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1191Segunda LegiSLatura Ordinaria de 2007 - tOmO ii - Diario de los Debates

2.a X SeSión (matinaL) 29-05-2008 - Diario de los Debates

2.ª X SESIÓN (Matinal)

JUEVES 29 DE MAYO DE 2008

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE

Y

ALDO ESTRADA CHOQUE

SUMARIO

e pasa lista.— Se reanuda la sesión.— Con las modificaciones introducidas en el curso del debate, se aprueba la nueva fór-mula sustitutoria, propuesta por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en virtud de la cual se exceptúa al Instituto Nacional Penitenciario, a la Autoridad Portuaria Nacional y a la Universidad Nacional de Moquegua del artículo 7.° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 y se dictan otras disposiciones.— Se aprueba el nuevo texto sustitutorio, propuesto por la Comisión de la Mujer y Desarro-llo Social, por el cual se deja sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, que crea la Dirección General de Protección Social y adscribe la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones del MIMDES; y a continuación se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba el nuevo texto sustitutorio, propuesto por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, sobre la Ley del Servicio Militar; y a continuación se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueban dos mociones de saludo, relacionadas con el 14.° aniversario del distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash, y con el 52.° aniversario del Partido Acción Popular.— Desechada la cuestión previa de vuelta a Comisión, ingresa a un cuarto intermedio el nuevo texto susti-tutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, congresista Castro Stagnaro, sobre la Ley

Diario de los Debates - Segunda LegiSLatura Ordinaria de 2007 - tOmO ii

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de la Carrera Judicial.— Se aprueba una moción de saludo a la provincia de Chucuito, por conmemorar el 180.° aniversario de la elevación del distrito de Juli a la categoría de capital de dicha provincia.— Se inicia el debate del texto sustitutorio, con-tenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Trabajo, por el que se propone modificar el Decreto Legislativo N.° 892, Ley que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas.— Se suspende la sesión.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

—A las 9 horas y 30 minutos, bajo la Presi-dencia del señor Luis Gonzales Posada Eyza-guirre e integrando la Mesa Directiva los se-ñores Aldo Estrada Choque, Martha Moyano Delgado y Carlos Torres Caro, la Relatora pa-sa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Abugattás Majluf, Alcor-ta Suero, Alegría Pastor, Anaya Oropeza, An-drade Carmona, Balta Salazar, Bruce Montes de Oca, Cabanillas Bustamante, Cabrera Cam-pos, Calderón Castro, Cánepa La Cotera, Car-pio Guerrero, Castro Stagnaro, Cribilleros Shi-gihara, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, Eguren Neuenschwander, Escudero Casquino, Espinoza Ramos, Fujimori Fujimori, Fujimo-ri Higuchi, Giampietri Rojas, Guevara Gómez, Gutiérrez Cueva, Hildebrandt Pérez Treviño, Huancahuari Páucar, Huerta Díaz, León Mi-naya, León Zapata, Macedo Sánchez, Mallqui Beas, Maslucán Culqui, Mekler Neiman, Men-chola Vásquez, Morales Castillo, Nájar Kokally, Negreiros Criado, Núñez Román, Ordóñez Sa-lazar, Otárola Peñaranda, Peralta Cruz, Pérez Monteverde, Ramos Prudencio, Rebaza Mar-tell, Reggiardo Barreto, Robles López, Rodrí-guez Zavaleta, Ruiz Delgado, Salazar Leguía, Sánchez Ortiz, Santos Carpio, Serna Guzmán, Sousa Huanambal, Sucari Cari, Sumire de Con-de, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vargas Fernández, Venegas Mello, Vilca Achata, Víl-chez Yucra, Waisman Rjavinsthi, Wilson Ugar-te, Yamashiro Oré, Zeballos Gámez y Zumaeta Flores. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su asis-tencia por medio del sistema digital).

En el Gabinete Ministerial, los congresistas Al-va Castro y Del Castillo Gálvez.

Con licencia por enfermedad, los congresistas Be-teta Rubín y Peña Angulo.

En función de representación, los congresistas Carrasco Távara, Cenzano Sierralta, Galarreta

Velarde, Herrera Pumayauli, Lazo Ríos de Hor-nung, Reátegui Flores y Tapia Samaniego.

Ausentes, los congresistas Acosta Zárate, Agui-naga Recuenco, Bedoya de Vivanco, Cajahuanca Rosales, Chacón De Vettori, Espinoza Cruz, Es-pinoza Soto, Falla Lamadrid, Flores Torres, Flo-rián Cedrón, Galindo Sandoval, García Belaún-de, González Zúñiga, Guevara Trelles, Isla Rojas, León Romero, Lescano Ancieta, Lombardi Elías, Luizar Obregón, Mayorga Miranda, Mendoza del Solar, Mulder Bedoya, Obregón Peralta, Pando Córdova, Pastor Valdivieso, Pérez del Solar Cu-culiza, Perry Cruz, Raffo Arce, Reymundo Mer-cado, Ruiz Silva, Saldaña Tovar, Sasieta Morales, Silva Díaz, Supa Huamán, Uribe Medina, Valle Riestra González Olaechea, Vásquez Rodríguez, Vega Antonio y Velásquez Quesquén.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posada Eyzagui-rre).— Han registrado su asisten-cia 70 señores congresistas.

El quórum para la presente sesión es de 58 congresistas.

Con el quórum reglamentario, se reanuda la se-sión.

Con las modificaciones introducidas en el curso del debate, se aprueba la nueva fór-mula sustitutoria, propuesta por la Comi-sión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en virtud de la cual se excep-túa al Instituto Nacional Penitenciario, a la Autoridad Portuaria Nacional y a la Uni-versidad Nacional de Moquegua del artícu-lo 7.° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 y se dictan

otras disposiciones

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Como primer punto, va-



mos a ver el proyecto de Ley que exceptúa al Ins-tituto Nacional Penitenciario, a la Autoridad Portuaria Nacional y a la Universidad Nacional de Moquegua del artículo 7.° de la Ley de Presu-puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 y dicta otras disposiciones.

Habiéndose vencido el cuarto intermedio al que ingresó el texto sustitutorio sobre dicha materia, contenido en el dictamen en mayoría de la Comi-sión de Presupuesto y Cuenta General de la Re-pública, recaído en los Proyectos de Ley números 1829, 2115 y 2132/2007-PE, y 2092/2007-CR, da-mos la palabra al presidente de la indicada Comi-sión, congresista Peralta Cruz, para que nos dé a conocer los resultados del cuarto intermedio.

El señor PERALTA CRUZ (PAP).— Señor Presidente: La Comisión de Presupuesto y Cuen-ta General de la República ha emi-tido dictamen sobre los Proyectos de Ley 1829, 2115 y 2132/2007-PE, y 2092/2007-CR, en el que propone

exceptuar del artículo 7.° de la Ley N.° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, al Instituto Nacional Peniten-ciario -INPE, a la Autoridad Portuaria Nacio-nal-APN y a la Universidad Nacional de Mo-quegua.

¿Cuál es el objeto de este dictamen?

Aprobar el marco normativo que permita excep-tuar de las medidas de austeridad, vigentes en el artículo 7.° de la Ley de Presupuesto del Sec-tor Público para el Año Fiscal 2008, al INPE, a la APN y a la Universidad Nacional de Moquegua y otras, con la finalidad de que puedan contratar o nombrar, según el caso, a los servidores públicos correspondientes.

Mediante Ley N.° 27943, Ley del Sistema Portua-rio, se creó la Autoridad Portuaria Nacional como Organismo Público Descentralizado, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por Resolución Suprema N.° 042-2004-MTC se aprobó su Cuadro para Asignación de Personal, el cual fue actualizado mediante Resolución de la Presidencia del Directorio N.° 008-2005, y median-te Decreto Supremo N.° 024-2005-EF se aprobó su escala remunerativa.

Esta entidad, en el año 2006, contó con el marco legal correspondiente para contratar; en base a ello, llevó a cabo los procesos de selección de per-sonal a fin de cubrir las plazas de directores y je-

fes de unidad. Sin embargo, el Decreto de Urgen-cia N.° 020-2006, que dictó normas de austeridad y racionalidad del gasto público, impidió continuar con el proceso de implementación del Cuadro pa-ra Asignación de Personal.

Durante el año 2007, el Poder Ejecutivo envió en el mes de noviembre una propuesta, con la finali-dad de autorizar el marco normativo para que la APN pueda contratar a 32 servidores. Esta pro-puesta ha sido actualizada a través del Proyecto de Ley N.° 2115/2007-PE, que propone incorporar a la Autoridad Portuaria Nacional en el Anexo C de la Ley N.° 29142, Ley de Presupuesto del Sec-tor Público para el Año Fiscal 2008.

En este dictamen consta el cuadro donde se espe-cifican las carreras y niveles, el costo anual de la planilla actual, el costo anual de las 32 plazas va-cantes y el costo total anual, que asciende a tres millones 802 mil 860 nuevos soles.

Respecto al Instituto Nacional Penitenciario, en el INPE hay cinco mil 168 trabajadores, de los cuales 891 laboran en el área de administración, tres mil 423 en seguridad y 654 en tratamiento. De los tres mil 423 en seguridad, tres mil 200 se encuentran dedicados exclusivamente a la cus-todia de establecimientos penitenciarios, regis-trándose un déficit mínimo de 400 agentes, equi-valente al 15%.

En el servicio legal hay 84 abogados y 33 bachille-res en derecho a nivel nacional; cifra que, compa-rada con la población penal total, arroja una me-dia de un abogado por cada 316 internos, lo que de por sí revela la incapacidad material para brin-dar un adecuado servicio.

El proyecto de ley exonera de la prohibición de in-greso de personal dispuesta en el artículo 7.° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, a fin de nombrar a 470 personas, pre-vio concurso público, 343 como nuevos agentes pe-nitenciarios de seguridad y 127 como profesiona-les para el tratamiento penitenciario.

El costo de capacitación y formación de todos ellos asciende a un millón 932 mil 200 nuevos soles; son seis meses de capacitación, entre abril y setiembre. El costo total de planilla, entre octubre y diciem-bre, asciende a un millón 669 mil 890 nuevos soles. Todo lo cual hace un total de tres millones 602 mil 90 nuevos soles, que serán financiados con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia.

Los agentes de seguridad y profesionales de tra-tamiento serán destinados para cubrir los déficit



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en los establecimientos penitenciarios con mayor hacinamiento en el departamento de Lima y en el Callao: EP Callao 159, EP Aucallama-Huaral 111, EP Imperial-Cañete 87 y EP Ancón 73 en-tre seguridad y tratamiento.

Respecto a la Universidad Nacional de Moque-gua, esta casa de estudios se creó mediante Ley N.° 28520, en mayo de 2005, inicialmente con las siguientes carreras profesionales: Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agroin-dustrial, Ingeniería Pesquera, Ingeniería de Sis-temas e Informática y Gestión Pública y Desa-rrollo Social.

El Consejo Nacional para la autorización del Fun-cionamiento de Universidades, mediante Resolu-ción N.° 206-2007-CONAFU, reconoce a la Comi-sión Organizadora de la Universidad y, mediante Resolución N.° 336-2007-CONAFU, le otorga la autorización provisional de funcionamiento.

En la Reserva de Contingencia del Presupuesto del Año Fiscal 2008 se asignaron recursos por 15 millones de nuevos soles para ser destinados al Centro de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, Universidad Nacional de Moquegua y Universi-dad Nacional de Juliaca.

El 26 de enero del año 2008, mediante Decreto Supremo N.° 010-2008-EF se autoriza una trans-ferencia de partidas a favor de la Universidad Na-cional de Moquegua por un monto de cinco mi-llones de nuevos soles.

En el dictamen se anexa un cuadro donde figu-ran las partidas genéricas de gasto y el total del monto del presupuesto distribuido.

Con relación a este dictamen, cuando se susten-tó hace dos semanas, varios señores congresis-tas propusieron incorporar algunas universida-des; el congresista Robles, por su parte, sugirió incorporar al Instituto Regional de Enfermeda-des Neoplásicas del Norte, dado que cuenta con presupuesto.

Estas propuestas han sido discutidas en la Co-misión, durante el cuarto de intermedio, con la presencia del Viceministro de Hacienda. En el texto sustitutorio que ha sido distribuido el día de ayer, se ha incorporado el artículo 4.°, donde se autoriza al Instituto Regional de Enferme-dades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN – Norte a contratar los servidores que re-quiere. Debo señalar que esta redacción ha con-tado con el visto bueno del Ministerio de Econo-mía y Finanzas.

Y también se incluye el artículo 5.°, por el que se autoriza a las universidades nacionales a contra-tar docentes universitarios, incorporándose en el Anexo C: Excepciones para contratar o nom-brar – Año Fiscal 2008, a que se refiere el artícu-lo 7.° literal d) de la Ley de Presupuesto del Sec-tor Público para el Año Fiscal 2008; en atención a las solicitudes formuladas en ese sentido. Es-ta redacción fue aceptada tanto por el Viceminis-tro de Hacienda como por los congresistas auto-res de dichos pedidos.

De esa forma, lo que se ha hecho en el texto sus-titutorio inicialmente presentado es incorporar el artículo 4.° y el artículo 5.°, recogiendo las pro-puestas de los señores congresistas presentadas en el pleno de hace dos semanas, y que han te-nido el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo tanto, señor Presidente, sugiero que se so-meta al voto el presente texto sustitutorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Ha culminado la expo-sición del presidente de la Comisión de Presu-puesto y Cuenta General de la República, que nos indica que ha recogido las propuestas de los señores congresistas, las cuales ha consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y so-licita que se pase a la votación.

Tiene la palabra el congresista Eguren Neuen-schwander.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— Presiden-te: En la ocasión en que el presiden-te de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sustentó el dictamen, le manifesta-mos que en el numeral 1.2 del ar-

tículo 1.° tenía que precisarse con mayor detalle la fuente de financiamiento de los recursos que se iban a utilizar de la Reserva de Contingencia, ya que esta Reserva tiene una serie de partidas y es riesgoso que se toquen; por ejemplo, parti-das que se van a destinar al friaje en la serranía. En esa oportunidad le señalamos que había una partida de la Reserva de Contingencia que, feha-cientemente, no iba a ser utilizada, y nos refería-mos a los recursos del CEPLAN.

Ya ha sido anunciado oficialmente por el presi-dente del Consejo de Ministros que el CEPLAN no se va a implementar este año; y, por otro la-



do, se ha anunciado que cuando se implemente contará con 50 millones de dólares de la coope-ración internacional.

En consecuencia, reiteramos el pedido al presi-dente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para que se precise en el numeral 1.2 que esos recursos provendrán de los asignados inicialmente al CEPLAN.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— El presidente de la Comi-sión está tomando nota.

Tiene la palabra la congresista Cabanillas Bus-tamante.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Presidente, le cedo mi turno al con-gresista Negreiros y me reservo para intervenir a continuación.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Negreiros Criado.

El señor NEGREIROS CRIA-DO (PAP).— Presidente: Estoy de acuerdo con el texto sustituto-rio que se ha presentado.

Sin embargo, en cuanto respecta a la provisión de personal de la Auto-

ridad Portuaria Nacional, me parece que es ne-cesaria una precisión, porque, de lo contrario, la autorización para esos efectos cumpliría un fin burocrático, y considero que uno de los objetivos que hasta ahora no alcanza la Autoridad Portua-ria Nacional es crear las autoridades portuarias regionales. En consecuencia, debe por lo menos tener preferencia la provisión de ese personal.

En estos momentos hay problemas con la con-cesión de los puertos regionales, como es el ca-so de Paita, San Martín, Ilo. ¿Por qué? Porque falta sobre todo la participación de las autorida-des portuarias regionales, es decir, de los acto-res de las regiones, que son los que tienen, na-turalmente, que interesarse en lo que se refiere a las inversiones, a las concesiones; en fin, a to-do lo que concierne al proceso de modernización de los puertos.

En consecuencia, esta precisión no es en balde, pues responde a un criterio técnico, a un criterio regional, a un criterio político bien entendido.

Le agradezco infinitamente a la congresista Ca-banillas por cederme su turno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la con-gresista Cabanillas Bustamante.

La señora CABANILLAS BUS-TAMANTE (PAP).— Presidente: Tengo una preocupación, que tras-lado al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, respecto al artícu-lo 5.° de este texto sustitutorio, que

autoriza a universidades nacionales a contratar docentes universitarios; naturalmente, en tanto y en cuanto haya los recursos en sus correspon-dientes presupuestos.

Sería importante que nos aclare que esta es una autorización a todas las universidades, y no solo a una, dos o tres, como se propuso en sesión ante-rior, cuando por primera vez debatimos esta ini-ciativa. Es lo que tiene que aclararse, porque de lo contrario podría llamar a confusión.

Es absolutamente normal dicha autorización, porque es obvio que las universidades tienen una demanda, a veces en relación al desarrollo de sus planes curriculares, a sus programas de investiga-ción o de extensión, y requieren formalizar con-tratos o nombramientos para ese fin. Pero esto, subrayo, en tanto y en cuanto haya respaldo pre-supuestal institucional.

Por otro lado, debo señalar también, a título de información, que el caso singular de la Univer-sidad Nacional de Moquegua obedece a que es-ta universidad fue creada en el quinquenio an-terior, por la razón de que Moquegua junto con uno o dos departamentos eran los únicos que no tenían una universidad nacional en esos momen-tos; y no se sobreabundó. Hoy asistimos, natural-mente, a una sobreoferta universitaria, básica-mente del modelo privado.

Es bueno esclarecer esto, para que no se piense que el Parlamento anterior tuvo o el actual tie-ne como política el andar creando universidades en exceso. La creación de la Universidad Nacio-nal de Moquegua correspondió a una necesidad del momento, y por eso es que ahora, cuando su comisión organizadora está ya aplicando su pro-yecto de desarrollo institucional, hay la necesi-dad de formalizar la contratación de docentes, de acuerdo con las carreras profesionales que viene



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desarrollando o se van a desarrollar en dicha uni-versidad, que creció con algunas —tres, me pare-ce— en ese momento, pero que, luego de su na-cimiento, como ocurre en toda universidad, está ya en una etapa de desarrollo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Estrada Choque.

El señor ESTRADA CHOQUE (N-UPP).— Señor Presidente: En principio, quiero saludar este pro-yecto de ley porque en él se consi-deran aspectos fundamentales que, incluso, han sido objeto de debates e informes en la Comisión de Jus-

ticia y Derechos Humanos, y con ello me refiero al caso de los centros penitenciarios.

Yo me pregunto si alguna vez se ha hecho con-ciencia en este foro sobre la situación de esos centros penitenciarios. ¿Acaso no es cierto que se han convertido, simple y llanamente, en ver-daderos lugares donde se encierra a la gente y se les tiene como verdaderos depositados, sin que absolutamente nadie, ni el Estado ni nosotros mismos, se haya preocupado jamás por que real-mente se implemente una política de resocializa-ción, de readaptación, como dice la Constitución y como dicen las leyes de la materia?

Es plausible que por medio de este proyecto de ley siquiera se empiece, como dice, por el nom-bramiento de 343 nuevos agentes penitenciarios de seguridad, lo cual es básico y fundamental; y, lo más trascendente, de hasta 127 profesionales para el tratamiento penitenciario, previo con-curso público.

Tiene que darse, desde luego, ese tratamiento tan reclamado. De esa forma, los reclusos saldrán, si-quiera por lo menos, con algunos elementos que les permita incorporarse a la comunidad en otras condiciones que cuando delinquieron. Ojalá que no se creen mayores problemas aquí y se haga al-go por esa gente que hoy necesita, requiere, exige y esperanzadamente espera contar con la acción de ese personal que los va a recuperar.

Lo otro, y lo más importante, es la autorización a las universidades para poder contratar docen-tes. Existe carencia de profesores, y aquí tampo-co hay problemas de presupuesto, porque en la parte final del artículo 5.° se dice: “Previo infor-me favorable de la Dirección Nacional del Presu-

puesto Público. El financiamiento de lo dispuesto en el presente artículo será con cargo a sus re-cursos ordinarios sin demandar recursos adicio-nales al Tesoro Público”.

Hay universidades que tienen recursos ordina-rios, pero carecen de la autorización para llevar adelante la contratación de docentes.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene tiempo para que pueda culminar, congresista.

El señor ESTRADA CHOQUE (N-UPP).— Un minuto más le pido, señor Presidente.

Y están, franciscanamente, sin los docentes que realmente necesitan para formar buenos profe-sionales y, ojalá, para dedicar parte de su tiempo y su acción a la labor de investigación, que tan-ta falta hace y que lamentablemente no se lleva a cabo por falta de recursos.

Son estos dos aspectos los más importantes, y por eso hay que aprobar cueste lo que cueste es-te proyecto de ley. Pido aquí a mis colegas que ya no pongan más obstáculos y den luz verde a as-pectos que son altamente positivos para dos ins-tituciones que necesitan, como nunca, recursos y también personal para servir mejor su acción y sus intereses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el congre-sista Pando Córdova.

El señor PANDO CÓRDOVA (GPF).— Presidente: Quiero ha-cer mía una propuesta que hizo en el pleno el congresista Reátegui, en el sentido de autorizar a la Univer-sidad Nacional de San Martín a cu-brir 56 plazas.

Lamentablemente, no se ha considerado especí-ficamente, sino en forma genérica, previo infor-me favorable de la Dirección Nacional del Presu-puesto Público. Por eso solicito que el presidente de la Comisión nos informe por qué no se ha in-cluido esa propuesta, que fue hecha por un miem-bro de la bancada fujimorista y que consideramos de importancia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, corremos



traslado de su inquietud al presidente de la Co-misión de Presupuesto y Cuenta General de la República, para que pueda informar al respecto cuando intervenga al final de este debate.

Tiene la palabra el congresista Zeballos Gámez.

El señor ZEBALLOS GÁMEZ (N-UPP).— Presidente: En reali-dad, todas las intervenciones de los colegas son favorables a la aproba-ción de este proyecto de ley, con al-gunas pequeñas observaciones.

Respecto a la del congresista Eguren, particular-mente creo que el Congreso no está en condicio-nes de decir de cuál de las partidas de la Reser-va de Contingencia debe tomarse para financiar los tres millones 600 mil nuevos soles para el IN-PE. Precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas es el que está a cargo de la gestión de esa Reserva de Contingencia, y dicho ministerio, con la información que tiene, podrá, estoy segu-ro, determinar cuál es la fuente más apropiada. No podría tomarse tampoco de la partida corres-pondiente al CEPLAN, porque se ha anunciado que este organismo va a entrar en funcionamien-to a partir del segundo semestre.

Entonces, mal haríamos en decir cuál es esa fuen-te. Dejemos que el Ministerio de Economía y Fi-nanzas, como corresponde, fije cuál es la fuente más pertinente.

Por lo demás, debería someterse al voto este pro-yecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el presi-dente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

El señor PERALTA CRUZ (PAP).— Señor Presidente: Los se-ñores congresistas que han hecho uso de la palabra implícitamente han da-do su conformidad al texto sustituto-rio que hemos presentado. Sin embar-go, hay algunas preocupaciones que voy a tratar de disipar.

El congresista Negreiros, efectivamente, plan-teó en el pleno que se previera la creación de las autoridades portuarias regionales. Lamenta-blemente, no estuvo presente cuando la Comi-sión se reunió para poder sustentar ese plantea-

miento. Él propone que se agregue en el artículo 2.° la frase “Para cuyo efecto se deberá tener en cuenta la creación y funcionamiento de las auto-ridades portuarias regionales”. Creo que no ha-bría ningún inconveniente en incorporarla en es-te proyecto.

La congresista Cabanillas solicita que se acla-re si el artículo 5.° está abriendo la posibilidad de que se puedan crear otras universidades; y la respuesta es no.

La intención de la Comisión es que las universi-dades ya creadas y en funcionamiento, que dis-ponen de recursos en sus presupuestos, cuenten con autorización para la contratación de docen-tes universitarios. De modo que desde ningún punto de vista se está abriendo la puerta para la creación de otras universidades. Lo que se pre-tende, reitero, es que las universidades ya crea-das tengan autorización para realizar la contra-tación de docentes universitarios, por cuanto ya tienen recursos asignados en el Presupuesto del año 2008.

El congresista Estrada ha aclarado, efectivamen-te, que no se están asignando recursos adiciona-les, sino que solo se está autorizando la contra-tación, en el Anexo C a que se refiere el artículo 7.° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, con cargo a los recursos ordinarios de cada pliego, y, en algunos casos, con las transferencias correspondientes de la Reser-va de Contingencia.

El congresista Zeballos tiene razón cuando dice que la Reserva de Contingencia es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este Ministerio lo que hace es no abrir partidas, sino hacer un listado y decir: “Para el CEPLAN tanto, para fríaje tanto”; pero no es que esas sean par-tidas presupuestales. Son fondos de una reserva que, al final, el Ministerio de Economía y Finan-zas va a transferir.

Por lo tanto, creo que lo que sugiere el congre-sista Zeballos es lo más adecuado, es decir, que sea el Ministerio de Economía y Finanzas, que administra esa reserva, quien vea lo más conve-niente respecto a los recursos que van a habili-tar esas demandas.

El congresista Pando ha hecho suya una propues-ta del congresista Reátegui, que estuvo presente en el cuarto intermedio y expresó su acuerdo con que se incorpore el artículo 5.°, porque había va-rias universidades que solicitaban lo mismo. Así que para no nombrar a tantas universidades y de-



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jar de hacer mención de algunas que no lo habían pedido, pero que también están en las mismas con-diciones, se consideró conveniente autorizar en términos generales a todas las universidades na-cionales que dispongan de presupuesto, para que puedan ser exceptuadas, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y con cargo a sus recursos ordinarios.

Señor Presidente, creo que han sido acogidas las propuestas de los señores parlamentarios y su-giero ir al voto de inmediato.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Agradeceré a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para proceder a la votación de este proyecto de ley, con las modificaciones de que ha dado cuen-ta el presidente de la Comisión.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital pa-ra verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— ¿Sí, congresista Peral-ta Cruz?

El señor PERALTA CRUZ (PAP).— Señor Presidente, so-lamente para dejar constancia de que la Comisión acumula al dicta-men los Proyectos de Ley 2162 y 2377/2007-CR y para agradecer pú-blicamente los aportes del congre-sista Menchola.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Para efectos de registro, se acumulan al dictamen de la Comisión de Pre-supuesto y Cuenta General de la República los proyectos de ley indicados por el congresista Pe-ralta Cruz.

Se va a someter al voto este proyecto de ley, con-sensuado por todas las bancadas y en el que se han recogido los aportes de los parlamentarios.

Han registrado su asistencia 84 congresistas.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 78 votos a favor, ninguno en contra y dos absten-ciones, con las modificaciones puntualiza-das por el presidente de la Comisión de Pre-supuesto y Cuenta General de la República, el texto sustitutorio en virtud del cual se ex-ceptúa al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a la Autoridad Portuaria Nacional y a la Universidad Nacional de Moquegua del artículo 7.° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 y se dictan otras disposiciones.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Zumaeta Flores, Macedo Sánchez, Pérez Monteverde, Andrade Carmona, Otárola Peñaran-da, Vilca Achata, Abugattás Majluf, León Minaya, Cajahuanca Rosales y Sousa Huanambal.

Se hace presente que este proyecto no requiere se-gunda votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

Ley que exceptúa aL InstItuto nacIonaL penI-tencIarIo (Inpe), a La autorIdad portuarIa nacIonaL y a La unIversIdad nacIonaL de Mo-quegua deL artícuLo 7.° de La Ley de presupues-to deL sector púbLIco para eL año FIscaL 2008,

y dIcta otras dIsposIcIones

Artículo 1.°.— Excepción al Instituto Nacio-nal Penitenciario de normas de austeridad para ingreso de personal y autorizar su fi-nanciamiento

1.1 Exceptúase al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) durante el Año Fiscal 2008, ante la emer-gencia suscitada por la insuficiencia de personal penitenciario necesario para garantizar la seguri-dad y la atención adecuadas en los establecimien-tos penitenciarios, de la prohibición de ingreso de personal dispuesto en el artículo 7.° de la Ley N.° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público pa-ra el Año Fiscal 2008, con el objeto de realizar las siguientes acciones sobre personal:

a) Nombrar hasta trescientos cuarenta y tres (343) nuevos agentes penitenciarios de seguridad, pre-vio concurso público, para el proceso de admisión y formación a través del Centro Nacional de Estu-dios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).



b) Nombrar hasta ciento veintisiete (127) pro-fesionales para el tratamiento penitenciario, previo concurso público, para el proceso de ad-misión y capacitación a través del Centro Nacio-nal de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).

1.2 Autorízase al Ministerio de Economía y Fi-nanzas a utilizar los recursos previstos en la Re-serva de Contingencia hasta por el monto de tres millones seiscientos dos mil noventa y 00/100 nuevos soles (S/. 3 602 090,00), para financiar la aplicación de la presente Ley, para cuyo efecto queda facultado a aplicar el procedimiento esta-blecido en el artículo 45.° de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 2.°.— Incorporación de la Autori-dad Portuaria Nacional en el Anexo C de la Ley N.° 29142, Ley de Presupuesto del Sec-tor Público para el Año Fiscal 2008

Incorpórase la Autoridad Portuaria Nacional en el Anexo C de la Ley N.° 29142, Ley de Presu-puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, permitiéndose la cobertura de hasta treinta y dos (32) plazas vacantes existentes ya presupuesta-das en el Cuadro de Asignación de Personal de la Autoridad Portuaria Nacional, para lo cual se incorpora el siguiente texto:

PLIEGO DETALLE CONCEPTO CONTRATACIÓN/NOMBRAMIENTO

HASTA EL NÚMERO DE PERSONAS

214

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

NOMBRAMIENTO DE PROFESIONALES Y

TÉCNICOS

CONTRATACIÓN 32

Para cuyo efecto se tomará en cuenta la creación y funcionamiento de las autoridades portuarias regionales.

Artículo 3.°.— Incorporación del Pliego 545 en el Anexo C de la Ley N.° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008

Incorpórase el Pliego 545 Universidad Nacional de Moquegua en el ANEXO C – EXCEPCIONES PARA CONTRATAR O NOMBRAR – AÑO FIS-CAL 2008, a que se refiere el artículo 7.° literal d) de la Ley N.° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, para que pueda contratar hasta setenta (70) personas, en-tre funcionarios, servidores públicos y docentes universitarios, conforme a los montos aproba-dos por la Ley N.° 29142 y el Decreto Supremo N.° 010-2008-EF.

