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Chile desde la Independencia

Leslie Bethell (Editora)

UCSH

2009

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© Cambridge University Press 1993

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ISBN 0-521-43375-4 hardback ISBN 0-521-43987-6 paperback

CHILE DESDE LA INDEPENDENCIA © Ediciones UCSH

Primera Edición, septiembre 2009.

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Diseño y Diagramación: Fabiola Hur tado

Céspedes Traducción: Mario Si lva S. Impreso

en Gráf ica LOM

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Índice

Prefacio 7

1. Desde la Independencia hasta la Guerra del Pacífico SIMON COLLIER, Universidad Vanderbilt 9

2. Desde la Guerra del Pacífico hasta 1930 HAROLD BLAKEMORE 47

3. Chile, 1930-1958 PAUL DRAKE, Universidad de California, San Diego 113

4. Chile, desde 1958 ALAN ANGELL, College de St. Antony, Oxford 167

Ensayos bibliográficos 257

Prefacio

La Historia Cambridge de Latinoamérica es una obra colaborativa en gran escala y que contiene volúmenes de la historia latinoame-ricana de los cinco siglos que abarcan los primeros contactos entre los europeos y los pueblos nativos de América desde fines del siglo quince/comienzos del dieciséis hasta nuestros días.

CHILE, desde la Independencia agrupa capítulos contenidos en los volúmenes III, V y VIII de la Historia Cambridge con el fin de proporcionar, en un solo volumen, la historia económica, social y política de Chile, desde su Independencia. De este modo, se espera que sea útil tanto para profesores como para estudiantes de la historia latinoamericana contemporánea.

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1 Desde la Independencia hasta la

Guerra del Pacífico

En un banquete servido en Valparaíso en 1852, el intelectual Juan Bautista Alberdi propuso un brindis por la 'honorable excepción en Sudamérica: Desde una perspectiva importante, la historia de Chile del siglo diecinueve era, en verdad, una excepción sorprendente al patrón normal de Hispanoamérica. Dentro de los quince arios transcurridos desde la Independencia, los políticos chilenos estaban construyendo un sistema de gobierno constitucional que se demostraría notable (tanto para los estándares europeos como latinoamericanos) por su duración y adaptabilidad. Esta consolidación exitosa de un estado nacional efectivo estimulaba la admiración envidiosa de las repúblicas hispanoamericanas menos afortunadas, envueltas y plagadas tantas de ellas por luchas recurrentes y la dominación de caudillos. Una buena parte de la explicación del record poco habitual de Chile se debe indudablemente a lo que puede denominarse 'administración' del país en el período de la Independencia, no solo en términos de los factores básicos de territorio y población. El territorio nacional efectivo de Chile en los arios 1820 era más pequeño que en nuestros días. Su característica delgadez de ancho -'una espada colgando desde el lado oeste de América'- no tenía diferencias por razones orográficas obvias, pero el largo, no mayor, a los 1.100 Kms (700 millas), separaban los distritos mineros en el desierto cerca de Copiapó, en el límite Norte (170 S), de las tierras verdes y fértiles a lo largo del Bío Bío en el Sur (370 S), el área denominada tradicionalmente como la Frontera, más allá de la cual los indios araucanos preservaban tenazmente su forma independiente de vida. Los grupos periféricos de la población que vivían incluso más al Sur, en Valdivia, y en la densamente boscosa isla de Chiloé (liberada de los españoles, solamente en 1826), eran apéndices remotos, insignificantes de la República. Lo mismo podría decirse un poco más tarde de la es-

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forzada colonización en el Estrecho de Magallanes establecida en 1843 y usado como una colonia penal. Dejando aparte a los arau-canos, quienes alcanzaban quizás unas 200 mil personas, la pobla-ción de Chile era bastante pequeña: creció lentamente desde un millón de habitantes estimado en el período de la Independencia, a un número oficial (y posiblemente conservador) de 2.076.000 en 1875. La gran mayoría de los chilenos vivía y trabajaba en el corazón tradicional del país, en (o cerca de) el valle central que se extiende cuatrocientos ochenta kilómetros al Sur de Santiago. En comparación con los estándares de Argentina, México, Perú, y Nueva Granada, éste era un territorio muy compacto habitado por una población también compacta.

En muchos modos, era una población homogénea. Étnica y so-cialmente, el pasado colonial había dejado marcas imborrables. Al Norte del Bío Bío, algunos pocos indios, si es que había, sobre-vivían en comunidades aisladas. La diminuta huella de negro y mulato en la comunidad parece haberse desvanecido dentro de las dos o tres décadas desde la abolición de la esclavitud (1823). La República de Chile era esencialmente un país donde coexistía una pequeña clase alta criolla (con una elite aristocrática en su núcleo) junto con una gran masa de trabajadores pobres, quienes eran predominantemente mestizos* y en su gran mayoría vivían en el área rural. Coincidían las divisiones sociales y étnicas. Política-mente, las luchas que siguieron a la Independencia generalmente reflejaban más los desacuerdos dentro del ámbito de la clase alta que conflictos más profundos en el cuerpo social. El pobre rural permaneció pasivo a través del período y, en efecto, mucho más allá de este lapso. Esta estructura social relativamente simple no se complicaba por brechas agudas de interés económico dentro de la clase alta ni por una tensión regional que pudiera ser importante. Santiago y su riqueza interior dominaban la República. Las remotas provincias del Norte o del Sur, ya sea porque estaban desinte-resadas o no, no tenían poder para alterar el equilibrio a su favor, como se mostró muy claramente en las Guerras Civiles de 1851 y 1859. Concepción y el Sur sufrieron una recuperación frustrante-

* N. del T. En el original, aparecen varias veces palabras escritas en castellano y en cursiva, por lo que en la traducción las dejaremos, de aquí en adelante, en cursiva, señalándolas con un asterisco cuando sea el caso.

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mente lenta de las Guerras de la Independencia, aunque Concepción, en virtud de su rol como una guarnición militar que vigilaba la frontera, fue capaz de imponer su voluntad sobre la capital en la incierta atmósfera de los arios 1820 -como lo hizo en 1823, con el derrocamiento de Bernardo O'Higgins, y nuevamente en 1829, tiempos normales, un gobierno central determinado, con control del ejército (o de su mayoría), no podía ser fácilmente desalojado.

Los temas que dividían a los políticos de la clase alta chilena de los arios 1820 de los campos liberal o conservador, eran fundamentalmente ideológicos y personales. La figura dominante de esos arios, el General Ramón Freire, era un liberal bienintencionado que estaba ansioso de evitar el patrón autoritario impuesto por su predecesor inmediato, el Libertador O'Higgins. La nueva república se movía de un experimento político a otro. La compleja e ingeniosa constitución diseñada por Juan Egaña, hacia fines de 1823, se derrumbó en seis meses. Su conservadurismo moral rechazado por Los liberales que rodeaban a Freire rechazaban su conservadurismo moral, deseaban, como lo decían, 'construir la República sobre las ruinas de la Colonia.' La moda por las ideas federalistas que reinaba en los círculos políticos muy luego, debido menos, quizás, a las aspiraciones regionales que a las convicciones radicales dogmáticas del hombre del momento, José Miguel Infante, produjo un bosquejo de constitución, numerosas leyes nuevas, una atmósfera de creciente incertidumbre, desórdenes moderados en varias ciudades, y una propensión al motín en el ejército. La 'anarquía' del período ha sido exagerada a menudo por los historiadores chilenos; fue muy limitada en comparación con la confusión que había entonces al otro lado de los Andes. Otro militar liberal, el General Francisco Antonio Pinto, presidente desde 1827 a 1829, tuvo un éxito breve al organizar un gobierno que mostró signos de solidez y al aplicar una nueva Constitución (1828), la cuarta desde la Independencia. Resultó inadecuada para contener la creciente reacción contra el reformismo liberal, coloreado como estaba por la verborrea anti-aristocrática y un cierto grado de anticlericalismo. En septiembre de 1829, con el respaldo vital del ejército de Concepción, una poderosa coalición tripartita de conservadores: los pelucones tradicionalistas y proclericales, los seguidores del exiliado O'Higgins y un grupo decidido conocido como los es-

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Tanqueros

1, produjo una revuelta contra el régimen liberal. Freire,

quien saltó quijotescamente en su defensa, fue derrotado en Abril de 1830 en Lircay, la batalla que terminó la breve Guerra Civil y condujo a más de un cuarto de siglo de dominio conservador.

El acuerdo político de 1830 fue, como ha sido sugerido, una de las creaciones más notables del siglo diecinueve en Latinoamérica. El crédito de su éxito se asigna habitualmente a Diego Portales, el co-merciante de Valparaíso que, más que nadie, fue el genio organizador de la reacción conservadora. Ciertamente, la tenacidad brutal de Portales fue un factor clave para mantener unido el nuevo régimen, aunque su estadía en el cargo como Ministro fue bastante breve. Esto en sí mismo puede haber impedido la cristalización de una tradición caudillista en la política chilena, ya que, aunque la influencia de Portales era muy importante, su aversión a las trampas del poder era suficientemente genuina. 'Si tomé un garrote y di tranquilidad al país; escribió, 'fue solamente para que me dejaran en paz los canallas y las prostitutas de Santiago'

2.

El trabajo de los conservadores en los años 1830 fue descrito después por los críticos del régimen como esencialmente una reacción colonial. Es bastante claro que fue una reacción al malogrado reformismo liberal de los arios 1820. Sin embargo, es quizás más exacto considerar al nuevo sistema político como una fusión pragmática de la tradición del autoritarismo colonial, aún muy fuerte en Chile, con las formas más abiertas (y algo del espíritu) del constitucionalismo del siglo diecinueve. La Constitución de 1833, cuya vigencia no fue interrumpida hasta 1891 y que sobrevivió en forma corregida hasta 1925, incorporó muchas de las principales obsesiones conservadoras. Era discerniblemente más autoritaria que su desafortunada predecesora de 1828 y fuertemente presidencialista. Se permitieron dos períodos presidenciales consecutivos de cinco arios cada uno, un sistema que condujo en la práctica a

1En 1824, el estanco o monopolio estatal de venta de tabaco fue licitado a la socie- dad comercial de Portales, Cea y Cía., la que se hizo cargo de la deuda de un mi-llón de libras esterlinas que había solicitado el gobierno de O'Higgins dos arios antes. La empresa fracasó y en 1826 el contrato fue anulado, ocasionando mucho resentimiento. El grupo estanquero estaba compuesto por hombres asociados con esta desgraciada aventura; su líder era Diego Portales.

2 Ernesto de la Cruz y Guillermo Feliú Cruz (eds.), Epistolario de don Diego Porta-les, 3 vols. (Santiago, 1937), I, 352.

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cuatro administraciones decenales sucesivas. La primera correspondió al que había nominado Portales, el General Joaquín Prieto (1831-1841). El poder del Presidente, el control de la administración pública y de la judicatura y el poder sobre el Congreso eran extensos, aunque se le dejó a la legislatura un visado final sobre las decisiones del Ejecutivo a través de su derecho técnico de negar la aprobación del presupuesto, los impuestos y el régimen de las Fuerzas Armadas. Los poderes entregados al Presidente para emergencias, en la forma de 'facultades extraordinarias' o estados de sitio localizados, eran claramente visibles: incluso tales poderes fueron usados frecuentemente: de un modo u otro estuvieron en vigencia por un tercio del período completo entre 1833 y 1861. El espíritu centralizador de la Constitución era igualmente notable. Las débiles reliquias institucionales del federalismo de los arios 1820 se borraron completamente. El Intendente de cada provincia se definió ahora como el 'agente natural y próximo' del Presidente -y así se probó en la práctica: los Intendentes fueron de alguna manera los oficiales clave del régimen y cada Intendencia llegó a ser, en un sentido real, el nexo local del Gobierno. La hegemonía de Santiago, ya bien arraigada, fue así reforzada a expensas de la iniciativa regional.

Ninguna Constitución, menos en Hispanoamérica, es eficaz por sí misma. La operación exitosa del nuevo sistema político dependió de una cantidad de técnicas bien probadas que se usaron con una persistencia metódica por los gobiernos del período. Algunas fueron más obvias que otras. La represión fue una táctica recurrente por tres décadas. De acuerdo con los estándares del siglo veinte, no era tan grave. La pena de muerte fue mucho más invocada que ejecutada. Las penas estándar para el disenso político fueron el encarcelamiento, el exilio interno (relegación) o el exilio en el extranjero por un período fijo. El exilio voluntario (algunas veces por obligación) no estaba fuera de lo común, especialmente en la década de las luchas de los arios 1850. Un medio menos oficial de inculcar la disciplina social puede ser detectado en el cuidado mediante el cual los conservadores restauraron la influencia clerical; hasta los años 1850, la Iglesia fue un pilar útil del sistema. De un modo semejante, el militarismo incipiente de los arios 1820 fue reducido por una purga drástica de los oficiales liberales y por una amplia reorganización de las milicias del país. Hacia mediados del

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año 1831, la Guardia Nacional contaba con 25 mil hombres. Llegó a duplicarse más adelante y constituía un contrapeso válido al Ejército regular, cuya fuerza en tiempos de paz raramente era mayor de 3 mil hombres. Dos veces, en los motines de junio de 1837 y abril de 1851, las milicias ayudaron a salvar el régimen del derrocamiento forzado. También se ajustaban perfectamente al control gubernamental del proceso electoral.

La intervención electoral se repite como un tema constante a través del período completo. Sobrevivió mucho después de las prácticas represivas ya mencionadas. En efecto, fue un presidente liberal quien, en 1871, cuando se le preguntó por uno de sus ministros si Chile gozaría alguna vez de elecciones 'reales', replicó en forma cortante `Nunca'

3. La ley electoral de 1833 restringió severamente la franquicia,

pero amplió suficientemente la red para incluir a los artesanos y comerciantes muchos de los cuales formaban las bases de la Guardia Nacional, y de este modo proporcionó un contingente de votación numeroso en cada elección. Aparte de este apoyo valiosísimo, el gobierno ocupaba cualquier método -intimidación, arresto temporal, suplantación, soborno- para impedir a los votantes de la oposición ejercer su derecho y para asegurar mayorías cómodas para sus propios candidatos. La operación era coordinada por el Ministro del Interior y sus agentes subalternos en las provincias, los Intendentes, los Gobernadores Departamentales y los Subdelegados, quienes eran tan adeptos como cualquier moderno jefe distrital de Chicago (e incluso más) a 'entregar' ['in deliveringl el voto. No es sorprendente, entonces, que siete de las once elecciones para el Congreso entre 1833 y 1864 (a intervalos regulares de tres arios) no tuvieran oposición o solamente fuera virtual. Incluso en el clima político más tolerante de los arios 1860 y 1870, la oposición no tuvo ninguna oportunidad de elegir una mayoría en el Congreso. No fue hasta los años 1890 que el Ejecutivo cesó de interferir directamente en las elecciones.

En sus primeros años, el nuevo sistema conservador enfrentó y sobrevivió la prueba suprema de la guerra. Las relaciones entre Chile y Perú se deterioraron profundamente en los inicios de los años 1830. La rivalidad comercial, una enérgica lucha de aranceles

3 Abdón Cifuentes, Memorias, 2 vols. (Santiago, 1936), II, 69

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tarifarios y el no pago por parte de Perú de un préstamo chileno (en sí mismo parte del préstamo de un millón de libras esterlinas que O'Higgins consiguió en Londres en 1822, que Chile aún no pagaba) no eran causa suficiente para la agresión. Ésta surgió en 1836, cuando el General Andrés Santa Cruz unió por la fuerza a Perú y Bolivia en una Confederación. Portales consideró la formación de este Estado potencialmente poderoso como una amenaza a la independencia chilena; no sería una exageración decir que él empujó a su país a la guerra. Él mismo fue una de sus primeras víc-timas. El descontento con la guerra hizo renacer conspiraciones liberales y el todopoderoso ministro fue asesinado por un batallón amotinado del Ejército en junio de 1837, un suceso que parece ha-ber solidificado grandemente el apoyo para la política de guerra y para el régimen del General. La muerte de Portales retrasó, pero no apagó el curso de los eventos. La segunda de las dos fuerzas ex-pedicionarias de Chile, bajo el mando del General Manuel Bulnes, invadió Perú y derrotó al Ejercito de Santa Cruz en la batalla de Yungay (enero de 1839). La Confederación se disolvió. La guerra de 1836-1839 fue un ejemplo de asertividad nacional que provocó una fuerte desaprobación de Gran Bretaña y Francia, pero que inevitablemente levantó el prestigio internacional de Chile. En el país, le permitió al gobierno de Prieto adoptar una actitud más conciliatoria hacia la oposición, al mismo tiempo que el victorioso General Bulnes fue el sucesor más obvio a la presidencia. Justo antes de la elección, Bulnes se comprometió en matrimonio con la hija del ex presidente liberal Francisco Antonio Pinto, confirmando así la tendencia aparente hacia la relajación política.

La presidencia del General Bulnes (1841-1851) ha sido represen-tada a menudo como una 'era de buenos sentimientos' y esto es verdad para la mayor parte de su tiempo. A comienzos de los arios 1840, en verdad, el liberalismo estuvo cerca de ser muerto por su bondad. Pero Bulnes, a pesar de toda su generosa bonhomía, no hizo nada para minar el marco de referencia autoritario; en cierta forma (la estricta Ley de Prensa de 1846, por ejemplo) lo fortaleció. La reactivación del liberalismo como una fuerza política hacia fines de su segundo período debió mucho a las ambiciones de su principal ministro, Manuel Camilo Vial, cuyos seguidores, bien re-presentados en el Congreso, entraron en una activa oposición par-lamentaria cuando Vial fue despedido (1849). El intelectual liberal

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líder del período, José Victorino Lastarria, intentó darle dirección y coherencia a esta nueva oposición. Fuera de la arena senatorial, el joven idealista Francisco Bilbao y Santiago Arcos, hipnotizados por la revolución francesa de 1848, estaban activos tratando de conseguir apoyo entre los artesanos de la Capital: su Sociedad de la Igualdad, con sus reuniones y marchas, sobrevivieron durante gran parte del ario 1850, hasta la inevitable imposición de poderes de emergencia por el gobierno. El principal efecto de esta agitación, liberal e igualitaria, fue atemorizar al partido conservador y aceptar a Manuel Montt como el sucesor de Bulnes.

El Presidente Montt (1851-1861) fue el primer civil en gobernar Chile por más tiempo que unas pocas semanas. Su extraño carácter opaco ha desafiado todos los intentos de un preciso retrato histórico. Su talento era indesmentible, del mismo modo que su austera inflexibilidad ('pura cabeza y sin corazón' era la opinión privada de su predecesor). La elección de Montt provocó tres meses de guerra civil total, en la cual el desafío al régimen provino no solo de los liberales, sino, también, más seriamente de las provincias sureñas. El líder de la revuelta, el General José María de la Cruz, era en efecto un conservador y primo del ex Presidente Bulnes, quien lo derrotó en una breve pero sangrienta campaña. Por el momento, el régimen estaba a salvo. Hacia mediados de los arios 1850, sin embargo, el enfoque autoritario de Montt estaba produciendo presiones y tensiones dentro de la misma combinación gobernante. Éstas llegaron finalmente a hacerse explícitas como resultado de un sonado conflicto jurisdiccional entre el gobierno y la Iglesia, que estaba entonces resurgiendo como un factor independiente en la política. En 1857, el grueso del Partido Conservador desertó y unió fuerzas con lo que quedaba de la oposición liberal. Aquellos conservadores que permanecieron leales a Montt fundaron un nuevo Partido Nacional, pero que carecía del amplio apoyo de la clase alta de que gozaba la naciente fusión liberal-conservadora. Por segunda vez, la vigorosa agitación condujo a una renovada represión y así a un desafío armado al régimen. La Guerra Civil de 1859 es recordada principalmente por los milagros de improvisación llevados a cabo por el Ejército rebelde en las provincias mineras del Norte -el foco de la guerra- pero, una vez más, el Gobierno venció. En esta oportunidad, sin embargo, la victoria militar fue seguida por una derrota política. Montt encontró imposible impo-

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ner su propia opción. Ésta habría sido Antonio Varas, el asociad() más cercano de Montt y un político altamente talentoso. Un hom-bre mayor, un patricio benevolente y relajado, José Joaquín Pérez, fue elegido en lugar de Varas. Fue un momento decisivo.

Bajo el Presidente Pérez (1861-1871), el último de los cuatro pre-sidentes 'decenales; el sistema chileno finalmente comenzó a li-beralizarse. El mismo Pérez, por virtud de lo que fue llamado en ese tiempo 'una tolerancia suprema nacida de una incluso mayor suprema indiferencia; hizo tanto como cualquiera de Chile en el siglo diecinueve para aumentar la tradición de un constituciona-lismo estable. La represión terminó, pero no así la intervención electoral: los ministros de Pérez se preocuparon de aquello. El nuevo presidente, aunque él mismo nominalmente un Nacional, rápidamente llevó al gobierno a la Fusión Liberal Conservadora (1862). Esta alianza entre antiguos enemigos probó ser una combinación gubernamental notablemente operacional, aunque atrajo naturalmente la oposición no solo de los Nacionales desplazados (cuya lealtad a Montt y Varas les ganó el nombre de monttvaristas), sino también de los fuertes liberales anti-clericales 'rojos' o 'radicales; que llegaron a ser conocidos entonces como el Partido Radical. En los arios 1860, se vio de este modo un panorama cada vez más diversificado ideológicamente y (excepto electoralmente) se permitió prosperar a la 'nueva política; aunque, como sucedió, las rivalidades domésticas fueron de algún modo sofocadas entre 1865-1866 cuando las acciones agresivas de un escuadrón naval español que surcaba las aguas del Pacífico, llevaron a Chile y a tres de sus repúblicas hermanas a una breve guerra con su anterior metrópoli

4. Hacia fines de 1860, las

nociones liberales de reforma constitucional ocupaban el primer plano del escenario político. Tales ideas, centradas, sobre todo, en limitar el poder presidencial, formaron, de manera creciente, un campo común entre los cuatro partidos principales. La primera enmienda a la hasta entonces inviolada Constitución de 1833 fue tramitada en 1871; de manera significativa, prohibía la reelección inmediata del Presidente.

4 Tal lucha (y no hubo mucha) ocurrió en el mar. Sin embargo, antes de retirarse del Pacífico, los españoles sometieron a Valparaíso a un bombardeo devastador (marzo 1866).

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Fue durante el gobierno de Federico Erráruriz Zañartu (1871- 1876) cuando ocurrió la transición final a la política dominada por los liberales. A comienzos de los años 1870, 'las cuestiones teológicas' (como fueron llamadas) comenzaron a ser consideradas como temas políticos. En efecto, estaban menos relacionadas con la teología que con la demarcación de las funciones eclesiásticas y seculares en la vida nacional; ellas generaban una buena dosis de sentimiento, al mismo tiempo piadoso e impío. Una disputa acerca de la educación privada en 1873, colocando a los anticlericales en contra de los conservadores, los que estaban llegando a ser cada vez más identificados como el Partido Católico militante en la política, produjo la desintegración de la fusión. Los conservadores se fueron a la oposición y se abrió el camino para una nueva coalición dominante con un foco liberal. El inteligente Errázurriz dirigió las maniobras necesarias. La Alianza Liberal (1875) fue la tercera de las grandes combinaciones gobernantes del período, pero la menos estable, ya que varias facciones del poderoso Partido Liberal se encontraban invariablemente oponiéndose o apoyando al go-bierno. La presidencia de Errázuriz también vivió reformas cons-titucionales, todas tendientes a limitar la influencia del Ejecutivo. Se diseñaron cambios importantes en los procedimientos electorales (1874) con el fin de reducir la intervención oficial, pero en 1876 Errázuriz y la Alianza no tuvieron dificultades para imponer al próximo Presidente del modo acostumbrado. Su opción recayó en Aníbal Pinto, el hijo del Presidente liberal de fines de los años 1820.

Si la redacción del acuerdo conservador de los años 1830 estaba aún bastante intacta, sus procedimientos internos se estaban alterando de manera significativa. Las políticas de los partidos se habían desarrollado rápidamente desde la década de Pérez. Ellos mismos habían ido adquiriendo formas rudimentarias de organización. Los radicales, con su red de asambleas* locales, fueron quizás el primer grupo en diseñar una estructura definitiva (aunque flexible). Los conservadores fueron los primeros en desarrollar una conferencia nacional del partido (1878). Sin embargo, votar de acuerdo con las líneas partidistas estaba lejos de ser automático. Cuando el diputado radical Ramón Allende (abuelo del futuro Presidente) sugirió, en 1876, que las consideraciones del Partido deberían pesar más que los principios personales cuando

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se votara en el Congreso, la idea fue recibida con varias reacciones indignadas. Lejos de esto, hacia fines de los años 1870, estaba ha-ciéndose claro que el Congreso como un todo aspiraba a un grado mucho mayor de control sobre el Ejecutivo de lo que antes había sido intentado o quizás incluso contemplado. La Constitución, como hemos visto, era fuertemente presidencialista; pero también era posible, como lo probaron entonces los políticos, darle una lógica interpretación 'parlamentaria'. A través del uso constante de la interpelación y el voto de censura, los congresistas en forma creciente convirtieron las vidas del gabinete de ministros en tediosa y difícil. Esto fue especialmente el caso durante la presidencia de Aníbal Pinto (1876-1881), la que coincidió, como veremos, con varias crisis paralelas de un tipo muy acentuado. Que las instituciones chilenas hayan sobrevivido las tormentas de los arios 1850 y que estuvieran creciendo de un modo más tolerante, fueron causa de orgullo, ciertamente, pero hubo algunos políticos, incluyendo a Pinto, que consideraba las riñas políticas como estériles, a menudo monopolizando la atención del Congreso con la exclusión de asuntos nacionales más urgentes, y otros que se preguntaban si la tensión entre el Ejecutivo y la legislatura militante no destrozaría la tradición de estabilidad. 'Caballeros de la mayoría, ministros; exclamó un diputado conservador en 1881, 'Les digo: ¡No estiren demasiado la cuerda, porque la cosa puede explotar

5

La conexión entre la estabilidad política y el progreso económico nunca es completamente clara. Sin embargo, parece justo argumentar que la considerable expansión económica que Chile tuvo entre los años 1820 y 1870 debió algo, al menos, a las condiciones acordadas en el país como también, a la demanda internacional de lo que Chile podía producir. Sin embargo, la expansión no fue completamente fluida. A fines de los arios 1850, con la pérdida de ciertos mercados de ultramar, de trigo y harina, unida a dos pobres cosechas seguidas y el agotamiento de algunos de los depósitos de plata en el Norte, hubo una breve aunque seria recesión. En otros períodos (notablemente desde el fin de los años 1840 hasta me-diados de los años 1850 y, nuevamente, desde el fin de los años 1860 hasta el comienzo de los 1870), el crecimiento del comercio

5 Cristian Zegers, Aníbal Pinto. Historia política de su gobierno (Santiago, 1969),119. Diez años después, en la crisis política de 1891, la 'cosa' explotó de verdad.

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fue ciertamente muy rápido y Chile gozó de condiciones de auge. El valor total de las exportaciones se alzó de $7.500.000 en 1825 a $74.000.000 en 1875. Los ingresos del Gobierno se incrementaron algo más lentamente, de $2.000.000 en 1835 a $16.400.000 en 1875; desde fines de los arios 1830, generalmente superaban los gastos de forma muy cómoda

6.

Una comunidad comercial altamente cosmopolita se estableció en Valparaíso en los arios posteriores a la Independencia y los gobiernos del período consideraron el comercio con las naciones marítimas del Atlántico Norte, especialmente Gran Bretaña, como uno de los principales estímulos del progreso. En verdad, el acuerdo político de los arios 1830 fue acompañado por un 'acuerdo económico; desarrollado en gran parte por el brillante Manuel Rengifo, Ministro de Finanzas desde 1830 a 1833 y nuevamente desde 1841 hasta 1844. Éste mezcló el liberalismo con el pragmatismo en sus medidas económicas, lo que incluyó la simplificación del sistema fiscal y las leyes aduaneras, la consolidación de la deuda pública, y, un dato no menor, el establecimiento permanente de almacenes fiscales* en Valparaíso, donde los comerciantes podían guardar su mercancía libre de pago de derechos mientras esperaban por mercados favorables. Que Valparaíso debiera ser el puerto dominante en el Pacífico fue una máxima cardinal tanto para Rengifo como para Portales.

Dependiendo fuertemente de los derechos aduaneros para sus ingresos, el gobierno chileno tenía posiblemente la razón más poderosa para desear aumentar el flujo del comercio, un fin que ciertamente reflejaba la visión de la clase alta chilena como un todo. Pero, consideraciones más amplias del desarrollo nacional no estuvieron nunca ausentes del pensamiento oficial. El Estado estaba activo en muchas esferas, incluyendo la mejora de las comunicaciones; y las políticas aduaneras no ignoraban los intereses locales ni aquellos de los exportadores. La Reforma de Tarifas Aduaneras de 1864, a menudo presentada por los historiadores como una precipitada carrera hacia el libre mercado, no fue en muchos aspectos

6 El peso chileno ($) mantuvo un valor relativamente constante a través de la mayor parte del período, valiendo alrededor de 45 peniques en términos de libras esterlinas, o poco menos que un dólar estadounidense, excepto durante la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando valió un poco más.

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sino una aberración temporal de las políticas más estandarizadas del siglo diecinueve, que luchó (aunque ineficazmente) para dar al menos un grado mínimo de protección a ciertas actividades locales al mismo tiempo que maximizar el comercio. Sin embargo, parece razonablemente claro, dada la extrema pobreza de la nueva nación y la ausencia de un 'espíritu de asociación' tan frecuentemente lamentada por Manuel Montt, entre otros, que incluso una dosis más fuerte de proteccionismo difícilmente habría podido hacer mucho más para diversificar la actividad económica o para desarrollar una base industrial de cualquier tamaño. Las opciones del país en este período eran bastante reducidas.

Desde la perspectiva del comercio exterior, el sector minero era lejos el más importante de la economía durante el período. Los mineros del Norte acumularon las fortunas individuales y familiares más grandes de su tiempo. Las dos provincias escasamente pobladas de Atacama y de Coquimbo, el área denominada ahora por los chilenos como el Norte Chico, constituían la región más dinámica del país, con una población (cercana a un octavo del total nacional en 1865) que creció más rápidamente que en las provincias dominadas por las haciendas del Valle Central, miles de cuyos habitantes fueron seducidos a irse a los destartalados, pendencieros y ocasionalmente rebeldes campos mineros del árido Norte; había alrededor de 30 mil trabajadores en las minas hacia los arios 1870. Dura, emprendedora, industriosa, periódicamente volátil, fieramente orgullosa, así era la cultura distintiva de la zona minera. Sus riquezas, trabajosamente extraídas, tuvieron un impacto vital en el resto de la nación, 'ennobleciendo a las ciudades del Centro y fertilizando los campos del Sur; como lo diría más tarde el Presidente Balmaceda

7. De los tres principales metales que se extraían en Chile

en el tiempo colonial, el oro fue al que peor le fue después de la Independencia, cayendo desde una producción promedio anual de 1.200 kilos en los arios 1820, a un nivel de alrededor de 270 kilos en los años 1870. Por contraste, en el mismo período, la producción de plata creció desde cerca de 20 mil kilos por año a cerca de 127 mil kilos. (Dada la persistencia del contrabando, tales números son quizás conservadores). El cobre, el más provechoso

7 Roberto Hernández, Juan Godoy o el descubrimiento de Chañarcillo, 2 vols. (Valparaíso, 1932), II, 560.

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de los tres metales, se producía a una tasa anual de 2.725 toneladas métricas en los arios 1820; creciendo progresivamente a 45.600 to-neladas métricas en los años 1870, para representar entonces, de forma permanente, entre un tercio y la mitad de la producción del mundo.

La seducción de la riqueza mineral atrajo a numerosos comerciantes, especuladores y exploradores (prospectores) abs desiertos del Norte. La búsqueda de nuevas vetas de minerales era incesante; la zona minera se expandió lentamente hacia el Norte, en el Desierto de Atacama, y hacia el largo límite indefinido con Bolivia. Los primeros descubrimientos importantes de plata en Agua Amarga (1811) y Arqueros (1825) fueron pronto completamente eclipsados por el sensacional descubrimiento en Chañarcillo, al sur de Copiapó, en 1832. Fue el distrito minero más productivo por sí mismo del siglo, una verdadera 'montaña de plata' la cual arrojó al menos $12.000.000 en sus primeros 10 arios y donde, hacia mediados de los arios 1840, había más de cien minas. El descubrimiento de Tres Puntas (1848) constituyó un estímulo ulterior al auge, aunque menos dramático. La última estampida hacia la plata en el período ocurrió en 1870, con la apertura de un importante distrito minero nuevo en Caracoles, más allá del límite con Bolivia, aunque tra-bajado casi enteramente por chilenos. La minería del cobre dependía menos de una nueva exploración que de la operación de vetas establecidas de alta concentración del metal, pero también, en esto, la paciente prospección proporcionó una recompensa fabulosa, como el caso espectacular de José Tomás Urmeneta, quien inspeccionó por 18 arios, en extrema pobreza, antes de descubrir Tamaya, su legendario depósito de cobre. Pronto fue un millonario, uno quizás de varias docenas de hombres muy ricos cuyas grandes fortunas surgieron del Norte Chico.

Los métodos chilenos de operar la minería cambiaron sólo lenta y parcialmente desde el patrón establecido a fines del período colonial, que se había caracterizado por numerosas pequeñas empresas, individuales o familiares, con una tecnología simple y actividad marginal a corto plazo. En verdad, hacia 1860, algunas de las grandes mineras -Urmeneta en Tamaya y José Ramón Ovalle en Carrizal Alto, por ejemplo- usaban extensiva mecanización y es interesante observar que los distritos citados dan cuenta del

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tercio de la producción de cobre en los años 1870s. Sin embargo, la persistencia de viejas prácticas -y un gran número de operaciones a pequeña escala que continuaban prefiriendo, en vez del poder del vapor, a los sólidos barreteros* y apires*, quienes extraían el metal y lo sacaban de la mina- es testimoniado por muchos visitantes al Norte durante este período. En los años 1870, solamente treinta y tres minas del Norte Chico usaban máquinas a vapor, en contra de 755 que no las usaban. Las innovaciones en el fundido y refinación del cobre eran mucho más notorias, con hornos de reverberación** ('el sistema inglés') extendiéndose desde 1830 hacia delante. En las siguientes dos décadas, en lo que constituyó una pequeña revolución tecnológica, se establecieron varias plantas fundidoras en la costa, principalmente en Guayacán y Tongoy, en el Norte Chico y en Lirquén y Lota, 800 kilómetros al Sur, siendo las primeras empresas industriales, de cualquier tamaño, en el país. También procesaron metales peruanos y bolivianos y equilibraron parcialmente la dependencia previa de los productores de la industria de fundición y refinamiento de Gales del Sur. La insaciable demanda de los fundidores por combustible mermó profundamente las exiguas reservas de madera del Norte Chico y contribuyó al avance del desierto hacia el Sur. Este es un tema ecológico generalmente poco relevado, pero básico de la historia de Chile, desde los tiempos coloniales. La alternativa principal a la madera era el carbón, el que fue explotado en forma creciente a lo largo de la costa del sur de Concepción desde 1840 hacia delante. La producción local era vulnerable a las importaciones del carbón de alta calidad de Gran Bretaña (u, ocasionalmente, de Australia), pero se mantuvo, a la larga, en parte debido a que se halló que la mezcla de carbón local y extranjero era ideal para las operaciones de fundido.

Los chilenos (algunas veces, los chilenos de primera generación) eran los más importantes entre los empresarios mineros de este período. Una o dos de las empresas cupríferas eran de propiedad británica, pero constituían las excepciones, aunque los ingenieros extranjeros sobresalían en toda la zona minera. Hombres como Urmeneta, y un puñado de otros como él, eran naturalmente im-portantes capitalistas, y frecuentemente convertían su gigantesco

** N. del T. En Chile, actualmente se los denomina 'reverberos’

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capital caído del cielo en cuentas adecuadas, invirtiendo en transporte y agricultura al mismo tiempo que en las minas, aunque no dejando tampoco de proporcionarse un estilo de vida opulento. Muchos de los empresarios mineros más pequeños dependían fuertemente de una especie de mediadores conocidos como los `habilitadores'*, quienes compraban su mineral a cambio de créditos y provisiones. Este negocio fue el fundamento de varias fortunas cuantiosas, siendo un famoso ejemplo la carrera de Agustín Edwards Ossandón, el hijo de un doctor inglés, quien se estableció en el Norte Chico justo antes de la Independencia. Hacia 1860, Edwards era uno de los capitalistas más ricos y activos en Chile. Entre 1871-1872, en un episodio bien conocido, él acumuló silenciosamente vastas cantidades de cobre, elevó el precio en un 50% y logró una ganancia estimada en $1.500.000. Durante los arios en que Edwards ejecutó este golpe audaz, el ciclo de plata y cobre chileno del siglo XIX estaba alcanzando su cima. Las minas de plata mantendrían una alta producción por más de dos décadas, pero, con la producción floreciendo en los Estados Unidos y España, 'las barras de Chile' se convirtieron en un componente que decreció en importancia en la provisión mundial de cobre, no siendo más de un 6% lo que provino de Chile hacia los años 1890. Ciertamente, hacia ese tiempo, los desiertos más al Norte estaban produciendo una fuente aún mayor de riqueza: el salitre.

Aunque la minería dominaba el sector exportador, era la agricultura la que dominaba las vidas más comunes. Cuatro de cinco chilenos vivían en el campo en los años 1860. En esto, como en muchos otros aspectos, el legado colonial era contundente. A través del siglo XIX, Chile permaneció siendo una tierra con grandes propiedades, la posesión que confería estatus social, influencias políticas (si se deseaba) y (menos automáticamente, antes de los arios 1850) un ingreso confortable. Esta tradición de propiedad es una de las claves para comprender la Historia de Chile entre el período colonial y mediados del siglo veinte. El número preciso de haciendas a mediados del siglo diecinueve es difícil de evaluar. Los registros de impuestos de 1854 muestran que alrededor de 850 propietarios recibían cerca de dos tercios de todo el ingreso agrícola en Chile central, y que, de éstos, 154 propietarios ganaban anualmente más de $6.000 (con el propósito de comparar, puede observarse que el Presidente de la República obtenía un sueldo anual de $12.000 que

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se alzó a $18.000 en 1861). Las haciendas ocupaban al menos tres cuartas partes de todo la tierra apta para la agricultura, la que incluía grandes extensiones de terreno que permanecían sin cultivar de ario en ario. Las tierras eran trabajadas por una clase estable y residente de inquilinos*, o trabajadores y, cuando era necesario, por peones afuerinos contratados para trabajos temporales de la estación. Como sabemos, este tipo de sistema de trabajo rural era común (aunque con muchas variaciones) en muchas partes de Hispanoamérica. Cuando Charles Darwin recorrió el campo chileno a mediados de los arios 1830, pensaba de esto que era 'parecido a lo feudal: El inquilino* chileno estaba ligado a la hacienda, se le permitía cultivar su pequeña parcela de tierra a cambio de servicios laborales regulares para el propietario, por lazos de costumbre y conveniencia más que por atribuidos legales o a deuda. En la ausencia de comunidades tradicionales de pueblo al modo europeo, la hacienda llegó a ser el foco único de lealtad y formaba su propio pequeño universo. 'Cada hacienda en Chile' escribió un agudo observador en 1861, 'forma una sociedad separada, cuya cabeza es el propietario y cuyos súbditos son los inquilinos*... El propietario es un monarca absoluto en su hacienda'

8. Para los inquilinos, la vida era pobre aunque no

necesariamente dura; sus métodos de labranza eran primitivos, su dieta monótona y algunas veces apenas adecuada y su oportunidad de alzarse en la escala social muy estrictamente limitada. Pero la seguridad relativa de la hacienda podía ser contrastada con la grave situación de la mayoría de los peones que estaban afuera, una masa de personas indigentes, arañando una vida muy precaria ocupando tierras marginales, errando por el valle central en búsqueda de trabajo estacional, o, en algunos casos, convirtiéndose en ladrones de ganado y bandidos. Desde la perspectiva del hacendado, había muchos trabajadores de sobra como también tierra en desuso en el campo. Nada de ello se necesitaba a gran escala antes de 1850 o alrededor de esa fecha.

Si la agricultura era improductiva y poco rentable en la primera parte de este período, la razón es fácil de identificar. La demanda local era rápidamente satisfecha, al mismo tiempo que los mercados de exportación eran pocos y quedaban lejos unos de otros.

8 Atropos; 'El inquilino en Chile; Revista del Pacífico, 5 (1861), 94.

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El comercio de grano con Perú en el siglo dieciocho, cuya importancia ha sido probablemente exagerada por los historiadores, no fue nunca completamente restablecida a la escala antigua después de las guerras de la Independencia y la rivalidad comercial de los años 1830. Sin embargo, entre 1859 y 1880, la perspectiva para los propietarios de tierra mejoró radicalmente, con las haciendas respondiendo inmediatamente a la apertura de nuevos mercados foráneos. Como único país productor importante de cereal en la costa americana del Pacífico, Chile estaba bien ubicado para sacar ventaja de la súbita demanda provocada por las estampidas del oro en California y Australia. Las exportaciones de trigo y harina a California llegaron a ser de alrededor de 6 mil quintales métricos en 1848. Dos años después, no menos de 277 mil quintales de trigo y 221 mil quintales de harina fueron embarcados hacia el norte. El auge fue efímero -hacia 1855 California era autosuficiente- pero arrojó altas ganancias mientras duró y fue responsable de la consolidación de una industria molinera actualizada técnicamente en el área de Talca y a lo largo de la bahía de Talcahuano, al igual que en Santiago un poco más tarde. Hacia 1871, había alrededor de 130 modernos molinos en Chile. (Al final de este período, más cambios en la tecnología molinera estaban siendo explorados en el centro-oeste norteamericano y en Europa, pero éstos, en contraste, fueron más lentos para llegar a Chile). Australia proporcionó un segundo mercado de corta vida (y de alguna manera precario) para Chile en los años 1850, que fue lucrativo por un tiempo.

Los propietarios estaban claramente conscientes de que la geografía y la buena suerte eran la causa de esos golpes repentinos de fortuna, los que eran sustancialmente suficientes: las exportaciones agrícolas se quintuplicaron en valor entre 1844 y 1860. No es éste de ninguna manera el final de la historia. La experiencia ganada en los mercados californianos y australianos, combinados con las mejoras vitales en el transporte, capacitaron a Chile en los años 1860 para vender grandes cantidades de grano (trigo y cebada) a Inglaterra: dos millones de quintales métricos se exportaron en 1874, el mejor año. Una vez más, sin embargo, la posición competitiva de Chile en el mercado era más frágil de lo que parecía y fue socavada permanentemente unos arios después cuando los precios de los granos cayeron y surgieron nuevos países productores de trigo más eficientes.

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Los estímulos de estos auges de exportación de mediados de siglo trajeron algunos cambios definitivos en el paisaje. Lo más visibles de estos fueron, quizás, los numerosos canales de regadío que se construyeron, algunos de ellos constituyéndose en notables hazañas de ingeniería. (El Canal de Las Mercedes patrocinado por Manuel Montt y otros hacendados en 1854, tomó treinta arios en construirse y eventualmente se extendió por 120 kilómetros sobre un terreno desigual). La calidad del ganado se fue mejorando lentamente, mediante la introducción de razas foráneas. Con el crecimiento de las ciudades, se expandió un mercado de fruta y de aves que benefició a las haciendas cercanas y a las pequeñas parcelas (a menudo especializadas) conocidas como chacras. Los chilenos han bebido su propio vino desde los primeros tiempos de la Colonia; pero las bases de la tradición vitivinícola que producirían después las más finas cepas en el hemisferio occidental se establecieron solamente en los arios 1830, cuando las uvas de pinot y cabernet traídas de Francia fueron cultivadas localmente por primera vez. El gobierno mismo, al mismo tiempo que la Sociedad Nacional de Agricultura (con existencia desde 1838), trataron de mejorar el conocimiento agrícola. Desarrollos como éstos, bosquejados de esta manera, parecen transmitir una impresión de vitalidad, pero ella es de algún modo engañosa. La sociedad rural y los métodos de cultivo tradicionales no fueron perturbados de ningún modo drástico, aunque parece probable que las transacciones monetarias en el campo se extendieron más que antes. Hubo relativamente poco en materia de inversiones de gran capital en la agricultura (dejando de lado los trabajos de regadío) y, a pesar del entusiasmo de una cantidad de propietarios progresistas, no se importó o usó en gran escala maquinaria agrícola. (Los bueyes siguieron siendo usados universalmente en Chile hasta los años 1930). Durante los años felices del auge de exportación, los propietarios tenían grandes reservas de tierra y de trabajadores donde acudir. Los acres arados pudieron haberse triplicado o incluso cuadruplicado durante estos arios. Las nuevas familias de afuera de las haciendas fueron impulsadas (y en muchos casos, sin duda estaban ansiosas) a ampliar el rango de inquilinos*. El sistema de trabajo fue ciertamente más tensionado, con mayores demandas hechas a los inquilinos. Bastante aparte del inquilinaje*, se desarrolló una variedad de prácticas de medieros, especialmente en la costa, para ayudar al auge de la exportación.

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También parece haber crecido el número de minifundios*. Pero, en general, fue el sistema de hacienda en sí mismo el apoyo básico de la elite de la nación, el que fue más claramente consolidado por los cambios de mediados del siglo diecinueve.

La manufactura como tal, que existía en Chile en el tiempo de la Independencia y por dos o tres décadas posteriormente, era ejecutada por los artesanos y artífices en pequeños talleres situados en las ciudades. En el campo, la población en general se confeccionaba sus vestimentas, aunque la creciente importación de algodón inglés probablemente tuvo el efecto, a lo largo de los arios, de reducir tal práctica. La clase alta, como un todo, era capaz de satisfacer su demanda de bienes manufacturados, incluyendo lujos, desde el extranjero y no estaba interesada en promover la revolución industrial. (En esto, los empresarios mineros eran una excepción parcial y, al final del período, la industrialización fue considerada como un medio posible para el avance del país por un número creciente de intelectuales y políticos). Puede haber poca duda, sin embargo, de que la expansión de la riqueza nacional después de 1850 o alrededor de entonces, proporcionó ciertas oportunidades de emprendimiento en la manufactura y tales oportunidades se aprovecharon algunas veces, generalmente por extranjeros, aunque éstos pueden ser mejor considerados como primera generación de chilenos. Las primeras empresas industriales importantes surgieron relacionadas con los auges exportadores y fueron las fundidoras de cobre y los molinos de harina ya mencionados. Además de éstos, los años 1850 y 1870 vieron el crecimiento de la producción en pequeña escala de fábricas en los campos textil, procesamiento de alimentos, construcción de ladrillos y soplado de vidrio. Hacia los años 1880, había al menos treinta cervecerías en el país. Además, las necesidades de las nuevas líneas férreas y de la misma industria minera estimuló la aparición de una cantidad de pequeñas fundiciones y talleres de máquinas capaces de reparar e, incluso, en algunos casos, de construir equipamiento. Existe una creciente evidencia para indicar que el inicio de la industrialización chilena, a menudo ubicada a partir de la Guerra del Pacífico, debiera ser anticipada alrededor de 10 años.

No hay necesidad de decir que la expansión económica producida por las exportaciones difícilmente podría haber ocurrido sin

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mejoras en los transportes y comunicaciones, los que también fueron de obvia importancia en la consolidación de la coherencia política de la nueva nación. El número de barcos recalando en puertos chilenos creció en forma más o menos constante de 1830 hacia adelante, hasta superar los cuatro mil por ario en los años 1870. Dos barcos a vapor de 700 toneladas fueron traídos de Inglaterra a Chile en 1840, por un empresario norteamericano, William Wheelwright, el fundador de la Compañía de Navegación a Vapor del Pacífico, de propiedad británica. Desde mediados de los arios 1840 fue posible, con conexiones adecuadas a través del istmo de Panamá, viajar desde Europa en menos de cuarenta días. (Los barcos a vela todavía se demoraban entre tres y cuatro meses). En 1868, la entonces bien establecida Compañía PSNC [sigla en inglés] (cuyas iniciales produjeron más tarde varias bromas chilenas famosas) inauguró un servicio directo entre Valparaíso y Liverpool, a través del Estrecho de Magallanes. Mientras, el transporte terrestre estaba siendo lentamente revolucionado por la llegada inevitable del tren. Ciertamente, el Norte de Chile instaló el primer tramo importante de líneas férreas en Latinoamérica. La línea, construida por Wheelwright y terminada en 1851, unió Copiapó con el puerto de Caldera a unos 80 kilómetros de distancia. Fue financiada por un grupo de ricos mineros y estableció el patrón para varias vías férreas posteriores en la zona minera. La vital unión entre Santiago y Valparaíso tendría que esperar más tiempo. Inicialmente, ésta fue una empresa mixta, el Gobierno aportó cerca de la mitad del capital, pero, en 1858, siguiendo a demoras y dificultades agotadoras, el Estado compró la mayoría de las acciones de los privados; y se le entregó a un intrépido empresario norteamericano, Henry Meiggs, la tarea de completación de la línea, cuyas últimas secciones de tramo ancho fueron colocadas en 1863. Otra empresa mixta auspició la tercera línea férrea importante, extendiéndose hacia el sur a través del Valle Central, una línea de especial interés para los hacendados dedicados al cereal. El gobierno de Errázuriz asumió esto en 1873 y solamente unos pocos arios más tarde la unió con una línea férrea construida desde Talcahuano al sur en los paisajes románticos de la Araucanía. En 1882, había cerca de 1900 kilómetros de líneas férreas en Chile; poco más de la mitad era propiedad estatal. El Estado también subsidió y posteriormente compró la naciente red telegráfica,

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cuya construcción comenzó en 1852, otra empresa del infatigable Wheelwright, a quien, a su debido tiempo, se le construyó una estatua en Valparaíso. Veinte arios más tarde, los hermanos chilenos Juan y Mateo Clark unieron Santiago y Buenos Aires; con la extensión del cable submarino brasileño en 1874, Chile estuvo por primera vez en contacto directo con el Viejo Mundo.

El ritmo creciente de la actividad económica durante el tercer cuarto del siglo diecinueve dejó su huella en las instituciones financieras y comerciales. Hasta 1850, las principales fuentes de crédito, por ejemplo, habían sido prestamistas privados de casas comerciales. Esto cambió, entonces, con la aparición de los primeros Bancos -el Banco de Ossa y el Banco de Valparaíso, fundados a mediados de los años 1850- y las operaciones bancarias fueron suficientemente extensas como para merecer regulaciones en la importante ley de 1860. La creación, en 1856, de la notable Caja de Crédito Hipotecario canalizó crédito al campo, en la práctica, fundamentalmente a los grandes propietarios. Por entonces, en forma creciente, se hicieron comunes las sociedades anónimas, aunque complementando más que reemplazando las sociedades individuales y familiares que hasta entonces habían sido los modos estándares de la organización económica. Las primeras fueron las compañías de ferrocarriles; hacia fines de los arios 1870, se habían creado más de 150 de dichas empresas, predominantemente en la minería, la banca, los seguros y los ferrocarriles. El capitalismo chileno mostraba una marcada tendencia expansionista en los años 1860 y 1870, con dinero fluyendo de los negocios de salitre en Bolivia y Perú como también de las minas de plata de Caracoles. Intercambios de productos no regulados circulaban en Valparaíso y Santiago desde comienzos de 1870, cuando 'la fiebre de Caracoles' estaba llevando a los inversionistas a un frenesí especulativo sin precedentes en la historia chilena.

El comercio exterior a lo largo de este período estaba controlado en gran parte por varias docenas de Casas de Importación y Exportación ubicadas en Valparaíso y la capital; éstas contribuyeron mucho a la construcción del nuevo mercado monetario, y permanecieron siendo influyentes desde entonces en el sector corporativo de la economía en desarrollo. Los extranjeros, ya sea como residentes permanentes o como agentes viajeros de Casas de Comercio

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foráneas con sedes en Chile, eran especialmente prominentes en ello, con los británicos sobresaliendo en este campo. La conexión británica fue fundamental para Chile. Las inversiones de los británicos en el país estaban confinadas en su mayoría a bonos gubernamentales -en una cantidad cercana a las 7.000.000 de libras esterlinas hacia 1880- pero Gran Bretaña era el destino de entre uno y dos tercios de todas las exportaciones de Chile y la fuente de entre un tercio y un medio de todas las importaciones en cualquier ario que se considere. Las importaciones de Francia también eran altas, reflejando el gusto de la clase alta. Del mismo modo que en el período colonial, continuaba el comercio con Perú, pero era eclipsado por los vínculos forjados ahora con el Atlántico del Norte. Los vapores, los ferrocarriles, los telégrafos, los bancos y compañías, todos contribuyeron a cimentar la cada vez más sólida asociación con la economía internacional que estaba surgiendo en el mundo. Los políticos pueden ocasionalmente denunciar a los comerciantes británicos como los 'nuevos cartagineses' o incluso (en una vena más popular) como 'infieles; pero en general su presencia era bienvenida como un elemento vital en lo que era asumido como el progreso de la nación.

Sesenta arios después de la Independencia, Chile era una tierra mucho más próspera que lo que parecía posible en 1810, así como más integrada económicamente que en el período colonial. Su registro contrasta fuertemente con el evidente estancamiento en varias de las otras repúblicas hispanoamericanas. Sin embargo, la nueva prosperidad no estaba distribuida proporcionalmente (incluso menos equitativamente) en todos los sectores de la población. La riqueza de la clase alta aumentaba visiblemente y ésta tenía ideas muy claras acerca de qué hacer con ella. Un visitante norteamericano, a mediados de los arios 1850, observaba que 'el gran objeto de la vida' en la adquisición de riqueza parece ser 'acudir al capital para gastarlo en muebles caros, equipamiento y una vida espléndida'

9. La desaparición gradual de los

antiguos y austeros hábitos de vida supuestamente más virtuosos fue lamentada por los escritores de mente orientada moralmente; y es probablemente justo decir que la adopción de estilos de vida europeos más sofisticados -modas que abarcaban desde los sombreros hasta las

9 [Mrs.C.B.Merwinj, Three Years in Chile (New York, 1863).

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carreras de caballos que se alteraron visiblemente entre los arios 1820 y 1870- pueden haber profundizado la brecha psicológica entre los ricos y los pobres; y puede ser también una de las claves para comprender la liberalización política establecida después de 1861. La elite de la sociedad chilena no estuvo nunca cerrada a los recién llegados. Los nuevos magnates de la minería y las finanzas fueron fácilmente asimilados, como lo fueron los hijos o nietos de los sucesivos inmigrantes, aunque el extraordinario contingente de apellidos no-hispanos en la clase alta chilena solamente llegó a ser realmente llamativo a fines del siglo. (Había solamente un apellido inglés en los gabinetes anteriores a los arios 1880). La coherencia subyacente de esta elite abierta y flexible era producida por un conjunto de intereses económicos -en minas, tierra, bancos y comercio- que se superponían y a menudo se entrecruzaban. Los mineros o comerciantes, quienes en circunstancias diferentes podrían haber formado la vanguardia de una bourgeoisie conquérante** fueron incluidos desde el comienzo en los niveles más altos de la jerarquía social, donde prevalecían fundamentalmente las perspectivas y las actitudes aristocráticas. Los valores supremos de la clase alta estaban relacionados con la familia y la propiedad. La importancia de las relaciones familiares en este período no puede ser fácilmente exagerada. Era algo que frecuentemente se mostraba en la política. El Presidente Bulnes era yerno de uno de sus predecesores, el sobrino de otro y el cuñado de uno de sus sucesores. En el siglo posterior a 1830, la familia Errázuriz le dio a la República un arzobispo, tres presidentes y más de cincuenta congresistas. La atracción de la propiedad rural, integraba probablemente más que dividía a la elite; la propiedad era el distintivo altamente valorado del estatus aristocrático. Estas fuerzas poderosas hacia la coherencia claramente promovían la continuidad y estabilidad más que el cambio y la reacomodación en el desarrollo social de Chile.

Entre los propietarios de la clase alta y los trabajadores pobres, una pequeña y miscelánea 'capa media' de la sociedad se hizo percep-tiblemente más grande como resultado de la expansión económica. Estaba compuesta por los propietarios de pequeños negocios y parcelas, el creciente número de empleados de oficinas de co-

** N. del T. En francés en el original. Burguesía conquistadora en castellano.

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mercio, los miembros subalternos de la burocracia (que incluso en 1880 no contaba todavía con más de 3 mil personas) y los artesanos y artífices de las ciudades. Era a estos últimos a quienes los chilenos educados del período se referían cuando usaban el término clase obrera*. En la franja superior del sector media, los posibles entrantes frustrados en los círculos más brillantes constituían un tipo reconocible, bien descrito en algunas de las ficciones de la época. Desde al menos a fines de los arios 1850, tales personas eran conocidas como siúticos* y la tradición atribuye el neologismo, todavía comprendido, aunque no muy usado, a Lastarria. Los artesanos chilenos, por su parte, nunca fueron bien protegidos por políticas comerciales, pero el crecimiento de las ciudades (y la ri-queza de la clase alta) creó una demanda por servicios y productos que podían ser satisfechos mejor en forma local y parecen haber florecido muchas artes y servicios [crafts and trades], al menos de una forma modesta. Tales grupos, evidentemente, tomaron el tono de la alta sociedad en sus maneras y aspiraciones. Refiriéndose a los 'mecánicos y vendedores al detalle' de Santiago, en 1850, un visitante con una mirada observadora anotó:

Existe la necesidad inherente de orden en su vida doméstica, pero en público la ropa fina es una pasión de ellos, y un desconocido apenas sospecharía que el hombre que se en-cuentra vestido con una fina y amplia capa acompañando a una señora vestida con seda y joyas, no ocupa un rango más alto en la escala social que el de un hojalatero, un carpintero o vendedor de una tienda cuyo único bien puede guardarse en una caja de menos de 2 metros cuadrados'

10.

La propagación de asociaciones mutuales en los arios posteriores proporcionó un mayor grado de seguridad para los artesanos y ar-tífices. La primera fue fundada en el rubro de la imprenta en 1853 y no duró mucho; pero, hacia 1880, gracias a los esfuerzos del constructor y arquitecto Fermín Vivaceta y de otros, había alrededor de 39 sociedades de esta clase gozando de estatus legal, anticipando el surgimiento más tarde de los sindicatos.

10 Lieut. J.M.Gilliss, U.S.N. The United States Naval Astronomical Expedition to the Southern hemisphere during the years 1849-50-51-52, vol.I., Chile (Washington, 1855), 219.

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Un profundo abismo material y psicológico separaba a todos los grupos sociales ya mencionados de la gran masa de trabajadores pobres en la ciudad y el campo, cuya condición mejoró sólo marginalmente, si es que lo hizo, durante este período. A pesar de la gran cantidad de familias que estaban ahora establecidas en las haciendas, los peones del valle central frecuentemente debían buscar trabajo en otras partes. Ellos emigraban por miles a los distritos insalubres y sobrepoblados de las principales ciudades. Los rotos* (trabajadores urbanos) y los peones también acudían en masa a los campos mineros del Norte y a los grupos de construcción de vías férreas en Chile y en el extranjero. Cuando, hacia fines de los arios 1860, el audaz Henry Meigss (famoso por la frase de que antes contrataría a 500 rotos chilenos que a mil irlandeses) se embarcó en grandiosos proyectos de construcción de líneas férreas en Perú, al menos 25 mil chilenos respondieron a su llamado. Esta fuga de mano de obra provocó debates en el Congreso, con propuestas para restringir la emigración, mientras los propietarios se quejaban de una 'escasez de mano de obra' en el campo. En efecto, no había tal escasez y esto era apreciado por aquellos chilenos más perceptivos quienes comenzaron ahora a someter al trabajador pobre a un examen algo más exigente que en el pasado.

Si la emigración fue (brevemente) una preocupación de los legisladores chilenos, la idea de la inmigración desde Europa, como un medio de 'civilizar' a las clases bajas, fue sugerida más frecuentemente. Rasgos de xenofobia pueden haber sobrevivido entre los pobres, para surgir ocasionalmente, como durante la Guerra Civil de 1829-1830, pero en general los extranjeros fueron bienvenidos con los brazos abiertos. "'Extranjero' -dijo una vez, Antonio Varas- es una palabra inmoral que debiera ser eliminada del diccionario!" El Censo de 1875 contaba 4.109 británicos, 4.033 alemanes y 2.330 franceses residentes en Chile, con personas de otras nacionalidades totalizando alrededor de 15.000, una cantidad que incluye a 7.000 argentinos. El rol de los británicos en el comercio ya ha sido observado; algunas prominentes familias chilenas surgieron a su debido momento de este grupo. La industria molinera, a la cual nos hemos referido antes, fue en gran parte establecida por los estadounidenses; ellos y los británicos contribuyeron a construir y luego a operar la red ferroviaria; una alta proporción de los empresarios industriales de los arios posteriores vino del extran-

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jero. En un nivel más modesto, los extranjeros también hallaron su lugar en la creciente clase de los artesanos, especialmente en aquellos campos que estaban relacionados con el estilo de vida favorecido por los ricos. Académicos europeos y científicos, como el francés Claude Gay (autor de una famosa historia física y política del país de 30 volúmenes) y Amado Pissis (quién elaboró mapas de la República desde los 28° 10'S hasta los 41° 58'S), hicieron mucho para incrementar el conocimiento de Chile; el gobierno tenía una política más o menos sistemática de empleo para tales personas. No había una inmigración en masa del tipo deseado, pero, a fines de 1840, el gobierno promovió el establecimiento de familias de Alemania en los escasamente poblados territorios del sur, alrededor de Valdivia y del Lago Llanquihue. Hacia 1860, había más de 3.000 alemanes en el sur, esforzados pioneros que despejaron los bosques y abrieron tierras al cultivo.

Este nuevo interés oficial en el sur significó el comienzo del fin del enclave independiente de los indios de la Araucanía, que se ubicaba inconvenientemente entre las nuevas áreas de poblamiento y el corazón del país al norte del Bío Bío. La supresión del bandidaje extendido que siguió a la Independencia en las provincias surerias, completada hacia mediados de los arios 1830, había puesto a los araucanos en una posición de alguna manera más vulnerable que antes; pero, durante el próximo cuarto de siglo, no fueron en general inquietados. Como en el período colonial, el ejército patrullaba la frontera, mientras el gobierno en Santiago hacía amistad (y subsidiaba) a un número de caciques de disposición amable. La expansión agrícola de los arios 1850, sin embargo, llevó a los colonos dentro del área Sur del Bío Bío, causando tensión con los araucanos. Los ataques indígenas en los poblamientos de la frontera que siguieron (1859-1860) hizo surgir el 'problema araucano' como un tema político, que fue muy discutido en los años siguientes. La política adoptada por el gobierno de Pérez fue establecer 'líneas' de fuertes para encerrar a los araucanos dentro de una franja de territorio en disminución. Los indígenas opusieron resistencia al ejército invasor en una serie de asaltos (1868-1871), pero, hacia fines de 1870, con el poblamiento desparramándose hasta la frontera, las 'líneas' se habían juntado inexorablemente. Después de la Guerra del Pacífico, se enviaron tropas a 'pacificar' y ocupar la estrecha franja de territorio indígena que quedaba. La larga y

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orgullosa historia de la Araucanía llegó a su patético cierre. A los indios se les dio, en el papel, un territorio que parecía generoso a los ojos de Santiago, pero el patrón de transacciones de tierra en la frontera durante los veinte arios previos era difícilmente un buen augurio. El gobierno luchó en vano para regularizar las transferencias de tierra en el Sur, pero fracasó en prevenir la formación de nuevos latifundios, a menudo hechos mediante engaños e intimidación. Tampoco las medidas tomadas para proteger los intereses de los araucanos contra los propietarios predadores (grandes y pequeños) pueden ser descritas de cualquier otro modo sino como inadecuadas.

El contraste más vívido, en el Chile de los arios 1870, era el de la ciudad y el campo. La civilización -ese término usado tan frecuentemente para justificar la 'pacificación' de la Araucanía- era quizás más evidente en el ámbito urbano. La urbanización chilena del siglo diecinueve (en verdad modesta de acuerdo con los estándares del siglo veinte) era esencialmente una historia de dos ciudades: Santiago, que creció desde cerca de 70 mil personas a mediados de los arios 1830 a 130 mil en 1871, y Valparaíso, la que a fines de este período había alcanzado cerca de 100 mil. Otras ciudades chilenas estaban muy por debajo de ello. Durante los auges mineros, es verdad que Copiapó gozó un apogeo próspero; Concepción, devastada por el terremoto de 1835, floreció nuevamente con la expansión del crecimiento del trigo y la industria molinera; y, entre las pequeñas ciudades soñolientas del Valle Central, Talca cultivó un sentimiento bien desarrollado de orgullo cívico. Pero ninguno de estos lugares tenía poblaciones superiores a 20 mil personas en 1875. El predominio de la capital y del puerto principal, apoyado por la hegemonía política y económica era incuestionable. Como muestran claramente los dibujos e impresiones contemporáneas, Santiago retuvo una apariencia definitivamente colonial hasta alrededor de 1850, pero el normalmente sobrio Andrés Bello podía escribir que 'el progreso logrado en los últimos cinco arios puede ser llamado fabuloso. Edificios magníficos se levantan por todas partes...; ver la Alameda ciertos días del ario hace imaginarse que estamos en una de las grandes ciudades de Europa

11: El año 1857, en efecto, presenció la inauguración del elegante

Teatro Munici-

11 Domingo Amunátegui Solar, La democracia en Chile (Santiago, 1946), 132.

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pal y la introducción de tranvías arrastrados por caballos y lámpa-ras a gas en las calles. Los estilos arquitectónicos se alteraron, los modelos franceses (incluso ingleses) eran los preferidos para las nuevas mansiones aristocráticas que se estaban construyendo. El programa inusualmente activo desarrollado por Benjamín Vicuña Mackenna, el Intendente casi legendario de comienzos de los arios 1870, dotó a la capital de avenidas, parques, plazas y la magnífica locura urbana del Cerro Santa Lucía, que encanta a los santiagui-nos hasta el día de hoy. Valparaíso, la primera ciudad chilena en organizar una brigada contra el fuego (1851), sufrió mejoras se-mejantes aunque menos llamativamente publicitadas. Su barrio comercial adquirió una atmósfera vagamente británica. Tanto la capital como el puerto (y más tarde otras ciudades) pronto adqui-rieron una prensa respetable que floreció con especial vigor en el clima político más liberal posterior a 1861. El decano de la prensa chilena, El Mercurio, fundado en Valparaíso en 1827 (y como dia-rio desde 1829) es hoy el periódico más antiguo en el mundo de habla hispana.

La educación en este período hizo un progreso más lento que lo que hubieran deseado muchos chilenos, a pesar de los mejores esfuerzos de presidentes como Montt, cuyo interés obsesivo en la materia fue compartido por Sarmiento, su gran amigo argentino. El analfabetismo disminuyó gradualmente a alrededor del 75% en 1871 y, por ese entonces, el 17% de la cohorte de la edad pertinente estaba estudiando educación primaria. Hacia 1879 había 27 Liceos públicos (dos para niñas) y un número mayor de escuelas privadas proporcionaba instrucción en el nivel secundario, junto con el Instituto Nacional, donde tantos de los líderes de la República recibieron su educación secundaria (y por muchos arios su educación superior). Los estudios superiores (y especialmente la formación profesional a la cual fueron admitidas las mujeres por el Decreto de 1877) fueron grandemente estimuladas por la creación en 1843 de la Universidad de Chile. Modelado en el Instituto de Francia, fue en sus comienzos un cuerpo deliberativo y supervisor más que una institución de enseñanza, pero sus estándares eran altos. El claro fortalecimiento de la vida intelectual y cultural, que llegó entonces a ser más visible, debe mucho al primer Rector de la Universidad, el eminente académico venezolano Andrés Bello, quien ocupó los últimos 36 años de su larga vida en Chile.

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Poeta, gramático, filósofo, educador, jurista, historiador, empleado público infatigable y senador, Bello tenía un genio paciente y de muchas aristas que inspiraba a un conjunto de devotos alumnos y discípulos. Es imposible, en el espacio de este capítulo, dar cuenta del panorama cultural del período, pero un aspecto más bien singular merece ser destacado. Éste fue la primacía acordada a la historia, una primacía estimulada por la Universidad y (de un modo menor) por el mismo gobierno. El resultado, entre 1850 y 1900 o alrededor de esas fechas, fue el distinguido florecimiento de la narrativa histórica representada, sobre todo, por las obras de Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunátegui, Ramón Sotomayor Valdés y Benjamín Vicuña Mackenna. De los cuatro, Barros Arana fue el más empeñoso y académico, Vicuña Mackenna el más lírico y vívido. Todos pueden leerse aún beneficiosamente.

Es posible que la preferencia chilena por la historia reflejaba y re-forzaba el crecimiento de la conciencia nacional. El patriotismo, en verdad, no es nunca fácil de evaluar. Puede ser dudoso si un sentimiento claro de chilenidad penetraba realmente muy profun-damente en el campo antes de 1870. La gente de las ciudades, en contraste, respondía apasionadamente a las celebraciones victoriosas en 1839; el dieciocho, la efeméride nacional anual, aunque a menudo un pretexto para una indulgencia alcohólica prolongada, era indudablemente un suceso popular; y tanto las iniciativas privadas como públicas se dedicaron a erigir estatuas a los héroes de la Independencia y a otras figuras nacionales, comenzando con el General Freire en 1856. (Portales y O'Higgins lograron sus monumentos en 1860 y 1872, respectivamente). Los chilenos educados estaban fuertemente inclinados a considerar su país como superior a otros en Hispanoamérica, y es difícil resistir a la conclusión de que en ciertos aspectos importantes ellos tenían la razón. 'Nos hemos salvado nosotros mismos del naufragio general escribió el emergente político conservador Carlos Walker Martínez

12. Chile como la república

modelo, como ejemplo para las tierras inmanejables, 'tropicales,' era un tema recurrente en los discursos y editoriales. 'Tengo tal pobre idea de las...repúblicas hermanas' indicaba Antonio Varas, en 1864, 'que... siento que tengamos que hacer

12 C.W.Martínez, Portales (Paris, 1879),452.

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causa común con ellas

13. Tales opiniones frecuentemente coinci-

dían con las perspectivas extranjeras de Chile, especialmente en Europa. (En abril de 1880, incluso The Times usó la frase 'república modelo'). Los halagos europeos les gustaban profundamente a los chilenos educados, muchos de quienes creían que Gran Bretaña y Francia (en especial) estaban conduciendo al mundo por una vía de progreso, el que, a su debido tiempo, Chile estaba seguro de seguir: 'La Europa de hoy es nuestro mañana

14.

El sentimiento de confianza y optimismo fue severamente sacudido por las mútiples crisis de mediados de los arios 1870. Esto puede ser efectivamente fechado a partir del colapso del auge de la plata de Caracoles. Las dificultades económicas que crecieron a partir de allí surgen en parte de la importante recesión internacional que comenzó dicho ario (el comienzo de la 'Gran Depresión; que siguió al largo auge de mediados de la era Victoriana), pero también reflejaba un problema más fundamental: los precios del cobre, au-mentados brevemente por la guerra franco-prusiana (como lo ha-bían sido antes por la guerra de Crimea), cayeron bruscamente. El valor de las exportaciones de plata se redujeron a la mitad en cuatro arios, aunque la causa asignada a esto -el cambio del estándar de oro por Alemania y otras naciones- puede haber sido exagerada por los historiadores. Encima de todo esto, un ciclo alarmante y a destiempo de inundaciones y sequías en el Valle Central produjo tres cosechas desastrosas seguidas. Un aumento abrupto en el costo de la vida hundió a muchos miles de los chilenos más pobres en la miseria y cercanía a la inanición. Hubo síntomas perturbadores de inquietud social. El peso, estable por tanto tiempo, comenzó a depreciarse, cayendo de alrededor de 46 peniques en 1872 a 33 peniques hacia 1879 (es levemente gracioso recordar que, en esta atmósfera de desesperación, las esperanzas oficiales crecieron brevemente por un embaucador franco-norteamericano que sostenía que era capaz de convertir el cobre en oro; quien fue encumbrado y hasta se compuso una polka en su honor). Temiendo una catastrófica corrida en los bancos que estaban ahora insolventes, la administración del Presidente Pinto tomó la drástica decisión de declarar la inconvertibilidad de los billetes (julio 1878), que así

13 Antonio Varas, Correspondencia, 5 vols. (Santiago, 1918-29), v.48. 14 Editorial, El Mercurio, 18 de Septiembre 1844.

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se convirtieron en una moneda de curso legal; fue el comienzo de un siglo de inflación. En sus esfuerzos para resolver el grave dilema fiscal (hecho más intenso por la necesidad de pagar los intereses de una deuda nacional que había crecido peligrosamente rápido los pocos arios previos), el gobierno primero acudió a realizar reducciones en el gasto público; la Guardia Nacional, por ejemplo, fue reducida a unos 7 mil hombres. A medida que la recesión se profundizaba, muchos chilenos inteligentes, notando la gran dependencia del país de las exportaciones, defendieron una dosis mayor de proteccionismo para el embriónico sector industrial (esto fue logrado parcialmente con la reforma de tasas aduaneras de 1878) y también con la imposición de nuevos aranceles de impuestos para la riqueza. Esta última noción, de acuerdo con el Cónsul General de Gran Bretaña fue bien vista 'por todos, excepto por aquellos a quienes afectará y quienes, por desgracia para su país, componen en gran parte su Poder Legislativo

15. En efecto, en 1878-1879, el Congreso

acordó, después de mucho debate, cargar pequeñas tasas de impuestos sobre las herencias y la propiedad. Éstas tuvieron poco efecto en la crisis, de la cual Chile se salvó no por la mejora fiscal, sino a sangre y fuego.

Las amenazantes tensiones internacionales de los arios 1870 derivaron de las largas disputas de límites pendientes con Argentina y Bolivia. Ninguna frontera había sido trazada precisamente en el período colonial. La presencia chilena en el Estrecho de Magallanes después de 1843 había hecho surgir la cuestión de la propiedad de la Patagonia, la que Argentina consideraba suya. Chile, en efecto, abandonó su demanda a casi todo este gigantesco pero desolado territorio, en el Acuerdo Fierro-Sarratea de 1878, aceptado por el Congreso, a pesar de las furiosas multitudes en el exterior del edificio y de un vibrante discurso de un enojado ex ministro de Relaciones Exteriores, quien lamentó que Chile se quedaría como 'una pobre República' en lugar de convertirse en 'un gran imperio: El Acuerdo alejó el peligro de guerra con Argentina; había habido bastante ruido de sables a ambos lados de Los Andes. El problema con Bolivia era menos tratable, porque en la Patagonia había menos intereses vitales en riesgo, lo que era drásticamente

15 Cónsul General Packenham al Marqués de Salisbury, Santiago, 24 de febrero de 1879 (Public Record Office, Londres: F.o.16/203.

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opuesto en el desierto de Atacama, una de las principales escenas del expansionismo económico chileno. Aquí, en los años 1860, los empresarios chilenos José Santos Ossa y Francisco Puelma habían iniciado la extracción de salitre, en creciente demanda en el extranjero como fertilizante. (El capital chileno era también pro-minente en el negocio del salitre en el desierto peruano, más al Norte, pero allí la industria fue nacionalizada por el gobierno de Perú en 1875). En Atacama, gracias a las generosas concesiones hechas por Bolivia, la poderosa Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una corporación chileno-británica en la cual un conjunto de influyentes políticos chilenos tenía acciones, estaba cerca de constituir un Estado dentro de un Estado. La mayor parte de la población en el litoral era chilena. Tal estado de cosas es siempre potencialmente explosivo. En 1874, en un intento por fijar la frontera de una vez por todas, Chile aceptó establecerla en el 24° S a cambio de la promesa de Bolivia de una moratoria de 25 arios en las próximas tasas de impuestos aplicables a las empresas salitreras. La tasa adicional a las exportaciones de 10 centavos por quintal impuestas sorpresivamente por los bolivianos en 1878 fue claramente una violación de acuerdo. (Si las concesiones bolivianas originales fueron imprudentes o no, es otra cosa). El rechazo a pagar, por parte de la Compañía de Salitres, trajo amenazas de confiscación. Para anticiparse a ello, una pequeña fuerza militar ocupó Antofagasta (febrero 1879) y luego continuó tomando el control del litoral. El conflicto asumió rápidamente proporciones más graves. Perú fue arrastrado en virtud del Tratado Secreto de Alianza con Bolivia, acordado seis arios antes. Chile le declaró la guerra a ambos países en abril de 1879.

La Guerra del Pacífico fue considerada en su tiempo (por algunos) como un ejercicio de pillaje cínicamente premeditado, con el fin de rescatar a Chile de su grave situación económica mediante el apoderamiento de la riqueza mineral de los desiertos nortinos. Otros detectaron la mano invisible de naciones más poderosas y la preocupación de comercios extranjeros tan vinculados con el ne-gocio del salitre. El Secretario de Estado de Estados Unidos, el ilus-tre James G. Blaine, incluso sostuvo, después, que era 'una guerra

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inglesa con Perú, con Chile como instrumento; un veredicto que es difícil de mantener con la evidencia existente

16. Debe decirse, sin

embargo, que los políticos chilenos (sin dejar de ser los más importantes aquellos que tenían o habían tenido acciones de empresas salitreras) estaban conscientes de las ventajas que podrían acumularse con el control de los desiertos y estaban igualmente conscientes de la grave posición económica del país en 1879. En la medida que había existido una 'voluntad pública hacia la guerra' en los meses previos, ésta había sido dirigida principalmente contra Argentina. Sin embargo, también puede ser verdad que el entusiasmo con que fue bienvenido el comienzo de hostilidades (general, si no universal) fue de algún modo una salida para los aumentados sentimientos de frustración que se habían acumu-lado durante los arios de recesión. Pero ni Chile ni sus enemigos estaban preparados para la guerra. Sus ejércitos eran pequeños y estaban deficientemente equipados. Chile había reducido su fuerza militar durante la recesión, mientras que a los ejércitos de Perú y Bolivia les sobraban oficiales. En el mar, Chile y Perú (Bolivia no tenía Marina) estaban quizás más parejos y el dominio del mar era clave para la guerra. Al final, la mayor coherencia nacional de Chile y las tradiciones de un gobierno estable probablemente marcaron la vital diferencia. En varios momentos, durante este tiempo de mortal peligro, Bolivia y Perú sufrieron serios trastornos políticos. En contraste, en Chile hubo elecciones presidenciales y parlamentarias de manera normal, hubo cambios de gabinete sin un drama excesivo y no cesó de ninguna manera la acción política enérgica: ni los conservadores ni el grupo desafiliado liberal conducido por Vicuña Mackenna (quien había perdido su candidatura a la presidencia en 1876) fueron invitados al gabinete y ellos tomaron revancha castigando sin merced al gobierno por sus numerosas vacilaciones y fallas en la conducción de la guerra.

