores (Frieden, Williams e Lake 2000). Na segunda, somente deve escrever o sobrenome do autor principal seguido de “et al.” e o ano de publicação (Frieden et al. 2000).

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Capítulo de um livroSobrenome(s), Nome. Ano. Título comple-to do capítulo. Em Título completo do livro, ed(s). Nome Sobrenome(s) editor(es), pp. Cidade: Editora.

Gómez, Hernando José e Javier Gamboa. 2010. Colombia Trade Policy-Making. Em Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally?, eds. Ann Capling e Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press.

Artigo em revistaSobrenome(s), Nome. Ano. Título do arti-go. Nome da revista volume (número): pp.


Artigo em imprensaSobrenome(s), Nome. Ano. Título da notí-cia. Meio, data da publicação.Meio. Ano. Título da notícia. Data da publicação.

Coronell, Daniel. 2014. La versión de Jota Jota. Semana, 10 de maio de 2014.

Semana. 2014. Así se cocinó el acuerdo Progresistas-Santos. 13 de maio de 2014.

Publicações na internetSobrenome(s), Nome. Ano. Título do artigo/arquivo. Informação adicional. [On-line] URL

Oxfam. 2011. US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development. [On-line] http://www.oxfamamerica.org/press/us-colombia-free-trade-agreement--a-step-back-for-development/

Francois, Joseph, Badri Narayanan Gopalakrishnan, Hanna Norberg, Guido Porto e Terrie Walmsley. 2012. Assessing the Economic Impact of the Trade Agreement between the European Union and Signatory Countries of the Andean Community (Columbia and Peru). Centre for Economic Policy Research (CEPR). [On-line] http://tra-de.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/sep-tember/tradoc_149939.pdf

Lembrete: se tiver dúvidas sobre como referenciar outro tipo de documento, inclua toda a informação necessária para identificar a fonte.

Ao citar dentro do texto de um arti-go, o autor deve incluir o sobrenome do autor citado, o ano e a página (quando for uma referência textual). Por exemplo: (Novoa 2011, 14). Se for claro quem é o autor, só inclua o ano e a página (quando for uma referência textual). Por exemplo: Novoa argumenta que é preciso melhorar o controle fiscal (2011, 67).

Colombia InternacionalR E V I S TA D E L D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A

FA C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S • U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S

ConvocatoriaLa revista Colombia Internacional invita la comunidad académica a participar en su

próxima convocatoria sobre Perfiles de las élites políticas latinoamericanasEste número monográfico busca contribuir al debate académico sobre las características

y perfiles de las élites políticas latinoamericanas. Con este propósito, animamos a los interesa-dos a enviar trabajos que realicen un mapeo de los perfiles de los gobernantes/parlamentarios latinoamericanos para poder vincular estos datos con dos temas conexos: i) la representación/representatividad de las elites políticas latinoamericanas y ii) su efecto sobre la calidad de la democracia en la región. Entonces, y con el fin de discutir sobre los problemas derivados de la supuesta “crisis de la representación”, se espera que los artículos consideren en su desarrollo temas tan relevantes y actuales como las cuestiones de género, raza, igualdad/desigualdad so-cial, formación académica, capital social, ideología, entre otros. En términos globales, se espera determinar quiénes integran las élites políticas latinoamericanas y cuáles son los determinantes explicativos del porqué estas élites son las que son, en el Ejecutivo (presidentes, vicepresidentes y ministros) y el Legislativo (parlamentarios —diputados y senadores—).

Los trabajos pueden tener enfoques de investigación cualitativos, cuantitativos o mix-tos, y se espera que procuren, entre otros:

i. mostrar si existe alguna relación con el sistema electoral (“mayoritario” para presi-dente; y proporcional, mixto, de lista abierta/cerrada, para el Congreso). También se insiste, particularmente, en el caso de los parlamentarios: el estudio cruzado de diputados y senadores con el objetivo de determinar la existencia de diferencia de perfiles entre miembros de las diferentes cámaras;

ii. analizar el perfil de las elites, por medio del rastreo de su formación (académica, profesional...), de sus capitales sociales, económicos y culturales;

iii. analizar la trayectoria de los personeros por medio de su experiencia política y participación política (cargos previos, militancia, posición en el/los partido(s), y

iv. mostrar preferencias ideológicas de las elites y su impacto en las transformaciones políticas y sociales de cada país.

Este número monográfico será coordinado por Dr. Adrián Albala (Universidade de São Paulo), y las consultas sobre aspectos de contenido de los artículos se pueden dirigir él ([email protected]).

Periodo de recepción de artículos: del 1 al 30 de octubre de 2015

Colombia Internacional también publica reseñas, ensayos bibliográficos o documentos breves de investigación con orientación crítica sobre temas propios de la disciplina. Les recor-damos que también recibimos artículos de interés general para las otras secciones de la Revista.