Artículo 4.°.— Autorización para contra-tar al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte

Autorízase al Instituto Regional de Enfermeda-des Neoplásicas del Norte ‘Dr. Luis Pinillos Ga-noza’ IREN – Norte a realizar la contratación de ciento cuarenta y nueve (149) servidores, para lo cual queda exceptuado de las restricciones presu-

puestarias vigentes en materia de modificaciones presupuestarias e ingresos de personal, previstas en la Ley N.° 29142, Ley de Presupuesto del Sec-tor Público para el Año Fiscal 2008.

La contratación de los servidores a los que se hace referencia en el párrafo precedente se ha-rá con cargo al presupuesto asignado a la Uni-dad Ejecutora ‘Instituto Regional de Enferme-dades Neoplásicas ‘Dr. Luis Pinillos Ganoza’ IREN – Norte’.

Artículo 5.°.— Contrato de docentes uni-versitarios

Autorízase a las universidades nacionales a con-tratar docentes universitarios incorporándose en el ANEXO C – EXCEPCIONES PARA CONTRA-TAR O NOMBRAR – AÑO FISCAL 2008, a que se refiere el artículo 7.° literal d) de la Ley N.° 29142,

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, previo informe favorable de la Direc-ción Nacional del Presupuesto Público. El finan-ciamiento de lo dispuesto en el presente artículo será con cargo a sus recursos ordinarios sin de-mandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Disposiciones Complementarias

Disposiciones Finales

Primera.— Para efectos de la aplicación de las excepciones a que se refiere la presente Ley, no pueden ser nombrados ni contrata-dos personal activo o cesante que perciba re-muneración o pensión de cualquier entidad del Estado.

Segunda.— La extensión de plazo, para el pago del gasto devengado a que se refiere la Disposi-



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ción Complementaria Única de la Ley N.° 29211, Ley que autoriza la suscripción de convenio de ad-ministración de recursos al Ministerio de Trans-portes y Comunicaciones; y dicta otra disposición, incluye las transferencias financieras para proyec-tos de inversión que realiza el Gobierno Nacional a favor de los gobiernos regionales, gobiernos lo-cales y empresas públicas.

Comuníquese, etc.”

“Votación del texto sustitutorio del Pro-yecto N.° 2132 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acosta Zárate, Alcorta Suero, Alegría Pastor, Anaya Oropeza, Balta Salazar, Bedoya de Vivan-co, Bruce Montes de Oca, Cabanillas Bustaman-te, Cabrera Campos, Calderón Castro, Cánepa La Cotera, Carpio Guerrero, Carrasco Távara, Castro Stagnaro, Cribilleros Shigihara, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, Eguren Neuenschwander, Es-cudero Casquino, Espinoza Ramos, Espinoza Soto, Estrada Choque, Flores Torres, Fujimori Fujimo-ri, Fujimori Higuchi, Giampietri Rojas, Guevara Gómez, Gutiérrez Cueva, Hildebrandt Pérez Tre-viño, Huancahuari Páucar, Isla Rojas, León Rome-ro, León Zapata, Luizar Obregón, Mallqui Beas, Maslucán Culqui, Mayorga Miranda, Mekler Ne-iman, Menchola Vásquez, Mendoza del Solar, Mo-rales Castillo, Moyano Delgado, Nájar Kokally, Ne-greiros Criado, Núñez Román, Ordóñez Salazar, Pando Córdova, Peralta Cruz, Perry Cruz, Raffo Arce, Ramos Prudencio, Rebaza Martell, Reggiar-do Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Delgado, Salazar Le-guía, Saldaña Tovar, Sánchez Ortiz, Santos Car-pio, Sasieta Morales, Serna Guzmán, Silva Díaz, Sucari Cari, Supa Huamán, Torres Caro, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vargas Fernández, Vás-quez Rodríguez, Vega Antonio, Venegas Mello, Víl-chez Yucra, Waisman Rjavinsthi, Wilson Ugarte, Yamashiro Oré y Zeballos Gámez.

Señores congresistas que se abstuvieron: Espinoza Cruz y Sumire de Conde.”

—Consta por escrito la rectificación del voto a favor de la congre gresista Venegas Mello, en el sentido de que debe consi- derarse como abstención.

Se aprueba el nuevo texto sustitutorio, pro-puesto por la Comisión de la Mujer y Desa-rrollo Social, por el cual se deja sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, que crea la Dirección General de Protec-ción Social y adscribe la Unidad Gerencial

de Investigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones del MI-MDES; y a continuación se acuerda exone-

rarlo de segunda votación

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Antes de pasar al siguiente punto, me permito comunicar a la Sala que la con-gresista Beteta Rubín acaba de tener un nuevo hi-jo. Le expreso a la colega el saludo de la Represen-tación Nacional por tan feliz acontecimiento.

Se va a someter a debate el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1520/2007-CR*, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, que propone dejar sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, que crea la Dirección General de Protección Social y adscribe la Unidad Gerencial de Investigación Tu-telar del Instituto Nacional de Bienestar Familiar a la Secretaría Nacional de Adopciones del Minis-terio de la Mujer y Desarrollo Social.

Tiene la palabra la vicepresidenta de la Comi-sión, congresista Guevara Gómez, para susten-tar el dictamen.

La señora GUEVARA GÓMEZ (PAP).— Señor Presidente: Ha in-gresado para dictamen de la Comi-sión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de la República el Pro-yecto de Ley N.° 1520/2007-CR, por el que se propone derogar el Decre-

to Supremo N.° 005-2007-MIMDES, que crea la Dirección General de Protección Social y adscri-be la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopcio-nes del MIMDES; proyecto presentado por los congresistas Sucari Cari, Gutiérrez Cueva, Es-trada Choque, Beteta Rubín, Ramos Prudencio y Zeballos Gámez, del Grupo Parlamentario Unión por el Perú.

La Comisión, por acuerdo tomado en sesión or-dinaria de 30 de octubre de 2007, recomienda la aprobación del texto sustitutorio propuesto en su dictamen.

Quiero recordar a los colegas que mediante De-creto Supremo N.° 005-2007-MIMDES se creó la Dirección General de Protección Social, órgano de línea dependiente del Despacho Viceministe-rial de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desa-rrollo Social, sobre la base de las competencias y funciones del Programa Nacional Wawa Wasi, del Programa Nacional contra la Violencia Familiar

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.



y Sexual y de la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Volunta-riado del Programa Integral Nacional de Bienes-tar Familiar - INABIF. Asimismo, en ese decreto supremo se adscribe la Unidad Gerencial de In-vestigación Tutelar del Programa Integral Na-cional de Bienestar Familiar - INABIF a la Se-cretaría Nacional de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

El Instituto Nacional de Bienestar Familiar -IN-ABIF es un Organismo Público Descentraliza-do del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el cual, a partir de la promulgación de la Ley N.° 26918, Ley de creación del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, se constituyó como el órga-no rector del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, con la finalidad de dirigir las activida-des del Estado y convocar a la comunidad en ge-neral para la promoción, atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y, en general, a toda persona en situación de riesgo y abandono o con problemas psicosociales o corpora-les que menoscaben su desarrollo humano.

El Programa Nacional Wawa Wasi, palabra que-chua que significa “Casa de niñas y niños”, es el único programa social del Estado que brinda atención integral a la infancia temprana, respon-diendo a la necesidad del cuidado diurno para ni-ñas y niños menores de cuatro años, particular-mente para aquellos en situación de riesgo y en condición de pobreza o extrema pobreza.

Mediante Decreto Supremo N.° 008-2001-PRO-MUDEH, se creó en el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, hoy Mi-nisterio de la Mujer y Desarrollo Social, el Pro-grama Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, órgano encargado de diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, contribu-yendo así a mejorar la calidad de vida de la pobla-ción, desde una perspectiva de género.

El Programa Nacional contra la Violencia Fa-miliar y Sexual cuenta con un registro de casos de información tanto cuantitativa y cualitativa, que se genera en 38 Centros de Emergencia Mu-jer, ubicados en 20 departamentos del país; re-gistro que constituye un medio económico y va-lioso para obtener información para la toma de decisiones, la evaluación y el diseño de políti-cas sociales.

Los Centros de Emergencia Mujer son servicios públicos especializados y gratuitos de atención in-

tegral y multidisciplinaria para víctimas de vio-lencia familiar y sexual, a cargo del Programa Na-cional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

El texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1520/2007-CR, materia del presente dictamen, tiene por finalidad dejar sin efecto el Decreto Su-premo N.° 005-2007-MIMDES, por cuanto en la práctica no resulta técnico agrupar, como Red de Protección Social, a tres programas sociales con funciones totalmente diferentes como son el IN-ABIF, el Programa Nacional Wawa Wasi y el Pro-grama Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Ello simplemente ocasiona perjuicio pa-ra los beneficiarios.

De otro lado, cuando dicho decreto supremo ads-cribe la Unidad Gerencial de Investigación Tu-telar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones del MIMDES, no se ajusta al criterio de adoptar medidas de erradicación del trabajo infantil y apoyar la promoción de la paternidad responsable, priorizando como objetivos las de-claraciones de abandono y los procesos de adop-ción de los niños.

De manera que el único objetivo de la adscripción de dicha unidad gerencial se ha debido a una de-cisión política en ese momento antitécnica, que a través del presente proyecto de ley se pretende subsanar, dejando sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, para mejorar el funcio-namiento de los programas sociales a fin de que cumplan verdaderamente sus objetivos. Algo pa-recido sucedió en el caso del CONAPA; y el Po-der Ejecutivo aceptó lo erróneo de la función del citado organismo.

Por último, cuando se emitió el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, no se consideró la Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, por cuanto los Centros de Desarrollo In-tegral Familiar del INABIF, el Programa Nacional Wawa Wasi y el Programa Nacional contra la Vio-lencia Familiar y Sexual no ejercían funciones su-perpuestas. Por tanto, el haberlos fusionado no re-sulta concordante con el principio de eficiencia en la utilización de recursos que señala esa ley marco; como tampoco se ajusta al principio de especialidad, por cuanto fragmenta y disocia las funciones espe-cializadas que desarrollaba el INABIF a través de los Centros de Desarrollo Integral Familiar, los Ho-gares, las Beneficencias y otros programas sociales vinculados como un sistema integral.

Por esas consideraciones, solicito a la Represen-tación Nacional la aprobación del presente sus-



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titutorio contenido en el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 1520/2007-CR, que propone dejar sin efecto el Decreto Supremo N.° 05-2007-MIMDES, que crea la Dirección General de Pro-tección Social y adscribe la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF a la Secreta-ría Nacional de Adopciones del MIMDES.

De esta manera estaremos rectificando una erró-nea decisión del Poder Ejecutivo, en beneficio de muchos peruanos de los programas sociales que vienen a ser los más excluidos del país.

Eso es todo lo que puedo decir en cuanto a la sus-tentación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

—Asume la Presidencia el señor Aldo Es-trada Choque.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Concluida la sustentación del presente dictamen, se da ini-cio al debate del proyecto sustitu-torio.

Tiene la palabra la congresista Su-cari Cari, por los autores del proyec-

to y como representante de la bancada Unión por el Perú, hasta por cinco minutos.

La señora SUCARI CARI (N-UPP).— Presi-dente: La promulgación del Decre-to Supremo N.° 005-2007-MIMDES constituye un retroceso de la insti-tución familiar en el país, ya que hemos retornado al año 1975, cuan-do funcionaba la Junta de Asisten-cia Nacional y el Consejo Nacional

de Menores, en que el tratamiento de estos y la familia se daba en forma separada. Sin embar-go, con la creación del INABIF, y a través de sus diferentes programas, se logró articular un sis-tema integral de atención a la familia que se en-cuentra a la vanguardia de la legislación y de los programas de otros países.

Ha transcurrido ya casi un año de la promulga-ción de ese decreto supremo, y no se ha imple-mentado la Dirección General de Protección So-cial, por lo que no se ha cumplido con los objetivos para los cuales fue emitida esta norma; y lo que es más grave aún, ha generado una serie de pro-blemas en los programas nacionales que se en-cuentran comprendidos dentro de dicha Direc-ción General, como son el Programa Nacional Wawa Wasi, el Programa Nacional contra la Vio-

lencia Familiar y Sexual y la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Voluntariado.

El MIMDES, por su naturaleza y competencia, realiza funciones rectoras de supervisión y eva-luación de políticas y programas de su sector; pe-ro no es un ente ejecutor de programas sociales, como se pretende atribuir con la vigencia de es-te decreto supremo. Dicho decreto supremo ha desarticulado las acciones preventivo-promo-cionales que ejecutan los Centros de Desarro-llo Integral de la Familia -CEDIF y las acciones de atención integral que realizan los Hogares de Protección del INABIF; lo que ha puesto en riesgo la atención de sus beneficiarios, mediante el desabastecimiento de víveres, la falta de ali-mentación balanceada, el pago atrasado de las propinas a los cooperadores comunales, la fal-ta de un adecuado manejo administrativo, en-tre otros aspectos.

Por eso es necesario dejar sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, con la finalidad de fortalecer los programas sociales orientados a la promoción, atención y apoyo a niños, adoles-centes y adultos mayores; así como el Programa Nacional Wawa Wasi y el Programa Nacional con-tra la Violencia Familiar y Sexual, que atienden a la población más pobre y vulnerable. Es funda-mental que estos programas sigan funcionando con la metodología e infraestructura que garan-tice su desarrollo apropiado.

Por estas razones, solicito a la Representación Nacional votar a favor de la aprobación del tex-to sustitutorio contenido en este dictamen, que propone dejar sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra la congresista Cabani-llas Bustamante.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Señor Presidente: ¿En qué momento, por error o por trá-gica inspiración, se habrá dado el Decreto Supremo N.° 005-2007-MI-MDES? No es funcional ni respon-de ni respondió jamás a la realidad, tanto es así que nunca se llegó a im-

plementar la llamada Dirección General de Pro-tección Social, que, como cajón de sastre, apun-taba a incorporar al valioso Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual junto con



la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Voluntariado, el Pro-grama Nacional Wawa Wasi, Educadores de Ca-lle, etcétera.

Todos sabemos que un programa fundamental como el que lucha contra la violencia que sufre la mujer en la calle o en la casa, como es el Pro-grama Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ha desarrollado muchísimo con una vi-sión intersectorial, porque abarca, a través de los Centros de Emergencia Mujer, a educadores, abogados, médicos, sicólogos; y va en alianza es-tratégica con comisarías, con comités de la pro-pia sociedad, con organizaciones sociales de base. Porque la violencia que sufre la mujer, sea físi-ca o sicológica, le resta posibilidades para su de-sarrollo humano.

Por eso, nosotros vamos a aprobar este proyecto de ley que deja sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, porque nos parece que hay que restituir a cada uno de esos programas, tan importantes, con especialidad y objetivos propios, su calidad de unidades ejecutoras, para que pue-dan atender a los sectores más marginados, hu-mildes y pobres de la sociedad.

Es importante tener una visión funcional de efi-ciencia y de eficacia en las medidas que preten-den fusionar algunas dependencias pero que ol-vidan el criterio técnico y el criterio social.

Estos programas son útiles, y cada cual guarda su perfil, su especialidad, sobre todo, ese progra-ma tan importante que lucha contra la violencia familiar y sexual, y que es también concordante con las disposiciones nacionales e internaciona-les que el Perú ha suscrito, como la Convención Belem do Pará, que compromete a los Estados a luchar contra toda forma de discriminación que sufre la mujer.

Por eso creo que, en buena hora y sin mayor dis-crepancia, podemos concertar con nuestros votos y lograr que se restituya su alcance, su función, su competencia y su carácter de unidad ejecu-tora a cada uno de esos programas; sobre todo al Programa Nacional contra la Violencia Fami-liar y Sexual.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra la congresista Mora-les Castillo.

La señora MORALES CASTILLO (UN).—

Señor Presidente: En Unidad Na-cional, lógicamente estamos en con-tra de que esos programas se hayan fusionado. Sin embargo, creemos que no debe ser esta la manera en que ellos se independicen, porque pensamos que es competencia del

Poder Ejecutivo hacerlo.

Por otro lado, aunque creemos que separar estos programas es positivo, sobre todo —como dice la Municipalidad de Lima— por principio de espe-cialidad, entre otros fundamentos; creemos tam-bién que respecto a los mismos hay que dar un paso adelante y más efectivo, y con ello me refie-ro a lo que concierne a las adopciones.

Tenemos sobre el particular un grave problema social, que seguramente muchos de los congresis-tas conocen directamente, porque hemos visitado los centros donde están los niños para ser adopta-dos y donde, lamentablemente, ellos van crecien-do en condiciones que no son las mejores.

Resulta así que llegan a los 18 años de edad, sin que hayan podido ser adoptados, debido a que hay una serie de obstáculos, que empiezan en el mismo Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-cial. Por esa razón presentamos un proyecto de ley que, lamentablemente, no fue dictaminado en la legislatura pasada, destinado a crear una ofici-na de adopciones con rango de OPD.

Estos son programas que tienen una gran impor-tancia y trascendencia, y por tanto deben tener un mayor peso de carácter administrativo, con funciones que sean adecuadas para conseguir sus objetivos. Pero consideramos que lo que se pro-pone con el presente proyecto de ley lo debe ha-cer, en todo caso, el Poder Ejecutivo.

Por eso no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra la congresista Sasieta Morales.

La señora SASIETA MORALES (AP).— Se-ñor Presidente: Desde la época en que se expidió el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, dijimos que este decreto supremo transgredía absolutamente las metas con res-pecto a la equidad de género.

Lo dijimos con todas sus frases y en



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todas las formas a la anterior Ministra de la Mu-jer, porque ese decreto supremo pretendió crear una gerencia de protección social, como si las mujeres quisiéramos ser protegidas, cuando no-sotras somos ciudadanas de pleno derecho en el ejercicio de nuestra civilidad.

Pero no solamente cometió este decreto supre-mo tal felonía contra las mujeres, sino que qui-so extinguir el Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, quiso extinguir el Progra-ma Nacional Wawa Wasi, que es el único refu-gio donde las trabajadoras pueden llegar y de-jar a sus hijos.

Por eso saludo a mi colega Sucari y a su banca-da, porque esto se lo dijimos a la ministra Borra, tanto en la Comisión de Presupuesto como en la Comisión de la Mujer; pero ese decreto supremo seguía vigente.

Sin embargo, parece ser que nuevos vientos so-plan en el Ministerio de la Mujer. Este Decre-to Supremo N.° 005-2007-MIMDES, totalmente perverso por ir en contra de la equidad de géne-ro, es necesario que sea derogado, por una cues-tión de equidad en favor de la mujer, porque no queremos limosnas.

Nosotras las mujeres lo que queremos es tener un espacio, porque somos el 50% del país. Este decreto supremo, realmente, no solo contrave-nía, como dijo la colega Cabanillas, sino recon-travenía el Consenso de Quito, hecho en el año 2007, al cual no acudió la Ministra de la Mujer, que mandó a una funcionaria de tercer o cuarto rango, mientras ahí estaban los presidentes y las Ministras de la Mujer de otros países. Ella fue la única ministra que no asistió.

A partir de ahora, esperamos que la Ministra to-me nota de que lo que concierne a la mujer no puede estar al costado de un sótano en el Minis-terio de la Mujer y de que tenemos muchas ex-pectativas en el éxito de su gestión.

No a este Decreto Supremo N.° 005-2007-MIM-DES.

Por lo tanto, nuestra bancada va a apoyar es-ta iniciativa.

Gracias.

—Reasume la Presidencia el señor Luis Gonzales Posada Eyzaguirre.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-

sada Eyzaguirre).— Tiene la pa-labra la congresista Cribilleros Shi-gihara.

La señora CRIBILLEROS SHI-GIHARA (PAP).— Señor Pre-sidente: Hemos escuchado los motivos y los fundamentos de la vi-cepresidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social para de-jar sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-207-MIMDES.

Y, como no quiero ser repetitiva, sino más bien para garantizar el normal funcionamien-to del Programa Nacional Wawa Wasi, del Pro-grama Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y de la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Volun-tariado, así como de la Unidad Gerencial de In-vestigación Tutelar, adscrito a la Secretaría Ge-neral de Adopciones, creo que no basta dejar sin efecto ese decreto supremo. Por eso me permi-to proponer a la presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social un text o sustitutorio orientado al buen funcionamiento de estos pro-gramas y que precisaría lo siguiente: “Restitú-yase al Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y al Programa Nacional Wawa Wasi la condición que tenían de Unidades Eje-cutoras del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las acciones que correspon-dan, en coordinación con el Ministerio de la Mu-jer y Desarrollo Social. Retórnese, asimismo, la ex Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Voluntariado y la ex Unidad de Investigación Tutelar al INABIF, co-mo Órganos de Línea de su Unidad Ejecutora de origen”.

Son cuatro artículos que estoy presentando, y espero que la presidenta de la Comisión se sir-va considerarlos; por lo cual solicito que se pa-se a un cuarto intermedio a fin de que pueda recoger este texto, para garantizar el normal funcionamiento de esos programas nacionales y para que estos vuelvan a ser retomados por el INABIF.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la con-gresista Cuculiza Torre.



La señora CUCULIZA TORRE (GPF).— Presidente: En verdad, a mí me llama mucho la atención es-te Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, que, como se dice crio-llamente, está juntando papas con camotes.

Se trabajó tanto por esos programas, se luchó tanto porque cada dependencia de apoyo social fuera independiente, que no me explico cómo después de tantos logros se quiso fusionarlos. Yo he sido trabajadora del INABIF, cuando us-ted era Ministro de Justicia, y en esa época tra-bajé con la señora Antonieta Cevallos de Pria-lé, para mí la mejor Presidenta del INABIF que ha tenido el Perú. Verdaderamente, esta mu-jer nos dio ejemplo no solo de trabajo sino de vi-da, porque se entregó a su labor, especialmente a los niños. Fue una cosa maravillosa como se trabajó en el INABIF, y así se fueron creando es-tos programas, como el Programa contra la vio-lencia familiar.

Acabamos de aprobar en la Comisión de Justi-cia el proyecto de ley sobre violencia familiar, y sé que en el Pleno va a ser aprobado.

Les quiero comunicar a los colegas que, en ese entonces, había en el país solamente 29% de ho-gares violentos; hoy día tenemos 46% de hoga-res violentos. ¿Cómo se va a minimizar entonces este Programa contra la violencia familiar? La globalización se va a convertir en un fenómeno que no se podrá aceptar, porque distorsiona la función de cada proyecto del INABIF.

Por eso saludo a la señora Sucari y a su banca-da, y debo reconocer la iniciativa de velar por estos programas. De ninguna manera se tiene que dar pie atrás.

La especialización no es burocracia. La especia-lización, más bien, hace que la gente sea mejor atendida. Ahora mismo, Presidente, si usted va a todas esas oficinas que se crearon en mi época, que fueron refugio de las mujeres contra la vio-lencia, como son los centros de emergencia mu-jer, se podrá ver que en cada una de ellas hay ca-da cuatro gatos para atender a las personas. No es posible retroceder.

Por eso, ese decreto supremo tiene que ser to-talmente dejado sin efecto, para que el INABIF vuelva a tener el auge que tuvo cuando se creó.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la con-gresista Sumire de Conde.

La señora SUMIRE DE CON-DE (GPN).— Wiraqocha Presi-dente, colegas cogresistas, kay ratu-pi napayuykichis, sumaq p’unchay kachun llipintiykichispaq...[Señor Presidente; colegas Congresistas, esta intervención la inicio no sin antes decirles que tengan un buen día hoy...]2.

Señor Presidente: Sobre este Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, creemos que su deroga-ción es precisa, puesto que el decreto supremo en mención no observa lo señalado en la Ley N.° 27568, toda vez que los Centros de Desarrollo In-tegral de la Familia del INABIF, el Programa Na-cional Wawa Wasi y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual no ejercían fun-ciones superpuestas o las duplicaban; por lo que haberlos fusionado resulta atentatorio al prin-cipio de especialidad y eficacia, estipulado en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, desconociendo las funciones estableci-das al INABIF, máxime si esos programas van a ser transferidos a la Municipalidad Metropolita-na de Lima, conforme lo dispone el Decreto Su-premo N.° 036-2007-PCM, el cual señala especí-ficamente que los programas en mención serían transferidos a dicha Corporación.

Asimismo, es necesario indicar que cada progra-ma tiene funciones, objetivos, actividades dife-rentes, dirigidos a distintas poblaciones; por lo que sería ilógico que con la fusión que se seña-la puedan llegar a la población objetivo que ca-da programa mantiene.

La población conoce ya todas esas funciones y, por lo tanto, eso no se puede permitir. Por esa ra-zón llamo la atención respecto al hecho de que el Poder Ejecutivo esté dictando decretos supremos que afectan a todas esas instituciones y, en con-secuencia, a la población. Eso no puede ser.

Por último, quiero manifestar que el Decreto Le-gislativo N.° 1015, que afecta a nuestras comuni-dades campesinas, ha sido expedido sin consul-tar a estas comunidades

Por eso, nosotros vamos a votar a favor de la de-rogación de este decreto supremo.

Muchas gracias.2 Transcripción del texto en quechua y traducción al español: Noemí Vizcardo Rozas.



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El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la congre-sista Guevara Gómez, vicepresidenta de la Comi-sión de la Mujer y Desarrollo Social, a quien le recuerdo que una colega suya ha planteado que esta propuesta ingrese a un cuarto intermedio.

La señora GUEVARA GÓMEZ (PAP).— Señor Presidente: Agra-dezco las sugerencias que ha hecho la congresista Cribilleros, las cua-les hago mías, y por esa razón le pi-do que retire su planteamiento de cuarto intermedio. Los colegas tie-

nen ya en sus manos un nuevo texto sustituto-rio, al que voy a dar lectura, donde se recogen dichas sugerencias, que están precisando mejor este proyecto de ley que deja sin efecto el Decre-to Supremo N.° 005-2007-MIMDES.

El texto quedaría así:

“Artículo 1.°.— Objeto de la ley

Déjese sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES que crea la Dirección General de Protección Social y adscribe la Unidad Geren-cial de Investigación Tutelar del INABIF a la Se-cretaría Nacional de Adopciones del MIMDES.

Artículo 2.°.— Precisión

Precísase que se encuentran plenamente vigen-tes las disposiciones y/o artículos del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, aprobado por Decre-to Supremo N.° 011-2004-MIMDES, que hubie-ran sido modificados o derogados por el Decre-to Supremo N.° 005-2007-MIMDES, en tanto se apruebe el Reglamento de Organización y Fun-ciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social conforme a lo dispuesto por la tercera dis-posición transitoria de la Ley N.° 29158, Ley Or-gánica del Poder Ejecutivo.

Artículo 3.°.— Carácter de unidad ejecutora

Restitúyase al Programa Nacional contra la Vio-lencia Familiar y Sexual y al Programa Nacional Wawa Wasi la condición que tenían de unidades ejecutoras del Ministerio de la Mujer y Desarro-llo Social, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las acciones que correspon-dan, en coordinación con el Ministerio de la Mu-jer y Desarrollo Social.

Retórnese la ex Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Volunta-

riado y la ex Unidad de Investigación Tutelar al INABIF, como Órganos de Línea de su unidad eje-cutora de origen.

Artículo 4.°.— Facultades del MIMDES

Facúltese al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para que dicte las normas y disponga las acciones necesarias para el normal funcionamien-to de los programas nacionales comprendidos en la presente ley.”

Señor Presidente, solicito a la Representación Na-cional su voto a favor de este proyecto, que da-rá de inmediato mayor eficiencia a esos progra-mas sociales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Agradeceré a los señores congresistas registrar su asistencia para proceder a la votación del proyecto de ley al que se acaba de dar lectura.

—Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema digital para ve-rificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Han registrado su asisten-cia 95 parlamentarios.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba en pri-mera votación, por 89 votos a favor, ningu-no en contra y tres abstenciones, el texto sus-titutorio sobre la Ley que deja sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES que crea la Dirección General de Protección So-cial y adscribe la Unidad Gerencial de Inves-tigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones del MIMDES.


Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Núñez Román, Huancahuari Páucar, Ser-na Guzmán y Giampietri Rojas.






Ley que deja sIn eFecto eL decreto supreMo n.° 005-2007-MIMdes que crea La dIreccIón ge-neraL de proteccIón socIaL y adscrIbe La unI-dad gerencIaL de InvestIgacIón tuteLar deL In-abIF a La secretaría nacIonaL de adopcIones

deL MIMdes

Artículo 1.°.— Objeto de la Ley

Déjase sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES que crea la Dirección General de Protección Social y adscribe la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones del MIMDES.

Artículo 2.°.— Precisión

Precísase que se encuentran plenamente vigentes las disposiciones y/o artículos del Reglamento de Or-ganización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, aprobado por Decreto Supre-mo N.° 011-2004-MIMDES, que hubieran sido mo-dificados y/o derogados por el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIMDES, en tanto se apruebe el Regla-mento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social conforme a lo dis-puesto por la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Artículo 3.°.— Carácter de unidad ejecutora

Restitúyese al Programa Nacional Contra la Vio-lencia Familiar y Sexual y al Programa Nacional Wawa Wasi la condición que tenían de Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Mujer y Desarro-llo Social, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las acciones que correspondan, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y De-sarrollo Social.

Retórnence la ex Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Voluntaria-do (UGDIFPV) y la ex Unidad de Investigación Tu-telar al INABIF, como Órganos de Línea de su Uni-dad Ejecutora de origen.

Artículo 4.°.— Facultades del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES

Facúltase al Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-cial para que dicte las normas y disponga las accio-nes necesarias para el normal funcionamiento de los programas nacionales comprendidos en la pre-sente Ley.