Los primeros meses, comprometidos en la lucha por el dominio del mar, fueron un período frustrante de reveses para Chile, pero también proporcionaron el único y más recordado incidente de la guerra. El 21 de mayo de 1879, en las afueras de Iquique, una

16 Sobre estos puntos ver V.G.Kiernan "Foreign interests en the War of the Pacific', Hispanic American Historical Review, 35 (1955), 14-36 and John Mayo, "La Compañía de Salitres de Antofagasta y la Guerra del Pacífico', Historia, (Santiago) 14 (1979), 71-102.

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decrépita corbeta de madera -la Esmeralda*- fue atacada por el acorazado peruano Huáscar*. Aunque la corbeta fue sobrepasada y condenada desde el inicio, el comandante chileno, el Capitán Ar-turo Prat, rehusó arriar el pabellón. Él murió en una operación de abordaje sin esperanzas, cuando el Huáscar* espoloneó su navío, el que, después de posteriores espolonazos, se hundió. El sacrificio heroico de Prat lo convirtió en un 'santo laico' sin comparación en la admiración de sus conciudadanos. Cinco meses después, en las afueras de Punta Angamos, la flota chilena acorraló al Huáscar* y lo forzó a rendirse. Esta victoria le dio a Chile el dominio del mar y lo capacitó para lanzar una ofensiva terrestre. Pronto, después de la batalla de Angamos, una fuerza expedicionaria invadió la provincia de Tarapacá en el desierto peruano, obligando al enemigo a retroceder más al norte a Tacna y a Anca. A comienzos de 1880, un ejército de 12 mil hombres, comandado por el General Manuel Baquedano, se hizo cargo de la conquista de estas provincias, en una campaña del desierto que culminó en las feroces batallas de Campo de la Alianza y del Morro de Anca (mayo-junio de 1880). En este período, entre los poderes europeos, se había propuesto una intervención para detener el conflicto, pero la sugerencia fue torpedeada exitosamente por Bismarck. Sin embargo, Estados Uni-dos tuvo éxito en acordar conversaciones entre los beligerantes a bordo de un barco en las afueras de Anca, en octubre de 1880. La conferencia fracasó. Al gobierno chileno, ahora en control de todas las principales áreas productoras de salitre, casi seguramente le habría gustado hacer la paz, pero la opinión pública demandaba la humillación de Perú, con gritos estridentes de 'Vamos a Lima'. A fines de 1880, un ejército de más de 26 mil hombres, nuevamente bajo el mando de Baquedano, desembarcó en la costa central de Perú. Las batallas extremadamente sangrientas de Chorrillos y Miraflores (enero de 1881) abrieron las puertas de Lima. La guerra continuó en el interior del Perú por otros dos arios, con fuerzas de guerrilla resistiendo al ejército de ocupación, pero nada podía disimular el hecho de que Chile había obtenido una victoria total. Un nuevo gobierno en Perú aceptó eventualmente, en el Tratado de Ancón (octubre de 1883), la mayor parte de los duros términos del vencedor para conceder la paz. Tarapacá fue cedida a perpetuidad y a Chile se le dio posesión temporal de Tacna y Anca, sobre la cual se desarrolló una larga lucha diplomática que no se resol-

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vió sino hasta 1929. Los últimos soldados chilenos dejaron Perú en agosto de 1884. Una tregua con Bolivia (abril 1884) le permitió a Chile quedar en control del desierto de Atacama hasta la negociación para el establecimiento completo de la paz, el que se materializó solamente en 1904.

La victoria en la Guerra del Pacífico le dio a Chile un prestigio in-ternacional sustancial. Para los chilenos, hubo las inevitables ten-taciones de arrogancia, que no fueron enteramente suprimidas. El optimismo tan seriamente sacudido por la crisis de la década previa fue rápidamente recapturado, con el descubrimiento de que, como característicamente lo dijo Vicuña Mackenna, 'en el alma chilena, escondido debajo de la ruda túnica del soldado o del poncho áspero de tejido nativo, pulsa el latido del sublime heroísmo de la Antigüedad

17.

En cada chileno, parecía haber un soldado. Con la conquista del litoral boliviano y las provincias surerias del Perú, Chile agrandó su territorio en un tercio. La posesión de los campos salitreros significó que la riqueza del país aumentó enormemente de la noche a la mañana y justo a tiempo, dado el aparente agotamiento de las fuentes chilenas de prosperidad a mediados de los arios 1870. A medida que el salitre reemplazó al cobre y la plata, el progreso material logrado a mediados del siglo, antes de la guerra, pronto comenzó a parecer modesto en comparación con el auge de los arios 1880. Tales súbitas ganancias nacionales necesitan ser cuidadosamente evaluadas y juiciosamente administradas. Para Chile, la república modelo de Latinoamérica, las victorias en la paz eran quizás menos seguras que las obtenidas en la guerra.

17 Eugenio Orrego Vicuña, Vicuña Mackenna, vida y trabajos, 3a ed. (Santiago, 1951), 376.

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2 Desde la Guerra del Pacífico hasta

1930

Cuando Chile comenzó la década de 1870, la República podía mirar al pasado de 40 años de una estabilidad constitucional virtualmente ininterrumpida -única en Hispanoamérica- y la evolución de un sistema político multipartidista que funcionaba. También podía mirar el crecimiento de una modesta pero promisoria economía, basada en las exportaciones de materias primas de la tierra y las minas. Su población se había duplicado, desde la Independencia, de uno a dos millones hacia 1875; su comercio exterior, dominado desde 1830 a 1870 por las exportaciones de cobre, había crecido rápidamente, proporcionando ingresos adecuados a sucesivos gobiernos para iniciar mejoras en el transporte, en especial de los ferrocarriles, desarrollar programas educacionales, proporcionar comodidades urbanas, y mantener la ley y el orden. En cuanto a las relaciones exteriores, Chile no solo había mantenido su independencia, sino que, en los años 1830, había también prevenido el intento combinado de Perú y Bolivia de establecer una hegemonía en la costa del Pacífico de Sud América.

La capacidad del país para alcanzar estos objetivos se debió, sin duda, en una buena parte, al sistema constitucional creado por Diego Portales (1793-1837), respaldado por una notable y homogénea aristocracia de la tierra y basado en la constitución autoritaria y centralista de 1833. Esa constitución, fríamente realista, reconocía lo que era Chile más que lo que aspiraba a ser: apreciaba lo que Portales llamaba 'el peso de la noche; el nítido tradicionalismo de 300 años de control colonial, durante el cual habían sido trazados los lineamientos básicos de la sociedad y aceptaba que la independencia de España fue en verdad un acto fundamentalmente político, pero que no tenía virtualmente ningún contenido económico o social, ya que la sociedad de Chile era esencialmente rural:

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una aristocracia blanca ligada a la tierra gobernaba la vida nacional en todas sus ramas, mientras que un campesinado iletrado, en gran parte mestizo*, obedecía. Las grandes haciendas, feudos virtualmente aislados, donde el mandato del hacendado ignoraba las leyes, eran todavía, como lo habían sido por trescientos arios, las características básicas y sociales de la nueva República.

Esta sociedad altamente estratificada había desarrollado un sistema político mucho más sofisticado que el de sus vecinos. Todas las revoluciones polarizan las opiniones y Chile no fue la excepción.. Políticamente, el período de la Independencia produjo conservadores y liberales, los primeros aceptando la separación de España, pero ansiosos de conservar el status quo social, los últimos viendo en los trastornos políticos la oportunidad de extender la libertad, de la Iglesia en materias intelectuales y educacionales, y de la autoridad arbitraria en política. Los conservadores triunfaron en los años 1830, pero la corriente liberal era aún fuerte: desde 1830 a 1880 tuvo éxito en modificar, aunque no destruyendo, la estructura autoritaria del gobierno mediante reformas constitucionales limitadas. Y comenzó a atacar las prácticas al igual que la forma de autoridad gubernamental, la principal de las cuales era la injerencia del poder ejecutivo, en las elecciones legislativas, el Congreso, asegurándose así una mayoría flexible a sus planes. Bajo este sistema, los hombres y los grupos con diferentes puntos de vista formaron embriónicos partidos que participaron en las elecciones. Ya que Chile evitó tanto los excesos del caudillismo como la intervención de los militares en el proceso político, hacia 1870 había surgido un sistema político y constitucional reconocido como funcional y viable de acuerdo con estándares europeos y norteamericanos, dándole a Chile el galardón de ser 'la Inglaterra de Sud América:

Chile también avanzó económicamente, con exportaciones de productos agrícolas (especialmente trigo) y productos mineros (especialmente cobre) en expansión a medida que avanzaba el siglo. Desde los años 1860, las demandas por mejorar de la infraestructura, especialmente líneas férreas, forzó al gobierno a solicitar créditos en el extranjero como un complemento a los ingresos comerciales, pero en esto también, mediante una administración sólida y con probidad, Chile adquirió una reputación sin paralelo de pagar sus deudas sin demora, siendo ello muy poco usual en-

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tonces en Latinoamérica. Hacia 1870, en verdad, la madurez política, la responsabilidad financiera y la evolución ordenada eran internacionalmente consideradas como un sello distintivo de Chile en un continente de algún modo incontrolado. Solamente Brasil podía competir en la estima internacional.

Los arios 1870, sin embargo, fueron una década de desilusión. El comienzo de la depresión mundial en el comercio internacional hirió a Chile duramente como productor de materias primas y las riñas políticas internas entre los diferentes partidos amenazaban su ensalzada tradición de continuidad gubernamental. El apacible presidente Aníbal Pinto (1876-1881) buscó la acomodación con la oposición política más que usar sus extensos poderes constitucionales, únicamente para encontrar, en medio de la severa depresión económica y de mucho malestar social, que la conciliación era interpretada como debilidad. Su gobierno, tambaleante por los efectos de la crisis económica mundial, había sido obligado en 1878 a terminar la convertibilidad del estándar de oro y adoptar un régimen de billete inconvertible, un duro golpe al orgullo chileno y a la opinión internacional. Para aquellos que creían que la constitución autoritaria de 1833 y el sistema presidencial estaban fracasando, el momento de la confrontación parecía haber llegado.

Entonces intervinieron los sucesos del exterior. Desde la Inde-pendencia, Chile y sus vecinos del Norte: Bolivia y Perú, habían disputado la línea fronteriza en el desierto de Atacama, pero el problema no se agudizó sino hasta que los recursos de esas tierras estériles -principalmente guano y salitre- llegaron a ser explotables comercialmente y se movieron los empresarios y el capital extranjero para trabajarlos. Una sucesión de Tratados entre los Estados reguló sus relaciones, pero, en 1878, la abolición unilateral ejecutada por Bolivia de un Tratado con Chile relacionado con los intereses extranjeros en la Antofagasta boliviana precipitó una crisis diplomática. Perú, vinculado con Bolivia en un Tratado de Alianza Defensiva y Ofensiva, desesperadamente buscó evitar el conflicto; Chile, sabiendo del Tratado, buscó ejercer presión sobre ambos vecinos y, cuando las autoridades bolivianas se rehusaron a ceder, declaró la guerra. Siguió la Guerra del Pacífico (1879-1883) en un momento cuando Chile no estaba preparado para ella ni política ni económicamente. Sin embargo, lo que sucedió, en su falta

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de preparación, su debilidad económica y la incerteza política -sin mencionar el deplorable estado de sus fuerzas armadas- parece una planificación meticulosa en comparación con sus adversarios, y el fuerte sentimiento de nacionalismo -no existente en Perú ni en Bolivia- probó ser una ventaja decisiva. Después de un incierto comienzo, las fuerzas terrestres y navales chilenas derrotaron decisivamente a las de Bolivia y Perú, como lo habían hecho en 1830, y de un país tambaleante, al borde de una desintegración política y de un colapso económico en 1879, Chile emergió de la guerra en 1883 con sus posibilidades transformadas. Resistiendo la fuerte presión panamericana de un tratamiento magnánimo para los derrotados adversarios, Chile se aseguró para la paz una extensión de territorio nacional no menor a un tercio de la extensión original del país y, en las regiones salitreras de Atacama -Tarapacá peruano y Antofagasta boliviano-, una riqueza mineral que daría cuenta de alrededor de la mitad de los ingresos gubernamentales ordinarios por los próximos 40 años.

Por el Tratado de Ancón (octubre 1883) firmado por Chile con un gobierno peruano al que las fuerzas chilenas habían ayudado a instalar, Perú cedió a Chile incondicionalmente y a perpetuidad su provincia de Tarapacá. También aceptó la posesión de Chile de sus provincias de Tacna y de Anca por una década, después de la cual, un plebiscito determinaría la propiedad final, debiendo pagar el ganador al perdedor 10 millones de pesos de plata chilenos. Otros aspectos se relacionaron con los deudores de Perú, cuyas inversiones habían sido parcialmente amortizadas por los depósitos minerales de Tarapacá. Una tregua separada con Bolivia -el Tratado de Paz se hizo realidad sólo veinte arios después- aseguró para Chile el territorio litoral de Antofagasta, cuyos depósitos salitreros eran solamente segundos en importancia a los de Tarapacá.

La guerra por sí misma había dado un considerable ímpetu a la industrialización de Chile con la provisión de materiales, y a la agricultura y a los medios de transporte, debido a la necesidad de llevar las provisiones desde el Valle Central al ejército en el desierto del Norte y, más adelante, a las fuerzas que ocuparon Perú. Esta energización de la economía chilena desde su estado de apatía en 1879, se mantuvo en los arios 1880 debido al crecimiento dinámico de la nueva industria salitrera. El futuro de Chile parecía

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asegurado, y quizás el impacto más significativo de su éxito en la guerra fue acrecentar una ya alta reputación, imbuyendo a sus líderes con un sentimiento de auto-confianza nacional, en contraste con sus sentimientos de casi universal pesimismo unos pocos arios antes. Nadie representa mejor la combinación de la aspiración nacional y el orgullo patriótico que los dos estadistas chilenos del siglo diecinueve que ocuparon la presidencia durante los arios 1880: Domingo Santa María (1881-1886) y José Manuel Balmaceda (1886-1891). Ambos eran profundamente liberales por convicción, ambos no menos autocráticos por temperamento, y la posesión de la presidencia acentuó este rasgo. Ellos iban a presidir, en efecto, la paradoja del mayor progreso material de Chile que el siglo vería, combinado con el colapso político y constitucional del sistema creado después de la Independencia por Diego Portales.

La presidencia de Santa María, 1881-1886

Domingo Santa María asumió la presidencia de Chile el 18 de sep-tiembre de 1881, cuando la marea de la guerra se había vuelto de-cisivamente a favor de Chile. Como la mayoría de sus predecesores, él había sido seleccionado cuidadosamente por el presidente previo, y, como él, había sido elegido con una masiva intervención del gobierno en las urnas, a pesar de que las pasiones políticas relacionadas con la guerra eran altas, inevitablemente la oposición parlamentaria y, en especial, el partido conservador clerical estaban bien conscientes de su impotencia para asegurar una elección libre. Los meses precedentes habían estado marcados por lo que el Ministro Británico llamó 'muchas escenas violentas e indecorosas' en la legislatura

1. Sin embargo, Santa

María tenía un campo claro. No obstante, la forma de su elección y las políticas que iba a desarrollar, en especial en asuntos religiosos, iban a resentir aún más la vida política.

La administración entrante había heredado una situación religiosa algo delicada. La muerte en 1878 del ultramontano Rafael Valentín Valdivieso, Arzobispo de Santiago por alrededor de 30 arios, había vuelto a abrir con el Vaticano la molesta cuestión del patronato*, la

1 Packenham al Earl de Granville, Santiago, 6 de julio de 1881. No 38. Diplomatic. London, Public Record Office, archivos de Foreign Office, Chile (FO 16), vol 213.

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demanda del gobierno, como sucesora de la corona española desde la Independencia, del derecho de nominación para el alto cargo eclesiástico. Con la muerte de Valdivieso, desde hacía largo tiempo una espina en la carne liberal, el gobierno del Presidente Pinto había nombrado un hombre de un temperamento más moderado, Francisco de Paula Taforo, pero la Santa Sede había rehusado aceptar el nombramiento. Santa María buscó entonces agarrar el toro por las astas e invitó a Santiago a un Delegado Apostólico, Celestino del Frate. Sin embargo, la misión fue un completo fracaso: del Frate aconsejó al Papa rechazar la nominación de Taforo y Santa María le envió su pasaporte. La cuestión del patronato* se mantuvo no resuelta, pero, para Santa María, la misión de del Frate le proporcionó el pretexto para una confrontación directa con la Iglesia, y se introdujo una legislatura para atacar las prerrogativas sustanciales que aún tenía en tres coyunturas críticas de la vida humana -nacimiento, matrimonio y muerte.

En su mensaje presidencial a la Nación de 1883, habiendo intervenido decisivamente en las elecciones parlamentarias de 1882 para garantizar una mayoría para una legislación anti- clerical, Santa María anunció su programa de sacar de la jurisdicción eclesiástica el registro de nacimientos y muertes y transferirlos al Estado, instituir el matrimonio civil, asegurar la libertad de conciencia, y permitir el entierro de las personas fallecidas de cualquier credo religioso en cementerios hasta entonces restringidos a los católicos y controlados por la Iglesia Católica. A José Manuel Balmaceda, Ministro del Interior, quien había sido educado en un seminario y destinado originalmente para el sacerdocio, le tocó la difícil tarea de conducir estas controvertidas medidas para hacerlas ley. Porque, aunque el gobierno podía contar con su mayoría en el Congreso, tenía que encarar el poder de la Iglesia en el exterior y dicho poder era todavía formidable. 'No hay duda,' escribió el corresponsal de The Times en 1880, 'que el hombre con sotana o tonsurado es aún 'el señor de todo' en este país; y, con las mujeres bajo su control, puede permitirse soportar los desprecios de los hombres escépticos y la promulgación de la ley civil en desafío'

2.

2 The Times, 27 de agosto de 1880.

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Era una observación profética. Las leyes liberales fueron forzadas a través del Congreso, aunque por los pelos, frente a una enconada oposición católica, pero, afuera del Congreso, los efectos fueron dramáticos: por ejemplo, el Vicario Capitular de Santiago no solo condenó la ley sobre los cementerios, sino que se rehusó a aplicarla y, en venganza, el Gobierno clausuró los sitios de entierro y prohibió los que se realizaran dentro de las Iglesias, una práctica acostumbrada desde hacía mucho tiempo, pero claramente antihigiénica. Como desafío a las órdenes del Gobierno, hubo algunas escenas lúgubres como los entierros clandestinos de católicos devotos, piquetes de soldados armados en los cementerios, el ocultamiento de enfermedades terminales y el posterior contrabando de los cadáveres fuera de las casas en toda clase de ataúdes y por todos los medios convenientes

3.

Pero la ley era la ley. A pesar de la fiera resistencia católica, la legis-latura, una vez publicada en el Diario Oficial, fue aplicada en forma creciente. Las leyes religiosas de la administración de Santa María marcaron una decisiva disminución del poder y la influencia de la Iglesia: también marcaron el apogeo del liberalismo chileno en el siglo diecinueve y le granjearon a Balmaceda el odio implacable del Partido Conservador. Sin embargo, más allá de esto, surgió una paradoja que solamente el tiempo revelaría: con el trámite de las leyes, el cimiento del anti-clericalismo que había vinculado a muchos diferentes hombres y grupos de amplia sensibilidad liberal, comenzó a quebrarse y no había otro vínculo ideológico entre ellos. Los Radicales y el Partido Nacional, no beneficiándose ellos mismo de las intervenciones electorales de Santa María, estaban preparados para apoyar sus políticas anti-clericales en el Congreso ya que compartían su apasionada convicción de que los poderes de la Iglesia deberían reducirse. Pero, una vez alcanzado dicho objetivo, vinieron a la superficie sus objeciones naturales a la intervención electoral. En cuanto al Presidente, con los nuevos ingresos por el salitre, tenía ahora mejores oportunidades para procurar realizar programas ambiciosos, pero muchas más dificultades políticas al hacerlo, pues no eran suficientes para un país cuya elite estaba tan consciente políticamente, como la de Chile, de que el Presidente usara simplemente su patrocinio para construir una corriente de

3 Abdón Cifuentes, Memorias (2 vols., Santiago, 1936), I, 182-185.

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seguidores de su personalismo. Santa María había seguido a Aníbal Pinto, quien, de acuerdo con todos, no seguía la tradición porta-liana. Pero Santa María y Balmaceda eran hombres de una personalidad excepcionalmente fuerte, absolutamente determinados a mantener las prerrogativas presidenciales de acuerdo con la Constitución, y ambos consideraban la presidencia como el dinámico motor de la máquina completa. El real cambio de estilo de Pinto a Santa María, que Balmaceda subrayaría cuando llegó al poder en 1886, parecía a los partidos de oposición no sólo un cambio de personalidad, sino también uno de poder, porque allí, donde Pinto había cedido, Santa María y Balmaceda pelearían. Así, la oposición llegó a confundir una teoría bien fundada de las limitaciones del poder presidencial con meras objeciones a su ejercicio por los hombres fuertes que la ejercieron. Incluso, en una ecuación constitucional y política que ya era compleja, había sido inyectada una cantidad desconocida y sin precedentes de riqueza salitrera y la cuestión espinosa de cómo debía gastarla el gobierno.

La industria salitrera después de la Guerra del Pacífico

Con el fin de la Guerra del Pacífico y el acceso de Chile a las regiones salitreras del Norte, el gobierno se enfrentó a la cuestión fundamental de cómo reconstituir la propiedad de la industria y utilizar para el beneficio de Chile esta fuente natural única. Era una cuestión compleja. Primero, porque la marea de la guerra pasando a través de las regiones salitreras había dislocado las operaciones en una industria que, a fines de los años 1870, estaba plagada por la inseguridad. Esta inestabilidad había sido creada en 1875 por el intento del gobierno peruano de asumir una forma de control estatal, mediante el cual los terrenos salitreros y las oficinas (refinerías) que estaban en manos privadas, nacionales y extranjeras, fueron hechas propiedad del gobierno a través de la emisión de bonos que rendían intereses, pagables al portador -y redimibles eventualmente por el gobierno peruano cuando pudiera tener fondos suficientes. Estos bonos fueron, en efecto, los títulos de propiedad, en 1879, de los entonces campos salitreros y fábricas en manos privadas (excluyendo los campos inexplorados, los que no habían sido aún traspasados), fácilmente transferibles

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a terceros. Pero el crédito internacional de Perú se había agotado hacía mucho tiempo y ningún préstamo para redimir los bonos se veía disponible. En consecuencia, su valor comenzó a fluctuar y, cuando llegó la guerra, y los éxitos de Chile hicieron probable una victoria de éste, el precio de los bonos cayó en picada. Que Chile exigiría grandes concesiones territoriales de Perú y Bolivia era obvio para todos los implicados, pero nadie sabía qué línea adoptaría su gobierno hacia los intereses salitreros en general y de los intereses extranjeros en particular. Sin embargo, incluso más que esto, una gran cantidad de acreedores extranjeros de Perú había reclamado que los préstamos hechos habían sido hipotecados en sus provincias salitreras de Tarapacá y habían solicitado el apoyo diplomático de sus gobiernos para fortalecer su petición. Si Chile, entonces, adquiría territorio peruano, ¿asumiría también las deudas que supuestamente estaban aseguradas por éste? Y, si no, ¿cuál sería el precio de una industria plagada por tales imponderables? En tales circunstancias, muchos accionistas entraron en pánico y se deshicieron de sus posesiones a precios ridículamente bajos con especuladores osados que estaban preparados para asumir riesgos en la inseguridad. Entre éstos, sobresale un ingeniero inglés, John Thomas North, quien ya se había implicado en una cantidad de empresas en la Tarapacá peruana, donde había vivido y trabajado por más de veinte arios.

Ya en 1880, el gobierno chileno había comenzado a debatir este tema, estableciendo un comité deliberativo y asesor, el cual fue seguido por otro en 1881. Sus informes, evitando el modelo peruano de intervención estatal en las salitreras, recomendó el retorno de la industria a manos privadas y, para asegurar los intereses del gobierno chileno, impuestos sobre las exportaciones de salitre. Ya que los certificados salitreros emitidos por el gobierno peruano eran los únicos títulos legales de propiedad privada, aquellos que los poseían fueron reconocidos como las personas con legitimidad para reclamar propiedades salitreras; de este modo, John Thomas North, 'el rey del salitre; y otros ciudadanos no chilenos se aseguraron una gran parte de la industria a un costo comparativamente bajo, obteniendo gigantescas ganancias no sólo en el valor real de las propiedad, sino también por su posterior venta a las sociedades anónimas que las introdujeron en la Bolsa de Londres en los años 1880.

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De esta manera, los intereses británicos que, en 1875, habían tenido una posición minoritaria en la industria salitrera, llegaron a controlar el 70 % (en cuanto a valor) hacia 1890. La adquisición británica había sido tema de controversia desde ese tiempo, en gran parte debido a que se sostenía que el gobierno chileno de la época perdió una oportunidad dorada de adquirir la industria para el Estado y permitió así que la fuente más importante de ingresos por los próximos 40 años estuviera bajo el control extranjero. En verdad, algunos historiadores incluso han ido más allá que esto, sosteniendo que hubo colusión entre los chilenos con poder de decisión y los extranjeros más codiciosos con sus reservas de capital mayores y tecnología más avanzada, a quienes les dejaron los intereses salitreros de Chile

4. Las recientes investigaciones, sin

embargo, han modificado fuertemente tales perspectivas. Mientras no hay duda de la filosofía de libre empresa de los líderes de esa época, está ahora claro que otras consideraciones de los intereses nacionales de Chile predominaron en sus decisiones. Primero, al devolver la industria salitrera a manos privadas, el gobierno chileno dividió eficazmente los intereses extranjeros e hizo imposible para sus gobiernos intervenir sin mostrar que favorecía a un conjunto de nacionales en contra de otro. Así, mientras los empresarios salitreros estaban felices, los poseedores de bonos peruanos estaban consternados y les tomó los últimos veinte arios del siglo llegar a un acuerdo satisfactorio. Segundo, entregando la responsabilidad de la producción, transporte, mercadeo y venta a los intereses privados, al mismo tiempo que gravando con impuestos la exportación de salitre, el gobierno chileno adquirió una fuente de ingresos inmediata y más importante sin quedar implicado en los procesos mencionados. Finalmente, en el tema de los intereses previos a la Guerra en el Tarapacá peruano, es ahora claro que ello había sido ya socavado totalmente por las políticas peruanas de los años 1870, y que, si bien los intereses pertenecientes a chilenos pueden haber sido mayores que los de los británicos en 1875, se produjo una drástica reducción de ellos entre 1875 y 1879 más que en los años 1880.

Para el gobierno chileno, los ingresos del salitre fueron una bonanza, y la rápida expansión de la industria y el comercio en los

4 En especial, Hernán Ramírez Necochea, Balmaceda y la contrarrevolución de 1891 (2a ed., Santiago, 1969)

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años 1880 proporcionaron un ingreso que hizo posible emprender programas ambiciosos de gasto público y, también, evitar la necesidad de modernizar el sistema interno de impuestos, un camino, que, si hubiera deseado seguirlo, habría traído al gobierno una confrontación con los intereses creados que dominaban la vida política, económica y social de Chile. De acuerdo con lo que ocurrió, de una contribución del 5,52% del ingreso ordinario gubernamental en 1880, los impuestos por exportación de salitre y yodo (un subproducto) crecieron a un 33,77% en 1885 y a 52,06% en 1890

5. Sin embargo, tal riqueza caída del cielo

fue una bendición a medias. El mercado internacional de salitre era altamente inestable debido a su uso primario como fertilizante y de ese modo sujeto a los caprichos del clima y de la agricultura, frecuentemente de impacto súbito y conducta impredecible. La sobreproducción de salitre, saturando el mercado mundial, implicaba caídas de precios para los productores y distribuidores. En consecuencia, ellos recurrían a restaurar el equilibrio entre la oferta y la demanda, siendo el medio acostumbrado un acuerdo de los productores para limitar la producción en un sistema de cuota hasta producir el fin deseado; además, hacia fines de los años 1880, la mayoría de estos productores y comerciantes eran extranjeros, menos sensibles a las necesidades nacionales de Chile que a los intereses de sus accionistas y de sus propias fortunas. Para el gobierno chileno, cada vez más dependiente de los ingresos provenientes del salitre, como una proporción importante de su presupuesto, lo impredecible del mercado significaba inseguridad de ingresos y de planificación, y los acuerdos de los productores, el modo más seguro de reducir de golpe los ingresos. El hecho de que el control de la industria en los arios 1880 pareciera estar pasando en forma creciente a menos y dudosas manos, era también preocupante. North y sus socios, por ejemplo, compraron los bonos de la Oficina Pampa Lagunas durante la Guerra del Pacífico por 110 mil libras esterlinas y proporcionaron 140 mil libras esterlinas más por las instalaciones. Después ingresaron otras dos sociedades londinenses con una capitalización total de £2.122.000 (libras esterlinas) para explotar la propiedad. La expansión notable de sus empresas -y sus ambiciones- en Tarapacá en los años 1880 estimularon no sólo la admiración de inversionistas muchas veces errados, sino

5 R.Hernández Cornejo, (Valparaíso, 1930), 177.

también la aprensión de chilenos nativos, y no menos la de aquellos cuyas políticas estaban basadas sobre un ingreso seguro y regular del salitre. El conflicto inherente a esta situación llegó a su punto más alto en la presidencia de Balmaceda, precisamente en el momento en que los temas chilenos internos, políticos y constitucionales, que se habían estado gestando desde hacía tiempo, llegaron a su culminación para crear una crisis nacional tan severa como ninguna otra en la historia de la República.

La Presidencia de Balmaceda, 1886-1891

Aunque pocos presidentes chilenos pueden haber asumido su cargo bajo circunstancias más auspiciosas que José Manuel Balmaceda, el ambiente político de su advenimiento era uno de aspereza y conflicto. Para el presidente saliente, Santa María, él era su sucesor natural y el respaldo total de la máquina gubernamental fue lanzado en pos de su elección como el candidato oficial liberal, no sólo para el disgusto de la oposición conservadora clerical -para quienes el nombre de Balmaceda era anatema- sino también para el pesar de algunos grupos liberales en general, para quienes ahora se había convertido en odiosa la práctica de la intervención electoral. Aunque tales grupos reconocían el récord sobresaliente de Balmaceda como un servidor público -miembro del Congreso desde 1870, Ministro Plenipotenciario enviado a Argentina en el crítico año 1879, Ministro de Relaciones Exteriores en 1881, y Ministro del Interior desde 1882 a 1885- y admiraban sus poderes de oratoria y persuasión, ellos objetaban el sistema que lo pondría en el poder, por lo que se vincularon con conservadores moderados y un pequeño grupo de oposición radical para apoyar a un ex ministro, José E Vergara. Estos liberales, los 'sueltos' o partido independiente [free-lance party], dirigidos por un renombrado intelectual, historiador y educador, Miguel Luis Amunátegui, proporcionó la primera evidencia de que el Partido Liberal, que antes había sido muy unido, el partido del gobierno, estaba ahora perdiendo su cohesión. Sin embargo, la gigantesca intervención electoral siguió su marcha sin ser detenida; Vergara retiró su candidatura antes de que se contaran los votos finales y Balmaceda asumió su cargo el 18 de septiembre de 1886.

5 8

En los cinco años desde que Balmaceda entró al gobierno por primera vez, Chile había cambiado considerablemente. No sólo había sido empujada la frontera más al norte alrededor de 900 kilómetros debido a la Guerra del Pacífico, sino que el proceso de poner bajo un control más efectivo las tierras indias al sur del río Bío Bío, e incluso el más remoto territorio de Magallanes, había también comenzado a cobrar intensidad. La fuerza militar y la colonización habían sido las armas gemelas de los sucesivos gobiernos chilenos en este proceso en los 30 años desde 1850, pero el movimiento era intermitente y dubitativo, porque, entre el Bío Bío y el río Toltén, más al sur estaba la Araucanía, habitada por los indios mapuches, fieramente independientes, cuyas esporádicas revueltas y depredaciones más frecuentes inhibían el progreso de la colonización. El último alzamiento general de los mapuches ocurrió entre 1880-1882: su supresión, en gran parte debida a tropas chilenas transferidas de las campañas victoriosas del desierto en el norte, fue el último clavo en el ataúd de la independencia india, mantenida tenazmente desde los comienzos de la conquista española. La construcción de fuertes en Temuco y Villarrica, en 1881 y 1883, respectivamente, en el corazón del territorio indígena fue la expresión física de dicho acto, y el establecimiento en 1882 de una Agencia General de Colonización en Europa para invitar inmigrantes al sur de Chile, fue, en efecto, la deliberada reanudación de políticas iniciadas tres décadas antes, pero que no habían sido llevadas a cabo eficazmente. En 1883, llegaron los primeros colonos alemanes a Talcahuano, que serían seguidos en los próximos años por la llegada de inmigrantes europeos en una cantidad promedio de 1.000 al año, a través de los años 1880.

De un modo semejante, en Magallanes y Tierra del Fuego, la década de 1875 a 1885 fue un período de considerable exploración geográfica seguida por una explotación económica, especialmente en la crianza de ovejas. Cuando en 1876 el gobernador del territorio, Diego Dublé Almeida visitó las Islas Falkland y regresó con ovejas (aunque fracasando en su empeño de persuadir a los isleños a acompañarlo), estableciendo así la base de la actividad principal de la región, Magallanes y Tierra del Fuego dejaron de ser meros apéndices remotos de la República de Chile, reclamada principalmente por su significación estratégica, llegando a ser regiones de un carácter distintivo y de importancia económica. Nuevamente

5 9

la inmigración europea jugó un papel decisivo. Aunque la cantidad era pequeña, la población total en el Sur de Chile, en 1885, era poco más de 2 mil personas. La calidad era más importante que la cantidad y los ovejeros ingleses y escoceses en especial tuvieron un rol importante.

En cuanto al premio principal de la Guerra del Pacífico, las regiones salitreras, Balmaceda llegó a ser Presidente precisamente cuando la industria salitrera estaba entrando en su fase más dinámica de expansión. Entre 1884 y 1886, un período en que el mercado mundial estaba saturado, se produjo la primera combinación de los productores para reducir la producción, pero esto había colapsado y la demanda del mundo emergente vio nuevamente a las oficinas* de Tarapacá en plena actividad. Al mismo tiempo, John nomas North y sus asociados estaban lanzando al mercado de la Bolsa de Comercio de Londres una gran cantidad de nuevas compañías. Tarapacá y, en una menor extensión, Antofagasta, comenzaron a tener un auge: los puertos como Iquique y Pisagua experimentaron un crecimiento no solo en las exportaciones de salitre, sino también, importaciones de alimentos, maquinaria y equipamiento para sostener las comunidades mineras altamente artificiales en el desierto de Atacama, dependientes para casi todas sus necesidades del mundo exterior. El breve auge del salitre en el período post-guerra había llevado a la economía regional una considerable población migrante: trabajadores del centro de Chile, de Bolivia y Perú, ingenieros y mecánicos de Europa, especialmente de Gran Bretaña; comerciantes, banqueros y hombres de negocios. La población de Antofagasta subió de 5.384 en 1875 a 21.213 diez arios después, la de Tarapacá como un todo, de 38.255 a 45.086 en el mismo período, e Iquique, el principal puerto del salitre en Tarapacá, vio un incremento de alrededor de 9.200 a casi 16 mil personas.

Las manifestaciones regionales del cambio económico en Chile durante los arios 1880 fueron parte de un proceso de crecimiento y desarrollo nacional, el cual también tenía implicancias sociales y culturales. Sus motores principales estaban constituidos por los factores unidos del crecimiento poblacional y la creciente urbanización. Entre 1875 y 1885, la población total de Chile aumentó de 2.075.971 a 2.497.797, pero mucho más notable era la estructura de

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ella. Mientras en 1875 la población rural era casi el doble de la urbana -1.350.426 contra 725.545- hacia 1885, las proporciones habían cambiado dramáticamente: la población rural había crecido lentamente a 1.456.032, pero la población urbana había aumentado en un cuarto a 1.041.7656. Los crecimientos más notables de la población urbana ocurrieron precisamente en las regiones salitreras, donde se concentraba cada vez más en los puertos de embarque e importación, las oficinas salitreras se ubicaban repartidas a través de Antofagasta y Tarapacá y en aquellas provincias donde se había profundizado la incipiente industrialización, es decir, Santiago, Valparaíso y Concepción. En la provincia de Santiago, donde la población urbana aumentó entre 1875 y 1885 desde 186 mil a 228 mil personas, la población rural decreció sustancialmente, de 180 mil a 102 mil personas.

La migración de una cantidad apreciable de trabajadores rurales, quienes no estaban vinculados a lugares específicos como inquilinos*, había sido, por ejemplo, un rasgo característico de la historia de Chile, debido no solamente al contorno especial del país: los migrantes se movían al Norte y al Sur de acuerdo con las estaciones del ario agrícola y la producción cíclica de cultivos. Pero, hacia mediados de siglo, la población abandonaba en forma creciente el campo, yendo hacia los ambientes urbanos y a las ocupaciones relacionadas con la minería del Norte, la extracción de carbón alrededor de Arauco, Coronel y Lebu, la construcción de vías férreas, y el desarrollo de ciudades grandes con sus fábricas de alimentos y bebidas, las curtidurías, las mueblerías, textiles y otras industrias de consumo básico. Los años de la Guerra del Pacífico contemplaron una acentuación de este movimiento, a medida que se extendía la industrialización y, antes de la Guerra, ya muchos creían que Chile debía industrializarse más que depender com-pletamente de sus exportaciones de productos básicos de la tierra y las minas. Sin embargo, los intentos de los arios 1870 de organizar a los fabricantes como grupos de presión no resultó en mucho.

6 Las cifras de población en Latinoamérica son notoriamente poco confiables. Sin embargo, las de Chile son más confiables en su mayoría, debido a la existencia de una Oficina Nacional de Estadísticas desde 1843, y al trabajo de Markos J. Mamalakis 'Historical statistics of Chile' (4 vols. Yale University, mimeo) más tarde publicado en cuatro volúmenes (Westport, Conn.,1978-1983). Las cifras citadas aquí pertenecen al vol.II de la versión mimeografiada, Tabla II Alfl.

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Con todo, en 1883, en forma significativa después del ímpetu en industrialización que estimuló la Guerra del Pacífico, se fundó la Sociedad de Fomento Fabril (SFF), con el apoyo y subvenciones del gobierno precisamente para este propósito. La SFF ha sido des-crita, por un historiador de la industrialización de Chile, como 'en parte, grupo de presión, regulador de los conflictos industriales in-ternos, organización de servicio técnico y club social'; representó 'la institucionalización del sector industrial de Chile en un núcleo cohesionado suficientemente amplio como para mantener los ob-jetivos industriales a la vista de la opinión pública y servir como un vínculo directo con el gobierno'

7. Nada simboliza mejor que la SFF

el proceso de cambio en la economía chilena, la cual, aunque lenta e imperceptible al comienzo, creció en energía, llevando con ella el proceso de diversificación social y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Empero, si bien el Chile que heredó Balmaceda fue un país en transición, la crisis que en breve iba a sacudir el orden constitucional hasta sus bases no vino desde fuera de la estructura del poder tradicional, sino desde dentro de ella.

Balmaceda asumió su cargo intentando reconciliar los diversos grupos liberales y, al mismo tiempo, aplacar a los conservadores. Entre sus primeros actos, estuvo la reanudación de relaciones con la Santa Sede y el nombramiento de un candidato de consenso como Arzobispo de Santiago: Mariano Casanova, un distinguido teólogo y un amigo personal del Presidente. Fue Casanova quien tomaría el liderazgo en el establecimiento, en 1888, de la Universidad Católica de Chile, la primera Universidad privada del país. El primer ministerio de Balmaceda, compuesto de los representantes de los Partidos Liberal y Nacional fue conciliatorio, y Balmaceda pronto dio pruebas de su interés en evitar las amargas luchas políticas del pasado: las elecciones municipales de Santiago hacia fines de 1886 estuvieron completamente libres de la interferencia gubernamental y la derrota de los candidatos del gobierno fue superada por la ganancia de buena voluntad que resultó de su neutralidad.

Tales ramos de olivo para calmar la escena política tenían la in-tención de crear un amplio apoyo para la política interna básica

7 Henry Kirsch, Industrial development in a traditional society: the conflict of entrepreneurship and modernization in Chile (Gainesyille, 1977), 42.

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de Balmaceda. En efecto, una continuación del programa de Santa María, pero que, contando con los ingresos masivos que fluían de los derechos salitreros, podía expandirse mucho. Habría una gran gasto público en proyectos importantes de construcción tales como líneas férreas y muelles, en inversión social, especialmente en educación, colonización y edificios municipales. Adicionalmente, se colocó dinero para el fortalecimiento de las capacidades militares, tanto defensivas como ofensivas, mediante fortificaciones de los puertos, nuevos buques, y cuarteles y escuelas militares adecuados: propuestas comprensibles de un estadista chileno que había estado tanto tiempo al centro de la conducción de la política exterior y, ahora, como Presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas, era responsable de la seguridad nacional.

El programa de Balmaceda era ambicioso y buscaba cumplirlo con toda energía. En 1887, se creó un nuevo Ministerio de Industria y Obras Públicas y, dentro de un año, se le asignó más de un quinto del presupuesto nacional, mientras que, al Ministerio de Educación, un séptimo. Hacia 1890, en cálculos presupuestarios para un gasto de $67.069.808, más de 21 millones fueron asignados al Ministerio de Industria y Obras Públicas y, una cifra de $6.628.000 a educación. Las intenciones del gobierno, representadas por estas cifras, fueron llevadas a efecto: de una matrícula escolar de alrededor de 79 mil alumnos en 1886, el número aumentó a 150 mil hacia 1890; la construcción de líneas férreas fue impulsada, ayudada en el sur por la construcción de puentes sobre el Bío Bío, el río más ancho de Chile; se completó la gran dársena de Talcahuano y se construyó un canal al lado del propio río de Santiago, el Mapocho. Se promovió la inmigración extranjera con apoyo gubernamental: entre 1886 y 1890, casi 24 mil colonizadores europeos se establecieron en Chile, no sólo como agricultores en la frontera boscosa, sino también como hábiles artesanos en las ciudades en creci-miento. Se erigieron nuevos hospitales, prisiones, oficinas guber-namentales y edificios para las Municipalidades.

Sin embargo, tal programa tenía muchas implicancias. Primero, estaba basado en un supuesto alto ingreso para el gobierno de las exportaciones salitreras y éstas no podían ser garantizadas con un mercado mundial inestable. Segundo, creó en las manos del gobierno un instrumento inmenso de patrocinio en la forma de

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puestos gubernamentales y la adjudicación de contratos, al mismo tiempo que hacía dependiente a una fuerza laboral. Tercero, si bien satisfacía a algunos, también desagradaba a muchos, cuyas aspiraciones, personales o públicas, habían sido estimuladas por el mismo programa. Una nueva construcción para la Municipalidad o una escuela en una comunidad podía ser motivo de orgullo para sus ciudadanos, pero sería uno de envidia para sus vecinos menos favorecidos. Y había temas más amplios rodeando la cuestión clave de los políticos y el gobierno: la asignación de recursos. Desde la adopción del papel moneda realizada por Chile en la cri-sis de 1878, un creciente cuerpo de opinión opinaba que el retorno a un estándar de moneda metálica era el objetivo económico más importante, aunque ésta era aún una perspectiva minoritaria entre los políticos, muchos de los cuales, como propietarios ricos, se beneficiaban apreciablemente del régimen de papel inconvertible. Para los oreros*, sin embargo, cada vez más aprensivos acerca de la cantidad de papel moneda en circulación, los derechos liberales de emisión en un régimen de leyes bancarias laxas, de tasas de cambio y de gasto público fluctuantes, la nueva riqueza salitrera representaba, en una forma bastante literal, una oportunidad do-rada para retirar el papel moneda y volver a lo que consideraban respetabilidad financiera y la postergación de una reforma lo con-sideraban un desastre nacional. Para Balmaceda, sin embargo, su programa era lo más importante, y, tanto se identificaba él mismo con lo que consideraba como el interés nacional, que la oposición a cualquier aspecto de aquél llegó a aparecer como disidente y egoísta, sino hasta anti-patriótico.

El período de luna de miel en la política nacional que siguió al ac-ceso al poder de Balmaceda duró poco más de un ario. Hacia 1888, los varios grupos liberales que formaban el gobierno ya estaban compitiendo entre ellos por cargos. En marzo, colapsó la antigua política de conciliación. Bajo la presión de sus más fuertes segui-dores, los liberales del Gobierno, Balmaceda permitió la interven-ción en las elecciones, inevitablemente triunfante, y fueron ellos solos, los que llegaron a ocupar los puestos ministeriales. El Partido Nacional -pequeño en cantidad de miembros, pero fuerte en

* N. del T. Partidarios del sistema de moneda convertible al estándar de oro.

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talento y en control de una gran parte de la prensa chilena- estaban indignados: por lo tanto, su lealtad a un ejecutivo fuerte, un rasgo característico del Partido desde los días de Manuel Montt (presidente desde 1851 a 1861), no podía darse por sentada. En cuanto a Balmaceda, obsesionado en forma creciente con su propio programa, el problema de hacer favores creció enormemente con el crecimiento del ingreso. El programa de obras públicas agrandó el valor de los tecnócratas y de los administradores, pero personas naturalmente talentosas en dichos aspectos no se encontraban necesariamente en la oligarquía tradicional. Por lo tanto, surgieron 'nuevos hombres; como José Miguel Valdés Carrera, Ministro de Industria y Obras Públicas, o Hermógenes Pérez de Arce, Superintendente de Ferrocarriles, tecnócratas por completo, quienes creían firmemente en lo que estaban haciendo y en el trabajo que su jefe les había encomendado. En tales circunstancias, no fue difícil creer, para una oposición ya convencida del egotismo obsesivo de Balmaceda, que el Presidente estaba construyendo un grupo de seguidores personales que satisfarían ciegamente todos sus caprichos.

Las sospechas de la oposición con respecto a las intenciones de Balmaceda se endurecieron en 1889, cuando la especulación se había extendido con respecto a los probables sucesores a la presidencia en 1891. Entre sus íntimos, Enrique Salvador Sanfuentes, un hacendado rico, pero no prominente políticamente, era indicado en todas partes como el candidato de Balmaceda, ya que había recibido favores bastante rápidamente en 1888, llegando a ser Ministro de Hacienda en abril y Ministro de Obras Públicas en octubre. En marzo de 1889, como ministro clave del gabinete de Balmaceda -ya que era responsable de la parte más importante del programa-, Sanfuentes acompañó a Balmaceda a las regiones salitreras, la primera visita de un Jefe de Estado a las partes recientemente incorporadas a la República. La gira, bien publicitada, de Balmaceda a las provincias del Norte se debió a un conjunto de motivos. Aparte de su valor propagandístico para un Presidente acosado políticamente en Santiago y buscando apoyo de las provincias, existía una razón económica básica que hacía oportuna una visita a las regiones salitreras. Hacia 1889, las actividades de John Thomas North en Tarapacá habían crecido a ritmo acelerado; aparte de sus compañías de salitre, de su nuevo Banco de Tarapa-

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cá y Londres, su control sobre el suministro de agua en Iquique a través de la Compañía de Aguas Tarapacá [Tarapacá Waterworks Company], su Compañía de Suministro de Provisiones para las Salitreras [Nitrates Provisions Supply Company] y, por encima de todo, su Compañía de Ferrocarriles del Salitre, poseyendo la línea que unía las oficinas* más importantes con los puertos, todo indi-caba un intento monopolizador que, a los ojos de muchos, repre-sentaba una amenaza a todos los otros intereses en la provincia, y no menos a los del gobierno, cuyos ingresos se habían tornado tan precarios sobre los impuestos al salitre.

En un aspecto, la confrontación ya había llegado. En 1886, el go-bierno de Santa María había cancelado los privilegios de la Com-pañía de Ferrocarriles del Salitre sobre la base de incumplimiento de contrato y Balmaceda había heredado una compleja cuestión legal, ya que la Compañía desafiaba al gobierno en las Cortes de Justicia, alegando impropiedad constitucional en la anulación de sus privilegios. Incluso, sus abogados incluían un número de prominentes políticos chilenos opuestos a Balmaceda, en especial Julio Zegers, abogado jefe de North en Chile y hasta entonces un liberal antiguo asociado con Balmaceda, pero, hacia 1889, líder de un grupo liberal, los convencionalistas*, cuyo propósito principal era eliminar el personalismo en la elección de los futuros presiden-tes, acordando un candidato mediante una selección efectuada en una convención de todos los grupos liberales. Sin embargo, la po-sición de Zegers como abogado de North, junto con su posición política, condujo a Balmaceda y a sus asesores a considerarlo un traidor a los intereses nacionales que sentían que representaban.

Los discursos de Balmaceda en su gira al Norte estaban muy bien dirigidos al orgullo y a las expectativas locales, pero también apro-vechó la oportunidad para efectuar pronunciamientos importantes sobre la industria salitrera, especialmente en Iquique, la capital de Tarapacá. Se refirió a los peligros de un monopolio extranjero de la industria, sugiriendo que su gobierno estudiaría cuidadosamente la posibilidad de una mayor participación de Chile en ésta y persuadió en general a una cantidad de comentaristas que intentaba buscar una línea más nacionalista respecto a los intereses extranjeros. Empero, de igual modo proclamaba asegurar, a los intereses existentes, de que Chile necesitaba su capital y empresas.

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Fue, en efecto, un discurso que podía implicar todas las cosas a todos los hombres, pero posiblemente con una nueva combinación a la vista con respecto al salitre. Era una táctica astuta para inducir a la vacilación entre los productores extranjeros predominantes, cuyo jefe, John nomas North, estaba haciendo una visita a Chile en ese momento. Al regreso de Balmaceda al sur, se encontraron los dos hombres en tres ocasiones separadas, pero nada dramático surgió de los encuentros. El gobierno chileno continuó sus ataques al monopolio de ferrocarriles de North en Tarapacá, explotando hábilmente otros intereses británicos que estaban igualmente en contra de éste, pero logró poco en cuanto a socavar los intereses predominantemente extranjeros en la industria salitrera como un todo.

Es posible que las preocupaciones políticas, que crecían en intensidad en 1889 y 1890, le obligaran a Balmaceda a guardar cualquier plan que pudiera haber tenido; también es igualmente posible, y más probable a la luz de la evidencia existente, que tales planes eran limitados en cuanto a amplitud y vagos en intención, y que la reputación póstuma de Balmaceda como un nacionalista económico fue grandemente exagerada. Su preocupación central con respecto al salitre no estaba relacionada con la predominancia extranjera, pero sí con el control monopólico, un peligro que él pensó estaba representado por North. Esta aprensión era compartida por otros productores extranjeros (especialmente británicos). Al mismo tiempo, con los precios del salitre reducidos en un mercado mundial saturado, todos los productores, extranjeros y chilenos, tenían escasa opción en 1890, fuera de formar un frente común para restaurar el equilibrio, y así el beneficio, mediante un acuerdo para restringir la producción e igualar la oferta y la demanda. Balmaceda no tenía aliados en la industria salitrera y escaso poder para influir en los eventos.

Sin embargo, lo que predominó fue la crisis político/constitucional. El regreso de Balmaceda del Norte, en marzo de 1889, fue seguido inmediatamente por una crisis de gabinete, surgida de la renuncia de Sanfuentes como un gesto para rechazar la idea de que era la opción de Balmaceda para presidente en 1891, y la demora en escoger un sucesor entre los varios grupos liberales. En menos de dos meses, un voto adverso del Senado derribó al ministerio y

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Balmaceda tuvo que tratar nuevamente. Esta vez se acercó al Partido Nacional, pero no pudo aceptar sus condiciones. La reacción de Balmaceda fue formar un ministerio con aquellos que notoriamente sentían antipatía hacia los nacionales, los que se movieron hacia una clara oposición. De este modo, Balmaceda perdió su mayoría automática en el Senado y su mayoría en la Cámara de Diputados cayó a diez. Una crisis posterior, en octubre, empeoró aún más las cosas: Balmaceda aparentemente aceptó no influir en la elección presidencial venidera en compensación por el apoyo del Congreso, también nombró un ministerio 'neutral; pero en un mes también renunció dicho ministerio ya que dijo que no podía confiar en el Presidente.

Mientras los partidos se empujaban por cargos ministeriales, en 1889 los temas constitucionales cruciales habían cristalizado y, en forma creciente, la oposición asumió su posición acerca de éstos. Cuando Balmaceda asumió su cargo, el único fin significativo profesado por la oposición era la libertad de elecciones. Hacia 1890, sus propósitos se habían ampliado a incluir la independencia de los partidos respecto del Presidente y la subordinación del Ejecutivo a la legislatura. La última demanda se expresaba mejor en un sistema constitucional con un real gobierno parlamentario, donde ningún ministro o gabinete sobrevive sin una mayoría de apoyo del Congreso o del Parlamento. En Chile, bajo la Constitución de 1833 y, a pesar de subsecuentes modificaciones que redujeron los poderes del Ejecutivo, los ministros eran solamente responsables frente al Presidente, quien los nombraba o los retiraba. En este tema, la Constitución era inequívoca. Por otro lado, el Presidente, sin importar lo persuasivo o preponderante, no podía ignorar el hecho de que el Congreso, por la misma Constitución, tenía el derecho de aceptar o rechazar aspectos legislativos clave, especialmente la aprobación del presupuesto y el tamaño de las fuerzas armadas: atribuciones legales constituían el principal poder que tenía el Congreso sobre Presidentes poco cooperadores, aunque habían sido debilitadas (en el hecho, pero no en la ley) por la injerencia del Ejecutivo en las elecciones y el establecimiento, por lo tanto, de legislaturas complacientes. Ahora, sin embargo, la alienación progresiva de los ex partidarios por el carácter y las políticas de Balmaceda habían anulado efectivamente esa fuerza, a menos que el Presidente estuviera preparado para confrontar la opinión del Con-

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greso, insistir en que los ministros eran responsables ante él y sólo él y demostrar que la insistencia del Congreso en sus derechos podía ser debilitada comprando o forzando, por cualquier medio, lo que Balmaceda consideraba una oposición insubordinada.

Balmaceda parecía preparado para hacer esto. En su próximo mi-nisterio, nombró como Ministro de Industria y Obras Públicas a José Miguel Valdés Carrera, el protagonista más conocido de las declaraciones de Sanfuentes, el supuesto candidato 'oficial' para la presidencia de 1891. Fue este acto el que condujo a Julio Zegers y a los convencionalistas* a retirar su apoyo al gobierno, así quitándole a Balmaceda su mayoría en el Congreso. Éste cerró entonces el Congreso y escogió un nuevo Ministerio, incluyendo a Valdés Carrera, y los primeros meses de 1890 estuvieron marcados por los ataques de la oposición a Balmaceda, a través de la prensa que controlaba y en reuniones públicas, y por las reacciones gubernamentales, incluyendo la creación de dos nuevos periódicos para exponer su caso. En forma contraria a lo acostumbrado, Balmaceda no citó a una reunión extraordinaria del Congreso en este período y la batalla no pudo ser reanudada hasta que fue convocada la sesión ordinaria el 1° de junio, como exigía la Constitución. El Congreso abrió con un discurso solemne de Balmaceda, proponiendo reformas constitucionales, pero la oposición presentó mociones de censura al nuevo ministerio por amplias mayorías en ambas cámaras. Esto fue seguido, el 12 de junio, por una moción de Julio Zegers en la Cámara de Diputados de postergar toda la discusión de la ley referida a autorizar la recaudación de impuestos hasta que el Presidente nombrara un ministerio que contara con la confianza del Congreso, una moción que también tuvo un amplio apoyo. Ya que Balmaceda se mantuvo firme en sus prerro-gativas y el Congreso fue inflexible acerca de sus derechos, se llegó a un impasse y no hubo ninguna transacción más excepto recri-minaciones. Para un observador extranjero, ciertamente el Presidente estaba 'perdiendo su dominio del país' y pensó 'es dudoso cuánto puede su Excelencia comandar los servicios de las tropas contra el Congreso'

8.

Sin embargo, las tropas serían empleadas en breve en otra parte.

8 Kennedy, el Ministro Británico a Salisbury, Santiago, 21 de junio de 1890, n° 47, Diplomatic. FO 16/259.

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Con el gobierno aparentemente paralizado en el centro del país, eventos dramáticos ocurrieron en la periferia del territorio chileno. A comienzos de julio, los estibadores de Iquique, en Tarapacá, se fueron a la huelga, demandando, entre otras cosas, el pago en moneda nacional y no en fichas, las que daban las compañías como salarios y que podían ser cambiadas solamente en los negocios de éstas. A la huelga, se sumaron los conductores de los carros tirados por mulas, los trabajadores ocasionales y, luego, los propios trabajadores del salitre, y comenzó un saqueo indiscriminado de las bodegas y negocios. A pesar de los llamados inmediatos al gobierno de los acosados empleadores para que pusiera fin a los desórdenes, Balmaceda no tomó ninguna acción, excepto urgir a los empleadores para que se pusieran de acuerdo con los huelguistas. El frío rechazo de los empleadores, incluso a discutir las con-diciones, convirtió a algunos mineros en saboteadores y se rompió la maquinaria en algunas oficinas: la de San Donato -propiedad de socios prominentes de John Thomas North- fue totalmente destruida. En este punto, el gobierno intervino: se enviaron tropas al Norte para entrar en sangrientas batallas con los huelguistas, y hubo una represión completa de sus sindicatos. Sin embargo, la ola de huelgas se había extendido a través de las provincias salitreras y pasó casi un mes antes de que el orden fuera finalmente restaurado. Le costó caro a Balmaceda. Su inactividad inicial molestó a los propietarios y alarmó a la oligarquía, al mismo tiempo que su decisión final de enviar tropas alineó a los mineros quienes, en menos de un ario, serían las tropas en las batallas contra él. Sin embargo, las huelgas de 1890, el primer conflicto social importante en la historia de Chile, constituyeron también un presagio. Ellas tuvieron su origen en el trabajo duro y en las condiciones de vida en la pampa salitrera y en la explotación de los trabajadores, que no estaban representados en el sistema político de Chile. Es verdad que, a fines de los arios 1880, surgieron en Santiago nuevas fuerzas políticas, pero todavía insignificantes. Primeramente, el Partido Demócrata, formado en 1887, como un vástago de los Radicales y compuesto de políticos como Malaquías Concha, quien creía que debiera prestarse mayor atención a los intereses de la clase trabajadora. Pero fue en el Norte, en los desiertos del salitre, donde se encuentran los verdaderos orígenes de la militancia de la clase trabajadora, donde los conflictos laborales tendrían su ex-

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presión más aguda y donde, con el tiempo, los organizadores pio-neros surgirían para armar movimientog políticos genuinos para representar las demandas de la clase trabajadora.

Aunque los orígenes de la inquietud laboral de mediados de los arios 1890 eran inherentes a las condiciones locales, los disturbios no estaban desligados de la situación política general y la tensión creciente en todo Chile con la crisis constitucional sin resolver. Durante el invierno de 1890, ni el Presidente ni el Congreso cederían: Balmaceda se rehusaba a cambiar el ministerio para satisfacer los deseos del Congreso y éste continuaba rehusándose a discutir las proposiciones presidenciales, al mismo tiempo que promovía un número de las propias. Ataques personales de ambas partes aparecían en la prensa; una reunión pública en julio, de alrededor de 8 mil personas en Santiago, llamaba al Presidente a ceder, pero éste respondió que lucharía hasta el amargo final. El 24 de julio, Julio Zegers llamó al Congreso a la destitución del Ministerio y una declaración de incapacidad de Balmaceda para continuar en su cargo, como resultado de lo cual Balmaceda, de acuerdo con su derecho constitucional, declaró el cierre del Congreso. Ulteriores mediaciones entre el gobierno y la oposición fueron infructuosas; desde entonces hasta el fin del ario, la situación se deterioró. El Congreso no sólo se rehusó a tramitar legislación esencial, en especial las partidas presupuestarias para el año1891 y la ley rela-cionada con el tamaño de las fuerzas armadas, sino que también ocupó su tiempo discutiendo y censurando los crímenes y locuras -como los consideraban- de la administración de Balmaceda. Por su parte, Balmaceda, persuadido ahora de que la acomodación era imposible, había comenzado a eliminar del Ejército a los elementos cuya lealtad podía ser sospechosa. La fecha crucial era el 1° de enero de 1891, la fecha límite en la Constitución para la tramitación completa de las cuentas referidas al presupuesto y a las fuerzas armadas. Si no eran aprobadas en esa fecha, Balmaceda tendría que actuar inconstitucionalmente o ceder a las demandas del Congreso por medio de un ministerio en el que podía confiar. La mayoría en el Congreso tenía ahora pocas dudas de que Balmaceda lucharía y estableció hacia fines diciembre, una Junta* para resistir, buscando el apoyo de los Oficiales Superiores del Ejército y de la Marina. Mientras el líder del Ejército, el General Manuel Baquedano, declinó apoyarlos, el Jefe de la Marina, Almirante

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Jorge Montt, aceptó respaldar al Congreso. Ello de junio de 1891, cuando Balmaceda declaró en un manifiesto justificatorio las leyes esenciales que aún estaban en vigor, puso en acción las ruedas de la revuelta del Congreso. Una semana después, en desafío a las órdenes de Balmaceda, casi toda la flota, con un gran número de congresistas a bordo, dejó Valparaíso para viajar al Norte de Chile y comenzar una Guerra Civil que duraría ocho meses, costando 10 mil vidas y destrozando, en el proceso, el sistema portaliano de un gobierno presidencial autoritario.

La guerra misma fue un asunto extraño. Apoyado por las purgas previas y los aumentos de sueldos para el ejército, Balmaceda retu-vo ampliamente la lealtad de éste. La Armada, sin embargo, apoyó al Congreso y, en febrero, se tomó la provincia salitrera de Tarapa-cá, estableciendo un gobierno rival en Iquique. Ya que Balmaceda carecía de los medios para transportar tropas al Norte y allí atacar a las fuerzas del Congreso, y ya que éste carecía de un Ejército para atacar a Balmaceda en el centro de Chile, ambos lados estaban obligados a mantenerse a distancia de un combate crítico hasta que uno se hubiera asegurado una superioridad decisiva en armas. El desierto de Atacama se extendía entre ambos. El conflicto fue llevado al extranjero, ya que ambos lados buscaron en Europa y Estados Unidos los armamentos que requerían -Balmaceda, barcos, el Congreso, municiones terrestres-, el apoyo diplomático y la simpatía de la opinión internacional. En todo, el Congreso fue más exitoso. Al mismo tiempo, sin embargo, los combatientes, aunque en general pasivos, no estaban ociosos. En el Norte, los congre-sistas reclutaron y capacitaron un ejército con los trabajadores salitreros; un factor crucial fue la presencia de un asesor militar prusiano, Emil Korner, contratado por el gobierno de Balmaceda en 1886 para modernizar y profesionalizar el Ejército de Chile; él peleó con el Presidente acerca de las prioridades del servicio y prestó su considerable experticia a los esfuerzos del Congreso para crear un ejército. El gobierno de Balmaceda, que controlaba el Valle Central, se enfrentaba con una población hosca y el sabotaje esporádico y no dudaba en aplicar medidas represivas, enajenando, en el proceso, una buena parte de la opinión neutral en el conflicto constitucional. Balmaceda estaba en una difícil posición: privado de los ingresos del salitre, los cuales fluían a las arcas del Congreso desde febrero de 1891; careciendo de los medios para

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continuar la guerra y, por cierto, aplicar un bloqueo a los puertos congresistas, excepto por decretos que los gobiernos extranjeros rechazaban aceptar; y progresivamente perdiendo la propaganda de guerra en el extranjero, solamente podía esperar la llegada a Valparaíso de dos acorazados que se estaban construyendo en Francia, y confiar que sus agentes podrían frustrar los esfuerzos del Congreso de procurarse armas para su nuevo ejército. Él perdió esta batalla: a fines de agosto, la flota congresista, cargada con hombres bien entrenados y bien armados, desembarcó cerca de Valparaíso y en las cruentas batallas de Concón y Placilla superó al ejército balmacedista, equipado con armas antiguas y conducido bastante inadecuadamente. El triunfo del Congreso era completo. Balmaceda se refugió en la Embajada de Argentina en Santiago, para escribir sus reflexiones acerca de la tragedia que lo había abrumado, para despedirse de su familia y amigos en varias cartas conmovedoras y, el 19 de septiembre, casi cinco arios después de asumir la presidencia, se mató con un disparo en la cabeza. Sus adherentes, grandes y pequeños, sufrieron el exilio, la pérdida de propiedades, la exclusión de cargos públicos y, en algunos casos, la muerte. La Guerra Civil, como la lucha política que la precedió, había sido larga y amarga y sus resultados tendrían efectos a largo plazo en la historia chilena posterior.

Una controversia circundante se relaciona con la importancia del rol jugado por los intereses salitreros extranjeros en la génesis y desarrollo de la crisis pre-guerra y en el triunfo eventual de la revolución contra Balmaceda. De acuerdo con una perspectiva, éste tenía una política nacional concreta para la industria salitrera, suponiendo menos intereses extranjeros y, por cierto, menos control, como parte de su programa general de expandir el rol del Estado en la economía nacional. Se argumenta, sin embargo, que la amenaza a los intereses extranjeros, personificados por North, era paralela a la amenaza a la oligarquía interna dominante mediante el aumento del poder del Estado y, por ello, ambos se combinaron para derrocar a Balmaceda. Circunstancialmente, a primera vista**, parece haber motivo para esta posición, y varios observadores contemporáneos la comparten. Sin embargo, investigaciones

** En la versión original en inglés se ocupó la expresión latina 'prima facie:

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más recientes han modificado fuertemente e, incluso, socavad() completamente esta interpretación. Primero, se indica que Balmaceda no tenía una política claramente elaborada sobre la intervención del Estado en la economía -incluyendo al salitre- que se le ha atribuido; segundo, que los agentes principales usados por él para desafiar los intentos de North de un control monopólico, eran otros intereses extranjeros, con los cuales el Presidente estaba preparado para tratar; y, tercero, que las políticas salitreras procuradas por los sucesores de Balmaceda, lejos de ser favorables a los intereses extranjeros, como se argumentaba antes, eran, en efecto, mucho más contrarias que las del Presidente mártir. Estas perspectivas revisionistas han restaurado también -al menos, por el tiempo presente y hasta que se disponga de evidencia nueva-las interpretaciones tradicionales de la lucha entre Balmaceda y el Congreso como fundamentalmente constitucional y política, más que económica, con el factor personal, jugando también una parte importante. Los sucesos posteriores a la Guerra Civil de 1891 en la historia interna de Chile, indirectamente apoyan la importancia de las políticas razones como las determinantes de la acción, como el mismo Balmaceda atestiguó.

La 'República Parlamentaria; 1891-1920

En su 'testamento político', que Balmaceda escribió poco antes de

suicidarse, profetizó que:

Aunque ahora existe un gobierno parlamentario en Chile...no habrá libertad electoral, ni partidos definidos claramente, ni paz entre los círculos del Congreso. La victoria y la sumisión de los vencidos producirá una calma temporal; pero pronto las viejas divisiones renacerán con las mismas situaciones amargas y dificultades morales para el Jefe de Estado...el régimen parlamentario ha triunfado en el campo de batalla, pero esta victoria no durará...

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Él iba a tener razón, aunque parcialmente, por razones, distintas.

9 Traducido de J. Bañados Espinosa, Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891 (2 vols., París, 1894), II, 653-4.

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La victoria del Congreso, en 1891, marcó una significativa división en la historia política y constitucional de Chile. Habiéndose alzados para afirmar el predominio del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, los partidos, triunfantes pero heterogéneos, controlaban ahora el país. Donde antes los grandes poderes del Presidente y, por encima de todo, su capacidad para intervenir en las elecciones había, en alguna medida, actuado como una barrera contra la creación de facciones, en la nueva situación esas restricciones fueron removidas completamente, aunque el proceso de desmantelarlas había comenzado tiempo atrás. La temporal unidad había sido forjada en el Congreso mediante un objeto común de aversión -Balmaceda y el sistema del cual era el último representante- pero, removido éste, la unidad terminó, como lo había previsto aquél. El Legislativo no solamente predominaba sobre el Ejecutivo, sino que lo controlaba, porque este último carecía del arma que debe poseer en un sistema parlamentario cuando se enfrenta a una obstrucción o derrota, esto es, el poder de disolver las Cámaras y buscar, a través de nuevas elecciones, un mandato nuevo. Una falsa forma de sistema parlamentario fue impuesto en Chile y factores personales hicieron su parte en esta transformación. El Almirante Jorge Montt había personificado la revolución en el uniforme como comandante en jefe de una rebelde, y posteriormente, exitosa fuerza militar y naval. No siendo un político, él era el perfecto candidato de compromiso de los partidos victoriosos para la presidencia entre 1891 y 1896: conciliador, afable, poco enérgico y muy consciente de los principios del antiautoritarismo por los que había luchado en la revolución.

Su intención (como le dijo al Ministro Británico) fue permitirle a los ministros una gran independencia de acción en sus ministerios, abstenerse de interferir con los cuerpos legislativos y limitar a los intendentes y gobernadores de las provincias a sus deberes administrativos, prohibiendo la injerencia en asuntos políticos y, especialmente, en las elecciones

10.

Este respeto por el sistema parlamentario eliminó la necesidad de volver a escribir la Constitución existente, y la aceptación de Montt

10 Kennedy to Salisbury, Santiago, 7 de noviembre de 1891. N°121. Diplomatic. FO 16/266.

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del nuevo rol del Presidente -muy lejos de las concepciones de la mayoría de sus predecesores- implicó que las modificaciones, en la práctica, llegaran a ser mucho más significativas que los cambios en la forma. La principal de éstas fue la eliminación de la intervención directa del gobierno en las elecciones, el fin principal de la oposición a Balmaceda: la rendición de dicha arma ejecutiva después de 1891 significó que los presidentes tenían que confiar en adelante en alianzas y coaliciones en un Congreso con multipartidos. De esta manera, dejaron de existir las mayorías automáticas para las iniciativas del gobierno y el gobierno fue la presa de fidelidades cambiantes y alianzas temporales. Los resultados inevitables fueron el dominio indeciso y el compromiso dudoso.

Otros dos factores complejizaban la situación. Primero, fue una nueva ley de Comuna Autónoma aprobada por el Congreso en 1892, por mucho tiempo impulsada especialmente por los conservadores y muy particularmente por M. J. Irarrázaval, seducido por el ejemplo de Suiza, y también por algunos grupos liberales, quienes vieron en la extensión de poderes mayores a las autoridades locales una barrera ulterior a la influencia del ejecutivo; esta medida buscó liberar a las Municipalidades del control central. Pero el uso eficaz de una mayor autonomía local dependía de fuentes de recursos adecuadas y la legislatura no las proporcionó. Por lo tanto, el control central fue reemplazado por el poder igualmente dudoso de los que eran poderosos localmente y los agentes del gobierno en las elecciones cedieron el paso al poder de la bolsa local de los hacendados y de otros hombres con bienes, sustituyendo la intervención central con sobornos y corrupción; de esta manera, hacia fines del siglo, los asientos en el Congreso habían llegado a ser tasados a un precio fijo.

Segundo, y en completa paradoja, fueron el carácter y las políticas de los herederos de Balmaceda, aquellos políticos que lo habían apoyado durante su vida y buscaban reivindicar sus perspectivas después de muerto. La persecución a los balmacedistas fue rigurosa entre 1891 y 1892, terminando con una amnistía selectiva en 1893, para ser seguida, en 1894, por una medida más atendida. Así, hacia 1894, los prominentes seguidores de Balmaceda, como Enrique Sanfuentes y Julio Bañados Espinosa, habían retornado a la vida pública. La convivencia chilena* en este período, la solidan-

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dad social de la clase alta chilena, se había reafirmado claramente, y los balmacedistas o liberales demócratas, como se llamaban, volvieron a la política como si el negocio siguiera igual. Sin embargo, no completamente: los balmacedistas eran, después de todo, los legatarios del testamento político de Balmaceda, el que había presagiado facciones en la política con la ausencia de un Presidente fuerte. Su tarea era convertir en verdaderas las palabras del mártir. Así, para exponer la debilidad de un presidente inútil, ellos, más que otros, se unieron con otros grupos con el único fin de obtener ventajas faccionales, abandonándolos por las mismas razones: su rol en hacer improductiva la república parlamentaria fue un rasgo sobresaliente del período.

El panorama político, al término de la presidencia de Montt, en 1896, era el de un mosaico: en un extremo, se situaban los Conservadores clericalistas liderados por el patriarca Manuel José Irarrázaval, todavía el partido de la Iglesia y determinado a mantener las prerrogativas que le quedaban, especialmente en cuanto a educación católica; en el otro, el Partido Radical, caracterizado sobre todo por su anticlericalismo virulento y la determinación de convertir al Estado en el proveedor universal de la educación, pero esquizofrénico en su actitud hacia la sociedad, indeterminado a si era exclusivamente el vocero de la clase media y de los profesionales o si debiera abrazar los niveles más bajos también. Entre estos dos grupos genuinamente ideológicos, estaba la masa amorfa de liberales: el Partido Liberal, que había roto con Balmaceda por la cuestión de la intervención electoral, pero que ahora no tenía una ideología que los uniera, más allá de unas vagas creencias en la libertad electoral, libertad de prensa y asociación, un anticlerica-lismo general y de la supremacía del poder legislativo sobre el eje-cutivo; el Partido Nacional, cada vez más pequeño y caracterizado especialmente por su adhesión al gobierno impersonal y, paradó-jicamente, por su lealtad a la tradición y el nombre de la familia de Montt, y, finalmente, los balmacedistas o Demócratas Liberales, con una veneración común por el difunto presidente y una adhesión algo laxa a lo que creían que había defendido, pero unidos primariamente como una fuerza disruptiva, determinada a extraer del nuevo sistema las máximas ventajas como un gran partido de minoría con el poder de impedir a cualquier otra agrupación el gobernar efectivamente. El sistema multipartidista de Chile, anterior

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a la revolución de 1891, pero exacerbado por ésta, fue así caracterizado por la ausencia de una cohesión ideológica que constituyera un sistema de partidos, por un lado y, por otro, por la carencia de una solidaridad social a través de líneas partidistas. El oportunismo era el credo de la mayoría y solamente los conservadores y radicales tenían una ideología distintiva, girando alrededor de cuestiones clericales, aparte del aún pequeño Partido Democrático, el cual sólo y activamente, buscaba el apoyo de los artesanos como también de la clase media. Este partido, sin embargo, solamente apareció en la Cámara de Diputados en 1894 y en el Senado en 1912. Tan fundamental era el control de la oligarquía tradicional y tan severamente restringido el derecho a voto. La forma política y constitucional de Chile permitía a la oligarquía desarrollar un juego político en el cual diferentes grupos luchaban por el poder y la influencia en un ambiente nacional de cambio económico y social que no se reflejaba en la representación política. Los 30 arios entre 1890 y 1920 fueron así caracterizados por una creciente tensión social a medida que los cambios económicos aumentaban el número de la clase trabajadora y la población urbana, y las presiones por reforma social -en vivienda, educación, salud y condiciones de trabajo- no podían expresarse a través de los canales políticos. La salida alternativa -esporádicas protestas violentas- se enfrentaba generalmente con la represión y los méritos indudables del sistema parlamentario chileno: un método civilizado de tratar los asuntos públicos en líneas estrictamente constitucionales para la pequeña minoría que participaba en ello, pero que se encontró incongruente, en forma creciente, para una sociedad en estado de rápida transición.

Entre 1895 y 1920, la población de Chile aumentó de alrededor de 2.688.000 a 3.715.000; en el mismo período, el crecimiento de la población urbana y rural se mantuvo más o menos igual para ambas, en cerca de 500 mil personas a nivel nacional. Pero las ciudades más grandes -Santiago, Valparaíso y Concepción- crecieron desproporcionadamente más rápido que la población rural. De este modo, la población de Santiago aumentó de alrededor de 300 mil a 547 mil personas, mientras que la población rural de la provincia solamente pasó de 116 mil a 139 mil personas; las cifras correspondientes a Valparaíso muestran un incremento urbano de 173 mil a 266 mil personas, y un crecimiento rural de 48 mil a

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sólo 55 mil personas, mientras que las cifras de Concepción no fue menos impactante, con un aumento en la población urbana de 95 mil a 142 mil personas, y, en la rural, de 94 mil a 105 mil.

El crecimiento de las ciudades más importantes reflejaba, en parte, un desarrollo nacional, en el cual los ingresos del salitre actuaban como un motor para la economía total. Mucho antes de que los ingresos salitreros hicieran su impacto, Chile estaba avanzando en el camino de convertirse en una unidad económica nacionalmente integrada, ya que, desde mediados del siglo XIX, el progreso en las comunicaciones, en especial en los ferrocarriles, cohesionó al país, capacitando el mandato del gobierno en regiones (como el Norte Chico y la zona de los bosques del Sur) hasta entonces bastante periféricas a las preocupaciones del gobierno central. La expansión del cultivo de trigo en el Sur, de la vitivinicultura en el Valle Central, de empresas industriales (con baja tecnología) para bienes de consumo, como textiles, cerámica y materiales de construcción -todos ya en desarrollo para la Guerra del Pacífico- reflejaban ese hecho, y notándose un cierto grado de concentración industrial. Estos procesos, sin embargo, se aceleraron aún más por la presencia del salitre en la economía nacional. Las demandas de consumidores de las oficinas del Norte y de los puertos, energizaron a otras áreas y los efectos de onda del crecimiento del salitre sobre la agricultura sureria, por ejemplo, fue notable: los porotos, el maíz, las lentejas, arvejas, fruta seca y otros; escribió el Cónsul General británico en 1887, 'son raramente exportados; el productor chileno encuentra para éstos, así como para la harina y la cebada, un mercado mejor en la región nortina del desierto... del mismo modo, la gran producción y el crecimiento del vino y cerveza del Sur encuentra un mercado en el Norte...