Durante el periodo de la convocatoria podrán remitir sus manuscritos a través del enla-ce habilitado en la página electrónica de la revista o enviarlos directamente al correo electrónico [email protected]

Consulte las normas editoriales y criterios de presentación de artículos disponiblesen el sitio web de revista (https:// http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/).

Instrucciones para los autores, disponibles en: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/page.php?c=Normas+para+los+autores

DESAFÍOS • NÚMERO 27-I• PP. 9-242 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO • BOGOTÁ

Sección general

Cosmopolitismo y las barreras insalvables de la cultura y los gustos en La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max WeberLuis Fernando Bustamante Zapata

Aspectos interventores en la participación política y electoral de jóvenes. Una reflexión sobre la información, interacción y difusión de contenidos en redes sociales para futuras investigaciones en SantanderCarlos Alberto Durán Sánchez

La ciencia de la transdisciplinariedad o la política compleja. (Las fronteras entre el derecho y la política)Elvio Galati

Crítica al control jerárquico de los regímenes políticos: complejidad y topologíaNathalie Mezza-García, Carlos Eduardo Maldonado

Indigeneidad en la política exterior de Bolivia en el gobierno de Evo Morales (2006-2014)Amaya Querejazu Escobari

Volviendo a las fábricas recuperadas en Argentina - Reflexiones tras una década de control de los trabajadoresAaron Tauss

Documentos de reflexión

Hannah Arendt. Sus ideas cambian el mundo. Una película de Margarethe von TrottaAndrea Ebbecke-NohlenDieter Nohlen

Reseñas

La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria de mandato en América Latina, Estados Unidos y SuizaWelp, Y., & Serdült, U. (Coords.)Quito: Consejo Nacional Electoral - Instituto de la Democracia2014, 272 p.Facundo Cruz

Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and PlayJames C. ScottPrinceton, N.J.: Princeton University Press2012, 169 p.Daniela Ferro Astaiza

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Una publicación de la Facultad de Derecho y Ciencias SocialesUniversidad Icesi

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Ética, democracia y sociedad

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I S S N 2 0 1 1 - 0 3 2 4

R e v i s t a e n C i e n c i a s S o c i a l e s

No. 13

[ Hernán Fair ]Lo ético-político en las democracias contemporáneas. Re�exiones críticas en torno al dé�cit normativo en la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau

[ Carlos Andrés Duque Acosta ]La ética del discurso ante el desafío del (neo)populismo en Latinoamérica y la radicalización de la democracia

[ Hernán Medina Botero ]Diálogo e inclusión:una decisión moral

[ Edwin Villamil ]Ciudadanía protestante y disidencia moral: el papel de la prensa religiosa en el debate sobre las libertades religiosas durante 1946 y 1953

[ Yenni Viviana Duque Orozco y Diana Fernanda Vargas Bernal ]Una mirada a las prácticas de anticorrupción de las organizaciones adheridas al Pacto Global en Colombia

[ Rodrigo J. Ocampo G. ]Obligaciones morales con seres no humanos

[ María del Pilar López Rodríguez ]Democratización de la educación superior en Colombia: un análisis exploratorio

[ Luis Alberto Carmona Sanchéz ]Aportes para una interpretación de la ética de las consecuencias en vista de un proyecto de ciudadanía

[ Gerald C. MacCallum, Jr. ]Libertad positiva y negativa

[ Jaime Amparo Alves ]I’ve killed and I’ve robbed. I’m a man!: �e Brazilian Racialized ImagiNation and the Making of Black Masculinity in “City of God”

[ Aurora Vergara Figueroa ]Cuerpos y territorios vaciados ¿En qué consiste el paradigma de la diferencia? ¿Cómo pensamos la diferencia?

[ Rafael Silva Vega ]La suerte de un clásico: el caso de �omas Humphrey Marshall

Colombia Internacional tiene una periodicidad cuatrimestral de publicación.

El tiraje por número es de 500 ejemplares, y cada ejemplar tiene un costo de $ 20.000, sin contar costos de envío. La

Revista se imprime en papel Book Cream 59.2 gr, dimensiones de 15 cm x 22,5 cm. Este número tiene 256 páginas.

La Revista se terminó de imprimir en el mes de junio de 2015

SuscripcionesLibrería Universidad de los Andes

Carrera 1ª No. 19-27Bogotá, Colombia

+57 1 339 4949, extensión 2071http://libreria.uniandes.edu.co

DistribuciónSiglo del Hombre EditoresCarrera 32 No. 25-46Bogotá, Colombia+57 1 337 7700www.siglodelhombre.com

CanjesDepartamento de Ciencia Política

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Bogotá, ColombiaEdificio Franco, oficina 335

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