“Primera votación del nuevo texto susti-tutorio del Proyecto N.° 1520

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Aguinaga Re-cuenco, Alcorta Suero, Alegría Pastor, Anaya Oro-peza, Andrade Carmona, Balta Salazar, Bruce Montes de Oca, Cabanillas Bustamante, Cabrera Campos, Cajahuanca Rosales, Calderón Castro, Cánepa La Cotera, Carpio Guerrero, Carrasco Távara, Chacón De Vettori, Cribilleros Shigiha-ra, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, Escude-ro Casquino, Espinoza Cruz, Espinoza Ramos, Espinoza Soto, Estrada Choque, Flores Torres, Florián Cedrón, Fujimori Fujimori, Fujimori Hi-guchi, García Belaúnde, Guevara Gómez, Gueva-ra Trelles, Gutiérrez Cueva, Hildebrandt Pérez Treviño, Isla Rojas, León Minaya, León Zapata, Luizar Obregón, Macedo Sánchez, Mallqui Beas, Maslucán Culqui, Mayorga Miranda, Menchola Vásquez, Mendoza del Solar, Morales Castillo, Moyano Delgado, Nájar Kokally, Negreiros Cria-do, Obregón Peralta, Ordóñez Salazar, Otáro-la Peñaranda, Pando Córdova, Pastor Valdivie-so, Peralta Cruz, Pérez Monteverde, Perry Cruz, Raffo Arce, Ramos Prudencio, Rebaza Martell, Reggiardo Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Delgado, Sala-zar Leguía, Saldaña Tovar, Sánchez Ortiz, San-tos Carpio, Sasieta Morales, Silva Díaz, Sousa Huanambal, Sucari Cari, Sumire de Conde, Su-pa Huamán, Torres Caro, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valle Riestra González Olaechea, Vargas Fernández, Vásquez Rodríguez, Vega Antonio, Venegas Mello, Vilca Achata, Víl-chez Yucra, Waisman Rjavinsthi, Wilson Ugarte, Zeballos Gámez y Zumaeta Flores.

Señores congresistas que se abstuvieron: Bedoya de Vivanco, Eguren Neuenschwander y Lombardi Elías.”

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la vice-presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarro-llo Social, congresista Guevara Gómez.

La señora GUEVARA GÓMEZ (PAP).— Se-ñor Presidente, agradezco a la Representación Nacional por su voto aprobatorio y solicito que se sirva consultar la exoneración de segunda vo-tación a favor de este proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Con la misma asistencia, se va a consultar.



1208


—Efectuada la votación, se acuerda, por 78 votos a favor, ninguno en contra y dos abs-tenciones, exonerar se segunda votación el texto sustitutorio sobre la Ley que deja sin efecto el Decreto Supremo N.° 005-2007-MIM-DES que crea la Dirección General de Pro-tección Social y adscribe la Unidad Geren-cial de Investigación Tutelar del INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones del MIMDES.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Ha sido acordado.

Se deja constancia del voto a favor de los con-gresistas Giampietri Rojas, Aguinaga Recuenco, Fujimori Higuchi, De la Cruz Vásquez, Fujimo-ri Fujimori, Chacón De Vettori, Pérez Montever-de, Cajahuanca Rosales, Espinoza Cruz y Castro Stagnaro, y de la abstención del congresista Lom-bardi Elías.

“Votación para exonerar de segunda vota-ción el nuevo texto sustitutorio del Proyec-

to N.° 1520

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Alcorta Suero, Alegría Pastor, Anaya Oropeza, Andrade Carmo-na, Balta Salazar, Bruce Montes de Oca, Cabani-llas Bustamante, Cabrera Campos, Calderón Cas-tro, Cánepa La Cotera, Carpio Guerrero, Carrasco Távara, Cribilleros Shigihara, Cuculiza Torre, Es-cudero Casquino, Espinoza Ramos, Espinoza Soto, Estrada Choque, Flores Torres, García Belaúnde, Guevara Gómez, Guevara Trelles, Gutiérrez Cue-va, Huancahuari Páucar, León Minaya, León Za-pata, Luizar Obregón, Macedo Sánchez, Mallqui Beas, Maslucán Culqui, Mayorga Miranda, Men-chola Vásquez, Mendoza del Solar, Morales Cas-tillo, Moyano Delgado, Nájar Kokally, Negreiros Criado, Núñez Román, Obregón Peralta, Ordóñez Salazar, Otárola Peñaranda, Pando Córdova, Pas-tor Valdivieso, Peralta Cruz, Perry Cruz, Ramos Prudencio, Rebaza Martell, Reggiardo Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Delgado, Salazar Leguía, Saldaña Tovar, Sánchez Ortiz, Santos Carpio, Sasieta Mo-rales, Silva Díaz, Sucari Cari, Sumire de Conde, Supa Huamán, Torres Caro, Uribe Medina, Urqui-zo Maggia, Urtecho Medina, Valle Riestra Gonzá-lez Olaechea, Vargas Fernández, Vásquez Rodrí-guez, Vega Antonio, Venegas Mello, Vilca Achata, Vílchez Yucra, Waisman Rjavinsthi, Wilson Ugar-te, Zeballos Gámez y Zumaeta Flores.

Señores congresistas que se abstuvieron: Bedoya de Vivanco y Eguren Neuenschwander.”

Se aprueba el nuevo texto sustitutorio, pro-puesto por la Comisión de Defensa Nacio-nal, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, sobre la Ley del Servicio Militar; y a continuación se acuer-

da exonerarlo de segunda votación

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— El siguiente punto es el re-lativo al proyecto de Ley del Servicio Militar, que había quedado al voto en la sesión del 21 de ma-yo. Así que vamos a dar la palabra a la presiden-ta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden In-terno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, congresista Cabanillas Bustamante, pa-ra que haga una exposición sobre el nuevo texto sustitutorio que propone dicha Comisión, sobre la base de los Proyectos de Ley 223, 224, 275, 398 y 1415/2006-CR.*

Puede proceder, señora Presidenta.

La señora CABANILLAS BUS-TAMANTE (PAP).— Presidente: Retorna de un cuarto intermedio es-te importante proyecto que modifica artículos fundamentales de la actual Ley N.° 27178, que es la del Servicio Militar en su carácter voluntario, como reza esta norma legal.

Las características ya las conocen ustedes, cole-gas, porque creo que es la tercera vez que lo esta-mos debatiendo. Hemos recogido aportes valiosos de diversos señores congresistas que intervinie-ron en la sesión pasada.

Podríamos señalar que esta es una ley que bus-ca que el servicio militar sea atractivo, y para ello ha dispuesto el incremento de la propina o asig-nación económica que reciben quienes hacen su servicio militar en la forma acuartelada, a un 10% de la unidad impositiva tributaria; vale decir, tri-plica lo que actualmente reciben.

Por otro lado, se está concediendo una serie de facilidades para que esos jóvenes puedan no so-lamente recibir formación técnica adicional a su formación militar en los cuarteles, es decir, forma-ción técnica en las diversas áreas, maestranzas, laboratorios, talleres de las instituciones milita-res; sino asimismo, vía y previo convenio del Mi-nisterio de Defensa con la Asamblea Nacional de Rectores, por un lado, o con la Oficina Nacional




de Becas y Crédito Educativo, por otro, facilida-des para que, por ejemplo, puedan tener acceso a una línea especial de crédito o a becas cuando, al concluir su servicio y tengan el estatus de li-cenciado, opten por seguir estudios superiores o estudios técnicos.

Presidente, con el mayor gusto le doy al congre-sista Bruce la interrupción que me solicita.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la interrupción, con-gresista Bruce Montes de Oca.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (AP).— Presidente, saludo las mejoras que se han hecho a este proyecto de ley en cuanto a que ya no tiene que emitirse la libreta mi-litar y en cuanto a que ya no hay un costo. Eso nos parece muy bien.

Pero permítame leer unas frases que dicen lo si-guiente: Hay que independizar al ciudadano del Estado. La menor cantidad de cosas deben ser so-licitadas al Estado. Tenemos que liberar al ciu-dadano del tiempo frente al Estado.

Esta es una cita del presidente Alan García en una entrevista que ha dado al periodista Carlos Espá y que ha sido repartida a todos los jefes de Estado de la Cumbre.

En ese sentido, me permito sugerir que se unifi-quen los trámites que tienen que hacer los jóve-nes al sacar su DNI con el Registro Militar. Na-da impide que en los establecimientos del Reniec pueda haber un escritorio donde esté un oficial de las Fuerzas Armadas; cosa que el joven se inscri-be, saca su DNI, y a continuación pasa al siguien-te escritorio y se inscribe en el Registro Militar. De esa manera es una sola cola, un solo día, una sola gestión; y cumplimos así con lo que dice el Presidente de la República y con lo que está de acuerdo el Ministro de Defensa, a fin de hacer-les la vida más fácil a nuestros hijos.

Reitero esa propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Puede continuar la presi-denta de la Comisión.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Presidente, le pido que no se corte mi tiempo, para poder dar argumentos en mérito a la intervención del congresista Bruce.

Porque yo y la Comisión, al haber aprobado por unanimidad no solo el texto original del dictamen, sino también los cambios que sucesivamente he-mos presentado, suscribimos todos los principios de simplificación administrativa, para no permitir que sobre el ciudadano caiga todo el peso de un Estado burocrático y lento; de eso se trata. Pero también, dentro de un punto de equilibrio, para que no ten-gamos luego que hacer correcciones como las que hemos hecho. Hace unos momentos hemos corregi-do un decreto supremo porque no funcionó.

Tenemos que respetar ciertas funciones esencia-les de las instituciones, como las que otorga bajo responsabilidad la Constitución a las institucio-nes militares, y así está establecido. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo por que esas competen-cias no signifiquen ni abuso ni pérdida de tiempo ni costo adicional para los ciudadanos.

Al respecto, el dictamen ha determinado la ex-tinción de la boleta y la eliminación del requisito de la libreta militar para la obtención del DNI. Trabajando en conjunto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil hemos señalado con absoluta objetividad cuánto puede cooperar el RENIEC en esto, y así lo ha hecho cuando ha dispuesto la opción de entregar un DNI cuando el joven acude a dicho Registro.

El joven ingresa al RENIEC, da sus datos y re-cibe un DNI, que es idéntico al que todos tene-mos. Pero lo singular es, primero, que no ha te-nido que presentar una libreta militar; segundo, que es un DNI que tiene el código de una mesa electoral diferida, para que cuando él cumpla 18 años de edad y haya un proceso electoral, con ese mismo DNI y en el transcurso de ocho años que tiene de vigencia, pueda usarlo para ejercer sus derechos ciudadanos. Vale decir que no hay más pago que el que el RENIEC establece para el DNI. Hemos eliminado la libreta militar y también ese costo y ese trámite.

Antes de continuar, le concedo al congresista Giampietri la interrupción que me solicita.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la interrupción, con-gresista Giampietri Rojas.

El señor GIAMPIETRI ROJAS (PAP).— Muchas gracias, señora congresista.

Quiero referirme a la observación hecha por el congresista Bruce, con el respeto y el afecto que le tengo.



1210

Creo que pedir que un joven, por una vez en su vida y por un día, vaya a hacer una cola y dé tes-timonio de si desea o no servir a su patria, no es nada grave como para ponernos a pensar que eso esté alterando su vida y la de otros mucha-chos como él.

Hoy en día los jóvenes no se sienten identifica-dos con el país; están influidos por la globaliza-ción en forma total. Hoy en día ya no son niños a los 18 años. Muchos de ellos tienen mujer e hi-jos. Los que van al Servicio Militar Obligatorio —y es una de la razones por la que hemos pedi-do en la Comisión que se les dé un aumento co-mo un atractivo— es porque ya están casados o tienen un compromiso.

Hoy en día usted va a cualquier pueblo joven y encuentra criaturas de 12, 13 años de edad que ya están encintas y que están juntadas con jóve-nes de 16, 17 años. Si ellos tienen una carga fa-miliar, cómo es que, ejerciendo sus funciones co-mo hombres totales, no pueden ser capaces, a los 18 años de edad, de presentarse para que les den una libreta y decir públicamente si desean prestar servicio militar o no. Eso es todo lo que se está pidiendo.

Además, el RENIEC no tiene capacidad ni podría tenerla, porque hay lugares en el Perú donde no funciona ese Registro y, no obstante, los jóvenes se pueden inscribir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Debo hacer recordar que la presidenta de la Comisión ha concedido ya dos interrupciones y que estamos para pasar a votar un texto que es unánime.

Puede continuar, congresista Cabanillas Busta-mante.

La señora CABANILLAS BUS-TAMANTE (PAP).— Presidente, se ha dicho para qué irían los jóve-nes a la Oficina de Registro Militar; pero esa es otra cuestión, y se hace sin costo y una sola vez.

Y es por lo siguiente: porque en esa oficina, que ya no puede ser del RENIEC —según el mismo RENIEC no los ha explicado en reunión en que hemos participado varios congresistas de la Co-misión—, se hacen las siguientes pruebas: una prueba de aptitud sicosomática, que determina el estado de normalidad orgánica, síquica y fun-

cional resultante del buen funcionamiento del organismo humano y que capacita al joven para servir al Estado, en este caso al Ejército; prueba de aptitud para el servicio en el activo, que es la prueba que identifica el estado orgánico, síquico y funcional de normalidad para el cumplimiento de las actividades propias de la institución mili-tar; y la determinación de la selección o no selec-ción, o la excepción.

Porque hay que determinar si aun dentro del cri-terio de voluntariedad la persona puede ser selec-cionada porque cumple determinados requisitos después de las pruebas que se le hacen; o no se-leccionada, porque no califica; o queda exceptua-da, porque aun calificando hay una excepción de carácter muy especial que ya está reglamentada, justamente, por la institución militar. O sea, hay una serie de pasos que nada tienen que ver con las funciones y con las competencias del RENIEC.

El RENIEC cumple, eso sí, con dicha inscrip-ción; primero otorga el DNI. No hay otro trámi-te, no hay tampoco el gasto de una libreta; eso se ha suspendido, y por esta razón, la misma insti-tución que estuvo muy preocupada por esto, que es la Alianza por los Derechos de los Ciudadanos, nos envía una última misiva en la cual dice lo si-guiente: “Saludar el texto sustitutorio presenta-do el día de ayer miércoles 21”, que es este, jus-tamente, que les he presentado y que recoge las iniciativas de varios congresistas. Repito: “Salu-dar el texto sustitutorio presentado el día de ayer miércoles —porque lleva fecha 22 de mayo— 21 de mayo, en el que se promueve el derecho a la identidad de los peruanos y peruanas, eliminan-do como documento obligatorio la libreta militar. Este nuevo texto se constituye en un avance im-portante en la eliminación de barreras que limi-tan el acceso de los peruanos a la identidad”.

Es decir, esa institución está reconociendo el es-fuerzo inmenso que ha hecho el Congreso, el Ple-no y la Comisión para poder desburocratizar y eli-minar costos innecesarios en esos trámites que hasta hace poco nos han acompañado.

Por eso invoco a los señores congresistas su voto aprobatorio; porque indudablemente, de no apro-bar este texto quedaría absolutamente en vigen-cia la ley anterior, que tiene una serie de defec-tos y que está implicando lo que bien ha señalado el congresista Bruce. Hemos avanzado, quizá no para llegar a lo perfecto; pero, dentro del res-peto a las competencias y al concepto de defen-sa y de reserva nacional que corresponde admi-nistrar a las Fuerzas Armadas, hemos avanzado al máximo.



Le agradezco, Presidente, y pediría a la Repre-sentación Parlamentaria que nos acompañe con su voto.

Colega, puedo dar solamente dos interrupciones. Esta sería una tercera que, por excepción, con todo gusto, se la concedería al congresista de la bancada Nacionalista.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Por excepción, tiene la in-terrupción el congresista Otárola Peñaranda.

El señor OTÁROLA PEÑARAN-DA (GPN).— Presidente, voy a ser breve.

Coincidimos en parte con lo dicho por el congresista Giampietri, en el sentido de que tenemos un deber cí-

vico para con la nación. Sin embargo, lo que que-remos evitar son costos y gastos innecesarios pa-ra los jóvenes peruanos.

Vamos a apoyar este proyecto de ley si se garan-tiza un presupuesto para que los costos de la Li-breta Militar, de la Boleta de Inscripción, los que generen la participación de los ciudadanos, la cola que van a hacer con mucho gusto una vez en su vida, todos esos costos los asuma el Estado.

Esto lo mantenemos como un principio nuestro, porque no se puede pedir a los jóvenes del Perú que financien instituciones que el Poder Ejecu-tivo está obligado a financiar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Puede continuar la presi-denta de la Comisión.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Presidente, eso nos preocupó muchí-simo y también fue materia de debate aquí en algún momento; por ese motivo colocamos un artículo 83.°, donde señalamos que las institucio-nes de las Fuerzas Armadas —y también, a su-gerencia de uno de los señores congresistas— y el Ministerio de Relaciones Exteriores para las Oficinas Consulares —o sea, para atender a los peruanos en el exterior— formularán su presu-puesto ordinario considerando la asignación pre-supuestal que permita la adecuada aplicación de la presente ley.

Hemos previsto la eliminación del costo, que es más o menos seis o siete millones, y lo hemos con-

sultado también, para que eso sea subsanado y no haya ningún tipo de menoscabo económico. Ese aspecto, reitero, sí ha sido materia de preocupa-ción de la Comisión.

Dicho esto, creo que podemos pasar al voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Señores congresistas, ten-gan la amabilidad de registrar su asistencia para proceder a la votación.

—Los señores congresistas registran su asistencia por medio del sistema digital pa-ra verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Han registrado su asisten-cia 96 congresistas.

Debo recordar que este proyecto de ley requiere 61 votos para su aprobación.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba en pri-mera votación, por 82 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el texto sustituto-rio sobre la Ley del Servicio Militar.


Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Raffo Arce, Castro Stagnaro y Cajahuan-ca Rosales.




Ley deL servIcIo MILItar

Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1.°.— Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto regular el Servi-cio Militar Voluntario, su organización, alcances,



1212

modalidades, procedimientos y su relación con la movilización, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los Convenios Internacionales de los cuales el Perú es parte.

Artículo 2.°.— El Servicio Militar

El Servicio Militar es una actividad de carácter personal. Mediante ella, todo peruano puede ejer-cer su derecho y deber constitucional de partici-par en la Defensa Nacional. Es prestado por varo-nes y mujeres sin discriminación alguna, a partir de los dieciocho (18) años de edad.

Artículo 3.°.— Respeto a la persona

La dignidad y los derechos fundamentales de la per-sona son valores que todo integrante de las Fuer-zas Armadas tiene la obligación de respetar y el de-recho de exigir.

Artículo 4.°.— Ámbito de aplicación

La presente Ley se aplica a todos los peruanos, por nacimiento o naturalización, desde que cum-plen los diecisiete (17) años y hasta los cincuen-ta (50) años de edad.

Artículo 5.°.— Responsabilidades

El Ministerio de Defensa es responsable de la or-ganización del Servicio Militar, cuya estructura y funciones son determinadas en la presente Ley.

Los organismos de cada Institución de las Fuer-zas Armadas, conforme lo determine el regla-mento correspondiente, son los responsables di-rectos del cumplimiento de la presente Ley y de la administración y uso adecuado de los recur-sos económicos asignados para su correcto fun-cionamiento.

Artículo 6.°.— Prohibición del reclutamien-to forzoso

Prohíbese el reclutamiento forzoso como proce-dimiento de captación de personas con la finali-dad de incorporarlas al Servicio Militar.

Artículo 7.°.— Derecho de sufragio

Los peruanos que se encuentran cumpliendo el Servicio Militar ejercen libremente el de-recho de sufragio, de conformidad con lo dis-puesto en el artículo 34.° de la Constitución Política del Perú, y de acuerdo con los proce-dimientos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 8.°.— Confidencialidad de la in-formación

Las personas involucradas en la presente Ley es-tán obligadas a guardar secreto y a no difundir los conocimientos o informaciones recibidos o adqui-ridos en el cumplimiento del Servicio Militar.

Artículo 9.°.— Cese de la incapacidad civil

Para efectos de la presente Ley, la incapacidad ci-vil relativa de los menores de edad cesa a partir de los diecisiete (17) años cumplidos.

Título II

De la finalidad del Servicio Militar

Artículo 10.°.— Finalidad del Servicio Mi-litar

El Servicio Militar tiene por finalidad capacitar y entrenar a los peruanos en edad militar en las Insti-tuciones de las Fuerzas Armadas, a fin de que estén preparados para cumplir con la Patria en la defensa de su soberanía e integridad territorial, con las fun-ciones que les asignen tanto la Constitución Políti-ca del Perú como las leyes de la República.

Artículo 11.°.— Entrenamiento y movili-zación

Corresponde a cada Institución de las Fuerzas Armadas planear, organizar, dirigir y controlar la situación militar de los peruanos inscritos en el Registro Militar, a fin de mantener al perso-nal de Reserva perfectamente organizado y en-trenado y en condición de ser movilizado para la Defensa Nacional.

Artículo 12.°.— Acciones cívicas y alfabe-tización

El personal militar desarrolla acciones cívicas en apoyo a la población, entre ellas, la alfabetización. Esta se realiza de acuerdo con los programas que establecen el Ministerio de Defensa y las Institu-ciones Armadas.

El Ministerio de Defensa celebrará un convenio marco con el Ministerio de Educación, en el que se incluirá la capacitación del personal militar con la finalidad de que se desempeñe en tareas de alfabetización. Esta capacitación se acredita con el certificado correspondiente. Las actividades de alfabetización se realizarán en las instalaciones militares y en aquellos centros educativos deter-minados por el Ministerio de Educación.



Las Fuerzas Armadas cooperarán para hacer efectiva la Política de Estado de reducir el anal-fabetismo hasta su eliminación.

Artículo 13.°.— De la educación para la De-fensa Nacional

El Ministerio de Educación promoverá el desa-rrollo de aprendizajes relacionados con la Defen-sa Nacional, en el marco de una educación ciuda-dana, cívica, democrática y patriótica.

Artículo 14.°.— Encuentro cívico-militar

El encuentro cívico-militar es la interacción vo-luntaria de los jóvenes inscritos en el Registro Militar, en actividades programadas por las Insti-tuciones de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de conocer los alcances de sus deberes y derechos para con la Patria y la Defensa Nacional.

Título III

De la organización del Registro Militar

Artículo 15.°.— Organización del Registro Militar

El Registro Militar se estructura sobre la base de los siguientes órganos:

a) Oficina Central de Registro Militar.

b) Organismos de Reserva y Movilización de ca-da Institución de las Fuerzas Armadas.

c) Oficinas de Registro Militar de las Fuerzas Armadas.

d) Oficinas de Registro Militar de las Oficinas Consulares del Perú en el exterior.

Su organización y funciones son establecidas en el Reglamento de la presente Ley y por el Regla-mento Consular del Perú en el caso de las ofici-nas consulares.

Artículo 16.°.— De la Oficina Central de Re-gistro Militar

La Oficina Central de Registro Militar depende del Ministerio de Defensa. Tiene a su cargo unificar la información generada por los órganos señalados en los literales b), c) y d) del artículo 15.°; y, asimis-mo, organizar y mantener el Archivo Central del Registro de Inscripción Militar. También consolida la información que le remita el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Está integrada por representantes de cada una de las Instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General de Política Consular del Mi-nisterio de Relaciones Exteriores.

Artículo 17.°.— De los Organismos de Re-serva y Movilización de las Instituciones de las Fuerzas Armadas

Los Organismos de Reserva y Movilización de ca-da Institución de las Fuerzas Armadas tienen por finalidad consolidar la información del personal inscrito en los Registros Militares y del personal que realiza el Servicio Militar en el Activo. Asi-mismo, organizan la Reserva y supervisan las ac-tividades de instrucción y entrenamiento duran-te los llamamientos a los reservistas.

Artículo 18.°.— De las Oficinas de Registro Militar de las Instituciones Armadas

Las Oficinas de Registro Militar dependen, orgá-nica y administrativamente, de los Organismos de Reserva y Movilización de las Fuerzas Arma-das. Están encargadas de las acciones de inscrip-ción, calificación, selección, organización y demás procedimientos del Registro Militar.

El Registro de Inscripción Militar constituye una base de datos en la que consta la situación militar de los peruanos respecto a sus obligaciones mili-tares. Dicha base de datos es depurada y actua-lizada continuamente con la información que se recibe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Las Oficinas de Registro Militar participan, en tiempo de paz, en el planeamiento y preparación de la movilización.

Artículo 19.°.— De las sedes de las Ofici-nas de Registro Militar de las Fuerzas Ar-madas

Las Oficinas de Registro Militar funcionan en to-das las capitales de las provincias del país y en las localidades donde las Instituciones de las Fuerzas Armadas tienen sus unidades y dependencias. En la capital de la República y en las ciudades con más de un millón de habitantes, puede funcionar más de una Oficina de Registro Militar.

En aquellas provincias donde no exista dependen-cia alguna de las Fuerzas Armadas, la Oficina de Registro Militar será administrada por el Ejérci-to, el cual instalará Oficinas Móviles de Registro Militar, las cuales dejarán de funcionar en caso de que se active en dicho lugar alguna unidad o



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dependencia permanente de las otras Institucio-nes de las Fuerzas Armadas.

Las Oficinas de Registro Militar de las Oficinas Consulares funcionan en territorio extranjero y en la ciudad donde se encuentre instalada la res-pectiva Oficina Consular.

Título IV

Del Servicio Militar

Capítulo I

De la organización del Servicio Militar

Artículo 20.°.— De las clases

Para efectos del Servicio Militar, los peruanos se-rán agrupados por clases. Estas se constituyen según el año de la inscripción. La agrupación se hará separando hombres de mujeres.

Artículo 21.°.— De las formas del servicio

a. El Servicio Militar se presta en las formas si-guientes:

Servicio en el Activo.— Es aquel que se cumple en las Unidades, Bases o Dependencias de las Ins-tituciones de las Fuerzas Armadas.

b. Servicio en la Reserva.— Es aquel que se cum-ple en las Unidades, Bases o Dependencias de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, con la con-currencia a instrucción o entrenamiento duran-te períodos determinados; asimismo, en casos de movilización militar o de grave amenaza o peligro inminente para la seguridad nacional.

Capítulo II

De los procedimientos del Registro Mili-tar

Artículo 22.°.— De las Juntas

Para la aplicación de la presente Ley, funciona-rán las juntas siguientes:

a. Juntas de Inscripción.

b. Juntas de Calificación y Selección.

c. Juntas de Revisión.

La conformación, funciones, atribuciones y res-ponsabilidades, así como el funcionamiento de

las juntas, son establecidos en el reglamento de la presente Ley y en el reglamento de las Oficinas Consulares del Perú en el extranjero.

Artículo 23.°.— De la inscripción en el RE-NIEC y en el Registro Militar

El peruano, al cumplir los diecisiete (17) años, se inscribe obligatoriamente en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para ob-tener su Documento Nacional de Identidad (DNI), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31.° de la Ley N.° 26497, Ley Orgánica del Registro Na-cional de Identificación y Estado Civil.

Este DNI tendrá una vigencia de ocho (8) años; su color será el mismo que el de los mayores de edad; y en él constará el número de una mesa de votación diferida, la cual será activada automá-ticamente cuando su titular cumpla los dieciocho (18) años de edad.

Dentro de los noventa (90) días siguientes a la obtención del DNI, se realiza la inscripción mili-tar obligatoria en las Oficinas de Registro Mili-tar. En dicho acto se llevan a cabo tanto los exá-menes psicosomáticos como la toma de medidas antropométricas, para determinar la calificación del inscrito.

Por razones de seguridad y defensa nacional, la información del Registro Militar tiene carác-ter clasificado y es de uso exclusivo de las Fuer-zas Armadas.

Las personas que adquieren la nacionalidad pe-ruana deben inscribirse dentro de los noventa (90) días siguientes a la obtención del DNI.

La inscripción es personal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 25.°. Los datos propor-cionados en la inscripción militar tienen carác-ter de declaración jurada.

Artículo 24.°.— Del lugar de la inscripción y asignación de cuotas

La inscripción se realiza ante las Juntas de Ins-cripción correspondientes de las Oficinas de Re-gistro Militar. También puede efectuarse, a re-querimiento de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, en los municipios provinciales o distri-tales donde reside el interesado. Los peruanos do-miciliados en el exterior se inscriben en el consu-lado más cercano.

Para efectos de distribución de la población en edad militar en las Instituciones de las Fuerzas



Armadas, el Ministerio de Defensa es competen-te para asignar las cuotas porcentuales, conside-rando la necesidad de efectivos.

Artículo 25.°.— De la inscripción de oficio en el Registro Militar

Los Directores de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, de la Escuela Nacional de Marina Mercan-te y de los Colegios Militares solicitan la inscrip-ción de oficio de los cadetes o alumnos.

Igual obligación corresponde a la máxima au-toridad de los centros de readaptación, claus-tros, conventos, comunidades religiosas y otras asociaciones de la misma índole, con relación a su personal interno; así mismo, a los guardado-res, tutores, curadores y a quienes ejerzan la pa-tria potestad de personas con discapacidad físi-ca o mental.

Artículo 26.°.— De los residentes y los na-cidos en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores, con la in-formación brindada por el RENIEC, debe remi-tir al Ministerio de Defensa, durante el mes de noviembre de cada año, la relación nominal de los peruanos que, al año siguiente, cumplan die-cisiete (17) años de edad. Dicho documento de-be contener la relación de los nacidos en el exte-rior, así como la de los residentes en el exterior, los cuales deberán inscribirse en el Registro Mi-litar al año siguiente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores está obli-gado a hacer cumplir lo dispuesto en la presente Ley en lo que fuera aplicable en el exterior y den-tro del marco de los acuerdos internacionales y la legislación interna del Estado ante el cual se en-cuentren acreditadas sus Oficinas Consulares.

Las Oficinas Consulares, para los efectos de la presente Ley y manteniendo su dependencia or-gánica y administrativa con el Ministerio de Re-laciones Exteriores, se constituyen en Oficinas de Registro Militar en su respectiva circunscripción consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores envía al Ministerio de Defensa la información de los nacionales que se registren en el exterior.

La inscripción fuera de plazo en los Registros de Inscripción Militar de las Oficinas Consulares en el exterior no está sujeta al pago de multas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores suscribi-rá un convenio de colaboración interinstitucio-

nal con el Ministerio de Defensa para el adecua-do cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 27.°.— Del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) remitirá al Ministerio de Defen-sa, antes del 15 de enero de cada año, la relación nominal de los peruanos que el año anterior cum-plieron diecisiete (17) años de edad. En dicha re-lación se separan los hombres de las mujeres es-pecificando el número de su Documento Nacional de Identidad y fecha de nacimiento.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) remitirá trimestralmente la nó-mina de las personas, entre dieciocho (18) y cin-cuenta (50) años de edad, que hubiesen fallecido, a fin de mantener actualizada la Base de Datos del Registro Militar y, en especial, la del perso-nal de la Reserva.