11 Además, el crecimiento de los ingresos del

gobierno derivados del salitre también tenían su impacto. A pesar de las caídas cíclicas en los ingresos del gobierno, causadas por la errática naturaleza del comercio del salitre, entre 1891 y 1920 la tendencia general de aumento del ingreso por los impuestos a las exportaciones de salitre hizo posible que los sucesivos gobiernos impulsaran proyectos infraestructurales que emplearon una considerable cantidad de fuerza laboral,

11 Newman a Salisbury, Valparaíso, agosto 1887. "Report on the Trade and Commerce of Chile for the Year 1886" (London, 1888), Parliamentary Papers, c.3.

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creándose nuevas demandas de consumidores, como también, una mayor burocracia gubernamental ubicada en Santiago, la que se expandió rápidamente. Los ferrocarriles constituyen un ejemplo clásico. Hacia 1893, la gran línea estratégica central construida por el gobierno, había llegado a Temuco, 690 kilómetros al Sur, y, hacia 1913, a Puerto Montt, otros 400 kilómetros, mientras que al Norte llegaba, en 1914, a Pintados, en el extremo Sur de la provincia de Tarapacá, uniéndose ahí con el sistema ferroviario del salitre en manos privadas. También en 1914, la línea de Anca a La Paz (Bolivia) de 438 kilómetros de largo, construida por Chile como parte de su compromiso por el Tratado con Bolivia de 1904, fue abierto al tráfico, para unirse con la línea existente de Antofagasta a La Paz, que era de propiedad británica. La línea trasandina de Santiago a Buenos Aires que estaba construyéndose desde 1880 y constituía una importante hazaña de ingeniería de altura, también fue inaugurada alrededor de 1910, mientras que el crecimiento de las líneas transversales desde el tronco central a lo largo del corazón de Chile -muchas de ellas en manos privadas- se ejecutaba rápidamente en estos arios. Hacia 1914, Chile poseía 8.638 kilómetros de líneas férreas; 5.584 kilómetros (más del 60%) de las cuales eran estatales. Siete años antes, la cantidad de kilómetros era un 50% menor.

El empleo que generó tales construcciones y el permanente aumento de fuerza laboral trabajando en ferrocarriles, cuyo número es difícil de cuantificar, probablemente era considerable y fue un factor para la migración rural. Así también se incrementó la industrialización. El período parlamentario vio una considerable expansión de la industria chilena en términos de crecimiento de los establecimientos y de su variedad, y de la fuerza laboral que trabajaba en ellos. La industria de procesamiento de alimento y bebida, las obras de construcción, cerámicas, refinerías de azúcar, vestimenta, productos de cuero, madera y papel, productos químicos, fundiciones, talleres mecánicos y de metales, todo se expandió considerablemente en el período; muchos de los empresarios habían nacido en el extranjero y una buena parte del capital vino de fuera de Chile. Sin embargo, hacia 1914, Chile poseía una industria manufacturera cada vez más importante, sirviendo primariamente a las necesidades locales, pero con algunas de las firmas más grandes exportando a los mercados de los países vecinos.

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El estímulo a la economía por parte de los gobiernos del período parlamentario no fue, por supuesto, impulsada enteramente por los ingresos de los impuestos sobre las exportaciones salitreras, ni los ingresos derivaron de los impuestos sobre las importaciones y exportaciones en general, ni del sistema de contribuciones. Una considerable proporción de los fondos necesarios provino de préstamos extranjeros. Entre 1885 y 1914, se pidió sobre 50 millones de libras esterlinas en el extranjero, de los cuales más del 60% fue gastado en obras públicas, incluyendo líneas férreas. Pero, la posesión salitrera de Chile unida a la distinguida reputación de pagar rápidamente sus deudas -incluso durante 1891 dicho récord fue mantenido- le dio un alto prestigio en las finanzas internacionales y los préstamos pudieron ser fácilmente transados en términos razonables. La modernización de sus principales ciudades, Santiago y Valparaíso, especialmente mediante el crecimiento de las facilidades de transportes, la mejora en la iluminación, el progreso sanitario e impresionantes edificios públicos, debieron mucho a esta fuente de recursos. De igual modo, la mejora educacional. Porque, a pesar de la inestabilidad de los gabinetes ministeriales, el gobierno y la administración continuó proporcionando un estímulo permanente a la expansión de los servicios públicos. El desarrollo educacional se refleja en el crecimiento del alfabetismo: en 1885, se estimaba que el 28,9% de la población chilena estaba alfabeti-zada, pero, hacia 1910, la proporción era mayor del 50%, aunque fuertemente concentrada en las ciudades en crecimiento.

El período parlamentario en la historia de Chile, de 1891 a 1920, fue, así, una paradoja. Fue un período de rápido cambio social y económico, pero uno de impasse político. Vio un considerable pro-greso urbano combinado con estancamiento rural y las condiciones de vida de los campesinos. Social y laboralmente, fue una era de transformación, mientras la oligarquía tradicional, atraída por el magnetismo de la aceptación de 'nuevos hombres' en la banca, el comercio, la industria y las profesiones, continuó su dominación de la vida pública. Nuevos grupos habían surgido -gerentes, burócratas y profesores- además de nuevas clases de trabajadores urbanos, mineros del salitre, de los niveles inferiores del servicio público y funcionarios menores de toda clase de empresas. Pero, mientras la economía se desarrollaba y mejoraban algunos servicios sociales, otros no. La rápida expansión de las ciudades

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era marcada por una diferencia en las viviendas entre la opulencia urbana de los ricos y los sórdidos barrios bajos de los pobres. Un visitante de Estados Unidos al Santiago del 1900 escribió: 'He estado en casas en Santiago que tienen más de cincuenta habitaciones y que están amobladas tan ricamente como algunos de los palacios europeos'

12, pero los conventillos* de la clase baja en los suburbios

presentan un cuadro diferente. Eran edificios de uno o dos pisos, alojando familias completas en una pieza; 'las camas eran frecuentemente usadas todo el tiempo, calentadas durante el día por trabajadores de turno nocturno, dejadas después para los que volvían al anochecer: Pero, si el contraste yuxtapuesto de las viviendas de los pobres y los ricos en las grandes ciudades era grande, aún lo era mayor entre los ambientes urbanos y rurales. 'Los hogares de los rotos (trabajadores) son poco mejores que nuestros chiqueros' escribió nuestro visitante de Estados Unidos sobre las casas de los campesinos en el Valle Central

13. Las diferencias en salud eran aun más grandes:

mientras la aristocracia santiaguina podía consultar médicos en París o Londres por enfermedades persistentes, los pobres de Chile morían. La tasa de mortalidad infantil (muertes por 1.000 niños nacidos vivos) entre 1890 y 1915 era de 293

14, pero le tocaba

desproporcionadamente a los pobres. Y, en educación, mientras el avance total no era insignificante, nuevamente las áreas urbanas se beneficiaban de ello, mientras que las rurales nada.

Fueron estas inmensas diferencias las que crearon la cuestión social en Chile durante el período parlamentario, lo que hizo surgir el cuestionamiento a la capacidad del mecanismo constitucional y político para enfrentarlas. Las huelgas del salitre de 1890 habían sido un presagio de las cosas que vendrían. Las primeras dos décadas del siglo XX vieron de empeoramiento del conflicto social, derivado de causas particulares, pero ocasionadas por la situación general. Afectando a todas las clases, pero más a los pobres, devino la permanente depreciación del peso chileno y la inflación.

12 Frank G. Carpenter, South America, social, industrial and political (New York, 1900), 218.

13 Ibid., 239 14 Markos J. Mamalakis, Historical statistics of Chile, vo1.11 , Demography and

labor force (Werstport, Conn., 1980), 40. Estas cifras han sido calculadas de los datos básicos del Profesor Mamalakis.

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El aumento anual promedio del costo de la vida fue de 5% entre 1890 y 1900, 8% entre 1900 y 1910 y 6% entre 1910 y 1920, tasas modestas de acuerdo con los estándares actuales, pero exacerbado en sus efectos en el Chile del período por el impacto de la in-convertibilidad del papel moneda, que permitía a los productores y fabricantes conseguir sus propios beneficios en monedas inter-nacionales cuyos valores fluctuaban poco, mientras les pagaban a sus trabajadores en papel que se depreciaba continuamente en su valor real. La estabilidad de los precios en Chile había sido elusiva desde 1878, y estaba destinada a permanecer así por otros 100 arios. Un intento por restaurarla, entre 1895 y 1898, cuando Chile retornó al sistema de patrón oro, fracasó, en gran parte debido a que las circunstancias para la conversión eran muy poco propicias. Entre 1895 y 1898, fue el punto más bajo de la caída de los precios de las mercancías o productos en el mundo que había comenzado en los arios 1870. También surgió el temor de una guerra con Argentina que impulsó al gobierno a derivar los gastos para la compra de armas. La derrota en 1898 de los oreros*, confirmó el sistema monetario de papel inconvertible, cuyo valor interno caía constantemente. No fue sorpresa, por lo tanto, que los trabajadores reaccionaran.

En 1903, los trabajadores portuarios de Valparaíso hicieron una huelga pidiendo salarios más altos y menos horas de trabajo; el ingreso de rompe huelgas llevó a motines y, cuando las tropas enviadas desde Santiago restauraron el orden, fue al costo de 32 muertos y 84 heridos. En 1905, cuando la imposición de derechos de importación sobre el ganado traído desde Argentina para favorecer los intereses de los criadores nacionales, elevó los precios de la carne, los disturbios en Santiago duraron una semana hasta que fueron suprimidos al costo de 60 muertos y 300 heridos. Esta semana roja* fue seguida, en 1906, por una importante huelga en Antofagasta, cuando la compañía salitrera y ferroviaria británica rechazó un aumento en los salarios y un período extendido para el almuerzo y, un ario después, una huelga masiva fue suprimida cruentamente en el puerto salitrero de Iquique, contándose por cientos los muertos (matanza de la Escuela Santa María). La expresión violenta de la protesta social tenía su contraparte en la resistencia organizada a la explotación laboral y al cuestionamiento intelectual del 'sistema:

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La figura clave en el crecimiento del movimiento laboral organizado fue Luis Emilio Recabarren (1876-1924), nacido en una modesta familia en Valparaíso y obrero tipógrafo. Fue miembro, desde los inicios, del Partido Demócrata, al que se unió en 1894, sobresaliendo en él. Su verdadera vocación la encontró en 1903 cuando fue invitado a operar un periódico para los trabajadores de la asociación de socorros mutuo (mancomunal) del puerto salitrero de Tocopilla, en el Norte. El Trabajo fue sólo el primero de muchos órganos de prensa para trabajadores que crearía y editaría. Fue elegido diputado por Antofagasta en 1906, pero el Congreso rechazó aceptar que asumiera su cargo. Después de un período de exilio en Argentina y Europa -donde informaciones no probadas indican que contactó a Lenin- regresó a Chile en 1908, rompió con el Partido Demócrata en 1911 y fundó el Partido Obrero Socialista en 1912. El POS, el cual hacia 1915 tenía un conjunto de filiales en el Norte salitrero, Santiago y Punta Arenas, se mantenía unido por la personalidad y energía de Recabarren. Desde su base salitrera en Tarapacá, éste, convertido en una figura nacional, creaba periódicos del Partido, frecuentemente de existencia efímera, pero de impacto permanente y, de ese modo, reclutaba un grupo pe-queño, pero dedicado, de seguidores y una fuerza imperceptiblemente creciente para el cambio social radical en Chile. En 1915, el POS realizó su Primer Congreso Nacional y comenzó a construir su estructura institucional, radicalizando las organizaciones sindicales existentes.

Estas organizaciones tenían diversos orígenes y una historia de altibajos. A medida que crecía la clase trabajadora chilena y en es-pecial, el sector no agrario, se enfrentaban con la incomprensión de sus condiciones de vida y trabajo por parte de sus empleadores o de aquellos que, al menos en teoría, los representaban en el Congreso. Careciendo de un verdadero canal institucional o político para expresar sus quejas, los trabajadores de localidades y ocupaciones específicas comenzaron a formar una variedad de organizaciones de auto-ayuda a partir de fines del siglo XIX. En verdad, los primeros sindicatos embriónicos en Chile habían aparecido alrededor de 1870: sociedades mutualistas entre artesanos urbanos, cuerpos cooperativos establecidos para brindar seguridad social a sus miembros y alguna oportunidad educacional mediante clases y publicaciones, pero enfatizando la cooperación y

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no la confrontación con los empleadores y el gobierno. Debido a estas razones, su falta de interés en cambiar dramáticamente el orden social, buscando a cambio de ello un lugar respetable dentro de éste, eran aceptados para los gobiernos y la Iglesia Católica, la cual, siguiendo la encíclica papal De Rerum Novarum de 1891 (el primer pronunciamiento ex cathedra que se refería seriamente a las cuestiones sociales y económicas), había patronizado un enfoque filantrópico a las clases bajas en Chile. Radicalmente diferentes en su perspectiva y fines, eran las así llamadas 'sociedades de resistencia, formadas bajo la influencia de las ideas anarquistas y socialistas importadas de Argentina, algunas veces por trabajadores migrantes y líderes sindicales. Generalmente basadas en la industria, sus objetivos inmediatos eran prácticos, relacionados con las condiciones laborales, y sus miembros se unían en trabajos conjuntos como trabajadores portuarios, por ejemplo, transportistas, tipógrafos, etc. Eran los antecesores de formas posteriores del sindicalismo chileno, y no menos en su actitud política, pero su importancia declinó a medida que el anarquismo perdió su atractivo con el paso del tiempo. Finalmente y de más importancia, existían las 'hermandades' o mancomunales*, la mayoría especialmente emergentes en el Norte salitrero donde la población minera estaba permanentemente creciendo hasta 1914, debido esencialmente a la migración interna desde el Sur. Socialmente, las mancomunales* eran muy homogéneas y, aunque la población salitrera estaba repartida -cada oficina* era virtualmente un Estado independiente- había una alta movilidad del trabajo a medida que los mineros se trasladaban de lugar en lugar en busca de mejores condiciones. Por ello, sus organizaciones eran territoriales más que ocupacionales en cuanto a su naturaleza, y sus intereses eran las condiciones de vida y laborales, al mismo tiempo que mejoras sociales como la educación. Pero las mancomunales* se distinguían sobre todo por su naturaleza de clase, y fueron ellas las que, aunque siempre reprimidas, montaron una serie de huelgas cada vez más grandes y serias en las regiones salitreras durante el período parlamentario.

Empero, las primeras uniones sindicales surgieron entre los artesanos y comerciantes en las ciudades importantes bajo influencias anarquistas en la primera década del siglo veinte. Así, las Federaciones de Carpinteros y Zapateros y, más significativa que todas,

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las de los Trabajadores Ferroviarios, quienes, un ario después de una reducción de salario efectuada por los Ferrocarriles del Estado en 1908, fundaron su primera federación. Aunque esencialmente eran organismo mutualista en su origen, esta organización se autodenominó en 1911 la Federación Obrera de Chile, FOCH, y abrió sus filas a todos los trabajadores. Atrajo un apoyo considerable, especialmente en el Norte y Sur de Chile, menos en Santiago y Valparaíso, donde la influencia de los anarquistas era aún fuerte. A medida que pasó el tiempo, que las tensiones sociales crecieron y las condiciones económicas se deterioraron, especialmente en el período posterior a la Primera Guerra Mundial, la FOCH se hizo más militante. En verdad, la incidencia de las huelgas en Chile y el número de trabajadores participantes aumentó dramáticamente en aquellos arios, subiendo de 16 huelgas, que abarcaron a unos 18 mil trabajadores en 1916, a 101 huelgas, abarcando a 50 mil, en 1920

15.

En estos desarrollos, Recabarren jugó un papel conductor, aunque buscó mantener al POS y la FOCH como entidades distintas, pero coordinadas. En 1919, la FOCH fue reorganizada: desde entonces, su expresión de bases era el sindicato que afiliaba a todos los trabajadores de un área particular, sin importar sus trabajos y sus fines -como los del POS, incluía la abolición del sistema capitalista-. La radicalización progresiva de la FOCH, el impacto de la Revolución bolchevique de 1917 y el crecimiento de un movimiento internacional comunista, profundizó la división en el mundo laboral chileno entre los que, como el Partido Demócrata, que habiendo jugado un rol no pequeño en las organizaciones de la clase trabajadora, buscaba operar dentro del sistema político existente, y aquellos como Recabarren, que habían llegado hacia 1920 a desecharlo. En 1921, se produjo la división: la FOCH decidió afiliarse con los Sindicatos de la Red Internacional conducida por Moscú y, un ario más tarde, el POS llegó a ser el Partido Comunista de Chile, pero ambos perdieron miembros como consecuencia. Se ha estimado que la membresía de la FOCH cayó en un 50%, de 60 mil a 30 mil entre 1921 y 1922. Para entonces, la República Parlamentaria había alcanzado un punto de crisis.

15 Brian Loveman, Chile: the legacy of Hispanic capitalism [Chile: El legado del capitalismo hispánico] (New York, 1979), 227.

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A través del período de la República Parlamentaria, los partidos y personalidades políticas, aparte del Partido Demócrata (que nunca obtuvo el apoyo de más de una pequeña minoría de lo que era, en cualquier caso, un electorado muy limitado), luchaban por el poder, generalmente breve, en un sistema de políticas caracterizado por alianzas y coaliciones inestables. Ciertamente, durante una gran parte del período, los grupos opuestos fueron denominados en general como la Alianza y la Coalición, siendo el rasgo distintivo la presencia del Partido Radical, en la primera, y del Partido Conservador, en la segunda. Ambos eran fuertes partidos minoritarios, con raíces profundas en ideologías antagónicas en cuestiones de Estado e Iglesia, y proveían la única cohesión ideológica -no siempre tan fuerte- dentro de las dos organizaciones. El resto -Liberales, Liberales Demócratas, Nacionales, etc.- oscilaban en su apoyo a diferentes candidatos presidenciales y su apoyo posterior a sus ministerios. El juego aristocrático que jugaban, una especie de 'sillas musicales' políticas, era obsesivo como medio de conducir los asuntos nacionales, pero ni siquiera el político más conservador no estaba consciente de que Chile estaba cambiando y que el crecimiento de las fuerzas extra-congresistas estaba adquiriendo ím-petu. Las respuestas, sin embargo, variaban. A través del período, una cantidad de intelectuales, como el novelista Luis Orrego Luco y Baldomero Lillo, críticamente diseccionaron los males que afectaban a la República y, en especial, la 'cuestión social', la división creciente entre los ricos y los pobres, que el sistema político era incapaz de resistir. Ensayistas como Alejandro Venegas escribiendo con el seudónimo de J. Valdés Cange y Francisco Encina, en Nuestra inferioridad económica (1912), atacaron la ineptitud del país para desarrollar un sistema educacional útil y amplio y para establecer una verdadera economía nacional y no una sujeta a los caprichos de los mercados internacionales de los productos o de los empresarios extranjeros. Mientras, se logró algún progreso en el campo de la legislación laboral y del bienestar social -una ley para la vivienda de los trabajadores en 1906, descanso obligatorio para los obreros los días domingos en 1907, leyes para segu-ros contra accidentes industriales en 1917. Todo eso fue un mero paliativo, ante lo rápido que había crecido la clase trabajadora y lo tan limitado que había sido el intento de atacar las cuestiones sociales fundamentales. El trabajo rural aún permanecía desorganizado, deprimido, con estándares deplorables de vida.

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Los gobernantes de Chile del período tenían algunos logros a su haber. Ellos presidieron una economía creciente; habían mejorado considerablemente las comodidades en las ciudades principales y, no siendo menor, habían mantenido en paz al país. Los temores de guerra por disputas de límites en el Sur con Argentina habían erupcionado frecuentemente en los arios 1890, resultando en carreras armamentistas, en detrimento de ambos países. Pero prevaleció el sentido común: en 1902, bajo arbitraje británico, Chi-le y Argentina resolvieron sus pretensiones territoriales conflicti-vas en el lejano Sur y firmaron un Tratado General de Arbitraje para posibles disputas futuras. Dos arios más tarde, un Tratado de Paz definitivo con Bolivia terminó con el incierto armisticio de la Guerra del Pacífico. No se hizo ningún progreso, sin embargo, en la resolución de la disputa de Tacna-Arica con Perú, una herencia de la misma guerra, a pesar de los frecuentes intentos por resucitar las provisiones del Tratado de Ancón para establecerlo. Chile continuó controlando ambos territorios y, de acuerdo con la queja persistente y amarga del Perú, hostigó a los residentes peruanos, importando colonizadores chilenos para así cambiar el equilibrio de la población a favor de Chile para el momento en que se reali-zara el plebiscito. (Al mismo tiempo, el gobierno chileno invirtió una buena cantidad de dinero en Tacna y Arica, en educación). Sin embargo, este tema permaneció en una guerra de palabras, pro-longada y amarga, a través del período.

Donde resultan criticables los líderes parlamentarios, fue en su inhabilidad no tanto para reconocer una sociedad en transición, porque la mayoría estaba consciente de que estaban habiendo cambios, sino en reformar las instituciones de manera de hacerlas útiles. Los gobiernos más fuertes del período -especialmente el de Pedro Montt (1906-1910)- siguieron realizando un rápido progreso en infraestructura, tan considerable como el de la construcción de un sistema ferroviario. Montt también tuvo que enfrentarse un devastador terremoto en 1906 que casi destruyó Valparaíso y una crisis económica entre 1907 y 1908, propulsada por la más irres-ponsable especulación de acciones. Sin embargo, el liderazgo que le dio a la República en su breve período en el cargo (murió pre-maturamente) fue bastante inefectivo por las condiciones en que tenía que operar, acumulando nueve ministerios en cuatro arios, con un promedio de vida de cuatro meses y veintiún días. Su su-

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cesor, Ramón Barros Luco, de 71 arios, tuvo quince ministerios en cinco años, cuatro de los cuales duraron menos de tres semanas. Entre 1891 y 1915, se formaron no menos de 60 ministerios, con un promedio de vida de poco más de cuatro meses. La rotación ministerial era, por supuesto, altamente democrática en la forma y estrictamente parlamentaria en la práctica, en la medida que los muchos partidos peleaban por el poder y la posición. Chile no experimentó en estos años ni gobiernos dictatoriales ni intervención militar en política y esto fue parte de una tradición histórica valiosa que subraya al período parlamentario. Sin embargo, el precio fue la ineficacia de la iniciativa ministerial, la carencia de planificación a largo plazo y, sobre todo, una cierta discontinuidad de la gestión gubernamental que llevó a los presidentes a concentrarse en objetivos inmediatos y necesarios, como el trámite del presupuesto o la adquisición de armas, pero los obligaba a descuidar medidas que tomaban más tiempo, como la reforma social. No es sorprendente, entonces, que las tensiones en el tejido social de Chile fueran agudas hacia el final del período. Más notable, quizás, es su contención del sistema hasta esa fecha, a pesar de las confrontaciones duras, esporádicas y generalmente sangrientas de los trabajadores con las fuerzas a disposición del gobierno. Respecto a esto, la continuidad de la administración contrastaba fuertemente con la inestabilidad de los políticos y el gobierno, pero era una cualidad nacional que también se erosionaba. En cuanto a los funcionarios públicos y los oficiales de las fuerzas armadas, ellos también comenzaron a sufrir el deterioro de las condiciones económicas y sociales, y su obediencia a un sistema de gobierno, por largo tiempo reconocido como débil, no podía darse por sentado.

Alessandri, la intervención militar e Ibáñez

La 'cuestión social' llegó a su punto crítico durante y después de la Primera Guerra Mundial. Aunque nunca fue beligerante, Chile fue víctima inmediata de dicho conflicto; tan estrechamente integrada tenía su economía de exportaciones a un sistema de comercio internacional que ahora estaba dramáticamente trastornado. Gran Bretaña y Alemania eran los dos socios comerciales principales de Chile, incluso la primera lo había sido durante la mayor parte de su vida independiente; ahora, los dos poderes marítimos

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más importantes estaban en guerra y se necesitaban sus buques en otros lugares. Luego de dos meses del estallido, las exportaciones chilenas de salitre habían caído en más de la mitad, y la población de la región salitrera cayó dramáticamente a medida que las oficinas cerraban y los trabajadores regresaban al Sur. Ya que el salitre era el motor de la economía chilena, la espectacular caída en la producción -de 134 oficinas*, produciendo, en Julio de 1914, solamente permanecieron activas 43 hacia enero de 1915- tuvo un efecto negativo en casi toda la estructura productiva. Sin embargo, la crisis, aunque seria, fue breve. En 1915, el salitre se recuperó rápidamente, primero debido a que su uso en los explosivos llegó a ser de gran importancia para Gran Bretaña y sus aliados y, segundo, porque el cierre, mediante bloqueo, de los mercados tradicionales más importantes como Alemania y Bélgica, llevó a los neutrales, especialmente Estados Unidos -un proveedor de armas en forma creciente a los Aliados- a tomar mayores cantidades del producto. Esto fue un presagio: un efecto importante de la guerra fue posibilitar que Estados Unidos se convirtiera en el principal socio comercial de Chile, ya que Alemania fue eliminada en gran parte y los intereses británicos -especialmente en el comercio importador de Chile-habían sido inevitablemente restringidos. Este proceso se acentuó después de que Estados Unidos entrara a la guerra en 1917 y el auge de las exportaciones de productos chilenos impulsó el resurgimiento de la actividad económica, en general, y de la expansión industrial, en particular parte de la cual -textiles, por ejemplo- creció para compensar la escasez de importaciones de proveedores tradicionales como Gran Bretaña. Empero, el auge fue comparativamente breve. La depresión postguerra fue mundial, pero agravada en el caso de Chile por otros factores: el hecho de que se habían acumulado grandes cantidades de productos [stocks] en los países consumidores, y el esfuerzo de Alemania durante la guerra, cuando no se podía obtener salitre natural, la llevó a crear una producción sintética. Los problemas crecerían inexorablemente a medida que el proceso se extendió a otros países y eventualmente destrozaría el mercado de salitre natural. Hacia comienzos de 1919, una gran cantidad de oficinas* habían cesado nuevamente, con gran parte de la fuerza laboral emigrando, como en el pasado, hacia el Sur en busca de trabajo. En una crisis económica que se profundizaba, la agitación laboral

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creció marcadamente en 1918y 1919 con huelgas, demostraciones masivas (una en Santiago; en noviembre, abarcó a 50 mil trabajadores) e, inevitablemente, dada la reacción cercana al pánico de la clase alta, confrontaciones con la policía. Estos fueron asuntos a menudo sangrientos: en febrero de 1919, una huelga en Puerto Natales en Magallanes, de virtualmente todos los trabajadores relacionados con las industrias de procesamiento ovejero, fue cruelmente terminada con un costo de 15 muertos, cuatro de ellos soldados, y 20 heridos seriamente. En septiembre, la FOCH, cuya rama provincial de Magallanes había llamado a la huelga en Puerto Natales, convocó a una huelga general en Santiago, mientras que, durante parte del ario, las provincias salitreras de Antofagasta y Tarapacá estaban sometidas a una virtual ley marcial, al haber sido enviados sus líderes en forma forzada al Sur.

Tal era el trasfondo al surgimiento de una de las más significativas y controversiales figuras en la historia de Chile moderno, Arturo Alessandri Palma, dos veces Presidente de la República (1920- 1925, 1932-1938). De origen en inmigrantes italianos del siglo diecinueve, nacido en un fundo en la provincia agrícola de Linares, se había opuesto a Balmaceda cuando era estudiante en 1891. Había ingresado al Congreso en 1897 y tuvo su primera y breve experiencia como ministro un ario después. Producto típico del período parlamentario, Alessandri, había estado casi veinte arios en el Congreso antes de que los sucesos de 191510 lanzaran al frente de la vida nacional. Adoptado como candidato liberal para un sillón del Congreso por la provincia salitrera de Tarapacá en las elecciones de ese ario, Alessandri desarrolló una campaña demagógica en la cual las pasiones de sus seguidores -muchos de ellos de la clase trabajadora- y las de sus oponentes, se derramaron en violencia, culminando en marzo con el asesinato de un inspector de policía. La candidatura de Alessandri era un desafío directo a los jefes políticos tradicionales, quienes habían manejado la provincia como si fuera un feudo particular y él aseguró el 70% de un muy limitado voto en una elección caracterizada por mucha corrupción por ambas partes. Más significativo para el futuro, él llamó la atención nacional a través de su energía y elocuencia y por sus vitriólicos ataques desde la oposición al sistema establecido [establishment] al cual, por supuesto, él mismo había pertenecido por dos décadas. Pero el 'león de Tarapacá,' como fue llamado desde

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entonces, también se había establecido como un futuro candidato presidencial.

Las elecciones para el Congreso de marzo de 1915 resultaron en una mayoría en el Senado para la Alianza Liberal-liberales, radica-les y demócratas- y, en la Cámara de Diputados, para la Coalición -conservadores, liberales-demócratas o balmacedistas y nacionales. Las elecciones presidenciales fueron en junio. Juan Luis San-fuentes, el hermano menor de Enrique Salvador Sanfuentes, cuya supuesta candidatura nominada por el Presidente en 1890 había sido un factor fundamental en la caída de éste, fue presentado por la Coalición; Javier Ángel Figueroa Larraín por la Alianza. Sanfuen-tes ganó estrechamente, en parte debido a su propia personalidad, pero no menos por su capacidad de dinero disponible. Apoyado por una coalición inestable de heterogéneos partidos y opuesto en el Senado por una alianza igualmente poco gobernable, San-fuentes pudo solamente mostrar sus considerables talentos para la maniobra política con el fin de resolver el impasse de la impotencia política, una tarea consumidora de tiempo y, como resultó, una tarea infructuosa. Las siguientes elecciones para el Congreso, en marzo de 1918, le dieron a la Alianza una mayoría más grande en el Senado y también el mando de la Cámara baja. Sin embargo, dentro de la Alianza misma, que no representaba tanto como reflejaban las aspiraciones no bien definidas de las clases media y trabajadora, existía una profunda división entre aquellos como Alessandri, quien había percibido un nuevo estado de ánimo nacional y aquellos cuyos horizontes políticos estaban aún limitados por la lucha estrecha por el poder y el patrocinio dentro del sistema existente, del cual, ciertamente, se beneficiaban.

La administración de Sanfuentes al menos mantuvo la neutralidad de Chile durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de una consi-derable presión de Estados Unidos después de 1917 y no hay duda de que esto fue en pro del interés nacional. Pero creó complicacio-nes. Tanto Perú como Bolivia, donde los sentimientos revanchistas contra Chile eran muy fuertes, habían seguido el consejo de Washington y roto relaciones con los poderes de Europa Central, en gran parte con la esperanza de asegurar apoyo para sus respectivos casos contra Chile después de la guerra. Pero, poco resultó de ello, aunque la guerra de palabras, especialmente acerca de Tacna

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y Anca, llegó a ser más virulenta hasta que, en 1918, Chile y Perú retiraron a sus respectivos cónsules del territorio del otro. Los te-mores de una guerra real no se hicieron nunca realidad. El tema se congeló, aunque resultó útil para ciertos intereses políticos en 1920.

En ese tiempo, la atención nacional -en un período de aguda depresión económica de post-guerra- se enfocó crecientemente en las elecciones presidenciales de 1920. Alessandri, habiendo ocupado el ministerio por seis meses, en 1918, solamente para ver rechazado su programa de reforma, había surgido ahora claramente como el candidato de aquellas fuerzas de la Alianza Liberal que creían en el cambio y habían estado trabajando duramente para asegurar dicha posición. Dentro de la alianza, el Partido Radical estaba logrando preeminencia: había declarado ahora su condena oficial de la oligarquía gobernante y del sistema capitalista, pero su alza era resentida por los políticos liberales, muchos de los cuales no menos alarmados por el surgimiento de Alessandri, le retiraron su apoyo. Estos disidentes se unieron a los Liberales Demócratas y al Partido Nacional y proclamaron a Luis Barros Borgoño como su candidato. La nominación oficial de Alessandri por la otra agrupación, siguió en abril de 1920. Los conservadores, reconociendo en Alessandri la amenaza principal a sus intereses y no teniendo un candidato propio adecuado, se lanzaron con el grupo del menos malo y apoyaron a Barros Borgoño.

La campaña fue marcada por la energía personal y la denuncia mordaz de la oligarquía realizada por Alessandri, unida a las promesas de un amplio programa de reformas: 'Yo deseo' -dijo en su nominación- 'ser una amenaza para todos los espíritus reaccionarios, para aquellos que se resisten a toda reforma justa y necesaria, porque ellos son los propagandistas de la confusión y los desórdenes'

16. El resultado fue muy

estrecho. El 25 de junio, entre escenas sin precedentes de clamor público, fue anunciado que en el Colegio Electoral (las elecciones eran entonces indirectas siguiendo el modelo de los Estados Unidos) Alessandri había obtenido 179 votos contra los 174 de su oponente. Ambas partes apelaron del re-

16 El Presidente Alessandri y su gobierno (Santiago, 1926), 32. Autor o compilador no se indica

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sultado: finalmente, un Congreso Pleno pasó el tema a un Tribunal de Honor el que declaró electo a Alessandri el 30 de septiembre, por 177 votos contra 176. El Congreso ratificó el resultado por una votación de 87 a 29 a comienzos de octubre y Alessandri asumió la presidencia el 23 de diciembre de 1920.

En el período entre la elección y la asunción de Alessandri a la presidencia, ocurrió un incidente peculiar. En una etapa de gran incerteza nacional acerca de la elección y con la agitación laboral alcanzando su punto más álgido en las regiones salitreras, el gobierno, a través de su Ministro de Guerra Ladislao Errázurriz, repentinamente movilizó a las Fuerzas Armadas, argumentando que las tropas peruanas y bolivianas se estaban agrupando en la. frontera Norte para una invasión de Chile. Esto era una total in-vención. Sin embargo, durante julio y agosto, un gran ejército chi-leno, apostado en el Norte, aguardó en vano la acción en la región desértica. Mientras hacía eso, muchos de sus miembros se dieron cuenta profundamente de su falta de materiales y provisiones, de las duras y poco higiénicas condiciones de vida, de la división en-tre los mandos y de una dirección inadecuada. Real o no, creció la creencia de que el Ejército estaba siendo usado solamente por fines políticos y el propio Alessandri -quien en 1919 había tenido contactos con personal del Ejército inquieto y deseoso de refor-mas- no desmintió tal perspectiva. Lo que llegó a ser conocido como la 'Guerra de don Ladislao' reforzó aquellas opiniones, fuer-temente críticas de los políticos chilenos y del gobierno. En 1907 se había formado una liga militar como una organización secreta de oficiales del Ejército, descontentos con las ineficacias del sis-tema parlamentario y, especialmente, con aquellas que afectaban la efectividad del servicio. Cinco años después, se estableció una organización semejante e igualmente clandestina en la Armada, no menos preocupada con los defectos y el sistema que los permitía. Aunque estos organismos nunca salieron a la superficie y fueron, en efecto, desmantelados, lo que representaban persistió en las mentes de cierto personal del servicio, quienes vivieron cada vez más el ser mal pagados, deficientemente aprovisionados y, en lo relativo a su promoción, rígidamente jerarquizada y en cadenas inmóviles de mando, nada más que la imagen de la República misma.

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El programa presidencial de Alessandri de 1920 fue una reelaboración de su programa ministerial de 1918. Su primer Ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda (quién llegó a ser Presidente en 1938) estaba a cargo de un programa de reforma social y medidas económicas diseñadas para aliviar los peores efectos de un depresión mundial que estaba azotando ahora a Chile. Aunque pronto fue visible la obstrucción del Congreso, la batalla parlamentaria fue eclipsada a comienzos de 1921 por un suceso trágico en las regiones salitreras. En la oficina* de San Gregorio, cerrada a fines de enero por la depresión en el mercado salitrero, una disputa entre los trabajadores y la policía erupcionó en violencia que dejó 41 muertos y 80 heridos, de los cuales murieron posteriormente 32, como consecuencia de sus heridas. Según la opinión conservadora, Alessandri tenía mucha responsabilidad por haber inflamado a las masas durante su campaña; para el campo opuesto, él era responsable como Jefe de Estado, en última instancia a cargo de la ley y el orden. En Santiago, persistía la obstrucción del Congreso a su programa y la oposición retuvo el control del Senado en las elecciones de marzo de 1921, aunque la Cámara de Diputados quedó en manos de la Alianza, ganando los Radicales, por sí mismos, un tercio de los asientos. En los siguientes cuatro arios poco se logró contra un trasfondo de creciente angustia económica y de inquietud social.

En 1920, el Primer Censo Nacional en 25 años mostró que la población nacional había crecido de 2.695.000 a 3.730.000. Santiago había duplicado su población y tenía ahora medio millón de habitantes. Otras ciudades, aunque su crecimiento era menos dramático, seguían creciendo a una tasa bastante desproporcionada respecto la capacidad de las economías regionales para absorber los números adicionales en empleos productivos. Dieciséis gabinetes en rápida sucesión habían intentado gobernar en un período de cuatro años, durante cuyo tiempo el valor del peso había caído a la mitad y los ingresos del gobierno habían declinado. Hacia 1924, el erario nacional estaba tan agotado que el pago de los funcionarios civiles y de las fuerzas armadas estaba atrasado en seis meses, como recordaría muchos arios después una importante figura militar:

No teníamos certeza de obtener pan, carne o vegetales para las tropas, ni forraje para los caballos. Un día el contador del

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Regimiento me informó que nuestro proveedor de carne no había entregado provisiones debido a que hacía seis meses que no se le pagaba...Podíamos solamente meter la mano en nuestros propios bolsillos...y arreglarnos para obtener 100 pe-sos. ¿Pueden imaginarse eso?...con 100 pesos para comprar carne, teníamos que alimentar a un Regimiento de 250

17.

Las demostraciones públicas frente a la crisis aumentaron y surgió una gran cantidad de organizaciones de protesta, la mayoría en apoyo de Alessandri, en oposición al obstruccionismo del Senado, donde la Unión Nacional, como se llamaba ahora la antigua Coa-lición, tenía la mayoría.

En un ambiente en que se hablaba de Guerra Civil, Alessandri y la oposición buscaron un compromiso y, a fines de enero de 1924, alcanzaron un acuerdo de corto plazo. Como compensación a la promesa de Alessandri de no usar la presión ejecutiva en las elec-ciones para el Congreso, que se debían efectuar en marzo, la opo-sición aceptaba un número de cambios de procedimientos en el trámite del Congreso de modo de acelerar los asuntos. También acordaron -y la decisión estuvo cargada de consecuencias ines-peradas- apoyar una propuesta de pagar un sueldo (dieta) a los miembros del Congreso, contrariamente a las prácticas previas. Pero, al igual que en 1890, ningún lado confiaba en el otro. Ales-sandri, por lo tanto, decidió no sólo usar la masiva intervención en la elección del Congreso, sino también al Ejército en dicho proceso. 'Existe; dijo poco antes de la elección, 'una mayoría en el Senado la cual...ha buscado frustrar el movimiento que represento y el cual en este momento es encarnado por mí... He asumido yo mismo la tarea de purificar las bancas parlamentarias

18. Poco después, las

instrucciones acerca de las elecciones fueron telegrafiadas a los oficiales del gobierno provincial y el Ejército fue usado para 'mantener el orden; un eufemismo para cubrir su frecuente hostilidad descarada a la oposición. Pero esta última no estaba de ningún modo inerte y la intimidación y el soborno fueron usados libremente por ambos lados. En el evento, dado el mayor poder de la máquina gubernamental, la Alianza Liberal acrecentó su mayo-

17 General en retiro Bartolomé Blanche, entrevistado por Wilfredo Mayorga, Ercilla, 7 de julio de 1965, p. 5.

18 Alberto Cabrero, Chile y los chilenos (santiago, 1926), 258.

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ría de diputados y ganó el control del Senado. Fue, sin embargo, una victoria pírrica para Alessandri. Porque lo que siguió fueron meses de debate estéril en el Congreso sobre temas fútiles, en el cual sus propias facciones de seguidores no se mostraron más responsables en los temas nacionales que la oposición. El único acuerdo que alcanzaron fue el del proyecto de ley para los salarios del Congreso, que pasó de los diputados al Senado en junio. Para ese momento, sin embargo, la impaciencia de las Fuerzas Armadas había alcanzado su límite aunque la expresión de su exasperación no era de ningún modo uniforme.

En los altos escalones del Ejército, una conspiración fue incubada con los políticos de la Unión para derrocar a Alessandri a través de una organización denominada TEA (tenacidad, entusiasmo y abnegación), en la cual estuvo implicado el General Luis Altamirano, Inspector General del Ejército. Más abajo, una cantidad de oficiales de mediano rango se habían reunido en el Club Militar de Santiago para analizar sus quejas profesionales y la situación nacional: sobresalían entre ellos el mayor Marmaduke Grove Vallejos y el mayor Carlos Ibáñez del Campo. De acuerdo con lo sucedido, fue este grupo el que reemplazó los planes de TEA por la acción directa aunque de una forma moderada, a comienzos de septiembre.

A medida que el proyecto de ley de los sueldos estaba siendo debatido en el Senado, en septiembre, algunos 50 oficiales jóvenes sentados en la galería pública puntuaron el debate con ruidosos aplausos para aquellos que se oponían a éste y repitieron la acción el día siguiente. Cuando el Ministro de Guerra, un civil, le pidió al capitán Luis Pinochet una lista de los presentes, el último le respondió que él no era secretario, pero los oficiales aceptaron dejar el edificio si el Ministro Mora los recibía después, y así se fueron, haciendo ruido con sus sables a medida que salían. 'El ruido de sables; como se llamó a este episodio, comenzó un proceso de consultas entre el Gobierno y el Ejército que resultó en una solicitud de Alessandri de una lista de proyectos que creían eran esenciales para presentarse al Congreso: si el Congreso los rechazaba, el Presidente declaró que lo cerraría y, con el Ejército, 'haría un nuevo Chile: La lista fue elaborada por Ibáñez, que surgía como el líder de los jóvenes oficiales, y su ayudante el teniente Alejan-

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dro Lazo, aprobado por sus colegas y presentado a Alessandri el 5 de septiembre. Era una lista considerable de demandas: veto al proyecto de ley de sueldos para el Congreso, acción en relación con presupuesto (sujeto a interminable discusión en el Congreso); legislación acerca de los impuestos por ingresos; nuevas leyes de promoción, sueldos y pensiones para los servicios; estabilización del errático peso; pago inmediato de los sueldos atrasados a todos los empleados públicos; un código del trabajo y otras leyes sociales; y, en adición, la destitución de tres ministros específicamente nombrados y la futura exclusión de las Fuerzas Armadas de la supervisión de elecciones. Previo a esta presentación, Ibáñez había persuadido a sus colegas a establecer una Junta* como su cuerpo ejecutivo (la Junta Militar y Naval), y fue este organismo el que se reunió con el Presidente. No fue una reunión fluida, Alessandri rechazó la demanda de destituir a sus ministros por insubordinación, pero diciendo que él haría lo mejor que pudiera en los otros asuntos. Lazo declaró: 'no hemos venido a solicitar, sino a deman-dar; y solamente las palabras conciliatorias de los oficiales superiores presentes persuadieron a Alessandri a no dar por concluida la reunión. Se mandó a buscar a Aguirre Cerda, como Ministro Jefe y se releyó la lista; sus intentos de analizarla fueron bruscamente interrumpidos y la reunión concluyó con la renuncia del Ministro de Guerra Mora -una de las demandas de la oficialidad joven*_ y el acuerdo último de comunicarse a través del General Altamirano, del Estado Mayor.

No hay duda de que Alessandri creía que podría usar a los oficiales para sus propios fines; es igualmente claro que cualquiera fuesen las simpatías que tenían con él respecto a la conducta del Congreso, no confiaban en él y que estaban determinados a jugar no sólo un activo papel en la regeneración de Chile, sino que uno predominante. Esa misma tarde, el gabinete renunció y Alessandri nombró al General Altamirano como Ministro del Interior: Altamirano designó a otro General, Juan Pablo Bennet, como Ministro de Guerra y al Almirante Francisco Neff como Ministro de Finanzas, dándoles así a los servicios militares un fuerte control de la administración. Mientras algunos miembros de la Junta desconfiaban de Altamirano, se formó una alianza entre las alas militares. El 8 de septiembre, un día después del veto de Alessandri al proyecto de ley respecto a la dieta, el Congreso tramitó, en una tarde, toda

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la legislación auspiciada por la Junta, pero ésta insistió en perma-necer activa hasta que todos sus objetivos hubieran sido realmente logrados. Alessandri jugó entonces su última carta: presentó su renuncia como Presidente, pero la Junta la rechazó, sugiriendo, en lugar de ello, un permiso por seis meses en el extranjero el que también fue aprobado por Altamirano. Más tarde, en la misma no-che, Alessandri y su familia buscaron refugio en la Embajada de los Estados Unidos y, dos días después, partieron para Argentina, silenciosamente y sin reacciones de la gente, quienes, cuatro arios antes, lo habían instalado clamorosamente en el palacio presiden-cial.

El Congreso fue entonces clausurado; los miembros civiles del mi-nisterio renunciaron y una nueva Junta* gubernamental formada por Altamirano, Bennet y Neff asumió el poder, con la intención declarada de devolverlo a los civiles tan pronto fuera posible. Los integrantes jóvenes del movimiento, sin embargo, tenían otras ideas: rechazaban, por sobre todo, la noción de restauración del mando civil sin establecer, primero, una importante reforma cons-titucional para prevenir una repetición de lo que había llevado a la intervención. Y, a diferencia del nuevo gobierno militar, cuyos representantes eran oficiales de alto rango y considerable estatus social, los jóvenes oficiales liderados por Ibáñez y Grove estaban muy conscientes de las tensiones sociales de Chile y buscaban el cambio social y económico, como también el político. Los próxi-mos tres meses vieron acrecentarse las diferencias entre las dos alas del movimiento militar, en un trasfondo de amplio apoyo por la intervención. La escisión se amplió progresivamente desde octubre de 1924 a enero de 1925 y llegó a ser cada vez más evidente a la oficialidad joven, que el Gobierno usaba guantes de seda con los políticos de derecha y estaba muy poco interesado en reformas importantes.

Finalmente, en enero de 1925, llegó el punto crítico. Muchos ofi-ciales prominentes del movimiento militar fueron transferidos en sus mandos a áreas donde tendrían poco poder y fueron reempla-zados por hombres acordes con el gobierno. El 16 de junio, Ladis-lao Errázuriz, el conservador arquetípico, anunció su candidatura a la presidencia con el apoyo del gobierno. El 23 de enero, después de una cuidadosa preparación, Grove e Ibáñez dieron un Golpe de

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Estado, se tomaron el palacio presidencial, forzaron la renuncia de los cargos titulares e instalaron una nueva Junta* Provisional, presidida por el Inspector General del Ejército. Cuatro días más tarde, él fue reemplazado por un respetado civil, Emilio Bello Codecido, yerno de Balmaceda, cuya asunción en el cargo fue parte de un precio negociado con el alto mando de la Armada, que al comienzo no era muy favorable al Golpe. Un general y un almirante se unieron a Bello Codecido en la Junta* gobernante, cuyos ministros eran, en gran parte, seguidores de Alessandri, todos reformistas. Un telegrama enviado a éste a Roma lo invitaba a regresar y reasumir su presidencia, retornando en marzo en medio de masivas aclamaciones.

A través de estos días turbulentos y, ciertamente, desde la intervención militar inicial de septiembre de 1924, el papel clave en las actividades de la Junta Militar* había sido jugado por Carlos Ibáñez, y fue él quién surgiría como la fuerza más importante en el gobierno chileno por los próximos siete arios, y, como el mismo Alessandri, permanecería siendo una figura dominante en la vida nacional casi hasta su muerte, en 1960. A pesar de su larga carrera pública, de haber ocupado la presidencia en dos ocasiones (1927- 1931 y 1952-1958), de sus controvertidos gobiernos y del vasto volumen de literatura escrito acerca de él, Carlos Ibáñez del Campo sigue siendo una enigmática figura en la historia chilena. Nada de su previa carrera sugiere el rol que jugaría desde 1924. Nacido en 1877, como Alessandri, en la provincia de Linares, entró a la Escuela Militar en Santiago en 1896. Era conocido por sus compañeros estudiantes como un cadete taciturno, metódico y trabajador, pero que no tenía muchos amigos íntimos. En 1900, después de su graduación y promoción a Teniente Primero, fue a una Misión de Entrenamiento Militar a El Salvador; se casó y se distinguió en un conflicto con fuerzas guatemaltecas en 1906. Desde allí, su carrera fue la de un militar de rango intermedio. Consumado equitador, llegó a ser Comandante Director de la Escuela de Caballería en Santiago en 1921 y fue, mientras sustentaba dicho cargo, que cuando sucedió la crisis política de 1924. Para entonces, su experiencia como soldado había sido amplia y variada, pero había sido una carrera profesional y no había mostrado ambiciones políticas. Desde 1924, sin embargo, en circunstancias que, según su punto de vista, requerían patriotismo, disciplina, orden y un claro sen-

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tido de dirección, Ibáñez encontró su real vocación en la escena nacional. Sus características fueron resumidas admirablemente en 1927 por el representante Británico:

Es un hombre de pocas palabras, muy reservado y dado a sus propios consejos, es pobre... su casa es un modelo de simplicidad espartana; él es uno de los pocos hombres de la vida pública en Chile contra quien nunca he oído un cargo de corrupción o de venalidad. Creo que él mismo está inspirado simplemente por su deseo de servir a su país con lo mejor de su habilidad y entendimiento...

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Su momento, sin embargo, no había llegado del todo aún.

Durante su exilio involuntario, Alessandri no había estado ocioso. Había ocupado gran parte de su tiempo pensando acerca del sistema constitucional de Chile. A su triunfante regreso a Chile, con seis meses por servir antes de que su período presidencial expirara, se puso a la tarea de la reforma en un clima político que el gobierno provisional de Bello Codecido había mejorado mucho. La idea de una Asamblea Constituyente para diseñar una nueva constitución naufragó, estableciéndose un amplio Comité de Consulta para deliberar acerca de la materia. El trabajo fue hecho, sin embargo, en un subcomité bajo la égida de Alessandri se elaboró la nueva Constitución para ser llevada a plebiscito nacional. Con todo, de forma contraria a las apariencias de Santiago, el país no estaba en calma. En mayo y en junio el descontento en las regiones salitreras estalló con violencia y Alessandri llamó al Ejército para sofocarla. Después de una sangrienta confrontación, los mineros se rindieron, pero hubo una masacre en la oficina* de La Coruña y más de 600 perdieron sus vidas. La nueva Constitución fue sometida a plebiscito el 30 de agosto. Le ofrecía a los votantes, que alcanzaban a 302 mil, en una población total de más de tres millones, la opción de aprobación total, rechazo total o la aceptación con enmiendas para permitir que siguiera el gobierno parlamentario. Solamente votaron 134 mil personas, de las cuales 127 mil marcaron aceptación total; los conservadores se abstuvieron de-bido a que objetaban la separación de la Iglesia y el Estado en la

19 Hohler a Chamberlain, Santiago, 25 de enero de 1928. Annual Report on Chile for 1927 [Informe Anual de Chile para 1927]. FO/A 1630/9.

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nueva Constitución; los radicales -el partido político más grande y significativo- hizo lo mismo, ya que deseaban que continuara el antiguo sistema parlamentario.

La Constitución de 1925 restauró el gobierno presidencial fuerte para Chile. Establecía elecciones presidenciales directas en lugar del sistema indirecto anterior, seis arios de duración en el cargo en lugar de cinco, aunque no era reelegible inmediatamente y creaba un Tribunal Calificador de Elecciones permanente para que supervisara las elecciones. Separaba la Iglesia y el Estado, con el Arzobispo de Santiago, Crescente Errázuriz, actuando como influencia moderadora en los católicos fundamentalistas que se oponían. Limitaba los poderes de dilatación del Congreso en proyectos de ley relacionados con dineros e incluía una serie de preceptos sociales importantes, incluyendo una que le daba poder al Estado para limitar la posesión de la propiedad, si lo requería el bien común. Revirtió las prácticas del período parlamentario haciendo a los ministros responsables ante el Presidente y no al Congreso, Y ellos no podían ser miembros del Congreso. Sin embargo, contenía provisiones, las cuales, como lo reveló el tiempo, debilitaron sus intenciones más importantes. Así, separando las fechas de la elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, sujetó el sistema político a un electoralismo permanente que, de este modo, llegó a ser la preocupación principal del gobierno en perjuicio de sus propios asuntos. Estableció la selección final del presidente por el voto de una mayoría del Congreso en caso de que ningún candidato ganara por mayoría en las urnas y, en un sistema multipartidista que implicaba negociación y compromisos para validar la elección del candidato exitoso: otro factor debilitante para un posible Ejecutivo fuerte. Sin embargo, fue una reacción -en la forma al menos- a la inercia de los arios 1891 a 1925, y marcó la definitiva expansión de intervención del Estado en materias económicas nacionales. Pero todavía tenía que ser aplicada.

Alessandri tuvo pocas oportunidades para usar su nuevo instrumento, porque en sus últimos meses estuvo preocupado con su Ministro de Guerra, Carlos Ibáñez. Este último veía con aprensión el retorno de la norma civil y de Alessandri quien, a su regreso, se había rodeado de sus antiguos aduladores, no guardando secreto respecto a su animosidad contra Ibáñez, la encarnación de la inter-

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vención militar de 1924. Se había visto obligado a mantener al po-deroso Ibáñez en el Ministerio de Guerra, pero esperaba asegurarse de que las elecciones presidenciales de fines de 1925, llevarían a la eliminación de los militares en la política. Ibáñez, sin embargo, tenía otras ideas. Cada vez más convencido -y con algo de razón-de que la oligarquía y los políticos habían aprendido poco de los recientes eventos, se propuso para la presidencia, pero rehusó -como lo demandaba lo acostumbrado- a renunciar al Ministerio de Guerra, su palanca de poder. Temeroso de las consecuencias de un choque directo, Alessandri renunció en octubre, entregándole el poder en interinato a su oponente de 1920, Luis Barros Borgoño. Pero, en este momento, por razones aún oscuras, Ibáñez vaciló y aceptó retirar su candidatura siempre que todos los partidos políticos llegaran a un acuerdo en torno a un solo candidato, cosa que hicieron, escogiendo una figura pública de edad avanzada, amigable, pero no especialmente astuto, Emiliano Figueroa Larraín. Para enfrentarlo se presentó otro candidato, un ex médico del Ejército y Ministro de Salud en el gobierno que precedió al regreso de Alessandri, José Santos Salas, quien, con una campaña que partió de la nada, sin el respaldo de un partido político y sin recursos financieros, sacó 80 mil votos contra los 184 mil de Figueroa. Santos Salas representaba la clase baja en esa elección: no ganó, pero su candidatura fue un signo de que los antiguos partidos políticos no quedarían sin desafíos.

Por un ario y medio, el poco feliz Figueroa luchó contra un Congreso recalcitrante, donde los partidos volvieron a sus viejos juegos políticos y también contra su Ministro de Guerra, Ibáñez, quien silenciosa, eficiente y brutalmente, erigió su posición personal hasta tal punto que, en febrero de 1927, consiguió la renuncia del Ministro del Interior y su propio nombramiento en dicho puesto. Dos meses después, el Presidente Figueroa renunció, siendo causa inmediata la demanda de Ibáñez para que se despidiera al hermano de Figueroa como Presidente de la Corte Suprema. Esta demanda la presentó como parte de una limpieza general de los servicios públicos que había iniciado y redundando en una con-siderable cantidad de arrestos y exilios. Cuando salió Figueroa, Ibáñez asumió la presidencia hasta que pudiera haber elecciones. Al mismo tiempo, declaró la intención de presentarse él mismo y tuvo un amplio apoyo. Solamente el luchador Partido Comunis-

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ta -organización había sufrido la represión de Ibáñez, quien era un firme anticomunista- levantó un candidato competidor, Elías Lafferte, quien estaba exiliado en la isla de Más Afuera, en el Océa-no Pacífico. En la elección de mayo, Lafferte obtuvo 4 mil votos, e Ibáñez, 127 mil de los 137 mil escrutados. De esta manera, elegido constitucionalmente aunque no exactamente en la forma prescrita, Ibáñez asumió la presidencia de Chile con la misión que había estado elaborando desde 1924, el de regenerar la República.

Ibáñez le dio a Chile cuatro años de gobierno autocrático -algunos dirían represivo- eficiente, honesto y próspero. Sus ministros fueron nombrados sin tomar en cuenta a ninguno de los partidos del Congreso, pero fueron escogidos por su competencia técnica o ha-bilidad administrativa. En verdad, su intención fue ignorar al Con-greso, excepto en aquello necesario bajo la nueva Constitución: co-laborar en el trámite de la legislación. Y él no tendría oposición ahí: como el Ministro Británico informó en 1928, el Congreso había

recibido el tratamiento de Cronwell de manos del Presidente, quien ha dejado claro que las flores de la oratoria que crecen tan lujuriosamente en su atmósfera no son de su agrado; que las dos Cámaras están para dar un aire de constitucionalidad a las medidas del gobierno, y que, aunque un poco de criticismo constructivo será aceptado, la obstrucción o la oposición... no será tolerada

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Ni lo fueron: los agitadores de izquierda (como Ibáñez consideraba a los comunistas y socialistas), los políticos profesionales (a quienes en masa despreciaba profundamente), los líderes aristo-cráticos de la sociedad -todos aquellos que se oponían a su gobier-no- fueron tratados del mismo modo, y sufrieron prisión o ex: Restringió la libertad de prensa, la cual, aunque no rigurosamente censurada, fue ciertamente vigilada. Restringió efectivamente los privilegios del Congreso que habían degenerado en libertinaje bajo el sistema previo; buscó poner a los sindicatos bajo un control central y fue duro con sus líderes. Ibáñez justifico tal rL:tricción de los derechos debido a la necesidad nacional, cuan, se embarcó en un ambicioso programa administrativo, económico y social.

20 Ibid.

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Se establecieron instituciones de crédito para impulsar la agricultura y la industria y se inauguró un vasto programa de obras públicas. Se inició un gran flujo de reformas educacionales -el presupuesto educacional se duplicó entre 1925 y 1930- que incluía una provisión especial para el crecimiento de la educación técnica, la carencia de la cual había sido tan lamentada por los críticos sociales de la era parlamentaria. La 'legislación social' de 1924-1925 fue codificada y elaborada; la fuerza de policía moderna, los carabineros*, fue creada mediante la reorganización de anteriores recursos y los servicios armados fueron profesionalizados y bien equipados. Muchas de estas reformas tenían un lado poco atractivo: las nuevas leyes laborales, por ejemplo, eran muy paternalistas, pero reconocían por primera vez los derechos de los trabajadores a organizarse, a negociar con los empleadores por mejoras, y, también, aunque en una forma limitada, a hacer huelgas. Parece haber poca duda de que, con el empleo creciendo y los signos visibles de la recuperación económica en nuevas obras -puertos, caminos, escuelas, muelles, proyectos de irrigación en el campo, impresionantes edificios públicos en las ciudades- la era de Ibáñez trajo al total de la población chilena un mejor estándar de vida, como nunca antes. Es un punto discutible, tal vez sin mayor sentido, preguntarse por cuántos estaban tácitamente preparados para pagar el precio de alguna libertad por estos resultados. Los políticos, por supuesto, no lo estaban: durante su presidencia, Ibáñez estuvo plagado de conspiraciones y rumores de ellas, inspiradas y frecuentemente organizadas por ex amigos que ahora se habían convertido en enemigos. Pero, en tanto la economía continuara creciendo, en tanto la masa de la gente estuviera contenta, y en tanto las fuerzas armadas permanecieran leales y los disidentes políticos bajo control, todo estaría bien.

Durante tres arios, todo anduvo bien. Los índices de volumen de los productos por sectores -producto interno bruto, producción agrícola, minería, producto industrial y construcción- para el período 1914-1930, alcanzaron su cima más alta en 1927-1930

21. La construcción

avanzó espectacularmente como lo hizo la minería, por la recuperación del salitre esta última luego de la depresión

21 Gabriel Palma, 'Chile, 1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de importaciones; Nueva Historia, 7 (1982).

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de mediados de los arios 1920 y el rápido crecimiento de la minería del cobre a gran escala, ejemplificada por Chuquicamata en el Norte y El Teniente, en el Valle Central. Las exportaciones de Chile, en valor de libras esterlinas, subieron de alrededor de 22 millones en 1926 a más de 34 millones en 1929; las importaciones, desde casi 18 millones a 24 millones de libras esterlinas, dándole de ese modo a Chile, una favorable balanza comercial. Al mismo tiempo, había un masivo crecimiento de inversión extranjera: aunque Ibáñez promulgó una legislación protectora para ciertas industrias nacientes, su actitud hacia el capital extranjero en grandes proyectos, como en la minería del cobre y obras públicas, fue liberal, y el dinero extranjero (especialmente de Estados Unidos) entró copiosamente a Chile durante su presidencia. La inversión de Estados Unidos en Chile creció de sólo US$5 millones de dólares en 1900 a US$625 millones hacia 1929. Ciertamente, la posición predominante de los intereses de Estados Unidos en la minería del cobre derivó realmente de este período. El gobierno de Ibáñez también consiguió grandes préstamos en el extranjero para financiar el programa de obras públicas y tuvo, en esos eufóricos arios, pocas dificultades para lograrlos. Los excedentes eran la norma. En parte se debió a que Pablo Ramírez, el Ministro de Hacienda de Ibáñez, por gran parte del tiempo, reformó la estructura de impuestos internos, produciendo casi un 33% de los ingresos del Estado a partir de ellos, en comparación con el 24% en 1927.

Ibáñez también tuvo otro logro importante: la solución definitiva de la disputa de límites con Perú, vejatoria y de larga duración, sobre los territorios de Tacna y Anca. Alessandri mismo, como Presidente, había reabierto el tema con Perú y, en 1922, ambos países habían acordado someter la cuestión al arbitraje del Presidente Harding de Estados Unidos, aunque no estaba claro qué era lo que se iba arbitrar. Cuando las partes se reunieron en Washington, fue sólo después de muchas tergiversaciones y discusiones legales que llegaron a un acuerdo sobre los términos, pero, en 1925, el Presidente Coolidge, sucesor de Harding, entregó su fallo: ordenó que se realizara el plebiscito y, de esta manera, respaldó la posición chilena, al mismo tiempo que le daba a Perú el título definitivo de una pequeña porción del territorio aún en disputa, claramente no en Tacna. Se estableció una comisión para supervisar el plebiscito y se elaboraron detalladas disposiciones para realizarlo. La

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turbulencia política de Chile en 1925 y ulteriores litigios legales, acusaciones de violencia, e incluso violencia real, interrumpieron en ocasiones a la comisión de Estados Unidos hasta junio de 1926, cuando, habiendo llegado a un completo impasse, regresó a su país. Antes de esto, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido a Chile y a Perú sus servicios como mediador para tratar de alcanzar un acuerdo mediante negociaciones directas, lo que aceptaron ambos países, aunque no fue hasta julio de 1928 que ellos reasumieron oficialmente relaciones diplomáticas, rotas mucho tiempo antes. Fue Ibáñez quien tomó la acción decididamente e, irónicamente, fue Emiliano Figueroa quien fue a Perú como embajador con sus propuestas, en 1928. Después de mucha negociación pero ahora en una atmósfera de creciente cordialidad, se logró un acuerdo en 1929: Tacna sería devuelta a Perú, Chile retendría Anca. Perú también recibiría US$6 millones en compensación por la cesión definitiva de Anca y otras cláusulas regularon las relaciones de límites y el tráfico comercial a través de ellos. Fue una importante iniciativa diplomática e internacional, pero no le gustó a todos los chilenos y le dio a los enemigos de Ibáñez más munición para acusarlo no sólo de represión interna, sino también de traición a la patria.

Si el bienestar económico era el principal pilar del eficiente pero duro gobierno de Ibáñez, la erosión que vino con la quiebra de Wall Street de 1929, iba a socavarlo y derrumbarlo. Tan dependiente era Chile a fines de los arios 1920 de sus exportaciones de productos primarios, salitre y cobre, y de los préstamos e inversiones extranjeras para continuar impulsando las obras públicas y el desarrollo en general, que la dramática interrupción de las exportaciones de ambos productos y de las importaciones de capital, que alcanzaron la cima de su impacto entre 1930 y 1932, convirtieron a Chile en una de las primeras víctimas de la depresión mundial que entonces sobrevino. En 1929, las exportaciones chilenas fueron evaluadas en 2.293 millones de pesos oro, las importaciones en 1.617 millones; había una balanza de pagos favorable de 676 millones de pesos oro. Hacia 1930, las exportaciones habían caído a 1.326 millones de pesos oro y las importaciones a 1.400 millo-nes, dejando un déficit de 74 millones. Hacia 1932, las exportaciones habían caído a 282 millones de pesos oro y las importaciones a 214 millones. En las profundidades de la depresión mundial, el

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comercio exterior de Chile sufrió más que cualquier otro país del mundo. Las inversiones se detuvieron, y, en 1932, Chile tuvo que suspender el pago de su deuda extranjera por primera vez en más de cien arios.

Las consecuencias sociales del dramático descenso económico aparecieron primero en la minería. A fines de diciembre de 1929, 91 mil hombres estaban empleados en la industria; dos arios más tarde, sólo 31 mil seguían trabajando y, como en situaciones previas semejantes, los efectos en onda por la baja en la demanda de minerales aparecieron en otros sectores de la economía y no menos en la agricultura, a medida que declinaban los mercados para alimentos. A medida que se desarrollaba 1930, los periódicos de Santiago estaban llenos de informes de un creciente desempleo, del cese abrupto de las obras públicas, de estudios ministeriales, de reducciones en los sueldos de los empleados públicos e indicaciones semejantes de una crisis que se profundizaba.

La reducción de gastos era la única posible respuesta del Gobierno, pero los ingresos de éste caían más rápido que su capacidad de reducir los gastos. Y ya que los beneficios económicos traídos a Chile por el régimen de Ibáñez eran la justificación principal para aceptar sus limitaciones políticas, la desaparición de dichas ganancias revivió las críticas políticas y la censura. El Gobierno se hizo cada vez más impopular: los ataques de la prensa en la conducción de la crisis crecieron y las demostraciones de fuerza comenzaron. Ibáñez, luchando contra una situación que no podía haber previsto, reaccionó tratando de acallar las críticas, y la naturaleza autoritaria del Gobierno fue marcada por el control más estricto de la prensa, mayor cantidad de detenciones de los líderes de la oposición y la represión de las protestas. En los primeros meses de 1931, la situación había llegado a ser crítica y se estaba comenzando a romper la estructura central del poder.

El 9 de julio de 1931, el Ministro de Finanzas renunció 'por razones de salud' y lo siguió todo el gabinete, para darle libertad a Ibáñez, pero tomó varios días para formar un nuevo ministerio. El nuevo Ministro del Interior era Juan Esteban Montero, un liberal que, con el Ministro de Finanzas, admitió francamente algunos recientes errores, políticos y económicos. Impulsados por tal apertu-

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ra, se envalentonaron los grupos de oposición: el 19 de julio, por ejemplo, en una reunión de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, un participante atacó la actuación de los militares en el gobierno y alabó al nuevo ministerio. Sus esperanzas eran prematuras, ya que dos días después, incapaz de hacer lo que deseaban con Ibáñez, el gabinete renunció y se nombró otro cuyos miembros eran más cercanos a la manera de pensar del Presidente. Al atardecer, comenzaron a formarse masivas demostraciones callejeras y se hicieron más ruidosas a medida que llegaba la noche. Entre escenas de tensión creciente, los miembros civiles del nuevo Ministerio renunciaron entonces, pero el próximo, formado el 23 de julio, se vio enfrentado a demostraciones callejeras en las cuales que fueron heridas una gran cantidad de personas, y que culminaron el 25 de julio con violencia en gran escala en diferentes barrios. Los médicos declararon entonces una huelga, como también los abogados, los Bancos cerraron al mediodía y la actividad comercial se detuvo. Las noticias publicadas entonces indi-caban que el día anterior un joven estudiante de Medicina, Jaime Pinto Riesco, que estaba leyendo un periódico con un grupo de amigos, había sido muerto a sangre fría por un policía que había tratado de quitarle el diario. Fue este incidente el que actuó como catalizador final de la resistencia en contra del Gobierno: una gran cantidad de gremios* profesionales -abogados, doctores, ingenieros, dentistas, profesores y empleados de Banco- demandaron la restauración de las libertades públicas y, mientras crecía la agitación pública, un profesor fue también asesinado por la policía. Para el 26 de julio, era muy claro que Santiago estaba al borde del caos y, doblegándose a lo inevitable, Ibáñez renunció. La noticia fue recibida con grandes escenas de alegría y demostraciones públicas. Como expresó un importante diario de Santiago: 'Lo que provocó la caída de la dictadura no fue una revolución, sino justamente lo opuesto. Fue la fuerza irresistible de la opinión pública que buscaba terminar una situación revolucionaria y volver a la normalidad constitucional y legal'

22. El escritor podría haber

sido menos optimista si hubiera sido capaz de anticipar que, en los 18 meses siguientes a la caída de Ibáñez, Chile experimentaría no menos que nueve Gobiernos, yendo de lo moderado conservador a los abiertamente socialistas, dos huelgas generales, un motín en

22 El Diario Ilustrado, 24 de agosto de 1931.

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la flota y varios Golpes de Estado, a medida que el país se hundía más profundamente en la depresión económica. Todo eso depara el futuro, a medida que Ibáñez, aislado ahora más por las circuns-tancias que por temperamento, se fue al exilio a Argentina. Pero, como Arturo Alessandri en 1925, su eclipse en 1931 fue temporal. Ambos proyectarían su huella por mucho tiempo a lo largo de la historia chilena del siglo XX.

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3 Chile, 1930-1958

Durante las tres décadas después de 1930 -y en verdad hasta el Golpe de Estado que derribó al gobierno de Salvador Allende en 1973- los políticos chilenos eran peculiares en Latinoamérica. Solamente Chile mantenía en este período una democracia electoral incluyendo a los partidos marxistas, sin dejar de lado a los casi quince años, entre 1938 y 1952 en que, los presidentes radicales tuvieron el poder mediante el apoyo, errático pero persistente, de los socialistas y de los comunistas, con consecuencias duraderas para el desarrollo político de la Nación. Estos gobiernos multipartidistas basados en alianzas que abarcaban a diversas clases sociales, buscaban simultáneamente el crecimiento industrial y la reforma social. Fracasaron, sin embargo, en atacar las raíces del desempleo chileno, ya sea en el sector rural, dominado por los latifundios, o en el sector externo, dominado por Estados Unidos.

Desde 1930, los reformadores chilenos criticaban la excesiva de-pendencia nacional del sector extranjero que había sido resaltada por la depresión mundial. Después de dicha crisis, Chile logró gradualmente una mayor autosuficiencia: entre los años 1920 y 1940, el producto interno bruto (PIB) vendido afuera declinó aproximadamente de un 40% a un 20%, como ocurrió también con el capital extranjero en proporción al capital total de Chile

1. En contraste, las inversiones directas de

Estados Unidos crecieron 80% entre 1940 y 1960, con la mayor parte de este capital extranjero yendo al sector minero. Abrumadoramente controladas por compañías de Estados Unidos entre 1920 y 1960, el cobre llegó a representar alrededor del 50% de las exportaciones chilenas. No sólo representaban, los Estados Unidos, al inversionista extranjero principal en Chile, sino también, ocupó la posición de socio comercial principal de

1 Anibal Pinto Santa Cruz (ed.), Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, 1925-1952, (Santiago, 1954), pp.78-82.

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éste, después de un chispazo de competencia alemana en los arios 1930. Chile permanentemente confió en los Estados Unidos para los bienes de consumo manufacturados y, en forma creciente des-pués de la Segunda Guerra Mundial, para los alimentos y bienes de capital.

El sector exterior se contrajo, ya que una proporción del PIB se ex-pandió como industria local. La proporción de la población eco-nómicamente activa trabajando en la industria escaló desde el 15% en 1930 a un 20% hacia 1952, mientras que la proporción en la agricultura y pesca, que juntos constituían el sector más grande de empleo, cayó desde un 39% a un 31%. Entre 1940 y 1954, la pro-ducción industrial aumentó en un 246% y la agricultura solamente un 35%. Esta tendencia continuó hasta comienzos de los arios 1960, cuando la industria urbana, la construcción y los servicios llegaron a dar cuenta del 78% del PIB, comparado con el 12% de la agricultura, pesca y forestales. Como resultado, los bienes manufacturados se redujeron desde un 50% del valor de las importaciones chilenas en 1925 a un 16% hacia 1969. La mayor parte de esta industrialización de sustitución de importaciones tomó la forma de ítemes de consumo, el que dio cuenta del 95% de los productos manufacturados al final de los años 1940. Con todo, aunque los productos manufacturados de consumo declinaron como un porcentaje de las importaciones, la industria chilena permaneció siendo fuertemente dependiente de materias primas extranjeras, bienes semi-procesados, repuestos, capital y tecnología. Más de un cuarto de las materias primas usadas por la industria local vino desde el extranjero.

El sector servicios se expandió más que cualquier otra área de la economía, de un 36% de la población activa en 1940, al 41% hacia 1960, fundamentalmente gracias a un aumento de aquellos contratados en servicios gubernamentales: de un 5% a un 8%. El crecimiento de la burocracia se hizo más lento en los arios 1950, pero no así la inversión pública. El sector público ya daba cuenta de más de la mitad de la inversión local de capital en los arios 1940. Medido en pesos de 1950, el gasto total del gobierno casi se duplicó desde 1940 a 1954 y continuó su vertiginosa subida desde entonces. Las asignaciones para el desarrollo económico escalaron desde menos de un cuarto del presupuesto total del gobierno

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en 1940, a más de un tercio, hacia 1954. Aunque presagiado en los años 1920, fue durante y después de la depresión que los chilenos comenzaron a buscar al Estado para la solución del problema del subdesarrollo.

El incesante crecimiento de la población, así como la expansión en productos manufacturados y servicios, hizo crecer las áreas urbanas (lo cual, entre otras consecuencias, agrandó el electorado potencial para la izquierda). La población total subió de 4.3 millones en 1930 a 5.9 millones en 1950 y 7.4 millones en 1960. Baja en comparación con los estándares latinoamericanos, la tasa anual promedio de crecimiento de la población en Chile fue de 1.5% (1925-1952) y no generó presiones inmanejables por expandir los servicios gubernamentales. La tasa poblacional creció de un 1.3% en los años 1930 a cerca de 1.8%, en los arios 1940, mientras que el ingreso per capita creció sólo en un promedio anual de 2%. Gracias a la mortalidad decreciente, la tasa de crecimiento de la población de Chile había alcanzado a 2.5% hacia los años 1960 -cercano al promedio latinoamericano-. Desde 1949 a 1952, la población urbana creció en un 42%, la población rural escasamente un 3%. De acuerdo con los censos nacionales, la población total cambió de un 49% urbano en 1930, a un 53% en 1940; 60% en 1952, 68% en 1960 (y más del 70% en los arios 1970).

La urbanización acentuó el dominio tradicional del centro de Chile sobre las regiones periféricas. La parte de la población nacional correspondiente a la provincia de Santiago creció de un 16% en 1930 a un 30% en 1952, después de lo cual continuó dando cuenta de alrededor de un tercio. En los mismos años, su proporción en la industria nacional, creció de un 37% a un 65%. Las regiones lejanas se quejaron de colonialismo interno, dentro del cual sus recirsos naturales y agricultura pagaban por el crecimiento de la manufactura, la burocracia y la riqueza en y alrededor de la ciudad capital. Mientras el Norte y el Sur producían más del 80% de todas las exportaciones, Santiago y su puerto de Valparaíso consumían más del 50% de todas las importaciones. Beneficiándose del resentimiento popular por la explotación efectuada por las elites urbanas y rurales de la Región Central, los candidatos presidenciales de la izquierda -Pedro Aguirre Cerda en 1938, Gabriel González Videla en 1946 y Salvador Allende Gossens en 1958- registraron

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sus más altos porcentajes de votación en las provincias del Sur y del Norte. Una vez en el cargo, sin embargo, ellos tendieron a ignorar las quejas regionales y, mediante la expansión de la industria y del aparato del Estado en las ciudades del Centro, concentraron aún más el poder y la prosperidad en el núcleo histórico del país.

La entrelazada clase alta, que poseía los grandes fundos*, fábricas, minas y Bancos, probablemente no era más del 10% de la po-blación. La clase media: los empleados, pequeños propietarios y comerciantes, intelectuales y profesionales, probablemente al-canzaba alrededor del 15% y la clase baja, cada vez más urbana, comprendía alrededor del 75%. La mayoría de la población cla-sificada como analfabeta -casi 25%- pertenecía, por supuesto, a los estratos bajos. La clase alta rural y urbana -a menudo interco-nectada a través de lazos familiares y carteras de negocios- domi-naba los medios oligopólicos de producción en todos los sectores económicos. De acuerdo con el censo de 1930, el 7% de todos los fundos estudiados representaban el 81% del valor de la propiedad rural. Menos de 600 familias poseían el 1% de todos los fundos, pero el 62% de toda la tierra cultivable, mientras que el 82% de los propietarios poseían solamente el 5% de toda la tierra. Los gobier-nos radicales, habitualmente respaldados por los partidos marxis-tas, no alteraron esta distribución inequitativa de la propiedad rural de forma de no antagonizar con los latifundistas*, elevándose así los precios de los alimentos. Un cálculo de los arios 1950 revela que el 10% de los propietarios aún tenía el 86% de la tierra arable, mientras que el 75% de los agricultores del país poseían solamente el 5% del suelo. Al mismo tiempo que retenían su control sobre la tierra y el trabajo, la elite rural comenzó a padecer el favoritismo de los gobiernos hacia los sectores urbanos, al comercio nacional, al crédito, a las políticas monetarias y de precios, promoviendo la industria y la construcción.

Estas elites rurales y urbanas ejercían influencia política a través de instituciones como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento Fabril (SFF), la última siendo la menos antagónica de las dos al Frente Popular. También ejercían influen-cia a través de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Operaban políticamente principalmente a través de los Partidos Conservador y Liberal, cuyos líderes provenían de ambientes igualmente

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aristocráticos y propietarios de tierras y, por lo tanto, dejaban a un lado sus riñas del siglo diecinueve sobre el rol de la Iglesia para unirse frente a las amenazas del populismo y el socialismo; ambos partidos confiaban fuertemente en el apoyo de campesinos intimidados, especialmente de las provincias del centro del país.