Artículo 28.°.— De la omisión a la inscrip-ción y su regularización

Quien no cumpla con inscribirse en el Registro de Inscripción Militar en el plazo establecido será considerado Omiso a la Inscripción. El procedi-miento para regularizar tal situación se estable-ce en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 29.°.— De la Constancia de Inscrip-ción Militar y de la Libreta Militar

Las Oficinas de Registro Militar otorgan gratuita-mente la Constancia de Inscripción Militar (CIM) al momento de la inscripción.

La Libreta Militar es el documento que acredita la situación militar y se otorga solo a quienes ha-yan prestado el Servicio Militar. Dicho documento también se otorga a los peruanos que, siendo par-te de la Reserva, poseen doble nacionalidad.

Artículo 30.°.— Del proceso de calificación y selección

El proceso de calificación y selección tiene por objeto identificar, entre los inscritos en la última clase, a aquellos que reúnen las condiciones pa-ra prestar el Servicio en el Activo y en la Reser-va, según lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 31.°.— De la oportunidad

Las Juntas de Calificación y Selección de cada Institución de las Fuerzas Armadas realizan el



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proceso de calificación y selección en el lugar y fecha de la inscripción.

Artículo 32.°.— De la calificación

Las Juntas de Calificación y Selección califican a los inscritos en una de las siguientes categorías:

a. Seleccionado.

b. No seleccionado.

c. Exceptuado.

Artículo 33.°.— Del seleccionado

Se califica como seleccionado al inscrito que re-úne las condiciones de aptitud e idoneidad para el Servicio en el Activo. Los seleccionados que no se incorporen voluntariamente al Servicio en el Activo forman parte de la Reserva.

Artículo 34.°.— Del no seleccionado

Se califica como no seleccionado al inscrito que no reúne las condiciones de aptitud e idoneidad para el Servicio en el Activo, el cual pasa a for-mar parte de la Reserva.

Artículo 35.°.— Del exceptuado

Se califica como exceptuado al inscrito que está impedido de servir en el Activo o en la Reserva. Se considera como tal a:

a. Quien adolece de incapacidad física o mental de carácter permanente, o enfermedad incurable que lo imposibilite para llevar armas o desempeñar otras funciones que la Defensa Nacional exige.

b. Quien se encuentre cumpliendo pena privati-va de libertad efectiva.

c. Quien mantenga obligaciones familiares de ca-rácter excepcional.

d. Los inscritos en las Oficinas de Registro Mili-tar de las Oficinas Consulares.

Artículo 36.°.— De los criterios para la ca-lificación y selección

Los criterios de calificación y selección son los siguientes:

a. Aptitud psicofísica, de acuerdo con el regla-mento de cada Institución de las Fuerzas Ar-madas.

b. Ocupación.

c. Grado de instrucción.

d. Destrezas o habilidades afines a las del servi-cio activo.

Artículo 37.°.— Del trámite para los excep-tuados

Los inscritos que se consideran con derecho a ser exceptuados deben presentar, ante la Junta de Calificación y Selección, los documentos pro-batorios señalados en el reglamento.

También están facultados para realizar este trámite los funcionarios o representantes legales a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 25.°.

Artículo 38.°.— De la revisión

El inscrito que no está de acuerdo con los resul-tados de la calificación y selección podrá solicitar la evaluación de su caso ante la Junta de Revi-sión correspondiente, presentando los documen-tos sustentatorios.

Título V

Del Servicio Militar en el activo

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 39.°.— Del deber y responsabilidad del personal del Servicio en el Activo

Durante la realización del Servicio Militar, el per-sonal está obligado a cumplir con las órdenes que impartan los superiores y con las prescripciones y mandatos que constituyen la base fundamental del servicio. Asimismo, se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Constitución Polí-tica del Perú, en la presente Ley y su reglamento, en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Arma-das y en el Código de Justicia Militar Policial.

Artículo 40.°.— De la Oficina de Asistencia al Personal del Servicio Militar

La Oficina de Asistencia al Personal del Servicio Militar depende de las Inspectorías Generales de las Instituciones Armadas, las que reportan a la Inspectoría General del Ministerio de Defensa.

Su función es mantener la comunicación entre las Instituciones de las Fuerzas Armadas y los fami-



liares del personal que presta Servicio Militar, y recabar información respecto de la calidad de las prestaciones que se brindan en el Servicio Mili-tar con la finalidad de elaborar propuestas para la mejora continua de dichas prestaciones.

Su finalidad es velar por el respeto de los dere-chos fundamentales de la persona.

Artículo 41.°.— De las bajas

Las bajas del Servicio Militar en el Activo se pro-ducen por:

a. Tiempo cumplido.

b. Medida disciplinaria.

c. Pena privativa de libertad efectiva impuesta por sentencia judicial, consentida o ejecutoriada.

d. Medidas restrictivas de la libertad dispuestas por la autoridad judicial con un plazo mayor de seis (6) meses.

e. Incapacidad física o psíquica que impida cum-plir con el servicio.

f. Fallecimiento.

g. Desaparición o ausencia judicialmente decla-rada.

h. Alistamiento indebido.

i. Circunstancias excepcionales determinadas en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 42.°.— Del reenganche

El personal que, habiendo cumplido su tiempo de Servicio en el Activo, solicita continuar en él, pue-de ser aceptado en calidad de reenganchado. Di-cha aceptación se hace manifiesta mediante con-trato por períodos sucesivos de dos (2) años.

Se puede solicitar la cancelación del contrato pa-sado un período de tres (3) meses, en las condi-ciones y con los requisitos que determine cada Institución de las Fuerzas Armadas.

La asignación económica mensual a que se refie-re el numeral 4) del artículo 54.° será incremen-tada en un cincuenta por ciento (50%), desde el primer mes de su reenganche.

Después de un segundo período, los reengancha-dos pueden acceder directamente a la jerarquía

de Suboficial u Oficial de Mar, siempre y cuando cumplan con los requisitos y las condiciones que determine para tal efecto cada Institución de las Fuerzas Armadas.

Artículo 43.°.— De las modalidades del Ser-vicio en el Activo

El Servicio en el Activo se cumple bajo las siguien-tes modalidades:

a) Acuartelado y

b) no acuartelado.

Capítulo II

Del Servicio Militar Acuartelado

Artículo 44.°.— Del Servicio Militar Acuar-telado

El Servicio Militar Acuartelado es aquel que se cum-ple en forma permanente en las Unidades, Bases y Dependencias de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, durante el tiempo previsto en la presen-te Ley. Es realizado por los seleccionados, entre los dieciocho (18) y los treinta (30) años de edad.

Artículo 45.°.— Evaluación de aptitud psi-cofísica

Entre los cuarenta y cinco (45) y noventa (90) días posteriores a la incorporación de un contin-gente, se practicará una evaluación de aptitud psicofísica para verificar que los reclutas no pre-senten incompatibilidades con la prestación del Servicio Militar.

Artículo 46.°.— Del llamamiento

El llamamiento es el acto mediante el cual se con-voca a los inscritos para su incorporación volun-taria al Servicio en el Activo. Puede ser ordina-rio o extraordinario.

Artículo 47.°.— Del llamamiento ordinario

El llamamiento ordinario se dispone anualmente, mediante resolución ministerial, en las fechas que determine cada Institución de las Fuerzas Arma-das. Comprende a los inscritos de la última cla-se y a los de las clases anteriores. Su finalidad es satisfacer los requerimientos de personal para el Servicio Militar Acuartelado.

En caso de ser necesario y con el fin de completar los efectivos del servicio militar de las Institucio-



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nes Armadas, se podrá realizar un llamamiento ordinario complementario. Este llamamiento se efectúa mediante resolución ministerial.

Artículo 48.°.— Del llamamiento extraor-dinario

El Poder Ejecutivo dispondrá, por decreto supre-mo, el llamamiento extraordinario para cada Ins-titución de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de personal pa-ra el Servicio Militar Acuartelado.

Artículo 49.°.— Del llamamiento y prórro-ga del licenciamiento

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, puede adelantar los llamamientos ordinarios o prorrogar el licenciamiento de cada clase o par-te de ella por razones de seguridad, emergencia nacional o movilización.

Artículo 50.°.— Del sorteo

Cuando el número de seleccionados voluntarios exceda o sea menor al requerido por las Institucio-nes de las Fuerzas Armadas para cubrir las nece-sidades de personal para el Servicio Militar Acuar-telado, se realizará un sorteo público. Su finalidad es definir quiénes serán incorporados a filas.

Artículo 51.°.— Del lugar y fecha de pre-sentación

Las Instituciones de las Fuerzas Armadas harán conocer a los seleccionados, con la debida antici-pación, el lugar y fecha de presentación para su incorporación al Servicio Militar Acuartelado.

Artículo 52.°.— Del procedimiento de in-corporación

El procedimiento para la incorporación del per-sonal en el Activo es establecido en el reglamen-to de la presente Ley.

Artículo 53.°.— De la duración del Servicio Militar Acuartelado

El Servicio Militar Acuartelado tiene una du-ración mínima de doce (12) meses y máxima de veinticuatro (24) meses.

Artículo 54.°.— De los derechos y benefi-cios

Los derechos y beneficios para quienes se encuen-tren cumpliendo el Servicio Militar Acuartelado son los siguientes:

1. Alimentación diaria.

2. Dotación completa de prendas según la re-gión y la estación.

3. Prestaciones de salud.

4. Asignación económica mensual que se incre-menta gradualmente hasta alcanzar el diez por ciento (10%) de la Unidad Impositiva Tributa-ria, y que deberá ser establecida anualmente en el Presupuesto General del Sector Público.

5. Viáticos y pasajes para comisión del servicio.

6. Seguro de vida y servicio de sepelio.

7. Presentar solicitudes escritas o verbales an-te la autoridad militar a cargo de la unidad o de-pendencia en que se desempeñan, con el objeto de manifestar cualquier situación de su interés.

8. Recibir educación básica, educación técnico-productiva o educación superior tecnológica en distintas especialidades, las que darán lugar a la obtención de la certificación o del título corres-pondiente a nombre de la Nación, reconocidos por el Ministerio de Educación, previa convali-dación y/o continuación de estudios de ser el ca-so, de acuerdo con la Ley General de Educación y sus reglamentos respectivos. El reglamento de la presente Ley establecerá cuáles son las espe-cialidades a que se hace referencia en el presente numeral y las instituciones de educación pública que brindarán matrícula en los niveles y moda-lidades señalados, previo convenio con el Minis-terio de Educación.

9. Facilidades para iniciar, continuar y culminar estudios de educación universitaria en las insti-tuciones educativas públicas, así como para ser considerados con la categoría más baja para los pagos correspondientes en instituciones educa-tivas privadas.

10. Descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de las entradas a museos, lugares históricos, culturales y a todo espectáculo público auspicia-do por el Instituto Nacional de Cultura.

11. Descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de las entradas a eventos deportivos organi-zados por el Instituto Peruano del Deporte.

12. Bonificación equivalente a diez (10) puntos sobre cien (100) en la nota final, para los postu-lantes a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.



13. Cincuenta por ciento (50%) de descuento en el monto de pago por derechos de inscripción e ingre-so a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Ar-madas y de la Policía Nacional del Perú.

14. Cincuenta por ciento (50%) de descuento en el monto de pago de los derechos por inscripción, in-greso y pensiones. Para ello, el Ministerio de De-fensa firmará convenios con las instituciones de educación superior públicas y privadas, universi-tarias y no universitarias.

15. Becas de estudios en las universidades públicas en un porcentaje no menor al cinco por ciento (5%) del total de ingresantes en cada proceso de admi-sión. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa cele-brará convenios con la Asamblea Nacional de Rec-tores. En igual sentido se celebrarán convenios con los representantes de las universidades públicas y con las instituciones de educación superior.

16. Reserva anual del diez por ciento (10%) de las vacantes declaradas en las Escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, las cuales serán cubiertas por personal procedente del Servicio Militar que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos por cada Institución Armada.

17. Acceso a una línea especial de crédito para el personal de tropa, la cual será creada por el Ban-co de la Nación.

18. Asistencia médica de salud en los Centros Hos-pitalarios del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud (ESSALUD) y en los Institutos Armados.

19. Apoyo de asistencia social.

20. Un menor tiempo de servicio para los que sir-van en zonas declaradas en Estado de Excepción o zonas de frontera, de acuerdo con lo que esta-blezca el reglamento de la presente Ley.

21. Los demás derechos y beneficios establecidos en las normas pertinentes.

Capítulo III

Del Servicio Militar no Acuartelado

Artículo 55.°.— Del Servicio Militar no Acuartelado

Es aquel que se cumple, voluntaria y parcialmen-te, en las Unidades, Bases y Dependencias de las Instituciones de las Fuerzas Armadas. Su dura-ción es de un mínimo de doce (12) meses y un

máximo de veinticuatro (24) meses. Las normas y procedimientos del Servicio Militar No Acuar-telado serán establecidos en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 56.°.— De los derechos y beneficios en el Servicio Militar No Acuartelado

La especificación de los derechos y beneficios en el Servicio Militar No Acuartelado será detallada en el reglamento de la presente Ley.

Capítulo IV

Otras modalidades del Servicio Militar No Acuartelado

Artículo 57.°.— Otras modalidades del Ser-vicio Militar No Acuartelado

Se considera que ha cumplido Servicio Militar en el Activo, no afecto a la denominación de licencia-do ni a los beneficios que otorga la Ley, el siguien-te personal:

a) Los ex cadetes y ex alumnos de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, siempre que hayan permaneci-do en ellas por lo menos un (1) año y no hayan si-do dados de baja por medida disciplinaria.

b) Los egresados de los colegios militares.

c) El personal que ha recibido instrucción militar como Reserva Individual de Complemento, reem-plazos críticos, servicio activo no acuartelado no remunerado y otras modalidades similares que es-tablezca el reglamento de la presente Ley.

Artículo 58.°.— Del Servicio en el Activo en los Comités de Autodefensa

El Servicio en el Activo, en la modalidad de los Co-mités de Autodefensa, es aquel que se cumple co-mo integrante de dichas entidades, en las áreas geográficas urbanas o rurales que constituyen su ámbito de operación.

Los derechos y beneficios que correspondan se es-tablecen en el reglamento de la presente Ley.

Capítulo V

De los Licenciados

Artículo 59.°.— De los Licenciados

El personal dado de baja por tiempo cumplido en el Servicio Militar en el Activo se denomina licen-



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ciado. Su grado es el obtenido durante su perma-nencia en el Activo.

Artículo 60.°.— De los derechos de los Li-cenciados

El personal licenciado del Servicio Militar Acuar-telado tiene derecho a:

1. Una gratificación de licenciamiento. Esta se-rá depositada en una cuenta de ahorros, en una entidad financiera nacional.

2. Pasajes y viáticos a su lugar de origen.

3. Prendas de vestir de uso civil.

4. Documentos personales de licenciamiento.

5. Convalidar estudios de educación superior tec-nológica de acuerdo a la Ley General de Educa-ción, sus reglamentos y la normativa vigente. Pa-ra tal efecto, el Ministerio de Educación brinda el asesoramiento y capacitación necesarios a los directivos y profesores de los Centros de Educa-ción Técnico Productiva (CETPRO) e Institutos Superiores Tecnológicos a cargo del Ministerio de Defensa. Con tal finalidad, los Ministerios de Educación y de Defensa firmarán los convenios específicos respectivos.

6. Recuperar los derechos que le correspon-dían en el sistema o régimen de prestación de salud al que pertenecía antes de su incorpo-ración al Activo, sin que le sean exigibles las aportaciones por el período de prestación del Servicio Militar.

7. Reservar la vacante respectiva hasta el semes-tre académico siguiente al licenciamiento, si el que cumple el Servicio Militar ingresa a una uni-versidad, sea pública o privada.

8. Una constancia de haber cumplido el Servi-cio Militar.

9. Los demás señalados en las normas pertinen-tes.

Los derechos del personal licenciado del Servi-cio No Acuartelado serán establecidos en el re-glamento de la presente Ley.

Artículo 61.°.— De los beneficios de los li-cenciados

El personal licenciado del Servicio Militar Acuar-telado tiene los beneficios siguientes:

a) Una bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en la admi-nistración pública. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros adoptará las acciones co-rrespondientes.

b) Una bonificación equivalente al diez por cien-to (10%) de la nota final, si postula a las Escue-las de Formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Con tal fin, los Minis-terios de Defensa y del Interior adoptarán las ac-ciones correspondientes.

c) Descuento del cincuenta por ciento (50%) del monto de pago de los derechos de inscripción y del veinticinco por ciento (25%) del monto por concepto de ingreso a las Escuelas de Forma-ción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Na-cional del Perú.

d) Descuento del veinticinco por ciento (25%) en el pago de los derechos de inscripción e ingreso a las instituciones de educación superior pública, univer-sitaria y no universitaria, previo convenio.

e) Prioridad en el acceso a puestos de trabajo a través de los Programas de Empleo y Formación Profesional, conforme a los convenios de coope-ración que el Ministerio de Defensa deberá cele-brar con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

f) Ingreso a los servicios de seguridad y vigilan-cia mediante los convenios que el Ministerio de Defensa celebre con el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y com-pañías de seguridad y vigilancia.

g) Acceso a una línea especial de crédito, así co-mo de otorgamiento de becas para los licenciados que ingresen a instituciones de estudios superio-res, mediante los convenios que el Ministerio de Defensa realice con el Instituto Nacional de Be-cas y Crédito Educativo (INABEC).

h) Acceso a la formación de micro y pequeñas empresas, así como a créditos, a través de con-venios que el Ministerio de Defensa celebre con los Ministerios de la Producción, de Agricultu-ra, de Trabajo y Promoción del Empleo o entes similares.

i) Acceso a una línea especial de crédito de fomen-to a largo plazo, con el fin de propiciar el regreso a la actividad agropecuaria de los licenciados. Para ello, el Ministerio de Defensa debe realizar conve-nios con el Ministerio de Agricultura y el Minis-terio de Trabajo y Promoción del Empleo.



j) Acceso a descuentos especiales en las tarifas de pago de los derechos de inscripción, ingreso y pensiones de las instituciones de educación supe-rior privada, universitarias y no universitarias. Con tal fin, el Ministerio de Defensa debe cele-brar los convenios respectivos.

k) Acceso a becas de estudios en las universidades públicas, en un porcentaje no menor al cinco por ciento (5%) del total de ingresantes en cada pro-ceso de admisión, a través de convenios entre el Ministerio de Defensa y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Con igual finalidad, se celebra-rán convenios con los representantes de las uni-versidades públicas así como con los de las insti-tuciones de educación superior pública.

l) Los demás beneficios señalados en las normas pertinentes.

Los beneficios del personal Licenciado del Servi-cio No Acuartelado serán establecidos en el re-glamento de la presente Ley.

Artículo 62.°.— De los beneficios del per-sonal que quede inválido o fallezca en ser-vicio

El personal que, prestando Servicio Militar en el Activo, quede inválido o fallezca en acción de ar-mas, acto de servicio, a consecuencia del servicio o con ocasión del servicio, y sus deudos, según sea el caso, tendrán derecho a los beneficios estable-cidos en las normas legales vigentes.

Si el licenciado muere dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes de cumplido su tiempo de ser-vicio, su muerte producirá los mismos efectos que si hubiera ocurrido encontrándose en servicio acti-vo. Para ello se requiere la sola acreditación de que el deceso fue consecuencia necesaria de un acciden-te sufrido en acto de servicio o de una enfermedad contraída durante él. La forma y procedimiento se establecen en el reglamento de la presente Ley.

El personal discapacitado tiene derecho a acce-der a los programas de educación técnico-pro-ductiva, educación básica o educación técnico-profesional.

Título VI

De la Movilización

Artículo 63.°.— De la movilización

La movilización se rige por lo dispuesto en la Ley N.° 28101, Ley de Movilización Nacional.

Artículo 64.°.— De la movilización de re-cursos humanos

La movilización de recursos humanos requie-re empadronar, organizar, instruir y entrenar a las Reservas.

La movilización de recursos humanos implica completar los efectivos de las Unidades; activar las Unidades de Reserva; y crear Unidades, se-gún se requiera.

Artículo 65.°.— De la relación del Servicio Militar con la Movilización

El Registro de Datos del Servicio Militar cons-tituye la base para la Movilización. El Ministe-rio de Defensa y las Instituciones de las Fuerzas Armadas deben comprender en su organiza-ción una dependencia que regule su funciona-miento.

Artículo 66.°.— Del servicio en la Reserva

El servicio en la Reserva se cumple, en las Ins-tituciones de las Fuerzas Armadas, mediante la concurrencia a los llamamientos con fines de ins-trucción y entrenamiento; asimismo, en los ca-sos de movilización militar por grave amenaza o peligro inminente para la Seguridad y Defen-sa Nacional.

Artículo 67.°.— De la conformación de la Reserva

La Reserva está conformada por:

a) Los licenciados del Servicio Militar Activo.

b) Los ex cadetes y ex alumnos de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas y de la Poli-cía Nacional del Perú, siempre que hayan cursa-do por lo menos un (1) año académico.

c) Los egresados de los colegios militares.

d) Los seleccionados que no hayan servido en el Activo.

e) Los no seleccionados.

f) Los ex alumnos de la Escuela Nacional de la Marina Mercante.

g) Otros que señale el reglamento.

Artículo 68.°.— De la organización y regla-mentación de la Reserva



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Cada Institución de las Fuerzas Armadas organiza y reglamenta el servicio de su Reserva, de acuerdo con sus necesidades.

La Reserva se clasifica de la siguiente manera:

a. Reserva Orgánica.— Es la que requiere cada Ins-titución de las Fuerzas Armadas para completar, mantener o incrementar su organización. Se con-sidera en esta situación a todo el personal militar en situación de disponibilidad o retiro, licenciados de las modalidades Acuartelado y No Acuartelado; y personal civil que labora en las Instituciones Ar-madas quienes desempeñarán puestos de su espe-cialidad.

b. Reserva de Apoyo.— Se considera como tal al per-sonal de licenciados en la modalidad de Comités de Autodefensa y al personal que, por su actividad o capacitación afín a las necesidades de cada Institu-ción de las Fuerzas Armadas, estén en condiciones de servir para fines de movilización militar.

c. Reserva Disponible.— Es la integrada por todos los peruanos en edad militar, no considerados en los literales a) y b), que pueden ser empleados pa-ra cualquier otra actividad que requiera la Defen-sa Nacional.

La persona discapacitada que se encuentra apta para realizar funciones administrativas o de aseso-ría en las instituciones armadas pertenece a la Re-serva de Apoyo.

Artículo 69.°.— Del llamamiento ordinario para reservistas

El llamamiento ordinario se dispone anualmente mediante resolución suprema y en las fechas que determine cada Institución de las Fuerzas Arma-das. Comprende a los reservistas en edad militar, para períodos de instrucción y entrenamiento, has-ta por treinta (30) días calendario.

Artículo 70.°.— Del llamamiento extraordina-rio para reservistas

El Poder Ejecutivo puede disponer llamamientos extraordinarios, separadamente para cada Institu-ción de las Fuerzas Armadas, mediante decreto su-premo, con la finalidad de:

a) Convocar a las Reservas a períodos de instruc-ción y entrenamiento por lapsos mayores a treinta (30) días calendario.

b) Cubrir las necesidades de las Fuerzas Arma-das, en casos de movilización, por grave amena-

za o peligro inminente para la Seguridad y Defen-sa Nacional.

Artículo 71.°.— De la prórroga del llama-miento

El Poder Ejecutivo podrá prorrogar, mediante de-creto supremo, el período de instrucción y entre-namiento de las Reservas convocadas por llama-mientos ordinarios, por razones de seguridad y defensa nacional.

Artículo 72.°.— Del lugar y fecha de pre-sentación

Las Instituciones de las Fuerzas Armadas harán conocer a los reservistas, con la debida anticipa-ción, el lugar y fecha de presentación para su in-corporación al Servicio en el Activo.

Artículo 73.°.— Del procedimiento de in-corporación

Para efectos de llamamiento, en casos de movi-lización, se convocará prioritariamente a los li-cenciados de las últimas clases; y, de ser necesa-rio, a las otras Reservas calificadas previstas en los literales b) y c) del artículo 68.°.

El procedimiento para la incorporación del perso-nal en la Reserva será establecido por cada Ins-titución de las Fuerzas Armadas.

Artículo 74.°.— Del deber y responsabilida-des del personal de la Reserva

El personal de la Reserva tiene el deber y la obli-gación de concurrir a los llamamientos con fi-nes de instrucción y entrenamiento o en los ca-sos de movilización militar. La concurrencia se hace efectiva en las Oficinas de Registro Mili-tar correspondiente o en la unidad de la Institu-ción de las Fuerzas Armadas a la que pertenece, de acuerdo con el empadronamiento y asigna-ción respectiva.

El personal de la Reserva está obligado a guar-dar secreto y a no difundir los conocimientos o informaciones recibidos o adquiridos en el cum-plimiento del servicio militar.

Asimismo, dicho personal, una vez incorporado a filas, está obligado a cumplir las órdenes que im-partan los superiores. Igualmente, se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la presen-te Ley, su reglamento, el Código de Justicia Mili-tar Policial y en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.



Artículo 75.°.— De los derechos y beneficios de los reservistas

Todos aquellos que estando en la Reserva sean lla-mados a cumplir períodos de instrucción y entrena-miento o sean requeridos en casos de movilización o de grave amenaza o peligro inminente para la Se-guridad y Defensa Nacional, tienen derecho a:

1. Vestuario, equipo, alimentación, alojamiento y transporte, al inicio y término del período.

2. Licencia con goce de haber durante el perío-do, la cual será acreditada con la constancia res-pectiva, si labora en el sector público.

3. Licencia con goce de haber hasta por un máxi-mo de 30 (treinta) días si se trata de trabajador dependiente en el sector privado. Vencido el pla-zo, el Estado asumirá el pago de las remuneracio-nes y bonificaciones por intermedio de la Institu-ción de las Fuerzas Armadas respectiva.

4. Percibir del Estado, a través de la Institución de las Fuerzas Armadas correspondiente, la par-te proporcional de la renta bruta de cuarta cate-goría de su declaración jurada del año anterior, si es trabajador independiente.

5. Percibir del Estado, a través de la Institución de las Fuerzas Armadas respectiva, una com-pensación económica equivalente a la asigna-ción económica mensual que recibe el personal del Servicio en el Activo, si no está desempeñan-do actividad laboral alguna.

6. Percibir los beneficios establecidos en la Ley y el reglamento, en caso de invalidez o fallecimien-to en acción de armas, acto de servicio o a conse-cuencia o con ocasión del servicio, durante el pe-ríodo de instrucción y entrenamiento.

7. Ascender, dentro de los cuadros de Reservas, de acuerdo con las normas vigentes de cada una de las Instituciones de las Fuerzas Armadas.

8. Los demás derechos y beneficios señalados en las normas legales pertinentes.

Artículo 76.°.— De la actualización de da-tos

El personal de la Reserva tiene la obligación de actualizar sus datos, cada vez que estos varíen, en la Oficina del Registro Militar de Inscripción o Residencia, o a través de la página web de la Institución de las Fuerzas Armadas a la que per-tenece.

Título VII

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 77.°.— De las infracciones

Cometen infracción a la presente Ley:

1. Los peruanos en edad militar que residiendo en el territorio nacional no se inscriben en los plazos establecidos.

2. Aquellos que, teniendo la obligación de la ins-cripción de oficio, no lo hacen en los plazos es-tablecidos.

3. Los peruanos naturalizados que no se inscri-ban dentro de los noventa (90) días calendario si-guientes a la obtención del título respectivo.

4. Los que proporcionan datos falsos.

5. Los reservistas que no asisten a los llamamien-tos de instrucción y entrenamiento.

6. Los funcionarios, personas naturales o ju-rídicas que no brindan facilidades laborales o académicas a los reservistas para que concu-rran a los llamamientos de instrucción y en-trenamiento.

7. Los reservistas que no asisten a los llamamien-tos extraordinarios para prestar Servicio Mili-tar en el Activo, en caso de emergencia nacional o movilización.

8. Los reservistas que no actualizan los datos.

9. Las personas naturales o jurídicas que no brin-dan facilidades laborales o académicas a los re-servistas llamados para prestar Servicio Militar en el Activo, en caso de emergencia nacional o movilización.

10 . Las universidades nacionales o privadas así como los institutos superiores y tecnológicos que no brindan los beneficios dispuestos en la pre-sente Ley.

11. Los que no guardan el secreto o difunden co-nocimientos o informaciones recibidos o adquiri-dos en el cumplimiento del Servicio Militar.

Artículo 78.°.— De las sanciones

Los que incurren en alguna de las infracciones señaladas en el artículo 77.° están sujetos a las siguientes sanciones:



1224

1. Los que incurren en las causales señaladas en los numerales 1), 2) y 3) serán sancionados con multa equivalente al uno por ciento (1%) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se hace efectivo el pago.

2. Los que incurren en las causales señaladas en los numerales 4) y 5) son sancionados con mul-ta equivalente al cinco por ciento (5%) de la Uni-dad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se hace efectivo el pago.

3. Los que incurren en la causal señalada en el numeral 6) son sancionados con una multa equivalente a una (1) Unidad Impositiva Tri-butaria vigente a la fecha en que se hace efec-tivo el pago.

4. Los que incurren en la causal señalada en el numeral 7) son sancionados con una multa equi-valente al cinco por ciento (5%) de la Unidad Im-positiva Tributaria vigente a la fecha en la que se hace efectivo el pago, y denunciados ante el fue-ro correspondiente.

5. Los que incurren en la causal señalada en el nu-meral 8) son sancionados con multa del uno por ciento (1%) de la Unidad Impositiva Tributaria vi-gente a la fecha en que se hace efectivo el pago.