La clase alta chilena y la Derecha fueron frecuentemente intratables y represivas, y se distinguieron en este período por hacer frente a nuevos competidores por el poder, principalmente mediante mínimas concesiones y la asimilación [co-coptation]. Al menos en comparación con sus contrapartes de la mayoría de los otros países latinoamericanos, ellos rara vez usaron la violencia explícita como un medio de control social. Gradualmente y con renuencia, cedieron la dominación política directa a los desafíos que representaban las clases media y baja. Sin embargo, la clase alta mantuvo un significativo poder de veto, mantuvo límites firmes sobre las reformas y continuó manteniendo privilegios económicos y esta-tus social. En los años 1930 y 1940, su acomodación de las políticas del Frente Popular no les costó caro; por el contrario, muchos elementos de la elite obtuvieron ganancias económicas sustanciales. Hacia fines de los años 1950, el 9% de la población activa todavía recibía al menos el 43% del ingreso nacional.

Sirviendo como corredores entre los estratos altos y bajos, los grupos de clase media se fortalecieron en los arios de entre guerras. No siendo nunca un sector fuertemente cohesionado, la clase media urbana se afirmó mediante sus organizaciones profesionales, las asociaciones estudiantiles, las sociedades intelectuales, la masonería, los militares, la burocracia, los sindicatos y, sobre todo, los partidos reformistas, identificándose más estrechamente con el Partido Radical, que enlistaba profesionales, comerciantes, profesores, empleados, burócratas, pequeños propietarios mineros e incluso miembros disidentes de la elite, especialmente en las provincias. Aunque numerosos líderes radicales habían surgido de los mismos exclusivos círculos de los conservadores y liberales, su compromiso con la industrialización y la intervención del Estado para diluir el descontento de la clase media y de la clase trabajadora, le permitió establecer tenues vínculos con la izquierda. Al mismo tiempo, los sectores medios jugaron un rol prominente en los nuevos partidos, especialmente el Partido Socialista (PS)

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y la Falange. Durante los años 1930 y 1940, estos grupos medios, buscando apoyo simultáneamente desde abajo y aceptación desde arriba, generalmente reunían a los trabajadores como aliados para ganar terreno dentro del sistema. A través de los políticos del Frente Popular, las capas medias* se beneficiaron más que las cla-ses bajas. Como en otros movimientos regionales populistas, ellos lse volverían cada vez más defensivos respecto de sus ganancias a través del crecimiento del Estado, de la educación y la industria y menos entusiastas acerca de las coaliciones con los trabajadores. Siempre divididos -normalmente entre la clase alta, más afín a la derecha, y la clase media baja, más afín a la izquierda- algunos chilenos del sector medio, especialmente profesionales y pequeños empresarios, aplaudieron el cambio del gobierno radical hacia políticas conservadoras, alineadas con los Estados Unidos, a fines de los años 1940.

En el campo, la mayoría de los trabajadores laboraba duramente. El término campesinos* consistía, en general, de tres grupos principales de trabajadores agrícolas: inquilinos*, alrededor de la mitad de la fuerza laboral rural, quienes estaban vinculados a los grandes fundos; afuerinos*, trabajadores migrantes quienes sufrían aún una mayor pobreza que los inquilinos*; y minifundistas*, propietarios de pequeños predios. Los trabajadores rurales, quienes llegaron a ser menos dependientes de los propietarios conser-vadores durante estos arios y, algunas veces, protestaron contra sus sórdidas condiciones de vida, todavía iban muy detrás de los trabajadores urbanos como fuerza electoral para la izquierda. Los gobiernos radicales de los años 1940 descuidaron su grave situa-ción e impidieron su sindicalización. Los mineros recibían aproxi-madamente cuatro veces y los trabajadores industriales tres veces los ingresos de los trabajadores de los fundos, quienes vieron re-ducirse sus salarios en cerca del 20%. Existen modelos semejantes en todas partes del hemisferio. El trato entre los reformadores ur-banos y los oligarcas rurales negoció la pobreza y la subordinación de los campesinos a fin de que la clase alta tolerara la forma popu-lista en la política nacional.

Durante los años del Frente Popular, la minoría de los trabajadores políticamente activos vivía principalmente en las ciudades y en los pueblos mineros, desahogando sus quejas fundamentalmente

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a través de los sindicatos y los Partidos Socialista y Comunista. Una razón para su inusual vigor de movilización y militancia, fue que la tasa de crecimiento relativamente lenta creó una sobreoferta de trabajo muy reducida en comparación con la mayor parte de Latinoamérica. Además, las fuertes concentraciones proletarias surgieron en las subpobladas y aisladas zonas mineras, donde la lucha del trabajador contra las compañías extranjeras que controlaban un enclave crucial, adquirieron una importancia estratégica y nacional excepcional. La actividad política y las habilidades de los partidos marxistas canalizaron sus protestas en el más dinámico movimiento social y electoral de la Región.

A pesar del crecimiento económico, la fuerza laboral permaneció débil, en parte debido al pequeño tamaño del proletariado industrial. El sector de la pequeña empresa -empresas de cuatro o menos trabajadores- aún daba cuenta aproximadamente del 60% de la fuerza laboral industrial en los arios 1930, al menos el 50% en los arios 1940, y46%, en 1960. El Código del Trabajo permitía los sindicatos industriales solamente en fábricas que tuvieran al menos 23 trabajadores y prohibía las federaciones laborales nacionales, las que, por lo tanto, surgieron fuera del marco legal. Además, los sindicatos agrícolas permanecieron virtualmente fuera de la ley hasta los arios 1960. Dadas tales restricciones en las actividades laborales, los trabajadores tenían que depender del Estado intervencionista y, de ese modo, de los partidos políticos para la seguridad de los trabajos, en los salarios, las condiciones laborales y beneficios de bienestar. Al mismo tiempo, las coaliciones del Frente Popular promovían la sindicalización. El número de sindicatos legales se cuadruplicó entre los comienzos de los arios 1930 e inicios de los 1940, pero todavía representaban solamente una minúscula fracción de la fuerza laboral, subiendo desde un 8% en 1932, a cerca de un 13%, hacia 1952, retrocediendo a un 10% en 1959, bajo condiciones administrativas y económicas menos favorables. Este lento crecimiento de la sindicalización -y del electorado- mantuvo una institucionalización política estable en contraste a una movilización social cada vez más disruptiva.

Desde 1932 a 1958, el sistema político de Chile permaneció adaptable y resiliente a pesar de los conflictos fundamentales entre los partidos tradicionales y los grupos declaradamente revoluciona-

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nos. Como sus adversarios, la izquierda aceptó las reglas del juego por las cuales todas las fuerzas políticas armaban coaliciones he-terogéneas para ganar las elecciones y funcionar eficazmente en el Congreso. Entre los partidos de la izquierda -socialista y comunista- y al interior de ellos se registraron diferencias sobre cuestiones tácticas, de liderazgo, socios de coalición y temas programáticos, pero, hasta la Revolución Cubana de 1959, estos grupos raramente cuestionaron la necesidad estratégica y la deseabilidad de inmersión en el sistema multipartidista, multiclasista, electoral y de negociación. En particular, ambos partidos marxistas ablandaron sus objetivos ideológicos para facilitar alianzas con el moderado Partido Radical.

La existencia de un electorado pequeño también redujo el impacto de los trabajadores y sus partidos. Solamente los hombres alfabetizados con 21 arios de edad podían votar en la mayoría de las elecciones de este período. Las mujeres recibieron la primera oportunidad en las elecciones municipales de 1935. Luego, en 1949, en las elecciones para el Congreso y, finalmente, en 1952, para la elección presidencial. A pesar del apoyo de la izquierda para su derecho a sufragio, las mujeres votaron desproporcionadamente contra los marxistas, lo que junto con el fraccionalismo y la represión, contribuyó a la declinación de la izquierda a fines de los años 1940 y comienzos de los 1950. La exclusión de las mujeres y de los hombres analfabetos de la mayoría de las elecciones hasta los arios 1950 redujo los potenciales votantes a alrededor del 20% de la población. Entre los facultados para votar, se inscribían menos de la mitad. De aquellos inscritos en las listas electorales, cerca de un 80% votaba normalmente en las elecciones presidenciales. En otras palabras, entre el 7% y el 9% de la población total votó por los candidatos presidenciales desde 1932 hasta el comienzo de la rápida expansión del electorado, en 1952. Por ejemplo, menos del 5% de la población nacional le dio la victoria al Frente Popular de Aguirre Cerda en 1938. En contraste con varios otros países latinoamericanos, en Chile no hubo ninguna expansión de la participación electoral hasta las políticas populistas de los años 1950. A pesar de la baja representación de los trabajadores en las urnas, la izquierda, dándose cuenta de los límites de la tolerancia de los derechistas hacia un cambio político, no hizo ningún esfuerzo significativo para dar el derecho a voto a los analfabetos o para emplear

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medios no electorales para conseguir el poder. La durabilidad del circunscrito sistema político de Chile requería un control extraor-dinario tanto de reformistas como de conservadores.

Depresión y crisis, 1929-1932

Chile fue más profundamente afectado por la depresión mundial que cualquier otros país en el mundo occidental. El comercio exterior colapsó: en 1932, las exportaciones habían caído a menos del 12% y las importaciones a menos del 20% de su valor en 1929. El valor de las exportaciones en dólares no volvió a alcanzarse, sino hasta 1955. Los préstamos de Estados Unidos, que habían creado una apariencia de prosperidad a fines de los años 1920, cayeron desde 682 millones de pesos en 1930 a 54 millones en 1931 y luego a cero en 1933. El presupuesto, fuertemente endeudado, se comprimió en concordancia, cayendo en 50% desde 1929 a 1932, cuando registró un déficit resonante de 189 millones de pesos.

De todos los sectores económicos, la depresión golpeó primero y más fuertemente a la minería. El valor de las exportaciones de cobre y de salitre cayó un 89% entre 1927-9 hasta 1932. A medida que los precios mundiales para los bienes agrícolas se hundían y disminuía el consumo de alimentos del centro de Chile por las provincias mineras del Norte, la depresión se extendió desde el sector minero al agrícola. Desde 1929 a 1931, los precios de los productos agrícolas en Chile cayeron cerca de 50%. La industria manufacturera sufrió la depresión sólo retrasada y brevemente: el índice de producción industrial (1927-1929: 100) cayó de 117 en 1930 a 87 en 1931, pero entonces rebotó a 99 en 1932, 109 en 1933 y 119 en 1934. Solamente colapsaron un Banco extranjero y dos nacionales, pero las reservas bancarias, los depósitos y los préstamos se redujeron hasta mediados del año 1931. En 1932, el desempleo nacional se había elevado a más de 200 mil personas, con cerca de la mitad de los trabajos perdidos en la minería, donde cayó la producción en más del 50%. En todo Chile, el salario real cayó aproximadamente en un 40% desde 1929 a 1932. La imagen pública fue la visión de trabajadores desempleados, hambrientos y enojados, pidiendo limosna y formando filas para pan atemorizaron a las clases alta y media.

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En cuanto al intercambio exterior, los ahorros e inversiones se eva-poraron, los propietarios e industriales se quejaban de la inacción del gobierno, aunque proponiendo soluciones diferentes a la crisis. El dictador de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, quien, desde que había asumido el poder en 1927, había prosperado sobre la mística de su eficiente administración de la economía, al comienzo usó las políticas ortodoxas del laissez-faire", manteniendo el estándar oro, procurando un presupuesto equilibrado, incrementando los impuestos y recortando los gastos, lo que afectaba a la burocracia, las Fuerzas Armadas y demás empleados en el sector público. Entonces, a mediados de 1931 se suspendió el servicio de la deuda exterior y se impusieron controles sobre el cambio. Estas medidas, sin embargo, no fueron lo suficientemente eficaces como para detener el colapso económico. En julio, los estudiantes universitarios de clase media (tanto católicos como marxistas), los profesionales y los empleados públicos llevaron su protesta a las calles. Tal oposición, que podía ser silenciada solamente por el uso de la fuerza armada, convenció a Ibáñez de renunciar. Si en la mayoría de Latinoamérica la depresión destruyó a los gobiernos civiles, en Chile se desacreditó el mandato militar.

Una ola de antimilitarismo barrió el país cuando el gobierno pro-visional preparaba elecciones presidenciales. En septiembre de 1931, un motín efectuado por marineros radicalizados en el escuadrón naval del Norte agudizó los temores de un levantamiento revolucionario y convenció aún más a las elites chilenas de que una administración civil fuerte sería más eficaz que la de las Fuerzas Armadas para preservar el orden. El breve levantamiento naval también persuadió a muchos oficiales de que los militares deberían abstenerse de los enredos políticos.

La caída de Ibáñez había dejado un vacío en el cual los partidos políticos tradicionales se dividieron y muchos competidores surgieron en busca del poder. Se levantaron minúsculos movimientos corporativos, pero fue la izquierda la más activa: los comunistas se dividieron en ramas stalinistas y trostskistas y se establecieron muchos partidos socialistas pequeños. Hablando en general, el espectro político multipartidista fue restablecido en 1931-1932

** N. del T. En francés en el original

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con una izquierda (socialistas y comunistas), un centro (radicales y falangistas*/demócrata-cristianos) y una derecha (liberales y conservadores). Para mostrar solidaridad contra las amenazas del militarismo y el socialismo, la derecha y el centro -representando a la mayoría de las clases alta y media- se unieron para respaldar a Juan Esteban Montero Rodríguez, un cauteloso abogado radical relacionado con los intereses de los propietarios y de la Banca. Las convulsiones de la depresión movieron a los conservadores y libe-rales a preferir a sus viejos enemigos políticos para el aislamiento de alternativas más perjudiciales. En una Convención de liberales y radicales desafiliados, demócratas y un puñado de nuevos grupos socialistas, nominaron al paladín de 1920 y Presidente de la Repú-blica entre 1920 y 1925, Arturo Alessandri Palma, quien una vez más, hizo campaña como defensor de las clases media y baja. Los partidos comunistas estalinistas y troskistas también presentaron candidatos -Elías Lafferte Gaviño y Manuel Hidalgo Plaza, respec-tivamente- atrayendo a los trabajadores. Sin embargo, a pesar de la depresión, no hubo evidencia de una radicalización dramática de los votantes en la elección de 1931. Incluso, después de cinco arios de hibernación bajo Ibáñez, los partidos tradicionales dominaron fácilmente la prueba: Montero ganó con una amplia victoria del 64% de los votos -el primer miembro del Partido Radical en ser elegido Presidente. Treinta y cinco por ciento fue para Alessandri y solamente un 1% para los dos candidatos comunistas.

Sin embargo, el retorno al poder de los grupos dominantes tradi-cionales fracasó en remediar el desastre económico, calmar la tor-menta entre los izquierdistas o disipar el clima general de temor. Durante la trágica Navidad de 1931, los choques entre trabajadores en revuelta y una policía en pánico en dos pueblos pequeños del Norte, finalizaron con una masacre. Esta violencia incrementó los temores de la elite por una insurrección de la clase trabajadora y confirmó la creencia izquierdista de que el gobierno de Montero representaba solamente a la oligarquía dorada. Mientras un lento Presidente Montero (apodado 'Don Un Paso') se dedicaba a respetar la Constitución y a predicar la austeridad, la producción y el empleo se hundieron a nuevas profundidades.

En Junio de 1932, el Comandante de la Fuerza Aérea, Marmaduke Grove Vallejo, derrocó a Montero e instaló una República Socialis-

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ta, la cual fue desechada por el resto de las Fuerzas Armadas sólo 12 días después. Aunque ideológicamente confusa y administrativamente ineficaz, la efímera República dio nacimiento al Partido Socialista de Chile y ungió a Grove como 'el caudillo socialista' por la próxima década. Durante cien días, después de la salida de Gro-ve, el ex embajador chileno en los Estados Unidos, Carlos Dávila Espinoza, un periodista, presidió una segunda versión de una República socialista que se aproximaba estrechamente al corporativismo ya! capitalismo de Estado. Las Fuerzas Armadas derrocaron a Dávila en septiembre y llamaron a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias para octubre.

Mientras el Presidente de la Corte Suprema conducía un gobierno interino, Alessandri surgió como el candidato con más posibilidades en la campaña de 1932. Al igual que en las elecciones anteriores, los radicales y demócratas le dieron su apoyo oficial, pero también muchos liberales y neófitos socialistas se unieron bajo su bandera. Ahora él atraía a todos los estratos sociales como un fuerte reformista que podría restaurar el orden después del agotamiento de otras alternativas, aunque atrajo a más personas de la elite y a menos trabajadores que en ocasiones anteriores. Posó como la encarnación de la unidad nacional con el eslogan 'El triunfo de Alessandri es el triunfo del mando civil:

La recuperación de la economía y la reconstitución de la autoridad civil fueron los temas dominantes a fines de 1932. En respuesta a la depresión, la mayoría de los chilenos consideró la intervención del Estado, la industrialización y el nacionalismo económico moderado. Muchos de los derechistas argumentaron a favor de regulaciones estatales para controlar a los trabajadores insatisfechos. Mientras, la izquierda presionaba por una acción socialista del Estado para aliviar a las masas sufrientes. La industrialización y la sustitución de las importaciones protegidas por impuestos y acompañadas por modestas medidas de bienestar social, mezcló superficialmente estos deseos, sin poner en peligro a los capitalistas nacionales o extranjeros. Los derechistas, preocupados de que los trastornos del orden constitucional hecho por los militares abriera el camino para levantamientos izquierdistas, establecieron unas fuerzas paramilitares, las Milicias Republicanas, para defender al gobierno civil. La mayoría de los líderes de las Fuerzas

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Armadas, resintiendo tal hostilidad y, temiendo divisiones dentro de sus rangos, repudiaron ahora la participación política. Para evitar nuevas revanchas de la izquierda, muchos en la derecha tenían la voluntad de apoyar en 1932 a su ex adversario, Alessandri. Demostrando que el socialismo era ahora una opción para el futuro, Grove saltó desde la oscuridad para terminar segundo con un 18% de los votos. En Abril de 1933, fundó el Partido Socialista de Chile -una agrupación populista compuesta de marxistas, troskistas, socialdemócratas y anarquistas/anarcosindicalistas vinculandos a las clases media y trabajadora-. Más atrás en las elecciones, estaban el presidente del Partido Conservador, Héctor Rodríguez de la Sota con el 14%, el liberal Enrique Zariartu Prieto con el 12% y el comunista Elías Lafferte con 1%. El presidente electo había cambiado poco desde los días que siguieron a la Primera Guerra Mundial, como un reformista liberal. Sin embargo, la desviación a la izquierda del electorado lo halló a horcajadas y, por lo tanto, aceptable a la derecha. Una vez en el cargo, Alessandri gobernó con los conservadores, liberales y el ala derechista del Partido Radical.

Las elecciones parlamentarias de 1932 reflejaron el nuevo alinea-miento tripolar del electorado, el cual persistiría por cuatro décadas más. El voto por la Derecha -principalmente conservadores y liberales- que había sido 76% en 1912 y 52% en 1925, había caído a 37% en 1932. Mientras los radicales y los grupos de espíritu centrista obtuvieron un poco más del 20% del voto en 1932, y los demócratas, socialistas, comunistas y otros izquierdistas, alcanzaron el 33%. El destacado diario chileno, El Mercurio, colocaba el transformado paisaje político en la perspectiva siguiente:

Los socialistas de hoy son los radicales de ayer y los liberales de anteayer. La vanguardia ha cambiado en el nombre, pero su naturaleza es la misma. Otro tanto puede decirse de los estigmatizados de hoy como oligarcas; ellos son los mismos que ayer eran conservadores y anteayer ultramontanos. Entre ambos, está el centro, el cual hoy es radical y ayer fue liberal. Los nombres cambian: la humanidad no.

2

2 El Mercurio, 9 de junio de 1932.

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Desde los arios 1930 hasta los arios 1950, se trató de aclarar qué fuerzas aceptarían como aliados a los intermediarios radicales, que proporcionaban, la variable crítica en la política chilena.

La segunda presidencia de Arturo Alessandri 1932-38

La autoridad personal del Presidente Alessandri, el mandato elec-toral y el éxito económico revigorizaron la legitimidad constitu-cional en Chile después de 1932. En su inauguración, intencio-nalmente, se rehusó a revistar las tropas, aunque enfatizó que una mayoría de los oficiales eran honorables y merecían alabanzas. Trajo a los militares bajo control, rotando a los comandantes, reti-rando a los conspiradores y premiando a los leales. Atemorizados por la condena pública de su rol durante la dictadura y la depre-sión, la mayor parte de las Fuerzas Armadas prefirieron abstenerse de participar abiertamente en política. Ellas sofocaron un intento de Golpe de Estado en 1933 y guardaron lealtad a la Constitución por las cuatro décadas siguientes. Alessandri restableció el orden esgrimiendo poderes extraordinarios contra los agitadores de iz-quierda y derecha. Puso en prisión brevemente a Grove y, entre 1933 y 1936, usó la fuertemente armada Milicia Republicana como un baluarte contra los aventureros militares o socialistas. A medida que fue transcurriendo la década, confió en forma creciente en los partidos de Derecha y la elite económica como los pilares de su gobierno.

La reconstrucción económica se benefició de la reactivación gra-dual de los mercados internacionales, especialmente la demanda de cobre y, en una menor cantidad, de salitre. El involuntario keynesianismo de los breves gobiernos entre Ibáñez y Alessandri, que habían abandonado el estándar oro y avivado la inflación, también facilitó la recuperación. En 1932, el peso había caído a un quinto de su valor de 1929. Aunque la depreciación monetaria se hizo más lenta bajo Alessandri, la cantidad de dinero circulante más que se duplicó entre 1933 y 1940. Su gobierno trató de lograr un equilibrio entre crecimiento y estabilidad. Los controles del cambio, las tarifas protectoras, los incentivos en impuestos y el crecimiento del crédito estimularon a las empresas a sacar a Chile de la depresión. A pesar de las creencias y políticas generalmente

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ortodoxas de Gustavo Ross Santa María, el Ministro de Finanzas, la administración de Alessandri favoreció la industria manufacturera, la construcción y la minería, que redujo el número de desempleados de aproximadamente 300 mil, en 1932, a menos de 15 mil, en 1935. Después de recortar drásticamente los gastos en obras públicas durante 1932 a 1934, el Gobierno lanzó nuevos programas de construcción durante 1936 a 1938. En 1939, las fábricas de Chile producían cerca de un 60% más bienes que en 1930.

A pesar del renovado crecimiento, los temas del nacionalismo económico, al mismo tiempo que la justicia social, continuaron exacerbando la oposición izquierdista en contra de la administración de Alessandri. Aunque el Presidente disolvió el controvertido cartel de las salitreras de Ibáñez, dejó la mayor parte del control de la industria en manos de los Guggenheim. También disgustó a los nacionalistas al usar las ganancias provenientes del salitre para reasumir el servicio parcial de la onerosa deuda externa (suspendido desde 1932 a 1935) y por rehusarse a asumir el control de la Compañía Eléctrica Chilena, propiedad de norteamericanos y mal administrada. Los nacionalistas de izquierda -incluyendo a muchos radicales del ala izquierda- urgieron al Gobierno a insistir en mayores reducciones de las tasas de re-pago en sus prolongadas negociaciones con los poseedores de bonos norteamericanos sobre la deuda de 1920, a quejarse más ruidosamente por las altas barreras arancelarias en los Estados Unidos y a defender la política cambiaria a favor de la sustitución de importaciones por indus-trias nacionales y contra los intereses de Estados Unidos, ávidos de extraer dólares de Chile. A pesar de algunos desacuerdos y presiones del emergente Frente Popular por acciones más enérgicas y anti-imperialistas, Alessandri mantuvo buenas relaciones con los Estados Unidos, incluso cuando Gran Bretaña y Europa (especialmente Alemania) recapturaron una porción mayor del comercio chileno. La izquierda y la derecha compartían el deseo de una expansión del comercio con los colosos del Norte, y la política del Buen Vecino, de Roosevelt, mejoró las actitudes hacia los Estados Unidos en todo el espectro político. En el otro tema controvertido de política exterior en los arios 1930 -la Guerra Civil española y el surgimiento del conflicto en Europa- los radicales, los socialistas y los comunistas criticaron acerbamente a la administración por adoptar una postura de neutralidad hacia la conflagración

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española que estaba sesgada a favor de Franco. Aunque la mayoría de los chilenos probablemente compartían las simpatías de la izquierda con los españoles republicanos, también respaldaban el deseo de Alessandri de evitar quedar implicados en conflictos europeos, de acuerdo con principios de política extranjera largamente vigentes.

Los críticos también atacaron los programas conservadores de Alessandri como perjudiciales para los trabajadores, cuyos sueldos y salarios no alcanzaban por el costo de la vida. Las políticas de seguridad social les dieron a los empleados de cuello y corbata [white-collar, en inglés] beneficios muy superiores a los dados a los obreros. Alessandri institucionalizó las relaciones trabajo-empresa mediante el Código del Trabajo de 1924, pero aceptó las demandas de los dueños de fundos para que los derechos de sindicalización fueran solamente para los trabajadores urbanos. Mientras mantuvo bajos los precios de los alimentos básicos para aquietar el descontento laboral urbano, el gobierno compensó a los dueños de fundos con el dominio sobre la fuerza laboral rural.

A pesar de la insatisfacción con las restricciones a los precios de alimentos y exportaciones, muchos latifundistas* toleraron el apoyo de Alessandri a la industria urbana porque también poseían intereses económicos en las ciudades. Los agricultores más sofisticados se dieron cuenta de que la expansión urbana incrementaría gradualmente el consumo de alimentos y de materias primas, requiriéndose mayor fuerza laboral en el campo, lo que, esperaban, reduciría las presiones por una reforma agraria. Al mismo tiempo, las elites del campo retuvieron el acceso especial a los créditos fiscales y a los precios preferenciales en el transporte en ferrocarriles. También, mantuvieron extremadamente bajas tasas de impuestos (siempre por debajo del 2% del total de ingresos del Gobierno), la influencia sobre las agencias gubernamentales relacionadas con el campo y numerosos sillones en el Congreso, gracias al dócil electorado campesino. Naturalmente, los industriales urbanos y financistas exudaban incluso un mayor entusiasmo por la administración de Alessandri, lo que presagiaba muchas de las preferencias sectoriales de los futuros gobiernos del Frente Popular. Reconociendo la erosión de los partidos derechistas, la clase alta chilena se apoyó, en forma creciente, en sus organizaciones corporativas y

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sus vínculos con el Estado. Al mismo tiempo que la SNA y la SFF se hicieron más activas. La fundación en 1933 de la Confederación de la Producción y el Comercio sintetizó esta asertividad capitalista. Coordinó a todos los grupos de la elite con intereses económicos en oposición a la nueva izquierda y a favor de impuestos bajos y amplios créditos por el Gobierno.

Los partidos políticos que representaban a la clase alta buscaron colgarse del poder principalmente a través de una autonomización gradual y el respaldo de medidas crecientemente estatistas. Los conservadores, unidos ahora con los liberales contra el fantasma del populismo y el socialismo, promovieron la esperanza de que el paternalismo gubernamental y el mayor empleo, preservaría la paz social socavándose así el apoyo a la izquierda. Dentro del Partido Conservador, jóvenes reformistas -especialmente Manuel Garretón Walker, Bernardo Leighton Guzmán y Eduardo Frei Montalva- deseaban ir más lejos con programas semi-corporativistas de bienestar social, superando a los marxistas en la lealtad de las masas. Inspirados por las ideas de los reformistas católicos de Europa, crearon la Falange, la que llegó a ser un partido independiente de centro en los arios 1940 y se transformó en el Partido Demócrata Cristiano en los arios 1950. En los arios 1930 y 1940, muchos liberales también se movieron más allá del individualismo manchesteriano hacia posiciones más reformistas, concordantes con un capitalismo de Estado.

Un aluvión de partidos minoritarios de Derecha también buscaron un camino entre el pasado del laissez-faire y un temido futuro socialista. Estos movimientos corporativos y regionalistas incluyeron al Partido Agrario, el Partido Corporativo Popular, la Unión Republicana, la Acción Nacional y, el más significativo, el Movimiento Nacional Socialista (MNS) conducido por Jorge González Von Marées. El MNS empalmó varias ideas reformistas -como la descentralización administrativa y la redistribución de la tierra- de los fascistas europeos y de los latinoamericanos populistas, especialmente los apristas* de Perú. Estos 'nazis criollos' peleaban con los marxistas en las calles y competían sin éxito con los socialistas por la adhesión de la clase media. Ni el MNS ni la más democrática y reformista Falange capturaron nunca más del 4% de los votos en las elecciones parlamentarias nacionales.

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La Izquierda y la Derecha cortejaban a la clase media. Fuertemente dependientes de los programas y empleos gubernamentales, los sectores medios apoyaban la expansión del Estado. En una economía oligopólica con pocas aperturas industriales y muchos puestos ejecutivos en manos de extranjeros, los grupos de clase media buscaban la movilidad y la seguridad enganchándose de la burocracia y de los partidos políticos.

En los años 1930, el Partido Radical, al igual que la clase media como un todo, se debatían entre convertirse en el ala progresista de la Derecha o el ala moderada de la Izquierda. Mucho más que los partidos de Derecha, los radicales, siempre divididos y oportunistas, pasaron del liberalismo clásico al intervencionismo del Estado de Bienestar Social, reconociendo oficialmente la lucha de clases generada por el capitalismo, prometiendo solucionarla. Después de apoyar a Alessandri, giraron hacia el Frente Popular, lo que les permitió convertirse en socios de una coalición multipartidista que desdibujó la polarización y proporcionó una válvula de escape para los conflictos de clase.

La depresión y sus repercusiones acrecentaron la atracción por coaliciones multiclasistas entre los trabajadores de las ciudades y las minas. A comienzos de los arios 1930, los pocos sindicatos existentes estaban débiles y desangrados en luchas intestinas. De más de 100 mil miembros (así era declarado) a comienzos de los arios 1920, la Federación Obrera de Chile (FOCH), liderada por el Partido Comunista, se había reducido casi en un 90%, dejando un residuo principalmente entre los mineros del salitre y del carbón. A medida que la actividad minera revivía, también lo hizo el Partido Comunista de Chile (PCCh), sumando a los Sindicatos del Transporte y Trabajadores Portuarios, al mismo tiempo que unos pocos obreros industriales. La Confederación General de Trabajadores (CGT), anarco-sindicalista, fue incluso más devastada que la FOCH y fracasó en volver a existir, manteniendo menos de 6 mil miembros a comienzos de los arios 1930. Los antiguos seguidores de CGT en la construcción, imprenta, cuero, marítimos y en unos pocos sectores industriales, derivaron en su mayoría al Partido Socialista, como lo hicieron los sindicatos legales que sobrevivieron al régimen de Ibáñez y nuevas asociaciones, que se unieron en la emergente Confederación Nacional Sindical (CNS). Dominada

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por los socialistas, la CNS atrajo principalmente a los trabajadores industriales y a los empleados. Sindicatos significativos no alineados, como los Trabajadores Ferroviarios y los Panaderos, también se recuperaron del daño producido primero por Ibáñez y luego por la depresión. Sin embargo, los nuevos sindicatos católicos tuvieron poco éxito.

En los arios 1930, este fragmentado movimiento laboral urbano ganó fuerza y unidad. Gracias a la falta de oposición de Alessandri y al estímulo del Frente Popular, el número de sindicatos y sus miembros más que se triplicó entre 1930 y 1940. Aunque controlado por el Gobierno, dicho crecimiento ocurrió independientemente de éste, a medida que los sindicatos obtenían reputación legal a través de la colaboración con las agencias del Estado y los partidos políticos de Izquierda. El antiguo Partido Demócrata, que había originado a muchos de los líderes comunistas y socialistas, perdió gradualmente su clientela de obreros y artesanos, que derivaron hacia las organizaciones marxistas. Cada vez más oportunistas, los demócratas se dividieron entre la Derecha y el Frente Popular. Su participación en los votos para el Congreso decreció desde un 14% en 1932 a un 6% en 1941 y, posteriormente, se diluyó aún más.

Combinando los eslóganes combativos del marxismo con el populismo carismático de Grove, el PS se convirtió en el partido conductor de la fuerza laboral en los arios 1930. También desarrolló una fuerte corriente de seguidores entre los profesionales, los intelectuales y los estudiantes urbanos. Los socialistas apelaban a los obreros con una imagen revolucionaria y a los estratos medios con un enfoque evolucionista. Aunque comprometido en teoría con la lucha de clases, en la práctica, el partido enfatizó en forma creciente las políticas nacionalistas, reformistas, electorales y de coalición. Dejados atrás por los socialistas tanto en el movimiento laboral como en las urnas, los comunistas comenzaron a cambiar su estrategia y a ampliar su base. Se alejaron poco a poco de las demandas sectarias de una revolución proletaria inmediata, una postura combativa dictada por la Comintern desde 1928 a 1935. El PCCh también aceptó a más miembros de la clase media, simbolizados por Carlos Contreras Labarca, un abogado, quien sirvió como Secretario General del Partido desde 1921 a 1946. Mientras, la mayoría de los rebeldes troskistas se habían unido en 1937 al Partido Socialista.

1 3 1

A pesar de incorporaciones esporádicas al marxismo, incipiente sindicalización y estallidos ocasionales de descontento, los traba-jadores agrícolas permanecieron muy aislados del fermento de la Izquierda. La instancia más violenta de la inquietud agraria ocurrió en 1934 en Ránquil, donde los carabineros* defendieron a los dueños de fundo asesinando a muchos campesinos* que protestaban. El fracaso marxista para capitalizar a su favor la opresión en el campo y fortalecer a los trabajadores agrícolas, mantuvo a la izquierda pendiente de coaliciones con los grupos de centro, hecho que permitió a la Derecha preservar su control sobre el electorado rural.

Entre 1934 y 1935, los socialistas habían anticipado lo que sería. el Frente Popular, uniendo en un Block de Izquierda a parlamentarios demócratas del ala izquierda, a troskistas y a un puñado de radicales inconformistas. Por su parte, los comunistas ya habían comenzado a rebajar el tono de su posición doctrinaria revolucionaria cuando, a fines de 1935, la Comintern respaldó la estrategia del Frente Popular. El PCCh enfatizó ahora las tácticas electorales sobre las de insurrección, las coaliciones (incluso con 'la pequeña burguesía y la burguesía nacional progresista') sobre el conflicto, la industrialización sobre la socialización, el nacionalismo sobre el internacionalismo. Como resultado, creció la base electoral del Partido de apenas 2 mil votos, en 1931, a más de 53 mil en 1941. A medida que Alessandri se inclinaba cada vez más a la derecha, el PCCh comenzó a ganar adeptos con la idea de un Frente Popular. Entre 1935 y 1936, los comunistas se concentraron en cortejar al Partido Radical, convenciendo a muchos de sus vacilantes líderes a la obtención conjunta de votos en una elección para capturar un sillón senatorial para un millonario propietario de tierras radical. Proporcionándole al Frente Popular respetabilidad, organización, votantes y dinero, los radicales argumentaron que su par-tido 'dentro de la izquierda, está destinado a desempeñar el papel de una fuerza reguladora, la que posibilita la deseada transformación a través de medios que preservan los derechos democráticos y evitan la explosión social'

3. El éxito de los comunistas con los radicales les dejó

poca opción a los socialistas. Los socialistas del ala izquierda temieron que el Frente Popular engañara a los tra-

3 Hoy, n°278 (18 de marzo de 1937), p.10

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bajadores con demagogia burguesa, pero los líderes del Partido concluyeron que el pacto era necesario tanto para evitar el fascismo como para adquirir el poder. Inspirados por experiencias semejantes en España y Francia, tanto los socialistas como los comunistas acrecentaron entonces el número de sus seguidores diluyendo su celo ideológico.

La nueva Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh) también se afilió al Frente Popular. Fundada en 1936, como resultado de la nueva unidad izquierdista, la CTCh reunió a sindicatos de clase media y obrera, incorporando la FOCh, la CNS, la Asociación de Empleados de Chile, a la mayoría de las organizaciones independientes e, incluso, algunos campesinos, aunque la CGT, en declinación, rechazó la afiliación. Como los partidos marxistas, la CTCh mejoró la solidaridad laboral y controló a la militancia más dura. Contuvo las demandas de los obreros para facilitar las victorias electorales del Frente Popular. Entre sus miembros, los socialistas mantuvieron una estrecha mayoría y la Secretaría General. Mediante la CTCh, los trabajadores ayudaron a desarrollar el Frente Popular, comenzando con una huelga importante en 1936, protagonizada por obreros ferroviarios que provocó las represalias del Gobierno contra la prensa de izquierda, los partidos y los obreros, fortaleciendo así la coalición.

Representando en gran parte a la clase media, las logias masónicas también ayudaron a soldar el Frente Popular. Eminentes líderes ra-dicales, socialistas y comunistas encontraron un campo común a través de su membresía en las Logias masónicas, cuyo Gran Maestro promovió coaliciones reformistas prudentes como un antídoto a los peligros revolucionarios o reaccionarios. Al mismo tiempo, la Federación de Estudiantes y muchos intelectuales dieron su apoyo al Frente Popular, donde sobresalieron figuras como Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Volodia Teitelboim, Ricardo Latcham, Luis Galdames y Ricardo Donoso.

Como Partido mayoritario en adherentes, los radicales asumieron el liderazgo del Frente Popular. Dominaron su Comité Ejecutivo Nacional y su plataforma, la cual llevaba el eslogan redistributivo de 'Pan, Techo y Abrigo,' acuñado en 1932 por la República Socialista. El programa del Frente Popular prometía aumentar las liber-

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tades democráticas, producir la modernización económica bajo la guía del Estado, promover el nacionalismo económico y cultural y asegurar el bienestar social para las clases media y obrera. Prometía respetar y mejorar los derechos electorales y libertades civiles. Abogaba por la protección de la industrialización y la re-distribución de los suelos agrícolas poco utilizados. Demandando 'Chile para los chilenos; la coalición sugería reducir los pagos de la deuda externa y la nacionalización de algunas minas de propiedad extranjera, industrias y servicios públicos. Escrito en vagos términos, la plataforma ofrecía a los grupos desaventajados me-jores ingresos, casas, salud, educación y representación. Ya que este programa social democrático difería más en el tono que en sustancia de los pronunciamientos públicos de la Derecha, las po-líticas reales del Frente Popular obviamente estarían determinadas por los miembros que efectivamente las llevarían a cabo. La mayoría de los observadores estaban de acuerdo con la evaluación de la embajada de Estados Unidos de 'que la plataforma del Frente Popular es suficientemente vaga como para que el propio Partido Conservador pudiera ejecutarla y, más tarde, señalar con orgullo sus promesas cumplidas'

4.

En las elecciones parlamentarias de 1937, los extremos políticos logaron ganancias impresionantes. Los conservadores y liberales combinados obtuvieron el 42% de los votos; juntos con otros par-tidos minoritarios y unos pocos renegados del P.R., esto le dio a la Derecha una mayoría electoral y parlamentaria. Al mismo tiempo, los socialistas (11%) y los comunistas (4%), duplicaron aproxima-damente su participación de 1932, mientras los radicales obtuvie-ron una vez más alrededor del 18% de los votos. A partir de en-tonces, el Frente Popular redobló sus esfuerzos para construir una mayoría electoral.

Después de una batalla que dejó heridas en los socialistas, los radi-cales instalaron a su representante como nominado presidencial, Pedro Aguirre Cerda, un acaudalado viñatero, masón, profesor, abogado, que provenía del ala derecha del Partido que se había resistido a la formación del Frente Popular. Su defensa de la in-

4 U.S. [Archivos del Departamento de Estado], Department of Status Archives, Record Group, 59 (desde ahora citado como USDOS), Santiago, 29 de octubre de 1938, 825.00/1085

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dustrialización fue uno de los pocos objetivos que compartía con la izquierda de su Partido. Su plantamiento moderado suavizó el contenido reformista de la coalición y, al mismo tiempo, fortaleció sus perspectivas electorales, ilustrando así los inevitables dilemas de tales coaliciones entre los marxistas revolucionarios.

En su campaña, Aguirre Cerda tuvo éxito al atraer a las clases media y obrera sin atemorizar indebidamente a la clase pudiente. Su carácter blando, conciliador, también sirvió para mantener unido al Frente Popular. El color de la piel del candidato impulsó a la Derecha a menospreciarlo como 'El Negro' y, a la Izquierda, a abrazarlo como 'Don Tinto: La clave para su victoria vino, sin embargo, de la habilidad de los marxistas para movilizar a los obreros contra los partidos oligárquicos concientizando a los trabajadores y convenciéndoles de no vender sus votos a la Derecha. Aunque los radicales llevaron la mayor cantidad de votos para el Frente Popular, fue la creciente identificación de los obreros con los socialistas y comunistas lo que transformó la escena política de Chile.

La Derecha contribuyó al triunfo del Frente Popular al nominar como su candidato al severo Ministro de Finanzas de Alessandri, Gustavo Ross, para consternación de los liberales moderados y de la Falange. Mientras Aguirre Cerda representaba la cara moderada del Frente Popular, Ross ejemplificaba la imagen rapaz de la clase propietaria. El Frente Popular lo apodó como el 'Ministro del Hambre' y 'El último Pirata del Pacífico: Además de los conservadores y liberales, la SNA, la SFF, la Cámara de Comercio, los Bancos y las Corporaciones más importantes y una buena parte del clero trabajaron abiertamente y oraron por su elección. Los hombres de negocios norteamericanos en Chile también preferían a Ross, cuyo lema de campaña fue 'Ley y Orden: Aunque sin una plataforma clara, la Derecha difería del Frente Popular principalmente en su énfasis en la producción por sobre la redistribución, la eficiencia sobre la sustitución de importaciones y el control de las inversiones extranjeras sobre la nacionalización. Las fuerzas conservadoras trataron de alejar a la clase media y a los radicales tímidos del Frente Popular advirtiéndoles que los marxistas destruirían la religión, la familia, la propiedad y la armonía social. Mientras la Derecha martilleaba las atrocidades del comunismo, la Izquierda lo hacía con los horrores del fascismo.

1 3 5

Ross y Aguirre Cerda, a su vez, prometían salvar la democracia en peligro debido a los otros.

Más que apoyarse en los programas o en la oratoria, la Derecha esperaba triunfar mediante la entrenada maquinaria de su partido. Uno de los administradores de la campaña de Ross le aseguró al embajador de Estados Unidos que los partidos comprarían su-ficientes votos de la clase obrera para derrotar al Frente Popular, aunque concedió que Aguirre Cerda ganaría claramente en una elección limpia. Sin embargo, al menos en las ciudades, la vigilan-cia del Frente Popular y la creciente conciencia política de la clase obrera complicó tales sobornos tradicionales.

Pero más que las tácticas de la Derecha, la existencia de una ter-cera alternativa oscurecía el camino del Frente Popular a la presi-dencia. La campaña personalista del ex dictador Ibáñez no tenía expectativas de éxito, pero retenía a potenciales seguidores -es-pecialmente de la clase media- de Aguirre Cerda. La plataforma de Ibáñez replicaba la del Frente Popular al anunciar la planificación estatal, el nacionalismo económico y bienestar social, pero su ambición y el apoyo del MNS de González von Marées, hicieron a ambos movimientos reformistas irreconciliables. Sin embargo, unas pocas semanas antes de la votación, unos jóvenes nazis in-tentaron un temerario Golpe de Estado contra el gobierno de Ales-sandri. El chapucero Golpe choqueó menos a la opinión pública que la masacre de los participantes ejecutada por el Gobierno. Desacreditados por el incidente y distanciados de la Derecha, los ibañistas* cambiaron su apoyo a Aguirre Cerda. El incongruente alineamiento de los nazis detrás del anti-fascista Frente Popular mostró nuevamente la necesidad de los políticos chilenos, como los de todas partes, de subordinar las consideraciones ideológicas a las electorales.

El Frente Popular obtuvo una estrecha victoria sobre la Derecha en 1938, con el 50.3% de los votos. Cuando Aguirre Cerda venció a Ross en las provincias extremas del Norte y del Sur y en las ciu-dades, las fuerzas conservadoras supieron que los votos de las zo-nas centrales latifundistas ya no podían garantizar la supremacía. Como en otras victorias reformistas o izquierdistas -Alessandri en 1920, González Videla en 1946, Allende en 1970- pasaron días

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tensos entre el recuento de los votos y la ratificación de los resultados por el Congreso. Muchos líderes derechistas aceptaron a regañadientes la derrota porque se les aseguró moderación por parte de los vencedores, pero otros, advirtiendo a Aguirre Cerda que se convertiría en el 'Kerensky de Chile; conspiraron para rechazar los resultados, levantando acusaciones de corrupción electoral e incitando a las FFAA a tomarse el poder.

El Frente Popular legitimó su derecho a la presidencia conteniendo a sus seguidores jubilosos y desacreditando los rumores derechistas de una inminente anarquía. Simultáneamente, impulsó la perspectiva de que introduciría sólo un 'New Deal' chileno si se le permitía asumir el cargo, pero que se desencadenaría una efectiva resistencia de las masas si se le negaba: 'Chile no será una segunda España. Derribaremos al fascismo antes de que pueda levantar su cabeza'

5. Aguirre Cerda

advirtió a la oposición Soy el segundo Presidente chileno que pertenece al Partido Radical... Seré el segundo y el último si los del otro lado no entienden demasiado para escuchar a la razón y para hacer concesiones, como les han aconsejado los líderes de su propio grupo... O abro un canal que pueda regular los deseos del pueblo o después de mí vendrá el desborde'

6. Aquellos argumentos convencieron a una minoría de

líderes de los conservadores, de la Falange y de los liberales para reconocer su derecho a la presidencia. Estos derechistas calcularon que los costos sociales y políticos de revertir el destino del Frente Popular podía exceder el precio de conceder la victoria: `Ya que no podemos contar con las masas o las Fuerzas Armadas; se indicó, 'nos conviene (como conservadores) incluso más que a nuestros adversarios, mantener la democracia constitucional'

7.

Tres anuncios públicos fueron cruciales en esta coyuntura. Primero, aunque el gobierno de Alessandri se abstuvo del reconocimiento oficial hasta que los cargos de la Derecha sobre irregularidades electorales fuesen dirimidos, el Ministro del Interior, (padrino de Aguirre Cerda), reconoció la victoria del Frente Popular cuando los resultados fueron dados por primera vez y esta declaración fue comunicada a las embajadas chilenas en el extranjero por el Minis-

5 Ibid 6 USDOS, Santigo, 9 noviembre 1938, 825.00/1093 7 Rafael Luis Gumucio, Me defiendo (Santiago, 1939), p.65

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tro de Relaciones Exteriores. Segundo, un obispo del Norte envió un telegrama de felicitaciones a Aguirre Cerda y, posteriormente, llegando a ser arzobispo, facilitó las relaciones entre la Iglesia y el Frente Popular. Tercero, y más importante, los comandantes en jefe del Ejército y de Carabineros proclamaron que la elección del Frente Popular había ya sido aceptada por los militares y la opinión pública y que negarle el cargo a la coalición encendería más violencia civil que la que estaban preparados a enfrentar. Explicando que se oponían al comunismo, pero no al reformismo, las Fuerzas Armadas convencieron a la mayoría de los derechistas más recalcitrantes a combatir al Frente Popular a través de los canales regulares -el Congreso y la burocracia- que aún dominaban. De esta manera, a fines de 1938, Arturo Alessandri transfirió pacíficamente la banda presidencial a Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular.

El Frente Popular, 1938-1941

Con la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1938, los radicales hicieron realidad su sueño de tanto tiempo de arrancar todas las posiciones clave de gobierno a la Derecha. Al mismo tiempo, la dominación centrista de la administración satisfizo a las clases medias y alta. La Izquierda obtuvo sólo una mínima representación: a los socialistas se les dieron unos pocos cargos en los Ministrios de Salud, Economía y Tierras y Colonización. A los comunistas, para escudar al Gobierno de los cargos derechistas de control marxista, ninguno. Aunque obteniendo pocos cargos como pago de favores [patronage plums], los comunistas, socialistas y la CTCh cosecharon una gran cantidad de nuevos miembros durante el período del Frente Popular. En un sistema de clientelismo político, muchos chilenos de clase media y de clase obrera se subieron rápidamente al tren. La CTCh duplicó sus adherentes al ario siguiente de la victoria de Aguirre Cerda.

A través del Frente Popular, las fuerzas marxistas demandaron un lugar en el sistema político. Los socialistas y comunistas habían progresado, desde la participación en las elecciones de 1932, a la participación en el Gobierno, seis arios después. Con todo, una década de intensa movilización izquierdista de las clases media y obrera había producido una administración menos de avanzada

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y osada de lo que implicaba su composición y retórica. Las mismas políticas de coalición que le habían permitido a los grupos de izquierda ganar influencia en altos cargos nacionales, también inhibían la realización de los programas por los cuales habían buscado tales cargos. En forma predecible, la proclamación de un Presidente del Frente Popular no produjo grandes transformaciones estructurales. Más bien condujo a una nueva era política con los socialistas y, en menor grado, con las fuerzas comunistas institucionalizadas como parte del sistema de negociación establecido, con la legitimidad del gobierno basada en el apoyo a las masas urbanas mediante la intermediación de los grupos centristas y con un acelerado Capitalismo de Estado promoviendo la Industrialización.

Como Alessandri, y como todos los presidentes de los arios 1930 y 1940, Aguirre Cerda procuró un modelo de paternalismo de Estado en el cual el Gobierno colaboró con la empresa privada en la construcción de una economía mixta. Con el fin de alcanzar al Occidente más desarrollado, el Frente Popular de Chile movilizó al movimiento laboral detrás del desarrollo económico nacional más que de las conquistas sociales de la clase obrera. En comparación con la Derecha, sin embargo, puso un mayor énfasis en la intervención del Estado, en la industrialización y las necesidades laborales. Las políticas económicas fueron, en cualquier, caso influidas más por los factores internacionales que por los internos. Como en toda Latinoamérica, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial aceleró la producción local de ítemes de consumo manufacturado, amplió el espectro de un Estado centralista y aumentó la dependencia de los Estados Unidos. Todas estas tendencias ahogaron las campañas marxistas por medidas redistributivas más osadas a expensas de capitalistas locales y extranjeros.

El instrumento económico fundamental del Frente Popular llegó a ser la nueva Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), diseñada originalmente para promover la recuperación del terremoto de 1939. La CORFO asignó créditos públicos a todos los sectores de la economía, pero especialmente a la industria y a la construcción. Desde fines de los arios 1930 hasta comienzos de los años 1950, esta agencia casi autónoma se responsabilizó de aproximadamente un tercio del total de inversiones en equipamiento de

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capital y cerca de un cuarto de las inversiones locales totales. Al mismo tiempo que proporcionaba dinero principalmente de fuentes nacionales, casi un tercio de sus fondos de inversión provenían del extranjero, principalmente del Banco de Exportaciones e Im-portaciones de Estados Unidos. Cuando estos préstamos, que te-nían que ser ocupados en importaciones de los Estados Unidos, se extendieron en 1940, Chile abandonó sus demandas por el pago retroactivo de impuestos por parte de las compañías cupríferas y de Teléfonos, que eran norteamericanas.

Aunque alabada por el Frente Popular como un avance hacia el socialismo de Estado y el nacionalismo económico, la CORFO evolucionó para ser un vehículo del capitalismo de Estado vincu-lado con intereses privados y extranjeros. No obstante el equilibrio entre las metas simultáneas de industrialización y reforma social, el Frente Popular se alineó con la primera. Las elites sospecharon inicialmente de este salto en el activismo del Estado, pero pronto llegaron a ser los beneficiarias más importantes. Al mismo tiempo, se incrementó la dependencia de Chile respecto del capital de Es-tados Unidos. Bajo el gobierno del Frente Popular, Estados Unidos duplicó aproximadamente sus ventas a Chile y triplicó sus compras, a medida que el comercio con Gran Bretaña y Alemania dis-minuyó; sin embargo, las discusiones entre Chile y Estados Unidos acerca de la rebaja de barreras comerciales avanzó muy poco.

Bajo Alessandri, la actuación reactivadora del Banco Central había acrecentado la inflación. Con Aguirre Cerda, la expansión del cré-dito para financiar la industrialización sustitutiva la acrecentó aún más. Durante el período de 1939 a 1942, el costo de la vida subió 83 por ciento, sobrepasando el alza total de precios de 1931 a 1939. Imponiendo techos a los precios de los productos agrícolas, el gobierno transfirió ingresos eficazmente al sector urbano. El índice de la producción industrial subió en 25 por ciento mientras la producción agrícola virtualmente se detuvo. Un patrón que persistió a través de los años 1940.

Mientras los partidos de la Derecha lucharon contra el Frente Po-pular principalmente porque ponía en peligro su vida política, otros grupos de elite trataron de conciliar, participar, o neutralizar a los gobiernos radicales de los arios 1940. Una institución tra-

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dicional que logró un modus vivendi con el Frente Popular fue la Iglesia Católica. El Vaticano reemplazó al reaccionario arzobispo de Santiago por José María Caro, el obispo del Norte que había felicitado a Aguirre Cerda su elección. En su nuevo cargo, Caro defendió las posiciones reformistas cercanas a aquellas de la Falange local, confiriendo a la Iglesia Católica chilena una reputación como la más progresista en Latinoamérica. El arzobispo incluso dejó atónita a la elite latifundista urgiendo la sindicalización, mejores salarios, compartir las ganancias y mejores condiciones de vida para los trabajadores del campo. Tal posición, de amplia mirada, estaba diseñada para revivir la influencia clerical entre las clases obreras y contrarrestar la expansión del marxismo. A fines de los años 1930, aproximadamente 98% por ciento de los chilenos aún bautizaban a sus niños, pero apenas un 10 por ciento iba a misa los domingos y solamente un 5% por ciento se casaba por la Iglesia.

Los propietarios de tierras de la SNA también buscaron una tregua a través de los elementos más conservadores del Frente Popular. El presidente de la SNA y de la Confederación de la Producción y el Comercio, Jaime Larraín García Moreno, estimuló a las elites rurales a que proporcionaran un mejor tratamiento a sus trabajadores para adelantarse a las propuestas marxistas de reforma agraria: "Es imposible detener la evolución social. Debemos ponernos del lado de la evolución social para canalizarla"

8. Muchos radicales dueños de fundo se unieron a

la SNA por primera vez, lo que facilitó la cooperación con el gobierno del Frente Popular. Cristóbal Sáenz Cerda, el propietario agrícola radical que había ganado la primera elección parlamentaria para el Frente Popular en 1936, llegó a ser Vice Presidente de la SNA y un vocero contra la reforma agraria en el gabinete de Aguirre Cerda. Como latifundista que era, el Presidente también ayudó a enterrar las reformas a favor de los campesinos a través de sus propias relaciones cordiales con la clase alta rural.

Durante el primer año de la administración, la sindicalización iz-quierdista de los trabajadores agrícolas amenazó con entorpecer el acuerdo tácito entre los propietarios de tierras y el Frente Po-

8 Erico Hott Kinderman, Las sociedades agrícolas nacionales y su influencia en la agricultura de Chile (Santiago, 1944), pp. 21-22

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pular. Aunque no existen estadísticas confiables ni precisas acerca de los sindicatos urbanos o agrícolas, en 1939 los comunistas se vanagloriaban de tener cerca de 400 asociaciones rurales con casi 60 mil miembros y creciendo diariamente. La CTCh le dio a la or-ganización campesina una alta prioridad e inscribió a miles, y la Federación Nacional Campesina, dirigida por el socialista Emilio Zapata, reemplazó a la más pequeña Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres (1935), aumentando la movilización rural y las huelgas. En los ex baluartes conservadores, el Frente Popular comenzó a ganar elecciones parciales de las zonas rurales, debido a la eficacia de la izquierda para juntar a los campesinos con pro-pietarios rurales del P.R.

Aguirre Cerda hizo una concesión muy importante a los patrones de fundos al establecer una moratoria en los derechos a la sindica-lizacion y a la huelga campesinas (alrededor del 33% de la pobla-ción activa trabajaba en el campo, comparado con menos del 20% que lo hacía en la industria urbana). En términos de economía política, el gobierno, a pesar de sus afinidades ideológicas, optó siempre por no favorecer a los sectores más débiles en su capa-cidad de presionarlo. Marginar a los trabajadores agrícolas para reducir las demandas, resultaba especialmente necesario a los políticos cuando la escasez producida por la guerra restringía la campaña del gobierno para favorecer la industrialización y los be-neficios para las clases media y trabajadora urbanas. La supresión del activismo campesino* también provino del temor a la provi-sión de alimentos a las minas y ciudades, lo que habría acelerad() además las importaciones agrícolas. Mantener a costo bajo los ali-mentos básicos y reducir las demandas de los campesinos demo-raba la inflación y apaciguaba a los votantes urbanos: los precios altos habrían engendrado más huelgas urbanas y así entorpecido la industrialización.

A pesar de las protestas, todos los partidos del Frente Popular y la CTCh consintieron la suspensión de la sindicalización campesina realizada por el Gobierno. Los comunistas y los socialistas deplo-raron esta rendición a la SNA, pero cedieron a los deseos de la ad-ministración de enfriar los conflictos con la Derecha. Cooperando con los radicales al costo de dejar a amplios sectores de trabaja-dores desorganizados, los partidos marxistas continuaron siendo

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dependientes de los grupos de clase media. Consecuentemente, persistieron los compromisos y dilemas inherentes a las coalicio-nes y populismos multiclasistas.

Los industriales y la SFF acogieron con beneplácito a la CORFO y apoyaron a Aguirre Cerda en su tibia forma de nacionalismo económico. Aunque aún temerosos del intervencionismo estatal, la mayoría de los industriales de manufacturas llegaron a darse cuenta de que la acción del Frente Popular estimulaba la empresa privada. Como se jactaba el Partido Radical, 'Nunca la industria ni el comercio han tenido mayores beneficios que durante el gobierno de la Izquierda'9. Los industriales con una mayor visión de futuro vieron que una mejor organización, representación, salud, vivienda y educación para los obreros desactivaba el conflicto social. Modestas reformas para los obreros aumentaban su productividad y capacidad de consumo sin mayores costos para los empleadores. Mientras que las políticas crediticias inflacionarias también mantenían los salarios sin poderse subir en forma comparativa con la productividad. Ya que Chile tenía una fuerza laboral relativamente barata, pero no proporcionadamente ineficiente, el Frente Popular garantizó la compatibilidad entre el asistencialismo social [welfarism] y la industrialización.

La clase media fue otro beneficiario importante de los gobiernos radicales en los arios 1940. La brecha entre los empleados y los obreros se enanchó a medida que los sectores medios recibían más empleo, ingresos, salud, vivienda, educación, seguridad social y otros beneficios que los dados a los sectores bajos. También acumularon muchos nuevos cargos políticos, en parte gracias a la declinación del soborno en las urnas. La expansión burocrática benefició principalmente a los seguidores del Partido Radical, quienes llegaron a ser la mayoría de los empleados públicos. Aunque criticado por las elites, el crecimiento del gobierno central sació las aspiraciones de la clase media sin afectar los privilegios fundamentales de la clase alta.

El continuo apoyo de la clase obrera al Frente Popular y a sus su-cesores en los arios 1940, no es fácilmente explicable por ganan-

9 Isauro Torres y Pedro Opitz, Defensa de los gobiernos de izquierda (Santiago, 1942), p.3

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cias materiales o conciencia de clase. A través de la inflación y del crecimiento de los impuestos indirectos, las clases subordinadas pagaron por el aumento de la burocracia y la industria impulsados por el gobierno. Los pocos obreros que experimentaron ganancias reales en sus salarios estaban concentrados en ocupaciones ca-lificadas, urbanas y sindicalizadas. La mayoría de los obreros vio congelarse o deteriorarse su estándar de vida en los años 1940, a medida que la distribución del ingreso se hizo más regresiva.

Los avances organizacionales para los obreros urbanos excedieron su progreso material, ya que el número de sindicatos legales casi se triplicó durante la administración de Aguirre Cerda. Desde 1941 a 1949, el número total de miembros sindicalizados aumentó más de un 40%. Sin embargo, la mayoría de los incondicionales sindicalizados eran aún mineros, artesanos o empleados de clase media, ya que el crecimiento de la industria manufacturera no produjo un proletariado industrial tan grande como habían esperado los partidos marxistas. Desde 1940 a 1954, el porcentaje de la población económicamente activa creció al doble tanto en los servicios como en la industria. La CTCh reinó en la militancia obrera para proporcionar apoyo y tranquilidad a Aguirre Cerda, y el Gobierno, a su vez, aseguró que una cantidad creciente de disputas entre trabajadores y la administración fueran falladas a favor de los obreros (de 184 en 1938 a 266 en 1939). El Frente Popular argumentaba convincentemente que respaldar la administración era al menos preferible que hacerlo con un gobierno derechista y, a largo plazo, mejor para los intereses más importantes de la fuerza laboral que el hacer demandas desestabilizadoras por beneficios inmediatos.

Como ya se dijo, en contraste con el enfoque generalmente acomo-daticio de los grupos de interés de la clase alta, los partidos de De-recha se opusieron implacablemente al Frente Popular, erigiendo una barricada parlamentaria a casi todas las iniciativas de Aguirre Cerda. Los legisladores derechistas y los diarios constantemente acusaban al régimen de incompetencia, corrupción, extremismo, ilegalidad e ilegitimidad. Entre tal polarización política, solamente la diminuta Falange sostenía una posición centrista flexible. En agosto de 1939, los derechistas extremistas y los ibañistas* con-vencieron al General Ariosto Herrera Ramírez, un anti-comunista y admirador de Mussolini, a pronunciarse en contra del Frente

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Popular, pero los oficiales leales, respaldados por los militantes y los cuadros sindicalistas del Frente Popular, reprimieron el levantamiento. El golpe abortado persuadió a muchos de la Derecha y de la Izquierda a modular su retórica y retirarse del borde del conflicto armado.

Aguirre Cerda trabajó constantemente para mantener unida la coalición dada a las rencillas internas. En la lucha por las ventajas, los radicales se atrincheraron en el aparato del Estado y realizaron el trabajo de terreno para una década de dominio. Incluso el ala izquierda de su propio Partido se quejaba acerca del festín burocrático de los radicales, del favoritismo para los miembros de partidos más ricos (especialmente del ala derecha y de la capital) y de la falta de interés por las reformas sociales.

Todos los partidos del Frente Popular crecieron, pero el Partido Comunista lo hizo más espectacularmente, procurando políticas moderadas y aminorando el descontento obrero. Temporalmente revivió el radicalismo retórico de los arios iniciales de la depresión cuando el Pacto Nazi-Soviético hizo decrecer la cooperación del Frente Popular. Sin embargo, el ataque de Alemania sobre la Unión Soviética rápidamente trajo de regreso al PCCh a una colaboración total con sus socios de la coalición opuestos al Eje. A pesar de tales arrestos, la participación de los comunistas en el Gobierno de la coalición en general fomentó la contención de la Izquierda y de la fuerza laboral en un sentido no revolucionaria, subordinando a sus fuerzas en políticas electorales, parlamentarias y burocráticas.

Los socialistas adquirieron cargos rentados en la jerarquía guber-namental al costo de posponer la movilización obrera y las reformas estructurales. Por ejemplo, desarmaron la milicia socialista y minimizaron la sindicalización campesina. Los disidentes, quienes pronto se alejaron del Partido, se quejaron de que el PS se estaba convirtiendo en una agencia de empleos dedicada al avance burocrático y electoral como un fin en sí mismo. Los socialistas se esforzaban por resolver un dilema más complicado que el que les tocó a sus aliados. Los radicales podían concentrarse en una administración pragmática con pocos remordimientos y menos erosión de su base social, debilitando las iniciativas de los socialistas en la rama ejecutiva y sobrepasándolos en la fidelidad de la clase

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media. A la inversa, los comunistas podían colocar cuadros obreros con menos responsabilidades en desempeños administrativos menores. No es sorpresa, entonces, que el PS nunca resolviera la paradoja de cómo conducir las masas hacia el socialismo a través del Estado democrático burgués sin tener que sucumbir a la resistencia reaccionaria o quedando atascado, a mitad de camino, en el reformismo.

A comienzos de 1941, los socialistas se retiraron de la coalición de partidos del Frente Popular al mismo tiempo que permanecían en el gabinete de Aguirre Cerda. Ellos rompieron con la coalición no tanto por el descontento frente a la escasez de reformas sociales frenadas por los radicales, sino, en gran parte, debido al desacuerdo con los comunistas. Los socialistas resentían la competencia con los comunistas en el tema de la sindicalización y se oponían al Pacto Stalin-Hitler. Su postura crecientemente negativa hacia el PCCh reflejaba una correspondiente actitud positiva hacia los Estados Unidos. Este acercamiento fue causado por la animosidad de los socialistas hacia el fascismo, su participación en el Gobierno nacional, el deseo de la industrialización y la búsqueda de mejores relaciones económicas con Estados Unidos bajo las severas condiciones del período de guerra. Muchos líderes socialistas llegaron a apreciar las pocas opciones disponibles en una economía altamente dependiente y llegaron a estar más ansiosos por adquirir créditos del Banco de Exportaciones e Importaciones* que por nacionalizar empresas extranjeras o presionar por las demandas de los obreros. Cuando regañaron a los comunistas por obstruir la cooperación con Estados Unidos, asociándose con los fascistas externamente y fomentando la inquietud laboral internamente, el PCCh replicó que los socialistas estaban vendiéndose al imperialismo norteamericano. Incapaz de convencer a los radicales de romper con los comunistas, el PS y una mayoría de la CTCh dejó el Frente Popular y participaron en forma independiente en la carrera parlamentaria de 1941.

Aunque Aguirre Cerda compiló un registro encomiable de reformas comparado con administraciones anteriores, sus logros no cumplieron con muchas de sus promesas de campaña. El Frente

* EXIMBANK, antecedente del futuro Banco Mundial.

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Popular -especialmente los partidos de izquierda- determinaron finalmente llevar a cabo su programa rompiendo el control conservador del Congreso en las elecciones de 1941. Temiendo pérdidas sustanciales y esperando reducir la movilización izquierdista, los conservadores y liberales amenazaron con socavar la legitimidad de la votación, absteniéndose. Para asegurar la participación derechista, la administración de Aguirre Cerda restringió temporalmente las actividades político-sindicales y las huelgas, suavizó la prensa izquierdista, prohibió las milicias marxistas y convocó a las Fuerzas Armadas para prevenir la intimidación, la violencia o la corrupción en las urnas. Los partidos del Frente Popular ganaron claramente el control de ambas cámaras del Congreso con el 59% de los votos, los radicales y socialistas aseguraron más del 20% y los comunistas aumentaron significativamente su votación de un 4%, en 1937, a casi 12%. Los conservadores y liberales en conjunto ahora sólo poseían 31%. Más dramáticas fueron la ganancias del Frente Popular en las zonas rurales, lo que mostró que los temores de la Derecha acerca del activismo marxista en el campo ye! continuo movimiento hacia la izquierda del electorado, estaban bien fundados.

Con todo, no obstante las victorias parlamentarias del Frente Popular, las restricciones económicas del período de guerra aún desalentaban las reformas sustanciales. Los deseos marxistas de un amplio consenso contra el fascismo también favoreció los compromisos por sobre las conquistas. Aún más importante, Aguirre Cerda murió de tuberculosis en noviembre de 1941, nueve meses después de las elecciones, habiendo hecho notar en uno de sus últimas reuniones de gabinete:

"Le prometimos al pueblo sacarlo de la miseria, elevar su nivel social, económico y moral. Aparte de la acción inteligente y constructiva de algunos de mis ministros, hemos desperdiciado el tiempo con largos debates y discusiones, sin siquiera haber llegado a soluciones prácticas y efectivas para los grandes problemas. Carga mi alma con una pena profunda, porque me imagino que el pueblo, a quien amo tanto, podrá pensar que los he engañado.

10"

10 Arturo Olavaria Bravo, Chile entre dos Alessandri, 4 vols. ( 1965), vol I, p.555.

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La continuación del mando Radical, 1942-1952

Si bien no basadas en una alianza formal entre los partidos refor-mistas, las políticas del Frente Popular permanecieron por otra década después de la muerte de Aguirre Cerda. El Partido Radical nombró a Juan Antonio Ríos Morales, un hombre de negocios identificado con el ala derecha anticomunista del Partido, como sucesor de Aguirre Cerda, sin construir o consultar ninguna coalición multipartidista. Sin embargo, para evitar el retorno de la Derecha detrás del irreprimible Ibáñez, los comunistas, socialistas, miembros de la CTCh,demócratas, falangistas e, incluso, algunos liberales renegados, incluyendo a Alessandri, le dieron su apoyo a Ríos. Su Alianza Democrática obtuvo el 56% de los votos en la elección extraordinaria de 1942.

Ríos dedicó su gobierno a la unidad nacional, a la estabilidad social y al crecimiento económico. Perpetuó el énfasis de su antecesor en la industrialización, pero suavizó la preocupación de aquél con la asistencia social y las reformas para el trabajo urbano. Mientras el eslogan de su predecesor había sido 'Gobernar es educar,' el de Ríos proclamaba 'Gobernar es producir:

En respuesta a la escasez del período de guerra, especialmente de bienes de capital (las importaciones cayeron al 13% del ingreso na-cional), Ríos le dio prioridad a mantener la productividad económica. El índice general de producción subió desde una base 100, en 1938, a 108, en 1942, y a 112, en 1945, mientras la industria fue desde un índice de 112 en 1942 a 130 en 1945. Entre 1940 y 1945, la producción industrial se incrementó más del 9% anualmente. Las clases alta y media constituyeron los beneficiarios más importantes de las políticas de Ríos, ya que el costo de la vida galopó adelante de los salarios de los obreros. El índice general de precios escaló alrededor de tres veces entre 1942 y 1945 de lo que había sido entre 1938 y 1941. Durante el período 1940 a 1945, el ingreso monetario nacional se elevó en 120% mientras que el ingreso real nacional sólo subió 8%.

Como habían demandado los socialistas y comunistas, Chile rompió finalmente relaciones con los poderes del Eje en 1943. Siguiendo lo sucedido en Pearl Harbor, Chile había dudado en respaldar fuertemente a los Aliados debido a que los Estados Unidos no po-

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dían garantizar su seguridad contra un ataque japonés. Al mismotiempo, Alessandri y muchos otros derechistas habían hecho lobby eficazmente a favor de mantener la posición de neutralidad de Chile. Sin embargo, las presiones y los alicientes de Estados Unidos como también el aumento de la opinión pública local contra el Eje, finalmente vencieron la renuencia tradicional a quedar envueltos en conflictos fuera de Sud América. Incluso después de romper relaciones, Chile no estuvo nunca satisfecho con la cantidad de ayuda y equipamiento militar transferido sobre la base de contratos de préstamo/licitación [lend-

lease], ni tampoco estuvo contento Estados Unidos con la amplitud de la acción chilena contra los agentes del Eje y las empresas que operaban en el país. Sin embargo, Chile subsidió la causa de los Aliados aceptando un precio artificialmente bajo por sus exportaciones de cobre a los Estados Unidos al mismo tiempo que pagaba un precio cada vez más alto por sus importaciones. La guerra incrementó gradualmente las exportaciones de minerales de Chile y la acumulación de divisas, mientras el comercio, los créditos y asesores de Estados Unidos facilitaron el apoyo del Estado a las empresas capitalistas. Por ejemplo, los préstamos de Estados Unidos fueron entregados a los proyectos de CORFO en acero, petróleo y pesca. Sin diferenciarse de la política de Ibáñez en 1920, la política básica de Ríos fue desarrollar la economía chilena mediante un alineamiento externo con Estados Unidos.

Los gabinetes del período de guerra de Ríos incluían a socialistas, demócratas, radicales y liberales (incluyendo al presidente de la SNA). La consternación sobre la responsabilidad compartida en una administración cada vez más conservadora fracturó más al PS, mientras el PCCh se abstenía de asumir puestos en el gabinete y continuaba su expansión en los sindicatos. Con todo, bajo la bandera de la unidad anti-fascista, ambos partidos renunciaron a hacer huelgas y a contuvieron las demandas de los trabajadores. Incluso con una mayoría en el Congreso desde 1941 a 1945, los partidos originales del Frente Popular tramitaron muy pocas de las leyes sociales que habían prometido por tanto tiempo a los obreros urbanos y rurales.

La disminución del ardor por la reforma por parte de la coalición gobernante coincidió con la declinación en el apoyo electoral. En-

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tre las elecciones parlamentarias de 1941 y 1945, la votación de los radicales cayó de un 21% a 20%, mientras los cada vez más desani-mados y divididos socialistas vieron su participación reducida de un 21% a un 13% y la de los comunistas cayó de un 12 a un 10%. Al mismo tiempo, los conservadores y liberales combinados subieron de un 31% a un 44%, demostrando la resiliencia de la fortaleza de los partidos tradicionales.

Debido a la salud resentida del Presidente Ríos, otro radical, AlfredoDuhalde Vásquez, asumió interinamente el cargo de Jefe de Estado a fines de 1945. Duhalde reaccionó exageradamente a las huelgas en las minas de salitre y carbón, dirigidas por los comunistas y que eran respaldadas por reuniones de solidaridad en Santiago. Su llamado a las tropas contra los huelguistas y manifestantes produjo barios de sangre, amplia oposición a su precaria gestión y amargas y desacostumbradas batallas entre los sindicatos socialistas y comunistas.

Los mismos partidos marxistas que habían forjado la unidad laboral en 1936 la demolieron en 1946, cuando el fin de la 2' Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría desató las hostilidades reprimidas entre ellos. Los comunistas habían adquirido una mayoría en la CTCh y rechazaron seguir obedeciendo a un Secretario General socialista. A medida que el PCCh tomó el control de la mayoría de la confederación, el PS se separó junto con sus seguidores, de modo que la fuerza laboral organizada aún dependiente del liderazgo de los partidos, estaba más débil a fines de los arios 1940 que al comienzo de la década.

Moscú y Washington contribuyeron a esta división. De acuerdo con una línea más dura de la Unión Soviética, los comunistas trataron de afirmar su control sobre los sindicatos incluso al costo de dividir la Central nacional. Se decidieron a aplastar a los socialistas, quienes, de igual modo, llegaron determinados a sacar al PCCh de los movimientos laborales chilenos y latinoamericanos. Habiéndose acercado a los Estados Unidos durante la guerra, el PS se alineó ahora con la AFL-CIO** y su cruzada internacional contra

** N. del T. American Federation of Labor y Congress of Industrial Organizations Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales.

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el comunismo. Incluso con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y de las autoridades laborales de los Estados Unidos durante el resto de los años 1940, la rama más pequeña de los socialistas perdió terreno contra los comunistas. El PS retuvo la mayor fuerza entre los obreros del cobre, transporte público, ferrocarriles, obreros textiles y de productos químicos, mientras el PCCH dominó en los sindicatos del salitre, del carbón, de la construcción, portuarios, panaderos y sindicatos industriales dispersos.

La elección presidencial extraordinaria para reemplazar a Ríos demostró la metamorfosis política desde las luchas ideológicas y sociales en los años 1930 a las maniobras políticas oportunistas para la ventaja partidaria en los años 1940. Un radical del ala de izquierda, por mucho tiempo considerado un instigador y amigo del PCCh, Gabriel González Videla, revivió, en la atmósfera optimista de postguerra, las promesas y expectativas reformistas de 1938. Los comunistas se unieron entusiastamente a su campaña y la mayoría de los socialistas, aunque respaldando oficialmente a su Secretario General, Bernardo Ibáñez Aguila, para evitar una alianza formal con el rival PCCh, también terminaron votando por González Videla. Los conservadores contraatacaron con el representante social cristiano Eduardo Cruz Coke, respaldado por la reformista Falange, mientras los liberales trataron de capitalizar el más duradero nombre familiar en política, nominando al hijo de Arturo, Fernando Alessandri Rodríguez.

Sin embargo, un sentimiento de enfermedad política se reflejaba no solo en la fragmentación de los partidos y la escasez de opciones nuevas, sino también en la escasa concurrencia de votantes a las urnas. Mientras el 88% de los inscritos votó en 1938 y el 80% en 1942, solamente el 76% se molestó en hacerlo en 1946. La atracción decreciente de las políticas del Frente Popular también se evidenció cuando González Videla solamente a duras penas obtuvo 40% de los votos sobre el 30% de Cruz Coke, 27% de Alessandri, e Ibáñez 3%. Si los conservadores, liberales y la Falange hubieran levantado un solo candidato, la Derecha posiblemente hubiera ganado. Como en 1938, el candidato de la Izquierda tenía que caminar en la cuerda floja desde la elección hasta la proclamación. González Videla aseguró su certificación parlamentaria garantizándoles a los liberales, quienes tenían tantas probabilidades de ser patrones

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de fundo latifundistas como los conservadores, nuevas restriccio-nes legales a la sindicalización campesina, las que duraron hasta 1967. También unió la administración más extravagante de la his-toria chilena, con liberales en el gabinete junto con comunistas y radicales.

Como resultado de estos compromisos políticos, González Videla archivó su promesa de campaña de transformar a Chile desde 'una democracia política' en una 'democracia económica'. En su lugar, promovió la industrialización, la modernización tecnológica en la agricultura y mejoró el transporte, todo mediante la intervención del Estado y la expansión del sector público. La participación del Gobierno en el ingreso y gastos nacionales creció aún más bajo González Videla que lo que habían sido bajo Aguirre Cerda y Ríos, subiendo desde 16% en 1945 a 18% en 1950. Sin embargo, el ritmo de la expansión industrial se hizo más lento y las tasas de producción real del crecimiento general y el ingreso per capita real cayeron por debajo de los niveles del período de la guerra. Desde una base 100 en 1938, el índice general de precios escaló a 238 en 1946 y se aceleró hasta 417 en 1949, intensificándose la baja del ingreso nacional real de los trabajadores. La inflación aumentó por una producción inadecuada de la agricultura como por el déficit del gasto del Gobierno para la industria manufacturera y la clase media.

Se entrelazaron aún más los vínculos económicos con Estados Unidos, ya que la productividad en el sector minero y los precios por los minerales, especialmente cobre, escalaron a nuevas alturas. El total de ingresos por exportaciones subió desde $329 millones de dólares en 1938 a $406 millones en 1945 y a $547 millones en 1952, mientras el total de gastos por importaciones fue de $240 millones de dólares a $430 millones. Hacia fines de la era radical, el comercio exterior de Chile se había casi recuperado del impacto de la depresión. La inversión extranjera -aproximadamente el 70% de Estados Unidos- también se incrementó durante el período de postguerra, subiendo de $847 millones de dólares en 1945 a $1.025 millones en 1952; los préstamos extranjeros a CORFO continuaron promoviendo la industrialización.