6. Los que incurren en la causal señalada en el numeral 9) son sancionados con una multa de cinco por ciento (5%) de la Unidad Impositi-va Tributaria vigente a la fecha en que se hace efectivo el pago.

7. Los que incurren en la causal señalada en el numeral 10) son sancionados con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se hace efectivo el pago.

8. Los que incurren en la causal señalada en el numeral 11) son sancionados con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias vi-gentes a la fecha en que se hace efectivo el pa-go, independientemente de la denuncia penal a que haya lugar.

El Ministerio de Defensa es el organismo com-petente para determinar las faltas y disponer las sanciones que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. Igualmente, tiene capacidad para efectuar las cobranzas coactivas que puedan derivarse de aquellas.

El Ministerio de Defensa puede delegar esta atri-bución en las Instituciones de las Fuerzas Arma-das o en el funcionario que disponga.

La aplicación de estas sanciones no exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en la presen-te Ley.

Artículo 79.°.— Del pago de las multas

El pago de las multas a que se refiere el artícu-lo 78.° es obligatorio y no exime a los infractores de ser denunciados ante el fuero común o mili-tar, según corresponda.

Los incursos en las infracciones contempladas en el artículo 77.° que, voluntariamente y con inme-diatez, regularicen su situación gozarán de un descuento de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la multa que corresponda.

Artículo 80.°.— De los delitos tipificados en el Código de Justicia Militar Policial

El personal militar que efectúe reclutamiento for-zoso o incurra en deserción o infidencia será san-cionado con la pena establecida en el Código de Justicia Militar Policial.

Artículo 81.°.— De la denuncia ante los Tri-bunales Militares Policiales

Las infracciones a la presente Ley, previstas co-mo delitos en el Código de Justicia Militar Poli-cial, serán denunciadas ante los Tribunales Mi-litares Policiales, considerándose circunstancia agravante si se cometen en situaciones de con-flicto o en caso de movilización.

Título VIII

De los Fondos

Artículo 82.°.— De la aplicación de los fon-dos

Los fondos obtenidos por la aplicación del ar-tículo 79.° constituyen recursos directamente recaudados del Ministerio de Defensa y se de-positan en una cuenta en el Banco de la Na-ción a nombre de la Institución de las Fuer-zas Armadas en la cual se originan. Estos serán destinados, exclusivamente, para el me-jor funcionamiento del Registro Militar de ca-da Institución.

La recaudación que generen las Oficinas Con-sulares del Ministerio de Relaciones Exterio-res, fuera del territorio nacional, por concepto de inscripción y tasas constituyen recursos di-rectamente recaudados del Ministerio de Rela-ciones Exteriores.



Artículo 83.°.— De la formulación presu-puestal

Las Instituciones de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores para las Oficinas Consulares formularán su presupues-to ordinario considerando la asignación presu-puestal que permita la adecuada aplicación de la presente Ley.

Disposiciones Complementarias

Primera.— Regularización de certificados de capacitación

El Ministerio de Defensa, a través de los Centros de Educación Ocupacional (CEOS) o de los Cen-tros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de las Fuerzas Armadas, regularizará, de acuer-do con las horas académicas recibidas en cada ca-so, el otorgamiento de los certificados de capaci-tación a los licenciados que, entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de publicación de la presente Ley, no contasen con los certificados a que se re-fiere el numeral 5 del artículo 49.° de la Ley N.° 27178, Ley del Servicio Militar.

El Ministerio de Defensa creará, con el apoyo del Ministerio de Educación, centros de educa-ción técnicos productivos e institutos tecnológi-cos superiores.

En caso de no existir estas instituciones educati-vas a cargo del Ministerio de Defensa en los ámbi-tos militares, el personal de tropa podrá asistir a los centros de educación técnicos productivos cer-canos a los cuarteles y dependencias militares.

Segunda.— Reglamentación

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Defensa, aproba-rá el reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento veinte (120) días hábiles posteriores a su puesta en vigencia.

Luego de aprobado el reglamento referido en el párrafo primero, y en un plazo de noventa (90) días, el Ministerio de Relaciones Exteriores ade-cuará el Reglamento Consular del Perú y sus normas complementarias a los alcances de la presente Ley.

Tercera.— Glosario

Para efectos de la aplicación de la presente Ley, apruébase el Glosario que como Anexo forma parte de esta.

Cuarta.— De los medios de comunicación

Los medios de comunicación social, sin excepción, a solicitud de las Instituciones de las Fuerzas Ar-madas, deberán proporcionar espacios en forma gratuita para la publicación o emisión de la infor-mación relacionada con la presente Ley.

Quinta.— De la difusión

Las entidades públicas y privadas están obliga-das a poner en conocimiento del personal que la-bora en ellas los comunicados que, sobre la Ley del Servicio Militar, se emitan o publiquen en los distintos medios de comunicación social.

Sexta.— De la Libreta Militar anterior

La Libreta Militar, entregada con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, mantiene sus efec-tos legales. A su pérdida, se expedirá el documen-to que corresponda, de acuerdo con lo estableci-do en al artículo 29.°.

Disposición Transitoria

Única.— El Ministerio de Defensa, dentro del plazo de tres (3) años, contado a partir de la vi-gencia de la presente Ley, implementará los meca-nismos y procedimientos para dar cumplimiento y otorgar los beneficios e incentivos pendientes, a los que tiene derecho el personal que realizó el Servicio Militar bajo el régimen de la Ley N.° 27178, Ley del Servicio Militar.

Disposiciones Finales

Primera.— Norma derogatoria

Deróganse la Ley N.° 27178, Ley del Servicio Mi-litar, y todas las normas que se opongan a la pre-sente Ley.

Segunda.— Vigencia

La presente Ley entra en vigencia el 1 de ene-ro de 2009.


“Anexo

Glosario

ALISTAMIENTO INDEBIDO.— Situación que se presenta cuando no se cumplen las nor-mas o procedimientos en el alistamiento para la tropa del Activo.



1226

ADIESTRAMIENTO MILITAR.— Prepara-ción académica y práctica para desarrollar des-trezas o habilidades especializadas en las prác-ticas militares.

BAJA DEL SERVICIO.— Se produce por tiem-po cumplido, deserción, medida disciplinaria, pena privativa de libertad impuesta por sen-tencia judicial consentida y ejecutoriada, disca-pacidad física o mental que impida cumplir con el servicio, fallecimiento o declaración judicial de ausencia.

CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN.— Proceso mediante el cual se califica en forma general la condición física y psicosomática del inscrito para prestar Servicio en el Activo o en la Reserva.

CESE DE LA INCAPACIDAD CIVIL.— Para efectos de la Ley del Servicio Militar, la incapaci-dad civil relativa de los menores de edad cesa a partir de los diecisiete (17) años cumplidos.

CLASE MILITAR.— Agrupación de los ciuda-danos inscritos en los registros militares. Se de-termina de acuerdo a su año de nacimiento y se-parando hombres de mujeres. Se pertenece a la clase militar durante toda la edad militar. Es-ta sirve de referencia para los llamamientos y otros actos relacionados con la Ley del Servi-cio Militar.

COMITÉ DE AUTODEFENSA.— Organiza-ción de la población rural o urbana, surgida es-pontánea y libremente. Es acreditada y recono-cida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Apoya a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú en las tareas de pacifi-cación y desarrollo socioeconómico de las zonas en las que opera.

DEFENSA NACIONAL.— Conjunto de medi-das y de previsiones destinadas a garantizar la seguridad integral de la Nación para permitirle el logro de sus intereses y objetivos nacionales.

DESERCIÓN.— Delito en el que incurre el per-sonal militar cuando abandona su puesto o ser-vicio sin autorización; cuando no se presenta en el lugar de su destino oportunamente; o cuando evade el cumplimiento de una misión peligrosa. Las circunstancias y penas están contempladas en el Código de Justicia Militar Policial.

DISCAPACIDAD.— Es la condición de la per-sona contemplada en el artículo 2.° de la Ley N.° 27050, Ley General de la Persona con Discapa-cidad.

EDAD MILITAR.— Edad comprendida entre los diecisiete (17) y cincuenta (50) años. En este lapso, el individuo está obligado a servir en las Fuerzas Armadas de acuerdo con las disposicio-nes de la Ley del Servicio Militar.

ENTRENAMIENTO.— Conjunto de ejercicios intelectuales, psíquicos y físicos, de incremento creciente, a que se someten los individuos o las unidades militares con el fin de alcanzar una ca-pacidad suficiente para la ejecución de una fun-ción determinada. Puede ser individual, de uni-dad o de gran unidad.

EXCEPTUADO.— Inscrito que está impedido de servir en el Activo o en la Reserva, conside-rándose como tales a:

1. Los que adolecen de discapacidad física o men-tal de carácter permanente, o enfermedad incu-rable que los imposibilite para llevar armas o desempeñar otras funciones que la Defensa Na-cional exija.

2. Los que se encuentren cumpliendo pena pri-vativa de libertad.

3. Los que mantengan obligaciones familiares de carácter excepcional.

4. Los inscritos en las Oficinas de Registro Militar de las Oficinas Consulares.

LICENCIADO.— Es el personal dado de ba-ja por tiempo cumplido en el Servicio Militar en el Activo.

LLAMAMIENTO.— Acto por el cual se convo-ca a los Seleccionados para su incorporación vo-luntaria al Servicio Militar en el Activo y a los Reservistas para períodos de instrucción y en-trenamiento. Puede realizarse en tiempo de paz o de conflicto.

LLAMAMIENTO EXTRAORDINARIO.— Es el que se hace en cualquier fecha, por decisión del Poder Ejecutivo, para satisfacer las necesidades de personal evidenciadas después del llamamien-to ordinario, con fines de instrucción o maniobra y en caso de emergencia.

LLAMAMIENTO ORDINARIO.— Acto por el cual se convoca anualmente a servicio en las fe-chas que determina cada Institución Armada. Comprende a los seleccionados en edad para el Servicio en el Activo.

LLAMAMIENTO ORDINARIO COMPLE-MENTARIO.— Acto por el cual se convoca



anualmente a servicio en las fechas que deter-mina cada Institución Armada, al no haberse completado la cantidad de efectivos requeridos. Comprende a los seleccionados en edad para el Servicio Militar en el Activo.

MOVILIZACIÓN.— Concepto definido en el ar-tículo 3.° de la Ley N.° 28101, Ley de Moviliza-ción Nacional.

OMISO A LA INSCRIPCIÓN.— Ciudadano que, residiendo en el territorio nacional, no ha cumplido con inscribirse en el plazo y edad que establece la Ley del Servicio Militar.

REENGANCHADO.— Individuo de tropa que firma un contrato para prestar servicios por un nuevo período, al término del período legal que le corresponde o de cualquier otro.

REGISTRO MILITAR.— Es una base de datos en que consta la situación de los peruanos res-pecto a sus obligaciones militares. Contiene in-formación individualizada por clases y separada entre hombres y mujeres.

RESERVA.— Parte de un conjunto de fuerzas que se mantiene fuera de acción, al comienzo de una operación, y lista para ser empleada en el mo-mento decisivo. Potencial humano en edad mili-tar que no se encuentra en servicio activo, haya o no haya hecho este servicio.

SERVICIO EN EL ACTIVO.— Es aquel que se cumple en las Unidades, Bases o Dependencias de las Instituciones de las Fuerzas Armadas.

SERVICIO EN LA RESERVA.— Es el que se cumple en las Unidades, Bases o Depen-dencias de los Institutos de las Fuerzas Ar-madas, mediante la concurrencia a períodos de instrucción y entrenamiento; asimismo, en caso de movilización militar, de grave ame-naza o peligro inminente para la Seguridad Nacional.

SERVICIO ACUARTELADO.— Es aquel que se cumple en forma permanente en las Unida-des, Bases o Dependencias de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, durante el tiempo pre-visto por la Ley.

SERVICIO NO ACUARTELADO.— Es aquel que se cumple en forma temporal o parcial en las Unidades, Bases y Dependencias de las Institu-ciones de las Fuerzas Armadas, durante el tiem-po previsto por la Ley. Es regulado por cada Ins-titución Armada.

SERVICIO MILITAR.— Actividad que todo peruano tiene el derecho y el deber de prestar al país.

SELECCIONADO.— Inscrito que reúne las condiciones idóneas para el Servicio en el Ac-tivo.

NO SELECCIONADO.— Inscrito que no re-úne las condiciones idóneas para el Servicio en el Activo.

UNIDAD.— Organización existente dentro de una Institución Armada, diseñada para el cum-plimiento de una misión determinada.

VOLUNTARIO.— Ciudadano que se presenta a servir en el Servicio Militar.”

“Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto N.° 223 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acosta Zárate, Aguinaga Recuenco, Alcorta Sue-ro, Alegría Pastor, Anaya Oropeza, Balta Salazar, Cabanillas Bustamante, Cabrera Campos, Calde-rón Castro, Cánepa La Cotera, Carpio Guerrero, Carrasco Távara, Chacón De Vettori, Cribilleros Shigihara, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, Del Castillo Gálvez, Eguren Neuenschwander, Escudero Casquino, Espinoza Cruz, Espinoza Ramos, Espinoza Soto, Estrada Choque, Flores Torres, Florián Cedrón, Fujimori Fujimori, Fuji-mori Higuchi, Giampietri Rojas, Guevara Gómez, Guevara Trelles, Gutiérrez Cueva, Hildebran-dt Pérez Treviño, Huancahuari Páucar, Isla Ro-jas, León Minaya, León Zapata, Lombardi Elías, Luizar Obregón, Macedo Sánchez, Mallqui Beas, Maslucán Culqui, Mayorga Miranda, Mendoza del Solar, Moyano Delgado, Nájar Kokally, Ne-greiros Criado, Núñez Román, Obregón Peralta, Otárola Peñaranda, Pando Córdova, Pastor Val-divieso, Peralta Cruz, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Monteverde, Perry Cruz, Ramos Pruden-cio, Rebaza Martell, Reggiardo Barreto, Reymun-do Mercado, Robles López, Rodríguez Zavale-ta, Ruiz Silva, Salazar Leguía, Saldaña Tovar, Sánchez Ortiz, Santos Carpio, Sousa Huanam-bal, Supa Huamán, Torres Caro, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valle Riestra González Olaechea, Vargas Fernández, Vega An-tonio, Venegas Mello, Vilca Achata, Vílchez Yu-cra, Wilson Ugarte, Yamashiro Oré, Zeballos Gá-mez y Zumaeta Flores.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Abugattás Majluf, Bruce Montes de Oca, García Belaúnde, Lazo Ríos de Hornung, Men-



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chola Vásquez, Morales Castillo, Ordóñez Sala-zar, Sasieta Morales, Silva Díaz, Sumire de Con-de y Waisman Rjavinsthi.

Señor congresista que se abstuvo: Bedoya de Vivanco.”

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la presi-denta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas, congresista Cabanillas Bustamante.

La señora CABANILLAS BUS-TAMANTE (PAP).— Presidente, expreso mi reconocimiento a la Re-presentación Nacional y agradezco a cada uno de los señores representan-tes por su respaldo a una importante ley de avanzada, y creo que la signifi-

cativa votación que ha recibido hace posible que se consulte, y es lo que solicito, la dispensa de segunda votación en favor del proyecto aprobado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Con la misma asistencia, se va a consultar el pedido formulado por la pre-sidenta de la Comisión, con objeto de exonerar de segunda votación el proyecto de Ley del Ser-vicio Militar.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 57 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones, exonerar de segunda votación el texto susti-tutorio sobre la Ley del Servicio Militar.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Ha sido acordado.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Falla Lamadrid y Hildebrandt Pérez Tre-viño y del voto en contra de la congresista Ca-jahuanca Rosales.

En consecuencia, ha sido exonerado de segun-da votación.

“Votación para exonerar de segunda vota-ción el texto sustitutorio del Proyecto N.°

223 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Al-corta Suero, Alegría Pastor, Anaya Oropeza, Bal-

ta Salazar, Cabanillas Bustamante, Calderón Cas-tro, Cánepa La Cotera, Carpio Guerrero, Carrasco Távara, Castro Stagnaro, Chacón De Vettori, Cri-billeros Shigihara, Cuculiza Torre, De la Cruz Vás-quez, Del Castillo Gálvez, Eguren Neuenschwan-der, Escudero Casquino, Espinoza Ramos, Espinoza Soto, Estrada Choque, Flores Torres, Fujimori Hi-guchi, Giampietri Rojas, Guevara Gómez, Guevara Trelles, Gutiérrez Cueva, León Minaya, León Za-pata, Luizar Obregón, Macedo Sánchez, Mendoza del Solar, Moyano Delgado, Nájar Kokally, Negrei-ros Criado, Núñez Román, Pando Córdova, Pastor Valdivieso, Peralta Cruz, Pérez Monteverde, Ra-mos Prudencio, Rebaza Martell, Reggiardo Barre-to, Reymundo Mercado, Robles López, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Silva, Salazar Leguía, Saldaña To-var, Sánchez Ortiz, Urtecho Medina, Valle Riestra González Olaechea, Vargas Fernández, Vega Anto-nio, Vílchez Yucra, Wilson Ugarte, Yamashiro Oré y Zumaeta Flores.

Señores congresistas que votaron en contra: Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Bruce Montes de Oca, Cabrera Campos, Espinoza Cruz, García Belaúnde, Huancahuari Páucar, Isla Rojas, Lazo Ríos de Hornung, Maslucán Culqui, Mayorga Mi-randa, Menchola Vásquez, Morales Castillo, Obre-gón Peralta, Ordóñez Salazar, Otárola Peñaranda, Pérez del Solar Cuculiza, Santos Carpio, Sasieta Morales, Silva Díaz, Sumire de Conde, Supa Hua-mán, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Vilca Acha-ta y Waisman Rjavinsthi.

Señores congresistas que se abstuvieron: Bedoya de Vivanco, Florián Cedrón, Fujimori Fu-jimori, Lombardi Elías, Mallqui Beas, Perry Cruz, Sousa Huanambal, Torres Caro, Venegas Mello y Zeballos Gámez.”

Se aprueban dos mociones de saludo, rela-cionadas con el 14.° aniversario del distri-to de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash, y con el 52.° aniver-

sario del Partido Acción Popular

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Se va a dar cuenta de unas mociones de saludo.

La RELATORA da lectura

Mociones de Saludo

De los congresistas Balta Salazar, Torres Caro, Robles López y Saldaña Tovar, al distrito de Nue-vo Chimbote, provincia del Santa, región Ancash, por conmemorar el 1 de junio del año en curso el 14.° aniversario de su creación política.



De los congresistas Sasieta Morales, Andrade Car-mona y García Belaúnde, al Partido Acción Popular, con motivo de conmemorar el 1 de junio de 2008 el 52.° aniversario de su fundación cívica conocido co-mo “El Ultimátum de la Merced”.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posa-da Eyzaguirre).— Se va a consultar.

Los señores congresistas que estén a favor se servi-rán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se absten-gan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueban las pre-citadas mociones de saludo.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posa-da Eyzaguirre).— Han sido aprobadas.

—Los textos aprobados son los siguientes:


Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, con motivo de conmemorar el 1 de junio de 2008 el Décimo Cuarto Aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente Moción al se-ñor Valentín Rolando Fernández Bazán, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y, por su intermedio, a la población en general.

Lima, 29 de mayo de 2008.”


Acuerda:

Primero.— Saludar al Partido Acción Popular, con motivo de conmemorar el 1 de junio de 2008 el Quin-cuagésimo Segundo Aniversario de su fundación cí-vica conocido como ‘El Ultimátum de la Merced’.

Segundo.— Expresar su sentido recuerdo a la me-moria del Presidente don Fernando Belaúnde Te-rry y de la señora Violeta Correa de Belaúnde, con ocasión de conmemorarse el 4 y el 1 de junio de 2008, respectivamente, un año más de sus sensi-bles partidas.

Tercero.— Transcribir la presente Moción al señor Mesías Guevara Amasifuen, Secretario General Na-

cional del Partido Acción Popular y, por su interme-dio, a todos sus militantes y simpatizantes.


Desechada la cuestión previa de vuelta a Comisión, ingresa a un cuarto interme-dio el nuevo texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justi-cia y Derechos Humanos, congresista Cas-tro Stagnaro, sobre la Ley de la Carrera

Judicial

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Vamos a someter a con-sideración del pleno el nuevo texto sustituto-rio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fecha 23 de abril del año en curso, en mérito de los Pro-yectos de Ley números 176/2006-CR, 229/2006-PE, 268/2006-CR, 287/2006-CR, 304/2006-PE, 469/2006-CR y 549/2006-CR*, en virtud del cual se propone la Ley de la Carrera Judicial.

En la sesión de 10 de abril último fue aprobada la reconsideración de la votación por la que quedó desestimada la propuesta sobre la materia.

Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, congresista Cas-tro Stagnaro.

El señor CASTRO STAGNARO (UN).— Señor Presidente: Con ayudas visuales, vamos a hacer un brevísimo recuento de lo que es el proyecto de Ley de la Carrera Ju-dicial.

El dictamen, aprobado por unanimidad en la Co-misión de Justicia y Derechos Humanos, ha re-caído en los Proyectos de Ley números 176/2006-CR, 229/2006-PE, 268/2006-CR, 287/2006-CR, 304/2006-PE, 469/2006-CR y 1169/2006-CR.

Este es un conjunto de proyectos que han sido tra-bajados, como ya se ha dicho reiteradamente, los últimos cinco años; aquí ha habido también apo-yo de la cooperación internacional, y, por supues-to, se ha concordado con los diferentes actores del sistema de administración de justicia.

Vamos a hacer un brevísimo recuento de los an-tecedentes.

El año 2001 se crea el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Ad-




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ministración de Justicia, denominado GETAN, constituido por miembros del Poder Judicial.

El año 2003 se crea la Comisión Especial de Re-forma Integral de la Administración de Justicia, llamada CERIAJUS.

El año 2004 se crea la Comisión Especial de Estu-dio del Plan Nacional de Reforma Integral.

Los años 2004 y 2005 se empieza a tratar el tema en la Comisión de Justicia del Congreso; e igual-mente el año 2006.

El año 2006 se presenta y se entrega el predic-tamen, con apoyo de la cooperación internacio-nal.

En el mes de diciembre del año 2006 se aprue-ba el dictamen por la Comisión, el mismo que se trae al pleno en el mes de abril del año 2007 y se aprueba.

En el mismo mes de abril del año 2007 se remi-te la autógrafa al Poder Ejecutivo, que formula observaciones, las cuales se levantan, principal-mente por allanamiento, y se produce un nuevo dictamen en el mes de junio de ese año.

Del 25 de junio del año 2007 a la fecha, el dicta-men aprobado por la Comisión de Justicia está en el Orden del Día del Congreso. (Cuadro 1)

¿Qué es lo que el proyecto propone como princi-pios rectores de la Carrera Judicial? Propone la independencia y la imparcialidad, la permanen-cia y la inamovilidad, la meritocracia, la conducta ética, la capacitación permanente, la especializa-ción y la organización funcional adecuada.

¿En qué consiste la Ley de la Carrera Judicial? En que ella desarrolla y regula los principios consti-tucionales de idoneidad y conducta ética del juez a través de tres ejes básicos. El primero es el proce-so de selección, que regula, obviamente, el sistema de ingreso a la Carrera. El segundo es la evalua-ción del desempeño, que desarrolla un sistema me-ritocrático con el objeto de optimizar y garantizar la permanencia de los mejores jueces en el ejerci-cio de la función. Y el tercero es el control discipli-nario, que establece un sistema de sanciones y de procedimientos que permitan un efectivo control de la conducta disciplinaria de los jueces.

¿Por qué una Ley de la Carrera Judicial? Porque forma parte del proceso de reforma judicial; por-que es un reclamo ciudadano; porque es impos-tergable garantizar la independencia, idoneidad permanencia y especialización de los jueces; por-que es un elemento central para consolidar la ins-titucionalidad democrática; y, finalmente, porque contribuye a la seguridad jurídica y, por ende, al desarrollo del país.

Precisamente cuando el proyecto ya estaba por someterse a votación final luego de haber sido re-considerado, se producen observaciones de la Cor-te Suprema de Justicia de la República el mismo día en que se debía haber procedido a su votación aquí en el Congreso.

Como es de todos conocido, quien habla, en ca-lidad de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos pidió que se suspenda la vo-tación con la finalidad de atender las nuevas ob-servaciones de la Corte Suprema de Justicia, to-da vez que ya habíamos atendido hasta en dos o tres oportunidades sus observaciones y habíamos procedido a reunirnos con los señores magistra-

Antecedentes

• 2001 : Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la modernización del sistema de justicia (GTAN)

• 2002-2003 : Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS)

• 2004 : Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral• 2004-2005 : Comisión de Justicia - Congreso de la República• 2006-2007 : Comisión de Justicia - Congreso de la República• 19.09.06 Presentación y entrega del Pre Dictamen• 19.12.06 Aprobación del Dictamen por la Comisión• 03.04.07 Aprobación del Dictamen por el Pleno• 04.04.07 Envío de la Autógrafa al Poder Ejecutivo• 26.04.07 Observación del Poder Ejecutivo a la Autógrafa• 22.06.07 Aprobación de nuevo Dictamen por la Comisión• 25.06.07 a la fecha Orden del Día del Congreso

La LCJ se viene discutiendo por más de cinco años

Cuadro 1



dos supremos y, por supuesto, con el Presidente de la Corte Suprema, que además asistió reite-radamente a la Comisión.

Las observaciones básicamente las podemos agrupar de la siguiente manera. Se trata de ob-servaciones de carácter laboral, según las cua-les hay un conjunto de derechos que —como se puede ver en el cuadro— están contenidos bási-camente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso de la retribución, son propuestas refe-ridas a temas contenidos en dicha Ley Orgánica, y lo que se pide es su trasvase a la Ley de la Ca-rrera Judicial. En consecuencia, ahí hay simple-mente un trasvase de temas laborales a un esta-tuto del juez o carrera judicial.

Aquí hay la opinión en sentido genérico de acoger, evidentemente, las propuestas que no generen gasto. Hay algunas propuestas que generan gasto y, en consecuencia, no podrían ser acogidas.

Tampoco, por supuesto, aquella que podría ge-nerar la reactivación del régimen del Decreto Ley N.° 20530, porque —como se sabe— este es un régimen que ya ha sido cerrado constitucio-nalmente.

En consecuencia, acá hay propuestas de naturale-za laboral; fundamentalmente, como apreciamos en el primer cuadro, respecto a Retribución, hay dos que provienen de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, están ya autorizadas en esa Ley Orgánica; pero hay otras dos que generan gasto y por lo tanto no se acogerían.

Respecto a la bonificación por tiempo de servi-cios, hay dos que provienen también de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hay una que está referida a la CTS, que propo-ne de alguna manera el restablecimiento del ré-gimen del Decreto Ley N.° 20530, por lo cual no se acoge.

En cuanto a derechos provisionales, hay una pro-puesta que genera gasto, y no se puede acoger de acuerdo con el Reglamento del Congreso.

En cuanto a las pensiones de jubilación, propues-ta también proveniente de la Ley Orgánica del Po-der Judicial, se acoge; al igual que en el caso de la pensión excepcional y en el caso de sepelio, que provienen de la referida Ley Orgánica.

Por consiguiente, acogemos lo que proviene de la Ley Orgánica del Poder Judicial tal cual está en esa ley, sin, por supuesto, reactivar el régimen del Decreto Ley N.° 20530, que —como se ha di-cho— es un régimen constitucionalmente cerra-do. (Cuadro 2)

El siguiente cuadro que podemos observar con-tiene otras propuestas del Poder Judicial.

En los aspectos laborales, reiteramos, básicamen-te se trata de normas ya consagradas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cuanto a las propuestas de la Corte Supre-ma, respecto a derechos hay un acogimiento, con excepción de la propuesta sobre la edad. Ellos proponen que los jueces tengan una retribu-ción acorde con el desempeño de la función que realizan, libre asociación, seguro de vida, dota-ción de vivienda o la posibilidad de tener planes de vivienda. Todas estas propuestas provienen también de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (Cuadro 3)

Materia Propuesta Corte SupremaNorma Vigente

Texto SustitutorioPosición Comisión

Artículo

14 retribuciones (julio y diciembre)

Cargo y puesto de trabajo

186.5.c LOPJ

Ley N.º 29155

Texto de la LOPJ y Ley N.º 29155Acoge 40.º

Homologa remuneración de Supremos a

Congresistas

186.5.a LOPJ

Ley N.º 28212

Mismo texto de la LOPJAcoge 40.º

Reconoce bonificación por Responsabilidad Judicial acorde a categoría

Genera gastoNo Acoge

Bonificación establecida por D. S

Límite mínimo del 25% de la remuneración

No es computable

Genera gasto

No Acoge

Igual al 25% de remuneración al cumplir 10

años en el servicio

Para 3 primeros niveles

187.º LOPJ Mismo texto de la LOPJ

Acoge 41.º

Supremos que permanezcan más de 5 años en

el cargo

Igual al 25% de remuneración sin contar

Bonificación por Alta Responsabilidad Judicial


Bonificación genera gasto Acoge parcialmente 41.º

CTS

Igual a retribución mensual + bonificaciones

El MEF proveerá recursos incluidos en la Ley

General del Presupuesto

194.º LOPJ Igual a retribución mensual

Regulados por D. Ley N.º 20530

Disposición del MEF genera gasto Acoge parcialmente 42.º

Derechos de Provisionales

Perciben retribución igual al Titular del mismo

nivel

Se les computa el tiempo de servicios para

efecto de bonificación y CTS

186.6 LOPJ Genera gasto

No Acoge

Pensión de

jubilación

Igual a retribución del Titular del mismo nivel

Mínimo de 10 años de servicio

Nivelación de oficio y automática

El MEF proveerá recursos incluid


Disposición del MEF genera gasto

Acoge parcialmente 44.º

Pensión excepcional

En caso de inhabilitados igual al íntegro de

retribución

En caso de muerte igual al haber del grado inmediato superior

186.5.e LOPJ Mismo texto de la LOPJ

Acoge 45.º

Sepelio Corre por cuenta del Estado 195.º LOPJ Mismo texto de la LOPJ Acoge 46.º

Retribución

Bonificación por tiempo de servicios

Cuadro 2



1232

De manera que aquí no estamos sobrelegislando, sino simplemente trasvasando.