La dependencia de Estados Unidos cada vez más profunda -ahora presionando a Latinoamérica para que se enlistara en una gue-

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rra fría global- ayudó a que González Videla se pusiera en contra de los comunistas y de sus aliados sindicales. El alejamiento de la izquierda también reflejaba el creciente conservadurismo de la clase media y el Partido Radical. Los sectores medios prefirieron cada vez más usar el Estado burocrático más que las coaliciones multipartidistas y la cooperación con la fuerza laboral para pro-curar sus intereses y dar protección contra la inflación. Muchos en los estratos medios -especialmente en los niveles más ricos y en los profesionales- llegaron a considerar más favorablemente la cooperación con las elites tradicionales, la Derecha y los Estados Unidos.

Los gobiernos radicales de los años 1940, especialmente la ad-ministración de González Videla, continuó beneficiando a la clase media mucho más que a los obreros. Aunque varían las cifras precisas, los mejores cálculos para la era radical están de acuerdo en la creciente distribución regresiva del ingreso. De acuerdo con un cálculo, el ingreso nacional real subió 40% desde 1940 a 1953, el ingreso real de la clase alta subió un 60%, el de la clase media 46%, y el de los obreros solamente un 7%. Otro cálculo del período entre 1940 a 1957, concluye que el ingreso per cápita de la clase alta escaló de 12 a 14 veces más que el de los obreros. El Partido Radical mismo estimó que el salario promedio mínimo de un obrero de fábrica compraba 9 kilos de pan en 1938 y 11 kilos en 1950, mientras el sueldo mensual promedio de un empleado compraría 292 kilos en 1938 y 633 en 1950. En verdad, los salarios reales promedio para los obreros industriales, medidos en escudos de los arios 1950, mejoraron solo levemente entre la la Guerra Mundial y los arios 1960: 30,4 escudos entre 1914-1916; 26,9 entre 1938-1940; 32,3 entre 1951-1953; y 34,0 entre 1960-1961. A pesar de las mínimas ganancias, a los obreros en las fábricas y las minas les iba mucho mejor que a sus contrapartes en los servicios o en el campo, quienes vieron hundirse sus salarios después de la 2a

Guerra Mundial. Los salarios anuales reales promedio para un trabajador manual creció de 4.451 pesos en 1940 a 6.304 en 1952, en la industria, y de 9.024 a 10.499, en la minería; mientras que en los de los servicios cayó de 3.489 a 2.613 y a los del campo, de 3.422 a 2.824 pesos, resultando el promedio del aumento total de salarios por obrero una mísera alza de 4.353 pesos en 1940 a 4.361 en 1952. Durante el mismo período, el sueldo promedio para los

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empleados escaló de 11.011 pesos a 16.811. Hacia fines de los arios 1940, aproximadamente el 70% de la población activa aún recibía menos que el ingreso mínimo definido por el Gobierno" como ne-cesario para la supervivencia.

Para continuar subsidiando a la clase media y los altos costos de la industria, González Videla frenó las crecientes protestas de postguerra de los partidos marxistas y del movimiento laboral organizado. Durante sus primeros meses en la administración, los comunistas hicieron rápido progreso en el frente laboral, encabezando las demandas de los sindicatos y renovando la organización de los campesinos*. También se aseguraron el 17% de los votos en las elecciones municipales de 1947, lo que se compara con el 10% conseguido en las elecciones parlamentarias de 1945, fue el triple de su conteo en las elecciones municipales de 1944. Los grupos económicos y políticamente conservadores llevaron entonces el tema de su incesante campaña para convencer a los radicales de que se deshicieran de sus socios marxistas al punto que debía tomarse una decisión. Cada gobierno, en los arios 1940, se había inclinado un poco más hacia la Derecha que el prece-dente. Los radicales finalmente transigieron completamente a las presiones derechistas porque estaban perdiendo votos, mientras el PCCh, estaba ganándolos. Además deseban adelantarse a cualquier conspiración militar contra el Gobierno, echando a los comunistas. Los años de participación del Estado en el crecimiento del sector moderno habían tejido una red de intereses comunes entre los propietarios ricos y los líderes radicales, muchos de los cuales habían sido siempre aprensivos de la colaboración con los comunistas. Se tomó la decisión de poner al PCCh fuera de la ley y de sofocar las demandas de la fuerza laboral urbana y rural en un período de incerteza económica. En especial, durante la recesión

11 La mayoría de estas cifras están sacadas de Héctor Varela Carmona, Distribución del ingreso nacional en Chile a través de las diversas clases sociales Panorama Económico, 12.no 199 (1959), pp.61-70, idem, 'Distribución del ingreso nacional; Panorama Económico 13, no 207 (1959) p.405, Flavián Levine B. y Juan Crocco Ferrari, 'La población chilena; Economía, 5 no 10-11 (1944), pp.31-68, Partido Radical, 14 arios de progreso, 1938-1952 (Santiago, 1952), esp.pp. 37-47; CORPO-RACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, Geografia Económica de Chile. 4 vols. (Santiago, 1957); Markos J. Mamalakis, Historical Statistics of Chile, 2 vols. (Westport,Conn., 1979,1980), vol. 2, p.315, Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, un caso de desarrollo frustrado (Santiago, 1962), pp.136-9,185-198.

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de 1947, se convirtió atractivo para el Gobierno reprimir la interfe-rencia laboral mediante una política de industrialización dependiente de la cooperación de Estados Unidos. Esto también permitió al gobierno controlar las presiones inflacionarias a expensas de los obreros.

En abril de 1947, los comunistas fueron expulsados del gabinete y el rompimiento final entre González Videla y los comunistas llegó en agosto. Ellos se vengaron con protestas y huelgas, especialmente en las minas de carbón, las que el Gobierno enfrentó desplegando las tropas. Cuando los grupos derechistas, especialmente la organización paramilitar Acción Chilena Anticomunista, pidió medidas más duras, González Videla, en abril de 1948, prohibió la existencia del PCCh bajo la nueva Ley de Defensa de la Democracia y rompió relaciones con la Unión Soviética, Yugoeslavia y Checoeslovaquia. Aunque González Videla se volvió contra el Partido Comunista, principalmente debido a consideraciones políticas y económicas locales, las presiones ideológicas de la Guerra Fría y los alicientes financieros de Estados Unidos contribuyeron a dicha decisión. Después de que el Partido Comunista fue declarado ilegal, un Gobierno de Estados Unidos, agradecido, aumentó sus préstamos, inversiones y misiones técnicas y también firmó un Pacto de Ayuda Militar con Chile.

Mientras los comunistas se iban a la vida clandestina -donde operaron por una década- los divididos socialistas continuaron complicados, buscando nuevos liderazgos, estrategias y popularidad bajo la guía del nuevo Secretario General, Raúl Ampuero Díaz, quien reavivó el compromiso ideológico del Partido con el marxismo revolucionario. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 1949, en las cuales votaron por primera vez las mujeres, las fracciones combinadas del PS consiguieron sólo el 9% de los votos; los radicales 28% y la Derecha 42%. Un grupo de partidos minoritarios dio cuenta de los otros votos.

Al término de la era radical, la mayoría de los chilenos estaban desen-cantados con las políticas del Frente Popular. Las contradicciones de los arios 1940 habían culminado con la administración de González Videla: un Presidente que había prometido elevar a los obreros y asegurar la 'independencia económica; había terminado suprimiendo

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la fuerza laboral y abrazando a Estados Unidos. Desilusionados con los desgastados programas y eslóganes de los partidos, los chilenos buscaron nuevas opciones políticas en los arios 1950.

Las estrategias de desarrollo populista habían probado ser sostenibles durante los años 1930 y 1940. La industrialización sustitutiva de importaciones satisfizo a los industriales con protección y crédito. Aunque atemorizados, los agricultores dieron la bienvenida a la expansión de los mercados urbanos, bajos impuestos y control sobre la sindicalización rural. La clase media y las Fuerzas Armadas apreciaron el crecimiento del Estado y el nacionalismo moderado, mientras los más capacitados y organizados obreros urbanos recibieron beneficios de consumo, bienestar y sindicalización superiores a los acordados con otros grupos de la clase baja. Estas asignaciones postergaron cualquier otro enfrentamiento respecto a los limitados recursos e hicieron que la Derecha y la Izquierda estuvieran temporalmente dispuestas al compromiso. La institucionalización y acomodación política, que prevalecieron frente a la movilización y la polarización, se debieron a que la falta de organización de los pobres en las ciudades, y especialmente, en los campos, los mantuvo eficazmente excluidos. Ninguno de los Gobiernos de la coalición reformista montó siquiera algún ataque a los privilegios fundamentales de los oligopolistas locales o extranjeros y los obstáculos serios al desarrollo fueron dejados intactos. Aunque operando a través de mecanismos partidarios distintos, las políticas chilenas produjeron pocos cambios económicos o sociales que variaran de los patrones generales de Latinoamérica. En el crepúsculo de la era radical, las estrategias de desarrollo populista y las políticas del Frente Popular perdieron su dinamismo. Llegaron a ser consideradas por la Derecha como un impedimento para el crecimiento económico no inflacionario y, por la Izquierda, como un desvío del cambio estructural esencial.

El retorno de Ibáñez, 1952-1958

En los años 1950, se estaban trazando nuevas líneas de batalla entre ideologías aparentemente incompatibles y sus alternativas sociales. En la Izquierda, resurgían un marxismo militante para la construcción del socialismo desdeñándose hacer alianzas con los partidos centristas. Igualmente, los entusiastas demócrata-cristia-

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nos desplazaban a los radicales en el Centro y ofrecían propuestas de reformas comunitarias que bisectaban los polos del comunismo y del capitalismo. Y la Derecha gradualmente estrechaba filas en defensa de las visiones de reconstrucción neocapitalistas y semi-corporativas. Las tres alternativas usaron el tiempo de la Presidencia personalista de Carlos Ibáñez (1952-1958) para reivindicar firmemente sus nuevas posiciones para el futuro combate electoral, el que resultaría en una victoria para la Derecha en 1958, para el Centro en 1964 y para la Izquierda en 1970, después de lo cual los militares rechazarían toda competencia democrática. La segunda presidencia de Ibáñez, entonces, sirvió como el último aliento de las políticas del pasado y el semillero para las políticas del futuro.

Las nuevas direcciones tomadas por los partidos, en los años 1950, correspondían a los cambios significativos en el terreno político, social y económico. Bajo Ibáñez, se hizo evidente que la industrialización sustitutiva de importaciones estaba demasiado presionada para trascender la etapa de reemplazar los bienes de consumo ligeros del extranjero o para proporcionar el empleo, productividad e independencia nacional esperada de ella. A medida que el crecimiento de la población y de las ciudades aumentaba, los migrantes del campo a la ciudad, los obreros agrícolas y las mujeres emergían como fuerzas sociales y políticas de mayores consecuencias. El exiguo electorado anterior se había expandido enormemente, principalmente debido a que el derecho dado a las mujeres alentó nueva vida a los partidos derechistas y de Centro. El porcentaje de la población inscrita para votar en las elecciones presidenciales subió de aproximadamente 10%, en los arios 1930 y 1940, a 18% en 1952, y 21% en 1958. Este crecimiento fue también el resultado de mejorar el alfabetismo, además las reformas electorales de 1958, que introdujeron un nuevo sistema de voto secreto junto con fuertes multas por abstención o fraude. Como en otras partes de Latinoamérica, la intensificación de la competencia fuertemente politizada sobre recursos debilitados redujo la probabilidad de coaliciones populistas amplias, sobrecargó las delicadas instituciones políticas y, aparentemente, empujó a Chile hacia un juego suma-cero**. Como los radicales, Ibáñez entró a su cargo como

** N. del T. Un juego o situación en que la ganancia de uno implica para el otro la pérdida exacta de la ganancia del otro, produciéndose un balance de ganancia/ pérdida.

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un reformador, gobernando con apoyos izquierdistas y salió de él como conservador, rodeado de grupos derechistas, desechando su programa que aunaba nacionalismo económico y justicia social. Aunque las crisis de después de 1958 no eran inevitables, la falta de atención del Presidente Ibáñez a problemas enconados, convirtió las demandas posteriores por cambios largamente esperados, en un asunto prácticamente inmanejables.

En la campaña presidencial de 1952, el veterano Ibáñez*** posó como una alternativa personalista a las políticas de caprichos prac-ticadas por los partidos existentes. Esgrimiendo el símbolo de una escoba, prometió barrer con los sinvergüenzas, representar a todos los chilenos por encima de la militancia mezquina de los partidos, detener la inflación y defender la soberanía económica. Así, el 'General de la victoria' atrajo una ola de personas descontentas pertenecientes a la clase media y obrera. Sin embargo, su único apoyo partidario firme provino del pequeño Partido Agrario Labo-rista y de la fracción de los Socialistas de Ampuero, el que atraído por modelo peronista*, esperaba usar la atracción nacionalista y mística de Ibáñez para recapturar las masas para la Izquierda. En su momento de auge, el ex dictador logró el apoyo desde todos los puntos del espectro político y terminó primero con el 47% de los votos. Su fuente más sorprendente de apoyo electoral provino de los trabajadores agrícolas y de sectores marxistas, a medida que la Izquierda reunía nuevas adhesiones en el campo con demandas porreforma agraria.

Ibáñez fue seguido en las urnas por el candidato conservador-li-beral Arturo Matte Larraín (28%), Pedro Enrique Alfonso Barrios, de los radicales (20%) y del socialista disidente Salvador Allende Gossens (5%), ex Ministro de Salud de Aguirre Cerda. El esfuerzo simbólico de Allende significó desplegar la bandera de la unidad socialista y comunista contra los reformadores centristas, orienta-ción que se convertiría en la estrategia de la Izquierda después de que el enamoramiento con Ibáñez se desvaneció y la prohibición del Partido Comunista fue revocada. En lugar de coaliciones he-

*** N. del T. Recordando que al General Carlos Ibáñez lo apodaban 'caballo Ibáñez; aquí se puede haber producido un juego de palabras en inglés, ya que la expresión warhorse puede traducirse como caballo de guerra o, en términos coloquiales, como veterano.

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terogéneas (clases media y obrera) detrás de programas de indus-trialización, los marxistas comenzaron a enfatizar la movilización de los trabajadores urbanos y rurales en pos de demandas socialistas por cambios sociales y económicos.

El rejuvenecimiento de la Izquierda fue alimentado por el fracaso del Presidente Ibáñez en remediar la dependencia económica, la estagnación, la inflación y la pobreza de la clase obrera. Aunque asumiendo la postura de un nacionalista económico capaz de hacer crecer el resentimiento contra la influencia de Estados Unidos, Ibáñez trató fundamentalmente de liberalizar el comercio y contener la inflación. Enfrentado a una declinación de los ingresos provenientes de las exportaciones y al alza de los precios locales, comenzó a retornar a la ortodoxia económica que sería acelerada por su sucesor, Jorge Alessandri. Trató de reducir el énfasis en la industria y restauró algunos incentivos para la minería y la agricultura. Aunque los precios del cobre se dispararon brevemente durante la Guerra de Corea, después de 1946, la tendencia general decayó en la producción de minerales y en el empleo; la participación de la fuerza laboral en la minería cayó del 6% en 1940 al 4% en 1960. En los años 1950, las importaciones crecieron más rápidamente que las exportaciones, pavimentando el camino para déficits y endeudamientos subsecuentes. Ibáñez trató de resucitar la minería revirtiendo las políticas gubernamentales discriminatorias de los quince arios previos y entrando, en 1955, en un 'Nuevo Trato' New Deall con las compañías cupríferas rebajándoles las tasas de impuestos a las firmas de Estados Unidos con el fin de estimular las inversiones y las ventas. Sin embargo, durante lo que quedaba de la década, las exportaciones de cobre subieron sólo marginalmente, se materializaron pocas nuevas inversiones y el resultado primario fue ganancias más altas para las empresas cupríferas de Estados Unidos, Anaconda y Kennecott. Ibáñez hizo intentos semejantes para revigorizar la industria salitrera. No obstante, fue el cobre y su dependencia externa el centro de atención. En 1958 cada centavo de baja en el precio mundial de cobre reducía las ganancias chilenas en 7 millones de dólares.

La agricultura también permaneció estancada. La productividad por trabajador declinó 20% bajo Ibáñez, ya que la agricultura llegó a dar cuenta solamente del 12% del PIB. La brecha resultante en-

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tre oferta y demanda incrementó las importaciones de alimento y elevó los precios. La proporción de la población activa en la agricultura cayó desde 37% en 1940 a 31% en 1960, instante en que los trabajadores agrícolas recibían solamente un 11% del total de salarios pagados en Chile. Después de caer en un 18% de 1940 a 1952, los salarios reales para los trabajadores agrícolas se hundieron en otro 38% entre 1953 y 1960. Muchos de aquellos trabajadores que habían roto finalmente con la sujeción de sus patrones para votar por Ibáñez en 1952, giraron hacia los marxistas o demócrata-cristianos, quienes prometían replantear el tema de la propiedad rural y de las relaciones de poder.

La estanflación**también afectó a la industria. Mientras la producción industrial por habitante había crecido 6% anualmente durante los años 1946 a 1952, subió menos de 1% anualmente desde 1953 a 1959. La industrialización sustitutiva de importaciones se retardó cuando Ibáñez no le dio a la industria manufacturera el apoyo para sus esfuerzos de ir más allá del reemplazo de bienes livianos de consumo. Cuando este sector de la economía perdió su energía, los chilenos se dieron cuenta de que no había traído ni la prosperidad prometida ni la independencia económica, especialmente dada la fuerte dependencia de la industria manufacturera en materias primas importadas, equipamiento, tecnología y capital. La sustitución de importaciones había fracasado también en absorber la fuerza laboral creciente -el empleo industrial solamente creció de un 17% de la población activa en 1940 a un 18% en 1960-. Consecuentemente, muchos intelectuales chilenos comenzaron a abogar por la nacionalización y la redistribución -la transformación de los patrones de la propiedad y de los ingresos-en lugar de la mera subsidiarización a la industria manufacturera local. Estos críticos observaron que el ingreso per capita había crecido solamente 1,4% anualmente entre los años 1940 a 1960 y que la brecha con los poderes industriales no se estaba cerrando. El ingreso per capita en 1954 en Chile todavía era menos de $150 comparado con cerca de $2.000 en Estados Unidos. También criticaban el apoyo a la industria oligopólica de alto costo, sobre la base de que contribuía a la inflación.

** N. del T. Proceso económico en que se une durante un período una baja actividad económica, un alto desempleo y una alta inflación.

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Una razón clave para la reducción de la velocidad industrial durante Ibáñez fue, en efecto, el ataque contra la inflación. Basado en recomendaciones de la misión Klein-Saks, la administración restringió el gasto público, el crédito y las emisiones monetarias e impuso techo en los precios, sueldos y salarios. También levantó algunos controles sobre el tipo de cambio y el comercio. Estas drásticas medidas redujeron el alza en el costo de la vida de 88% en 1955 a 38% en 1956. También gatillaron la peor recesión desde la depresión, convenciendo a muchos economistas chilenos de que la inflación era necesariamente concomitante con el crecimiento y que la medicina para la estabilización económica era enemiga del desarrollo nacional. Esta controversia calentó el debate entre los 'estructuralistas' que estimaban que a la inflación endémica radicaba principalmente en la dependencia del comercio extranjero, los modos arcaicos de producción (especialmente en la agricultura) y las luchas políticas por obtener la generosidad gubernamental para los arraigados intereses creados, y los `monetaristas; que atribuían el alza de precios principalmente a causas financieras clásicas como la expansión monetaria y el déficit en gasto. Mientras los primeros, con gran influencia entre los demócrata-cristianos y los marxistas, argumentaban a favor de la transformación de las atrasadas estructuras económicas en lugar de apretarse el cinturón, los otros, que tenían mayor influencia en Ibáñez y la Derecha, sostenían que tendría que demorarse el desarrollo hasta que las prácticas financieras fueran saneadas y revisados los incrementos en sueldos y precios. Aunque la tasa de inflación bajó a un 17% en 1957, rebotó a 33% en 1958, mientras el crecimiento económico y el ingreso per capita continuó bajando. En medio del debate acerca de si la estabilidad y el crecimiento eran compatibles o conflictivos, Chile no estaba gozando ninguno.

El fracaso resonante de las políticas económicas de Ibáñez produjo un aumento en el descontento social. De acuerdo con un cálculo de los arios de 1953 a 1959, el crecimiento económico más lento drenó la porción de ingreso nacional de los obreros de 30% a 26% y el de la clase media de 26% a 25%, mientras que la participación de los propietarios, banqueros y altos ejecutivos subió de 44% a 49%. En respuesta a su menguante poder de compra y la baja en el empleo (la cesantía subió del 4% a 10% en Santiago entre 1952 a 1958), los obreros manifestaron su descontento en las urnas y en

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agitación. Principalmente en protesta contra el abismo creciente entre los ingresos de los obreros y el costo de la vida, las huelgas escalaron desde un promedio de 85 por año, en el período de 1939 a 1946, a 136 por año, entre 1946 a 1952 y a 205 por año, durante el período de Ibáñez. Aunque todavía concentrado en las ciudades y las minas, tal activismo laboral penetró en forma creciente en el campo. Al mismo tiempo, las 'poblaciones callampas o campamentos' [squatter slums] proliferaron a medida que los migrantes rurales-urbanos llegaban por montones a las áreas metropolitanas, especialmente Santiago, creando presiones crecientes por representación parlamentaria, empleo y vivienda. La insatisfecha demanda en viviendas, tanto para la clase obrera como para la clase media, llevó a Ibáñez a crear una Corporación de Vivienda gubernamental, pero un cálculo para 1960 colocaba el déficit de viviendas aún en más de 500 mil unidades. Una encuesta razonablemente científica de los residentes de Santiago en 1957, indicó la escasez de viviendas y de dinero como las preocupaciones principales de los habitantes, la mayoría de quienes sentían que su estándar de vida se estaba deteriorando y no había probabilidades de mejorar

12. De este modo, Ibáñez dejó la presidencia

con males sociales acumulados y complejos, desigualdades y quejas sin respuesta, llamando la atención de los nuevos competidores políticos.

Había habido, por supuesto, un considerable progreso en las décadas transcurridas desde la depresión. Por ejemplo: la esperanza de vida al nacer había subido de 41 años en 1932 a 57 en 1960, la cantidad de proteína per capita había subido de 69 gramos, antes de la 2a Guerra Mundial, a 80 gramos, hacia fines de 1950. El alfabetismo entre las personas de 15 años o más había subido de 75% en 1930 a 80% en 1952 y 84% en 1960; y la matrícula en el sistema escolar había escalado de 743.125 en 1940 a 958.958 en 1950 y a 1.506.287 hacia 1960. Los chilenos, en 1950, tenían un justificado orgullo por tener una de las poblaciones mejor educadas y con más salud en uno de los más democráticos países en el hemisferio. Sin embargo, ellos también miraban con aprensión a los cientos de miles de

12 Información tanto de la encuesta como también de otros aspectos del segundo período de Ibáñez pueden encontrarse en Federico G.Gil, The Political System of Chile (Boston, 1966).pp.28-31

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obreros y campesinos a quienes décadas de promesas incumplidas habían dejado inmersos en la miseria. Desde las 'poblaciones callampas' urbanas y las chozas rurales, estaban naciendo presiones renovadas e intensificadas sobre el orden político heredado. La desilusión de los arios de los radicales y del retorno de Ibáñez, convenció a muchos chilenos de que se requerían remedios más amplios y drásticos. Como resultado de ello, el apoyo electoral se alejó de Ibáñez y fluyó hacia los demócrata-cristianos y los marxistas, quienes ofrecían nuevos conceptos de reformas a las masas.

Dos grupos escindidos del Partido Conservador, la Falange y los Social Cristianos, se fusionaron y fundaron el Partido Demócrata-Cristiano (PDC) en 1957. Exudando juventud y dinamismo, atrajeron a nuevos partidarios con su unión innovadora con un mensaje católico atractivo y reformador. Energizados por el magnetismo personal de Eduardo Frei Montalva, los demócrata-cristianos comenzaron a desplazar a los radicales como partido centrista dominante. Esta alza reflejaba los contornos de la cambiante sociedad chilena, a medida que lograban partidarios significativos en la clase media, los pobres urbanos recién llegados, los trabajadores agrícolas y las mujeres.

Los partidos marxistas lograron un éxito aún mayor, que el que habían tenido en los arios 1930, con un movimiento sindical nacional unificado. Considerando los estragos de la inflación, los principales sindicatos laborales reemplazaron la difunta CTCh por la Central Única de Trabajadores (CUT), en 1953. Dentro de este conglomerado de obreros y de empleados, de sindicatos marxistas y no marxistas, los socialistas, y especialmente los comunistas, rápidamente tomaron el mando, primariamente sobre la base de su apoyo permanente en los antiguos sindicatos de la minería, construcción e industria manufacturera. Entre 1956 y 1957, los socialistas y comunistas formaron una alianza electoral conocida como el Frente de Acción Popular (FRAP). Este nuevo enfoque surgió de la campaña presidencial experimental de Allende en 1952 y del consiguiente llamado socialista por un Frente de los Trabajadores. El FRAP rechazó las coaliciones dominadas por las clases alta o media, la Derecha o el Centro, y, en su lugar, enfatizó una dedicación más intensa a los trabajadores urbanos y rurales y a los programas socialistas para una nacionalización y redistribución radicales.

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El escenario fue dispuesto para la elección presidencial de 1958 por las elecciones parlamentarias de 1957. Las varias fracciones socialistas aumentaron su participación en los votos desde un 10% en 1953 a 11%, mientras el voto de los demócrata-cristianos saltó de 3% a 9%. Con el desvanecimiento de la popularidad de Ibáñez, los radicales vieron incrementada su votación de 14 a 22%, los conservadores de 10% a 18% y los liberales de 10% a 15%. Siguien-do la reunificación de los socialistas y la re-legalización de los co-munistas, inmediatamente después de las elecciones de 1957, la Izquierda se unió con el Centro y la Derecha al abrigar grandes ex-pectativas para 1958. Los conservadores y liberales se apoyaron en la reputación familiar del austero hombre de negocios, Jorge Ales-sandri Rodríguez, hijo del fallecido Arturo. En el Centro, los radi-cales nominaron a Luis Bossay Leiva, y los demócrata-cristianos, a Eduardo Frei Montalva. El FRAP, apoyado por algunos partidos pequeños e ibañistas*, hicieron campaña por Allende.

Alessandri ganó la elección presidencial de 1958 con el 31,2% de los votos. Allende, abogando más que cualquier otro candidato anterior de la historia chilena por una mayor intervención del Es-tado para reestructurar la economía y la sociedad nacional, obtuvo 28,5% de los votos, rozando la victoria. Si no hubiera sido por Antonio Zamorano, un ex sacerdote y diputado del FRAP, con par-tidarios entre los pobres, quien sacó un 3,3% de los votos, y no hu-biera votado solamente el 22% de las mujeres en comparación con el 32% de los hombres por el FRAP, Allende podría haber ganado fácilmente. El impresionante resultado izquierdista, incluyendo a territorios del adversario en los distritos rurales, los convenció de mantener su enfoque independiente y alertaron a Estados Unidos sobre la posibilidad de un presidente marxista elegido democráti-camente en las Américas. La elección de 1958 también estableció los patrones para el futuro al definirse más claramente las opciones electorales en tres campos ideológicos importantes, revelando un fuerte sesgo de clase detrás de estas tres posiciones y estableciendo a los demócrata-cristianos, cuyo candidato, Frei, recogió 20,5% de los votos, como los sucesores de los centristas radicales, quienes obtuvieron solamente 15,4%. Por primera vez, desde 1932, eran los partidos históricos de la Derecha quienes ocupaban la presidencia. La era de las políticas del Frente Popular y del po-

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pulismo había terminado. Comenzando 1958, Chile se convirtió en un laboratorio para los modelos contemporáneos de desarrollo, con cada uno de los tres campos políticos -Derecha, Centro e Izquierda- ocupando su turno en el poder hasta que, en 1973, momento en que las Fuerzas Armadas impusieron sus propias soluciones para los problemas económicos, sociales y políticos.

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4 Chile desde 1958

Desde 1958, Chile había sido gobernado por cuatro administraciones (tres elegidas, la cuarta y más larga impuesta por un golpe de Estado), profundamente diferentes en sus ideologías y fines políticos, base social y políticas económicas. El gobierno de Jorge Alessandri, elegido en 1958, era conservador y pro-empresarial. Su apoyo provenía del sector privado de la economía, de los propietarios de tierras (y del sustancial voto campesino que aún controlaban), de sectores de los pobres urbanos, quienes aún ignoraban a los partidos marxistas (socialista y comunista) y a los demócrata cristianos, y de la clase media urbana, desilusionada con los radicales, quienes habían dominado la vida política desde el Frente Popular de 1938 hasta la elección de Ibáñez en 1952, y no habían sido desplazados aún por los demócrata-cristianos. Alessandri se mostró incapaz de tratar con los persistentes y crecientes problemas económicos de Chile y, en 1964, Eduardo Frei Montalva, un demócrata-cristiano, fue elegido presidente.

Prometiendo una 'revolución en libertad" el Partido Demócrata Cristiano (PDC) ofreció una modernización económica combinada con justicia social y reforma, junto con la búsqueda de armonía entre las clases sociales. Aunque el PDC gozó de un apoyo electoral y parlamentario (aunque sin mayoría en el Senado) casi sin precedentes, las contradicciones producidas al tratar de conseguir todos esos objetivos, unidas a un creciente conflicto ideológico y lucha política, resultaron demasiado fuertes incluso para los capacitados tecnócratas que llegaron al aparato estatal. La amenaza de mayores reformas y el colapso electoral de la Derecha en 1965 empujó a los divididos partidos del ala derechista, liberales y conservadores, a unirse en un nuevo e influyente Partido Nacional. Al mismo tiempo, el creciente conflicto social y el desafío planteado por el PDC empujó a los frecuentemente discordantes Partidos Socialistas y Comunista al fortalecimiento -y ampliación- de su

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frágil alianza; el Frente de Acción Popular (FRAP) formó el eje de una nueva coalición de seis partidos de la Izquierda, la Unidad Po-pular (UP). El PDC, atrapado entre las ahora más fuertes Derecha e Izquierda y debilitado por pequeñas pero perjudiciales deserciones de sus filas, ofreció una profunda auto-crítica en su programa electoral de 1970 y escogió como su candidato al de sensibilidad más izquierdista** Radomiro Tomic, quien prometió acelerar las reformas implementadas parcialmente por la administración PDC saliente. El Partido Nacional nominó al ex Presidente Alessandri con un programa que enfatizaba la autoridad, la ley y el orden. La coalición de la UP escogió, aunque con un forcejeo inapropiado, al Senador Salvador Allende para enfrentar su cuarta campaña presi-dencial en un programa de profundos cambios económicos, polí-ticos y sociales. Allende fue elegido por un estrecho margen sobre Alessandri. Las tareas que Allende encaraba eran más formidables que las de sus predecesores y el apoyo que tenía era mucho menos firme. El gobierno de Allende no fue de ningún modo el único poco hábil para tratar con los problemas económicos de Chile, especialmente la inflación. Sin embargo, la polarización política e ideológica y el conflicto alcanzaron niveles de tal intensidad que ningún sistema político constitucional podía sobrevivir. La inter-ferencia de Estados Unidos complicó los problemas de Allende y, sin duda, hubo errores graves de liderazgo político. El quiebre de la democracia ocurrió el 11 de septiembre de 1973 con un brutal Golpe de Estado militar.

Una Junta Militar, cuyo liderazgo pronto asumió el General Au-gusto Pinochet, el último Comandante en Jefe del Ejército en el gobierno de la UP, combinó el autoritarismo político con una eco-nomía guiada por los preceptos de la escuela monetarista de eco-nomía, un retorno al imperio de las fuerzas del mercado después de un largo período de dirección estatal de la economía. Dados los experimentos previos, éste enfrentó los obstáculos que habían agobiado a los gobiernos recientes -excesiva dependencia de los ingresos producidos por las exportaciones de cobre, un nivel muy alto de deuda externa, un nivel muy bajo de inversiones en activi-

** N. del T. Radical es el término usado en el original, pero se cambia para no confundirlo con ser miembro del Partido Radical, sino para mostrar su posición más izquierdista dentro del PDC.

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dades productivas y un nivel muy bajo de productividad en la agri-cultura-. La economía se recuperó a fines de los arios 1980, gracias a una administración macroeconómica cuidadosa y a precios internacionales favorables. Esta recuperación, sin embargo, debe verse a la luz de dos recesiones severas y un alto costo social. Incluso la recuperación económica no pudo contrarrestar la pérdida de apoyo popular y una creciente oposición activa y movilizada. En un plebiscito sostenido en octubre de 1988, solamente el 43% del electorado votó que el Presidente Pinochet siguiera en el cargo por otros ocho años, mientras que el 55% se opuso.

Cambio social e inestabilidad económica

En 1960, Chile tenía una población de 7,6 millones; había subido a 11,7 millones en 1983 y a 12,5 millones en 1987. La mayor parte del crecimiento de esta población fue absorbida por las ciudades, incrementándose la población urbana de 68% a 82%. La población de Santiago, que se había duplicado entre 1952 y 1970, cuando llegó a 2,8 millones de habitantes, volvió a hacerlo en 1983 cuando alcanzó a más de 4 millones.

La agricultura contribuyó con el 13,2% al producto interno bruto (PIB) en 1950, 10,1% en 1960, una baja a 7,1% en 1981 y 8,6% en 1986. Mientras el 25,7% de la población económicamente activa estaba empleada en la agricultura en 1967, en 1980 esta cifra había caído a 16,3% aunque volvió a subir a 20,6% en 1987 en concor-dancia con la expansión de las exportaciones agrícolas que generó más empleo rural

1. El poder político tradicional de los propietarios

de tierras declinó fuertemente a medida que avanzaba el proceso de reforma agraria, comenzado en una manera muy suave bajo Alessandri, acelerado con una nueva ley y la legalización de los sindicatos agrícolas bajo Frei. Virtualmente, todos los latifundios fueron expropiados bajo el gobierno de la UP. La lucha de los pro-

1 Las estadísticas chilenas constituyen una veta. Este capítulo se apoya fuertemente en el Informe del Banco Mundial, Chile: An Economy in Transition (Washington, D.C., 1980), [Una economía en transición] Markos Mamalakis, The Growth and Structure of the Chilean Economy [El crecimiento y la estructura de la economía chilena] (New Haven, Conn., 1980) y, en especial, Estudios CIEPLAN. Es difícil construir series debido a los cambios en los métodos oficiales de cálculo, no siendo menos para los incrementos de precios. Además, la agencia oficial de planificación, ODEPLAN, cada cierto tiempo revisa sus cálculos pasados.

169

pietarios para bloquear la Reforma y la creciente demanda cam-pesina por la redistribución de tierras transformó un mundo rural generalmente pacífico en uno de agudos conflictos políticos y de clases sociales entre 1967 y 1973.

Aunque la estructura social de Chile llegó a ser cada vez más urbana, el empleo en las empresas de la industria manufacturera moderna generó solamente una proporción relativamente pequeña del empleo total. La industria manufacturera, que contribuía con el 21,9% del PIB en 1950, incrementó su participación a 24,7% en 1970, pero cayó a 20,6% en 1986; y la proporción de la población económicamente activa en la industria manufacturera declinó de 18% a mediados de los años 1960, a 16% en 1980 y a 13,6% en 1987. Además, la mayor parte de los obreros no estaban empleados en las grandes fábricas. Excluyendo al gran sector artesanal, en 1978, el 21,2% de la fuerza laboral de la industria manufacturera estaba empleado en la pequeña empresa (de 10 a 49 obreros), 30,2% en la mediana empresa (50 a 99 obreros) y solamente el 48% en la gran empresa (más de 100 obreros)

2. En 1950, la minería ocupaba el 5,1% de la fuerza laboral y

en 1980, el 3%; el sector servicios (incluyendo los servicios gubernamentales), 23,8% en 1960 y 28,1% en 1980; y el comercio 10,5% en 1960 y 14,9% en 1980.

3

El tamaño relativamente grande de la 'clase media' chilena ha sido indicado frecuentemente; y aunque el término de 'clase media' es muy impreciso, no deja de tener significado. Los empleados*, por ejemplo, se consideran ellos mismos miembros de la clase media y se diferenciaban de los obreros por códigos legales separados, privilegios especiales y mayores ingresos. Éste era un grupo grande en 1970; daba cuenta del 24% de la fuerza laboral en la industria manufacturera, del 49% del sector servicios y del 29% del sector comercial. Sin embargo, un rango mucho mayor de ocupaciones entra en la categoría de clase media -pequeños empresarios, grupos profesionales, profesores, tenderos, administradores, etc.-. Algunos grupos eran poderosos, otros no; algunos formaban parte

2 Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario (Santiago, 1981), p. 44.

3 Ver Ricardo Lagos y Víctor Tokman, "Global Monetarism, Employment, and Social Stratification" Nonetarismo global, empleo y estratificación social"] World Development 12, no 1(1984), pp. 43-66.

170

del sector estatal, otros de la empresa privada. Estos sectores de clase media constituían un segmento muy influyente de la socie-dad; la adhesión política de la mayoría de los sectores católicos tendía hacia el PDC y la Derecha, mientras los elementos más lai-cos proveían la base del Partido Radical y una importante fuente de apoyo para el Partido Socialista. Otros fueron atraídos por la imagen de independiente de Alessandri en dos elecciones presi-denciales (1958 y 1970). De muchas formas, la clave de la lucha política en Chile era el apoyo de este sector de la sociedad.

Una razón para la proliferación de los partidos políticos en Chile fue la fragmentación del electorado en una variedad de grupos sociales. Su percepción de intereses diferentes y su habilidad cre-ciente para efectuar demandas organizadas al sistema económico ayuda a explicar la forma en que los temas políticos se politizaron mucho y el sentimiento general de que la economía estaba en serias dificultades. Empero, el desempeño deficiente económico no debería exagerarse. La tasa anual de crecimiento total per cápita entre 1960 y 1970 fue de 2,6% y hubo períodos de alto crecimiento a partir de allí, a pesar de una declinación en la tasa total. En 1983, el PIB per cápita fue menor que en 1970. Solamente en 1988 fue más alto (10%).

Las cuatro administraciones en el período posterior a 1958 pro-curaron políticas económicas diferentes para enfrentar los proble-mas que se repetían con monótona regularidad. Cada gobierno trataba de implementar un modelo de crecimiento que evitara la inflación excesiva o la deuda extranjera. En ello no había nada nuevo. Chile había tenido una larga historia de lo que Aníbal Pinto ha llamado 'desarrollo frustrado'

4. Todos estos gobiernos esperaban

maximizar las ganancias a partir de las exportaciones básicas del sector minero, pero se encontraron víctimas de los fluctuantes precios internacionales. Cada gobierno buscó atraer nuevas in-versiones en el sector manufacturero e incrementar la producción del desatendido sector agrícola. Cada gobierno logró algún éxito en sus esfuerzos para estabilizar la economía, pero dicho éxito fue solamente temporal y obtenido a un alto precio. La estabilización de precios de Alessandri de 1960 a 1961 fue financiada por

4 Aníbal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado (Santiago, 1962).

171

imprudentes préstamos del extranjero. El PDC encontró que sus reformas sociales intensificaron las demandas y costaron demasiado para mantener los logros económicos iniciales. El gobierno de Allende logró la estabilización y el crecimiento solamente por un breve período. El éxito limitado del gobierno militar antes de la recuperación sostenida después de 1985, reflejada en las altas tasas de crecimiento entre 1977 y 1980, fue basada en préstamos extranjeros masivos y en el uso de la recesión de 1975 como base para los cálculos.

Nada indica más claramente la inestabilidad de la economía chilena que la fluctuante tasa de inflación. La tasa, en el primer ario de Alessandri, fue de 33,1%; ésta fue reducida a 5,4 y 9,4 en los dos años siguientes, pero se aceleró nuevamente a 45,9% en 1963. El gobierno de Frei la redujo gradualmente a 17,9% en 1966, pero creció a 34,9% en 1970. Bajo Allende, aunque la tasa cayó a 22,1% en 1971, a partir de allí se aceleró en forma súbita y pronunciada a 605,9% en 1973. Solamente en 1977 cayó por debajo de tres cifras, a 84,2%, y en 1978 a 37,2%

5. La inflación alcanzó un bajo puntaje de 9,5% en 1981,

subiendo nuevamente a 20,7% en 1982 hasta que cayó a 12,7% en 1988.

La persistencia de la inflación en Chile era claramente mucho más que un fenómeno económico. En 1950, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló las causas no monetarias de la inflación: 'Idealmente la inflación chilena podría terminarse cortando sus raíces una por una. Las acciones individuales de inversión, el presupuesto gubernamental, las transacciones extranjeras, todos los aumentos propuestos de sueldos y de incrementos en los precios, todo podría ser investigado y cualquier plan inconsistente con un nivel estable de precios podarse. Pero este es un consejo de perfección'

6. Las razones

de que estas penosas opciones no se

5 Calcular el alza real en el índice de Precios al Consumidor es muy difícil, cuando los movimientos de precios son tan erráticos. Sin embargo, la cuestión es importante, ya que influye en temas políticamente sensibles como el nivel de los salarios reales. Los cálculos más cuidadosos y exactos son los de René Cortázar y Jorge Marshall, Índice de precios al consumidor, en Estudios CIEPLAN, n°4 (1980), pp. 159-201.

6 Citado en Oscar Landerretche, "Inflation and Socio-political Conflicts in Chile'' 1955-1970 [Inflación y conflictos sociopolíticos en Chile, 1955-1970] (disertación inédita, D.Phil, Oxford, 1983), pp. 33-34.

172

hicieran en el competitivo mundo político de Chile fueron analizadas y la gravedad del problema resumida por el Presidente Frei en su último Mensaje Presidencial en 1970:

"El país está destinado a atacar la inflación ya sea por consenso, que es la forma democrática, o por coerción; pero un proceso inflacionario como el que Chile ha estado experimentando en las recientes décadas conducirá inevitablemente a una grave crisis social y económica. El problema es más que meramente técnico. Desde el punto de vista técnico, los procedimientos para contener la inflación son bien conocidos. Sin embargo, lo que sucede es que el paciente llama al doctor y después no quiere tomar la medicina. El problema es principalmente político... Cada uno quiere que los sacrificios sean hechos por otros y no por ellos mismos. Cada ario he presentado leyes que nos habrían capacitado para controlar la inflación y cada ario han sido rechazadas. Entonces las mismas personas que han rechazado estas leyes y fomentado los conflictos son los mismos que dicen que el gobierno era el culpable de la inflación. Es un juego con matices siniestros"

7.

Una razón para la importancia política de la inflación era el rol central del Estado en casi cada uno de los aspectos de la actividad económica. El Estado llegó a controlar una creciente participación del PIB en este período, creciendo, de 38% bajo Alessandri, a 43% bajo Frei y 53% bajo Allende. La participación estatal en la inversión era aun mayor. Hubo, por cierto, diferencias en el énfasis. Bajo Alessandri, la actividad estatal tenía en gran parte la intención de apoyar a los negocios; bajo Frei, estaba más preocupada con la modernización de la economía; bajo Allende, enfatizó la redistribución y la nacionalización; y bajo Pinochet, su rol en teoría fue ser subsidiaria a una economía delineada por las fuerzas del mercado. Sin embargo, incluso bajo el gobierno militar, una parte muy importante de la economía continuó siendo controlada por el Estado; las ocho empresas más importantes en Chile en 1980

7 Citado por Laurence Whitehead en Rosemary lhorp y Laurence Whitehead (eds.), Inflation and Stabilization in Latin America [Inflación y estabilización en Latinoamérica] (London, 1979), p. 68. Whitehead agrega 'No hay necesidad de decir que entre 1970 y 1973 el Partido de Frei adoptó exactamente la estrategia que criticaba en sus oponentes:

173

todavía estaban bajo el control del Estado, aunque se esperaba que operaran como empresas privadas, y luego gran parte del sistema financiero fue asumido por el gobierno durante la recesión de 1982 a 1983.

Había, sin embargo, limitaciones en la capacidad del Estado para controlar la economía. Un factor obvio que complicaba la plani-ficación económica en Chile era la vulnerabilidad externa de la economía. Cualquier economía en la cual las importaciones son tan cruciales y las exportaciones tan inestables, tendería hacia la inestabilidad, a menos que los cambios en los precios internacionales pudieran ser absorbidos por la estructura de los precios locales, pero la ausencia de suficientes recursos para subsidios (por ejemplo: a la agricultura) y el carácter oligopólico de gran parte de la economía no permitía tal flexibilidad en los precios relativos. Entre un cuarto y un tercio del total de ingresos por impuestos provenía del sector del cobre y de las importaciones. Después de estar inestables en los años 1950, los precios del cobre subieron a través de los arios 1960 sólo para caer abruptamente entre 1971 y 1972. Subieron brevemente entre 1973 y 1974, pero entonces cayeron fuertemente a precios reales muy por debajo de los obtenidos en los arios 50. Sólo a fines de los años 1980, los precios subieron sustancialmente, incluso a niveles récord en 1988.

El problema de la fluctuación de los ingresos por exportaciones fue parchado contrayendo deuda externa, la cual fue en sí misma un peso importante en la economía chilena. La deuda extranjera creció rápidamente desde el período de Alessandri en adelante, especialmente del aumento de los préstamos extranjeros para cubrir el déficit fiscal. La proporción de los ingresos por exportaciones, ocupados en pagar los servicios de la deuda externa, variaba entre 40% y 60% a fines de los años 1960. El nivel de deuda extranjera pública y privada subió de US$598 millones en 1963 a US$3 mil millones en 1970 y a un estimado de 20 mil millones de dólares en 1986. A comienzos de los años 1970, se calculó que la deuda per capita en Chile era una de las más altas del mundo. El refinanciamiento de la deuda externa [debt equity swapi ayudó a reducir la deuda chilena -en marcado contraste con el resto de La-tinoamérica-, pero era todavía cercana a los 18,5 mil millones de dólares en 1988.

174

Chile era económicamente dependiente de los Estados Unidos y esto causaría serias dificultades al gobierno de Allende. Casi el 40% de las importaciones chilenas provenían de Estados Unidos (incluyendo el 90% de insumos para la minería del cobre). La mayoría de los créditos extranjeros que Chile obtuvo eran de Estados Unidos. Y éste era el principal acreedor público internacional, alcanzando al 50% de la deuda chilena en 1970. Estados Unidos era, sin duda, la más grande fuente de financiamiento extranjero para la economía chilena, principalmente en la minería hasta la 'chilenización' de Frei y la nacionalización de Allende, y luego en otros sectores en forma creciente, aunque no en la escala de México o Brasil. Estados Unidos también proporcionó grandes préstamos mediante la AID, y una extensa asistencia militar.

Aunque la relación económica de Chile con el mundo externo creaba problemas para los políticos, otros países tenían relaciones económicas semejantes sin sufrir el mismo grado de inflación persistente y de inestabilidad. Los factores que propagaban la inflación -desequilibrios en las finanzas públicas, expansión del crédito bancario, aumentos excesivos de sueldos y salarios, etc.- reflejaban la política económica de Chile tanto nacional como internacionalmente. El estado de las finanzas públicas en Chile ha sido denominado como 'anarquía fiscal'8. A través del período de gobierno civil, hubo una práctica extendida de aprobar presupuestos que ignoraban costos importantes previstos al comienzo del ario fiscal. Estos costos, frecuentemente producto de la presión de grupos de poder, eran entonces financiados mediante la emisión de papel moneda y un incremento en la tasa de inflación. Además, el presupuesto fiscal no incluía las agencias autónomas y semi-autónomas que enviaban sus presupuestos al Ministerio de Hacienda, el que los aprobaba y modificaba sin su análisis en el Congreso. En efecto, estas agencias, que daban cuenta de la mitad del total del gasto público, estaban liberadas de determinar el tamaño del déficit que el Estado tendría que financiar.

Uno de los principales cuellos de botella de la economía chilena era la tasa inadecuada de la formación de capital. La desilusionan-

8 Ricardo Ffrench-Davis, Políticas económicas en Chile, 1952-1970 (Santiago, 1973), p. 199.

175

te tasa de crecimiento de Chile se debía en gran parte a la baja tasa de ahorro, normalmente alrededor del 12% del PIB, mientras otros países latinoamericanos alcanzaban tasas de más de 20%. Incluso a continuación de la recuperación económica de fines de los arios 1980, los ahorros subieron solamente a 17% del PIB. La mayor parte de la inversión en Chile, incluso durante los arios de Pinochet, fue pública. La participación del total de la inversión pública en la formación del capital bruto local subió de 46,6% en 1961 a 74,8% en 1969, mientras la inversión directa privada creció a una tasa acumulativa anual de solamente 3,2%. Los tres gobiernos civiles ensayaron diferentes métodos para estimular la inversión privada. Alessandri ofreció beneficios sustanciales al sector privado, pero la respuesta fue tibia; Frei ensayó un esquema obligatorio a partir de las contribuciones de los trabajadores, pero la resistencia sindical socavó sus planes, ayudado por la oposición de los empleadores, quienes también debían contribuir; y Allende enfrentó un boicot virtual de inversión privada.

Varios factores explican la reluctancia del sector privado por invertir. El pequeño tamaño del mercado ponía límites a la extensión de la industrialización posible en una economía como la de Chile. Los industriales importaban una gran proporción de sus insumos y enfrentaban problemas de variaciones de precios y dificultades en los repuestos. Se ha observado a menudo que la concentración en la mayoría de los sectores industriales permitía grandes ganancias haciendo solamente nuevas inversiones limitadas. Otra explicación enfatiza la falta de expectativas de los empresarios sobre un crecimiento estable, por lo que las ganancias rápidas, a partir de la especulación, parecían más seguras que las inversiones en el crecimiento a largo plazo o a la reinversión en tierras. La ausencia de un mercado de capitales bien organizado y las tasas de interés frecuentemente erráticas desinteresaban las inversiones a largo plazo y promovían la confianza en pedir préstamos desde el extranjero. El crédito bancario estaba muy concentrado y aquellos que gozaban de acceso a éste, en efecto, recibían un subsidio sustancial. Tal nivel de concentración llevaba a un uso ineficiente de recursos, permitía enormes ganancias especulativas y discriminaba contra las empresas pequeñas; además, el bajo costo real del crédito, durante los gobiernos civiles, generó presiones inflacionarias.

176

Ya que el desarrollo agrícola iba por detrás del crecimiento de la población, Chile se convirtió en un creciente importador de alimentos. El costo de las importaciones de alimentos subió de un equivalente a un 9% del valor de las exportaciones no agrícolas en 1956 a un 22,2% en 1965 y a más del 30% en 1972. Hay muchas razones para este desempeño lamentable de la agricultura, algunas de ellas contradictorias. Un argumento es que los precios urbanos de los alimentos se mantenían bajos por medio de controles que suprimían el ingreso y las ganancias de los agricultores y reducían el incentivo y la posibilidad de inversión. Un argumento en contra sostiene que los precios de los alimentos crecían más rápidamente que los costos de los insumos agrícolas y que la razón real para el lamentable desempeño de la agricultura era la grandemente desigual distribución de la tenencia de la tierra

9. Las tasas de cambio

estaban generalmente sobrevaloradas, convirtiendo las importaciones de alimentos en relativamente baratas y las exportaciones de alimentos chilenos relativamente caras. Las políticas gubernamentales hacia la agricultura estaban divididas en agencias competitivas. Como en el sector industrial, el crédito estaba concentrado en unas pocas manos y las facilidades del mercado eran inadecuadas. Hasta que se tramitó la Ley de la Reforma Agraria por el gobierno de la DC, el sistema de tenencia de la tierra concentraba las mejores tierras agrícolas en grandes extensiones de tierras ineficientes. Sin embargo, la simple redistribución de la tierra no podía incrementar la productividad, la que dependía de una serie de otras medidas que los gobiernos civiles no podían permitirse ya sea en términos políticos o financieros. En cualquier caso, el proceso de reforma duró solamente un período relativamente corto de tiempo antes de que se terminara por el Golpe Militar. Aunque la agricultura tuvo inicialmente, bajo el régimen militar, un aumento en la inversión, una tasa de cambio más realista después de 1983, la ayuda y protección del gobierno y bajos salarios agrícolas eventualmente la llevaron al crecimiento, especialmente en el sector exportador.

La economía exhibía otros rasgos de concentración además de los de ingresos y crédito, incluso antes de que el proceso se intensifi-

9 Este es el argumento del artículo clásico de Osvaldo Sunkel, 'La inflación chilena: Un enfoque heterodoxo; El Trimestre Económico (México), (octubre, 1958).

177

cara después de 1973. Los sectores industriales y de construcción estaban altamente concentrados y el poder económico de una membresía entrelazada y propietaria se confinaba en un círculo relativamente pequeño. Este patrón de un pequeño número de grandes firmas y un gigantesco número de pequeñas empresas y de talleres artesanales (incluso en 1963 casi la mitad del empleo industrial residía en alrededor de 70 mil empresas artesanales) no era eficiente. La industria necesitaba un alto nivel de protección, cobraba altos precios y era altamente dependiente de las importa-ciones, al mismo tiempo que mostraba un desempeño exportador deficiente. El retiro de la protección por el gobierno de Pinochet no llevó a una estructura industrial notablemente más eficiente, aunque condujo a un número récord de bancarrotas.

Aunque el patrón de distribución de ingresos no era excesivamente desigual de acuerdo con los estándares internacionales, sí estaba suficientemente desbalanceado como para proporcionar mucha munición a los reformistas. Los diferenciales de ingreso se estrecharon en los arios de post-guerra: entre 1954 y 1968 la par-ticipación del 20% más pobre subió de 1,5% a 4,9% del total de in-gresos y el del 10% más rico cayó desde 49% a 35%. Aunque esta tendencia se aceleró durante el gobierno de Allende, las ganancias se erosionaron primero por la inflación y luego por las políticas gu-bernamentales del régimen militar. El desempleo cayó desde 7,3% en 1960 a un modesto 3% en 1972. Pero fue consistente en cifras de dos dígitos durante el gobierno militar, subiendo a una altura de alrededor del 30% en 1983. El desempleo cayó fuertemente a fines de los arios 1980, pero los bajos sueldos y una reducción en la provisión de servicios básicos estatales implicó que entre 3 y 4 millones de chilenos estaban viviendo bajo la línea de la pobreza.

La economía chilena era un campo de batalla entre los economistas de las perspectivas estructuralistas y monetaristas, los cuales habían tenido su oportunidad para aplicar sus teorías. Los monetaristas experimentaron primero moderadamente entre 1956 y 1957 y luego en una forma extrema entre 1975 y 1983. Las ideas estructuralistas se observaron durante el gobierno de Frei entre 1965 y 1967 e influyeron también en los análisis de los políticos de la UP. Los costos del experimento monetarista se reflejaron en una declinación de la actividad económica, en recesión y desempleo.

178

Los costos económicos y sociales de las reformas estructuralistas probaron ser incompatibles con las necesidades de una estabilización a corto y a mediano plazo. Incluso con el fuerte gobierno autoritario, aquellos que soportaban el costo social del experimento monetarista no eran permanentemente pasivos, y el gobierno de Pinochet fue incapaz de reprimir en forma permanente el descontento.

La crisis de las políticas constitucionales

Desde la elección de Arturo Alessandri en 1932, Chile había ex-perimentado un largo período de gobierno constitucional. Sin embargo, los conflictos políticos frecuentemente entraban en la arena institucional en forma de choques entre el Presidente y el Congreso. Estos choques no eran simplemente el producto de un Presidente reformista enfrentando un Congreso hostil: la administración conservadora de Jorge Alessandri (1958-1964) tuvo que recurrir a medidas que le permitieran soslayar al Congreso. El sistema de representación proporcional usado para las elecciones hacía virtualmente imposible para un presidente tener mayoría en ambas Cámaras del Parlamento; el hecho de que las elecciones se realizaran en diferentes fechas y no simultáneamente complicaba el problema; y ya que los presidentes no podían ofrecerse para una inmediata reelección, surgía inevitablemente un período de Presidente con poco poder hacia el término de su mandato**.

Aunque el problema principal de la administración política para el Ejecutivo residía en el sistema de partidos, el sistema administrativo en sí mismo constituía un obstáculo para un mandato eficaz: era fragmentado; exhibía marcados grados de independencia, es-pecialmente en las agencias descentralizadas; y a menudo desarrollaba vínculos estrechos con el sector que supuestamente tenía que supervisar con el consiguiente detrimento de la planificación total. El 50% o alrededor de esa cifra de las agencias descentralizadas o autónomas empleaban casi el 40% de los empleados públicos en Chile, y de muchas formas constituían un poder autónomo. El PDC, por ejemplo, constantemente halló sus políticas de vivienda socavadas por las actividades de estas agencias.

** [N. del T. En inglés se usa la expresión 'lame duck' para dichos períodos]

179

El sistema de partidos permeaba todas las capas de la vida política, desde el remoto municipio* hasta el Congreso Nacional. Los sin-dicatos de todas clases gozaban de vínculos estrechos y frecuen-temente tradicionales con los partidos políticos: con el Partido Socialista y el Partido Comunista en el caso de los obreros, con los radicales y el PDC en el caso de los empleados. Las asociaciones de empleadores, las asociaciones de propietarios, los movimientos estudiantiles universitarios, las asociaciones vecinales e incluso los clubes de fútbol estaban sujetos a la competencia por el apoyo de los partidos políticos. En una remota zona de la minería del carbón, como Lota, por ejemplo, la Municipalidad y el sindicato parecían ser extensiones del Partido Comunista y las únicas formas de organización social alternativa eran las Iglesias Evangélicas'''. Tal sistema de partidos podía funcionar solamente tanto tiempo como el compromiso ideológico estuviera respaldado por un mutuo acuerdo. Necesitaba un consenso político básico, o la inhabilidad de aquellos que no aceptaran el consenso para trastornar el sistema político. Durante el período 1958-1973, el consenso se debilitó mientras creció la capacidad para la disrupción.

El sistema de partidos de Chile tenía una cantidad de rasgos poco usuales. La competencia electoral era intensa y, aparte del 42,3% y el 35,6% obtenido por el PDC en la elección parlamentaria de 1965 y la elección municipal de 1967, ningún partido ganaba más del 30% del voto popular en ninguna elección bajo la Cons-titución de 1925. Además, a pesar del gigantesco incremento en el tamaño del electorado, éste estaba dividido en tres bloques relativamente estables -Derecha, Centro e Izquierda-, como lo muestra la Tabla 4.1 sobre la distribución del apoyo para los principales partidos en cinco elecciones parlamentarias realizadas a lo largo de veinte arios. Por supuesto, esto no nos dice nada acerca de las relaciones de los partidos y movimientos dentro de estos bloques, ni acerca de la naturaleza de la competencia entre ellos. Además, existe la presunción de una definición de 'Centro' [begs the question]. Sin embargo, muestra cuán difícil era crear un gobierno de mayoría.

10 Ver Penélope Pollitt, Seligion and Politics in a Coal Mining Community in Southern Chile' (disertación inédita de Ph.D., Cambridge, 1981).

180

No es posible establecer una simple correlación entre clase social y apoyo para un partido en especial. En primer lugar, la existencia de tantos partidos socava la pretensión de cualquiera de ellos de representar una clase en particular. La clase obrera organizada, por ejemplo, estaba dividida entre socialistas y comunistas, con un número no menor que apoyaba al PDC. Los pobres urbanos, no sujetos a la influencia política de la membresía en el sindicato, repartían su voto (o abstención) en forma bastante amplia, incluyendo el apoyo a partidos de la Derecha. Además, el Partido Socialista recibía un apoyo considerable de los grupos de clase media, especialmente de los profesionales universitarios. Los grupos de clase media se sentían en su casa dentro del PDC, el Partido Radical o el Partido Nacional. Esta distribución de clase social entre los partidos políticos no era de ningún modo peculiar de Chile, ni tampoco que la inflexibilidad ideológica de los militantes de los partidos y de las elites de los partidos aumentó muy marcadamente después de 1964. Había, después de todo, suficientes brechas sociales profundas en Chile como para dar pie a las políticas de confrontación.

Tabla 4.1 Porcentaje de votos para los principales partidos en las elecciones parlamentarias (diputados), 1957 a 1973

Partido 1957 1961 1965 1969 1973 Conservador 17,6 14,3 5,2 20,0 21,3 Liberal 15,4 16,1 7,3 Radicales 22,1 21,4 13,3 13,0 3,7 PDC 9,4 15,4 42,3 29,8 29,1 Socialistas 10,7 10,7 10,3 12,2 18,7 Comunistas - 11,4 12,4 15,9 16,2 Otros 24,8 10,7 9,2 9,1 11,0

Fuente: Adaptado de Arturo Valenzuela, lhe Breakdown of Democratic Regimes: Chile (Baltimore, 1978), p. 35. Los conservadores y liberales formaron el Partido Nacional en 1966. El Partido Comunista fue ilegal hasta 1958.

Un cambio que ocurrió en este período fue la reducción en el número e importancia de los partidos minoritarios. El porcentaje del voto recibido por los cinco partidos más grandes subió de 52,5% en 1957 a 78,6% en 1961, a 85,6% en 1965 y a 90,9% en 1969, aun-

181

que hubo una pequeña reducción en 1973 a 87,8%

11. Sin embargo,

sería una exageración atribuir este proceso de concentración sola-mente al aumento de una hostilidad ideológica entre los partidos; también hubo cambios en las leyes electorales que hicieron vir-tualmente imposible para los partidos pequeños obtener espacios en el Parlamento.

También sería una exageración trazar un simple desarrollo en Chile durante este período desde las políticas de compromiso y clientelismo a las políticas de exclusión y polarización. Empero, es innegable que, desde mediados de los arios 1960 hacia adelante, los partidos políticos en Chile se convirtieron en más dogmáticos e intransigentes ideológicamente y que las relaciones de los mismos se deterioraron. Un elemento en este proceso fue el reemplazo de un partido pragmático, el Partido Radical, de su posición central en la política chilena, por un partido ideológico, el PDC. Éste tenía un proyecto mucho más coherente de transformación nacional que el Partido Radical e intentó excluir a otros partidos del poder en lugar de construir alianzas. En la Izquierda, el Partido Socialista adoptó una línea mucho más intransigente en su Congreso de 1967, la que expresaba una preferencia, si no por la vía armada* al menos por la vía insurreccional*. Esta línea nunca fue la opción de Allende pero representó la victoria de grupos pro-cubanos en ese partido político, dividido y con fracciones. Con todo, al mismo tiempo, el partido eligió como Secretario General a Aniceto Rodríguez, un moderado. Aunque el Partido Comunista era menos intransigente que el Partido Socialista, por su propia naturaleza no podía sino oponerse al PDC y a la Derecha. Los días del eurocomunismo no habían aún amanecido. En la Derecha, el alza de los tecnócratas de la Escuela de Chicago mostró la creciente influencia de un dogma político que era más doctrinario que el del PDC. Los políticos tradicionales de la Derecha vieron declinar su influencia con el crecimiento de los tecnócratas y de grupos neo-fascistas organiza-dos en Movimientos como Patria y Libertad.

La evolución del sistema político chileno hasta el Golpe de 1973 apoya la proposición de Linz de que 'las condiciones conducentes

11 Arturo Valenzuela, 'Origins and Characteristicis of the Chilean Party System: A Proposal for a Parliamentary Form of Government; mimeo (1984), Table 3. Esta sección acerca de los partidos le debe mucho a las ideas de Valenzuela.

182

a semi-lealtad o incluso sospechas de semi-lealtad de los participantes que lideran en el juego político, tanto partidos de oposición como de gobierno, son responsables del proceso de quiebre casi tanto como el rol de las oposiciones desleales

12. Fue la combinación del crecimiento

del extremismo como la 'semi-lealtad' de los partidos principales la que iba a crear las condiciones para el quiebre del sistema democrático en 1973.

El conservador como tecnócrata: la presidencia de Jorge Alessandri, 1958-1964

Aunque su candidatura fue respaldada por los partidos de la Derecha (Conservador y Liberal), Jorge Alessandri fue elegido Presidente en 1958 como independiente. Una razón para esto fue táctica. El voto combinado conservador y liberal no era probable que ganara una competencia como la planteada. Presentándose a sí mismo como independiente, Alessandri ganaría un apoyo multiclase de aquellos que identificaban las políticas de los Partidos como corruptas y rígidamente sectoriales. La Derecha tradicional en Chile debía enfrentar este dilema en las elecciones presidenciales siguientes: no podía esperar ganar por sí misma, pero la alianza con el Centro (ahora más representado por el PDC que por los radicales) era muy incómoda. Sin embargo, la posición de Alessandri como independiente también representaba una creencia genuina en las virtudes de la tecnocracia sobre las políticas de los Partidos. Él esperaba evitar en el Gobierno los compromisos políticos y concesiones de administraciones previas.

Alessandri era un prominente hombre de negocios que tenía im-portantes posiciones en varias empresas, incluyendo un monopolio en el procesamiento de papel, y estaba estrechamente asociado a través del conglomerado económico Alessandri-Matte con tres Bancos privados importantes. Antes de llegar a ser Senador en 1957, él fue Presidente por 15 arios de la asociación de empresarios más importante de Chile, la Confederación de la Producción y el Comercio. Su padre había sido Presidente de la República dos veces. Sus dos hermanos fueron Senadores (ambos liberales) y

12 Juan Linz y Alfred Stepan (eds.), The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilíbration (Baltimore, 1978), p. 38.

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uno había sido candidato presidencial en 1946. Alessandri había servido como Ministro de Hacienda en la última administración radical y había sido forzado a renunciar en 1950 cuando los sindicatos de empleados se opusieron a su proposición de congelamiento de sueldos.

Las propuestas de Alessandri en la campaña de 1958 eran mucho menos específicas que las de los principales rivales -Allende (FRAP, socialistas-comunistas), Frei (demócrata-cristianos), Bossay (ra-dicales)- pero su posición general estaba a favor del liberalismo económico. Su plataforma electoral establecía menos control gu-bernamental sobre la economía, incluyendo la supresión de controles sobre los precios, créditos y cambio extranjero y una política de estabilización de precios. Una parte esencial de esta estrategia era la apertura de la economía a los intereses económicos extranjeros, creando las condiciones más atractivas para la inversión extranjera. Sin embargo, Alessandri y su equipo económico no eran monetaristas. Rechazó una política de restricción crediticia y no vio la necesidad de una reducción de la actividad económica o un incremento en el desempleo con el fin de combatir la inflación. Su política fue crear las condiciones adecuadas para que el sector privado desarrollara la economía. Ya que esto no se podía lograr en un día, el Gobierno estaba preparado para aumentar la inversión estatal y tratar de atraer el capital extranjero y de conseguir préstamos para financiar los gastos fiscales y apoyar el proceso de formación de capital local. En efecto, la política económica a corto plazo de Alessandri era una mezcla de liberalización y deflación de la economía, con la inversión pública jugando un rol importante. Los aumentos de sueldos y salarios se mantendrían bajos para prevenir la inflación (redistribuir los ingresos a las ganancias). Los aumentos de impuestos podían evitarse gracias a préstamos extranjeros.

A pesar del apoyo inicial que Alessandri recibió de los sectores económicos dominantes, su posición no era fácil. La economía que heredó de la administración previa era débil: la balanza de pagos estaba en déficit, el desempleo había crecido a 9% en las ciudades, había un gran déficit fiscal a pesar de un bajo nivel de inversiones y la economía había sufrido un largo período de estancamiento. Tampoco su posición política era muy fuerte. Había

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ganado menos de un tercio del voto popular (ver Tabla 4.2) y sus seguidores controlaban solamente alrededor de un tercio de los sillones del Parlamento. De modo que no tuvo más alternativa que buscar aliados, especialmente cuando algunas de sus medidas se mostraron como muy impopulares para el FRAP y el PDC.

El intento de Alessandri de reactivar la economía gozó de un éxito inicial, pero pronto tuvo dificultades. Las tasas de crecimiento total eran bastante positivas. En efecto, el aumento anual de 2,7% en el PIB per cápita para el período entre 1959 a 1964 fue mucho más impresionante que el 0,3% del período previo o incluso del 2,0% de los siguientes cinco años

13. Pero la inflación, que descendió de un 33,3% en 1958 a

7,7% en 1961, subió abruptamente a 44,3% en 1963. Sin embargo, el desempleo cayó de un 9% en 1959 a un 5,5 en 1963 y la producción industrial subió en forma constante a través del período. Hubo también inversiones sustanciales en las redes camineras y en la construcción de viviendas para las clases media y obrera.

Tabla 4.2 La elección presidencial de 1958

Candidato Votos Porcentaje Alessandri (Conservadores-Liberales) 389.909 31,2

Allende (Socialistas-Comunistas) 356.493 28,5 Frei (Demócrata Cristianos) 255.769 20,5 Bossay (Radicales) 192.077 15,4 Zamorano (Independiente) 41.304 3,3 Blanco/Nulos 14.798 1,1 Total 1.250.350 100

Fuente: Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic regimes: Chile (Baltimore, 1978), p. 40. La tasa de abstención fue de 16,5%.

El quiebre de la política económica vino desde el frente externo. En 1961, el déficit fiscal había subido a 5% del PIB y este déficit creciente estaba financiado por préstamos extranjeros. Las exportaciones no subieron como se anticipaba y el déficit de la Balanza de Pagos subió a un 55% del valor de las exportaciones de 1961. La mayoría de los préstamos extranjeros eran a corto plazo y la política de congelar la tasa de cambio no podía sostenerse. El re-

13 Informe del Banco Mundial, Chile, p.11. El Gobierno parece haber absorbido los efectos de los terremotos de 1960, aunque éstos habían destruido, según cálculos, un 9% del PIB, principalmente en edificios.

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sultado fue una masiva devaluación del peso, de 33% en 1962. El período de estabilización había terminado y una de la principales herencias de la administración de Alessandri fue un nivel de deuda abrumador. En 1960, el total de la deuda pública era de US$589 millones de dólares, equivalente al 20% del PIB. En los próximos 5 arios el nivel subió sobre los mil millones de dólares o 26% del PIB, aunque sólo una pequeña cantidad fue a inversión a largo plazo. Si se hubiera pagado, el servicio total del capital extranjero (incluyendo los retiros de utilidades) hubiera sido el 70% de las exportaciones en 1965. El financiamiento extranjero de las actividades del sector privado para expandir el capital de trabajo también creció rápidamente durante este período -de US$63 millones de dólares en 1960 a US$219 millones al final de 1965.

Las políticas de Alessandri pronto entraron en dificultades. El intento de mantener los sueldos bajos condujo a protestas sindicalistas, culminando en una serie de huelgas en 1960. En noviembre, hubo una huelga nacional y una serie de protestas a lo largo del país, en las cuales dos trabajadores fueron muertos. Muchos de los huelguistas eran empleados, incluyendo empleados públicos, y este descontento fue trasladado a los resultados adversos de las elecciones parlamentarias de marzo de 1961, incluso aunque Alessandri morigeró su política de restricción de sueldos.

Las elecciones de 1961 fueron las primeras que se hicieron después de cambios significativos en la Ley Electoral. Por primera vez, hubo un voto oficial único y subidas multas para el fraude electoral y el cohecho. Los dueños de tierras no podían ya manipular a los votantes campesinos asegurándose de que tomaran la lista partidaria correcta hasta las urnas, aunque, por supuesto, la influencia de ellos sobre los campesinos no se terminó de la noche a la mañana. Votar se hizo también obligatorio. Los resultados fueron un retroceso para la Derecha: por primera vez, el PDC tuvo más votos que la combinación de conservadores y liberales y -tanto más complicado- el FRAP ganó cerca de un tercio de los puestos en la Cámara de Diputados y alcanzó trece de 45 senadores.

La ilusión de la administración tecnocrática fue reemplazada por las realidades de los partidos políticos a medida que los radicales fueron invitados a entrar al gabinete. Además, influidos por la

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recién fundada Alianza para el Progreso, el Gobierno tomó varias medidas reformistas que, aunque modestas en sí mismas, pavimentaron el camino para remedios mayores y más drásticos. La Reforma de su relación con las compañías cupríferas (propiedad en gran parte de norteamericanos) se colocó firmemente en la agenda política, aunque esto fue parcialmente un instrumento de los dueños de tierras para desviar la atención del tema de la Reforma Agraria. Los impuestos a la industria cuprífera subieron de un 10% a un 15% y hubo movimientos para incrementar drásticamente la cantidad de cobre refinado en Chile a 90% y para aumentar la producción total. Aunque Alessandri reemplazó al Ministro de Minas conservador que propuso estas medidas, era claro que la presión por la nacionalización crecería. Bajo la presión de Estados Unidos, que estaba ansioso de evitar otra Cuba en Latinoamérica, se tomaron los primeros pasos hacia la reforma de tenencia de la tierra. La Ley 15020 fue una medida modesta, y se expropió muy poca tierra. Pero estableció a dos agencias que jugarían un rol crucial en la transformación del campo: la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

Las políticas económicas de Alessandri estaban sin duda en los intereses a largo plazo de la elite económica, la que ciertamente se benefició de ellas. Pero, por su parte, la elite fracasó en transformarse en un sector autónomo modernizador: prefirió la protección y los beneficios del monopolio a los efectos tonificantes de la competencia. La consecuencia política de esto fue el dominio continuo del conservadurismo tradicional y la permanencia de la Derecha en una postura esencialmente defensiva. Esto dejó el camino abierto para que el PDC adoptara la tarea de modernizar el capitalismo y reformara la tradicional estructura de posesión de las tierras, una medida fuertemente resistida por la Derecha. Además, ésta había fracasado en librarse de apoyar a un candidato que tenía un atractivo personal por encima del de los partidos; en 1970, volvería a considerar a Alessandri.

Aunque Alessandri permaneció siendo personalmente popular con los sectores empresariales, su apoyo al gobierno declinó. A medida que la inflación comenzaba a acelerarse después de la devaluación de 1962, subió la oposición popular. Las huelgas convocadas ese ario por la Central Única de Trabajadores (CUT) fueron

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ampliamente acogidas, especialmente en las 'poblaciones' que rodeaban a Santiago. En las protestas contra el Gobierno, seis per-sonas fueron muertas y muchas heridas o arrestadas.

El Gobierno cedió una vez más a las demandas de los huelguistas, acelerando así la inflación y reafirmando la fuerza y confianza re-cientemente encontradas por la Izquierda. En las elecciones mu-nicipales de 1963, los ganadores reales fueron los del PDC cuyo voto subió de 15,4% en las elecciones parlamentarias de 1961 a 22,0% en 1963; los comunistas y socialistas registraron pequeñas ganancias.

El escenario estaba ahora preparado para la elección presidencial de 1964. La Derecha no podía esperar que le fuera bien. La inflación llegaba a cerca del 50%: la balanza de pagos era aún crítica; los sueldos y salarios habían caído, especialmente aquellos de los empleados públicos y los miembros más pobres de la fuerza laboral, quienes recibían poco más que el salario mínimo gubernamental, el que cayó en un 14,2% en 1963. El anunciado candidato presidencial del ala derecha, Julio Durán, vio a su alianza (radicales, liberales y conservadores) llegar en un pobre tercer lugar en una elección parcial en la rural y tradicionalmente conservadora provincia de Curicó. Esta elección fue ganada inesperadamente por el candidato del FRAP con el 40% de los votos, mientras el PDC obtuvo el 27%. La elección presidencial que venía comenzó a parecer una lucha entre aquellas dos fuerzas. En tales circunstancias, los liberales y conservadores apoyaron con resistencia al candidato menos indeseable, Eduardo Frei, quien ganó con el 56% de los votos (Tabla 4.3). La sombra de Cuba se proyectó grandemente en la siguiente campaña electoral y Estados Unidos proporcionó un considerable apoyo financiero y técnico al PDC

14.

14 De acuerdo con un informe del Congreso de Estados Unidos, 'La CIA gastó más de US$ 2.6 millones de dólares en apoyo del candidato del PDC... Más de la mitad de la campaña del candidato del PDC fue financiada por Estados Unidos, aunque no fue informado de su ayuda'. Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, Covert Action in Chile, 1963-1973 [Informe del Staff del Comité Especial para Estudiar las operaciones gubernamentales relacionadas con las actividades de Inteligencia, Acción Encubierta en Chile, 1963-19731 (Senado de Estados Unidos, Washington D.C., 1975), p. 9.

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Tabla 4.3 La elección presidencial de 1964

Candidato Votos Porcentaje Frei 1.409.012 55,7 Allende 977.902 38,6 Durán 125.233 5,0 Blanco/Nulo 18.550 0,7 Total 2.530.697 100

Fuente: Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile (Baltimore, 1978), p. 40. La abstención fue de 13,2%.

La revolución en libertad: la presidencia de Eduardo Frei, 1964-1970

"Estoy convencido de que el fracaso de 'la revolución en libertad' era inevitable, esencialmente debido a la contradicción entre su programa para el desarrollo económico basado en y reforzando la estructura capitalista de la economía chilena y su programa para el desarrollo social. El último, movilizando al pueblo en defensa de sus intereses, aumentaba las muchas contradicciones en la sociedad chilena, especialmente aquellas relacionadas con el funcionamiento de la economía capitalista en un país subdesarrollado': (Radomiro Tomic, candidato presidencial del PDC en 1970)

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Las declaraciones de Tomic reflejan el juicio después que se sabe lo que pasó. Está lejos del sentimiento de excitación que corrió a través del PDC cuando fue anunciado su triunfo en las elecciones presidenciales de 1964. La euforia electoral de 1964 fue reforzada por los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo de 1965, cuando la luna de miel con la nueva administración aún no se había gastado. El PDC ganó el 42,3% de los votos, un incremento masivo comparado con la anterior elección parlamentaria de 1961, cuando obtuvo solamente 15,4%. El PDC quedó con 82 de los 147 sillones en la Cámara de Diputados; y en el Senado (donde solamente una mitad había sido llamado a elecciones) subió su número de 12 a 21, aunque carecía de una total mayoría.

15 Radomiro Tomic, 'Christian Democracy and the Government of the Unidad Po-pular' en Federico Gil, Ricardo Lagos y Henry Landsberger (Eds.), Chile at the Tur-ning Point: Lessons on the Socialist Years, 1970-1973 (Philadelphia, 1979), p. 214.