Será decisión del Pleno decir si esto se mantiene en la Ley Orgánica del Poder Judicial o si se pa-sa, tal cual, a la Ley de la Carrera Judicial.

En cuanto a la evaluación del desempeño, no aco-gemos la propuesta de la Corte Suprema, porque creemos importante e imprescindible un sistema de evaluación meritocrática parcial, cada tres años y medio, que no consiste en un examen, que no tiene valor cancelatorio, que simplemente es una evaluación del desempeño, del despacho, de la gerencia, del trato al público, del manejo de la carga procesal, etcétera.

En cuanto al régimen disciplinario, como se pue-de ver, acogemos todas las propuestas, que preci-san y puntualizan muy bien los temas referidos a faltas leves, faltas graves y faltas muy graves.

También acogemos la propuesta sobre evalua-ción integral, donde se precisan aspectos de re-dacción; y no acogemos la propuesta sobre la ter-minación de la carrera, que fija los 75 años como edad límite para ejercer la judicatura.

Como es sabido, este punto se votó en el Congre-so, para distinguir entre los 70 y los 75 años; y el texto que originariamente proponía los 75 años, fue cambiado en el Congreso cuando se decidió votar por los 70 años.

Sin embargo, si el pleno considera conveniente adoptar nuevamente el criterio en favor de los 75 años, podría debatirse y eventualmente vo-tarse.

En términos generales, no nos oponemos a que la edad límite sea de 75 años, siempre y cuando las capacidades físicas lo permitan. Para eso tendría que haber exámenes, a fin de comprobar si se pue-de desarrollar la gestión judicial hasta esa edad.

Básicamente esta es la propuesta de la Corte Su-prema, que, reiteramos, está dirigida a trasvasar algunos derechos laborales de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la Ley Orgánica de la Carrera Ju-dicial. Se acoge aquello que no es generador de gas-to ni de reapertura del régimen del Decreto Ley N.° 20530, así como aquello referido al régimen disci-plinario y a temas laborales, con las puntualiza-ciones que acabamos de señalar. Pero no se acogen las propuestas de terminación de la carrera a los 75 años y de eliminación de la evaluación parcial del desempeño cada tres años y medio.

Señor Presidente, esta es, en esencia, la presen-tación de esta propuesta sobre la base del texto originario del 23 de abril, al cual estamos propo-niendo que se agreguen fundamentalmente los temas de naturaleza disciplinaria y de carácter laboral, ya regulados por la Ley Orgánica del Po-der Judicial.

Previo debate, solicitamos que este texto se some-ta a votación.

Muchas gracias.

—Reasume la Presidencia el se-ñor Aldo Estrada Choque.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Choque).— Habiendo concluido la exposición del presi-

113.ºNo se acoge

Fija 75 años como edad límite para ejercer la judicatura

Terminación de la carrera

91.ºAcogePrecisa redacciónEvaluación Integral

214.º LOPJ67.ºAcoge

Precisa la figura de Suspensión Preventiva del cargo


Precisa el procedimiento para las quejas e investigaciones de oficio

63.ºAcogeIncorpora figura de Anotación y Cancelación de Sanciones


Establece la prohibición de reingreso a la carrera luego de destitución

209.º LOPJ60.ºAcogeReduce el porcentaje de la multa

58.ºAcogePrecisa la proporcionalidad entre faltas y sanciones Precisa facultades de órganos competentes

55.ºAcogePrecisa catálogo de faltas muy graves

54.ºAcogePrecisa catálogo de faltas graves

53.ºAcogePrecisa catálogo de faltas leves

Régimen Disciplinario

36.ºNo se acogeSustituir evaluación por sistema de ratificaciónEvaluación del

Desempeño

Retribución, 186.5 LOPJ Libre asociación, 199.º LOPJ Seguro de vida, 186.7 LOPJ Dotación de vivienda, 186.8 LOPJ

35.ºAcoge

Evaluación, inc. 6 Retribución, inc. 10 Libre asociación, inc. 11 Seguro de vida, inc. 14 Dotación de vivienda, inc. 15

Derechos

Norma VigenteTexto SustitutorioPosición ComisiónPropuestaMateria

Propuestas de la Corte Suprema

Cuadro 3



dente de la Comisión de Justicia y Derechos Hu-manos, se pone en debate esta ponencia.

Tiene la palabra el congresista Sousa Huanam-bal.

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Presidente: Lo prime-ro que tengo que decir es que reco-nozco, como corresponde, el gran esfuerzo que ha hecho el congre-sista Castro Stagnaro para sacar adelante esta Ley de la Carrera Ju-

dicial. Y lo digo porque soy testigo de las innu-merables horas de trabajo que el colega ha dedi-cado a mejorar de alguna manera este dictamen sobre la referida ley.

Lo segundo es que, como bien ha señalado el pre-sidente de la Comisión de Justicia y Derechos Hu-manos, este es un dictamen que casi va a cumplir su primer año; tenemos entonces que apagarle la primera velita.

Desde junio del año 2007, en que lo aprobamos, el dictamen ha sufrido una serie de modificacio-nes tanto en el pleno como en la propia Comisión; y hoy nos ha traído otras, para su aprobación, el presidente de la indicada Comisión.

Estas modificaciones —por cierto, yo tengo un texto que el colega Castro me pasó y que ahora ha variado— son, fundamentalmente, de dos ti-pos. Unas son modificaciones referidas al régi-men laboral, y otras al régimen remunerativo, y muchas de ellas, como bien ha señalado el con-gresista Castro, se encuentran ya legisladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se va a seguir manteniendo, porque finalmente esta ley no está siendo derogada.

Las modificaciones propuestas son más de 40, y en el tiempo de que dispongo es imposible que pueda comentarlas. Sería, además, poco serio que yo pueda comentar más de 40 modificaciones en lo que me queda de tiempo.

Pero lo que sí quiero es subrayar algunas cosas puntuales. Por ejemplo, hay una modificación referida a la promoción, apoyo, estudio y ejecu-ción de planes destinados a dotar a los magis-trados progresivamente de viviendas, lo cual es-tá bien.

Sobre el particular, la Ley Orgánica del Poder Judicial decía que la Corte Suprema promovía el apoyo a la ejecución de viviendas. Pero hoy día, no; hoy día se consigna expresamente que es un

derecho la promoción, apoyo, estudio y ejecución de viviendas en favor de los magistrados.

Esta pequeña modificación es muy importante, y como ella hay varias más.

En el artículo 40.° se introduce, por ejemplo, una serie de párrafos referidos a las bonificaciones que perciben los secretarios y relatores de sa-la, que ya no forman parte de la Ley de la Carre-ra Judicial. Sin embargo, se consigna, por ejem-plo, el 55% de los secretarios y relatores de sala. Y, así, vemos otras modificaciones que, en nues-tro concepto, no deben ser aprobadas en estas circunstancias.

En nuestro concepto, todas esas modificaciones, relacionadas con el régimen laboral de los jue-ces, deben ser materia de una amplia discusión o de una ley especial, porque no podemos en es-tos momentos pronunciarnos seriamente sobre el alcance de cada una de ellas.

Muchas, como se ha dicho, implican gasto, y eso es real. Entonces, vía una participación adicio-nal del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no podemos aprobar 20 o 30 modificaciones al dictamen que aprobó esta Comisión.

Creo que es una cuestión de forma. Hay algunas otras modificaciones que no tienen que ver direc-tamente con el régimen remunerativo de los jue-ces, con las que en principio no me encuentro en desacuerdo; pero creo que han debido ser mate-ria de discusión en la Comisión de Justicia y De-rechos Humanos, y por qué no, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y en la Comisión de Economía, que tienen que ver directamente con esos aspectos puntuales.

—Reasume la Presidencia el señor Luis Gonzales Posada Eyzaguirre.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posada Eyzaguirre).— Congresista, ¿ya culminó?

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Presidente, es absurdo que se propongan 42 mo-dificaciones y que yo solo disponga de tres minu-tos. Así, mejor no discutamos nada.

Es absurdo, porque en ese tiempo es imposible to-car todas las modificaciones propuestas.



1234

Planteo, en primer lugar, y me parece importan-te, con relación a las faltas graves, establecidas en el artículo 47.°, que se incluya un inciso 17), para prohibir que ante cualquier medio de comu-nicación masiva se puedan discutir aspectos pro-cesales o de fondo de los procesos en giro. Hemos venido discutiendo cómo los jueces vienen comen-tando abiertamente los procesos que ellos cono-cen. Eso debe ser considerado una falta grave, y por tanto propongo esa fórmula.

Y, en segundo lugar, voy a hacer un plantea-miento con relación a las quejas, respecto a las cuales, evidentemente, existen vacíos legales. Establecer como plazo de caducidad de la queja, como está planteado, un mes, es decir, 30 días, es absurdo; se debe extender el plazo a seis me-ses, porque es en ese término cuando el litigan-te tiene conocimiento del hecho. Si analizamos el procedimiento de queja, nos damos cuenta de que muchas veces el litigante tiene conocimien-to del hecho cuando ya venció el plazo de cadu-cidad, que se establece en 30 días, con lo cual le sacan la vuelta, finalmente, a la posibilidad de que se pueda...

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Correcto, congresista; es-tá tomando nota el presidente de la Comisión de la sugerencia que usted está formulando.

Le pido que culmine su intervención.

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Presidente, por lo exten-so del tema es imposible, evidente-mente, tocar todas las modificacio-nes que se proponen.

En lo que corresponde a mi partici-pación, por lo menos las disposiciones referidas a remuneraciones y bonificaciones, que contie-ne el dictamen, deben ser excluidas de la apro-bación de este pleno y discutidas nuevamente en otro proyecto de ley. Si ya están contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no se está derogando, obviamente estaríamos so-brelegislando.

Por las modificaciones adicionales planteadas, considero que este proyecto de ley debe ser ma-teria de un cuarto intermedio, o volver a la Co-misión de Justicia y Derechos Humanos, si se insiste en mantener estas 42 modificaciones que se han incorporado al dictamen aprobado por esa Comisión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el congre-sista Valle Riestra González Olaechea.

El señor VALLE RIESTRA G O N Z Á L E Z O L A E C H E A (PAP).— Señor Presidente: Yo, como ha hecho el colega Sousa Hua-nambal, le rindo homenaje intelec-tual al congresista Castro Stagnaro, que ha trabajado estupendamente

esta ley, la cual desde el punto de vista gramati-cal y jurídico es perfecta. De manera que voy a votar con la Célula Parlamentaria Aprista, y no quiero armar ningún conflicto ni ningún jaleo ni reabrir polémicas.

Sin embargo, esta ley está concebida para Lon-dres, para Madrid, para Roma, para países de-mocráticos en que los jueces son democráticos. Pero aquí en el Perú coexisten dos sistemas: no-sotros que hemos sido democráticamente elegi-dos por el pueblo, el jefe del Estado, que ha sido democráticamente elegido por las masas, y un Poder Judicial totalitario, autocrático y antide-mocrático. Nadie puede creer que esta Ley de la Carrera Judicial vaya a modificar esa situación dramática y de oprobio que impone la judicatu-ra en el Perú.

Ahí tenemos a los fujimoristas, con su jefe pro-cesado, en un proceso en que es discutible si hay igualdad de armas. Acá tenemos al jefe de los hu-malistas, a Ollanta Humala, perseguido por de-lito de rebelión a distancia, cometido desde Seúl. Todas esas cosas acontecen aquí.

Yo veo esta ley utópica, porque, por ejemplo, al referirse al perfil del juez, habla de que este ten-ga formación jurídica sólida, capacidad para in-terpretar, etcétera. Pero ¿dice en ese perfil que el juez sea democrático, tenga una vida democráti-ca, haya respetado el debido proceso y los dere-chos humanos? No dice nada de eso.

Por ejemplo, a la hora de hablar de las faltas le-ves, graves y muy graves, se considera muy grave la inasistencia injustificada al despacho judicial. Pero no se pone si el juez ha abierto instrucción sin pruebas o sin indicios, o ha condenado sin pruebas o violando el debido proceso, que es el drama cotidiano de los litigantes y de los aboga-dos democráticos en el Perú.

Por eso creo que mientras no hagamos una en-mienda, que no tiene por qué ser materia de es-ta ley, las cosas no se van a arreglar. Si yo tuvie-ra fuerza en el Parlamento la propondría, pero



no la tengo; yo aquí soy la carabina de Ambrosio. Pero, como se hizo en la Constituyente de 1979 con Haya de la Torre, en la cláusula decimoter-cera transitoria en que se puso: “El Senado de la República, dentro de los sesenta días siguien-tes a su instalación, con el voto de más de la mi-tad de sus miembros, procede a ratificar a los vocales de la Corte Suprema para ver si actua-ron o no democráticamente”, tenemos una nor-ma a cuyo amparo habríamos podido construir aquí un fuero democratizador, con representan-tes de los colegios de abogados, facultades de de-recho, organismos de derechos humanos, para, en aplicación del artículo 15.° del Pacto Interna-cional de Derechos Civiles y Políticos de Nacio-nes Unidas, construir la tipicidad, conforme a los principios generales de derecho democrático su-pranacional, y hacer una investigación y una de-puración de los jueces totalitarios.

Creo como mi maestro Manuel González Prada, que al hablar de nuestros magistrados en Horas de Lucha repitiera como Víctor Hugo: Si ante los jueces del Perú me acusaran de haberme robado las torres de la Catedral, yo fugaría por miedo a la decisión de los magistrados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Torres Caro.

El señor TORRES CARO.— Pre-sidente: Solón, el gran legislador griego, decía hace dos mil 300 años que el problema no era de leyes, si-no de hombres que no cumplen o no aplican las leyes.

Yo también quiero sumarme a ese conjunto, no de diatribas, sino de voces al presidente de la Co-misión de Justicia y Derechos Humanos, congre-sista Castro Stagnaro, porque, efectivamente, me consta su conducta por querer sacar adelante es-ta ley. Pero el problema no es de voluntades, si-no de realidades.

Colegas, aquí estamos ante una situación cla-ra: el 10, el 11 y el 12 de junio vamos a discu-tir iniciativas de reforma constitucional, entre las cuales está la de la reforma de la administra-ción de justicia.

Entonces, si vamos a tratar esas iniciativas, ¿có-mo vamos a aprobar hoy una Ley de la Carre-ra Judicial que de hecho podría estar en directa contradicción con lo que se plantee en esas pro-

puestas de reforma constitucional? Por eso, no es coherente ni consecuente aprobar hoy este pro-yecto. Más aún cuando, revisando ya este texto, y, efectivamente, no hay tiempo para revisarlo y ha-cer el discernimiento del caso en estos pocos mi-nutos, podemos advertir, por ejemplo, en el artícu-lo sobre el perfil del juez, que no se estipula como característica valiosa, que el juez debe ser defen-sor de la democracia y del debido proceso. Esa es la característica del perfil de un juez y no otra. Sin embargo, no se la contempla.

Asimismo, se pretende sustraer la competencia del Consejo Nacional de la Magistratura en algo tan de-licado como es la evaluación de los jueces, prevista en el artículo 86.° y siguientes del proyecto. Lo que se pretende, entonces, con esta evaluación es quizá tener asustados a los jueces para los próximos años. ¿Con qué objetivos, por qué razones? No queremos pensar que sea con afanes mezquinos.

También se pretende sustraer de la competencia del Consejo Nacional de la Magistratura, desde el artículo 11.° y siguientes, donde se consignan los mecanismos de selección, lo que le corresponde respecto a las etapas del ingreso a la carrera ju-dicial; cuando es el Consejo Nacional de la Ma-gistratura, mediante ley orgánica y mediante re-glamento, quien tiene que establecer esas etapas. ¿Por qué se va a sustraer esa competencia a tra-vés de esta ley?

Presidente, esta ley fue rechazada por el Pleno, con quórum; pero luego se dijo, como argumento, que los congresistas no venían, cuando estuvieron aquí; y se perdió con votación.

En esas circunstancias, creo que el presente pro-yecto, que va ser tratado en su versión mayor el 10, el 11 y el 12 de junio de este año, no debe ser aprobado por la Representación Nacional, más aún cuando fue rechazado y no ha sido considera-do por la Comisión, que, en todo caso, debería vol-ver a verlo.

Por eso planteo, como cuestión previa, que vuelva a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y sea revisada en esos extremos.

Formalizo por tanto la cuestión previa, para que vuelva a la Comisión de Justicia y Derechos Huma-nos; y quizá si aprobamos la propuesta de reforma de la administración de justicia, los días 10, 11 y 12 de junio, entonces, a partir de esos lineamientos, podremos recién ocuparnos de esta iniciativa.

De otra manera, estaríamos legislando para las galerías, y de eso no se trata. Se trata de una ley



1236

trascendente que tiene que ver con la vida de los jueces.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Ha concluido su tiempo, congresista.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el congresista Otárola Peña-randa.

Congresista, repito que han concluido los cin-co minutos que se le concedieron. Se le ha escu-chado con el mayor respeto y estamos cumplien-do los tiempos.

Congresista Otárola Peñaranda, dispone de cin-co minutos, que es lo que corresponde a cada bancada.

No sé si de su tiempo le podría otorgar algunos segundos a su colega.

El señor OTÁROLA PEÑARAN-DA (GPN).— Lo que ocurre, Pre-sidente, es que tengo comprome-tido el tiempo con el congresista Urquizo; pero podría conceder 30 segundos.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posada Eyzaguirre).— De acuerdo, congre-sista.

Puede proceder, congresista Torres Caro.

El señor TORRES CARO.— Mu-chas gracias, congresista, por su gesto democrático.

Pero aquí, Presidente, no se puede actuar de esa manera, porque hay cosas que no están bien hechas. Y

el hecho de que uno esté en la posición contra-ria, no es para que se asuman actitudes arbitra-rias. La democracia no permite eso.

Por eso, concluyo diciendo que en este proyecto hay aspectos que no han sido revisados, como el de la evaluación y el del perfil del juez.

Este proyecto debe volver a la Comisión de Jus-ticia y Derechos Humanos.

Esa es la cuestión previa que planteo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Puede iniciar su interven-ción, congresista Otárola Peñaranda.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (GPN).— Presidente: Recuerdo que en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ante el pedido de todos los vocales de las cortes superiores del Perú, habíamos acordado escucharlos a ellos, pero no se les ha escuchado. ¿Por qué? Porque cuestionan algunos artículos. Como operado-res jurídicos que son, creo que valía la pena es-cucharlos.

Se cree y se dice, por ejemplo, que el artículo 86.° del proyecto vulnera el artículo 154.° de la Constitución, ya que en él se prevé que la eva-luación de los magistrados es cada siete años, y no cada tres años y medio, como se estable-ce en ese artículo del proyecto, aduciéndose que se trata de una calificación parcial que va a permitir corregir los defectos y las debilida-des del juez.

La Comisión de Evaluación del Desempeño, pre-vista en el artículo 87.° del proyecto, es incons-titucional; vulnera también el artículo 154.° de la Constitución, porque importa una intromi-sión del Poder Judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso, obviamente, no es cons-titucional.

Los vocales supremos son evaluados tomando en cuenta solo dos parámetros, lo que no sucede con los jueces y vocales superiores. Obviamente, esto es inconstitucional porque se está legislando con nombre propio y de distinta manera.

Los magistrados supremos son evaluados solo sobre la base de dos de los seis criterios: la cali-dad de sus resoluciones y su desarrollo profesio-nal; mientras que a los vocales superiores y a los jueces se les evalúa sobre la base de los seis cri-terios. Eso no me parece justo.

Es inconstitucional, además, porque se vulnera el principio de igualdad, al establecer una excep-ción para el retiro de los magistrados supremos. Temporalmente, y con nombre propio, se poster-ga su retiro de los 70 a los 75 años de edad. Esto, obviamente, no debe pasar porque se debe legis-lar igual para todos.

Por otro lado, no se permite que el Consejo Na-cional de la Magistratura designe una plaza es-pecífica, solo lleva a cabo la selección, y se deja al Poder Judicial para que designe a qué plaza va a ir quien ingresó a la carrera.



En consecuencia, estando de acuerdo con la in-tegridad de la ley, pedimos que se salven estas deficiencias; pero, si eso no ocurriese, obvia-mente preferiríamos que el proyecto vuelva a Comisión.

Presidente, dentro de mi tiempo, permítame con-ceder interrupciones a los congresistas Urquizo y Mayorga.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la interrupción, con-gresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (GPN).— Presidente, solamen-te para expresar nuestra observa-ción a la forma precipitada en que se pretende aprobar esta Ley de la Carrera Judicial, que es una ley trascendental porque va a regular

la vida de los magistrados de un poder del Esta-do como es el Poder Judicial.

Por ello creemos que primero debe aprobarse la reforma constitucional en lo que respecta a la ad-ministración de justicia, y, a posteriori, esta Ley de la Carrera Judicial.

Esta es la observación que me permito formular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Por excepción, tiene la in-terrupción el congresista Mayorga Miranda.

El señor MAYORGA MIRANDA (N-UPP).— Presidente, en forma muy concreta.

Creo que la presidencia de la Co-misión de Justicia y Derechos Hu-manos no ha tomado en cuenta

una reclamación esencial de la Corte Suprema de Justicia.

Acá tengo un recorte en el que el presidente de la Corte Suprema señala lo siguiente: El tema más problemático es el de la evaluación permanente, que se quiere instalar en forma paralela o simul-tánea a la ratificación cada siete años.

Esto se refiere a que cada tres años y medio se debe someter a evaluación. Este es un punto cen-tral, porque el magistrado...

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, se le da un minuto para compensar el tiempo que le conce-dió el congresista Otárola Peñaranda al congre-sista Torres Caro.

El señor MAYORGA MIRANDA (N-UPP).— Presidente, se trata de que el magistrado esta-ría supeditado, sujeto, cada tres años y medio, durante el ejercicio de su carrera, a estar pen-sando en qué momento se somete a la evalua-ción; y eso no es correcto, porque después de los tres años y medio viene una evaluación a los sie-te años, que es la que va a terminar con la ratifi-cación del magistrado.

Creo, por esa razón, que la cuestión previa de vuelta a comisión es lo más adecuado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista García Belaúnde.

El señor GARCÍA BELAÚNDE (AP).— Señor Presidente: Nos han exhibido y explicado 48 observacio-nes del presidente de la Corte Su-prema, y se han aceptado muchas y otras no. Pero cuando yo pregun-to por el texto final y hablo con el

propio presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, me dice que lo están repar-tiendo.

Me acaba de llegar el texto en este momento; pero yo tenía mis observaciones hechas en base al pro-yecto de hace 30 días. O sea, el texto final que se está repartiendo en este momento, me ha llegado con 48 modificaciones, y se quiere que se apruebe con intervenciones de dos o tres minutos.

Entiendo ahora al colega Valle Riestra. Se puede intervenir en el debate por tres minutos cuando se trata de la Ley de la gastronomía, de la papa, del tondero, del cu cú o del alcatraz. Pero discu-tir un proyecto con intervenciones de dos o tres minutos, cuando se trata de una ley tan impor-tante, con 48 modificaciones propuestas y parece que conversadas entre el presidente de la Comi-sión y el presidente del Poder Judicial, me pare-ce que no es serio.

¿A quién afecta esta ley? No a los 17 mil 310 tra-bajadores que tiene el Poder Judicial, 15 mil 150 en planilla y dos mil 300 en servicios no persona-les; sino a dos mil 171 jueces solamente. Enton-



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ces, empecemos por el nombre. No puede ser la Ley de la Carrera Judicial. Tiene que ser la Ley del Juez, porque afecta solamente a los jueces; afecta a dos mil 100 personas del Poder Judi-cial, que está integrado por más de 17 mil perso-nas. Empecemos bien, poniéndole como nombre Ley del Juez.

Es todo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Estrada Choque.

El señor ESTRADA CHOQUE (N-UPP).— Señor Presidente: Unión por el Perú solicita que este proyecto vuelva a Comisión, a fin de que se discutan necesariamente las 38 o 40 iniciativas que se han incor-porado, así como otros graves defec-tos que tiene su texto.

El gran pensador Antonio Casós decía que no hay nada más encumbrado e importante en la Tierra que el ser humano, sobre todo cuando es-tá rodeado de un sistema de justicia que le ga-rantice su libertad, su seguridad y su bienestar; y evidentemente es así. Y cuando estamos discu-tiendo un proyecto de tanta trascendencia como es este, sobre la Ley de la Carrera Judicial, tene-mos que poner el máximo interés en todas y ca-da una de sus normas.

Ya ha dicho el colega Rolando Sousa que aquí hay una serie de normas que se han introduci-do en atención a la nota que ha hecho llegar el señor presidente de la Corte Suprema, y se dice que habrían sido analizadas en una reunión en-tre el presidente de la Comisión, congresista Cas-tro Stagnaro, y los congresistas Perry Cruz, Ve-lásquez Quesquén y Vega Antonio.

Tenemos aquí más de 50 dispositivos que el Po-der Judicial exige que sean debatidos y conside-rados, y de los cuales un buen porcentaje se ha asimilado sin que absolutamente se haya visto en ninguna de las sesiones de la Comisión de Justi-cia; tanto es así que incluso hasta ahora último le hemos pedido al colega Castro Stagnaro, y se lo digo con mucho respeto, que venga el señor pre-sidente de la Corte Suprema para tener un diá-logo amplio, con el único propósito de perfeccio-nar este proyecto, que no es una ley cualquiera, sino una norma que va a regir la forma como tie-ne que administrarse justicia en este país y —lo

más importante— que va a garantizar el derecho de cada uno de los ciudadanos.

Debo manifestar que, efectivamente, en el artícu-lo 86.° de este texto se ha incorporado la llamada “evaluación parcial”. Es absolutamente incons-titucional introducir este tipo de evaluación, co-mo si se tratara de un examen para los jueces al cabo de tres años y medio, sin indicarse cuándo se va a iniciar esa evaluación, por ejemplo, para los jueces que en este momento ya tienen cuatro años o cuatro años y medio; o acaso va a ser lue-go de que trascurra un buen tiempo, o será una evaluación cuya más correcta aplicación tenga que preverse.

Lo cierto es que se trata de un proyecto incons-titucional, y, como alguien ha dicho, podremos seguramente debatirlo ampliamente después de los días 10, 11 y 12 de junio, que se han señala-do justamente para ver las iniciativas de refor-ma constitucional en materia de administración de justicia, que serían las más adecuadas para adoptarlas.

Además, hay una serie de normas, como las que tienen que ver con el régimen remunerativo, que se han incorporado sin consultar y sin tomar en cuenta el criterio de quienes conformamos la Comisión. Asimismo, hay una serie de propues-tas referidas a un régimen de vivienda, a un ré-gimen de bonificaciones, qué sé yo, que necesa-ria y forzosamente han tenido que ser vistas por todos nosotros.

No nos oponemos a que las reivindicaciones que plantea el Poder Judicial, a través del documen-to que nos envía el señor presidente de la Corte Suprema, sean en gran parte incorporadas; pero creemos que sí requieren de una sesión especial para su debate. Es urgente que apreciemos todo ello para poder pronunciarnos.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Muchas gracias, señor con-gresista; hemos escuchado su planteamiento.

Tiene la palabra el congresista Rebaza Martell, por un minuto y medio, tiempo que le resta a la bancada del Apra.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— Señor Presidente: Se di-ce que se quiere aprobar de mane-ra precipitada este proyecto de ley, cuando hemos tenido más de un año para poder alcanzar nuestras suge-rencias y opiniones.



Entiendo que una vez emitido el predictamen, es-te queda a disposición no solo de los congresis-tas, sino de cuantos puedan aportar para el per-feccionamiento de este proyecto de ley.

No existe ahora una ley que regule la carrera ju-dicial, no existe una regulación jurídica de ese ámbito tan importante y de ese Poder del Es-tado; pero sí existe la carrera, y muchas de sus normas están contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En consecuencia, lo que se vierte acá no vienen a ser más que expresiones altisonantes que preten-den impactar en la conciencia de todos los congre-sistas para seguir obstruyendo la aprobación de esta ley tan importante y tan necesaria; no para los jueces, porque se dice que va a favorecer a tal o cual persona. No, señor; porque a quien va a fa-vorecer es al pueblo, al justiciable, al administra-do, al que tiene pretensiones jurídicas.

Señor Presidente, no nos estamos dejando llevar por la vehemencia para que este proyecto de ley se apruebe. De prosperar la cuestión previa, que sea por un plazo perentorio, tomando en consi-deración los días previstos para el estudio de la reforma constitucional.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Señor congresista, ha que-dado registrado su pedido.

Vamos a dar la palabra al presidente de la Comi-sión de Justicia y Derechos Humanos.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— (In-terviene fuera de micrófono).

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, hemos con-venido en que la Presidencia sea rigurosa con el tiempo, y se le ha escuchado.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— (In-terviene fuera de micrófono).

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— De acuerdo, congresista.

No creemos complicaciones, porque hemos sido respetuosos con los tiempos.

Tiene 30 segundos para concluir.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— Se-ñor Presidente, solo para decir en voz alta que los artículos 138.° al 149.° de la Constitución Po-

lítica, sobre el Poder Judicial, se refieren a aspec-tos principistas y generales, y no a aspectos es-pecíficos, como los que contiene este proyecto de Ley de la Carrera Judicial.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el presi-dente de la Comisión de Justicia y Derechos Hu-manos, congresista Castro Stagnaro.

El señor CASTRO STAGNARO (UN).— Señor Presidente: En mi calidad de presidente de la Comi-sión de Justicia y Derechos Huma-nos, y además como profesional que he venido trabajando el tema dos años, lo único que puedo hacer es

lamentar algunas de las expresiones sensaciona-listas que acá se han vertido.

Las he escuchado con toda tranquilidad y con to-da paciencia, y no me voy a alterar, porque pre-cisamente lo que se quiere o lo que se busca es eso.

Señor Presidente, el congresista Falla Lamadrid me pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Concedida.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Señor Presidente, acom-pañé al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a la Sala Plena de la Corte Suprema, y pudimos ver cómo los señores ma-gistrados expresaban sus discrepan-cias con esta propuesta.

Mi sugerencia fue que vengan acá, al hemiciclo, don Francisco Távara Córdova y los vocales su-premos que la Sala Plena disponga, porque ellos saben dónde ajusta el zapato. Devolver este dicta-men a Comisión es dejarlo para las calendas grie-gas, después de cinco años de debate.