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Las raíces históricas del PDC datan de la salida de la Falange desde el Partido Conservador en los años 1930. Al comienzo, fue un Partido de estudiantes de la Universidad Católica de Chile, socialmente comprometidos. Permaneció siendo un organismo pequeño, aunque algunas veces influyente, hasta los años 1950, cuando comenzó a ganar apoyo popular. Jerárquico en su estructura y liderado por hombres de la clase alta y clase media, comenzó sin embargo a atraer un considerable apoyo de los pobres urbanos, descuidados por los Partidos Socialista y Comunista que se concentraron en los sindicatos, y también del respaldo de amplios sectores de clase media, desencantados con los radicales.

Naturalmente, un Partido que gozaba de tan amplio apoyo a través del espectro social y cuyo crecimiento había sido tan rápido y tan reciente, contenía varios grupos divergentes. Incluso antes de que las divisiones asumieran una forma sólida entre oficialistas, terce-ristas y rebeldes*, hubo diferencias en el ritmo y dirección del cambio social y económico. El grupo más conservador estaba interesado en modernizar el sistema capitalista e intensificar el proceso de la industrialización. Un segundo grupo enfatizaba la redistribución de los ingresos y la organización de los pobres. El grupo más radical, los rebeldes*, estaba más interesado en transformaciones profundas de áreas como el sistema de tenencia agrario y la concentración del poder económico, especialmente en el sistema de la Banca y financiero y con las formas de desarrollo comunitario de la propiedad. La presidencia de Frei vio una lucha constante entre estos sectores.

Con todo, para un partido multi-clase con tales divisiones acerca de las políticas, el grado de unidad era sorprendentemente alto, mucho más alto que el de los socialistas o del Partido Radical. Esto se debía en parte a un sentido común de propósito ideológico, no diferente al de otra fuerza ideológica relativamente unida en la po-líti ca chilena, el Partido Comunista. Quizás también se derivaba del sentimiento de que el electorado había confiado al Partido con una misión que no debía diluirse en alianzas con otros partidos. Existe poca duda de que muchos miembros sentían que habían llegado a ser el partido naturalmente gobernante de Chile, lo que

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produjo el surgimiento de un cierto grado de sectarismo que mu-chos demócrata-cristianos llegaron a lamentar más tarde

16.

El gobierno de Estados Unidos, también esperando que el PDC se convirtiera en el partido gobernante natural, dio un consistente apoyo al gobierno de Frei. No debiera asumirse que las políticas estaban influidas indebidamente por Estados Unidos. Frei procuró una política independiente de relaciones exteriores y fue uno de los pocos políticos chilenos que surgió como un estadista de reputación mundial. Sin embargo, entre 1962 y 1969, Chile recibió más de mil millones de dólares en ayuda directa norteamericana, más ayuda per cápita que la dada a cualquier otro país en el hemisferio. Tal ayuda reforzó la dependencia económica de Estados Unidos y explica parcialmente los términos favorables ofrecidos a las multinacionales de Estados Unidos, incluyendo, al menos inicialmente, a las compañías del cobre. Pero también iba a resultar una fuente de disputas internas dentro del PDC.

En contraste con las dos administraciones previas, el PDC no propuso una política de estabilización de precios como su principal prioridad. Más bien, el énfasis estuvo en la estabilización mediante una reforma estructural que promoviera el crecimiento económico y la redistribución de ingresos. Esto conduciría a la creación eventual de una sociedad comunitaria en la cual se eliminaría el conflicto de clases. Tres reformas fueron consideradas de prioridad. La primera fue la 'chilenización' del sector cuprífero -un proyecto de asociación entre el Estado y las compañías norteamericanas-. Se necesitaba una inversión masiva en el cobre para proporcionar ingresos para las importaciones. La segunda fue una reforma agraria combinada con la sindicalización y la organización campesina. Los antiguos latifundios serían reemplazados inicialmente por parcelas trabajadas comunalmente, las que aumentarían la producción y asegurarían una base en el campo para el PDC. La tercera fue un programa de organización de los secto-res populares, especialmente los habitantes de las 'poblaciones' y de las mujeres. Este programa de promoción popular* pondría fin

16 Así, de acuerdo con Andrés Zaldívar, un miembro prominente del PDC y ex Ministro de Hacienda, 'Somos culpables de un gran sectarismo... cometimos un error fundamental en no haber buscado alianzas con los Radicales y otras tendencias social-demócratas: Florencia Varas, Exilio en Madrid (Santiago, 1983), p. 56.

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a la marginalización de estos sectores. De menor urgencia, pero no menos importante, hubo medidas para 'democratizar' el movi-miento sindical y romper el control de los Partidos marxistas, una reforma educacional y una reforma constitucional para fortalecer a la rama ejecutiva.

El gobierno de Frei se benefició de precios muy altos del cobre, aunque esto fue debido en parte a un cambio en las políticas de precios hecho por el mismo Gobierno. Los ingresos por impuestos de las grandes compañías extranjeras promediaban los 195 millones de dólares por año desde 1966 a 1970 -un aumento con-siderable en comparación con el nivel de US$80 millones durante la administración de Alessandri. Las exportaciones subieron de US$676 millones en 1964 a US$1.139 millones en 1969, y aunque las importaciones subieron también rápidamente, un déficit de más de US$4 millones en 1964 se convirtió en un excedente de US$183 millones en 1969. El crecimiento del PIB, sin embargo, fue algo menor del logrado en el período de Alessandri, con un incremento anual per cápita de 2%. La deuda externa se duplicó durante el período del mandato del PDC hasta alcanzar un poco más de 2 mil millones de dólares en 1969. Quizás la desilusión mayor fue el fracaso en reducir la inflación. La tasa descendió de 40,4% en 1964 a 17,9 en 1966 pero desde ese momento creció gradualmente hasta 34,9% en 1970.

Hubo un progreso real en el tratamiento de los problemas de la pobreza. Comparado con el término del período de Alessandri, cuando la cifra era alrededor de 42% del Producto Nacional Neto, el sector afecto a sueldos y el asalariado recibieron alrededor del 51% a fines de la presidencia de Frei. Las políticas gubernamenta-les estimulaban esta transferencia, especialmente en el sector rural, donde los salarios reales subieron en un 40%. El total de matrículas en educación subió en un 46% desde 1964. Se construyó un cuarto de millón de casas nuevas, en su mayoría para los sectores más pobres de la sociedad. La administración del PDC también aumentó la eficiencia del aparato estatal. Los impuestos subieron como porcentaje del Producto Nacional Bruto de 12,8% en 1964 a 21,2% en 1970. El Gobierno introdujo un impuesto para la riqueza y desarrolló una reevaluación de las contribuciones que debían pagarse por las propiedades.

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El período PDC es notable por un crecimiento impresionante en la participación estatal en la economía. El gasto público como proporción del Producto Nacional Bruto creció de 35,7% en 1965 a 46,9% en 1970. La participación del Estado en la inversión pública y en el sector bancario también creció rápidamente. Sin embargo, al igual que en el período de Alessandri, este incremento en la inversión pública reflejaba la debilidad de la inversión del sector privado y un fracaso en general para mejorar el nivel de nuevas inversiones en los sectores productivos de la economía. El PDC gastó más en reformas sociales que las justificadas por los aumentos en los ingresos estatales. Los ingresos por impuestos continuaron financiando solamente alrededor de tres cuartos del gasto gubernamental en 1965. Los gastos en vivienda, agricultura y educación subieron pronunciadamente: solamente en viviendas subieron en 70% en términos reales en 1965. Una vez que se había iniciado el proceso de expansión, se hizo difícil frenarlo, especialmente cuando los gastos iniciales estimularon el entusiasmo popular por más. Los problemas fiscales también fueron causados por aumentos importantes en sueldos y salarios, especialmente para los empleados públicos. Pero este entusiasmo no era compartido por el sector privado. Las inversiones privadas cayeron, a medida que los inversionistas temían la extensión de las reformas redistributivas del PDC. Los dos mayores obstáculos para el logro de la estabilización exitosa fueron el fracaso en subir el nivel de ahorro nacional y los aumentos en las remuneraciones sobre el nivel planificado. Las aspiraciones anteriores del movimiento sindical -reajustes de acuerdo con la inflación- llegaron a ser ahora el punto de partida para las negociaciones.

La `chilenización' del cobre fue considerada como la pieza clave de la política del Gobierno. Los objetivos eran duplicar la producción del cobre en la Gran Minería en 1972, establecer una serie de empresas en conjunto [joint ventures] entre el Gobierno chileno y las compañías norteamericanas, incrementar la cantidad de cobre refinado en Chile, integrar la industria cuprífera en la economía chilena y darle al Gobierno chileno un rol más activo en el mercadeo internacional. La Kennecott Company, cuyas sucursales chilenas representaban solamente una pequeña parte de sus operaciones internacionales, tomó la iniciativa para empujar al gobierno a un trato rápido; el Gobierno, ansioso de mostrar una iniciativa exito-

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sa, respondió rápidamente. El acuerdo resultó un triunfo para una empresa que tenía un registro deficiente de inversiones en Chile. La compañía se aseguró un cálculo del valor estimado del 51% de participación en la Mina El Teniente comprado por el Gobierno mucho más alto que el valor real de libro (el valor real fue tasado en US$160 millones de dólares, comparado con el valor de libro de US$66 millones de dólares). Además, se redujeron los impuestos sobre venta, dándole a la compañía un considerable aumento en ganancias. Esto, combinado con una baja estimación del precio del cobre, implicó que las ganancias por el 49% de las acciones propiedad de la compañía fueran más altas en 196'7 y 1968 que lo que habían sido para las sucursales completas en los seis años precedentes. Se acordó que el Gobierno chileno invertiría US$110 millones obtenidos del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos [US Export-Import Bank]; Codelco, la Corporación del Cobre chilena invertiría US$27 millones, y la compañía invertiría US$92 millones, sólo US$ 12 millones más de lo que recibió como compensación. Además, Kennecott mantendría el control de la administración como condición del préstamo del Export Import Bank a Chile.

Las protestas políticas frente a la blandura del trato con Kennecott y la resistencia de la Corporación Anaconda, para quien las minas de Chuquicamata y otras eran una parte importante de sus operaciones totales, condujo a una negociación más difícil y prolongada -`nacionalización pactada'-. Anaconda, que también había obtenido ganancias récord de sus acuerdos limitados con el Gobierno, aceptó en 1969 transferir el 51% de sus bienes al Gobierno de inmediato, y el resto en tres años; y un nuevo acuerdo sobre los precios incrementó los ingresos gubernamentales. La compensación inicial se basó en el valor de libro, pero los acuerdos menos favorables para transferir el remanente fueron sobrepasados por la nacionalización de la Gran Minería bajo el gobierno de Allende. El trato con Anaconda era aún considerado como demasiado favorable para la compañía, incluso por sectores del mismo PDC.

El beneficio principal de estos acuerdos con las compañías mineras de Estados Unidos fue un considerable incremento en la capacidad productiva. El proceso no fue tan rápido como se anticipaba, pero, a fines de los arios 1970, la producción de cobre se duplicó,

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gracias en parte a las inversiones hechas durante este período. Además, el gobierno chileno ganó una considerable experiencia en cuanto a mercadeo, establecimiento de precios y control del producto. La economía local se benefició a medida que el valor retenido en Chile subió desde un promedio anual (en precios constantes de 1979) de 513 millones de dólares entre 1960 a 1964 a 953 millones de dólares entre 1965-1969 y a medida que las compañías hicieron más compras en el mercado local. Los ingresos fiscales subieron desde un promedio anual en el período inicial de 225 millones a 511 millones de dólares.

Muchos factores convirtieron la reforma agraria en una prioridad urgente, aunque las propuestas habían existido desde los años 1940. La Iglesia Católica llegó a ser una defensora de la distribución de tierras. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Alianza para el Progreso, abogó por la reforma como un medio de contraatacar el posible crecimiento de los movimientos de guerrilla rural. El poder político de los dueños de tierra había sido erosionado por los cambios económicos, demográficos y sociales. El nivel de las importaciones de alimentos era demasiado alto para un país con el potencial agrícola de Chile. La estructura agraria tradicional fue considerada como un cuello de botella para la producción industrial.

El PDC puso un gran énfasis en la Reforma Agraria. En las palabras de un prominente teórico del PDC debía ser 'drástica, masiva y rápida'. El problema principal era considerado la distribución de tierras tan altamente desigual. En las provincias agrícolas de Chile entre Coquimbo y Llanquihue, donde el 92% de los fundos chilenos estaban ubicados, los latifundios ocupaban más de la mitad del área (55,3%) en 1965; los minifundios que constituían el 82% de las propiedades, ocupaban solamente el 9,7% de las tierras arables. La concentración del crédito y de los recursos era inequitativa de la misma forma. Pero las propuestas originales para la expropiación fueron diluidas por el Congreso. Los propietarios, organizados en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ya no eran un grupo político tan poderoso, pero aún ejercían influencia y podían contar con el apoyo de los otros sectores de las clases propietarias. La unidad básica garantizada a los agricultores eficientes sería de 80 hectáreas regadas y, dependiendo de las condiciones locales, se

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podía tener tanto como cuatro veces dicha cantidad. Había una cantidad de condiciones favorables en cuanto a la retención de animales y equipamiento, así como a compensaciones por mejoras, todo lo cual la Izquierda lo consideraba demasiado generoso. Aunque la ley permitió la creación de asentamientos* colectivos en las tierras expropiadas, esto fue considerado como una forma de transición a la solución preferida por el PDC -un gran número de haciendas eficientemente cultivadas de tamaño mediano y pequeñas granjas familiares-. Poco podría lograrse bajo estas propuestas para los minifundistas* o para los trabajadores sin tierra, los grupos más numerosos en el campo.

La reforma se desarrolló más lentamente de lo que el Gobierno esperaba, pero, sin embargo, hacia 1969 se habían hecho avances sustanciales. Se habían expropiado más de 1.300 fundos, con un área de más de 3 millones de hectáreas, representando alrededor del 6% de toda la tierra arable de Chile e incluyendo alrededor del 12% de toda la tierra regada. Se crearon alrededor de 650 asentamientos* para incorporar cerca de 20 mil familias y a otras 2 mil familias se les dieron tierras directamente. El problema no fue tanto que los resultados fueran deficientes, sino que la meta puesta fue demasiado alta, reflejando quizás el exceso de entusiasmo de un equipo sin experiencia.

Quizás de igual significancia política fue el estímulo que el Gobierno les dio a los sindicatos campesinos con la ley de 1967. En 1964, los sindicatos campesinos apenas existían. Hacia 1969, había más de 400 con 100 mil miembros. Además, había 22 cooperativas agrícolas con 30 mil miembros y 59 comités de pequeños productores con 37 mil miembros. Sin embargo, no eran solamente los pobres en el campo los que se organizaban. La ley de 1967 permitía los sindicatos de empleadores y, con la ayuda de la SNA, hubo cerca de 10 mil miembros organizados en 1970 en grupos locales y provinciales; en el nivel nacional, la Confederación Nacional de Empleadores Agrícolas (CONSEMACH) juntó a un tercio de los propietarios grandes y medianos del campo. El escenario estaba preparado para un conflicto organizado.

La producción agrícola creció a una tasa razonable durante los arios del PDC, aunque las cosechas fueran fuertemente heridas

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por la sequía de 1968. La producción de las cosechas subió en una tasa promedio anual de 5% desde 1965 a 1970 (comparada con 2,3% del período anterior). La producción ganadera alcanzó un promedio anual de 5,5% de crecimiento comparada con una tasa histórica de menos de 2%. Pero, los alimentos importados siguieron constituyendo undrenaje importante en la balanza de pagos (dando cuenta de casi el 20% del valor de las exportaciones para el período de 1965 a 1970), a pesar de un incremento en las exportaciones agrícolas de 40%. El descuido histórico de la agricultura chilena tomaría a más de una presidencia para enderezarlo, especialmente cuando dos cosechas fueron severamente afectadas por la sequía.

El Gobierno de Frei no pudo sostener su ritmo inicial de reforma y comenzó a perder la iniciativa política. En un intento de frenar la inflación, trató de recuperar algo de lo que consideraba como pagos excesivos en sueldos a través de un sistema de ahorro obligatorio al que contribuirían tanto empleadores como empleados. Se intentaba que los fondos resultantes serían usados para establecer industrias gestionadas por los trabajadores, incrementar los ahorros y restringir la demanda consumista. Sin embargo, la propuesta de 1967 provocó que el Gobierno colisionara con los sindicatos y con la Derecha y el plan tuvo que retirarse. El PDC estaba consternado porque, a pesar de las alzas en las ganancias industriales y de los sueldos, ni los empleadores ni los empleados le dieron apoyo institucional al Gobierno (aunque en cuanto a los votantes, sectores de la clase obrera le dieron un considerable respaldo al Partido). Los empresarios, siempre desconfiados de la retórica del PDC acerca de la sociedad comunitaria, llegaron a alarmarse cada vez más después de que los oficialistas* perdieran el control del aparato del Partido en 1967. También estaban preocupados con las posibles alteraciones en el estatuto constitucional de la propie-dad después de que ésta había sido redefinida en 1967 para permitir que se implementara la Ley de Reforma Agraria: ellos temían que una vez que las grandes extensiones de tierra fueran expropiadas, lo mismo podría ocurrir con las grandes empresas. Además, estaban preocupados de que, en la competencia por las escasas fuentes de inversiones, una participación creciente iría al Estado en desmedro del sector privado.

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Las relaciones entre el PDC y los sindicatos nunca fueron buenas. El movimiento sindical, dominado en su mayoría por los partidos del FRAP (aunque el PDC había abierto caminos en el sector de los empleados a costa del Partido Radical), resentía las propuestas de abandonar los sistemas de sindicalización obligatoria [closed-shop] y de sindicato por empresa [single plant union] y eventualmente la CUT. Estas propuestas fueron consideradas, no sinrazón, como un intento de dividir al movimiento sindical. El PDC incrementó considerablemente el número y la importancia de los sindicatos, pero luego trató de controlarlos, lo que no fue del todo popular entre las alas más radicales del PDC. Este sector había ganado control del aparato del Partido en julio de 1967 y, alarmado con el descenso en el voto del Partido en las elecciones municipales de dicho año a 35,6% (desde un 42,3% en las elecciones parlamentarias de 1965), estaba urgiendo por una intensificación del proceso de reforma.

La fuerza laboral en los sindicatos se duplicó en los 6 años del go-bierno del PDC. Los sindicatos campesinos crecieron rápidamente e incluyeron a más de 120 mil miembros en 1970. Los campamentos se organizaron y se hicieron cada vez más militantes. El número de huelgas subió de 564 en 1964 a 977 en 1969 (y a 2.474 en 1972). En el campo, donde había habido sólo 3 huelgas en 1960 y 39 en 1964, hubo 648 huelgas en 1968 y 1.580 en 1970. Las tomas de fundos, de suelos urbanos para vivienda y de fábricas, también se incrementaron. En 1968, 16 fundos fueron invadidos por sus trabajadores; en 1970, hubo 368 invasiones. En el mismo período, el número de tomas de fundos subió de 15 a 352 y el número de ocupaciones de fábricas subió de 5 a 133.

Los antiguos conservadores y liberales, y algunos miembros cla-ramente no democráticos de la Derecha nacionalista, se unieron en el Partido Nacional y comenzaron a tomar la ofensiva. En las elecciones municipales de 1967, el Partido Nacional obtuvo un impresionante 14,3% de los votos y esto subió a 20% en las elecciones parlamentarias de 1969. Sin embargo, en 1969, los Partidos marxistas obtuvieron el 28,1% de los votos y el Partido Radical, ahora en alianza política con ellos, otro 13%. Dentro del PDC mismo, la derrota de la Izquierda en 1968, después de una activa campaña del Presidente, hizo que saliera elegido un directorio del partido leal a Frei. Pero incluso esto fue una insuficiente garantía para la

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Derecha de que el ahora dividido e incierto PDC podría detener a los marxistas.

La actividad política se fue haciendo cada vez más dura a medida que el Gobierno del PDC llegaba a su fin. La Derecha estaba furiosa con las reformas de la administración, especialmente con la Reforma Agraria, y teniendo pocas políticas propias que ofrecer, enfatizó en forma creciente las soluciones autoritarias y no democráticas al empate político. La Izquierda había sido profundamente influida por la Revolución Cubana y su vínculo con el marxismo era, en el caso de algunos sectores del Partido Socialista, cada vez más expresado en el lenguaje de la lucha guerrillera y la insurrección popular.

La victoria de los seguidores del Presidente Freí en las elecciones internas del Partido, en 1968, también puede ser considerada como un punto de inflexión. Aunque el margen de victoria no fue de ningún modo grande, una sección de la juventud del Partido, un pequeño, pero influyente grupo de parlamentarios y el teórico de la reforma agraria, Jacques Chonchol, dejaron el Partido para crear el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Cualesquiera oportunidades que podrían haber tenido de un acuerdo entre el PDC y el FRAP en las elecciones presidenciales venideras claramente ya no era posible. Quizás nunca lo fue, dada la oposición del PDC a las coaliciones y la hostilidad de la Izquierda Marxista a la Democracia Cristiana. En verdad, se ha alegado que, por presentarse como el partido gobernante natural, que, por evitar las acostumbradas políticas de negociación empleadas por los Partidos de Centro y por socavar el poder del Congreso (en la Reforma de 1970), el PDC ayudó a disminuir el consenso que hacía posible el acuerdo entre partidos en un sistema multi-partidista.

El período que antecedió a las elecciones de 1970 fue destrozado por la creciente polarización y violencia. El peor ejemplo de ella ocurrió cuando la policía disparó sobre un grupo de pobladores en la ciudad sureña de Puerto Montt, matando a 9 personas. La toma de sitios urbanos y de fundos aumentó. Un grupo revolucionario salido del Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), se fue a la clandestinidad y comenzó a incitar a la subversión. Incluso los militares comenzaron a reflejar la difícil at-

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mósfera con el levantamiento del Regimiento Tacna -el así llamado tacnazo*. El objetivo del levantamiento no fue claro, pero parecía ser una combinación de quejas económicas de los militares y un aviso al Gobierno de no dejar que continuara la 'subversión:

La campaña presidencial de 1970 fue peleada entre tres movimientos equilibrados en fuerza. El ex Presidente Jorge Alessandri, respaldado por el Partido Nacional y un grupo de disidentes del Partido Radical, fue el primero en anunciar su candidatura. Al comienzo, parecía que llevaba la iniciativa política y estaba bastante adelante en las encuestas, lo cual fue un factor que disuadió a la Derecha de repetir su táctica de 1964. Pero la edad de Alessandri (setenta y cuatro años) se mostró en la campaña, especialmente en la televisión, y él tenía muy poco de nuevo que ofrecer en cuanto a políticas o programa. Su fortaleza era su posición personal por encima de políticas de partido, aunque nadie dudaba de su compromiso con las ideas económicas del poderoso grupo asociado al Partido Nacional.

Radomiro Tomic, el candidato del PDC, había sido el ex embajador en Washington y se identificaba con el segmento izquierdista del Partido. El programa de Tomic no era visiblemente menos radical que el de Allende. Prometía, por ejemplo, completar la reforma agraria expropiando todos las grandes extensiones de tierra 'desde Los Andes hasta el mar: Sus ataques eran dirigidos contra el Partido Nacional y la Derecha, más que a los Partidos de la Izquierda unidos en la UP.

Salvador Allende, un senador y a los sesenta y dos años, el candidato presidencial de la Izquirda por cuarta vez, apenas había asegurado su nominación por el Partido Socialista -un anticipo de las dificultades que tendría con su Partido en el Gobierno-, porque el Partido Socialista había cambiado en la década, era más hostil a las alianzas políticas y estaba más preocupado con la pureza doctrinal. Era más leninista en su concepción del rol del Partido, menos comprometidocon un proceso gradual de construcción del socialismo y más con una visión de una revolución popular permanente. Pero todavía estaba dividido internamente acerca de muchos temas, y tenía que trabajar dentro de una coalición política que cubría un amplio espectro de posturas políticas.

200

La victoria de Allende, con el 36% de los votos (Tabla 4.4), no re-presentaba un gran giro a la izquierda o ninguna radicalización del electorado. Fue más bien el producto de las relaciones y de las hostilidades entre los Partidos que un gran cambio de opinión. Sin embargo, el Gobierno de la UP se dispuso a la tarea de producir el cambio necesario en la opinión pública como para poner en práctica su programa.

Tabla 4.4 La elección presidencial de 1970

Candidato Votos Porcentaje Allende 1.070.334 36,2 Alessandri 1.031.159 34,9 Tomic 821.801 27,8 Blancos/Nulos 31.505 1,1

Fuente: Arturo Valenzuela, Me Breakdown of Democratic Regimes: Chile (Baltimore, 1978), p. 40. La abstención fue del 16,5%.

El ritmo de las políticas durante los tres arios siguientes estuvo prefigurado por la frenética actividad que ocurrió antes de que Allende pudiera asumir la Presidencia. Para asegurar la ratificación necesaria del Congreso para un candidato que no había obtenido la mayoría de los votos, Allende acordó firmar un Estatuto de Garantías Democráticas propuesto por el PDC

17. Al menos una de las corporaciones principales

de Estados Unidos, la International Telegraph and Telephone Company (ITT) trató de 'desestabilizar' al régimen entrante y de persuadir al PDC a que no apoyara la ratificación de Allende. Un intento fue ejecutado por la extrema Derecha, estimulada por la CIA, de secuestrar al Comandante en Jefe del Ejército, el General René Schneider, para esparcir el pánico. El plan resultó trágicamente errado, cuando el General Schneider se resistió y fue asesinado. La fuga de capitales proclamó las dificultades que el gobierno entrante iba a tener con el sector de negocios.

17 El Estatuto demandaba a Allende respetar las libertades políticas y civiles y garantizar la existencia de los Partidos Políticos, la libertad de prensa, la libertad de educación, la libertad de los sindicatos del control del Estado y la libertad de las Fuerzas Armadas de la injerencia política. Como señala Arturo Valenzuela, la mera necesidad de pedir al Presidente electo que garantizara que respetaría, en efecto, la Constitución, era una medida de cuánto se había erosionado la confianza política. Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile (Baltimore, 1978), p. 49.

201

La 'vía chilena al socialismo': la presidencia de Salvador Allende, 1970-1973

No seré otro Presidente cualquiera. Seré el primer Presidente en la historia de Chile de un Gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario (Del discurso de la victoria de Salvador Allende).**

El objetivo político central de las fuerzas de la Unidad Popular será la búsqueda del cambio de la vigente estructura económica, alejando el poder del capital monopólico nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo (Del programa de la Unidad Popular).

El Gobierno de la UP, liderado por Salvador Allende, transformó la atmósfera de la vida pública en Chile. Antiguos conceptos, como membresía en un Partido, cambiaron de ser una simple expresión de preferencia partidaria a una posición de guerra de clases. El consenso general acerca de la validez del sistema constitucional estaba roto. La violencia política, hasta entonces rara en Chile, creció en intensidad y frecuencia. Movimientos nuevos, identificados vagamente como poder popular*, expresaban una intensificación de las demandas populares que no solo alarmaron a la oposición, sino que también debilitaban la autoridad política del Gobierno. Todos los aspectos de la vida se politizaron, y la política llegó a polarizarse: era imposible no estar a favor o en contra del Gobierno. La terrible brutalidad con la cual el Gobierno fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 es un triste testimonio del nivel que la pasión política había alcanzado.

El gobierno de la UP prometió nacionalizar la economía, implementar un masivo programa de redistribución económica, terminar la dominación de los latifundios, transformar el sistema político mediante la creación de un Poder Legislativo unicameral, desarrollar la participación popular en la gestión de la economía, en la elaboración de decisiones políticas y en la administración de justicia, y procurar una política exterior genuinamente independiente. Aunque este programa estaba al borde de lo revoluciona-

** N. del T. El discurso decía literalmente`...la bandera del primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario...’

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rio, el Gobierno intentó implementarlo dentro de los límites de un sistema constitucional pre-existente. Este sistema sería, por supuesto, modificado, pero, para la mayoría de la coalición de la UP, no existía la cuestión de la ilegalidad revolucionaria o la insurrección. El Gobierno argumentaba que la implementación del programa afectaría adversamente sólo a una minúscula minoría de los propietarios y a sólo una pequeña fracción de la elite económica altamente concentrada. En el sector industrial, por ejemplo, el Gobierno inicialmente intentó nacionalizar 76 compañías. Estas cruciales compañías daban cuenta de alrededor del 44% del total de ventas de manufacturas, pero incluso añadidas a aquellas ya poseídas o controladas por el Estado, el sector nacionalizado iba a consistir solamente de alrededor de 130 empresas industriales de 30.500 existentes.

Había bastante vaguedad acerca de los métodos para implementar tan amplio conjunto de políticas dentro del marco institucional existente. ¿Cómo iban a ejecutarse, en cuánto tiempo y cómo iban a relacionarse las medidas a corto, mediano y a largo plazo?th La implementación de las políticas de la UP dependían de una cantidad de presunciones interrelacionadas acerca del éxito de sus políticas económicas, acerca de la firmeza del apoyo político para el gobierno y acerca de la conducta de la oposición. Las suposiciones resultaron ser irreales.

El Gobierno de la UP era una coalición de seis partidos, y el pro-grama mismo era un documento de negociación elaborado para acomodar las diferentes tendencias dentro de la coalición, desde la moderación de la social democracia del Partido Radical hasta el leninismo del segmento izquierdista del Partido Socialista. Más importantes eran las diferencias entre los socialistas y los comunistas sobre la velocidad de la implementación del programa y el equilibrio político entre la movilización popular, por una parte, y

18 El tema que derrotó a la UP, de acuerdo con el senador del ala izquierdista del Partido Socialista Carlos Altamirano no fue qué hacer, sino cómo hacerlo. Esto no es muy diferente del punto expresado por Sergio Bitar, un Ministro de Minería en el Gobierno de la UP: que uno de los mayores defectos del Gobierno fue su inhabilidad para implementar una estrategia clara. Carlos Altamirano, Dialéctica de una derrota (México, 1977), p. 44, y Sergio Bitar, Transición, socialismo y democracia: La experiencia chilena (México, 1979), p. 15.

2 0 3

la necesidad de asegurarse a los sectores de clase media, por otra

19. El

interminable debate acerca del modo de crear la vía chilena al socialismo resultaría ser un callejón sin salida marxista del cual no habría retorno.

Las dificultades que enfrentó Allende como Presidente se complicaron por la falta de disciplina y el divisionismo de su propio Partido Socialista. Desde que el Partido había declarado en su Congreso de 1967 que 'la violencia revolucionaria es inevitable y necesaria', hubo secciones importantes del Partido que apoyaban, al menos en teoría, la vía insurreccional* por encima de la vía pacífica.* Y había grupos fuera del Partido Socialista, especialmente el MIR, que practicaban lo que predicaban algunos de los socialistas izquierdistas. La actitudambivalente de algunos de los dirigentes políticos socialistas hacia las actividades del MIR y la legitimidad de la violencia revolucionaria complicaron al Gobierno de Allende y le dieron una oportunidad a la Derecha para crear temores acerca de las intenciones de la UP como un todo. Tales temores no fueron disipados por el tono de la propaganda, ya fuera de la izquierda o de la derecha. El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, un líder político demócrata-cristiano, por un grupo de extrema izquierda en junio de 1971, intensificó mucho más el clima de temor y hostilidad política.

El Partido Socialista nunca disipó sus dudas con respecto al Partido Comunista de Chile (PCCh). Éste era un Partido establecido hacía mucho tiempo, firmemente enraizado en el movimiento laboral, muy disciplinado, un fuerte apoyo a Moscú en temas internacionales, pero no sin flexibilidad en temas locales. Su moderación y cuidado no eran aceptables para sectores del Partido Socialista. Parecía haber un liderazgo dual en el corazón de la UP. El Partido Radical tendía a aliarse con las precauciones de los Comunistas, pero se dividió en tres facciones y perdió su importancia política. Los otros dos partidos ideológicos de la UP, el MAPU y la Izquierda Cristiana (IC), también sufrieron pérdidas y el MAPU se dividió en dos partidos separados. La Acción Popular Independiente (API)

19 Joan Garcés, uno de los asesores más cercanos de Allende, criticó fuertemente la falta de 'confianza, respeto y disciplina' entre los partidos, hacia el Gobierno y hacia el propio Allende. Garcés, Allende y la experiencia chilena (Barcelona, 1976), pp. 228-455.

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del senador Rafael Tarud era un partido personalista de poca im-portancia política.

Un importante problema causado por la existencia de tantos partidos fue la imposición del sistema de cuoteo para nombrar los puestos gubernamentales. Éstos iban a ser distribuidos de acuerdo con un sistema más o menos fijo, favoreciendo a los Partidos más pequeños; pero los cargos de subordinados iban a asignarse a personas de Partidos diferentes del que militara su superior inmediato. Este sistema fue diseñado para detener la posibilidad de que cualquier Partido colonizara un Ministerio. En la práctica, los resultados fueron invalidantes. La autoridad del Partido supervisaba a la autoridad administrativa; el control del ejecutivo sobre la máquina gubernamental se debilitó y el efecto en el servicio público profesional, cuya cooperación era esencial si tal ambicioso programa de reformas iba a ser ejecutado exitosamente, era muy adverso.

Estas divisiones habrían sido suficientemente perjudiciales si la UP hubiera gozado de una mayoría en el Parlamento, pero era una minoría. Como resultado de las elecciones de 1969, la UP tenía 8 sillones en el Senado; la oposición 32. El PDC tenía 20 senadores; el Partido más grande de la UP, el de los comunistas, tenía solamente 6. En la Cámara de Diputados, el Gobierno tenía 57 diputados; la oposición 93. El PDC tenía 47 diputados y el Partido Nacional 33, mientras que el Partido Comunista tenía 22 y el Partido Socialista 14. Las ganancias que logró la UP en las elecciones de 1973 redujeron sólo un poco la mayoría de la oposición. De este modo, el Gobierno de la UP enfrentaba un Congreso que llegó a ser crecientemente hostil. A menos que un acuerdo pudiera alcanzarse con el PDC, la única esperanza de la UP era que sus políticas económicas fueran tan exitosas que hubiera un masivo giro a su favor. Pero, después de un ario de éxito inicial, la economía comenzó a dete-riorarse.

La acción inicial del Gobierno en el frente económico fue un aumento masivo de sueldos y de salarios. Aunque la tasa de inflación en 1970 era de 35%, el aumento de salarios promedió un 55%. Hubo incrementos diferenciados para los sectores más pobres, pero en efecto hubo una explosión en los sueldos y salarios más

205

que una redistribución de los ingresos de los ricos a los pobres. A los pobres les fue mejor, relativamente, que a los ricos; pero los que estaban en los niveles más altos de ingresos no sufrieron. Se estableció control a los precios y el Gobierno estableció un elabo-rado sistema de redes de distribución a través de varias agencias incluyendo a comités locales de abastecimiento y precios (Juntas de Abastecimientos y Precios -JAP) para asegurarse de que los al-maceneros locales estaban cumpliendo las reglas.

Se nacionalizaron las minas de cobre, con el apoyo de la oposición, en julio de 1971; y durante el primer año se tomaron más de 80 empresas de importantes sectores comerciales e industriales. También se aceleró la reforma de tenencia de la tierra, pero el Go-bierno tenía que actuar dentro de los límites de la ley aprobada durante el Gobierno precedente. Se expropiaron casi tantos fundos en el primer ario como en el total del período del Gobierno del PDC, muchos como resultados de tomas. Hacia fines de 1971, virtualmente todo el sector financiero estaba bajo el control del Gobierno, transferido al Área de Propiedad Social (APS).

La expansión dirigida por el Gobierno produjo una alta tasa de crecimiento económico en 1971. Debido a la capacidad en desuso en la industria, las reservas, el rápido crecimiento en las importa-ciones y un alto nivel de reservas internacionales, el Gobierno lo-gró una tasa más baja de inflación que en el ario anterior. El PIB en 1971 creció un 7,7% total, la producción industrial bruta creció en 11% y una buena cosecha incrementó la participación de la agri-cultura en el PIB en un 7%. El desempleo cayó desde un 8,3% en el ario 1970 a 3,8% a fines de 1971. Los sueldos y salarios subieron a 61,7% de los ingresos en 1971 comparado con el 52,2% de 1970 y un promedio de 48,4% de la década de los arios 1960.

En el frente externo, el Gobierno anunció su intención de man-tener una tasa fija de cambio. La Izquierda había sido una feroz crítica del sistema de minidevaluaciones o de cambio reptante [crawling peg] del Gobierno de Frei, sosteniendo que incremen-taba los costos y avivaba la inflación. Pero, como resultado, el es-cudo comenzó a ser crecientemente sobrevaluado. Otros signos de aviso comenzaron a aparecer antes de terminar el primer ario de Allende en el cargo. Los gastos públicos del Gobierno central

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subieron mucho, más de 66% en términos nominales en 1971, en comparación con el año previo, de 21% a 27% del PIB, pero losingresos gubernamentales del momento descendieron de 20% a 18,5% del PIB. El déficit fiscal subió a 8% del PIB, comparado con el 4% de los arios precedentes. El dinero circulante más que se duplicó y la gigante expansión del crédito fue en su mayor parte al sector público. Durante 1971, el precio promedio de cobre cayó un 27% y, ya que la producción también descendió un poco en las tres minas principales, el valor de las exportaciones de cobre cayó en un 16,5%. Aunque las reservas internacionales eran altas, así lo fue también la deuda aún pendiente. La balanza de pagos pasó desde US$95 millones de excedente en 1970 a un déficit de US$90 millones en 1971. Las fuentes externas tradicionales de financiamiento de los Estados Unidos virtualmente se secaron y el Gobierno se vio forzado a recurrir a otras fuentes -Europa, Latinoamérica y la URSS-. Las reservas de Chile cayeron en tres cuartos en 1971 y, en noviembre, el Gobierno se vio obligado a anunciar la suspensión del pago de los servicios de la deuda, perdiendo la renegociación.

Todos los problemas visibles ya en 1971 -límites de capacidad en el sector industrial y en otros, quiebre del sistema de distribución, conflicto industrial, el crecimiento de un mercado negro, el descenso de la inversión privada, la expansión monetaria descontrolada, el agotamiento de las reservas internacionales- acumulada y multiplicada con terrible fuerza en 1972 y 1973. Para el momento en que el Gobierno de la UP llegó a su término, el PIB real per cápita y los sueldos reales estaban cayendo, la producción agrícola había caído grandemente (quizás a los niveles iniciales de los arios 1960, aunque los manejos del mercado negro hacen difícil calcularla), la inflación estaba fuera de control, tenían que reprogramarse varios años del servicio de la deuda, las reservas netas internacionales estaban en más de US$200 millones en rojo y la balanza de pagos estaba en gran déficit. Los ingresos gubernamentales cayeron mucho mientras crecían los gastos. Con el crecimiento del mercado negro y los obstáculos parlamentarios para cambiar los impuestos, el déficit del Gobierno central subió a niveles históricos: 22% del PIB en 1973. La emisión de moneda creció en 576% desde el fin del año 1971 hasta agosto de 1973; la extensión total de emisión de moneda durante el Gobierno de la UP fue de 1.345%.

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Aunque el Gobierno devaluó la moneda en diciembre de 1971, y desde allí lo hizo a intervalos, tal alta tasa de inflación mantuvo al escudo seriamente sobrevaluado. Después de una caída en los ingresos por exportaciones con los precios del cobre cayendo en 1972, hubo una recuperación en 1973. Sin embargo, las importa-ciones continuaron creciendo más rápidamente, el total de costos por importación de alimentos era casi cuatro veces lo que había sido en 1970 (y daban cuenta de un tercio del total de importacio-nes comparado con solo 14% tres arios antes). Esto refleja el alza de precios internacional al mismo tiempo que el resultado de subir los ingresos de los pobres y del descenso en la producción.

La Reforma Agraria se aceleró durante 1972. Más del 60% de la tierra regada había sido tomada por el Estado para redistribuirla. Notablemente, para tal proceso masivo, hubo muy poca violencia y destrucción de la propiedad. Pero había también un gigantesco desincentivo a invertir y se produjo una seria descapitalización, llevando a una reducción en la producción en 1972 y 1973. En el sector industrial, continuaron las tomas por parte del Estado y la amenaza de expropiación, como las tomas espontáneas por losobreros, condujo al cese virtual de las inversiones en el sector pri-vado.

El análisis de las políticas económicas del Gobierno de la UP tiende a dedicarse a lo que fue erróneo, a lo que fue equivocado, al porqué las cosas resultaron tan mal. Sin embargo, uno de los mayores y permanentes logros del Gobierno de la UP fue la nacionalización de las grandes minas del cobre. La decisión de transferir estos bienes a la Nación necesitó una enmienda constitucional y esto fue tramitado con el apoyo de todos los partidos en el Parlamento. El Gobierno de la UP prometió compensación a las compañías por el valor de libro de su bienes, pero previno que serían penalizados por ganancias excesivas en el pasado. Después de algunas complicadas disputas legales, el Gobierno decidió que la cantidad debida por un conjunto de compañías excedía los valores de libros. Se ofreció algún pago a ciertas minas, pero la nacionalización fue intensamente atacada por las compañías y creó dificultades para el comercio internacional de Chile. Aunque hubo problemas iniciales en la transición, y aunque los costos por unidad subieron de forma apreciable, la producción total aumentó; tal combinación

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de las medidas tomadas por los Gobiernos del PDC y de la UP ayudó a asegurar una considerable expansión de la producción de cobre en los años 1970 y a que las ganancias del cobre quedaran en Chile y no fueran exportadas.

Otras reformas del período de la UP, como la distribución gratuita de leche a los niños escolares, fueron admirables desde muchos puntos de vista. Hubo un intento positivo de reformar el sistema de impuestos, aunque fue bastante postergado y encaró mucha hostilidad en el Congreso.

Los sistemas creados para la participación de los trabajadores en la industria y en las cooperativas agrícolas fueron imaginativos y, en tiempos menos agitados, habrían sido una positiva contribución a la producción ya una auténtica extensión de la participación. Pero los tiempos estaban agitados y las reformas fueron atrapadas en una controversia política que las destrozó.

La fuerza de la oposición no era suficiente en sí misma para explicar el retroceso económico. Había una ausencia de coordinación entre el equipo económico y los políticos, entre la estrategia política de cambio gradual y consenso y la estrategia económica radical de redistribución. La aparente falta de preocupación del Gobierno acerca de la creación de la tormenta económica denotaba un optimismo injustificado acerca de las prospectivas a largo plazo y una injustificada carencia de preocupación por la gestión a corto plazo.

La estrategia de Pedro Vuskovic, el Ministro de Economía, estaba basada en los efectos reflacionarios de una redistribución masiva de los ingresos. Vuskovic fue el estratega económico clave y ejerció una considerable influencia sobre Allende. La intención principal de su estrategia era ampliar la base política de la UP, y el voto en la elección de 1973 mostró que la base política era en verdad notablemente fuerte, aunque la estrategia no había acrecentado el apoyo en forma especial (y había intensificado la oposición al Gobierno). La demanda de consumo, sin embargo, no bajó a un nivel consistente con las ganancias del tipo de cambio foráneo o el nivel deseado de inversiones. El gigantesco aumento en el poder de compra pronto se agotó contra las limitaciones de provisiones, intensificando el crecimiento del mercado negro, acaparamiento

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e inflación. La redistribución no afectó a los de más altos ingresos -sólo desde un punto de vista relativo- y todos se beneficiaron en términos de poder comprador. Se ha alegado que la explosión de ingresos fue el factor principal detrás de la crisis económica

20.

Las políticas de Gobierno habrían tenido una mayor oportunidad de éxito si hubiera sido posible una política de restricción de sueldos, pero esto, en la práctica, era muy difícil: en 1971, los sueldos y salarios ya daban cuenta de la participación en el PIB que se suponía se alcanzaría en el ario 1976. La actitud del Gobierno hacia las demandas de sueldos era generalmente de apoyo. Después de todo, éste era un gobierno apoyado por la clase trabajadora y que trabajaba por sus intereses. Los partidos de la UP, luchando por la influencia, buscaban en algunos casos aumentar su apoyo estimulando las quejas por sueldos; y los partidos de la oposición, deseando aumentar las dificultades económicas del Gobierno, también promovían demandas excesivas de sueldos. ¿Cómo podía el Gobierno contener estas presiones? El uso de medidas represivas que habían sido ejecutadas en el pasado era completamente inaceptable sobre la base del campo político. Pero el resultado era desastroso. El gran déficit no planificado de las empresas estatales tradicionales y recientemente nacionalizadas se debía principalmente a la combinación de aumentos de sueldos y de control de los precios. En 1972, el Gobierno propuso un aumento en sueldos y salarios de 22% para el sector público; el promedio de los aumentos obtenidos realmente fue de 47,7% (y el nivel del sector privado no se quedó corto).

Los aumentos de sueldos y salarios no se obtuvieron sin una lucha en el sector privado e incluso en el público, y el período vio un aumento importante en el número de huelgas (Tabla 4.5). Muchas de

20 José Serra y Arturo León, La redistribución del ingreso en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Documento de Trabajo N°70, FLACSO (Santiago, Julio, 1978), p. 61. También critican la confianza injustificada en el frente exterior, que llevó a un ario de retraso en buscar la renegociación de la deuda; una política errónea consistente en mantener una tasa de cambio fija; una permisividad excesiva en relación con el gasto público. La amplitud en cuanto a qué redistribución basada en aumentos de sueldos realmente beneficia a los muy pobres (muchos de los cuales no reciben salarios) está abierta a discusión. Ver el perceptivo análisis de Alejandro Fwdey y Oscar Muñoz, 'Income Redistribution, Economic Growth and Social Structure; Oxford Bulletin of Economics and Statistics 36, N° 1 (1974), pp. 21-24.

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estas huelgas en, 1971 y 1972, eran preludios a tomas de fábricas o fundos por los obreros y gozaban del apoyo activo de funcionarios del gobierno local, incluso cuando el gobierno central estaba cada vez más preocupado.

Tabla 4.5 Huelgas en 1971 y1972

Número de huelgas

Total de días en huelga

Total de trabajadores

Total de días/hombre en huelga perdidos

Sector privado 1964 564 - 138.476 - 1969 977 - 275.405 972.382 1971 2.377 18.153 251.966 1.281.834 1972 2.474 11.097 262.105 1.177.186 Sector público 1971 322 1.088 50.431 132.479

1972 815 2.881 135.037 476.965 Fuente: H.Landsberger y T. McDaniel, -Hypermobilisation in Chileí, World Politics 28 (julio 1976), p. 520, usando las cifras oficiales del Discurso Presidencial anual al Congreso.

La incorporación de las empresas en el APS, el sector estatal de la economía (Tabla 4.6) creó muchos problemas. Fueron tomadas muchas empresas, más de lo que se había pensado (aunque alrededor de las 25 que se planificó nacionalizar se las arreglaron para escabullirse). En 1973, las empresas manufactureras del APS daban cuenta de más del 40% de la producción total industrial y empleaban 30% de la fuerza laboral industrial. Además, el sector estatal era responsable del 93% del total del crédito bancario, 90% de la producción minera y 28% de la distribución de alimentos. Creadas con la intención de gestionarse en conjunto entre representantes de los trabajadores y de los administradores, no intentaban representar una amenaza a las pequeñas y medianas empresas, aunque efectivamente así fueron percibidas.

Aparte de la cuestión de la participación de los trabajadores, lo que tuvo resultados variados, la principal función del APS, de acuerdo con Vuskovic, era generar un excedente y aumentar la acumulación de capital. Sin embargo, la acción independiente de los trabajadores, a continuación de la toma de la principal planta textil Yarur, implicó la dominación de los criterios políticos más que los económicos en el proceso de nacionalización. Muchas de las em-

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presas tomadas eran pequeñas o medianas empresas y estas na-cionalizaciones ocurrieron frecuentemente contra los deseos de Allende.

Tabla 4.6 El Sector Estatal, 1970-1973

Número de empresas

Nov. 1970 Dic. 1971 Dic.1972 Mayo 1973 Propiedad Estatal' 31 62 103 165 Bajo intervención o requisición - 39 99 120 Total 31 101 202 285

a Incluye las áreas social y mixta (es decir, las empresas gestionadas en conjunto

por el Estado y los sectores privados) y seis industrias nuevas, creadas después de 1970. Fuente: Stefan de Vylder, Allende's Chile: 11w Political Economy of the Rise and Fall of the Popular Unity [La economía política del alza y la caída de la Unidad Popular] (Cambridge, 1976), p.149.

A pesar de los llamados gubernamentales a restringirse, los traba-jadores en el APS comenzaron a demandar beneficios especiales, tales como descuentos en productos y aumentos de sueldos muy por encima de la tasa de inflación. La gestión del APS fue dividida de acuerdo con las líneas partidarias y consideraciones de políticas de Partidos erosionaron frecuentemente las de eficiencia económica. Más que proveer un excedente para la economía, el sector estatal como un todo fue responsable de una gran parte del gigantesco déficit fiscal, aunque esto fue un producto de la gestión de las empresas estatales tradicionales más que de las preocupaciones por las recientemente nacionalizadas.

El Gobierno de la UP abandonó la estrategia de Vuskovic en julio de 1972, cuando fue remplazado como Ministro de Economía por Carlos Matus, un socialista de la facción de Allende, y Orlando Millas, un comunista, llegó a ser Ministro de Hacienda. Matus y Millas ensayaron una estrategia más coherente para reducir la brecha entre la oferta y la demanda. Pero, la relajación de los controles de precios y la devaluación enviaron la inflación a una espiral creciente. El Gobierno perdió cualquier capacidad para una planificación a largo plazo: la supervivencia, sobre una base de día a día, fue todo lo que pudo lograrse.

La oposición hizo todo lo que pudo para sabotear los planes eco-nómicos de la UP e indudablemente contribuyó decisivamente a sus dificultades económicas. La oposición en el Parlamento rehu-

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só aceptar las reformas a los impuestos y los reajustes, y, en 1972, aumentó sustancialmente el déficit fiscal por su rechazo a financiar el Presupuesto. Ni tampoco se confinó la oposición a las actividades parlamentarias. Hubo sabotaje de la producción y huelgas masivas, como la llamada huelga de los camioneros de octubre de 1972 y juniode 1973, que dañaron seriamente la economía.

El tema de la injerencia de Estados Unidos es controvertido. La CIA fue autorizada a gastar US$8 millones de dólares para procurar el derrocamiento de Allende; y se le dio, al mercado negro, un monto probablemente cerca de US$40 millones. Además, se cortaron los préstamos de Estados Unidos; y este país usó su influencia para bloquear préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo; trató de obstruir la renegociación de la deuda chilena; se drenaron los préstamos a corto plazo de bancos de Estados Unidos; y las compañías estadounidenses del cobre emprendieron acciones legales contra Chile para bloquear las exportaciones de cobre a Europa. Hubo, por supuesto, préstamos sustanciales, especialmente desde otros países latinoamericanos e importante ayuda financiera de la URSS y otros países comunistas en 1972 y a comienzos de 1973. Pero los créditos a largo plazo, para el desarrollo, incluyendo un total de US$500 millones del bloque soviético, estaban prácticamente sin gastar para cuando fue el Golpe Militar. Puede no haber habido un bloqueo de Estados Unidos, pero hubo un boicot virtual y el efecto en una economía tan ligada al sistema económico de dicho país no podía producir sino una seria dislocación.

La política de Centro desapareció en el Chile de Allende. El Partido Radical se desintegró en tres facciones. Bajo la presión electoral, empujado por su propia ala derecha y con el retiro de varios par-lamentarios progresistas para formar la IC, el PDC se movió, en 1972, a una relación de trabajo con el Partido Nacional. Su propia moderación provocó el aislamiento progresivo de Allende a medida que sus seguidores desarrollaban nuevas formas de organización política fuera del control del Ejecutivo, en el así llamado poder popular*.

¿Por qué no podría haberse contenido el conflicto dentro del sistema institucional? Probablemente porque ningún lado estaba lo

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suficientemente comprometido con dicho sistema y porque las ex-pectativas de todos los Partidos eran demasiado altas. La oposición se permitió una serie de medidas destinadas a obstruir al Ejecutivo, las cuales, si no ilegales, ciertamente violaban las convenciones del sistema parlamentario. El Gobierno, por su parte, empleó medidas de dudosa legalidad. Hubo uso intensivo de censuras ministeriales contra los Ministros en un intento de crear confusión administrativa y conflicto entre las ramas del Gobierno. Las restricciones en las iniciativas legislativas fueron evitadas cambiando las leyes propuestas en proyectos para enmendar la Constitución. El conflicto principal surgió por la propuesta de dos senadores del PDC, Juan Hamilton y Renán Fuentealba, para restringir los pode-res del Ejecutivo en cuanto a tomar empresas dentro del APS más allá de lo acordado entre el Ejecutivo y el Congreso. La oposición trató de desarrollar medidas para restringir los antiguos poderes de veto del Ejecutivo sobre las propuestas parlamentarias. Esto culminó en el famoso debate del 22 de agosto de 1973 en el cual la Cámara de Diputados declaró inconstitucionales e ilegales las po-líticas del Presidente y, por un voto de 81 a 47, invitó a las Fuerzas Armadas a defender la Constitución.

El Gobierno, por su parte, usó algunas medidas no ortodoxas para desarrollar sus políticas -como el uso de un Decreto de 1932 para facilitar la toma de empresas-. Sea lo que sea lo correcto y lo equi-vocado de estas cuestiones de interpretación, el efecto fue politizar el sistema judicial buscando el arbitraje legal de las disputas que antes habían sido resueltas por acuerdos entre los políticos. Esto no ayudó en nada para resolver los temas de principios o para asegurar la imparcialidad de los procedimientos administrativos.

Si el proyecto de transformación social de la UP era posible sólo con el apoyo de la mayoría de la gente, podría haberse logrado a través de elecciones, un plebiscito acerca de una Reforma Consti-tucional o un acuerdo con el PDC. Las elecciones municipales de abril de 1971 le dieron un total de 48,6% de la votación a la UP, un 48,2% a la oposición y el resto fue blanco o nulo. Sin embargo, las elecciones municipales no alteraron el equilibrio de poder político. De alguna forma, fue un mal resultado para la UP. No le dio al Gobierno un nuevo poder, pero ayudó a crear un sentimiento de falsa confianza y agrandó los argumentos contra un trato con el

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PDC. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 tampoco permitieron, en algún grado, conclusiones claras. La UP obtuvo el 44,2% de los votos (los socialistas 18,4% y los comunistas 16,2%) y los partidos de la oposición 54,2% (el PDC 28,5% y el Partido Nacional 21,1%), con 1,6% blanco o nulo. Tal resultado no podía resolver el empate político de una u otra manera. Pero sí mostró que la oposición no podía obtener los dos tercios de mayoría en el Congreso que necesitaban para destituir a Allende, una conclusión no perdida en aquellos que favorecían un Golpe.

Varias veces se debatió, en la coalición de la UP, la posibilidad de un plebiscito sobre la Constitución, que disolviera las cámaras existentes y eligiera una Asamblea del Pueblo. Inmediatamente después de las elecciones municipales de 1971, se consideró, pero fue rechazada por Allende y los comunistas, sobre la base de que forzaría a la oposición a unirse. Fue considerada nuevamente en los últimos meses de Gobierno, pero, aunque ahora era favorecida por Allende, fue rechazada por los Partidos, algunos de los cuales buscaban cooperación con el PDC, otros anticipaban el conflicto y deseaban tiempo para prepararse.

Siempre hubo miembros del PDC, nada menos que el mismo Tomic, y de la UP, que alegaban a favor de la cooperación. Hubo frecuentes intentos de llegar a un acuerdo sobre un programa común hasta un intento de mediación por el Cardenal-Arzobispo de Santiago a mediados de agosto de 1973, pero los intentos de cooperación siempre se rompieron. El Partido Socialista se oponía a tales acuerdos sobre la base de que estarían traicionando los objetivos principales de la UP y que alejarían a sus seguidores. Patricio Aylwin, un senador líder del PDC, igualmente sentía que la cooperación con la UP sería una traición, a menos de que hubiera concesiones concretas al PDC21. En verdad, la hostilidad de algunos líderes del PDC hacia la cooperación con la UP los llevó realmente a dar la bienvenida al Golpe Militar. La tragedia es que, en ciertas etapas, cuando, por ejemplo, los acuerdos estaban siendo alcan-

21 De acuerdo con Tomic, 'La estrategia de la UP nunca fue colaborar con los demócrata-cristianos, sino dividirlos y destruirlos: De acuerdo con Altamirano, el PDC solamente parecía querer negociar para confundir a la UP y mantener quietos a los senadores democráticos de la UP. Tomic 'Christian Democracy; p. 190. Altamirano, Dialéctica, p. 98. Ver también Garcés, Allende, p. 213.

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zados en junio y julio de 1973, hubo aceptación de tantos puntos sustantivos previamente en disputa que poco faltaba excepto un acto de voluntad política de ambas partes para poner en práctica estos acuerdos. Un elemento continuo que actuaba en contra de la cooperación fue la campaña de prensa de la Izquierda y de la Derecha. Violentos ataques sobre los políticos de ambos campos e informes extremadamente exagerados de conspiraciones y contra-conspiraciones contribuyeron a la creación de una mentalidad de sentirse asediado. Un acuerdo entre el PDC y la UP llegó a ser crecientemente improbable a medida que los desarrollos sociales y políticos los empujaban a posiciones antagónicas. La UP encontró más fácil aceptar una presencia militar en el Gabinete para resolver la crisis de 1972 que revivir las conversaciones con el PDC.

Aunque los teóricos de la UP especulaban sobre los problemas de ganarse a la clase media, parecía asumirse que la lealtad de la clase obrera podía darse por garantizada. Éste no era el caso. Hubo una gran parte de la clase obrera cuya lealtad estaba en otra parte; y aquellos sectores de la clase obrera cuya lealtad a, fines del Gobierno de la UP, era firme. Sin embargo, desarrollaban organi-zaciones y acciones que reducían aún más la posibilidad de una resolución institucional y constitucional de la crisis política.

Las dificultades experimentadas por el Gobierno para frenar los aumentos de sueldos demuestran la extensión de la incapacidad de la CUT en cuanto a sujetar sus sindicatos constituyentes. Mucho más que antes, la CUT llegó a ser una parte del sistema de Gobierno, pero sus debilidades permanecieron siendo un impedi-mento para el ejercicio del control central. El movimiento sindical chileno había sido siempre muy descentralizado, las federaciones, e incluso los sindicatos por empresa, tenían una tradición de fuerte independencia, la que no estaban dispuestos a ceder. Además, una proporción importante de los miembros de los sindicatos per-tenecían a los Partidos de la oposición, como muestran los resul-tados de las elecciones de 1972 para el Ejecutivo, de la CUT (Tabla 4.7 ).

Aunque los partidos de la UP sacaron alrededor del 70% de los vo-tos, el PDC tenía una mayoría en Santiago Central con 35.000 votos contra alrededor de 30.000 para los comunistas y 25.000 para los

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socialistas, y el PDC controlaba la rama regional de la Provincia de Santiago de la CUT. Muchos sindicalistas del PDC estaban a la izquierda del liderazgo de su Partido y algunos colaboraron con los sindicalistas de la UP en los sistemas de participación. Pero ellos no iban a ser menos que los sindicalistas de la UP en demandar aumentos de sueldos y otros beneficios para los trabajadores, y esto llevó a huelgas perjudiciales como la disputa en la mina de cobre El Teniente en abril de 1973, lo cual significó no solo una inesperada pérdida de ingresos por exportaciones, sino también un golpe a la autoridad del Gobierno.

Tabla 4.7 La elección nacional de la CUT, 1972

Votos Porcentaje Obrer os Comunistas 113.000 38 Socialistas 95.900 32 Demócrata-Cristianos 47.400 16 Miembros del MAPU 22.000 7 Miembros del FTR

a 5.800 1

Radicales 5.600 1 Total 291.400

b

Empleados Demócrata-Cristianos 61.000 41 Comunistas 33.000 22 Socialistas 29.000 19 Radicales 11.000 7 Total 146.000

c

a Un grupo del MIR b Incluye votos de otros partidos pequeños y votos inválidos c Incluye votos de partidos minoritarios y votos inválidos Fuente: Cifras oficiales de la CUT. Cifras levemente diferentes aparecen publicadas por Manuel Castells, La lucha de clases en Chile (Buenos Aires, 1974), p. 427. Pero ya que el recuento de votos tomó alrededor de seis semanas y fue disputado, no es sorprendente que existan tales diferencias.

Aunque los sindicatos hubieran estado sólidamente respaldando a la UP, todavía habrían sido sólo una minoría del total de la fuerza laboral. Las obreras, por ejemplo, estaban muy desorganizadas y su conducta electoral las mostraba más opuestas a la UP que los hombres. La participación de las mujeres en el electorado había crecido más rápidamente que la de los hombres, y en 1970 ellas constituían la mitad del electorado. Mientras está claro que la UP estaba cerrando la brecha entre la conducta electoral de hombres

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y de mujeres en las áreas urbanas de las clases trabajadoras, en las elecciones de 1973, el 61% de los votos de las mujeres fueron a la oposición comparados con el 51% de los hombres.

La adhesión política de los habitantes de los campamentos fue siempre problemática para la UP. Solamente una pequeña propor-ción estaba organizada en sindicatos; el movimiento de extrema izquierda, MIR, tenía más apoyo aquí que entre otros sectores so-ciales; el PDC también tenía un fuerte respaldo; y los mecanismos normales de control gubernamental eran mucho más débiles en estas áreas. Hacia mediados de 1973, había 275 campamentos* en Santiago, en los cuales vivía alrededor de un sexto de la población de la capital. Muchos de los campamentos* se habían establecido tomándose los suelos; tales actividades eran esperadas por los pobres de la ciudad en un clima político ahora empático con sus aspiraciones, pero las tomas* contribuyeron a la pérdida de auto-ridad gubernamental. Muy pocos de estos habitantes se beneficia-rían, por ejemplo, de la participación en la fuerza laboral del APS: de acuerdo con las cifras gubernamentales, solamente alrededor de un cuarto de la fuerza laboral activa económicamente estaba empleada en el sector estatal. El Gobierno, por lo tanto, tenía que tratar con las quejas de aquellos del sector estatal de otra manera: control de precios y agencias de distribución estatal, por ejemplo, y transporte subsidiado. El problema era que la UP no tenía sufi-cientes recursos para tratar al mismo tiempo con todas estas de-mandas apremiantes.

El campo presentaba un conjunto diferente de problemas para el Gobierno. Como estaba, la Ley de Reforma Agraria podía hacer poco por sectores importantes de los pobres -los trabajadores sin tierra y los minifundistas*-. A fines de los años 1960, los minifun-distas* tenían el 80% de toda la tierra, pero éstas constituían sola-mente el 10% del total de la tierra arable rural, aunque empleaban el 40% de la fuerza laboral. Los principales beneficiarios del pro-ceso de la Reforma fueron los trabajadores residentes en los fun-dos expropiados. Los problemas que enfrentaba el Gobierno eran inmensos. En primer lugar, había una gran cantidad de tomas de tierra* -quizás 1.700 durante el primer ario y medio del Gobierno de la UP-. Muchas fueron realizadas en las propiedades de tamaño intermedio que el Gobierno había prometido defender y, mientras

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el MIR estaba activo en las tomas*, los Partidos de la UP no estimu-laban las tomas de tierras. La proporción de fuerza laboral rural implicada era relativamente pequeña -quizás 20%- pero la prensa de la oposición se aprovechaba de las tomas* para hacer una guerra de propaganda contra el Gobierno. Segundo, muchos de los beneficiarios de la Reforma, los asentados*, no tenían deseos de ver sus beneficios diluirse y llegaron a ser fuertes seguidores del PDC. Tercero, la organizaciones alternativas al Gobierno, Centros de Reforma Agraria (CERA) y los consejos campesinos* no se enraizaron en el campesinado. Eran fundamentalmente agencias de promoción del Estado y muchas de ellas fueron ciertamente ganadas por la oposición. El conflicto social en el campo era complejo. El proceso de la reforma agraria y de la sindicalización campesina no había eliminado el conflicto, sino más bien lo había transferido a un nivel diferente del simple conflicto hacendado*/ peón. En cualquier caso, el período fue demasiado breve y las presiones demasiado grandes, para que las reformas pudieran aumentar la productividad o resolver las desigualdades que permanecían en el campo.

De este modo, la oposición contaba con el apoyo de muchos traba-jadores urbanos y rurales -obviamente, la mayoría eran empleados y beneficiarios de la Reforma Agraria en el campo-.

Los seguidores pro-gobierno de la clase trabajadora estaban tomando sus propias iniciativas en forma creciente, controlados en forma decreciente por los partidos centrales o los burócratas de los sindicatos, cada vez más movilizados y militantes. Las actividades como las tomas de tierras y de fábricas crearon problemas para un Gobierno ansioso de preservar su imagen como constitucional y con la esperanza de obtener un apoyo mayoritario para sus políticas.

El poder popular y la participación popular eran fines fundamentales de la UP, pero la forma exacta de participación que se habría de tener no quedó nunca enteramente clara, y había diferencias de énfasis entre los socialistas y los comunistas. Los comités locales de la UP, por ejemplo, nunca se desarrollaron realmente. Una Asamblea del Pueblo realizada en Concepción, en julio de 1972, tenía la oposición del Partido Comunista y no contaba con la apro-

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bación de Allende. Las formas más exitosas de participación eran aquellas que respondían a las presiones locales e implicaban co-munidad y fuerza laboral. La expresión más radical de poder po-pular* se mostró en los cordones industriales* que se desarrollaban dramáticamente como respuesta a la 'huelga de los camioneros' en octubre de 1972.

'Poder popular' fue el nombre dado a un conjunto de organiza-ciones -comandos comunales*, comandos campesinos*, cordones industriales*- que crecieron para defender las comunidades loca-les, los fundos y las fábricas. Ellas organizaron la defensa de sus comunidades y ejecutaron las tareas de mantener la producción y las provisiones. Pero 'poder popular' fue un nombre que llevaba a error, porque el movimiento incluía solamente una minoría de fuerza laboral, era de naturaleza defensiva y no estaba coordinado por encima de su nivel local. Sin embargo, era una impresionante demostración de defensa de los avances hechos por los trabajadores durante el Gobierno de la UP.

Las máximas expresiones de poder popular* fueron los cordones*, en el cinturón de la clase obrera que rodeaba a Santiago y que unió a los habitantes locales y a los trabajadores en un esfuerzo conjunto para gestionar las empresas y administrar los servicios en el área. A medida que la parálisis económica amenazaba a Chile con la huelga de los camioneros de octubre de 1972, surgieron estas organizaciones sobre la base de un número de organizaciones existentes en defensa del Gobierno. En octubre de 1972, quizás 100 mil personas estaban activas en los cordones* de Santiago. Ellos re-chazaban la afiliación a los Partidos; no estaban apoyados inicial-mente ni eran responsables frente a la CUT; y alarmaron no solo a la oposición, sino también al Partido Comunista y al Gobierno. Estas fueron organizaciones de corta vida, basadas en la crisis, y su declinación después de octubre de 1972 no fue revertida, excepto como respuesta a otra huelga de la oposición en junio de 1973, cuando en un solo día ellos se tomaron alrededor de 250 fábricas. Esta vez, las tomas tenían el apoyo del Gobierno y de la CUT. Pero esto sólo sirvió para intensificar las acusaciones de la oposición de que el Gobierno estaba actuando ilegalmente; y otras acusaciones de que se distribuían armas a los trabajadores (aunque no hay evidencias de esto) llevaron a choques entre los trabajadores y el

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ejército y los carabineros en su búsqueda de armas. También era demasiado tarde para construir un movimiento de poder popular* paralelo, con el fin de tomarse el poder del Estado, incluso si esto fue pensado por el Gobierno. El deslizamiento general hacia la anarquía continuó.

De alguna forma, tan impresionante como el crecimiento de los sectores populares y sus organizaciones fue la expansión paralela de los gremios*. Éstas fueron asociaciones de empleados y de grupos profesionales, que abarcaban desde doctores, abogados y arquitectos a dueños de camiones, pequeños dueños de tiendas y taxistas. Los pequeños comerciantes organizaron un gremio* de alrededor de 160 mil miembros (sostenían estar cerca del 90% del total nacional). Los dueños de camiones, muchos de los cuales te-nían solamente un vehículo, podían convocar a 25 mil miembros. Las veinte o alrededor de dicho número de asociaciones profe-sionales o colegios*, incluyendo organizaciones como aquellas de 20 mil contadores o 7 mil doctores, formaron una confederación durante el período de la UP. Estos grupos eran liderados por hom-bres cercanos o miembros de los Partidos de Derecha o del PDC, y algunos de ellos, como León Villarín, de los camioneros, llegaron a ser opositores prominentes al Gobierno de Allende. Estos grupos no eran pasivos instrumentos de los círculos industriales y de negocios dominantes. Ellos gozaban de una fuerte independencia y activamente buscaban llevar a cabo los intereses de sus miembros, haciendo presión en el Gobierno del día. El Frente Nacional del Área Privada (FENAP) llegó a ser el principal cuerpo coordinador de los negocios grandes y pequeños. Algunos sindicatos and-marxistas, como la Confederación Marítima, respaldaron a los gre-mialistas*. En 1973, se formó un Comando Nacional de Defensa Gremial para coordinar las actividades de diferentes grupos. Más de un millar de gremios* estaba en activa oposición a la UP en 1973 y algunos de ellos podían contar con financiamiento generoso de Estados Unidos.

La UP esperaba ganar al menos algunos de estos grupos para su lado. El mismo Allende, en discurso tras discurso, enfatizaba que los pequeños y medianos empresarios no tenían nada que temer de la UP. Empero, estos grupos nunca habían dado mucho apoyo electoral a los Partidos que formaban la UP, aparte del declinante

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Partido Radical. Aunque muchos de ellos se beneficiaron material-mente durante los dos primeros años de la UP, el temor de perder los privilegios, de la falta de disciplina de los trabajadores, de una toma comunista y una situación como la de Cuba (la prolongada visita de Castro a Chile en 1971 no logró nada para tranquilizarlos) era más real que cualesquiera atracciones que ofrecía la UP. Y cualquier cosa que Allende dijera, había poca tranquilidad con los discursos y escritos de otros políticos de la UP. La retórica de la UP enfatizaba su carácter popular y socialista; se hicieron pocos intentos de construir propuestas de un modo que atrajera a estos sectores. La prensa y la radio, controladas en gran parte por la opo-sición, jugaron un rol activo, algunas veces histérico, al diseminar el temor acerca de los fines a largo plazo de la UP.

La principal confrontación con el Gobierno llegó en octubre de 1972, después de que se presentó una propuesta para aumentar el control estatal sobre los suministros a las compañías camionaras de transportes. La importancia de este sector es obvia en un país con una geografía como Chile. El vital sector de transportes estuvo virtualmente paralizado por un mes y había poderosas huelgas de solidaridad por parte de otros sectores profesionales y pequeño-burgueses. Más de cien gremios fueron a la huelga, en un movimiento que choqueó al Gobierno y que recibió el apoyo del PDC y del Partido Nacional. Como resultado de la huelga, las Fuerzas Armadas fueron incorporadas al Gabinete, pero era demasiado tarde para detener el proceso de polarización.

Con el Gobierno y la oposición ahora alineados uno frente al otro en una confrontación enconada, con la economía fuera de control, con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Carlos Prats, renunciando a su comandancia en aceptación de su fracaso al mediar la crisis y controlar al Cuerpo de Oficiales, con la Iglesia incapaz de juntar a las partes y con una creciente violencia y un aumento en el número de asesinatos, había pocas perspectivas de una solución pacífica. El fin llegó con un violento Golpe Militar el 11 de septiembre de 1973, en el cual La Moneda, el palacio presi-dencial, fue bombardeado, el Presidente Allende murió y miles de chilenos fueron asesinados.

Antes de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas habían intervenido sólo esporádicamente en el proceso político y los puntos de vista

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políticos de sus oficiales generalmente no eran hechos públicos. Las Fuerzas Armadas tendían a ser ignoradas por los políticos civi-les, aunque había signos de que este descuido podía ser peligroso, como en el levantamiento de menor importancia que ocurrió en 1969. Pero se creía, generalmente, que los militares no se aparta-rían ostensiblemente de su acostumbrada neutralidad política. El General Prats, que había sucedido al asesinado General Schneider como Comandante en Jefe del Ejército, adhería a la misma inter-pretación constitucional del rol de las Fuerzas Armadas. Allende era consistente en su política de no interferir en los asuntos insti-tucionales de los militares. Se mejoraron los sueldos de los oficia-les. Se aumentó el gasto en armamento. Algunos oficiales estaban participando en la administración de servicios públicos, pero eran muy pocos, no en comando de tropas y obviamente no incluían a aquellos cuyas simpatías eran ajenas a la UP. Allende se abstuvo de interferir en la jerarquía del Ejército y aquellos pocos miembros de la UP que deseaban intervenirlas, desde las cabezas de los oficiales hasta los rangos inferiores, no fueron apoyados.

Las Fuerzas Armadas, sin embargo, difícilmente habrían podido permanecer indiferentes a la polarización que se intensificaba y a la violencia que azotó el último ario del Gobierno de Allende. Los políticos de la Derecha estaban llamando a un Golpe y constante-mente trataban de instigar complots militares

22. Incluso el PDC,

por su apoyo a la huelga de octubre de 1972, por su respaldo a la declaración de ilegalidad hecha por el Parlamento en 1973 y a tra-vés de la creciente violencia de sus ataques al Gobierno, parecían apuntar a un Golpe Militar como la única manera de resolver el

22 La directa participación de Estados Unidos en el Golpe permanece siendo una materia de disputa. Lo que es cierto, sin embargo, es la larga y estrecha relación de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas chilenas. Entre 1950 y 1972 Chile re-cibió US$ 43 millones en armas y provisiones militares de Estados Unidos; entre 1973 y 1976 recibió US$143 millones. El Ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Clodomiro Almeyda, sostiene que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, especialmente el Servicio de Inteligencia Naval, participó en la planifi-cación técnica del Golpe. Almeyda, `The Foreign Policy of the UP government' en S.Sideri (ed.), Chile, 1970-1973: Economic Development and Its International Setting [Chile, 1970-1973: Desarrollo económico y su escenario internacional](The Hague, 1979), p. 116. Esto es, sin embargo, negado en el relato del embajador de Estados Unidos Nathaniel Davis, The Last Two Years of Salvador Allende [Los dos últimos arios de Salvador Allende] (Ithaca, 1985).

223

conflicto

23. En verdad, varios líderes prominentes del PDC daban

abiertamente la bienvenida al Golpe, aunque muchos otros no.

Varios incidentes contribuyeron al deterioro de las relaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas. Éstas no eran muy entusiastas acerca de la larga visita de Castro a Chile en 1971. El ejército y la policía resentían la existencia de un cuerpo de guardaespaldas personales de Allende, el Grupo de Amigos del Preskiente, que se formó a partir de las filas de la extrema izquierda de la UP. Ade-más, se intranquilizaron por los rumores de que los trabajadores estaban siendo armados y por la presencia de muchos revolucio-narios de otros países latinoamericanos, especialmente de Cuba. El resentimiento fue expresado públicamente ante la propuesta de establecer una Escuela Nacional Unificada (ENU). Aunque se requería hacía tiempo la reforma educacional y la propuesta era progresiva en muchos aspectos, el borrador de la misma empleaba un vocabulario marxista que alarmó a muchos sectores y fue con-siderado por la Iglesia como una amenaza a sus propias escuelas privadas y a la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. La Iglesia Católica, como un todo, había permanecido relativamente neutral en las batallas del período, aunque sacerdotes individuales eran activos en ambos lados. Pero, la propuesta de la ENU fue con-denada por los obispos y las Fuerzas Armadas también hicieron conocer su oposición.

Llegó a ser imposible para las Fuerzas Armadas mantener una neutralidad firme hacia el proceso político una vez que entraron al Gabinete en noviembre de 1972, en un esfuerzo de restaurar en al-gún grado la calma política. Pero si su participación en el Gabinete produjo soluciones políticas temporales, aumentó las tensiones dentro del Ejército entre los que apoyaban la posición constitucio-nalista de Prats y aquellos que llegaron a odiar a la UP y todo lo que representaba. Como los oficiales en el Gabinete rehusaron firmar Decretos de Insistencia que habrían autorizado más tomas de fá-bricas, también aumentaron el resentimiento del ala izquierda de la UP hacia las Fuerzas Armadas. Ellas llegaron a ser participantes directas en la política.

23 Estos aspectos son dados por Radomiro Tomic. Citados de un artículo de Tomic y Gil etal. (eds.) Chile at the Turning Point, [Chile en el momento decisivo] p.273.

224

Las Fuerzas Armadas permanecieron en el Gabinete para supervi-sar las elecciones de marzo de 1973, pero los resultados no conclu-yentes convencieron a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que ya estaban conspirando que un Golpe era la única solución. Un intento de Golpe prematuro el 29 de junio, el denominado tan-cazo*, tuvo el apoyo de un regimiento de blindados, pero el Gene-ral Prats fue capaz de contener la amenaza. Aunque la cantidad de abierto apoyo dado a los rebeldes fue limitado, el tancazo* tuvo serias consecuencias. El llamado del Gobierno a los trabajadores para tomarse las fábricas empeoró las relaciones con las Fuerzas Armadas, las que lo vieron como un preludio a la resistencia de los trabajadores a las Fuerzas Armadas e incluso a la formación de milicias de trabajadores. Cuando Allende se reunió con los Ge-nerales para buscar su respaldo, solamente cuatro de los catorce le ofrecieron un completo apoyo. Para aquellos de esos hombres preocupados con la respuesta de los trabajadores, la lección que sacaron fue que la respuesta fue muy limitada: no hubo marcha hacia el centro de Santiago. Los conspiradores militares concluye-ron que un Golpe se encontraría sólo con limitada resistencia.

El preludio al Golpe fue un confuso período de violencia creciente, rumores y desmentidos. Un intento final del Cardenal-Arzobispo para reunir al PDC y a la UP fracasó. Las sospechas mutuas eran demasiado grandes. Cuando los tres Jefes de las Fuerzas Armadas fueron removidos de sus posiciones en la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada, pudo consolidarse el complot. La renuncia más cru-cial fue la de Prats. Aunque él había ingresado al Gabinete nue-vamente en agosto, fue aislado cada vez más dentro del Ejército. Renunció después de un singular incidente en el cual las esposas de los oficiales montaron una protesta hostil fuera de su casa.

Entonces, el deslizamiento hacia la anarquía era irreversible. La búsqueda de armas en las fábricas, por parte del Ejército, condujo a choques enconados con los trabajadores. Las protestas alegando brutalidad de los Oficiales de la Armada contra los conscriptos que se resistían a ser usados en actividades anti-UP llevó a un llamado a la insurrección de los conscriptos contra los oficiales navales por el senador socialista Carlos Altamirano y el líder del MIR Miguel Enríquez. El Cuerpo de Oficiales estaba furioso por tal injerencia y se solidificó su resolución de seguir adelante con el Golpe y librar-

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se de su Jefe Naval, el Almirante Montero. La adhesión del General Augusto Pinochet al complot llegó, parece, muy tarde, pero una vez producida, señaló el comienzo de los arreglos finales. El 11 de septiembre de 1973, la Fuerzas Armadas se alzaron y derrocaron al Gobierno de Salvador Allende, el sistema democrático y la norma de la ley.

El Chile de Pinochet: la economía de laissez-faire y el estado autoritario

"La unidad de las Fuerzas Armadas es la unidad de Chile" (Decla-ración Oficial, 11 de septiembre de 1973)

24.

Aunque la vida política de Chile había contemplado olas de vio-lencia, nunca había habido nada para comparar con la intensa re-presión que ocurrió después del Golpe de 1973. Miles de chilenos fueron asesinados. El número exacto nunca se sabrá, pero los cál-culos van entre 3 mil y 30 mil. En los primeros seis meses después del Golpe, se tomaron 80 mil prisioneros políticos. Esta escala de represión no continuó, pero la tortura de sospechosos políticos, la prisión, el exilio e incluso asesinatos continuaron siendo parte del sistema de control político, centralizado en la Dirección de Inteli-gencia Nacional (DINA).

¿Por qué el Golpe fue tan brutal? No había nada en Chile para com-parar, por ejemplo, con los poderosos movimientos de guerrilla urbana de Argentina o Uruguay. Los dichos de armar a los traba-jadores fueron en gran parte solamente dichos, y aunque algunos militantes políticos poseían indudablemente armas, la escala era muy pequeña. Sin embargo, la escala de la desintegración social y de la polarización eran muy grandes. El sentimiento de guerra civil estaba en el aire. En estas circunstancias, los miembros de la

24 Tomado del panfleto impreso por el Departamento de Prensa del Gobierno titulado 11 de Septiembre de 1973: El Día de la Liberación Nacional, p. 10. las agencias de propaganda del Gobierno Militar produjeron un flujo de documentos diseñados para probar las intenciones siniestras del Gobierno de la UP, incluyendo un 'Plan Zeta' destinado a asesinar dirigentes políticos y figuras militares. Este 'plan' y otras invenciones imaginativas están contenidos en el 'Libro Blanco' del Gobierno publicado muy poco tiempo después del Golpe. Otros documentos enfatizan el carácter nacional y patriótico de las Fuerzas Armadas; ver, por ejemplo: la Declaración de principios del Gobierno de Chile (Santiago, marzo de 1974).

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UP fueron definidos como el enemigo, no simplemente como ad-versarios políticos.

Los militares habían postergado su intervención en Chile. Militares más intervencionistas, como los de Argentina o Brasil, habrían entrado en acción probablemente mucho antes, cuando la tem-peratura política estaba más baja. La brutalidad del Golpe debe algo al sentimiento de que la participación de las Fuerzas Armadas en política, como había ocurrido en el Gobierno de la UP, había sido un error grave. Las soluciones tenían que ser, al menos inicialmente, militares y no políticas; el Golpe fue un movimiento contra todos los políticos y no solamente contra los de la Izquierda. El fin de los complotadores era abolir los Partidos Políticos, no el de contraer un pacto con los Partidos del ala Derecha, sin importar cuánto los respaldaban estos partidos. Finalmente, la intención militar era eliminar el total de los movimientos políticos y sociales de la vida chilena. Los militares no asumieron que los Partidos de la Izquierda eran hijos de una clase política pequeña.

Cualesquiera sean las explicaciones ofrecidas para tal violencia, parece ser inconcebible que tales barbaridades pudieran haber sido cometidas en un país como Chile. Empero, muy poco se sabe acerca del modo en que los militares visualizaban la vida política o por qué hombres que no eran psicópatas accedieran al uso de la tortura por parte del Gobierno. Aunque muchos políticos pre-vieron el Golpe en 1973, sólo aquellos de la extrema Derecha o Izquierda esperaban tan alto nivel de represión y tan prolongado período de control militar.

Es un error atribuir un grado demasiado uniforme de convicción ideológica a las Fuerzas Armadas o una muy clara visión de sus fines a largo plazo, lo cual se ve en sí mismo como una tarea a largo plazo. Era obvio que eran necesarias medidas urgentes de estabilización económica y que el Golpe podía ser legitimado solamente por la adopción de un modelo económico y político espectacularmente nuevo. La falta de consenso sobre un programa básico ayuda a explicar por qué el poder llegó a ser tan personalizado. La cohesión de las Fuerzas Armadas surgió desde la estructura de mando más que del acuerdo con medidas políticas.

227

Las doctrinas con las cuales estaban más familiarizadas las Fuerzas Armadas eran las de 'seguridad nacional: Éstas habían sido definidas como una creencia en el concepto de la Nación como una 'esencia; 'tradición; o 'espíritu' que había sido arruinado por las demagogia política y amenazada por la agresión antinacional, en la aceptación de las desigualdades sociales como pertenecientes al orden natural, en la idea de Gobierno como autoritaria, y en la definición de marxismo como el principal enemigo de la sociedad

25. Vagas como

son estas ideas autoritarias, ayudan a explicar por qué las Fuerzas Armadas aceptaron la tarea no simplemente de derrocar a Allende, sino también de la construcción de una nueva sociedad en la cual las divisiones políticas serían reemplazadas por una acción común en procura de la grandeza nacional. El General Pinochet, que tenía 58 años de edad en el tiempo del Golpe y con un registro de 40 años de servicio en el Ejército, era un especialista en geopolítica

26.

Los militares chilenos, habiendo desechado la tradición constitu-cional, volvieron a una transferencia directa de los valores militares a la arena política: jerarquía, disciplina y respeto por el orden. Esto, como la falta de acuerdo acerca de las políticas, ayuda a explicar la personalización de la autoridad del régimen bajo Pinochet, en contraste con el mando corporativo de los militares brasileños o la hostilidad hacia el personalismo que se desarrolló en Argentina, Uruguay y Perú en los años 1970. Pinochet mostró una destreza política considerable para superar estratégicamente a sus potenciales oponentes en el cuerpo de oficiales (como el General Gustavo Leigh) y nombró subordinados leales en todos los puestos de mando en las Fuerzas Armadas. Como Jefe de Estado y Coman-dante en Jefe de la Fuerzas Armadas, Pinochet ejerció un inmenso poder. Después de la ratificación de la nueva Constitución, él se apropió de mucha de la autoridad simbólica de la presidencia

27.

25 Manuel Antonio Garretón, El proceso político chileno (Santiago, 1983). 26 Los otros miembros de la Junta Militar eran el Almirante José Toribio Merino

de 57 años, otro especialista en geopolítica; el General Gustavo Leigh, Jefe de la Fuerza Aérea, al comienzo identificado con los elementos neo-fascistas del Gobierno, pero más tarde despedido por Pinochet por sus críticas en materias políticas; y el General César Mendoza, Jefe de los Carabineros.

27 La función legislativa fue ejercida por la Junta, ayudada por una serie de comités. Éstos estaban constituidos por civiles, quienes jugaron un parte crucial en formar y determinar las políticas. Empero, Pinochet mantuvo su propio grupo de asesores civiles, conduciendo sus asuntos con gran secreto.

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La creencia en doctrinas autoritarias tales como la seguridad na-cional está normalmente asociada con un aumento en las activi-dades económicas y el rol del Estado, mientras que, en el Chile de Pinochet, tomó el curso contrario. Sin embargo, la conversión a las doctrinas económicas de la Escuela de monetarismo de Chicago no llegó inmediatamente. Muchos oficiales fueron atraídos inicialmente a una clase de integrismo católico, o ideología estatal corporativista. Su rechazo a los valores del socialismo y su admi-ración por el rol de los gremios condujo a una fuerte vena de cor-porativismo nacionalista, como fue expresado por la influencia de teóricos reaccionarios como Jaime Guzmán. Tales ideas recibieron expresión política en instituciones como el Consejo de Estado, el cual se estableció en diciembre de 1975, siguiendo el patrón de una organización semejante en la España de Franco, e incluía a importantes políticos y representantes de los gremios.

Estas ideas, sin embargo, no eran una base apropiada para la le-gitimación del régimen. En primer lugar, la Iglesia Católica no simpatizaba con tales doctrinas reaccionarias (aunque no surgió como un oponente abierto al régimen hasta 1975). Segundo, estas ideas no encontrarían el favor en los actores externos con los cuales el régimen quería aliarse, esto es, Estados Unidos y los Bancos internacionales. El régimen deseaba aprobación internacional, apoyo financiero e inversiones. Los coqueteos con las ideas fas-cistas -distintas del anticomunismo militante- probablemente no ganarían ese apoyo. Tercero, el corporativismo podría ser usado por los grupos políticos pre-existentes para manejar su regreso al poder y diluir el monopolio de los militares en el mismo. Pero, lo más importante de todo, estas doctrinas ofrecían pocos consejos específicos sobre cómo tratar los problemas económicos. Las me-didas iniciales del Gobierno -remoción de los controles de precios y subsidios, reducción de los sueldos reales, reducción del déficit fiscal- no habían convencido al país de que la inflación podía ser controlada. La inflación en 1974 era de 376% y en 1975 de 341%.

Un grupo de economistas formados en la Universidad Católica de Chile y en Chicago, con una considerable experiencia en el mundo de los negocios, comercio y política de Chile (varios habían sido asesores de Alessandri en 1970), se habían estado reuniendo desde 1972 para preparar una política para un nuevo Gobierno de

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Derecha. Sin embargo, no fue sino hasta julio de 1974 que ellos comenzaron a influir en la política mediante el nombramiento de Ministro de Hacienda de Jorge Cauas, aunque él era un asesor del PDC, más que un 'Chicago boy' como eran llamados. En el Minis-terio de Economía, Fernando Léniz (un hombre de negocios) fue nombrado primero, pero en abril de 1975 fue reemplazado por Sergio de Castro, un monetarista convencido. El dominio de la es-cuela neo-liberal de economistas fue completo.

El proyecto que los economistas de Chicago ofrecieron a los mili-tares implicaba una reestructuración completa de la economía, la sociedad y el sistema político. El legado completo de la política chi-lena desde los arios 1930 y no solamente el período de la UP, sería cambiado. Tal transformación podía lograrse solamente mediante estrictos controles autoritarios para eliminar las distorsiones traídas por el populismo y crear las condiciones correctas donde las cuales pudieran operar las fuerzas del mercado. Reducir el tamaño del sector público removería la base para las presiones populares o sectoriales por concesiones del Gobierno; redirigir el excedente al mercado privado de capitales fortalecería aquellas fuerzas apoya-doras de las políticas militares y penalizaría a aquellos que proba-blemente estaban contra ellos; la apertura de la economía al libre comercio proporcionaría los medios para el crecimiento sin tener que dar apoyo estatal a sectores no competitivos; permitir, a las fuerzas del mercado, regular las tasas de sueldos socavaría la fuerza de negociación política del movimiento laboral. Todo esto se combinaría para eliminar aquel gran propagador de la inquietud social: la inflación. Y la gracia de la solución era que el mecanismo regulatorio sería el más liberal de los conceptos: la operación de las fuerzas del libre mercado

28. Al mismo tiempo, se erosionarían las

formas antiguas de la adhesión política y se desarrollarían nuevas formas, sin remitir a una clase, y nacionales.

El monetarismo ofrecía una nueva utopía en contraste con los fracasos del pasado, y la oferta de una utopía podía 'justificar' la su-

28 La crítica más sustentada e informada de las políticas económicas del Gobierno viene de los economistas de CIEPLAN. Esta sección se basa fundamentalmente en Ricardo Ffrench-Davis, 'El experimento monetarista en Chile; Estudios CIEPLAN N° 9 (1982); y Alejandro Foxley, Latin American Experiments in Neo-Con-servative Economics [Experimentos latinoamericanos en economía neo-conser-vadora](Berkeley, Calif.,1983).

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presión brutal que siguió al Golpe Militar. La nueva ortodoxia eco-nómica era atractiva para los militares porque ofrecía coherencia y disciplina, desde que era considerada como técnica y científica y por lo tanto neutral ideológicamente. Una vez que comenzara, el proceso iba a ser irreversible; como un medio necesario para la salvación nacional, sus premisas no iban a ser cuestionadas.

Muchos sectores iban a encontrar las nuevas medidas poco pla-centeras. Sin embargo, los grupos empresariales aceptaron la aus-teridad y la competencia como el precio a pagar por evitar una repetición del pasado. Muchos sectores de clase media dieron la bienvenida a cualesquiera medidas que restauraran la disciplina y el orden. La opción del General Pinochet estaba basada no sola-mente en las Fuerzas Armadas y la represión, sino también en el apoyo de los grupos influyentes de la sociedad civil.

Las primeras decisiones económicas hechas por el Gobierno habían revertido la dirección de la política económica de las décadas previas. Los aranceles tarifarios fueron reducidos y los precios descongelados. El proceso de 'privatización' del Estado comenzó. La tasa de cambio fue devaluada y unificada. Un nuevo código de inversiones fue promulgado en un esfuerzo por atraer capital ex-tranjero. Pero estas medidas no detuvieron el deterioro de la eco-nomía. Los precios del cobre cayeron de 93,4 centavos de dólar la libra en 1974 a 56,1 centavos la libra en 1975 y los ingresos por exportaciones cayeron a la mitad. Además, el alza en los precios del petróleo era muy perjudicial para la economía. El deterioro, en términos del comercio, era igual a una pérdida del 5,6% del PIB en 1975.

Un problema importante para los constructores de políticas en Chile en este período inicial era la dificultad para obtener finan-ciamiento extranjero que respaldara el esfuerzo de estabilización. Chile fue, en alguna medida, un paria internacional, aunque se le dio una ayuda importante desde Estados Unidos. En 1975, Chile recibió US$93 millones de AID y del Programa Alimentos para la Paz, comparados con los US$6,9 millones en 1973. En los prime-ros tres arios del Gobierno de Pinochet, Chile recibió préstamos por US$141,8 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias de Estados Unidos (solamente US$4,7 millones fue-

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ron a Allende) y US$304,3 millones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (en comparación con sólo US$11,6 millones a Allende). Pero, el volumen de préstamos bancarios pri-vados cayó abruptamente (no alcanzó niveles significativos hasta 1976), y se tuvieron que pagar reembolsos de la gigantesca deuda.

Fue en estas circunstancias que se hicieron cargo los monetaristas doctrinarios y, en abril de 1975, con pleno apoyo de Pinochet, apli-caron un tratamiento de 'shock: En efecto, esto implicó el apoyo a largo plazo del Presidente para los Chicago boys; cualquier retirada de las medidas iniciadas en 1975 habría implicado una confesión de que la severidad de las medidas impuestas entonces fueron un error. Y las medidas tomadas fueron en verdad severas. El gasto real del Gobierno fue reducido en 27% en 1975 y el déficit fiscal del 8,9% del PIB a un 2,9%. Los aranceles tarifarios en importaciones cayeron desde un promedio de 70% a mediados de los arios 1974 a 33% a mediados de 1976. El crédito fue severamente restringido y las tasas anuales de interés subieron de un ya alto 49,9% a 178% a fines de 1975. La inversión pública cayó a la mitad. El PIB cayó casi en un 15% comparado con el valor de 1974. La producción industrial cayó en un 25%. Los sueldos reales cayeron nuevamente; en 1975, alcanzaron su punto más bajo, 62,9% de su valor de 1970. El desempleo subió de 9,7% de la fuerza laboral en diciembre de 1974 a 18,7% en diciembre de 1975. Con todo, la inflación fue lenta para responder y permaneció en el 341% en 1975. A pesar de la peor recesión en más de 40 arios, la recuperación fue lenta. El tratamiento de shock necesitaba más tiempo para actuar y tenía que aplicarse con un rigor inflexible.

Los Chicago boys dominaron completamente la escena hasta la salida de Sergio de Castro del Ministerio de Hacienda en abril de 1982, e incluso entonces ellos continuaron siendo influyentes y ocupando cargos directivos en economía. Los tecnócratas a cargo de la economía estaban convencidos de que el Estado ocupaba un rol demasiado importante. Su intención era reducir la parti-cipación de éste, tanto como fuera posible, mediante la venta de empresas públicas. Aparte de aquellas Compañías en las cuales el Gobierno de la UP había intervenido, el Estado era dueño, a tra-vés de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), de alrededor de 300 empresas en 1973. En 1980, este número ha-

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bía descendido a 24 y la mitad de ellas estaban en proceso de ser transferidas. Había otra docena más o menos de empresas estatales que dependían de otras agencias estatales distintas a la CORFO -entre ellas la Corporación del Cobre y del Petróleo-. La venta de bienes ocurrió en condiciones extremadamente favorables para los nuevos propietarios. Dada la recesión y la altas tasas locales, aquellos capaces de comprar los bienes estatales fueron los grandes conglomerados (los grupo?) del sector privado con acceso a financiamiento extranjero en tasas significativamente más bajas que las locales. En efecto, el Estado pagó un importante subsidio a los ricos y poderosos para que se quedaran con los bienes estatales -un subsidio que había sido calculado como equivalente hasta el 40% o el 50% del precio de compra. Sin embargo, los militares se resistieron a la venta de bienes estatales considerados estratégicos. Incluyendo la Corporación del Cobre CODELCO, los ingresos de las Compañías del Estado en 1982 aún llegaban a cerca del 25% del PIB. A los Chicago boys, se les oponía un sector de las Fuerzas Armadas que aún consideraba necesario el control del Gobierno sobre ciertos servicios vitales para la mantención de la seguridad nacional.

Los adherentes a las economías del libre mercado promovieron una intensificación de la concentración económica en Chile. Un puñado de grupos multisectoriales dominaban los sectores bancarios, financieros, industriales y de exportación agrícola. Dos conglomerados, los grupos Cruzat-Larraín y Javier Vial, eran sin-gularmente importantes y dominaban el sistema bancario privado hasta el colapso económico de 1982-1983. Su acceso a las finanzas internacionales les dio inmensas ventajas y beneficios. Los grupos importantes tuvieron ganancias en unos estimados US$800 mi-llones entre 1977 y 1980 simplemente pidiendo préstamos en el extranjero y volviéndolos a prestar localmente en tasas de interés que variaron de 100% en 1976 a 30% en 1978, por encima de las tasas internacionales. Estas ganancias fueron más que el costo de las empresas estatales y de los bancos vendidos al sector privado entre 1973 y 1978.

Se ha calculado que, hacia fines de 1978, cinco conglomerados económicos controlaban el 53% del total de los bienes de las 250 empresas privadas más grandes de Chile. Estos cinco, más otros

233

cuatro, controlaban el 82% de los bienes del sistema bancario chileno, el 60% del total de créditos bancarios y el 64% de los préstamos realizados por instituciones financieras

29. Los conglomerados

crecieron a un ritmo enloquecedor y tuvieron ganancias celestiales, a medida que los bancos foráneos atraídos por las altas tasas de interés chilenas, estaban preparados para hacer préstamos a corto plazo, sabiendo que las fortunas económicas nacidas al amparo gubernamental estaban tan vinculadas con el modelo de Chicago, que el cumplimiento de los compromisos internacionales sería una prioridad esencial incluso si había recesión. La abolición del control estricto sobre la Banca y sobre la tasa de cambio llevó a un proceso de concentración y de endeudamiento que destrozaría las bases del 'milagro' económico inspirado en Chicago.

Un proceso semejante de privatización ocurrió en el sector agrario. Alrededor de un tercio de la tierra fue devuelto a sus antiguos propietarios. Aunque en torno a un 40% fue asignado a los campe-sinos que la trabajaban, la falta de acceso al crédito y de asistencia técnica forzó a alrededor de un 60% de éstos a venderla. El desem-pleo en la agricultura era significativamente más alto que lo que había sido en las décadas previas y, en 1980, las tasas de sueldos habían descendido a alrededor del nivel de 1965. El apoyo estatal a la agricultura fue drásticamente reducido, aparte del sector exportador que reportaba más beneficios.

El Estado se retiró de muchas áreas donde había jugado previamente un importante rol. El gasto público como porcentaje del P113 cayó de 29,1% en 1972 a 19,7% en 1978. Hubo importantes reducciones en gasto social per cápita en educación, salud, seguridad social y vivienda. Las inversiones gubernamentales cayeron drásticamente, a casi la mitad entre 1970 y 1978. Los fondos de pensiones fueron transferidos al sector privado, en un flujo masivo de liquidez a las empresas que eran propiedad en gran parte de los conglomerados. La intención política de esta propuesta era, por supuesto, que la suerte de los trabajadores estaría vinculada a la del sector privado -el 'socialismo' se convertiría en una amenaza a los derechos de los pensionados-. Al mismo tiempo, la legislación

29 Fernando Dahse, El mapa de la extrema riqueza (Santiago, 1979). La participación de los recursos financieros depositados en instituciones privadas subió de 11% en 1970 a 64,7% en 1979.

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laboral introducida en 1979 limitó estrictamente la efectividad de la negociación colectiva sindical. Los sindicatos perdieron mucho de su antiguo poder.

Las estadísticas gubernamentales tendieron a usar la recesión de 1975 como el ario base y así dar un cuadro algo distorsionado del progreso de la economía, siguiendo al 'shock' aplicado por los Chicago boys. Empero el Gobierno podía señalar una cantidad de logros. Se registraron altas tasas de crecimiento en el período entre 197'7 y 1980, aunque la tasa total anual de crecimiento del PIB entre 1974 y 1980 fue sólo del 4%; sobre una base per cápita, 2% más baja que la tasa de los arios 1960

30. Finalmente, la tasa de inflación comenzó a caer y en

1981 era de 9,5%. El déficit fiscal había sido eliminado en 1979. Las exportaciones no tradicionales se triplicaron entre 1974 y 1980. Hubo excedentes en la balanza de pagos en el período entre 1978 y 1980 como resultado de la acumulación de reservas internacionales, basada en el gigantesco ingreso de capital foráneo que alcanzó a más de US$16 mil millones de dólares anuales en el período de 1978 a 1980.

Pero también hubo rasgos negativos. La tasa de inflación fue rebajada por la aplicación de una tasa de cambio fija en 1979. Esto condujo a un severo problema en la balanza de pagos a medida que las importaciones baratas inundaron el mercado chileno y se hicieron caras las exportaciones. La brecha en el comercio fue enfrentada con altos niveles de préstamos foráneos, pero estos préstamos eran a corto plazo para el sector financiero. El Gobierno fue forzado a una serie de devaluaciones apresuradas e inoportunas de más del 70% entre junio y octubre de 1982. La tasa de inversiones, ya sea privadas, estatales o foráneas, permaneció siendo más baja que los niveles anteriores. Las tasas reales de interés en niveles muy altos que prevalecieron en el Chile de Pinochet desanimaron las inversiones y promovieron la especulación. Incluso, el vital sector cuprífero no tuvo inversiones nuevas para la expansión por encima de los niveles existentes de producción. La reducción de aranceles aduaneros golpeó duramente a la industria nacional

30 Estas cifras han sido sujetas a una cuidadosa revisión que sugiere que la tasa de crecimiento fue un 20% más baja para 1976-1981 que lo sostenido por el Gobierno. Patricio Meller et al., 'Milagro económico o milagro estadístico? Mensaje, pp. 145-9.

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y las quiebras alcanzaron cifras récord. La mayoría de las nuevas importaciones eran bienes de consumo de la variedad de lujo y no los bienes de capital y equipamiento que se necesitaban para mantener el nivel de producción industrial. Aunque crecieron las exportaciones no tradicionales, la tasa no fue bastante rápida para igualar el crecimiento en importaciones.

Los costos sociales del experimento también fueron altos. Los sueldos reales en el período 1974 a 1981 apenas alcanzaban los tres cuartos del nivel de 1970. Incluso en 1982 el nivel era más bajo que el de aquel ario. El desempleo subió a niveles récord: nunca fue más bajo que una tasa anual de 16,5% después del shock de 1975 y subió a más del 30% en el período de 1982-1983 (comparado con el 5,7% en 1970). La distribución del ingreso se empeoró apreciablemente. El consumo promedio mensual del 20% más pobre de los hogares cayó en 31,1% entre los arios 1969 y 1978, mientras el del 20% más alto subió en 15,6%. También cambió la estructura del empleo. El número de obreros cayó en 22% entre 1970 y 1980, un cambio no molesto para un gobierno que se oponía a un movimiento sindicalista fuerte. El sector 'informal' de empleo creció en 13,3% en el mismo período.

Aunque las seriales de prevención estaban ya en 1980 para aque-llos que querían verlas, el régimen permaneció confiado y había alusiones a un milagro económico. El aislamiento internacional de Chile se estaba relajando a medida que se desvanecía el recuerdo del Golpe. Además, el frente político local estaba tranquilo. Una nueva Constitución y un plebiscito en 1980 expresaban la deter-minación del Gobierno de permanecer tanto tiempo como fuera necesario para asegurar el éxito de sus reformas.

Un número de factores ayuda a explicar la consolidación del poder del régimen de Pinochet. Primero, había apoyo para el Golpe de amplios sectores de la sociedad y el temor a un retorno al desorden de los arios de la UP llevaba a muchos a ser leales al Gobierno incluso cuando no se materializaron los beneficios prometidos. Segundo, el Gobierno era excepcionalmente brutal. El desarrollo de una poderosa policía secreta, la DINA, convirtió la oposición al gobierno en un crimen, las consecuencias del cual podían ser fácilmente la tortura, el exilio o la muerte. Al menos tres chilenos

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prominentes fueron víctimas de intentos de asesinato en el extranjero por agentes de la DINA. Dos tuvieron éxito, el del General Prats en Buenos Aires en 1974 y el de Orlando Letelier, un líder eficaz y respetado de la oposición en el exilio, en Washington en 1976; uno fracasó, contra el respetado y moderado líder del PDC Bernardo Leighton. Tercero, el proceso de concentración económica le dio al Gobierno poderosos respaldos. Cuarto, aunque muchos gobiernos extranjeros eludieron a Chile, no lo hicieron así los Bancos internacionales, y el financiamiento externo que se necesitaba para desarrollar la economía estaba, después de mediados de los arios 1970, siempre disponible. Quinto, el modo en que Pinochet personalizó el poder y concentró la autoridad en sus propias manos le dio una solidez dictatorial al régimen. La manipulación de Pinochet de las Fuerzas Armadas y de los grupos civiles mostró una considerable astucia política. Los potenciales contrincantes militares no duraron mucho. Las Fuerzas Armadas como tales no tenían una función elaboradora de políticas, pero estaban bien recompensados materialmente. Los civiles que participaban en el Gobierno lo hacían como personas y no como representantes de grupos de poder. Pinochet dividía y reinaba.

Por el otro lado, la oposición estaba dividida y acosada. Muchos de los líderes prominentes de los Partidos de la UP y de los sindicatos fueron asesinados o exiliados después del Golpe. Aunque el PDC sufrió menos, pronto fue suspendido y algunos de sus líderes forzados al exilio. La legislación convirtió la actividad política en virtualmente imposible. La oposición ocupó mucho tiempo tratando de analizar qué había salido mal en 1973, pero el proceso de atribuir culpas no ayudó a unirla. La Iglesia hasta 1975 no apareció contra el Gobierno. La prensa y los medios de comunicación no solo estaban estrictamente controlados, sino también acostumbraban a expresar propaganda del Gobierno. Las Universidades fueron puestas bajo el control militar, se prohibieron ciertas disciplinas y muchos académicos y estudiantes fueron despedidos. Los sindicatos fueron igualmente 'intervenidos; divididos y controlados.

Se usaron dos plebiscitos para dar la apariencia de consultas. En 1978, se les preguntó a los chilenos si apoyaban al General Pinochet frente a la agresión internacional. De acuerdo con las fuentes

237

oficiales, el 75% respondió afirmativamente. En 1980, se le pidió al país aprobar una nueva Constitución de rasgos marcadamente autoritarios, con un período de transición de 8 arios en el cual Pinochet iba a ejercitar un poder ejecutivo sin restricciones y con la posibilidad de su reelección por 8 arios más. La Constitución de 1980 creaba un sistema de mando presidencial con pocas li-mitaciones. Una parte importante del Senado iba a ser nominada en lugar de ser elegida. La Cámara de Diputados perdía cualquier poder efectivo de examen sobre el Ejecutivo. La Constitución ins-titucionalizaba el poder de las Fuerzas Armadas en un Consejo de Seguridad Nacional, al cual se le daba un rol en casi todas las materias importantes y un rol decisivo en los asuntos constitucio-nales. El principio del control civil sobre el militar fue abolido. El Gobierno sostuvo que los resultados del plebiscito sobre la Consti-tución, en el cual participó el 93,1% del total del electorado, era de 67% a favor, 30% en contra y el resto nulo o en blanco. Sin embargo, la ausencia de registros, el control completo del Gobierno sobre el proceso electoral, la masiva propaganda oficial, las pequeñas protestas de la oposición y, sin duda, la intimidación y el temor de expresar oposición en el que podría ser un voto no tan secreto arrojan una duda considerable acerca de estas cifras.

La centralización del poder del General Pinochet se debió en gran parte a este control sobre la DINA (más tarde denominada Central Nacional de Informaciones [GNI] en un intento de introducir algunos cambios cosméticos). Pinochet había establecido un sis-tema de policía secreta bajo su control personal, independiente de cualquier estructura militar. Llegó a ser un instrumento de vigilan-cia no solo de la población civil, sino también de otras agencias de inteligencia y de los propios militares. En la cima de su poder, en 1977, la cabeza de la DINA, el General Manuel Contreras, co-mandaba un pequeño ejército de más de 9 mil agentes y una red de informantes voluntarios pagados varias veces más grande, que permeaba todos los aspectos de la vida. La DINA obtenía finan-ciamiento del control ilícito sobre varias empresas nacionalizadas bajo el Gobierno de la UP y hubo evidencia ocasional de corrup-ción y extorsión comprometiendo a oficiales de la DINA. Ésta su-frió un retroceso como resultado del escándalo internacional que siguió al asesinato de Letelier en Washington en 1976; Pinochet fue eventualmente forzado a despedir a Contreras y a aceptar la ex-

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tradición del ciudadano estadounidense Michael Townley quien, mientras trabajaba para la DINA, había ejecutado el asesinato. La ya nombrada CNI ejecutaba esencialmente las mismas funciones de la antigua DINA y fue activa en reprimir los movimientos popu-lares que surgieron en oposición al Gobierno en 1983.

Pinochet fue políticamente astuto en construir su poder basándose en la lealtad y jerarquía de las Fuerzas Armadas chilenas. Ni el Ejército como institución ni los oficiales de forma individual jamás habían sido los receptores de tan espléndido gasto: el presupuesto militar casi se duplicó en términos reales entre 1973 y 1981. Una cantidad desproporcionada fue al Ejército, la policía y los servicios de seguridad -aquellos sectores directamente implicados en la re-presión interna-. Chile estaba entre los que más gastaban entre las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, con no menos del 6% del PIB yendo a los militares en 1980. El personal de la Fuerzas Armadas tenía todas las razones materiales para identificar su futuro con el de Pinochet. Sin embargo, éste era cuidadoso en evitar darles algún rol institucional a las Fuerzas Armadas en el proceso político. Los Generales que llegaron a ocupar un cargo de Ministro en el Gabinete, lo hicieron por su capacidad personal y eran estrictamente responsables ante Pinochet. El número de Generales aumentó de 25 en 1973 a 42 en 1980 y a 54 en 1984; todos fueron nombrados por Pinochet y manipulados para permanecer leales a él, no simplemente como Presidente de la República, sino también como Capitán General* de las Fuerzas Armadas.

La oposición más significativa a Pinochet vino de la Iglesia Católica y de su cardenal en Santiago. La Iglesia Católica y otras deno-minaciones religiosas pronto llegaron a implicarse en agencias de ayuda para los que sufrían de la represión masiva en 1973. Pero la Iglesia fue más lenta en tomar una posición contra las políticas del Gobierno como lo hizo con sus abusos. En verdad, el tenor general de los pronunciamientos eclesiásticos era para alabar a los Generales por haber salvado al país del marxismo. Tomó tres arios y medio antes de que la jerarquía pusiera en duda la legitimidad del Gobierno. Una de las razones para este cambio en actitud fue la supresión del PDC y la creciente represión dirigida a miembros del Partido y a católicos radicales, sacerdotes y laicos. Una vez em-barcada en el proceso de criticar al Gobierno, la Iglesia llegó a ser

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cada vez más importante. Esto fue una grave fuente de complica-ción para un Gobierno que se consideraba como el salvador de la civilización cristiana. La Iglesia mantuvo la atención enfocada en la violación continua de los derechos humanos. Proporcionó un foro dentro del cual los sindicatos y las organizaciones populares podían llevar una existencia precaria. Y proporcionó refugio a aquellos que podían criticar al régimen.

El desarrollo de sindicatos en este período mostró cuán difícil era, incluso para un régimen autoritario, controlar los sindicatos si se les permitían incluso mínimos derechos. La conciencia de clase y

política no podía ser abolida por decreto. Los trabajadores del co-bre, por ejemplo, rechazaron los líderes impuestos por el Gobierno y jugaron un rol crucial en romper el entrabamiento político entre 1982 y 1983. Y antes hubo muchos ejemplos de miembros sindi-cales enfrentándose contra el régimen, especialmente en la Coor-dinadora Nacional Sindical. Sin embargo, el movimiento sindical estaba seriamente debilitado por los años de gobierno militar. Los líderes sindicalistas considerados amenazantes para el régimen fueron perseguidos, exiliados e incluso asesinados. El asesinato del prominente líder de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, un miembro del Partido Radical y antes un tenaz opositor a la UP, mostró que incluso los líderes sindicalis-tas políticamente moderados corrían graves riesgos. Solamente el 10% de la fuerza laboral estaba sindicalizada en 1983, comparada con más de 30% en los días del Gobierno de Allende. Los líderes sindicales, la mayor parte desempleados, se daban cuenta de cuán difícil era convocar a los empleados a una huelga, especialmente en el sector estatal, donde la respuesta gubernamental era un inmediato despido. Las huelgas eran, en la práctica, protestas de los desempleados, quienes esperaban paralizar la actividad económica impidiendo el transporte público y forzando a las tiendas a cerrar. Aunque el Comando Nacional de Trabajadores formado en junio de 1983 era el movimiento nacional más representativo que surgiera desde el Golpe, solamente podía exhortar y persuadir. En vista de la represión del movimiento laboral y el alto nivel de desempleo, el conflicto industrial tradicional tenía que ceder su forma a la protesta en las calles, a desórdenes y demostraciones de los pobres y desempleados.

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La crisis financiera que amenazó a Chile en 1981 estalló con seve-ridad en 1982 y 1983. Chile no estaba solo al enfrentar los enormes problemas de pago de la deuda; Argentina, Brasil, México, Vene-zuela e incluso Cuba estaban enfrentando problemas semejantes. En verdad, la explicación militar de la crisis como el efecto de la recesión internacional no dejaba de tener base. Los precios del cobre estaban depreciados, los precios del petróleo estaban aún altos y las tasas de interés subieron mucho en los mercados inter-nacionales. Aunque otros países sufrían de la recesión, Chile fue especialmente golpeado en forma dura.

Las crisis se desarrolló rápidamente. En 1981, el déficit en la cuenta de la balanza de pagos era 20% más grande que el total de las exportaciones y llegaba casi al 15% del PIB. Los banqueros inter-nacionales se pusieron nerviosos, las enormes cantidades de dinero que Chile necesitaba no fueron ya tan fácilmente obtenibles y las tasas de interés fueron más altas. Una estrechez en el crédito local y el rechazo a cambiar la sobrevalorada tasa de cambio llevó a una serie de quiebras. De la cifra 431 empresas que fueron liquidadas en 1981, la más importante fue la Compañía Refinadora de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), una de las más grandes empresas de Chile. En noviembre de 1981 el Estado fue forzado a intervenir cuatro Bancos y cuatro financieras*. El fracaso del Gobierno en regular el sistema bancario iba a tener consecuencias desastrosas, especialmente después de que rescató al Banco Osorno del colapso en 1977, temiendo que la quiebra dañaría la confianza nacional e internacional. Como consecuencia, los depositantes locales y extranjeros sintieron que sus préstamos al sector privado deberían ser garantizados efectivamente por el Estado. Esto, al mismo tiempo que el fracaso en mantener una tasa de cambio estable y la recesión internacional, llevó a aumentos gigantescos en activos dañados o no rentables [non-performing assets] en el sistema bancario: éstos subieron de 11% del capital y las reservas del sistema bancario en 1980 a 47% en 1982 y a 113% hacia mediados de 1983.

En 1982 el PNB cayó en 14,1% y la inversión cerca de 40%. El peso fue devaluado, contradiciendo las promesas del Gobierno y a fines de 1982 cayó en 40% de su paridad previa; las reservas de divisas cayeron en 40%. El equipo económico comenzó a cambiar tan rá-pidamente como lo había sido bajo cualquier gobierno civil previo.

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En 1983, el Gobierno se hizo cargo de la mayor parte del sistema financiero privado y de ese modo adquirió una gran cantidad de empresas cuyos bienes habían pasado a los Bancos. El déficit fiscal reapareció y la tasa de inflación subió a 20% en 1982. Los grupos importantes estaban quebrados y la hostilidad entre sus antiguos propietarios y el Gobierno reemplazó la antigua relación de trabajo tan estrecha. Las políticas monetaristas de la forma aplicada en Chile se mostraron inaplicables en una economía con tal estructura heterogénea, mercados segmentados y diferencias regionales y sectoriales. Los costos del ajuste económico no fueron sólo ex-cesivamente altos en términos sociales, sino también extremada-mente perjudiciales para la misma economía que se supone iban a beneficiar. El costo más pesado cayó a los pobres. A mediados de 1983, el 10,9% de las población económicamente activa (380.529 hombres y mujeres) estaban trabajando para el Programa de Empleo Mínimo (PEM) creado por el Gobierno, recibiendo un ingreso mensual de 2 mil pesos, equivalente al precio de 1,3 kilos de pan al día. El Gobierno también finalizó la vinculación de los aumentos de sueldos con el aumento del costo de la vida.

La apertura de la economía a las fuerzas internacionales vino a significar en la práctica la acumulación de una enorme deuda a corto plazo, en su mayoría de privados, junto con un proceso de desindustrialización. Entre 1973 y 1979, la deuda extranjera tradicional (la deuda del sector público más la del sector privado garantizada por el Gobierno) cayó en 35%, pero la deuda del sector privado subió en 91,3%. Incluso en 1978 la razón [ratio] del servicio de la deuda era de 45,3%, uno de los más altos en el mundo e iba a crecer mucho más. La deuda constituyó un peso inmenso en la economía chilena.

Después de 10 arios de mando militar, Chile no era publicidad para el monetarismo. El ingreso per capita era 3,5% más bajo que en 1970, y la creciente desigualdad y desempleo implicaban que los pobres estaban peor de lo que habían estado 20 años antes. La producción industrial era 25% más baja que en 1970. La deuda ex-tranjera era igual al 80% del Producto Neto comparado con el 8,2% en 1970. Irónicamente, en vista de sus fines, el Estado poseía la mayoría del sector financiero y por lo tanto mucho de la industria nacional. Los Bancos internacionales forzaron al Gobierno, contra

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su voluntad, a incluir la deuda del sector privado en su renegocia-ción.

Las protestas organizadas mensualmente, desde mayo de 1983, hicieron tambalear al Gobierno. Era en los campamentos, sobre todo en Santiago, que las protestas populares asumieron su forma más potente. Al menos un tercio de la población de la capital vivía en dichas áreas, o tugurios urbanos, no mejor que eso. El desem-pleo era grande -un nivel de 80% no era poco común- y muchos de los jóvenes de los campamentos nunca conocieron un empleo estable. Los días de protestas y de luchas contra los uniformados y los carabineros en los campamentos se convirtieron en verdaderos campos de batalla. No todas las poblaciones expresaron su opinión de modo tan militante como La Victoria, donde el sacerdote francés André Jarland fue asesinado a comienzos de septiembre de 1984, pero el aislamiento social y la hostilidad al régimen estaban tan extendidos que constituían el problema principal del Gobierno. Como resultado, el ejército y los carabineros armaron una operación represiva brutal en los campamentos a fines de octubre y en noviembre de 1984.

La actividad de los partidos de oposición se reinició de una forma más abierta en 1983. Los partidos de oposición del Centro, lidera-dos por los demócrata-cristianos y una fracción del Partido Socia-lista, formaron la Alianza Democrática (AD). Ellos llamaron a la renuncia de Pinochet, a una Asamblea Constituyente y a un amplio Pacto Social que supervisara el retorno a la democracia. Sin embargo, como llegó a ser claro que el Gobierno no haría más que gestos simbólicos y ni siquiera discutiría la cuestión de la renuncia de Pinochet, los Partidos de oposición de Izquierda, liderados por el Partido Comunista y otra ala de los socialistas formaron el Movimiento Democrático Popular (MDP) y presionaron por una política de movilización de masas y confrontación. El Partido Co-munista, con gran incomodidad para la centrista AD, rehusó re-nunciar al derecho de usar la violencia como método para liberar al país de la dictadura.

Dada la impopularidad del régimen, puede parecer paradójico que la oposición estuviera tan dividida, pero era extremadamente difícil organizar la oposición en Chile. A los Partidos y Movimientos

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de la oposición se les habían negado los medios de comunicación con sus seguidores por más de once arios. No tenían acceso regu-lar a la radio, televisión o prensa popular, no habían sido capaces de organizar elecciones internas y gozaron de solamente un breve período de relativa actividad abierta después de que las protestas comenzaron en mayo de 1983. La política se practicaba en un va-cío. Nadie sabía cuánto apoyo tenía cualquiera de los Partidos o fracción interna de un Partido y si no había medios para evaluar el apoyo, ningún grupo podía afirmar que era representativo. Durante la primera década de la dictadura, los Partidos tenían que concentrarse en sobrevivir y mantener algún grado de organi; a-ción interna. Esto condujo, inevitablemente, a enfatizar las tareas partidarias inmediatas más que a desarrollar iniciativas para opo-nerse al régimen, pero también hizo que los Partidos fueran lentos en reconocer cuántos cambios habían ocurrido en Chile y cuántas ideas y políticas tenían que ser reformuladas.

Un ciclo de violencia, protesta y represión marcó los arios después de 1983. La supervivencia del Gobierno dependía de la unidad de las Fuerzas Armadas. El futuro de la oposición dependía de la ex-tensión con la cual podría crear un amplio acuerdo respecto a la transición a la democracia. En un momento, cuando la mayoría de los otros regímenes militares -los de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador- habían devuelto el poder a los civiles, el General Pinochet demostraba muy efectivamente cómo podía establecerse una autoridad dictatorial en una sociedad con una tan larga tradi-ción de Gobierno democrático como Chile. La clave para el poder de Pinochet estaba en su control sobre un Ejército que era discipli-nado, leal a su Comandante en Jefe y despreciativo con respecto a los políticos civiles. Otro elemento para su supervivencia fue la in-habilidad de la oposición en unirse y ofrecer una alternativa creíble. Pareció como si la oposición podía hacer esto en 1985 con elAcuerdo Nacional para la Transición Hacia la Plena Democracia, inspirado por la Iglesia, pero la exclusión del Partido Comunista creó un problema importante fuera del Acuerdo Nacional y el sectarismo partidario creó otro dentro de él.

Si los políticos locales parecían inseguros de cómo enfrentar al go-bernante, los políticos internacionales sufrieron el mismo destino. El Presidente Pinochet era inamovible, incluso desafiante, frente

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a la hostilidad internacional. Aunque el Presidente Carter eludió al régimen, Chile era una baja prioridad para Estados Unidos y a menos que la oposición pudiera producir una alternativa efectiva, siempre estaba el temor de que los marxistas podían retornar si el General era derrocado. El Presidente Reagan estaba mucho más preocupado de Centroamérica que de Chile, y aunque Estados Unidos llegó a ser visiblemente más frío hacia el régimen de Pinochet después de 1985, no fue más eficaz en influir sobre el Gobierno, aunque sí ayudó a la oposición.

Con la recuperación económica, el Gobierno fue capaz de recom-pensar a sus seguidores y restaurar la confianza en los negocios. Al menos algunos grupos de la Derecha querían que Pinochet mantuviera el poder hasta 1997, y la mayoría apoyaba una continuación del sistema político autoritario y de la economía de libre mercado, incluso aunque no fuera bajo el mismo liderazgo.

La recuperación de la recesión de 1982 a 1983 fue firme y sostenida. El crecimiento aumentó a cerca de 5% anualmente desde 1986 a 1988, la inflación permaneció controlada, el desempleo bajó a un 12% aproximadamente y los precios más altos del cobre y las ganancias de bienes de exportación no tradicionales proporcionaron una favorable posición financiera externa. Aunque continuaron las protestas políticas con la creación de la Asamblea de la Civilidad, la oposición no parecía estar haciendo mella en la autoridad del Gobierno. Un intento fracasado de asesinato contra el General Pinochet en 1986 reforzó su prestigio y le dio respaldo a su postura de que la oposición no podía controlar a aquellos que estaban preparados para usar la violencia. Aunque los detalles del intento de asesinato son oscuros, parece haber certeza de que fue la obra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo creado con las bendiciones y el apoyo del Partido Comunista. La oposición había llamado a 1986 'el año decisivo'; pero los hechos parecían mostrar que Pinochet podía manipular a una oposición aún dividida y relativamente débil.

Ciertamente, el Presidente y sus asesores más cercanos suponían que gozaban del apoyo de la mayoría de la población y miraban al futuro confiados en el resultado de un plebiscito que se llevaría a cabo no más tarde de junio de 1989, para decidir acerca del primer

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presidente elegido para asumir el cargo de acuerdo con la Consti-tución de 1980. Pinochet habría preferido una presidencia de 16 arios a partir de 1980, pero fue persuadido de que su mando sería más legítimo si se presentaba él mismo como candidato único para el plebiscito, y aunque los representantes de la Fuerza Aérea, Ca-rabineros y la Armada, dejaron en claro durante varias ocasiones que ellos hubieran preferido un candidato civil más joven, al final cedieron a la presión del Ejército; Pinochet recibió su nominación como candidato a fines de agosto de 1988. Las inmediatas protestas frente a esta decisión deberían haber constituido una serial de que la victoria electoral no era segura de ninguna forma, pero los asesores del presidente, sobre todo el Ministro del Interior Sergio Fernández, el arquitecto de la Constitución, tenían confianza en la victoria el 5 de octubre de 1988.

Tal confianza en el triunfo de Pinochet no era infundada. Chile era, en ese tiempo, un Estado policial altamente eficiente con un Gobierno que ejercía un enorme poder. Una gran variedad de tácticas, desde la intimidación hasta la persuasión, podía ser usada para asegurar votos para la opción 'si*. Pinochet aún contaba con el apoyo indudable del Ejército y éste gobernaba a Chile, es-pecialmente al nivel regional. Se esperaba que los Gobernadores Regionales, las autoridades provinciales y los alcaldes hicieran lo máximo para asegurar una mayoría para el Gobierno. Además, el Gobierno tenía virtualmente el control completo de la televisión, la mayoría de las estaciones de radio y los diarios. A la oposición se le garantizó un 'spot' televisivo de 15 minutos cada día durante tres semanas antes de la votación, pero ello difícilmente podía desequilibrar 15 arios de propaganda gubernamental sostenida. Chile también estaba gozando de una recuperación económica y se hacían referencias intencionadas a la inseguridad política y a las crisis económicas de los Estados vecinos.

Pinochet despreciaba a los políticos y creía firmemente que eran incapaces de hacer un ataque unido y efectivo contra su autoridad. Había evidencia de lo contrario, especialmente en febrero de 1988, cuando la oposición firmó un pacto para organizar el voto ‘no’* en el plebiscito. Pero a los dictadores se les tiende a decir lo que se espera que les guste oír y Pinochet no era la excepción a esto. Los políticos de la Derecha estaban excluidos de la campaña,

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la cual estaba firmemente asida en las manos de unos pocos ase-sores militares de alto rango y de Sergio Fernández. Incluso antes de que se conocieran los resultados, los políticos de Partidos como Renovación Nacional, el Partido más grande de la Derecha, estaban mostrando de forma obvia que sentían que la campaña oficial estaba organizada deficientemente. El plebiscito fue una opción imparcial y libre, con participación masiva. Del electorado poten-cial, alrededor del 93% estaba registrado para votar; y del electo-rado registrado de 7,4 millones de votos, votó el 97%. El resultado fue de 55% para la opción ' no' y de 43% para el si* y 2% nulo o en blanco.

Muchos chilenos aún se sentían excluidos de los beneficios de la recuperación económica. La distribución del ingreso permanecía muy desigual y la declaraciones de la oposición de que 5 millones de chilenos (40% de la población) vivían en la pobreza no fue refu-tada en forma convincente por el Gobierno. Los sueldos promedio en 1987 eran 13% menores que en 1981 y aun menos que en 1970. Los gastos reducidos en salud y educación eran fuertes motivos de queja entre muchos chilenos. El sistema privatizado de seguridad social proporcionaba excelentes beneficios para aquellos que podían pagar para ingresar, pero más del 50% de la población estaba excluido y debía soportar un sistema estatal cada vez más deficiente. Tales motivos de quejas ayudan a explicar el apoyo a la oposición. El Gobierno también sufría por su historial de derechos humanos. Contra las expectativas de que ello sería un asunto de menor importancia, las encuestas mostraron que una mayoría de la población estaba bien consciente de la extensión del abuso de los derechos humanos y condenaba firmemente tales abusos. Sin embargo, quizás el más fuerte factor a largo plazo actuando contra el Gobierno fue el deseo de reasumir formas políticas competitivas y democráticas. Esto no representaba necesariamente un rechazo del modelo económico de libre mercado o ni siquiera de los principales aspectos de la Constitución de 1980. Reflejaba ciertamente el apoyo popular a un retorno al modo predominante de la actividad política durante los pasados cien arios de Chile. Al final, el plebiscito no fue acerca de la economía, sino acerca de política: la libertad de escoger y el derecho a votar. Incluso algunos admiradores del General Pinochet sentían que 15 años habían sido suficientes y que era ya el momento para que él renunciara.

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El impacto de la campaña misma fue enorme, como se mostró en el extraordinario alto nivel de participación. Era, después de todo, la primera campaña política de esta clase desde 1973. Existe poca duda de que la campaña del Gobierno, negativa y retrógrada, fue inferior a la de la oposición. Pinochet no fue un gran éxito como político buscando votos y los esfuerzos de sus asesores para crear tal imagen fueron frecuentemente destrozados cuando él dejaba su discurso preparado, recordaba los más crudos asaltos al comu-nismo y lanzaba ataques virulentos sobre ex colaboradores. Los grandiosos gestos económicos para ganar apoyo fueron descarta-dos por la misma naturaleza del modelo económico que él había construido. Una economía que enfatizaba la restricción fiscal y una gestión sana no puede repentinamente hacer grandes gestos sin correr el riesgo de socavar la confianza.

En contraste, la campaña de la oposición fue profesional y pros-pectiva, orientada hacia la juventud, y enfatizaba la reconciliación y la moderación política. En febrero de 1988, la oposición había logrado finalmente un acuerdo para unirse contra la candidatura de Pinochet y, aunque el Partido Comunista estaba inicialmente muy hostil a participar en el juego de acuerdo con las reglas del General y nunca formó parte oficialmente de la coalición de 16 Partidos, prestó un importante apoyo. La campaña de la oposición no habría tenido el impacto que tuvo sin meses de un cuidadoso trabajo político de persuasión al electorado de que el voto sería secreto y que no habría consecuencias adversas al votar 'no'*. La Iglesia jugó un rol importante en este proceso con su Cruzada Cívica. El financiamiento de Estados Unidos y Europa le permitió a los Partidos de la oposición organizarse a través del país y contar los votos con sus propios sistemas computacionales, minimizando de esta manera la posibilidad de un fraude gubernamental. Un nuevo Partido 'instrumental' creado por el líder socialista Ricardo Lagos jugó un importante rol en atraer a la actividad política a ciudadanos independientes previamente pasivos y focalizó la atención en el único asunto, que era la derrota del General. La presencia de más de mil observadores internacionales fue un apoyo para la oposición y una indicación al Gobierno de que la significatividad del plebiscito era un tema de interés para la comunidad internacional y no solo para Chile.

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Los políticos de la oposición fueron sorprendidos por el modo en el cual poderosos sectores de la Derecha aceptaron inmedia-tamente el veredicto. Había temor de un Golpe o alguna clase de interferencia con la votación o con los resultados. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no consideraron el rechazo a Pinochet como un rechazo a los militares como institución, ni a la Constitución de 1980, ni al modelo económico de libre mercado. Ni las Fuerzas Armadas ni la Derecha política, ni menos los sectores ligados a los negocios habrían bienvenido la violencia política que habría seguido inevitablemente a cualquier intento de interferir con los resultados del plebiscito. Además, quedaba más de un ario antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, las que debían ejecutarse a continuación del rechazo a Pinochet y la Derecha es-peraba construir en dicho período basándose en el 43% obtenido por el Presidente Pinochet. Por su parte, Pinochet estaba determi-nado a tramitar una serie de leyes que hiciera tan difícil como fuera posible cualquier futura alteración de su Constitución y modelo económico.

Desde octubre de 1988, hasta diciembre de 1989, Chile vivió en un estado de permanente campaña electoral. La oposición cometió pocos errores políticos. El hombre que había conducido la oposición en el plebiscito, el ex senador y político PDC Patricio Aylwin, fue escogido como su candidato presidencial. Una vez escogido, Aylwin se comportó con la confianza de un presidente electo y re-unió un equipo político de considerable experiencia y autoridad. Incluso la difícil tarea de seleccionar a los candidatos que repre-sentaran a los 16 partidos de la coalición, la Concertación de los Partidos por la Democracia, en la campaña electoral parlamentaria fue resuelta sin disputas públicas perjudiciales. La Concertación fue firme en su rechazo del Partido Comunista, el cual, aunque presentó unos pocos candidatos en una coalición separada, prestó en los hechos su apoyo a Aylwin. La oposición también obtuvo dos concesiones importantes de Pinochet. En julio de 1990, un plebiscito aprobó importantes reformas constitucionales que hicieron algo más fácil posteriores reformas y también redujeron el poder de los militares en el nuevo sistema post-Pinochet. Justo antes de las elecciones de diciembre, Pinochet aceptó una fórmula que implicaba que el Directorio del poderoso Banco Central esta-

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ría compuesto igualmente de representantes del Gobierno y de la oposición y no, como había deseado originalmente, por miembros exclusivamente leales a él.

En contraste, la campaña de la Derecha fue desorganizada y nada de impresionante. El candidato escogido, Hernán Büchi, quien había sido Ministro de Hacienda desde 1985, resultó ser menos capaz como candidato presidencial que como tecnócrata económico. Los dos Partidos principales de la Derecha, Renovación nacional (RN), un Partido moderado que incluía políticos que habían sido activos en las políticas del ala de Derecha antes del Golpe, y la Unión Democrática Independiente (UDI), una combinación de tecnócratas del libre mercado e incondicionales seguidores de Pinochet, mostraron mucho menos unidad que la alianza de la oposición y frecuentemente parecía que estaban más interesados en pelear uno contra el otro que en oponerse a la coalición conducida por Aylwin.

El Presidente Pinochet se mantuvo aparte de la campaña electo-ral. En lugar de ello, su interés principal era presionar una serie de medidas que reducirían el poder del Gobierno entrante. El proceso de privatización de la economía, ya bien avanzado, se aceleró. Una Ley Electoral fue diseñada de modo que al nivel parlamentario le daría una importante sobre-representación a la Derecha. Fue tramitada una Ley para las Fuerzas Armadas, que haría muy difícil el control presidencial sobre los militares: el Presidente, por ejemplo, no tendría poder para despedir a ningún Comandante en Jefe de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Una serie de restricciones fue impuesta al futuro Congreso, que haría casi imposible investigar las actividades del Gobierno de Pinochet. La oposición protestó contra estas medidas, algunas veces con éxito, como con el plebiscito acerca de la Reforma Constitucional y con la composición del Directorio del Banco Central. Sin embargo, había poca duda de que la agenda política del futuro gobierno estaría concentrada en general en tratar de enmendar las restricciones en sus actividades impuestas por el Gobierno de Pinochet.

Los resultados de la elección presidencial del 14 de diciembre de 1989 fueron semejantes a los del plebiscito de octubre. Aylwin ob-tuvo el 55% de los votos. El voto de la Derecha se dividió entre Bü-

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chi, quien obtuvo 30%, y un empresario populista, Francisco Javier Errázuriz, que obtuvo 15%. Los resultados de las elecciones par-lamentarias le dieron la mayoría a la alianza de la oposición. Sin embargo, aunque la Concertación obtuvo 22 sillones en el Senado comparados con 16 de la Derecha, la presencia de 9 senadores designados por el saliente Gobierno de Pinochet implicaba que el Gobierno de Aylwin carecería de la mayoría necesaria para impor-tantes medidas de reforma política y constitucional. En la elección para la Cámara de Diputados, la Concertación obtuvo 72 sillones y la Derecha 48. El Partido político más popular fue claramente el PDC, el cual eligió 13 senadores y 38 diputados, seguido dentro de la alianza de la oposición por el PPD, el cual eligió a 4 senadores y 17 diputados. En la Derecha, a RN le fue mucho mejor que a la UDI, eligiendo 6 senadores frente a los 2 de la UDI; y la mayoría de los 8 senadores independientes eran cercanos a RN.

El Gobierno de Patricio Aylwin, quien asumió el mando en marzo de 1990, enfrentaba un Chile que había cambiado en muchos aspectos desde el Golpe de 1973. Había ahora un acuerdo mucho mayor respecto a las políticas económicas: casi todos los Partidos aceptaban que el mercado y el sector privado tenían un rol fun-damental en el desarrollo económico. El antiguo proyecto de la Izquierda de nacionalizar las empresas que comandaban la eco-nomía era considerado ahora tan irrelevante como la antigua idea del PDC de establecer una sociedad comunitaria. El Gobierno de Aylwin prometió mejorar la distribución del ingreso y gastar más en servicios sociales, pero no a expensas de una gestión macroeco-nómica cuidadosa. Las crueles políticas del Gobierno de Pinochet habían creado un aparato del Estado más pequeño y más eficiente y había pocos deseos de inflar el rol del Estado hasta su previo rol dominante en la economía. El Gobierno entrante deseaba mantener la exitosa economía de exportaciones y le daba la bienvenida a la cooperación de inversiones extranjeras, incluso si también in-tentaba aumentar los ingresos por impuestos.

Este consenso en el campo de las políticas económicas se reflejaba más generalmente en las actitudes hacia el sistema político. Había un acuerdo amplio acerca de la necesidad de hacer concesiones para mantener un sistema democrático. En la Izquierda, la popularidad e influencia del Partido Comunista había sido redu-

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cida por políticas erróneas, por su tolerancia de la violencia política durante los arios de Pinochet y por la crisis del comunismo internacional. El Partido Socialista, una vez más unido, estaba más moderado que lo que había sido en el pasado: el viejo sectarismo y admiración por la Revolución Cubana habían desaparecido. El PDC había abandonado su creencia en el Partido como el Partido gobernante natural sin aliados y estaba más abierto al diálogo y a la negociación que antes. La Derecha política en Chile no se turbó por los resultados electorales. Tenía el poder de bloquear las reformas en el Congreso, y tenía suficiente respaldo electoral para estar esperanzada en futuras victorias electorales. No estaba alarmada por las políticas económicas del Gobierno.

La herencia de los años de Pinochet tenía su lado duro también. El problema de la pobreza era agudo y desafiante. La distribución del ingreso se había empeorado apreciablemente en Chile y alrededor de 3 a 4 millones de chilenos estaban viviendo en la pobreza. Además, muchos de los servicios que eran necesarios para aliviar la pobreza -salud, educación, seguridad social- habían sido descuidados por el Gobierno de Pinochet y estaban muy desfinanciados. El crecimiento económico sostenido y el enfrentar la desigualdad social serían un desafío para los gobiernos durante los arios siguientes.

Otro legado del Gobierno de Pinochet fue el asunto no resuelto de la justicia para las víctimas de los abusos de derechos humanos. Hay poca duda de que los derechos humanos habían sido violados en una escala masiva y sin precedentes en el Chile de Pinochet. Los futuros Gobiernos tendrían que tratar de solucionarlos con aquellos que solicitaban reparación y al mismo tiempo no provocar que los militares retiraran su apoyo al orden democrático. El hecho de que el Comandante en Jefe del Ejército durante el Gobierno de Aylwin permaneciera siendo el General Pinochet indica la naturaleza del problema que el nuevo Gobierno enfrentaba tratando de consolidar un sistema político completamente democrático.

Empero, el plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989 eran afirma-ciones notables del deseo popular de restablecer la democracia en Chile. En ambos casos, la participación fue masiva, abarcando a más del 90% del electorado registrado. Ambas elecciones fueron

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libres e imparciales, ninguna produjo violencia o conflicto político de importancia, y en las elecciones de 1989 el voto para los Partidos de Izquierda o de la Derecha que podían ser considerados como extremistas o antidemocráticos fue insignificante. Esta afirmación popular de la democracia constituyó una base firme para los futuros gobiernos en su afán de consolidar un orden constitucional estable. La responsabilidad de los Partidos políticos era diseñar un sistema político democrático que no repitiera los errores que llevaron al derrocamiento del orden constitucional en 1973.

El proceso de consolidación democrática en Chile fue muy fortalecido por los logros económicos del Gobierno de Aylwin en sus primeros dos años. El Gobierno pudo combinar el crecimiento con la estabilidad. Logró empujar una reforma de impuestos importante, implementó una reforma fundamental del Código del Trabajo, retuvo la confianza del movimiento sindical y ganó la confianza del sector empresarial. La tasa de crecimiento para 1990 fue sólo de 2% a medida que el Gobierno luchaba para restringir la inflación en ascenso creada por las políticas expansionistas motivadas electoralmente durante los dos últimos años del Gobierno de Pinochet. Pero, en 1991, la tasa de crecimiento sobrepasó el 5% y las exportaciones subieron en 10% aunque las condiciones económicas internacionales no eran favorables. La tasa de inflación de 1991 correspondió a la meta gubernamental de 18%. Además, un masivo flujo de inversión extranjera indicaba la confianza internacional en la economía y creaba optimismo acerca de las prospectivas a largo plazo. El crecimiento se esperaba que continuara en niveles de alrededor del 5% anual y que la inflación declinara aún más. Pero la deuda social acumulada debida a los pobres permanecía siendo una pesada demanda en una economía que a pesar de su reciente éxito aún se mantenía muy vulnerable a los movimientos de precios internacionales. En el frente político, el Gobierno procedía con autoridad y determinación. Los Partidos de la Concertación permanecieron leales al Presidente y la ausencia de cualquier cambio importante del Gabinete a mediados del período indicaba un alto grado de unidad gubernamental. Uno de los problemas más importantes siguió siendo la presencia del General Pinochet como Jefe del Ejército. La autoridad de éste fue sacudida por los descubrimientos de entierros masivos de aquellos que habían sido 'desaparecidos' durante su mandato, de irregularidades financie-

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ras que implicaban a su yerno y a oficiales superiores y dudosos negocios de armas. Sin embargo, el Ejército continuó apoyándolo y, en una demostración de solidaridad con su Jefe, se acuartelaron en sus Unidades por un día en diciembre en desafío al Gobierno.

Uno de los temas principales que nublaron las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno fue el de los derechos humanos. El grupo establecido por el Gobierno para estudiar los abusos a los derechos humanos, la Comisión Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliacion*) produjo evidencia de 2.279 casos de ejecuciones, desapariciones y muerte por tortura y 641 casos más quedaron sin confirmar. Al menos uno tenía implicancias inter-nacionales, porque Estados Unidos continuó insistiendo sobre la extradición del personal militar chileno implicado en el asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976.

El argumento del Informe Rettig fue que la verdad es un valor ab-soluto y debe ser establecida. En general, eso se logró. Empero, la justicia es más complicada. Por supuesto, fue parcialmente lograda a través de la reivindicación de aquellos que fueron ejecutados como presuntos terroristas por el Gobierno de Pinochet. También fue parcialmente lograda mediante la compensación dada a losparientes de aquellos ejecutados o desaparecidos. Sin embargo, los que cometieron los actos criminales no fueron castigados y quizás nunca lo sean. Esto puede ser profundamente insatisfactorio, pero ¿era políticamente necesario? En las palabras de José Zalaquett, miembro de la Comisión Rettig y miembro prominente de Amnistía Internacional, 'Puede argüirse que en un país que ha sido profundamente dividido, el arrepentimiento y el perdón podían traer la unidad y que ésta, en ciertas circunstancias, reforzaría las base de la democracia. Estoy hablando en lo abstracto... pero también pensando en Chile. De este modo, el perdón podría ser también un medio de prevención, si la verdad ha sido revelada y ha habido una admisión de responsabilidades'

31.

El asesinato del senador Jaime Guzmán, el líder de la UDI, en abril de 1991, fue una demostración de que el problema de la violen-

31 José Zalaquett -Human Rights: "Truth and Responsibility in Chile': The Ethics of Responsibility. Paper 2. Washington Office on Latin Arnerica (Washington, D.C., 1991).

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cia política en Chile no había sido resuelto. Fue un retroceso real para un Partido que él más que ninguno había creado, organizado y controlado. La coincidencia en el tiempo entre el asesinato de Guzmán y la publicación del Informe Rettig sobre Derechos Humanos redujo la probabilidad de que hubiera juicios efectivos contra los acusados de abusos contra los derechos humanos y enfocó la atención sobre los temas de la ley y el orden.

Aunque las encuestas de opinión continuaron mostrando un apoyo de mayoría para el Gobierno, había áreas de considerable preocupación. En primer lugar, la relación con los militares era todavía demasiado difícil, demasiado estresada, demasiado frecuentemente un tema de lograr puntos con el fin de intentar ganar ventajas. El General Pinochet continuaba haciendo difíciles las cosas para el Gobierno. Segundo, el Gobierno fue criticado por poner demasiado énfasis en el equilibrio macroeconómico y no en solucionar los temas sociales que demandaban la atención después de años de descuido, aunque en efecto los gastos del Gobierno en salud y educación subieron mucho. Sin embargo, las desigualdades creadas por los años de Pinochet eran profundas y tomaría años corregirlas. No fue una sorpresa entonces, que el Gobierno enfrentara acusaciones de que había ido demasiado lejos en la dirección del liberalismo de mercado y de abandono del rol de un Estado de bienestar social.

Compensando estas críticas, había un reconocimiento general de que hubo también algunos logros impresionantes. El Gobierno había asegurado un acuerdo para sus políticas con la Derecha y con la Izquierda y aquellas políticas estaban funcionando bien. El sectarismo partidario que había dejado heridas en el pasado parecía haber sidocontenido. Los grupos extra-parlamentarios eran pocos e insignificantes, incluso aunque podían cometer actos de terrorismo individual. Y aunque el Ejército estaba lejos de estar bajo control civil, había pocos temores de que constituyera una amenaza seria al sistema político. En sus primeros dos arios, el Gobierno del Presidente Aylwin había creado una base firme para avanzar a un sistema más democrático.

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Ensayos bibliográficos

I. Desde la Independencia a la Guerra del Pacífico

Un trabajo invaluable ha sido hecho desde los arios 1950 por la revista Historia (publicada por el Instituto de Historia de la P. Universidad Católica de Chile, Santiago) al mantener un registro detallado de todos los materiales publicados acerca de la historia chilena (en el país y en el extranjero) de ario en ario. Éstos son lis-tados en el espacio regular de la revista Fichero bibliográfico*. La primera de dichas bibliografías fue coleccionada útilmente por Horacio Aránguiz Donoso (ed.), Bibliografia histórica, 1959-1967 (Santiago, 1970). Subsiguientes ficheros* han sido publicados en cada número de Historia, excepto el 21 (1986), el primero de dos números especiales conmemorativos de Mario Góngora, cuya trá-gica muerte a fines de 1985 privó a Chile de uno de sus más respe-tados académicos del siglo veinte.

Las publicaciones que aparecen en Chile durante el período desde la Independencia hasta la Guerra del Pacífico están anotadas (aunque no de acuerdo con los criterios bibliográficos modernos) en Ramón Briserio (ed.), Estadística bibliográfica de la literatura chilena, 3 vols. (Santiago, 1965-6). Los dos volúmenes originales de Briserio fueron impresos en 1862 y 1879. El vol. 3 producido bajo el auspicio de la Biblioteca Nacional, Santiago, contiene enmiendas y adiciones muy necesarias, compiladas por Raúl Silva Castro. La Oficina Central de Estadísticas fue fundada en Chile en 1843, aunque comenzó su labor cuatro arios después; desde allí, el Gobierno llegó a ser asiduo en cuanto a registrar y reunir información estadística, mucha de la cual fue publicada posteriormente en el Anuario estadístico desde 1861 en adelante. Las estadísticas comerciales fueron publicadas (después de 1844), como los Censos de 1854, 1865 y 1875. Sin embargo, los materiales estadísticos de este período deben ser usados con conciencia crítica de sus inadecuaciones. Para una lista detallada de las

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publicaciones gubernamentales, incluyendo estadísticas, ver Rosa Quintero Mesa (ed.), Latin American Serial Documents, N° 7, Chile (New York, 1973). Markos Mamalakis (ed.), Historical Statistics of Chile, 6 vols. (Westport, Conn., 1979-1989), proporciona mucho material valioso.

La erudición histórica tradicional en Chile, que ha producido algunas narraciones memorables entre mediados del siglo diecinueve y mediados del siglo veinte, tendía a enfocarse menos en las décadas de la post-independencia -la República inicial'- que en la era colonial y las guerras de la Independencia. Los grandes historiadores del siglo diecinueve jugaron una parte en la historia de su propio tiempo, como está bien ilustrado en Allen Woll, A Functional Past: The Uses of History in Nineteenth Century Chile (Baton Rouge, La., 1982), pero no escribieron habitualmente acerca de ello. Esto también tendió a ser verdad con ciertas excepciones notorias de sus sucesores entre 1900 y 1950. El trabajo reciente de los académicos ha comenzado a llenar en parte las brechas en nuestro conocimiento del período. Simon Collier, `The historiography of the "Portalian" period in Chile, 1830-1891; Hispanic American Historical Review 57 (1977), pp. 660-90, revisa la literatura como existía a mediados de los arios 1970. Algunas de las esperanzas para la futura investigación expresados en dicho artículo han sido cumplidas ahora: desde ese tiempo ha habido signos muy positivos de un importante nuevo interés en los comienzos de la República.

La descripción única más extensa del período como un todo es aún la encontrada en Francisco Antonio Encina, Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891,20 vols. (Santiago, 1942-1952), vols. 9-17. Este trabajo gigantesco e idiosincrásicamente conservador no ha carecido de críticas, pero es instructivo cuando se usa para consultar los pasajes relevantes del ataque sostenido de Ricardo Donoso, Francisco A. Encina, simulador, 2 vols. (Santiago, 1969- 1970). Entre las obras más antiguas, los arios desde la Independencia hasta 1833 son narrados en minucioso detalle por Diego Barros Arana en la Historia General de Chile, 16 vols. (Santiago, 1884- 1902), vols. 11-16, mientras buenas narraciones de presidencias específicas incluyen a Ramón Sotomayor Valdés con 'Chile bajo el gobierno del general don Joaquín Prieto' en Historia de Chile durante los cuarenta años transcurridos desde 1831 hasta 1871, 2a

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ed., 4 vols. (Santiago, 1905-1906); Diego Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile, 1841-1851, 2 vols. (Santiago 1905-1906), el más grande historiador de la serena canción del cisne; Alberto Ed-wards, El gobierno de don Manuel Montt (Santiago, 1932); y acerca de las cuatro administraciones entre 1841 y 1876, Agustín Edwards, Cuatro presidentes de Chile, 2 vols. (Valparaíso, 1932). Una narración política muy de los comienzos que continúa llamando la atención es la de Isidoro Errázuriz, Historia de la administración de Errázuriz, precedida de una introducción que contiene la reseña del movimiento y lucha de los partidos desde 1823 hasta 1871 (Val-paraíso, 1877). Todas las obras mencionadas muestran la escritura histórica chilena en su mejor momento.

Hay pocas colecciones documentales impresas para este período de la forma como lo están disponibles para el período colonial y las guerras de la Independencia. Sin embargo, los debates en el Congreso, fueron impresos como Sesiones del Congreso Nacional desde 1846 en adelante, y artículos del Congreso (y debates es-cogidos) de antes de dicha fecha pueden encontrarse en Valentín Letelier (ed.), Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile, 1811-1845, 37 vols. (Santiago, 1887-1908). Las listas completas de los nombres y fechas de los presidentes, ministros de los gabinetes, senadores y diputados para los arios 1823-1883 están impresos en Luis Valencia Avaria (ed.), Anales de la República, 2a

ed., 2 vols. En I (Santiago, 1986), vol. I, pp. 448-503, y vol. 2, pp.22-281.

Acerca del marco político general del período, el ensayo estimulante (1928) de Alberto Edwards Vives, La fronda aristocrática en Chile, 10a ed. (Santiago, 1987), permanece siendo una fuente clásica por sus muchos comentarios e ideas. También vale la pena consultar la narración de las batallas ideológicas del período proporcionadas por el decano de los historiadores de mediados del siglo veinte, Ricardo Donoso, en su obra Las ideas políticas en Chile, 3era ed. (Buenos Aires, 1975). Valiosos textos introductorios por académicos modernos, que dan una cobertura general del período, incluyendo a Sergio Villalobos R., Fernando Silva V, Osvaldo Silva G. y Patricio Estellé M., Historia de Chile, 4 vols. (Santiago, 1974- 1976), vol. 3, pp. 404-578 y vol. 4 pp. 580-761; Gonzalo Izquierdo E, Historia de Chile, 3 vols. (Santiago, 1989-90), vol. 2, pp. 83-309;

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y Brian Loveman, Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism, 2a ed. (New York, 1988), capítulos 4-5; esta última es la mejor Historia de Chile en inglés en un volumen a la fecha. El antiguo ensayo de Julio César Jobet, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile (Santiago, 1955), aún merece una lectura rápida. Luis Vitale, Interpretación marxista de la historia de Chile (Santiago, 1971), vol. 3, vuelve a trabajar el período hasta 1859 desde una perspectiva ulterior. Las ideas generales acerca de los inicios de la República desde otra perspectiva son ofrecidas por Sergio Villalobos R. 'Su-gerencias para un enfoque del siglo XIX,' Estudios CIEPLAN, N° 12 (Santiago, 1984), pp. 9-36; Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago, 1981), pp. 1-28; Simon Collier, 'Gobierno y sociedad en Chile durante la República Conservadora; Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 'Dr. Emilio Ravignani', 3a serie, I (Buenos Aires, 1989), pp. 115-26.

La historia política en su sentido tradicional ha atraído poca atención desde 1960; los historiadores chilenos puede que aún estén sobrerreaccionando inconscientemente a los gigantes del pasado. Una promisoria línea de investigación sobre la elite política del pe-ríodo ha sido abierta en Gabriel Marcella, 'The Structure of Politics in Nineteenth-Century Spanish America: The Chilean Oligarchy, 1833-1891' (Ph.D tesis, Notre Dame University, 1973). Las políticas de los años 1820 y de los inicios de los arios 1830 son analizados en Simon Collier, Ideas and Politics of Chilean Independence, 1808-1833 (Cambridge, 1967) capítulos 6-9, y Julio Heise González, Años de formación y aprendizaje políticos, 1810-1833 (Santiago, 1978), parte 4, capítulos 1-6. La vida y obra del supuesto 'organizador de la República; Diego Portales, han sido reevaluados, moderadamente en Jay Kinsbruner, Diego Portales: Interpretative Essays on the Man and His times (The Hague, 1967) y más críticamente en Sergio Villalobos R., Portales, una falsificación histórica (Santiago, 1989). Cualquiera sea lo que se ha dicho o escrito acerca de él, la huella del 'ministro omnipotente' continúa obsesionándonos: ver la interesante colección de ensayos, Bernardino Bravo Lira (ed.), Portales. El hombre y su obra: La consolidación del gobierno civil (Santiago, 1989). Roberto Hernández P., Diego Portales, vida y tiempo (Santiago, 1974) es un raro ejemplo de una biografía moderna 'sincera' de uno de los políticos más importantes del perío-

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do: varios otros lloran por una. En el otro extremo del período, la presidencia de Aníbal Pinto (1876-1881) recibe una revisión en Cristián Zegers A., Aníbal Pinto, historia política de su gobierno (Santiago, 1969). Un episodio importante en la liberalización de la República después de 1861 es estudiado en Patricio Estellé M., 'El club de la reforma de 1868-1871: Notas para el estudio de una combinación política del siglo XIX' Historia 9 (1970), pp. 111-35. La trágica muerte prematura de Estellé en 1975 cortó una carrera académica especialmente promisoria.

Acerca de las ideas y actitudes políticas del Partido Conservador durante su larga hegemonía, ver Simon Cóllier, 'Conservatismo chileno, 1830-1860. Temas e imágenes; Nueva Historia 7 (1983), pp. 143-63. Un interesante enfoque nuevo del liberalismo en este período puede encontrarse en Alfredo Jocelyn-Holt L., 'Liberalismo y modernidad. Ideología y simbolismo en el Chile decimonónico: Un marco teórico; en Ricardo Krebs y Cristián Gazmuri (eds.), La revolución francesa y Chile (Santiago, 1990), pp. 303-3. Para un estudio del sobresaliente liberal de ese tiempo, ver Bernardo Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal en el siglo XIX: Lastarria, ideología y literatura (Santiago, 1981). Las ideas de los dos más prominentes radicales de mediados de siglo son analizados en Alberto J. Varona, Francisco Bilbao, revolucionario de América (Ciudad de Panamá, 1973), y Cristián Gazmuri, El pensamiento político y social de Santiago Arcos, Historia 21 (1986), pp. 249-274. Gazmuri ha editado también una valiosa reimpresión del ensayo mejor conocido de Arcos en Carta a Francisco Bilbao y otros escritos (Santiago, 1989).