De modo que, reconociendo el trabajo de la Comi-sión de Justicia y Derechos Humanos y de su pre-sidente, pido, más bien, antes de empezar el de-bate, que exponga aquí el presidente de la Corte Suprema de manera directa, ante la Representa-ción Nacional, las observaciones a este proyecto de ley que les involucra directamente.

Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Puede continuar, congre-sista Castro Stagnaro.

El señor CASTRO STAGNARO (UN).— Se-ñor Presidente, me pide una interrupción la con-gresista Sasieta Morales.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la segunda inte-rrupción la congresista Sasieta Morales.

La señora SASIETA MORALES (AP).— Señor Presidente, el Con-greso de la República, como poder independiente, ha hecho lo que te-nía que hacer. Como miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, me constan las múltiples

horas y las decenas de sesiones que hemos teni-do para poder llegar a un ajuste del texto de este proyecto de Ley de la Carrera Judicial.

Parece que hay personas extrañas a esta revolu-ción en la justicia que tratan de impedir que ha-ya una Ley de la Carrera Judicial, para que es-ta justicia, con tres millones 600 mil expedientes pendientes de sentencia, tenga jueces con una ca-rrera y que sean probos y honestos.

Yo me siento sumamente sorprendida de que en este momento haya voces discordantes en con-tra de esta ley, porque me consta a mí el trabajo que se ha realizado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Puede continuar, congre-sista Castro Stagnaro.

El señor CASTRO STAGNARO (UN).— Se-ñor Presidente, concedería una última interrup-ción al congresista Pastor.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, hemos otor-gado las dos interrupciones de Reglamento. Si da-mos más, tendríamos que abrir nuevamente el debate. Le pido que colabore con la Mesa.

El señor CASTRO STAGNARO (UN).— Muy bien, señor Presiden-te, cómo no.

Aquí lo que se pretende, con ra-zones sensacionalistas, es hacer creer que hemos introducido un

sinnúmero de modificaciones; cuando lo que he-mos hecho es pedir que se distribuya el dictamen aprobado el 23 de abril. No hemos introducido modificaciones. Lo que hemos traído a debate es una relación de propuestas de la Corte Suprema; y lo que hemos presentado son aquellas que no-sotros consideramos atendibles y aquellas que no son atendibles porque generan gasto.

Hemos escuchado aquí algunas intervenciones de los señores congresistas que tienen mucho que ver con la fantasía, con la idealidad. Aquí hay quienes han levantado su voz para hablar sobre el tema constitucional, etcétera, etcétera; pero durante el año que hoy han estado presen-tes en la Comisión de Justicia y Derechos Huma-nos, no han hecho un solo aporte ni han propues-to una sola modificación al dictamen. Esa es la realidad de las cosas.

Pero qué timbre les tocan, qué zapato les aprieta, cuando vienen acá y se ponen de pie en su esca-ño para decir lo que hoy han dicho. Y sin embar-go, en la Comisión permanecen mudos.

No vamos a caer en ese juego, y simplemente vamos a contestar a algunas de las cosas que se han dicho.

Se dice que se pidió invitar al presidente de la Corte Suprema. Pero lo que en realidad se pi-dió en la Comisión de Justicia y Derechos Hu-manos fue un debate entre el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Su-perior de Lima, donde parece que hay muchas amistades.

Nosotros concurrimos a la Corte Suprema de Jus-ticia de la República y preguntamos quién era el vocero oficial del Poder Judicial; y se nos contes-tó claramente, por el propio presidente, que era el presidente de la Corte Suprema.

En tal sentido, no cabía una invitación para que el presidente honorabilísimo de la Corte Supre-ma de Justicia de la República discuta aquí con un presidente honorabilísimo de la Corte Supe-rior delante del país. Entendemos que es obliga-ción de ellos ponerse de acuerdo; y entendemos que eso se produjo cuando estuvimos en la Corte Suprema y cuando los señores magistrados pre-sentaron una relación nueva de propuestas.

Quiere decir que propuestas sobre esta norma han sido atendidas en muchas oportunidades. No es la primera vez que las recibimos de la Cor-te Suprema. Y estas propuestas son genérica-mente nuevas.



Lo que nosotros hemos hecho acá no es traer un texto subterráneo, un texto que por lo bajo in-troduce mejoras, como de manera sensacional se ha pretendido presentar acá. No, señor; esa no es la verdad.

La verdad es que hemos traído un texto, del que hemos hecho su presentación, sobre cuatro te-mas sustanciales: uno sobre beneficios labora-les, cuyo retiro ha pedido el congresista Sousa, lo cual acogemos porque no perjudicamos a los jueces. De las 19 propuestas hechas, 11 se refie-ren a beneficios laborales. Estas propuestas las retiramos y las dejamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Nosotros presentaremos un proyecto de ley so-bre algunos aspectos que los jueces reclaman con justicia.

Acogiendo entonces la petición, retiramos las pro-puestas laborales, que son 11, y quedan ocho.

De las ocho que quedan, hay dos que no pode-mos atender, como hemos dicho. Una es la refe-rida a la eliminación de la evaluación parcial y la otra a los 75 años como edad límite. Si usted, señor Presidente, considera, o el respetable ple-no considera, que se debe votar por separado la propuesta para que esa edad límite pase de 70 a 75 años nuevamente, no tenemos ningún in-conveniente. Recordemos que eso ya se debatió en el pleno.

Recordemos, también, que nosotros propusimos que la edad límite fuese 75 años, por la sabidu-ría que a esa edad alcanzan las personas. Hay al-gunas personas que cuando envejecen son más sabias; pero hay otras a las que les sucede todo lo contrario. Por supuesto, no me refiero a na-die en particular.

Señor Presidente, se ha dicho que acá hablamos para las galerías; y no es así. Lo que ocurre es que acá hablamos por una recta administración de justicia; no hablamos para los amigos, ni para los contactos, sino para el país, para modernizar un sistema de justicia que a gritos requiere mo-dernización. Y estamos dando batalla por esa re-forma de la administración de justicia.

Pero acá hay un bloqueo sistemático a toda re-forma, a toda mejora, a toda modernización, aun cuando todo el continente ve que somos un país con una envidiable posición en cuanto a inver-siones y a una mejora de la calidad de vida. Pe-ro esa situación no va a soportar dos años más si no hay un sistema de administración de justicia

que garantice la viabilidad de todo el desarrollo que estamos teniendo.

Desde el que roba una gallina hasta el que le ro-ba al Estado, aquí lo que necesitamos es un sis-tema que sea predecible, transparente, eficiente; y eso es lo que pretende la reforma de la carre-ra judicial.

Y no es verdad que se requiera reforma constitu-cional. Las propuestas que vamos a debatir acá dentro de dos semanas están referidas, funda-mentalmente, a la composición y a las facultades de la Corte Suprema, al gobierno del Poder Judi-cial. ¿Qué tiene que hacer todo esto con la carre-ra judicial, con el capital humano?

La carrera judicial, como aquí se ha dicho, no es-tá referida a los relatores, a 17 mil funcionarios; está referida solamente a los dos mil 300 jueces que hay en todo el país.

Entonces, no es verdad, y lo digo con todo respeto pero con la mayor energía, que aquí se está pre-tendiendo introducir cambios para 17 mil perso-nas, o que esto no es constitucional, o que que-remos un debate aquí entre los presidentes de la Corte Suprema y de la Corte Superior. No, señor Presidente; por ahí no va la cosa.

Nosotros acogemos con la mejor voluntad, como siempre lo hemos hecho, las propuestas del con-gresista Sousa. Creo que él ha formulado tres pro-puestas interesantes. La primera de ellas es que toda la materia laboral quede en la Ley Orgáni-ca del Poder Judicial. Desde luego, es perfecti-ble la Ley del Poder Judicial, que es anterior a la Constitución de 1992, y, cómo no, acogemos esa primera propuesta.

Ha formulado también el congresista Sousa una segunda propuesta, para que se introduzca como causal de sanción disciplinaria el hecho de que los jueces puedan comentar en los medios de co-municación aspectos relativos al proceso en cur-so que ellos lleven.

Esa propuesta creemos que sí es pertinente, pro-cedente y, además, atinada. De manera que, ra-zonablemente, la acogemos porque creemos que tiene un fundamento jurídico.

Y, finalmente, una tercera propuesta que hace el congresista Sousa está orientada a que el plazo de interposición de la queja, prevista en el artícu-lo 60.° del texto del 23 de abril, sea, en vez de tres meses, de seis meses. Cómo no, la aceptamos, por-que nos parece también razonable que se pueda interponer una queja durante seis meses.



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En ese mismo artículo, decía el texto original que la facultad del órgano de control para iniciar in-vestigaciones prescribe a los dos años de ocurri-do el hecho. En realidad, lo que estamos propo-niendo es que prescriba a los dos años de iniciada la investigación.

Esas propuestas son jurídicamente aceptables, están en caja, y creemos que son un aporte fun-damental de la bancada fujimorista. Pero lo que pedimos es que no se actúe con sensacionalismo en el pleno, sino con responsabilidad.

Se ha planteado una cuestión previa para que es-te proyecto vuelva a Comisión. Esto se planteó en la Comisión de Justicia y Derechos Huma-nos, y la posición de la presidencia fue que dicho proyecto estaba en el pleno y que en el pleno sí se pueden modificar los dictámenes emitidos por las Comisiones.

Sin embargo, yo sugeriría que se vote antes la cuestión previa; y si esta se aprueba, el proyecto volverá a Comisión. Pero antes de esa votación, que podría ser más tarde, quizá podamos noso-tros presentar ahora un nuevo texto y distribuir-lo, dejando de lado lo que estamos retirando. Si retiramos 11 temas laborales, quedan nueve; co-mo no acogemos dos de estos, quedan siete, re-feridos a temas disciplinarios y algún otro sobre derechos. De esa manera la cosa se simplifica enormemente.

Creo que podríamos recoger todo eso en un tex-to, distribuirlo y continuar el debate, si fuera necesario, antes de votar la cuestión previa, con ese texto nuevo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, tenemos que consultar la cuestión previa.

Los señores representantes se servirán regis-trar su asistencia para proceder a la votación de la cuestión previa planteada por el congresista Torres Caro, con el objeto de que el texto mate-ria de debate sobre la Ley de la Carrera Judicial vuelva a la Comisión de Justicia y Derechos Hu-manos, por un plazo que se determinará en su momento en caso de prosperar.

De ser rechazada la cuestión previa, la ponencia pasará a un cuarto intermedio a fin de que se re-dacte un nuevo texto con las modificaciones acep-tadas por el presidente de la Comisión de Justi-cia y Derechos Humanos.

Estaremos entonces a la espera de su distribu-ción, a los efectos de poder someterlo a votación

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital pa-ra verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Han registrado su asisten-cia 99 congresistas.

Al voto.


—Efectuada la votación, se rechaza, por 53 votos en contra, 44 a favor y una abstención, la cuestión previa planteada.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Ha sido rechazada la cues-tión previa.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Sucari Cari y Serna Guzmán, y del voto en contra de la congresista Balta Salazar.

En consecuencia, la ponencia ingresa a un cuar-to intermedio. El presidente de la Comisión dis-tribuirá el nuevo texto sustitutorio en el momen-to que considere oportuno.

“Votación de la cuestión previa para que el Proyecto pase a la Comisión de Justicia

y Derechos Humanos

Señores congresistas que votaron en con-tra: Alcorta Suero, Alegría Pastor, Anaya Oro-peza, Bedoya de Vivanco, Bruce Montes de Oca, Cabanillas Bustamante, Cánepa La Cotera, Ca-rrasco Távara, Castro Stagnaro, Cribilleros Shigi-hara, Del Castillo Gálvez, Eguren Neuenschwan-der, Escudero Casquino, Espinoza Ramos, Falla Lamadrid, Flores Torres, Florián Cedrón, Gar-cía Belaúnde, Giampietri Rojas, Guevara Gómez, Guevara Trelles, Huerta Díaz, Lazo Ríos de Hor-nung, Lombardi Elías, Macedo Sánchez, Mallqui Beas, Menchola Vásquez, Mendoza del Solar, Mo-rales Castillo, Negreiros Criado, Núñez Román, Pastor Valdivieso, Pérez del Solar Cuculiza, Pé-rez Monteverde, Perry Cruz, Rebaza Martell, Ro-bles López, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Silva, Sa-lazar Leguía, Sánchez Ortiz, Sasieta Morales, Urtecho Medina, Valle Riestra González Olae-chea, Vargas Fernández, Vega Antonio, Venegas Mello, Vílchez Yucra, Waisman Rjavinsthi, Wil-son Ugarte, Yamashiro Oré, Zeballos Gámez y Zumaeta Flores.



Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Aguinaga Re-cuenco, Cabrera Campos, Cajahuanca Rosales, Chacón De Vettori, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, Espinoza Cruz, Espinoza Soto, Estrada Choque, Fujimori Fujimori, Fujimori Higuchi, Ga-lindo Sandoval, González Zúñiga, Gutiérrez Cue-va, Hildebrandt Pérez Treviño, Isla Rojas, León Minaya, León Zapata, Luizar Obregón, Maslucán Culqui, Mayorga Miranda, Moyano Delgado, Ná-jar Kokally, Obregón Peralta, Ordóñez Salazar, Otárola Peñaranda, Pando Córdova, Raffo Arce, Ramos Prudencio, Reggiardo Barreto, Reymun-do Mercado, Saldaña Tovar, Santos Carpio, Silva Díaz, Sousa Huanambal, Sumire de Conde, Supa Huamán, Torres Caro, Uribe Medina, Urquizo Ma-ggia, Vásquez Rodríguez y Vilca Achata.

Señora congresista que se abstuvo: Huanca-huari Páucar.”

Se inicia el debate del texto sustitutorio, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Trabajo, por el que se propo-ne modificar el Decreto Legislativo N.° 892, Ley que regula el derecho de los trabajado-res a participar en las utilidades de las em-

presas

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posa-da Eyzaguirre).— El siguiente punto es el pro-yecto de Ley que modifica el artículo 2.° y deroga el artículo 3.° del Decreto Legislativo N.° 892, Ley que regula el derecho de los trabajadores a parti-cipar en las utilidades de las empresas.

En la sesión de 22 de mayo último, el presiden-te de la Comisión de Trabajo, congresista Serna Guzmán, sustentó el texto sustitutorio propues-to en el dictamen en mayoría de dicho órgano le-gislativo, recaído en los Proyectos de Ley números 1267/2006-IC, 1670/2007-PE, y 1686 y 1804/2007-CR.*

En esta oportunidad, tiene la palabra el congresis-ta Yamashiro Oré, autor de un dictamen en mino-ría sobre esta materia.

El señor YAMASHIRO ORÉ (UN).— Presidente: He presentado un dictamen en minoría de los Pro-yectos de Ley números 1267/2006-IC, 1670/2007-PE, 1686/2007-CR y 1804/2007-CR.

El Decreto Legislativo N.° 892 modificó el Decreto Legislativo N.° 677, vulnerando lo señalado por el

artículo 29.° de la Constitución Política del Perú, y afectó el estatus de los trabajadores.

Con dicho decreto legislativo se estableció un lími-te máximo de 18 remuneraciones mensuales para la distribución de utilidades y a la vez se dispuso que los excedentes pasaran a un fondo para la ca-pacitación de trabajadores denominado Fondo Em-pleo, y posteriormente para la realización de pro-yectos de inversión pública en infraestructura vial a cargo de los gobiernos regionales.

Sobre el particular, tenemos que hacer una evalua-ción con referencia a los siguientes aspectos: siste-ma de distribución de las utilidades de los traba-jadores, límite máximo de la participación en las utilidades, desarrollo y fortalecimiento de las ca-pacidades de gestión de los gobiernos regionales y de los recursos financieros y fecha de entrada en vigencia de la norma.

Con respecto al sistema de distribución de las utili-dades de los trabajadores, tenemos que resaltar que el vigente sistema de distribución es el más ade-cuado; es decir, 50% del monto de la participación a prorrata entre los trabajadores, en función de los días laborados por cada trabajador; y el otro 50% en proporción a las remuneraciones personales.

Un esquema de distribución distinto que priorice la asistencia del trabajador al centro laboral fren-te a su nivel de responsabilidad y trayectoria en la empresa y formación profesional, los cuales se ven reflejados en los niveles remunerativos, tendría las nefastas consecuencias siguientes.

En primer lugar, no respetaría que tanto las re-muneraciones como las utilidades de los trabaja-dores deben estar acordes con el nivel de especia-lización, experiencia y responsabilidad que tenga cada uno.

Afectaría en forma sustancial el sistema de remu-neraciones de las empresas privadas, destruyendo el régimen salarial, generando desaliento entre los trabajadores y, en consecuencia, afectando el desa-rrollo de la actividad empresarial.

Asimismo destruiría la motivación del trabajador para superarse y estudiar, a fin de que, con ese es-tudio y con su esfuerzo, pueda ver incrementada su responsabilidad y su participación en el quehacer productivo, y con ello, mejorar su remuneración y, por ende, su participación en las utilidades.

En resumen, al modificar el sistema de distri-bución de utilidades se eliminarían los incen-




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tivos para ser más eficientes y diligentes en el trabajo.

Con respecto al límite máximo de la participa-ción en las utilidades de los trabajadores, consi-deramos que el límite máximo igual a 18 remu-neraciones mensuales debe ser eliminado; ello porque la existencia del concepto de “remanen-te” o “exceso”, contemplado en el marco actual, y que es destinado al Fondo Empleo y a los gobier-nos regionales para proyectos de infraestructura vial, constituye un impuesto indirecto al trabajo con la más alta tasa. Es decir, nadie paga tan al-ta tasa de este impuesto como lo están haciendo los trabajadores, que reduce los ingresos de es-tos mediante una exacción inconstitucional por parte del Estado.

No es justo que se limiten los beneficios que los propios trabajadores han ayudado a producir con su trabajo. Esta limitación vulnera los prin-cipios constitucionales de razonabilidad y pro-porcionalidad.

El Estado debe tomar medidas para velar por el beneficio y bienestar, en el largo plazo, de los trabajadores y sus familias. Por tanto, resul-ta conveniente establecer las siguientes dispo-siciones.

En primer lugar, fijar un tope o límite máximo de 24 remuneraciones mensuales, cuyo impor-te en efectivo será entregado a los trabajadores para su libre disponibilidad. El importe restan-te deberá ser depositado en la cuenta personal de Compensación de Tiempo de Servicios, fondo bajo titularidad de cada trabajador, pero con un uso restringido.

Estos recursos podrán ser utilizados por los tra-bajadores al término de su vínculo laboral y/o en casos de necesidad, o incluso como un seguro de desempleo. Así evitaremos la generación de dis-torsiones en el mercado laboral, las mismas que se generan en caso de que se obtengan utilida-des muy altas y se asigne el cien por ciento de la participación en las utilidades a cada trabajador para su libre disponibilidad inmediata.

La excesiva cantidad de dinero afectaría grave-mente a la economía de la localidad en que ten-ga participación la empresa que produce altas utilidades, generando alza de precios de bienes y servicios, especialmente en poblaciones peque-ñas o muy alejadas. Aceptar que se deposite en la cuenta personal de Compensación por Tiem-po de Servicios hace que ese dinero se esterilice y no afecte a la economía local.

El siguiente aspecto que tenemos que conside-rar es el desarrollo y fortalecimiento de las capa-cidades de gestión de los gobiernos regionales. Las modificaciones planteadas suprimirán im-portantes recursos financieros que vienen sien-do transferidos a los gobiernos regionales para la ejecución de proyectos de infraestructura vial; en consecuencia, resulta necesario compensarlos.

¿Y qué se propone para compensar los recur-sos que los gobiernos regionales han venido re-cibiendo?

Se propone que el Impuesto a la Renta de Quin-ta Categoría, que es pagado por los trabajadores por concepto de participación en las utilidades de las empresas donde laboran, sea entregado al go-bierno regional respectivo, quien lo aplicará al fi-nanciamiento del desarrollo y al fortalecimiento de las capacidades de gestión pública; capacita-ción y contratación de funcionarios; mejoras ma-teriales; consultorías para la identificación, ela-boración y ejecución de proyectos de inversión en la región, agilizándose de esta manera el uso de los recursos provenientes del canon, la rega-lía minera y demás recursos disponibles. A pesar de que los gobiernos regionales cuentan con esos recursos, carecen de la disponibilidad para con-tratar la capacidad técnica necesaria a fin de ha-cer uso de ellos.

Con esta propuesta, estamos haciendo que los go-biernos regionales no dejen de recibirlos, sino que los reciban, y con destino específico.

Y con respecto a la fecha de entrada en vigen-cia de la norma, esta debe señalar expresamen-te que su fecha de entrada en vigencia es el 1 de enero del año siguiente a aquel en que ella se pu-blique. En caso contrario, se generarían diversos conflictos legales, contingencias para las empre-sas y problemas de índole administrativa y eco-nómica, pues muchas ya han efectuado pagos a cuenta de la participación de los trabajadores en las utilidades con arreglo a las disposiciones le-gales vigentes, lo cual originaría la devolución de los montos percibidos en perjuicio de las econo-mías de los propios trabajadores y sus familias, y la posibilidad de que se generen conflictos en-tre estos y la empresa al querer cobrar esta últi-ma lo pagado en exceso.

Por eso, en virtud de que esta propuesta contem-pla a todos los involucrados dentro de la norma, reconociendo los derechos que tienen los traba-jadores, reconociendo los derechos que tienen los gobiernos regionales y reconociendo que lo que se plantea traería la paz en las relaciones labora-



les entre las empresas y los trabajadores, presen-to este dictamen en minoría sobre los proyectos de ley antes mencionados y lo pongo a conside-ración de los señores congresistas.

Gracias.

—Reasume la Presidencia el señor Aldo Es-trada Choque.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Choque).— Tiene la pa-labra el congresista Cayo Galindo, autor de otro dictamen en mino-ría de la Comisión de Trabajo, por diez minutos.

El señor GALINDO SANDOVAL (GPN).— Presidente: Las movili-zaciones sociales y, específicamen-te, los conflictos mineros que se han suscitado en el país a lo lar-go de las últimas semanas, tienen su base y su génesis en un inequi-

tativo trato que se da a los trabajadores mine-ros que, estando dentro del mismo espacio físi-co, desarrollando la misma labor y aportando a la generación de la misma riqueza, perciben be-neficios diferentes.

¿En qué se basan esos beneficios diferentes? En una coyuntura como la actual, en que el Perú es-tá obteniendo grandes ingresos por el incremen-to del valor de las exportaciones de los minera-les, se basan esencialmente en una repartición no equitativa e igualitaria de la mayor genera-ción de utilidades entre toda la masa laboral que genera la riqueza.

Consecuentemente, nosotros sí estamos de acuerdo con que la distribución de utilidades no tenga topes, como en el sector minero, que es al que se ha hecho mención para sustentar el proyecto propuesto en el dictamen en mayo-ría. En el caso de ese sector, ahora estamos dis-cutiendo cómo distribuimos el 8%, mientras el 92% es intocable e inamovible para las empre-sas mineras.

De ese 8%, los trabajadores tienen un tope para poder beneficiarse, que son 18 remuneraciones.

No quiero entrar a calificar si esas 18 remunera-ciones son mucho o poco para los trabajadores mi-neros. Lo que sucede es que a las utilidades que debería corresponderles constitucionalmente a los trabajadores, se les ha consignado un primer tope de 18 remuneraciones.

El excedente de las 18 remuneraciones, como ya se ha señalado, va a un fondo denominado Fon-do Empleo, y estamos de acuerdo con que este se elimine. De sobrepasar las utilidades las dos mil 200 UIT, el remanente que se constituye se des-tina a las regiones para obras de infraestructu-ra vial.

Ese remanente, en una coyuntura como la ac-tual, ha originado que un promedio de diez a do-ce regiones se vean beneficiadas con el mismo y hayan elaborado proyectos de inversión tenien-do en cuenta la obtención de esas utilidades. Lo que se originaría, si la norma se aprueba tal cual está planteada, es desfinanciar o dejar sin ca-pacidad de ejecución a las regiones, que ya tie-nen una proyección hecha con la obtención de las utilidades.

Por esas consideraciones, nosotros estamos for-mulando una propuesta que paso a detallar.

Está bien que se eliminen los topes a las utilida-des de los trabajadores, pero debería incorporarse a toda la masa laboral que genera la riqueza.

Debemos entender y tener en cuenta que actual-mente solo el 10% de la masa laboral minera está en planilla. El 90%, como en el caso de Casapalca, proviene de contratas y subcontratas.

De los mil 900 trabajadores que tiene Casapal-ca, solamente 200 pertenecen a la planilla de la empresa, y mil 700 están trabajando a tra-vés de 14 subcontratas. Eso origina un conflic-to social.

Por esa razón es importante que toda la masa la-boral que genera la utilidad participe de esta.

En ese sentido, coincidimos con el proyecto en mayoría en que todos participen de la riqueza, a pesar de que nuestra propuesta principista apun-ta a que el sistema de services y subcontratas no siga subsistiendo. Pero si se establece un meca-nismo para que toda la masa laboral participe de las utilidades, sería bueno.

Por eso estamos planteando, en el artículo 2.°, que tienen derecho a participar en las utilida-des de la empresa principal todos los trabajado-res que hayan laborado bajo cualquier modali-dad en el período de generación y obtención de las utilidades; y asimismo, que los trabajadores no registrados en planilla en la empresa princi-pal ejercerán este derecho en iguales condiciones que los trabajadores registrados en planilla sin variar su condición.



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Pero tampoco por vestir un santo vamos a des-vestir otro, es decir, que por corregir una situa-ción de ilegalidad e injusticia se deje sin finan-ciamiento, por este concepto, a las regiones. Por eso estamos estableciendo un mecanismo com-pensatorio, imponiendo un 6% adicional que ten-drían que pagarlo las empresas mineras por las sobreutilidades que obtienen.

El artículo en mención señala lo siguiente: “Esta-blézcase a favor de las regiones que sean afectadas en sus fuentes de financiamiento por la dación de la presente ley, una contribución extraordinaria de las empresas mineras del orden del 6% de las uti-lidades, antes de impuestos, como compensación necesaria”. Y más adelante: “La compensación ne-cesaria a la que se refiere el artículo precedente será entregada en el mismo período en el que las regiones recibían los remanentes mineros”.

Con esto estamos tratando de mantener el equili-brio, porque hay una expectativa. No es solamen-te el caso de Áncash. Son aproximadamente 900 millones de nuevos soles que se han destinado a las regiones como remanentes mineros; pero de ese grueso, solamente en el año 2007, 540 millo-nes se han destinado a la región Áncash; por lo cual, aparentemente, habría el objetivo político de dejar sin esa fuente de financiamiento a esa región. Pero, repito, no es solo Áncash; es tam-bién Cajamarca, Tacna, Arequipa.

El hecho de que un solo presidente regional se haya manifestado, porque obviamente es el que más ingresos ha recibido por este concepto, no quiere decir que no haya otras regiones que es-tén también siendo afectadas, aunque en meno-res montos, por supuesto.

Por eso es importante que nosotros no estemos acá peleando por cómo se distribuye el 8%, mien-tras las grandes transnacionales, viendo las cosas desde un balcón, se llevan el 92%. ¿Y qué hace-mos nosotros? Estamos cohonestando una situa-ción de por sí irregular e injusta.

Por eso, volviendo a nuestra propuesta princi-pista, estamos planteando que se aplique un im-puesto del 6% a la sobreganancia, para que con ese dinero el Estado pueda compensar a las re-giones que quedarían desfinanciadas con la da-ción de esta ley.

Por tales consideraciones, estamos de acuerdo con que se eliminen los topes en la distribución de las utilidades y con que toda la masa laboral par-ticipe de esas utilidades; y estamos proponiendo, como un mecanismo integral de solución del pro-blema, que se establezca un mecanismo compen-

satorio para las regiones, a través de un impues-to extraordinario sobre las utilidades del 6%, que tendría vigencia durante el período en el cual la región ha hecho su prospección de inversión.

Esa es la propuesta del Grupo Parlamentario Na-cionalista, y es la que vamos a apoyar.

Presidente, le concedo una interrupción a la con-gresista Alcorta.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la interrupción, congresista Al-corta Suero.

La señora ALCORTA SUERO (UN).— Gracias, colega Cayo Ga-lindo.

Respecto a la propuesta que se es-tá discutiendo hoy en el Congreso, hay varias posiciones. Se está gene-

ralizando el criterio de que se repartan las utili-dades de todas las empresas entre la masa labo-ral. Esa es una posición.

Pero cuando hablamos del reparto de utilidades en el sector minero, tengo una gran preocupación, en razón de que no son utilidades porque se haya trabajado más, sino porque los precios de los mi-nerales han subido y han generado más ingresos, y por lo tanto han producido más utilidades.

Yo he fijado una posición bien clara respecto al te-ma minero. Todo lo que es riqueza natural, como el gas, los minerales, el oro, la plata, es de todos los peruanos; y lo que he planteado y voy a soste-ner incluso en la votación, es que los recursos pro-venientes del canon, utilidades, regalías mineras, sea redistribuidos nuevamente de cero, que es lo que las provincias no quieren que se haga.

Hablan de equidad, de justicia, de igualdad social. ¿Cómo?, cuando hay unos departamentos que se benefician y otros no. Huancavelica es el departa-mento más pobre del Perú, y no recibe nada más que el 50%, que es lo que recauda el Estado.

La única forma de poder entendernos todos, pa-ra hablar de utilidades y, más adelante, de la ma-sa laboral en general, es una nueva redistribu-ción del canon, de las regalías mineras, de todos estos recursos, partiendo de cero, por población, por pobreza, por salud, por educación, en forma equitativa, justa y solidaria.

No hay otra forma de hacerlo.

Gracias.



El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Congresista Cayo Galindo, ha concluido su intervención.

El señor GALINDO SANDOVAL (GPN).— Solamente para concluir, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene un minuto, congresista.

El señor GALINDO SANDO-VAL (GPN).— Presidente, quiero exhortar a la Representación Na-cional a que intentemos dar una norma que solucione de modo inte-gral el problema. No nos peleemos, pues, por el hueso mientras la car-

ne se la llevan las transnacionales y demos una norma pretendiendo afectar políticamente a una región, cuando hay toda una población que está tras la misma. Y no solamente es Áncash sino, co-mo he dicho, 12 regiones por lo menos. Solucio-nemos un problema, pero no creemos otro.