Chile estuvo en guerra tres veces durante los comienzos de la República: contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), contra España (1865-1866) y una vez más contra Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico. Estos conflictos no han despertado mucho interésacadémico en tiempos recientes. Para la breve guerra con España, la antigua narración de W.C.Davis, The Last Conquistadores: The Spanish Intervention in Peru and Chile, 1863-1866 (Athens, Ga., 1950) es improbable que pueda ser mejorado. La narración clásica de la Guerra del Pacífico continúa siendo la de Gonzalo Bulnes, La Guerra del Pacífico, 3 vols. (Santiago, 1911-1919). Numerosos documentos acerca de la guerra fueron coleccionados

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muy pronto después de que la guerra terminó, como un gesto de orgullo nacional, en Pascual Ahumada Moreno (ed.), Guerra del Pacífico: Recopilación completa de todos los documentos oficiales, correspondencias y demás publicaciones referentes a la guerra, 9 vols. (Valparaíso, 1884-1890), mientras que más recientemente hahabido una buena edición facsimilar del Boletín (Oficial) de la Guerra del Pacífico [1879-1881] (Santiago, 1979). Una sólida des-cripción técnica de las primeras campañas terrestres de la guerra pueden encontrarse en Augusto Pinochet U., La Guerra del Pací-fico: Campaña de Tarapacá, 2' ed., (Santiago, 1979). La obra de William E Sater, Chile and the War of the Pacific (Lincoln, Nebr., 1986) no es tanto una historia militar sino una exhaustiva narración detallada del impacto de la guerra en diferentes aspectos de la vida nacional. El libro anterior de Sater, The Heroic Image in Chile: Arturo Prat, Secular Saint (Berkeley, Calif., 1973) analiza el tra-tamiento dado por las generaciones posteriores al héroe supremo de Chile en dicha guerra.

Debe observarse que existen pocos estudios institucionales serios, si es que hay alguno, del siglo XIX de las Fuerzas Armadas chilenas. Frederick M. Nunn, The Military in Chilean History: Essays on Civil-Military Relations, 1810-1973 (Albuquerque, N.Mex., 1976) capítulos 1-4, bosqueja algunas relaciones de este período, pero su principal interés está relacionado con el último tiempo. Carlos López Urrutia, Historia de la marina de Chile (Santiago, 1969), capítulos 1-14, ofrece un historia de la marina -más bien anecdótica que analítica- desde su fundación hasta la Guerra del Pacífico. La institución clave de la guardia nacional (o cívica) es estudiada -tales estudios se deben hace mucho- en Roberto Hernández P., 'La Guardia Nacional de Chile. Apuntes sobre su origen y organizacio-nes, 1808-1848; Historia 19 (1984), 53-113.

Algunas nuevas obras muy interesantes acerca de la historia eco-nómica del siglo XIX han sido hechas en el último tiempo: una síntesis adecuada debe estar seguramente al alcance. Para revisiones de la literatura disponible hasta 1970, ver Sergio Villalobos R., 'La historiografía económica de Chile: Sus comienzos; Historia 10 (1971), 7-56. y Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, 'Chile' en Roberto Cortés Conde y Stanley J. Stein (eds.), Latin America: A Guide to Economic History, 1830-1930 (Berkeley, Calif., 1977), pp. 275-363.

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Un panorama excelente acerca del período es dado en Luis Ortega, `Economic Policy and Growth in Chile from Independence to the War of the Pacific; en Christopher Abel y Colin Lewis (eds.), Latin America: Economic Imperialism and the State (London, 1985), pp. 147-71. Markos Mamalakis, The Growth and Structure of the Chi-lean Economy: From Independence to Allende (New Haven Conn., 1976), pp. 3-85, trata el período 1840-1930 en un solo barrido. También es valioso consultar las relevantes secciones de Marcello Carmagnani, Sviluppo industriale e sottosvilupo economico: Ii caso cileno, 1860-1920 (Turín, 1971) y José Gabriel Palma, `Growth and Structure of Chilean Manufacturing Industry from 1839 to 1935' (D. Phil. Tesis, Universidad de Oxford, 1979). El crecimiento industrial de la última parte de nuestro período es bien revisado en un estudio pionero de Luis Ortega, 'Acerca de los orígenes de la industrialización chilena, 1860-79; Nueva Historia 2(1981), pp. 3-54.

Dos monografías valiosas de los arios 1980 que arrojan mucha y necesitada luz sobre los mecanismos del comercio exterior -el motor del cambio económico chileno- y el rol crucial de las Casas Comerciales británicas son Eduardo Cavieres E, Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820-1880: Un ciclo de historia económica

(Valparaíso, 1988), y John Mayo, British Merchants and Chilean Development, 1851-1886 (Boulder, Colo., 1987). El tema de las con-secuencias económicas de la Independencia es claramente explorado por John L. Rector en dos artículos: 'El impacto económico de la independencia en América Latina: El caso de Chile; Historia 20 (1985), pp. 107-27. El artículo de John Mayo, Before the Ni-trate Era: British Commission Houses and the Chilean Economy, 1851-1880, Journal of Latin American Studies 11 (1979), N° 2, pp. 263-303, es útil. El rol de Valparaíso como un almacén aduanero es bosquejado en Jacqueline Garreaud, 'La formación de un mercado de tránsito, Valparaíso, 1817-1848' Nueva Historia 11 (1984), pp. 157-94. Las operaciones de las firmas comerciales en el puerto mismo son inteligentemente revisadas por Eduardo Cavieres E, en su 'Estructura y funcionamiento de las sociedades comerciales de Valparaíso durante el siglo XIX (1820-1880); Cuadernos de Historia 4 (Santiago, 1984), pp. 61-86. lhomas M. Bader, Sefore the Gold Fletes: Trade and Relations between Chile and Australia, 1830-1848; Journal of Latin American Studies 1 (1974), pp. 35-58, observa los primeros vínculos Trans-Pacífico. Se necesita un estu-

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dio para los arios después de 1848. La conexión comercial francesa es bien ilustrada en M. Barbance, Vie comérciale de la route du Cap Horn au XIXe siécle: L'Armement de A.D. Bordes et fils (París, 1969). Acerca de la inversión extranjera, además de los libros de Cavieres y Mayo mencionados, ver Manuel A. Fernández, `Merchants and Bankers: British direct and portfolio investment in Chile during the nineteenth century,' Ibero-Amerikanische Archiv 9, N° 3-4 (1983), pp. 349-379.

El tema largamente descuidado de la agricultura ha sido considerado en el estudio de primera clase de Arnold J. Bauer, Chilean Rural Society from the Spanish Conquest to 1930 (Cambridge, 1975), el cual, a pesar de su título, se focaliza ampliamente en o cerca de nuestro período. Un cuadro interesante de una gran hacienda y sus subdivisiones en el siglo XIX es el de Jorge Valladares `La hacienda Longaví, 1639-1959; Historia 14 (1979), pp. 117-93. Las actitudes de los hacendados son examinadas en la obra de Gonzalo Izquierdo F., Un estudio de las ideologías chilenas: La Sociedad de la Agricultura en el siglo XIX (Santiago, 1968). Se necesita saber mucho más de la minería del cobre y de la plata, tan inmensamente provechosa durante este período, pero la obra de L.R.Pederson The Mining Industry of the Norte Chico, Chile (Evanston, Ill., 1966) continúa siendo una buena introducción, la que puede ser ahora complementada útilmente con Pierre Vayssiére, Un siécle de capitalisme minier au Chili, 1830-1930 (París, 1980), capítulos 1-5. Ver también John Mayo, `Commerce, Credit and Control in Chilean Copper Mining before 1880' en lhomas Greaves y William W. Culver (eds.) Miners and Mining in the Americas (Manchester, Eng., 1985), pp. 29-46, y William W. Culver y Cornel J. Reinhart, `The Decline of a Mining Region and Mining Policy: Chilean Copper in the Nineteenth Century,' en la misma colección, pp. 68-81. La disciplina de trabajo en las minas del Norte es bosquejada en María Angélica Manes, 'Disciplinamiento de la mano de obra minera en una formación social en transición, Chile, 1840-1850; Nueva Historia 11 (1984), 195-224. Para la minería del carbón en el Sur, ver el buen y detallado estudio de Luis Ortega, 'The First Four Decades of the Chilean Coalmining Industry, 1840-1879; Journal of Latin American Studies1 (1982), pp. 1-32. La historia del salitre hasta el fin de la Guerra del Pacífico puede ser seguida en la obra clásica de Oscar Bermúdez, Historia del salitre desde sus orígenes hasta la Guerra

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del Pacífico (Santiago, 1963), y Thomas E O'Brien, Me Nitrate In-dustry and Chile's Critical Transition, 1870-1891 (New York, 1982). Ver también el artículo de O'Brien `The Antofagasta Company: A Case-Study in Peripheral Capitalism; Hispanic American Historical Studies 60 (1980), pp. 1-31.

El trabajo clave sobre las alzas y bajas de la marina mercante en Chile en este período continúa siendo la Historia de la marina mercante de Chile de Claudio Véliz (Santiago, 1961). La construcción de redes ferroviarias y su contexto económico son cubiertos inteligentemente por Robert B. Oppenheimer `Chilean Transportation Development: The Railroads and Socio-economic Change in the Central Valley' (Ph. D. Tesis, Universidad de California de Los Angeles, 1976). Ver también los artículos del mismo autor: `Chile's Central Valley Railroads and Economic Development in the Nineteenth Century,' Proceedings of the Pacific Coast Council on Latin American Studies 6 (1977-9), pp. 73-86 y `National Capital and National Development: Financing Chile's Railroads in the Nineteenth Century,' Business History Review 56 (1982), pp. 54-75. Especialmente interesante en los temas regionales es 'Transporta-don in Chile's Bío-Bío Region: 1850-1915' de John Whaley (Ph.D. Tesis, Indiana University, 1974). Una nueva y valiosa fuente acerca de la 'infraestructura' y tecnología en general es la Historia de la ingeniería en Chile de Sergio Villalobos R. y otros (Santiago, 1990), capítulo 3.

Las políticas comerciales a comienzos del período son analizadas en `Merchants, Trade and Comercial Policy in Chile, 1810-1840' de John L. Rector (Ph.D. Tesis, Indiana University, 1976), pp. 88-112, y en la última parte de `Economic nationalism and tax reform in late nineteenth-century Chile' de William E Sater, The Americas 33 (1976), pp. 331-35. El proteccionismo económico en Chile, siglo X/X(Santiago, 1987) de Sergio Villalobos R. y Rafael Sagredo B., es-tudia la tensión entre el proteccionismo y la libertad de comercio en la legislación económica. Los temas no están de ningún modo resueltos por completo. Quizás el mejor resumen reciente de los problemas monetarios en el período previo al decreto de 1878 es el de Pierre Vayssiére, Au Chile: De l'économie colonial á l'inflation; Cahiers des

Ameriques Latines 5 (1970), pp. 5-31. No existe aún ningún estudio minucioso de la recesión a fines de los años 1850,

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pero la crisis más severa de los arios 1870 es cubierta por William F. Sater en 'Chile and the world depresión of the 1870s; Journal of Latin American Studies 1 (1979), pp. 67-69, y también recibe una cuidadosa consideración en la obra de Luis Ortega, `Change and Crisis en Chile's Economy and Society, 1865-1879' (Ph.D. Tesis, Universidad de Londres, 1979).

La historia social, ya sea cuán estrecha o amnliamente definamos el término, aún necesita una cantidad anreriaulPde investigación; existen algunas brechas grandes en nuestro conocimiento de grupos sociales en particular. El trabajo de Gabriel Salazar, Labradores,

peones y proletarios (Santiago, 1985) da un relato estimulante de las 'clases populares' en este período (y en las décadas ubicadas a cada lado de éste), con un relato sugerente y pormenorizado. thilean Rural Society' de Bauer, presenta información acerca de las clases trabajadoras rurales. Valiosos hallazgos acerca de una localidad tradicional rural en la primera parte de nuestro período (y del siglo precedente) son dados en el estudio muy riguroso de Rolando Mellafe y René Salinas, Sociedad y población rural en la

formación de Chile actual: La Ligua, 1700-1850 (Santiago, 1988): sería espléndido tener una docena de estudios de esta clase, enfo-cándose en diferentes regiones -el Norte minero, el Sur boscoso, Chiloé, etc.

Los artesanos y artífices urbanos hasta 1850 son estudiados en el trabajo de Luis Alberto Romero, La Sociedad de la Igualdad: Los

artesanos de Santiago de Chile y sus primeras experiencias políticas

(Buenos Aires, 1978); ver también los artículos correctamente in-vestigados acerca de las clases bajas urbanas en general, de Romero, mencionados después. Sergio Villalobos R. ofrece un animado retrato de los 'nuevos ricos' ingresando en la clase alta en su Origen

y ascenso de la burguesía chilena (Santiago, 1987). La importancia de los lazos familiares para la clase alta es visto en la obra de Diana Balmori y Rober Oppenheimer 'Family Clusters: Generational Nu-cleation in Nineteenth-Century Argentina and Chile; Comparative

Studies in Society and History 21 (1979), pp. 231-261. Se necesitan más estudios de vínculos familiares, a la manera -aunque toca so-lamente el borde de nuestro período- de Mary Lowenthal Felstiner, `The Larraín family in the independence of Chile, 1789-1830' (Ph. D. Tesis, Stanford University, 1970).

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Otros grupos distintivos en el patrón del siglo XIX no han sido ignorados en la investigación reciente. Jean-Pierre Blanpain, Les allemands au Chili, 1816-1945 (Cologne, 1974), una pieza magnífica de investigación en el estilo francés moderno, proporciona un vívido cuadro de la 'micro-sociedad' alemana en el Sur después de 1850. Para aquellos que no leen francés se les deriva a George Young, The Germans in Chile: Immigration and Colonization, 1849- 1914 (New York, 1974), no tan detallado como Blancpain, pero un relato valioso. Para la presencia británica, no menor en Valparaíso, ver John Mayo 'The British Community in Chile before the Nitrate Age; Historia 22 (1987), pp. 135-150, como también las monografías de Mayo y Cavieres antes mencionadas. La declinación y caída del enclave indio araucano es resumido claramente por Jacques Rossignol, 'Chiliens et Indiens Araucans au milieu du XIX siécle; Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien 20, pp. 69-98 y muy explorado en la Historia del pueblo mapuche de José Bengoa (Santiago, 1985), capítulos 4-9, un relato que usa las historias orales y va más allá del antiguo (pero útil) trabajo de Tomás Guevara, Historia de la civilización de la Araucanía, 3 vols. (Santiago, 1900-2), vol. 3. Ver también Leonardo León S., 'Alianzas militares entre los indios araucanos y los grupos indios de las pampas: La rebelión araucana de 1867-72 en Argentina y Chile; Nueva Historial (1981), pp. 3-49. La primera fase del avance del huinca* (hombre blanco) al Sur de la frontera tradicional es examinada adecuadamente en Arturo Leiva, El primer avance a la Araucanía: Ango11862 (Temuco, 1984).

Las historias urbanas son generalmente deficientes en su cobertura de los comienzos de la República. En Santiago, dos obras de René León Echaiz: Historia de Santiago, 2 vols. (Santiago, 1973) y 1Vuñohue (Buenos Aires, 1972), la última que se refiere a los barrios ahora más pudientes del este de la ciudad, pueden ser considerados como útiles introducciones, pero no mucho más. Que la investigación en dicha área se está expandiendo puede notarse en la obra de Armando de Ramón 'Estudio de una periferia urbana: Santiago de Chile, 1850-1900; Historia 20 (1985), pp. 199-284, y en la de Luis Alberto Romero, 'Condiciones de vida de los sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895: Vivienda y salud,' Nueva Historia 9 (1984), pp. 3-86. La última es una contribución real a la historia social, como también lo es 'Rotos y gañanes: Trabajado-

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res no calificados en Santiago, 1850-1895; Cuadernos de Historia 8 (1988), pp. 35-71, del mismo autor.

El trabajo en la historia demográfica del período ha tenido buenos avances en tiempos recientes, aunque como con la historia social en general, los límites cronológicos tienen que ser considerados como muy flexibles. thilean Social and Demographic History: Sources, Issues and Methods; Latin American Research Review 2 (1978) de Robert McCaa y 'Población y sociedad: Avance de la demografía histórica de Chile; Cuadernos de Historia 5 (Santiago, 1985), pp. 105-20 de Eduardo Cavieres E, dan ambos un estudio inteligente delos temas. Buenos estudios de casos pueden encontrarse en el libro de McCaa, Marriage and Fertility in Chile: Demographic Turning

Points in the Petorca Valley, 1840-1976 (Boulder, Colo., 1983), y en 'The impact of market agriculture on family and household structure in nineteenth-century Chile; Hispanic American Historical

Review 58 (1978), 625-48 de Ann Hagerman Johnson al igual que en las secciones relevantes de Sociedad y población rural de Mellafe y Salinas, mencionada antes.

El progreso de la educación en los comienzos de la República, tal como era, es resumido brevemente por Fernando Campos Harriet en Desarrollo Educacional, 1810-1960 (Santiago, 1960) aunque el trabajo más amplio y antiguo de Amanda Labarca, Historia de la enseñanza en Chile (Santiago, 1939) continúa siendo una fuente básica. El rol de la Universidad de Chile, una institución clave, ha sido re-examinado por Iván Jaksic y Sol Serrano en su 'In the Service of the Nation: The Establishment and Consolidation of the University of Chile, 1842-1879: Hispanic American Historical Review 70 (1990), pp. 139-71. Ver también los ensayos de Sol Serrano 'Los desafíos de la Universidad de Chile en la consolidación del Estado, 1842-1879; en Reflexiones sobre historia, política y religión: Home-naje a Mario Góngora (Santiago, 1988) pp. 111-29 de Juan Ricardo Couyoumdjian y `De la Academia a la especialización: La Univer-sidad de Chile en el siglo XIX,' Opciones 13 (Santiago, 1988), pp. 9-34. Para los 'usos de la historia' en educación, ver la obra de Woll A Functional Past, capítulo 8. El rol de la filosofía y de los filósofos es bosquejado en el trabajo de Iván Jaksic, Academy Rebels in Chile: The Role of Philosophy in Higher Education and Politics (Albany, N.Y., 1989), capítulo I, aunque el énfasis principal del libro se pone

268

en períodos posteriores. Acerca de la influencia de Andrés Bello, ver los ensayos recogidos en La Casa de Bello, Bello y Chile: Tercer

congreso del bicentenario, 2 vols. (Caracas, 1981).

La historia eclesiástica ha sido cultivada en Chile desde hace tiempo como una subdisciplina bastante especializada, pero no ha habido investigaciones recientes importantes acerca de la historia institucional de la Iglesia Católica en los comienzos de la República o acerca de las relaciones Iglesia-Estado. Para algunas sugerencia útiles, ver la obra de Sergio Vergara Quiroz 'Iglesia y Estado en Chile, 1750-1850; Historia 20 (1985) pp. 319-62. El estudio de la masonería no ha avanzado desde que fue publicado el relato de Benjamín Oviedo, La

masonería en Chile (Santiago, 1929), escrito desde una posición masónica optimista.

Las relaciones internacionales de Chile y el desarrollo de su diplomacia pueden ser muy bien seguidas en la obra de Robert N. Burr, By Reason or

Force: Chile and the Balancing of Power in South America, 1830-1905

(Berkeley, Calif., 1965), y en el relato sucinto de Mario Barros Historia

diplomática de Chile, 1541-1938 (Barcelona, 1970), pp. 63-440. La cuestión discordante de la frontera Norte es cubierta por Eduardo Téllez L en Historia general de la frontera de Chile con Perú y Bolivia, 1825-1929

(Santiago, 1989). La diplomacia del primer Ministro chileno en tener la responsabilidad de un cargo separado, encargado de las Relaciones Exteriores, es analizado por Ximena Rojas V, en Don Adolfo Ibáñez: Su

gestión con el Perú y Bolivia, 1870-1879 (Santiago, 1970). Para una reciente revisión general de las relaciones iniciales de Chile y Estados Unidos, ver la obra de William F. Sater Chile and the United States:

Empires in Conflict (Athens, Ga., 1990), 9-50.

2. Desde la Guerra del Pacífico a 1930

Entre las obras generales que cubren el período, las mejores a la fecha son (en inglés) de Brian Loveman, Chile: The Legacy of Hispanic

Capitalism, 2' Ed. (New York, 1988), capítulos 6-7 y de Frederick B. Pike, Chile and the United States, 1880-1962 (South Bend, Id., 1963) -mucho más comprehensiva de lo que su nombre sugiere- y (en castellano) de Leopoldo Castedo, Resumen de la historia de Chile, 1891-1925 (Santiago, 1982), un libro ilustrado bri-

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llantemente, y el voluminoso trabajo de Gonzalo Vial, Historia de Chile, 1891-1973 (Santiago, vol. I, en dos partes, 1981; vol. 2, 1983; vol. 3, 1987), los primeros cuatro libros en una ambiciosa historia moderna; aquellos publicados hasta ahora cubren el período de 1891 a 1925 en gran detalle.

La historia diplomática del período es tratada en la obra de Mario Barros, Historia diplomática de Chile, 1541-1938 (Barcelona, 1970); ver también la de William F. Sater, Chile and the United States: Em-pires in Conflict (Athens, Ga., 1990), especialmente los capítulos 3 al 5. Joyce Goldberg, The Saltimore' Affair (Lincoln, Nebr., 1986), disecta en forma capaz un breve y tenso momento en las relaciones entre Chile y Estados Unidos a quizás una escala que el 'affair' mismo no parece merecer.

La historia política y constitucional de estos arios es cubierta en forma sugerente por Julio Heise González en Historia de Chile: El período

parlamentario, 1861-1925, 2 vols. (Santiago 1974 a 1982). Publicado durante la dictadura de Pinochet, estos dos volúmenes subrayan la creciente satisfacción democrática de la historia de Chile en el período pertinente. Las obras generales que tratan las dimensiones económicas y sociales incluyen la de Arnold Bauer, Chilean Rural Society from the Spanish Con quest to 1930 (Cambridge, 1975), especialmente los últimos capítulos; Brian Loveman, Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973 (Bloomington, Id., 1976), cuyos primeros capítulos son especialmente útiles; de Henry Kirsch, Industrial Development in a Traditional Society: The conflict of Entrepeneurship and Modernization in Chile (Gainesville, Fla., 1977), de Alan Angell, Politics and the Labour Movement in Chile (Oxford, 1972); de Jorge Barría, El movimiento obrero en Chile (Santiago, 1971) y Peter DeShazo, Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927 (Madison, Wis., 1983) un significativo estudio 'revisionista' que desafía seriamente el rol de Recabarren y de los trabajadores del salitre, como los únicos engendradores de la conciencia de clase y de los Partidos del ala izquierda. Ver también de Charles Bergquist, Labor in Latin America (Stanford, 1986), capítulo 2, para una interesante nueva interpretación de la historia del trabajo en Chile, enfocándose ampliamente en este período. El modo más rápido de entrar en la historia económica es

270

mediante la bibliografía contenida en Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, 'Chile; en Roberto Cortés Conde y Stanley J. Stein (eds.), Latin America: A Guide to Economic History, 1830-1930 (Berkeley, Calf., 1977); acompañado por un ensayo interpretativo. La historia literaria es estudiada por Raúl Silva Castro en Historia crítica de la novela chilena 1843-1956 (Madrid, 1960) y también por Castedo, Resumen de la historia de Chile, la que cubre admirablemente materias culturales de un modo más general.

La presidencia de Balmaceda y la guerra civil de 1891 dominan la primera parte del período. Harold Blakemore, 'The Chilean revolution of 1891 and its historiography,' Hispanic American Historical Review 3 (1965), pp. 393-421, continúa siendo un valioso análisis de los temas. También indispensable es del mismo autor British Nitrates and Chilean Politics, 1886-1896: Balmaceda and North (London, 1974). De varios relatos notables contemporáneos, J. Bañados Espinosa, Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891, 2 vols. (París, 1894) continúa siendo el mejor y más detallado. De Hernán Ramírez Necochea, Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, 2a ed. (Santiago, 1969), es una sugerente interpretación marxista. Mucho material recóndito e interpretaciones contrastantes pueden encontrarse en la obra de Oscar Bermúdez, Historia del salitre desde sus orígenes hasta la Guerra del Pacífico (Santiago, 1963); Thomas E O'Brien, The Nitrate Industry and Chile's Critical transition, 1870-1891 (New York, 1982); Michael Monteón, Chile in the Nitrate Era: The Evolution of Economic Dependence, 1880-1930 (Madison, Wis, 1982). Los estudiosos del tema del salitre no pueden ignorar, de Robert Greenhill, `The Nitrate and Iodine Trades, 1880-1914; en D.C.M. Platt (ed.) Business Imperialism, 1840-1930 (Oxford, 1977) pp. 231-83.

La denominada República Parlamentaria (1891-1920) finalmente ha comenzado a llamar la atención merecida de los historiadores, como es testimoniado por las obras de Castedo, Vial y Heise González mencionadas antes. Para ideas generales acerca del período, ver Harold Blakemore, 'El período parlamentario en la historia chilena: algunos enfoques y reflexiones' en Dos estudios sobre salitre y política en Chile (Santiago, 1991). Paul Reinsch, 'Parliamentary Government in Chile; American Political Science Review 3 (1908- 9), no es solo un brillante retrato, sino también un ejemplo sobre-

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saliente de la escritura de 'historia contemporánea'. Dos estudios de presidencias particulares merecen citarse: Jaime Eyzaguirre, Chile durante el gobierno de Errázurriz Echaurren 1896-1901 (Santiago, 1957) y Germán Riesco, Presidencia de Riesco, 1901-1906 (Santiago, 1950). Para una narración sincera o directa de los arios 1900-38, ver Fernando Pinto Lagarrigue, Crónica política del siglo XX (Santiago, 1970). Entre los trabajos más antiguos, está el estudio muy polémico de Ricardo Donoso, Alessandri, agitador y demoledor, 2 vols. (México, 1952-4), que da una detallada crónica del período completo, incluyendo la administración de Ibáñez y los arios 1930: continúa siendo indispensable. Igualmente fundamental, aunque menos bien organizada, es la compilación de escritos realizada por Manuel Rivas Vicuña, una figura clave de la época, Historia política y parlamentaria de Chile (3 vols., Santiago, 1964), preparada por Guillermo Feliú Cruz. Es una mina de información, pero los historiadores tienen que cavar para encontrar el mineral. Una interesante capacidad de penetración en las políticas y legislación de la era 'parlamentaria' se encuentra en la obra de Karen L. Remmer, Party Competition in Argentina and Chile: Political Recruitment and Public Policy, 1890-1930 (Lincoln, Nebr., 1984).

La historia social de las décadas parlamentarias pueden apreciarse en un puñado de útiles artículos: Ricardo Krebs W., 'Apuntes sobre la mentalidad de la aristocracia chilena en los comienzos del siglo XX,' Mentalidades (Santiago, 1986), pp. 27-55; Eduardo Cavieres E, 'Grupos intermedios e integración social: La sociedad de artesanos de Valparaíso a comienzos del siglo XX,' Cuadernos de Historia 6 (1986), pp. 33-47; Isabel Torres Dujusin, 'Los conventillos en San-tiago (1900-30); Cuadernos de Historia 6 (1986), pp.67-85. Sobre la inmigración alemana (y su influencia), ver Jean Pierre Blancpain, Les allemands au Chili, 1816-1945 (Cologne, 1974), especialmente el libro 2, capítulos 5-6, y el libro 3, capítulos 1-4; este estudio ma-gistral es improbable que sea sobrepasado. Aspectos de la historia del trabajo son enfocados en dos contribuciones francesas: Pierre Vayssiére, Militantisme et messianisme ouvriers au Chile á travers la presse de la pampa nitriére, Caravelle 46 (1986), pp. 93-108, y Maurice Fraysse, `Aspects de la violence dans la presse anarchiste du Chili, 1898-1914; Caravelle 46 (1986), pp. 79-92. Escritos de prensa, 4 vols. (Santiago, 1987) de Luis Emilio Recabarren, es una útil compilación de escritos del adelantado héroe laboral de Chile.

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Al igual que con Balmaceda, existe una cuantiosa literatura (tanto panegírica y polémica) sobre Alessandri e Ibáñez, las figuras que eclipsaron la última parte de nuestro período. La vital elección presidencial de 1920 es cuidadosamente analizada en la obra de René Millar C., La elección presidencial de 1920 (Santiago, 1981). Un enfoque fríamente `revisionista' a la supuesta 'revuelta electoral' del período puede encontrarse en el artículo de Wolfgang HirschWeber, `Aufstandt der Massen? Wahlkampf und Stimmenhaltung in Chile 1915-21; Ibero-Amerikanische Archiv 8 N° 1-2(1982), pp. 5-83. Aparte de Donoso, Alessandri, trabajos claves acerca de Alessandri mismo son sus propios (de ninguna manera auto-críticos) Recuerdos de gobierno, 3 vols., (Santiago, 1967); Augusto Iglesias, Alessandri, una etapa de la democracia en América (Santiago, 1960); y Luis Durand, Don Arturo (Santiago, 1952). Ibáñez, quien no escribió sus memorias, está bien estudiado por René Montero, La verdad sobre Ibáñez (Santiago, 1953); Víctor Contreras Guzmán, Bitácora de la Dictadura (Santiago, 1942) Ernesto Würth Rojas, Ibáñez, caudillo enigmático (Santiago, 1958); Aquiles Vergara Vicuña, Ibáñez, césar criollo (Santiago, 1931), una fuerte crítica; y Luis Correa Prieto, El presidente Ibáñez (Santiago, 1962) basado en entrevistas personales. La filípica más sostenida es La tiranía en Chile, 2 vols. (Santiago, 1939), de Carlos Vicuña, la que fue reimpresa en 1987.

El mejor libro en inglés sobre el período total desde 1920 a 1931 -y la fuente más comprehensiva para una ulterior bibliografía sobre asuntos militares- es de Frederick Nunn, Chilean Politics, 1920-1931: Ihe Honorable Mission of the Armed Forces (Albuquerque, N. Mex., 1970). El libro de Arturo Olavarría Bravo Chile entre dos Alessandri, 4 vols. (Santiago 1962-1965), vol. I, está lleno de información desde una figura cercana al corazón de la política chilena por cuarenta arios, pero toma algún tiempo encontrar las vetas fructíferas. Una compilación documental valiosa sobre las intervenciones militares de 1924-5 es la del General E. Monreal, Historia documentada del período revolucionario 1924-1925 (Santiago, 1926) al cual Raúl Aldunate Phillips en Ruido de sables (Santiago, sin fecha), con sus fascinantes reproducciones de fotos, proporciona un excelente addendum. Algunas nuevas ideas (y evidencias) considerando el estado psicológico del cuerpo de oficiales previo a las intervenciones puede encontrarse en Wolfgang Ettmüller `Germanisierte Politik, 1920-1932; Ibero-Amerikanische Archiv 8, n° 1-2

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(1982), pp. 83-160. El rol de la Marina es analizado ene! artículo de Philip Somervell, 'Naval affairs in Chilean Politics; 1910-32, Journal of Latin American Studies 16/2 (1984), pp. 381-402.

Los temas económicos de los arios 1920 y la 'gran quiebra' son bien analizados en la obra de Santiago Macchiavello Varas, Política económica nacional, 2 vols. (Santiago, 1931) y en la de P.T. Ellsworth, Chile, an Economy in Transition (New York, 1945), capítulo I. El artículo Inflation in Chile' de Alberto O. Hirschman en su Journeys toward progress (New York, N.Y., 1963) es un análisis brillante y provocador de dicho problema perenne en la historia moderna de Chile. La obra más cercana a una historia económica total es la de Markos Mamalakis, The Growth and Structure of the Chilean Economy: From Independence to Allende (New Haven, Conn., 1976). Ver también el valioso artículo de José Gabriel Palma, 'Chile, 1914-1935: De economía exportadora a sustitutiva de importaciones; Estudios CIEPLAN, n° 12 (Santiago, 1984), pp. 61-88. Las perturbaciones iniciales causadas por la Primera Guerra Mundial (y los cambios en la duradera relación entre Chile y Gran Bretaña) son admirablemente tratados en la obra de Juan Ricardo Coum-youdjian, Chile y Gran Bretaña durante la primera guerra mundial y la postguerra, 1914-1921 (Santiago, 1986). Este tema también es tomado en la obra de Bill Albert, South America and the First World War (Cambridge, 1988), la que se refiere a Chile, junto a Argentina, Brasil y Perú.

Otras dos fuentes para el período, frecuentemente descuidado, de-berían ser mencionadas: los relatos de viajes y las tesis no publi-cadas. Los relatos de viajes más informativos y perceptivos son los de C. Wiener, Chili et Chiliens (París, 1888); Eduardo Poirier, Chile en 1908 (Santiago, 1908), una maciza compilación; Frank G. Carpenter, South America: Social, Industrial and Political (New York, 1900); Francis J.G. Maitland, Chile: Its Land and People (London, 1914); G.F. Scott Elliott, Chile (New York, 1924). Buenas tesis inéditas incluyen las de Andrew Barnard, `The Chilean Communist Party, 1922-1947' (Ph.D Tesis, Universidad de Londres, 1977); Pe-ter Conoboy, 'Money and Politics in Chile, 1878-1925' (Ph.D. Tesis, Universidad de Southampton, 1977); y de José Gabriel Palma, `Growth and Structure of Chilean manufacturing industry from 1830 to 1935' (D.Phil. Tesis, Universidad de Oxford, 1979). 274

3. Chile, 1930-1958

Las más importantes entre las fuentes primarias para este período son los diarios, especialmente El Mercurio y El Diario Ilustrado, de la Derecha, La Nación, del Gobierno y La opinión y El Siglo de la Izquierda. Las revistas, especialmente Ercilla y Zig Zag, también son útiles; ver especialmente una serie de retrospectivas sinceras con actorespolíticos del pasado arregladas por Wilfredo Mayorga en Ercilla

durante 1965-1968. Las tablas compiladas por Markos Mamalakis en Historical Statistics of Chile, 6 vols. (Westport, Conn., 1979-89), constituyen una fuente indispensable de información.

Las memorias más valiosas vienen del ex Presidente Arturo Ales-sandri Palma, Recuerdos de gobierno, 3 vols. (Santiago, 1967); del Embajador de Estados Unidos Claude G. Bowers, Chile through

Embassy Windows (New York, 1958): del Presidente Gabriel Gon-zález Videla, Memorias, 2 vols. (Santiago, 1975); del comunista Elías Lafertte, Vida de un comunista (Santiago, 1961); del político profesional Arturo Olavarría Bravo, Chile entre dos Alessandri, 4 vols. (Santiago, 1962-1965); del desilusionado agente del Comintern Eudocio Ravines, La gran estafa (Santiago, 1954); y del General de Ejército Carlos Sáez Morales, Recuerdos de un soldado, 3 vols. (Santiago, 1934).

La mejor historia general de Chile es la de Brian Loveman Chile: Me

Legacy of Hispanic Capitalism, 2' ed. (New York, 1988). Una contribución comprehensiva del período entre los arios 1930 a los arios 1950 es hecha por Paul W. Drake en Socialism and Populism in Chile, 1932-1952

(Urbana, 1978). Otros trabajos básicos incluyen la colección de artículos en la Universidad de Chile, Desarrollo de Chile en la primera mitad

del siglo XX, 2 vols. (Santiago, 1953); el trabajo 'revisionista' de Julio César Jobet, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile (Santiago, 1955); y un punto de referencia importante lo constituye la obra de Frederick B. Pike, Chile and the United States, 1880-1962 (South Bend, Ind.,1963). Ver también Chile en el siglo XX (Santiago, 1983) de Mariana Aylwin et al.

Para la historia política del período, las obras siguientes son espe-cialmente recomendadas: Ricardo Boizard, Historia de una derrota

(Santiago, 1941); Fernando Casanueva Valencia y Manuel Fernández Canque, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile (San-

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tiago, 1973); César Caviedes, The Politics of Chile: A Sociographical Assessment (Boulder, Colo., 1979); Carlos Charlín O., Del avión rojo a la república socialista (Santiago, 1972); Luis Correa, El presidente Ibáñez (Santiago, 1962); Ricardo Cruz-Coke, Geografia electoral de Chile (Santiago, 1952) e Historia electoral de Chile, 1925-1973 (Santiago, 1984); Luis Cruz Salas, 'Historia social de Chile, 1931- 1945 (Ph.D. Tesis, Universidad de Chile, 1969); Ricardo Donoso, Alessandri, agitador y demoledor, 2 vols. (Ciudad de México, 1952, 1954); Florencio Durán, El Partido Radical (Santiago, 1958); Alberto Edwards Vives y Eduardo Frei Montalva, Historia de los partidos políticos chilenos (Santiago, 1949); Julio Faúndez, Marxism and Democracy in Chile: From 1932 to the Fall of Allende (New Haven, Conn., 1988); Juan E Fernández C., Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular chileno (Santiago, 1938); Marta Infante Barros, Testigos del treinta y ocho (Santiago, 1972); Julio César Jobet, El partido socialis-ta de Chile, 2 vols. (Santiago, 1971); Norbert Lechner, La democracia en Chile (Buenos Aires, 1970); Tomás Moulian e Isabel Torres Dujisin, Discusiones entre honorables: Las candidaturas presidenciales de la derecha, 1938-1946 (Santiago, 1988); Alfonso Stephens Freire, El irracionalismo político en Chile (Santiago, 1957); Germán Urzúa Valenzuela, Historia política electoral de Chile, 1931-1973 (Santiago, 1986); Carlos Vicuña Fuentes, La tiranía en Chile, 2 vols. (Santiago, 1939) e Ignacio Walker, Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada (Santiago, 1990). Para citas en-ciclopédicas, los académicos pueden recurrir a Jordi Fuentes y Lía Cortés, Diccionario Político de Chile (Santiago, 1967).

Los relatos políticos más útiles de extranjeros son la biografía política escrita por Robert J. Alexander, Arturo Alessandri, 2 vols. (Ann Arbor, 1977); de Frank Bonilla y Mirón Glazer, Student Politics in Chile (New York, 1970); de Donald W. Bray, thilean Politics during the Second Ibáñez Government, 1952-58' (Ph.D. Tesis, Stanford University, 1961); el tratamiento de un tópico descuidado escrito por Michael J.Francis, lhe limits of hegemony: United States relations with Argentina and Chile during World War II (Notre Dame, Id., 1977); de Carmelo Furci, The Chilean Communist Party and the Road to Socialism (Londres, 1984); el notable trabajo de Federico G. Gil, The Political System of Chile (Boston, 1966); de George Grayson, El Partido Demócrata Cristiano chileno (Buenos Aires, 1968); el análisis ideológico de Ernst Halperin, Nationalism and

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Communism in Chile: Challenges to Modern Catholicism (Prince-ton, 1982); y el relato de John Reese Stevenson lhe Chilean Popu-lar Front (Filadelfia, 1942).

Sobre la historia económica del período, el lugar para comenzar es la obra de Markos Mamalakis The Gro wth and Structure of the Chi-lean Economy: From Independence to Allende (New Haven, Conn., 1976). Otras obras vitales incluyen de Jorge Ahumada, En vez de la miseria (Santiago, 1965); de Oscar Alvarez Andrews, Historia del desarrollo industrial de Chile (Santiago, 1936); de P.T. Ellsworth, Chile, an Economy in Transition (New York, 1945); de Ricardo Ffrench-Davis, Políticas económicas en Chile, 1952-1970 (Santiago, 1973); de Albert O. Hirschmann, Journeys toward Progress (New York, N.Y., 1963); de Francisco Illanes Benítez, La economía chilena y el comercio exterior (Santiago, 1944); de Ricardo Lagos Escobar, La concentración del poder económico (Santiago, 1961); de Rolf Lüders, 'A Monetary History of Chile, 1925-1958' (Ph.D. Tesis University of Chicago, 1968); de Markos Mamalakis y Clark Reynolds, Essays on the Chilean Economy (New York, 1965); de Oscar Muñoz, Crecimiento Industrial de Chile, 1914-1965 (Santiago, 1968); de Luis Ortega Martínez et al., Corporación de fomento de la producción: 50 años de realizaciones, 1939-1989 (Santiago, 1989); de Aníbal Pinto Santa Cruz, Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, 1925-52 (Santiago, 1954), y Chile, un caso de desarrollo frustrado (Santiago, 1962); de Enrique Sierra, Tres ensayos de estabilización en Chile (Santiago, 1970); de United Nations, Economic Commission for Latin America, Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, 1925-1952 (Santiago, 1954); de Universidad de Chile, Instituto de Economía, Desarrollo económico de Chile, 1940-1956 (Santiago, 1956); y de Enrique Zañartu Prieto, Hambre, miseria e ignorancia (Santiago, 1938).

Los temas agrícolas y laborales son considerados en un conjunto de monografías. En el tema rural, están las obras que sobresalen de George M.McBride, Chile: Land and Society (New York, 1936); de Gene Ellis Martin, La división de la tierra en Chile central (Santiago, 1960); de Brian Loveman, Struggle in the Countryside: Poli-tics and Rural Labor in Chile, 1919-1973 (Bloomington, Id., 1976); de Enrico Hort Kinderman, 'Las sociedades agrícolas nacionales y su influencia en la agricultura de Chile' (Ph.D. Tesis, Universidad

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de Chile, 1944); de Jean Carriere, Landowners and Politics in Chile (Amsterdam, 1981), y de Thomas C. Wright, Landowners and Re-form in Chile: The Sociedad Nacional de Agricultura, 1919-40 (Ur-bana, 1982). Acerca de los sindicatos, ver de Jorge Barría, El mo-vimiento obrero en Chile (Santiago, 1971); de Alan Angell, Politics and the Labour Movement in Chile (Oxford, 1972); de J. Samuel Va-lenzuela, 'Labor Movement Formation and Politics: The Chilean and French Cases in Comparative Perspective, 1850-1950' (Ph.D. Tesis, Columbia University, 1979); y de Crisóstomo Pizarro, La huelga obrera en Chile (Santiago, 1986).

La historia cultural-intelectual de las décadas de mediados del siglo veinte ha sido virtualmente desatendida. Una excepción es la obra de Felícitas Kimpel, La mujer chilena: el aporte femenino al progreso de Chile, 1910-1960 (Santiago, 1962). Una valiosa adición reciente es el trabajo de Iván Jaksic, Academic Rebels in Chile: The Role of Philosophy in Higher Education and Politics (Albany, N. Y., 1989). Algunas obras antiguas mantienen su valor, especialmente las de Arturo Torres Rioseco, Breve historia de la literatura chilena (México, 1956); de Fernando Alegría, Literatura chilena del siglo XX, 2a ed. (Santiago, 1962); de Julio Durán Cerda, Panorama del teatro chileno, 1842-1959 (Santiago, 1959); y de Raúl Silva Castro, Historia crítica de la novela chilena, 1843-1956 (Madrid, 1960). Ver también de David Foster, Chilean Literature: A Working Bibliography of Secondary Sources (Boston, 1978).

4. Chile desde 1958

Una importante fuente para este período son las reseñas y las re-vistas. La valiosa revista Mensaje proporciona una mezcla mensual de análisis político, económico y religioso. Panorama Económico es muy útil acerca de la economía. ¿Qué Pasa? es importante para las políticas de la derecha. Ercilla es una revista semanal esencial para gran parte del período. Los periodistas de Ercilla crearon Hoy, después de que una de las muchas tratativas de expropiación de la era de Pinochet llevara a Ercilla más cerca de las políticas del Gobierno de Pinochet. Hoy era cercana al PDC. Existen otras nu-merosas revistas semanales, afectadas en forma intermitente por la censura caprichosa del Chile de Pinochet, dos de las mejores son APSI y Análisis.

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Entre las publicaciones académicas, los Estudios CIEPLAN pro-porcionan un excelente análisis crítico de la economía y Estudios Públicos una mezcla de análisis económico, político y filosófico desde la perspectiva neoclásica de la Derecha. El periódico del exilio Chile-América publicado en Roma es indispensable para la década que siguió al Golpe de 1973. De las muchas publicaciones que aparecieron durante el Gobierno de Allende, los Cuadernos de la Realidad Nacional, Chile Hoy y la Revista EURE son importantes.

Existen varios estudios bibliográficos útiles, incluyendo los de Arturo Valenzuela y J. Samuel Valenzuela, 'Visions of Chile; Latin American Research Review 10, N° 3 (Fall 1975); de William Sater, `Pt Survey of Recent Chilean Historiography, 1965-1976; Latin American Research Review, 14, N° 2 (1979); de Paul Drake, 'El Impacto académico de los terremotos políticos: Investigaciones de la historia chilena en inglés, 1977-1983; Alternativas (enero-abril, 1984); de Benny Pollack y Jean Grugel, 'Chile before and after Monetarism,' Bulletin of Latin American Research 3, N° 2(1984); Lois Hecht Oppenheim, 'The Chilean Road to Socialism Revisited; Latin American Research Review 24, N° 1 (1989).

Existen pocos relatos generales buenos acerca del período total, pero para el período hasta 1970 ver el de Mariana Aylwin et al., Chile en el siglo XX (Santiago, 1983). Para los datos electorales, ver de Germán Urzúa, Historia política electoral de Chile, 1931-1973 (Santiago, 1986). Una guía útil sobre los Partidos y los Movimientos es la de Reinhardt Friedman, 1964-1988: La política chilena de la A a la Z (Santiago, 1988). Una interpretación excelente de las políticas de la izquierda es la de Julio Faúndez, Marxism and Democracy in Chile: From 1932 to the Fall of Allende (New Haven and Londres, 1988). El cambio social es examinado por Javier Martínez y Eugenio Tironi en Las clases sociales en Chile: Cambio y estratificación, 1970-1980 (Santiago, 1986). Un estudio excelente acerca de los orígenes de los pobres urbanos es el de Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de la ciudad (Santiago, 1988).

La mayor parte de lo escrito acerca de la política de este período tiende a concentrarse en una administración. Aunque fue escrita en 1966, la obra de Federico Gil, The Political System of Chile (Bos-

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ton, 1966) ha resistido la prueba del tiempo como un trabajo de re-ferencia invaluable. Más bien sobrevalorado es el de James Petras, Politics and Social Forces in Chilean Development (Berkeley, Calif., 1969). El libro de Paul Sigmund The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976 (Pittsburgh, 1978) es bueno acerca de los demócrata-cristianos, pero tiende a ser polémico de allí en adelante. Aunque se focaliza en el Gobierno de Allende, la obra de Arturo Valenzuela The Breakdown of Democratic Regimes: Chile (Baltimore, 1978) está llena de ideas acerca de la estructura de la política chilena, y constituye una fuente indispensable. Otro libro de Valenzuela es de interés más general de lo que su título sugiere: Political Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Polity (Chapel Hill, N.C., 1977).

Los partidos políticos han atraído mucho menos atención de lo que su rol político fundamental merece. Sin embargo, constituye un conjunto excelente de ensayos el de Adolfo Aldunate et al., Estudios sobre el sistema de partidos en Chile (Santiago, 1985). Un historiador conservador, Bernardino Bravo Lira, da su versión en Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile, 1924-1973 (San-tiago, 1978). Un conjunto de ensayos comparativos que incluyen artículos sobre Chile, notablemente uno de Tomás Moulian e Isabel Torres acerca de la derecha política, es el de Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón, Muerte y resurrección: Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur (San-tiago, 1989).

Sobre el PDC, ver de George Grayson, El Partido Demócrata Cris-tiano chileno (Buenos Aires, 1968), y de Michael Fleet, The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy (Princeton, N.J., 1985). Acerca de los socialistas, ver de Fernando Casanueva y Manuel Fernández, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile (Santiago, 1973); y deBenny Pollack et al., Mobilization and Socialism in Chile (Liverpool, 1981). La obra de Ernst Halperin, Nationalism and Communism in Chile (Cambridge, Mass., 1965) es aún útil. Más reciente es el libro de Benny Pollack y Hernán Rosenkranz, Revolutionary Social Democracy: The Chilean Socialist Pan)/ (Londres, 1986). Ver también de Ignacio Walker, Socialismo y democracia: Chile y Europa

en perspectiva comparada (Santiago, 1990). Tres libros desarrollan la reconsideración del socialismo: de Jorge Arrate, La fuerza

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democrática de la idea socialista (Santiago, 1985) y La renovación socialista (Santiago, 1987), y de Ricardo Lagos, Democracia para Chile: Proposiciones de un socialista (Santiago, 1986). Acerca de los comunistas, ver de Carmelo Furci, The Chilean Communist Party and the Road to Socialism (Londres, 1984); de Eduardo Labarca Godard, Corvalán, 27 horas (Santiago, 1973) y de Augusto Varas (ed.), El partido comunista en Chile (Santiago, 1988).

La irrupción de las fuerzas armadas en la vida política tomó tanto a los académicos como a los políticos por sorpresa. Había muy pocos relatos útiles acerca de los militares, aparte de la obra de Alain Joxe, Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile (Santiago, 1970) y de Frederick Nunn, The Military in Chilean History: Essays on Civil-Military Relations, 1810-1973 (Albuquerque, N. Mex., 1976). Un estudio más reciente es el de Hugo Fruling et al., Estado y fuerzas armadas (Santiago, 1982). Un conspirador de los inicios cuenta su historia en la obra de Florencia Varas, Conversaciones con Viaux (Santiago, 1972). Carlos Prats cuenta su propia historia en Memorias: Testimonio de un soldado (Santiago, 1985). Un marino prominente, seguidor de Pinochet, ha escrito sus memorias: Ismael Huerta Díaz en Volvería a ser marinero, 2 vols. (Santiago, 1988).

Un estudio pionero de política exterior, que trata en parte este período, es el de Frederick Pike, Chile and the United States, 1880-1962 (South Bend, Ind.,1963). Un estudio chileno que cubre un largo período es el de Walter Sánchez y Teresa Pereira, Ciento cincuenta años de política exterior chilena (Santiago, 1979). Una naración útil es la de Francisco Orrego Vicuña, La participación de Chile en el sistema internacional (Santiago, 1974). La revista Estudios Interna-cionales (Santiago) presenta artículos bien documentados e inte-resantes acerca de la política exterior chilena -por ejemplo uno de Manfred Wilhelmy 'Hacia un análisis de la política exterior chilena contemporánea,' Estudios Internacionales (octubre-diciembre, 1979)-. Un relato bien argumentado y detallado de la política exterior del Gobierno de Allende es el de Joaquín Fermandois, Chile y el mundo: 1970-1973 (Santiago, 1985). El tratamiento más comprehensivo de la política exterior reciente es el de Heraldo Muñoz, Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno (Santiago, 1986). Sobre la relaciones con Estados Unidos, ver de Heraldo Muñoz y

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Carlos Portales, Una amistad esquiva: las relaciones de EE.UU. y Chile

(Santiago, 1987); y de William F. Sater, Chile and the United States:

Empires in Conflict (Athens, Ga., 1990).

Un resumen útil de los temas principales del desarrollo económico chileno es el de Roberto Zahler et al., Chile 1940/1975: Treinta y

cinco años de discontinuidad económica (Santiago, 1985). Las políticas económicas de los Gobiernos de Alessandri y de Frei son tratados por Enrique Sierra, Tres ensayos de estabilización en Chile (Santiago, 1970). Una recolección muy útil en el área de la economía política es la de Aníbal Pinto et al., Chile, Hoy (Ciudad de México, 1970). Un relato técnico excelente es el de Ricardo FrenchDavis, Políticas

económicas en Chile, 1952-1970 (Santiago, 1973). Un trabajo estimulante y controvertido es el de Markos Mamalakis, The Growth and Structure of the Chilean Economy: From Indepen-

dence to Allende (Washington, 1976). Una gran cantidad de datos útiles está disponible en el Informe del Banco Mundial, Chile: An

Economy in Transition (Washington, D.C., 1980). Markos Mamala-kis ha publicado seis volúmenes de las indispensables Historical

Statistics de Chile (Westport, Conn., 1979-89). Un estudio compa-rativo interesante de las tres administraciones civiles es el de Bar-bara Stallings, Class Conflict and Economic Development in Chile

(Stanford, 1978). Essays on the Chilean Economy (New York, 1965) de Markos Mamalakis y Clark Reynolds, son excelentes en el tema del cobre y de las políticas públicas. Una recolección útil de datos aparece en ODEPLAN, Antecedentes del desarrollo económico, 1960-

1970 (Santiago, 1971). De Oscar Landerretche, Inflation and Socil-Political Conflicts in Chile, 1955-1970' (D.Phil. Tesis Oxfor, 1983) es extremadamente perceptivo. La industrialización es exa-minada en la obra de Oscar Muñoz, Chile y su industrialización:

Pasado, crisis y opiniones (Santiago, 1986). Las políticas sociales son examinadas por José Pablo Arellano en Políticas sociales y de-

sarrollo: Chile 1924-1984 (Santiago, 1985). El sector cuprífero es cubierto en dos estudios excelentes: de Theodore Moran, Multi-

national Corporations and the Politics of Dependence: Copper in Chile

(Princeton, 1974); y de Ricardo Ffrench-Davis y Ernesto Tironi (eds.) El cobre en el desarrollo nacional (Santiago, 1974). Ver también los estudios anteriores pero aún útiles de Mario Vera, La

política económica del cobre (Santiago, 1961), y Una política definitiva

para nuestras riquezas básicas (Santiago, 1969).

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Un informe impresionante y académico del trabajo rural, que quizás pone demasiado énfasis en la extensión del conflicto es el de Brian Loveman, Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labour in Chile, 1919-1973 (Bloomington, Id., 1976). La fuente básica de datos es el Informe CIDA, Chile: Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola (Washington, D.C., 1966). Ver también de Luz Eugenia Cereceda y Fernando Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno (Santiago, 1980). Sobre las reformas del PDC y la UP, ver de Solon Barraclough y Juan Fernández, Diagnóstico de la reforma agraria chilena (Buenos Aires, 1974); de Kyle Streenland, Agrarian reform under Allende: Peasant Revolt in the South (Albuquerque, N. Mex., 1978); y de Robert Kaufman, The Politics of Land Reform in Chile, 1950-1970 (Harvard, 1973). Para desarrollos más recientes, ver de Sergio Gómez, Instituciones y procesos agrarios en Chile (Santiago, 1982). El trabajo de Jacques Chonchol es importante: ver, por ejemplo, el capítulo en A. Pinto (ed.), Chile, hoy, y La Reforma agraria en Chile, 1970-1973, en El Trimestre Económico 53 (1976). La políticas post-Golpe son examinadas en la obra de Lovell S. Jarvis, Chilean Agriculture under Military Rule (Berkeley, Calif., 1985), y en la de Patricio Silva, Estado, neoliberalismo y política agraria en Chile, 1973-1981 (Amsterdam, 1987) y en la de José Garrido (ed.), Historia de la reforma agraria en Chile (Santiago, 1988). Un excelente conjunto de ensayos recientes es el de David Hojman (ed.), Neo-Liberal Agriculture in Rural Chile (Londres, 1990).

El pionero de los estudios laborales en Chile, Jorge Barría, escribió extensamente acerca del tema: ver, especialmente, Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno (Santiago, 1963) e Historia de la CUT (Santiago, 1971). El trabajo minero y urbano es examinado en la obra de Alan Angell, Politics and the Labour Movement in Chile, (Oxford, 1972), para el período hasta 1970. In-dispensable para el movimiento de sindicalismo rural hasta 1970 es el trabajo de Almino Affonso, Sergio Gómez y Emilio Klein, Mo-vimiento campesino chileno, 2 vols. (ICIRA, Santiago, 1970). Un excelente estudio de lo laboral bajo Pinochet es el de Guillermo Campero y José Valenzuela, El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario (Santiago, 1981). Un estudio fascinante en el nivel local -y también un ejemplo demasiado raro- es el de Penelope Pollitt, Seligion and Politics in a Coal Mining Community

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in Southern Chile' (Ph.D. Tesis, Cambridge, 1981) Otro raro ejem-plo de trabajo empírico detallado es el de Manuel Barrera et al., El cambio social en una empresa del APS (Santiago, 1973). Un estudio de los inicios sobre las actitudes de los trabajadores es el de Tor-cuato di Tella et al., Huachipato et Lota: Etude sur la conscience ouvriére dans deux entreprises chiliennes (París, 1966).

El rol de los trabajadores bajo la UP es examinado en la obra de Juan Espinoza y Andy Zimbalist, Economic Democracy: Workers' Participation in Chilean Industry, 1970-1973 (New York, 1978); y en dos breves monografías de Francisco Zapata: Los mineros de Chu-quicamata: Productores o proletarios? (Ciudad de México, 1975) y Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Allende (Ciudad de México, 1974). Un relato brillante de una toma es el de Peter Winn, Weavers of Revolution: lhe Yarur Workers and Chile's Road to Socialism (New York, 1986). Informes útiles de la situación laboral bajo Pinochet son los de Gonzalo Falabella, Labour in Chile under the Junta (Working Papers N° 4, Institute of Latin American Studies, University of Londres, 1981); la publicación colectiva de Vector, El movimiento sindical (Revista de Talleres N° 2, Santiago, 1981); J. Roddick y N. Haworth, labour and Monetarism in Chile: Bulletin of Latin American Researchl, N° 1(1981); y de Manuel Ba-rrera et al., Sindicatos y Estado en el Chile actual (Ginebra, 1985).

Sobre el sector empresarial, existe un análisis detallado de la es-tructura de las organizaciones en la obra de Genaro Arriagada La oligarquía patronal chilena (Santiago, 1970). La tesis doctoral de Marcelo Cavarozzi `The Government and the Industrial Bourgeoisie in Chile, 1938-1964' (Ph.D. Tesis, Berkeley, 1975) contiene una gran cantidad de información útil. Un estudio excelente del com-portamiento empresarial reciente es el de Guillermo Campero Los gremios empresariales en el período 1970-1983 (Santiago, 1984). La ideología de una importante voz en el sector empresarial es exa-minada por Guillermo Sunkel en El Mercurio: Diez años de educa-ción política ideológica, 1969/1979 (Santiago, 1983).

Tres libros comienzan la tarea de escribir la participación de las mujeres en la vida política: de Julieta Kirkwood, Ser política en Chile: Las feministas y los partidos (Santiago, 1985); de María Angélica Maza, La otra mitad de Chile (Santiago, 1986); y de María Elena Va-

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lenzuela, La mujer en el Chile militar (Santiago, 1987). Ver también de Patricia M. Chucryk, Teminist Anti-American Politics: The Role of Women's Organizations in the Chilean Transition to Democracy, en Jane Jaquette (ed.), The Women's Movement in Latin America (Londres, 1989), pp. 149-84.

Un estudio impresionante de la Iglesia en las últimas décadas en Chile es el de Brian Smith, The Church and Politics in Chile: Challenges to Modern Catholicism (Princeton, 1982). Sobre el rol de la Iglesia en los arios de Pinochet ver de Enrique Correa y José Antonio Viera Gallo, Iglesia y dictadura (Santiago, 1986); y de Patricio Dooner (ed.), La iglesia católica y el futuro político de Chile (Santiago, 1988). Sobre el protestantismo, ver de Humberto Lagos, Los Evangélicos en Chile: Una lectura sociológica (Santiago, 1988). Ver también de María Antonieta Huerta y Luis Pacheco Pastene, La iglesia chilena y los cambios sociopolíticos (Santiago, 1988).

La educación es examinada en el trabajo de Kathleen Fischer, Political Ideology and Educational reform in Chile, 1964-1976 (Los Angeles, 1979) y en Guillermo Labarca, Educación y sociedad: Chile, 1969-1984 (Amsterdam, 1985). Un interesante relato del desarrollo de la filosofía en Chile, incluyendo el período de Pinochet, es el de Iván Jaksic, Academic Rebels in Chile: The Role of Philosophy in Higher Education and Politics (Albany, N. Y., 1989)

Un excelente estudio de la construcción de políticas durante el Gobierno de Frei es realizado por Peter Cleaves en Bureaucratic Politics and Administration in Chile (Berkeley, Calif., 1974). Un informe desde adentro es el de Sergio Molina, El proceso de cambio en Chile (Santiago, 1977). Arturo Olavarría Bravo ha escrito varios volúmenes de narrativa apegada a sus opiniones bajo el título de Chile bajo la Democracia Cristiana (Santiago, 1966, 1967, 1968, 1969). El relato general mejor es el Ricardo Yocelevsky, La Democracia Cristiana chilena y el gobierno de Eduardo Frei (México, 1987). Ver también el de Patricio Dooner, Cambios sociales y conflicto político: El conflicto político nacional durante el gobierno de Eduardo Frei (Santiago, 1984).

Existe una ingente cantidad de literatura respecto al período de la Unidad Popular. Para un relato fascinante de los orígenes del gobierno de la UP, ver, de Eduardo Labarca, Chile al rojo (Santia-

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go, 1971). Una gran cantidad de datos sociológicos sobre el período aparece en el libro de Manuel Castells, La lucha de clases en Chile (Buenos Aires, 1974). Recolecciones excelentes de ensayos son los de S.Sideri (ed.) Chile, 1970-1973: Economic Development and Its International Setting (The Hague, 1979); de Arturo Valenzuela y Samuel Valenzuela (eds.), Chile: Politics and Socia)/ (New Brunswick, N. J., 1976); y de Federico Gil et al. (eds,), Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970-1973 (Philadel-phia, 1979). Un valioso relato, compilado durante el Período de la UP es el de Ann Zamitt (ed.), The Chilean Way to Socialism (Sus-sex, 1973) y después del Golpe, el de Philip O'Brien (ed.), Allende's Chile (New York, 1976). La colección editada por Ken Medhurst Allende's Chile (Londres, 1972) tiene algunos ensayos interesantes. Un útil relato reciente del período es el de Edy Kaufman, Crisis in Chile: New Perspectives (New York, 1988). Una crítica inteligente desde una perspectiva conservadora es la de Mark Falcoff, Modern Chile, 1970-1988: A Critical History (New Brunswick, N. J., 1989).

Una colección de los discursos de Allende da alguna idea acerca de sus políticas y fines: Salvador Allende, Chile's Road to Socialism (Londres, 1973). Los fines de Allende son más interesantemente explorados en la obra de Regis Debray, Conversations with Allende (Londres, 1971). A ratos algo pretencioso, pero en otros una fuente indispensable, es el relato del asesor de Allende, Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena (Barcelona, 1976). Ampliamente usado, aunque escrito demasiado próximo al evento es la obra de Jan Roxborough et al., Chile: The State and Revolution (Londres, 1977). Las perceptivas reflexiones de un periodista político se en-cuentran en la obra de Luis Maira, Dos años de Unidad Popular (Santiago, 1973). Dos prominentes sociólogos, Manuel A. Garretón y Tomás Moulian, realizan una interpretación en Análisis co-yuntural y proceso político (San José, Costa Rica, 1978). Ver tam-bién de Eduardo Novoa, ¿Vía legal hacia el socialismo? El caso de Chile, 1970-1973 (Caracas, 1978). Pocos políticos prominentes del período han escrito sus memorias, pero en la obra de Patricia Po-litzer, Altamirano (Buenos Aires, 1989), un dirigente socialista del ala izquierdista justifica su rol.

Sobre las políticas económicas de la UP, el trabajo más informativo y mejor argumentado es el del ex ministro del Gobierno, Sergio

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Bitar, Chile: Experiment in Democracy (Philadelphia, 1986). Otro importante economista, Gonzalo Martner, da su opinión en El go-bierno de Salvador Allende, 1970-1973: Una evaluación (Santiago, 1988). Uno de los primeros post-mortem influyentes es el de Stefan de Vylder, Allende's Chile: The Political Economy of the Rise and Fall of the Popular Unity (Cambridge, 1976). No muy accesible, pero de importancia es de José Serra y Arturo León, La redistribución del ingreso en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, Do-cumento de Trabajo N° 70, FLACSO (Santiago, 1978). Ver también de Edward Boorstein, Allende's Chile: An Inside View (New York, 1977). Vale la pena consultar dos informes del Instituto de Economía de la Universidad de Chile: La economía chilena en 1971y La economía chilena en 1972.

Un interesante estudio de caso del sector estatal de la economía es el de Samuel Cogan, `The Nationalization of Manufacturing Firms in Chile, 1970-1973: A Case Study of the Building Materials Sector' (D.Phil. Tesis, Oxford, 1981). Un relato más bien optimista de la estrategia económica de la UP escrito antes del Golpe es el de Sergio Ramos, Chile: Una economía de transición (La Habana, 1972). Un trabajo que enfatiza el descuido de la gestión financiera a corto plazo es el de Stephany Griffith-Jones, The Role of Finance in the Transition to Socialism (Londres, 1981).

Las políticas frenéticas del período no son tan bien estudiadas como lo es la economía. Un artículo detallado es el de Atilio Borón, 'La movilización política en Chile; Foro Internacional (JulySeptember, 1975). Ver también en Alan Angell, Political Mobilization and Class Alliances in Chile, 1970-1973 (Rotterdam, 1978), que contiene extensas referencias a los análisis sobre el poder popular*. Un estudio de caso de una huelga importante es el de Sergio Bitar y Crisóstomo Pizarro, La caída de Allende y la huelga de El Teniente (Santiago, 1987). Carlos Altamirano, del ala izquierdista del socia-lismo, entrega su explicación de lo que salió mal en Dialéctica de una derrota (Ciudad de México, 1977). Muy emotivo es el trabajo del sociólogo Alain Touraine, Vida y muerte del gobierno popular (Buenos Aires, 1974). Los problemas de ideologías y políticas cul-turales son analizados en el libro de Manuel Antonio Garretón et al., Cultura y comunicaciones de masas (Barcelona, 1975). Las re-laciones con la Unión Soviética son el tema de Isabel Turrent en

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La Unión Soviética en América Latina: El caso de la Unidad Popu-lar chilena (México, 1984). El importante episodio de la propuesta de reforma educacional es bien trabajado por Joseph Farrell en The National Unified School in Allende's Chile (Vancouver, 1986) y los cambios judiciales son analizados en la obra de Jack Spence Search for Justice: Neighborhood Courts in Allende's Chile (Boulder, Colo, 1979).

La cuestión de la participación de Estados Unidos en el Golpe salió a la superficie primero en el Informe del Senado del Comité Selecto para el Estudio de las Actividades de Inteligencia Gubernamental, Covert Action in Chile, 1963-1973 (Washington, D.C., 1975), aunque un embajador chileno -Armando Uribe- ya había documentado alguna injerencia encubierta en el libro Le livre noir de l'intervention

américaine au Chile (París, 1974). Ver también de James Petras y Morris Morley, The United States and Chile: Imperialism and the Allende Government (New York, 1975). Hay un fascinante relato del embajador norteamericano Nathaniel Davis en The Last Two Years of Allende (Ithaca, N.Y., 1985). Un brutal ataque realizado por un prominente periodista a las políticas de Estados Unidos está contenido en el libro de Seymour Hersh, The Price of Power: Kissinger in the White House Years (Boston, 1980).

Existe relativamente poco sobre la oposición a Allende. Algunas ideas sugerentes aparecen en el artículo de Paul Drake, torporatism and Functionalism in Modern Chilean Politics; Journal of Latin American Studies (May, 1978), y también en el último capítulo de la obra del mismo autor Socialism and Populism in Chile, 1932- 1952 (Urbana, 1978), el cual constituye un comentario político valioso acerca de los eventos que llevaron al Golpe. De Pablo Baraona et al., Chile: A Critical Survey (Santiago, 1972), contiene algunos ensayos interesantes de la Derecha. Los eventos del Golpe mismo están brillantemente narrados por Ignacio González Camus en El día que

murió Allende (Santiago, 1988).

Sobre el período de Pinochet, existen varios estudios excelentes acerca de la economía. Ver en especial de Alejandro Fwdey, Latin American Experiments in Neo Conservative Economics (Berkeley, Calif., 1983); el trabajo colectivo de los economistas de CIEPLAN, Modelo

económico chileno: Trayectoria de una crítica (Santiago,

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1982); de Ricardo Ffrench-Davis, 'The Monetarist Experiment in Chile' World Development (November 1983); y de Christian Angla-de y Carlos Fortin, Me State and Capital Accumulattion in Latin America (Londres, 1985). Los planes para escapar del colapso del boom de los Chicago boys están contenidos en la obra elaborada en CIEPLAN, Reconstrucción económica para la democracia (Santiago, 1983).

El capítulo de Laurence Whitehead en la obra editada por Rosemary Thorp y Laurence Whitehead (eds.), Inflation and Stabilisation in Latin America (Londres, 1979) es un relato ilustrado de los problemas de la estabilización económica en este período. Ver también el ensayo de Whitehead en la edición de Rosemary Thorp y Laurence Whitehead (eds.), Latin American Debt and the Adjustment Crisis (Londres, 1987). Un estudio del proceso de la concentración económica que causó una tormenta política menor es el de Fernando Dahse, El mapa de la extrema riqueza (Santiago, 1979). Una crítica excelente a las políticas de libre mercado y que ofrece recomendaciones alternativas es la obra de Alejandro Fwdey, Para una democracia estable (Santiago, 1985). Un defensor de las políticas de libre mercado es Alvaro Bardón et al., Una década de cambios económicos: La experiencia chilena, 1973-1983 (Santiago, 1985). Ver también de Sebastián Edwards y A.C. Edwards, Monetarism and Liberalism: Me Chilean Experiment (Cambridge, Mass., 1986).

Un relato desde el interior acerca del rol de los 'Chicago boys' es ofrecido por Arturo Fontaine en Los economistas y el Presidente Pi-nochet (Santiago, 1988). Los orígenes de la escuela del libre mercado en Chile son analizados en detalle por Juan Gabriel Valdés en La escuela de Chicago: Operación Chile (Buenos Aires, 1989). Una eulogía altamente publicitada del experimento de libre mercado es la obra de Joaquín Lavín, La revolución silenciosa (Santiago, 1987). Una crítica en contra que enfatiza los costos sociales del experimento es presentado por Eugenio Tironi en Los silencios de la revolución (Santiago, 1988), La extensión de la pobreza es documentada en el libro Pobreza en Chile (Santiago, 1988) de Eugenio Ortega y Ernesto Tironi. Dos periodistas, M. Delano y H. Traslaviria, nos dan una narración actualizada de todo el período de Pinochet: La herencia de los Chicago Boys (Santiago, 1989).

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Las políticas de la era de Pinochet son analizadas en la breve, pero útil obra de P. O'Brien y J. Roddick, Chile: The Pinochet Decade (Londres, 1983). Un libro detallado e indispensable, escrito por tres periodistas, que cubre el período completo, es el de Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar (Santiago, 1988). Una interpretación general de la economía política del período de Pinochet se encuentra en la obra de Karen Remmer, Military Rule in Latin America (Londres, 1989). La constitución de 1980 es revisada en detalle por Luz Bulnes Al-dunate en Constitución política de la República de Chile (Santiago, 1981). Un conjunto de ensayos que cubren los eventos hasta 1980 es la obra de J. Samuel Valenzuela y Arturo Valenzuela (eds.), Military Rule in Chile: Dictartorship and Oppositions (Baltimore, 1986). La excelente colección de ensayos editada por Paul Drake e Iván Jaksic (eds.), The struggle for Democracy in Chile, 1982-1990 (Lincoln, Nebr., y Londres, 1992) abarca los arios 1980.

El rol de la prensa es explorado en el trabajo de Fernando Reyes Matta et al., Investigaciones sobre la prensa en Chile (1974-1984) (Santiago, 1986). La política cultural es analizada por José Joaquín Brünner en La Cultura autoritaria en Chile (Santiago, 1981). Un estudio excelente de la opinión pública es el de Carlos Huneeus, Los chilenos y la política: Cambio y continuidad en el autoritarismo (Santiago, 1987).

El propio relato de Pinochet sobre su participación en el Golpe está contenido en su libro El día decisivo (Santiago, 1977). Más re-velador del hombre y de sus ideas es la obra de Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego sum Pinochet (Santiago, 1989). Otro hombre de las fuerzas armadas -ahora desilusionado- entrega sus puntos de vista en la obra de Florencia Varas, Gustavo Leigh: El general disidente (Santiago, 1979). Los mejores relatos son los de Genaro Arriagada, La política militar de Pinochet (Santiago, 1985), y de Augusto Varas, Los militares en el poder: régimen y gobierno militar en Chile, 1973-1986 (Santiago, 1987).

Un impresionante intento de evaluación de las políticas de Chile desde 1970 se encuentra en el libro de Manuel Antonio Garretón, El proceso político chileno (Santiago, 1983), cuya traducción al inglés fue bienvenida: The Chilean Political Process (Londres, 1989).

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Los numerosos documentos de FLACSO por Garretón y Tomás Moulian constituyen un comentario en directo sobre las políticas y la sociedad desde 1973. Las ideas permanentemente estimulantes de Moulian han sido reunidas en su Democracia y socialismo en Chile (Santiago, 1983). Una útil colección de escritos de investigadores de FLACSO está contenida en la obra de Manuel Antonio Garretón et al., Chile, 1973-198 ? (Santiago, 1983). Una figura política señera reúne sus artículos en la obra de Genaro Arriagada, 10 años: Visión crítica (Santiago, 1983). Sobre la primera fase del mando militar, ver de Tomás Moulian y Pilar Vergara, 'Estado, ideología y política económica en Chile, 1973-1978' en Estudios CIEPLAN, N° 3 (1980). Un relato comprehensivo sobre la ideología del régimen es dado en la obra de Pilar Vergara, Auge y caída del neoliberalismo en Chile (Santiago, 1985). Dos artículos lúcidos e informativos pertenecen a Carlos Huneeus, 'La política de la apertura y sus implicancias para la inauguración de la democracia en Chile' e 'Inauguración de la democracia en Chile' en Revista de Ciencia Política 7, N° 1 (1985), y 8, Nos 1-2 (1986).

Un estudio impresionante de las poblaciones o campamentos en los arios de Pinochet es el de Rodrigo Bario, Lo social y lo político (Santiago, 1985); otro es el de Guillermo Campero, Entre la sobrevi-vencia y la acción política (Santiago, 1987). Una serie de entrevistas explica la desesperación de la juventud de las poblaciones en el libro de Patricia Politzer, La ira de Pedro y los otros (Santiago, 1988). El Instituto de Investigación PREALC ha documentado el trabajo y la vida de los pobres en Chile en una serie de trabajos académicos. Entre ellos, se cuentan PREALC, Sobrevivir en la calle: el comercio ambulante en Santiago (Santiago, 1988); de David Benavente, A medio morir cantando: 13 testimonios de cesantes (Santiago, 1985); y de Jorge Alvarez, Los hijos de la erradicación (Santiago, 1988). Hay numerosos estudios de las condiciones sociales de los pobladores. Entre éstos están los de Clarisa Hardy, Organización para vivir: Pobreza urbana y organización popular (Santiago, 1987) y de Dagmar Raczynski y Claudia Serrano, Vivir la pobreza: Testimonios de mujeres (Santiago, 1985).

El sombrío mundo del terrorismo de Estado es, por definición, difícil de examinar, pero el libro de Thomas Hauser, Missing (Londres, 1982), hace las preguntas incómodas, a las que después se les dio

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una amplia publicidad por la película del mismo nombre. Sobre el horrible asesinato de Orlando Letelier, ver la obra de John Dinges y Saul Landau, Assasination on Embassy Row (New York, 1980) y la de Taylor Branch y Eugene Propper, Labyrinth (New York, 1982). Un relato de brutalidad doméstica está presente en la obra de Máximo Pacheco, Lonquén (Santiago, 1980). El tema del exilio es examinado en el libro de Alan Angell y Susan Carstairs, `The Exile Question in Chilean Politics; lizird World Quarterly (enero 1987). Tres prominentes políticos escriben conmovedoramente acerca de sus experiencias de exilio, prisión y de sus creencias, en De im-proviso la nada (Santiago, 1988) de Erich Schnake; Reencuentro con mi vida (Santiago, 1988) de Clodomiro Almeyda; Exilio: Textos de denuncia y esperanza (Santiago, 1987) de Jorge Arrate.

La violación de los derechos humanos por el Gobierno de Pinochet ha sido extensamente documentada. Ver por ejemplo el Informe de Amnistía Internacional, Chile (Londres, 1974) y aquellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Report on the Status of Human Rights in Chile (Washington, 1974) y los posteriores informes de la misma organización emitidos en 1976, 1977 y 1985. Un conjunto de tres volúmenes realizado por miembros de la Vicaría de la Solidaridad proporciona un relato gráfico de las violaciones de los derechos humanos: Eugenio Ahumada et al., Chile: La memoria prohibida

(Santiago, 1989). Ver también de Hugo Fruhling (ed.). Represión política y defensa de los derechos humanos (Santiago, 1986). Un conmovedor relato de las masacres en el Norte de Chile a continuación del Golpe se encuentra en el libro de Patricia Verdugo, Caso Arellano: Los zarpazos del puma (Santiago, 1989). La Comisión de Verdad y Reconciliación establecida por el Gobierno de Aylwin publicó sus hallazgos en el Informe de la ComisiónNacional de Verdad y Reconciliación, 3 vols. (Santiago, 1991). De los muchos libros que han contado los largos años de sufrimiento bajo la dictadura de Pinochet, dos son muy sobresalientes. Sergio Bitar describe su destino en los campos de concentración creados por el régimen para los miembros directivos del Gobierno de la UP en Isla 10 (Santiago, 1988). Un informe de la suerte de varias personas -a algunas de las cuales les fue bien, otras de las cuales sufrieron horrorosamente- es el de Patricia Politzer, Miedo en Chile

(Santiago, 1985).

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El tema de la transición a la democracia es explorado con gran claridad por Manuel Antonio Garretón en Reconstruir la política: Transición y consolidación democrática en Chile (Santiago, 1987). El plebiscito de octubre de 1988 es revisado en el 'Informe de la Comisión Internacional de Estudios Latinoamericanos para Observar el Plebiscito Chileno', Bulletin of Latin American Research 8, N° 2 (1989), y en el informe del Instituto Democrático Nacional para Asuntos Extranjeros, Chile's Transition to Democracy: The 1988 Presidential Plebiscite (Washington, 1988). Un examen del rol del apoyo internacional a la oposición a Pinochet antes y durante el plebiscito es dado por Alan Angel! 'La cooperación internacional en el apoyo de la democracia en América Latina: El caso de Chile; Foro Internacional (México), N° 118 (octubre, 1989). Un relato gráfico de todo el ario es presentado por Esteban Tomic, 1988 y el general bajó al llano (Santiago, 1989). Las elecciones de diciembre de 1989 son analizadas por Alan Angel! y Benny Pollack en `The Chilean Elections of December 1989 and the Politics of the Transition to Democracy,' Bulletin of Latin American Research 9, N° 1, 1990. Ver también de César Caviedes, Elections in Chile: Me Road toward Redemocratization (Boulder, Colo., y Londres, 1991).

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