Así que nosotros vamos a apoyar la propuesta que hemos formulado porque consideramos que es la más justa y la más equitativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Concluidas las sustentaciones, se da ini-cio al debate del texto sustitutorio contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Tra-bajo.

Tiene la palabra el congresista Sousa Huanam-bal.

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Señor Presidente: Esta-mos escuchando una serie de inter-venciones, todas ellas referidas a las modificaciones de los topes en las utilidades para los trabajadores.

La pregunta que yo me hago, tanto en lo que se refiere al dictamen en mayoría como en lo que se refiere al dictamen en minoría, es si se ha hecho algún tipo de estudio económico con relación a la cantidad de dinero de la que estamos hablando.

Se dice que son aproximadamente 700 millones de nuevos soles para el año 2008; y respecto a esos 700 millones de nuevos soles que cambia-rían de manos, lo que no estaría mal, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando?, ¿cuántos serían los trabajadores beneficiados?, ¿qué consecuen-

cias económicas traería esa distribución en los si-tios donde esos trabajadores desarrollan sus labo-res?, ¿qué consecuencias económicas traería para las regiones que vienen trabajando sus progra-mas con esos dineros? Hay una región que tiene 400 millones de nuevos soles proyectados y, ob-viamente, le asiste el derecho de que no se le re-corte su presupuesto.

¿Se ha hecho algún tipo de estudio económico con relación a esos aspectos?, ¿podría generar si-tuaciones inflacionarias en los lugares donde es-tos trabajadores viven tener tamaña cantidad de dinero?, ¿estamos dejando de lado grandes pro-yectos que pueden ser manejados por los gobier-nos regionales al no redistribuir mejor la riqueza en esos proyectos, dándole prioridad a un grupo de trabajadores que tendrán mucho derecho pe-ro cuya situación va a crear una discriminación ahí donde ellos viven? Porque ya es un grupo de trabajadores que tiene sueldos promedio por en-cima de los que perciben los trabajadores de es-te país.

De lo que se trata, finalmente, no es de subirles el sueldo, sino de que haya una mayor cantidad de trabajadores beneficiados.

Pero cuando no hay todos estos estudios económi-cos, ni todas las respuestas a estas preguntas, lo inteligente es que este proyecto pase a la Comi-sión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, para que en su seno pueda hacerse un estudio más sesudo de estos alcances.

Por eso planteo, como cuestión previa, que este asunto pase a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, para que ha-ga un estudio tanto del dictamen en mayoría co-mo del dictamen en minoría, porque uno y otro tienen cosas buenas y también cosas que noso-tros, como bancada, ponemos entre paréntesis.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Sírvase concluir, señor congresista.

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— En concreto, señor Presidente, existe una nor-matividad que no ha hecho daño; al contrario, ha posibilitado que muchos trabajadores reci-ban beneficios económicos. También es nece-sario que se beneficien otros trabajadores que, directa o indirectamente, trabajan para el sec-tor minero.

Pero no es menos cierto que no podemos dejar de lado los proyectos que los gobiernos regiona-les vienen realizando, amparándose en un dine-



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ro que obviamente se les ha dado por ley y al que tienen derecho para cubrir sus necesidades.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra el congresista Eguren Neuenschwander.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— Presiden-te: Hay un elemento que hasta el momento pareciese que los señores congresistas no queremos tomar en cuenta, o bien nos hacemos los sor-dos o los desinformados, porque acá

hay un beneficiado. Estamos hablando de los traba-jadores del sector minero, que hoy son los trabaja-dores del sector mejor remunerado y los que se lle-van las mejores compensaciones laborales. No solo perciben 12 sueldos, sino dos gratificaciones, y, en muchos casos, dos gratificaciones extraordinarias por condiciones de trabajo; y, además, gozan de 18 sueldos adicionales. Es decir, estamos hablando de cerca de 34 sueldos al año. Es este, pues, un sector absolutamente privilegiado en nuestro país.

Pero, además de ello, el proyecto del gobierno pre-tende que no se lleven 34 sueldos, sino que se ele-ven los 18, que hoy son el tope, a un promedio de 80 sueldos adicionales por año. Es decir, estarían sacando en total cerca de 100 sueldos al año. Pe-ro ¿a costa de qué y de quién? ¿Quién va a pagar esos cerca de 100 sueldos al año? Los van a pa-gar los sectores más pobres, los van a pagar to-dos aquellos que hoy los están recibiendo a través de carreteras de penetración. Porque esos recur-sos se aplican hoy, de acuerdo a ley, única y ex-clusivamente para carreteras. ¿Carreteras dón-de? Donde no las hay. ¿Y dónde no las hay? En las regiones más pobres del país.

Es decir, o preferimos al sector privilegiado, al que ya nos tiene acostumbrados el Partido Apris-ta en ese sentido, o preferimos a los más pobres para darles acceso a la viabilidad. Porque lo que hay que romper es la pobreza estructural; y po-bre estructural en nuestro país es quien no tie-ne agua ni luz ni carreteras.

Quiero ver qué van a decir los congresistas de Cajamarca, que perdería 99 millones; los de Tac-na, que pierde 55; los de Cusco, 53; los de Puno, 42; los de La Libertad, 51; los de Pasco, 19; los de Lima Provincias, 14; los de Lima Metropoli-tana, 26; los de Arequipa, 174, y los de Áncash, 874. Todo ese dinero es para carreteras para los más pobres.

Este es un absurdo que solo pretende crear más divisiones y enfrentar a los peruanos de 12 regio-nes contra el gobierno.

Nosotros no queremos que haya inestabilidad política ni social en nuestra patria. Este proyec-to, tal como está, debe ser archivado o, caso con-trario, pasar a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para un me-jor dictamen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra la congresista Ca-jahuanca Rosales.

La señora CAJAHUANCA RO-SALES (GPN).— Señor Presiden-te: Por lo que escucho hablar, real-mente me parece que no conocen quiénes son los que trabajan en el sector minero. Estamos hablando de un 8% que corresponde al sector mi-nero por derecho constitucional.

Señor Eguren, me gustaría que me escuchara.

Es un dinero que, históricamente, siempre le ha correspondido a ese sector; pero las clases políti-cas tradicionales han dispuesto —sobre esa pla-ta que corresponde a los trabajadores mineros— repartirlo porque creen que existen ciudadanos de segunda clase.

Así que la plata de las utilidades, que le pertene-ce a ellos, la repartimos como nos dé la gana. Le damos a Fondo Empleo y el resto a las regiones una plata que no les pertenece. Esa plata pertene-ce a los trabajadores mineros, como dice la Cons-titución, y eso se tiene que respetar.

Esa plata no va a llegar a un sector privilegiado. Esa plata va a llegar a esos trabajadores mine-ros que ganan 350 soles al mes y que trabajan a mil metros bajo el socavón. Me gustaría que eso se tenga en cuenta.

Esa plata que estamos pidiendo que se reparta, se debe repartir a todos los trabajadores mineros. Todos lo que trabajen, cualquiera que sea la mo-dalidad —services, contratas—, en la actividad principal, deben participar en la distribución de esas utilidades, porque es justo, es correcto.

El día de hoy vamos a hacer un acto de justicia, porque vamos a devolver a ese sector el derecho que le corresponde y que muchas clases políticas



han ignorado. El día de hoy vamos a devolverle el derecho de recibir utilidades. Y si no, yo pregun-to, ¿a quién le gustaría que sobre las utilidades de sus capitales venga a decidir un tercero?

Hay hambre, hay miseria, es cierto, y nadie lo aceptaría. Y es cierto también que la riqueza se debe redistribuir equitativamente entre todos los pueblos para que no haya hambre.

Hay un 92% de utilidades; por tanto, ¿por qué no ponemos topes a los grandes empresarios, a las grandes transnacionales?, ¿por qué no se les cobra un impuesto a la sobreganancia, cuando ellos mis-mos están diciendo que eso es justo y correcto?

En el último Simposio del Oro, ¿qué han dicho? Que está muy bien; se acepta el impuesto a la so-breganancia, que es la plata que corresponde a las regiones. Yo estoy de acuerdo cuando dicen que la riqueza se tiene que redistribuir entre los más pobres.

Señor Presidente, le voy a dar una interrupción al colega, pero que no me la resten de mi tiempo.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la interrupción, congresista Egu-ren Neuenschwander, a cuenta del tiempo de la oradora.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— Si es a cuenta de mi tiempo, entonces no la concedo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Congresista, la oradora no le está dan-do la interrupción.

Puede continuar y concluir, congresista Ca-jahuanca Rosales.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— Señor Presidente, lo que creo que se tiene que lograr acá es que esa plata que corres-ponde a los trabajadores mineros se les entregue. El gobierno central de turno tiene que comenzar a respetar sus compromisos de campaña, y, en ese sentido, cobrar el impuesto a la sobreganan-cia que le corresponde a las grandes empresas mineras y transnacionales y pasar esos recursos a los gobiernos regionales. De esa manera sí va-mos a redistribuir con justicia y equitativamen-te la riqueza que pertenece a todos los peruanos y no solo a unos cuantos.

Con relación a lo que decía la congresista de Unidad Nacional, hemos presentado un proyec-

to para la redistribución del canon, en vista de que hay muchas comunidades que sufren conta-minación y no reciben un solo céntimo. Lo que pasa, al respecto, es que no hay voluntad políti-ca; pero creo que es el momento de hacer justi-cia con todas las regiones y también con los tra-bajadores mineros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra el congresista Mall-qui Beas.

El señor MALLQUI BEAS (UN).— Señor Presidente: Quie-ro, en primer término, expresar mi saludo a los alcaldes provinciales de la región Áncash, que, junto con los representantes de la sociedad civil y el presidente del gobierno regio-

nal, se encuentran presentes aquí, en la sede del Congreso de la República, adonde han venido pa-ra aunar fuerzas e impedir que se quiten a Án-cash los remanentes mineros.

Hoy mi región, la región Áncash, vive momentos de incertidumbre y preocupación por el intento de quitarle sus remanentes mineros.

¿A qué se destina el dinero de esos remanentes?

Se ha dicho y se ha explicado que ese dinero está destinado al mejoramiento y a la construcción de obras de infraestructura vial; porque no podemos hablar del desarrollo de los pueblos si no tenemos una adecuada red vial que los una.

Hace poco tuvo ocasión la Ministra de Transpor-tes de visitar Huaraz y el Callejón de Huaylas, pe-ro no pudo constatar el pésimo estado de las ca-rreteras porque se desplazó de Lima a Huaraz vía aérea; si no, seguramente hubiera podido atesti-guar cómo se encuentran deterioradas todas las carreteras, en forma específica y puntual, la ca-rretera Pativilca-Huaraz.

La semana anterior presenciamos cómo el pre-sidente del Consejo de Ministros, señor Jorge del Castillo, que está también presente aquí el día de hoy, vino para presionar y buscar que este proyecto entre al pleno para su debate; y dijo en su intervención que de esta manera el gobierno cumplía con un compromiso asumi-do con la dirigencia sindical minera, olvidan-do su compromiso con Áncash y olvidando su compromiso con las demás regiones que tie-nen regalías.



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Se dice aquí que este es dinero de los trabajado-res. No, señor Presidente. El dinero de los re-manentes mineros se ha formado por haberse elevado el precio de los minerales en forma muy sustancial y notoria en estos últimos años.

Quiero subrayar que hoy Áncash tiene sus ojos y sus oídos puestos en lo que pueda significar el desenlace de este debate. Áncash es una región noble y generosa, pero a la vez indomable cuando se trata de luchar por causas justas como esta.

Señor Presidente, dentro del sustento correspon-diente a este proyecto, y a fin, en todo caso, de generar y darle una mayor evaluación y análisis, quiero señalar que va a beneficiar a unos pocos cuantos, porque quienes se encuentran en plani-lla, a nivel de trabajadores mineros, apenas cons-tituyen un pequeño porcentaje.

Áncash, como he dicho, es una región noble y ge-nerosa pero a la vez indomable, siguiendo el le-gado del luchador social Atusparia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Queremos recordar a los señores repre-sentantes que el dictamen que está en debate es el emitido en mayoría por la Comisión de Traba-jo, presidida por el congresista Serna Guzmán; no están en debate los dictámenes en minoría.

Tiene la palabra el congresista Serna Guzmán.

El señor SERNA GUZMÁN (N-UPP).— Presidente: Saludo la pre-ocupación de todos los legisladores, pero es bueno recordar lo que nos dice el Reglamento y respetarlo. El Reglamento dice que primero hay que debatir el dictamen en mayoría,

y este dictamen lo hemos sustentado la semana pasada, oportunidad en que precisamos cuál es el espíritu de las modificaciones que se proponen al Decreto Legislativo N.° 892.

De acuerdo con lo que la Constitución señala, no miremos solo un sector —en este caso el sector minero—, si queremos modificar dicho decreto legislativo, sino miremos el conjunto del aparato productivo del país. Estamos haciendo una redis-tribución no del 50%, sino del 75%, en función de los días laborados por cada trabajador, que ayu-da a los trabajadores de mando medio para aba-jo, y del 25%, que su vez ayuda a los que tienen mejores remuneraciones. Creo que en ese aspec-to no hay discusión.

Estamos planteando, y se ha consensuado, que se deje sin efecto el Fondo Empleo, al que van los remanentes que quedan después de las 18 remuneraciones mensuales que, como límite máximo de participación, corresponde a cada trabajador.

Sin duda, hay remanentes coyunturales en el sec-tor minero. Eso lo hemos dejado para que los le-gisladores formulen las propuestas del caso.

También se ha planteado que la distribución de utilidades se extienda no solo a los que están en planilla, porque en el país hay en cuanto a esto una distorsión. Solo el 15% de la gente vincula-da a la empresa principal está en planilla, y la ley dice que las utilidades son para quienes tienen vinculación con la empresa. En consecuencia, es-te aspecto se ha ido aclarando.

Quiero invocar a la Representación Nacional que nos centremos en la fórmula que contiene el dic-tamen en mayoría, porque voy a recoger los apor-tes que se produzcan en este debate, a fin de pre-sentar un texto sustitutorio que realmente tenga consenso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra el congresista Calde-rón Castro.

El señor CALDERÓN CASTRO (PAP).— Presidente: He hecho lle-gar a todos mis colegas un artículo publicado que dice: “Áncash en su hora crucial”; aunque considero que no solo es Áncash, sino todo el con-junto de regiones del Perú.

Creo que este debate nos exige actuar con cabe-za fría y corazón ardiente, dejando de lado apa-sionamientos y reacciones hepáticas.

Es necesario que advirtamos algunas cosas que se plantean en esta propuesta legislativa. Se pretende, al eliminar los topes mineros, dejar a las regiones sin recursos económicos, los cua-les están destinados para sus carreteras. Pero si bien es cierto que el proyecto propone eso, también es cierto que tiene un aspecto reivin-dicativo para los trabajadores —y con ese ob-jeto hay que hacer la corrección correspon-diente—, en vista de la injusticia que se viene cometiendo al excluir, al marginar y al no te-ner en cuenta a todos los que participan en el proceso productivo.



Pero, tal como está presentada la propuesta que contiene el dictamen en mayoría, tenemos que preguntarnos a cuántos afecta, qué proyectos se van a dejar de hacer, a quiénes beneficia. Creo que muy bien ha hecho un colega al manifestar que son necesarios un mayor análisis y una ma-yor información para que la decisión que tome-mos sea sesuda. En consecuencia, apoyamos la cuestión previa que se ha planteado, para que este proyecto sea también analizado en la Comi-sión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligen-cia Financiera.

Presidente, estamos a favor de buscar la concer-tación, el equilibrio. Definitivamente, queremos evitar conflictos, y, en este caso, conflictos con los mineros. No generemos un conflicto social, porque el Perú, para seguir creciendo, necesita paz, seguridad social. Creo que, desde el Congre-so de la República, al aprobar leyes equitativas, sesudas, consensuadas, estaremos contribuyen-do a la obra en que está empeñado el Presiden-te de la República.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— La Presidencia expresa el saludo de la Representación Nacional al alcalde distrital de Quellouno, La Convención, Cusco, y a los alcal-des de centros poblados menores, que se encuen-tran en las galerías de este hemiciclo.

(Aplausos).

Vamos a hacer un breve paréntesis.

Se aprueba una moción de saludo a la pro-vincia de Chucuito, región Puno, con mo-tivo de conmemorar el 180.° aniversario de la elevación del distrito de Juli a la catego-

ría de capital de dicha provincia

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Se va a dar cuenta de una moción de sa-ludo llegada a la Mesa.

La RELATORA da lectura:

Moción de saludo

De los congresistas Estrada Choque, Primer Vi-cepresidente del Congreso, Espinoza Soto, Anaya Oropeza, León Minaya, Silva Díaz, Saldaña Tovar, Cánepa La Cotera, Zeballos Gámez, Núñez Ro-mán, Gutiérrez Cueva, Reymundo Mercado, Ser-na Guzmán, Espinoza Ramos, Nájar Kokally, Ca-rrasco Távara, a la provincia de Chucuito, región

Puno, con ocasión de conmemorar el 180.° aniver-sario de la elevación del distrito de Juli a la catego-ría de capital de la provincia de Chucuito.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Se va a consultar.

Los señores congresistas que estén a favor se ser-virán expresarlo levantando la mano. Los que es-tén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueba la mo-ción de saludo.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Ha sido aprobada.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe-licitación a la provincia de Chucuito, región Pu-no, con ocasión de conmemorar el Centésimo Oc-togésimo Aniversario de la Elevación del distrito de Juli a la categoría de la capital de la provin-cia de Chucuito.

Segundo.— Transcribir la presente Moción al señor Eugenio Barbaito Constanza, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito y, por su intermedio, a todo su cuerpo de regidores, auto-ridades políticas, eclesiásticas, militares y poli-ciales, así como a la población en general de esta hermosa provincia.


Continúa el debate del texto sustitutorio, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Trabajo, por el que se pro-pone modificar el Decreto Legislativo N.° 892, Ley que regula el derecho de los tra-bajadores a participar en las utilidades de

las empresas

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Continúa el debate del texto sustitutorio, contenido en el dictamen en mayoría de la Comi-sión de Trabajo, que propone modificar el Decre-to Legislativo N.° 892, Ley que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas.

Tiene la palabra el congresista Zeballos Gámez.



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El señor ZEBALLOS GÁMEZ (N-UPP).— Presidente: En pri-mer lugar, debo saludar a algunos congresistas que parece que por primera vez han venido al pleno y hasta han hablado fuerte. Bienve-nidos, pues, al pleno del Congreso de la República.

En segundo lugar, quiero preguntar quién quita a quién. Se ha dicho que se está quitando a los gobiernos regionales. Sin embargo, a quien ver-daderamente se está quitando es a los trabaja-dores, porque la Constitución y la ley dicen que ellos tienen derecho a participar de las utilida-des de las empresas.

Y los gobiernos regionales y los gobiernos loca-les...

Pido mayor respeto, Presidente. ¿Qué es esto?

(Bullicio).

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Pedimos a los señores congresistas guar-dar el orden debido.

Puede usted continuar, congresista.

El señor ZEBALLOS GÁMEZ (N-UPP).— Presidente, los gobiernos regionales y los gobier-nos locales tienen sus propios canales de recep-ción, a través del canon minero, de las regalías mineras, y eso no está en discusión. Así que no hay que mezclar las cosas.

Por otro lado, hay algunos que normalmente de-fienden a las grandes empresas y dicen que los trabajadores van a ganar mucho de recibir cien sueldos. Pero ¿cuánto están ganando las em-presas? Más de cinco mil millones de dólares. ¿Y cuántos son los empresarios? Muy pocos. Si distribuyésemos esos cinco mil millones de dó-lares entre ese pequeño grupo de empresarios, ¿cuánto le tocaría a cada uno? Entonces, ¿por qué no se preocupan de eso en lugar de decir que los trabajadores van a ganar tanto?

Ciertamente, si el monto de las utilidades se divi-diera entre los 13 mil trabajadores que están en planilla, aparecería cada uno percibiendo montos inmensos. Por eso se está solicitando que tam-bién se dé participación a los demás trabajadores contratados, que suman más de 18 mil. Si repar-timos ese monto entre más trabajadores, le va a tocar menos a cada uno.

Finalmente, debo señalar que las utilidades que reciben los trabajadores están gravadas con el 15% de Impuesto a la Renta. Yo sugiero que ese 15% con que se grava esas utilidades sea para compensar a los gobiernos regionales y locales, que actualmente están recibiendo los remanen-tes y que se verían de alguna manera perjudica-dos con esta norma.

Creo que ese rubro podría permitir de alguna ma-nera compensarlos transitoria o temporalmente, mientras ajustan sus programas de inversión a las nuevas condiciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra la congresista Cabani-llas Bustamante.

La señora CABANILLAS BUS-TAMANTE (PAP).— Señor Pre-sidente: Mi intervención será muy breve, porque, más que nada, es pa-ra pedir una aclaración, y, si no fue-ra dada, haría una propuesta.

En el caso de las empresas mineras, la distribu-ción de las utilidades, que es 8%, se repartirá en un 75% en función de los días laborados por cada trabajador, y el 25% restante en proporción a las remuneraciones de cada trabajador, según el dic-tamen en mayoría de la Comisión de Trabajo.

Evidentemente, no siempre los precios de los pro-ductos minerales que exportamos han estado tan altos como lo están ahora, y eso es muy bueno pa-ra nuestras exportaciones en ese rubro. Sin em-bargo, ha habido años en los que estuvieron muy bajos, y en esa época no hubo utilidades en las empresas, o las hubo muy pequeñas.

Entonces, lo lógico es que en época de “vacas gor-das” haya una distribución de estas utilidades, a las que también contribuyen los trabajadores con su esfuerzo cotidiano, así como contribuyen diversos factores; incluso me atrevo a decir, de una manera objetiva, no “pecaminosa” —entre comillas—, que igualmente contribuye el hecho de que no se aplique una tasa imponible por ga-nancias extraordinarias.

Pero esos trabajadores mineros de quince o vein-te años atrás, con 18 años laborando, que han pa-sado las épocas duras, ¿recibirán lo mismo que un trabajador con tres, cinco o seis años de an-tigüedad?



Si hay una proporcionalidad, me parecería ade-cuado, justo, equitativo. Pero, si no la hubiese, sugeriría al presidente de la Comisión que toma-ra en cuenta ese factor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Aldo Estrada Cho-que).— Tiene la palabra la congresista Florián Cedrón.

La señora FLORIÁN CEDRÓN (UN).— Señor Presidente: Quie-nes venimos de provincias sabe-mos de la necesidad de la infraes-tructura vial.

Como recordarán algunos colegas congresistas que, como yo, han tenido la suerte de ser reelectos, fue la que habla quien presen-tó una iniciativa legislativa que se tradujo en la Ley N.° 28464, que permitió que una parte del remanente entre el porcentaje que corresponde a la actividad de la empresa y el límite en la parti-cipación de las utilidades por trabajador, no solo contribuyera a un fondo para la capacitación de los trabajadores y la promoción del empleo, sino también, en caso de que tales utilidades fueran mayores, al financiamiento de obras de infraes-tructura vial.

En el caso de Cajamarca, con los dineros que logramos con esa modificación del Decreto Le-gislativo N.° 892, conseguimos que se constru-yera el primer y segundo tramo de la carrete-ra Cajamarca-Celendín-Balsa, que todavía está inconclusa.

Seguramente lo que se persigue con el proyecto propuesto es de buena fe, pero al mismo tiempo va a perjudicar a más de 16 regiones.

Así que yo planteo, como cuestión previa, que dicho proyecto pase a la Comisión de Descen-tralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado para su análisis, porque tal como está va a afectar los presupuestos de los gobiernos regionales, que ya tienen proyectos iniciados, como en el caso de ca-rreteras, o por iniciar.

Planteo, por lo tanto, que pase a esa Comisión.

Gracias.

—Durante la anterior intervención, reasu-me la Presidencia el señor Luis Gonzales Posada Eyzaguirre.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posada Eyzagui-rre).— Tiene la palabra el congre-sista Del Castillo Gálvez.

El señor DEL CASTILLO GÁL-VEZ (PAP).— Señor Presidente: Primero que nada, un saludo a la Representación Nacional.

Suelo no venir a las sesiones por ra-zones de trabajo; pero hoy, en ejer-

cicio de mi derecho congresal, y no para presio-nar, como ha dicho un señor congresista, porque he sido elegido por el pueblo también, vengo para exponer un punto de vista sobre un proyecto que considero de absoluta justicia social y que sin du-da nace de un compromiso que tanto el Gobier-no como parte importante de la Representación Parlamentaria hemos asumido con los trabajado-res mineros del Perú.

El fondo de esta ley es, sin duda, un acto de jus-ticia; y tenemos el objetivo de tratar de cumplir hoy, en el pleno del Congreso, una palabra em-peñada, para que la opinión pública y en este ca-so los trabajadores mineros en particular, apre-cien que entre lo que se dice y lo que se hace no tiene que haber una distancia insalvable, pues-to que hay un compromiso asumido que se tie-ne que honrar.

En tal sentido, este no es un proyecto que hay que encuadrarlo como una confrontación con una u otra región, porque acá hay una cuestión de prin-cipios. En lo que podríamos llamar la torta tri-butaria de la minería, la Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a acceder al 8% de las utilidades de la empresa.

Así fue siempre. Sucede que con el tiempo y con el devenir de la economía y los altos precios de los productos mineros, empezó a haber exceden-tes sobre el tope de los 18 sueldos que cobraban los trabajadores.

Hubo una ley específica para la carretera Caja-marca-Celendín, que no obstante el tiempo trans-currido no se ha terminado, no por falta de fon-dos, sino porque hay un conflicto administrativo con la Universidad de Ingeniería y no sé qué otro lío, que no ha permitido aún su conclusión; pero esta obra se va a continuar. Creo que lo que has-ta ahora ha aportado el canon para ello, especí-ficamente en Cajamarca, cubre perfectamente el costo. Así que eso no está en cuestión.



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El caso es que el 8% es un derecho de los trabaja-dores. Por alguna razón, alguien que tenía algún concepto paternalista decidió poner un tope de 18 sueldos. Entonces, si gana mucho la empresa, no se puede ir más allá de los 18 sueldos.

En la sesión anterior, yo dije que, con el mismo criterio, los accionistas también podrían tener un tope; de modo que si la empresa gana mucho, no recibirían más de tanto. Pero las utilidades se distribuyen con equidad y en función de lo que se invierte, y, por tanto, sería absolutamente iló-gico poner topes a la ganancia de los inversionis-tas o accionistas.

Así que, por ese criterio, considero que está muy bien la propuesta de eliminar ese tope.

Lo otro es la redistribución, y esta es de absolu-ta justicia social. Sabemos nosotros que en algu-nas minas del Perú, la proporción entre trabaja-dores que están en planillas y los que no lo están puede ser de cinco o de seis a uno; en otros casos puede ser menos.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, tiene un minuto adicional. Tenemos que respetar los tiempos. En una segunda ronda, puede usted continuar.

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Disculpe, señor Presidente, no le entendí.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Le estamos dando un mi-nuto adicional, congresista.

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— ¿De cuánto tiempo dispongo para intervenir, se-ñor Presidente?

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Son tres minutos, con-gresista.

El señor DEL CASTILLO GÁL-VEZ (PAP).— De acuerdo, vamos a concluir aquí. Parece que a al-gunos les fastidia que uno diga al-go más.

Pero, señor Presidente, yo no pido ningún privilegio.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonza-les Posada Eyzaguirre).— Congresis-ta, no se preocupe porque le vamos a dar más

tiempo. No hay ningún inconveniente, por-que ste debate va a continuar toda esta tarde.

Puede usted culminar.

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Señor Presidente, a mí me extraña que mientras yo estoy formulando la misma tesis que el se-ñor Ollanta Humala ha expresado públicamen-te, sus partidarios acá se opongan a que yo diga lo que él dice. ¿Dónde está la coherencia de es-tos caballeros?

Pero seguimos con lo que estoy sosteniendo.

Realmente, lo más justo es distribuir las utili-dades entre todos los trabajadores, porque pue-de haber dos trabajadores en un socavón, pe-ro uno está en planilla y el otro no lo está; y el que está en planilla tiene derecho a vacacio-nes, a compensación por tiempo de servicios y a percibir utilidades, mientras que el que está a su costado solo se queda con el sueldo míni-mo. Eso no es justo.

Entonces, la idea es replantear las cosas para que no haya tope y para que se distribuya entre to-dos los trabajadores. Sin embargo, ahora dicen que eso perjudica a la región. No, señor; porque esas utilidades no son recursos de la región; si lo fueran, sería un impuesto. Pero esto no es un impuesto, sino, como está previsto en la Cons-titución, una contribución que se da al trabaja-dor por su esfuerzo.

Así que no hay que distorsionar las cosas para continuar dando recursos a una región...

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, ha concluido el tiempo adicional que le dimos; en el siguiente turno de su bancada podrá usted intervenir.

Tiene la palabra la congresista Ramos Pruden-cio.

La señora RAMOS PRUDEN-CIO (N-UPP).— Señor Presiden-te: Lamento mucho que nos este-mos enfrentando unos en defender el presupuesto de las regiones para obras de infraestructura y otros en devolver el derecho que asiste a los trabajadores.

Creo que ambas cosas son legítimas; pero aho-ra se trata de restituir el derecho que se ha qui-tado a los trabajadores mineros, y este es el mo-



mento de hacerlo, más aún cuando, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, es un justo derecho.

Por otro lado, somos partidarios de que esta redis-tribución sea para todos los trabajadores. En el Pe-rú, más del 90% de los trabajadores laboran bajo el sistema de contrata, en services, y son los que realmente se rompen el lomo en el socavón para incrementar esas ganancias; por lo tanto, es justo que ellos merezcan participar de las utilidades.

Respecto a las obras de los gobiernos regionales, quiero llamar la atención del presidente del Con-sejo de Ministros para decirle que es el momen-to de que en nuestro país se apliquen impuestos a la sobreganancia minera.

Alguien hablaba de que nuestro país necesita cre-cer. Sí, todos somos partidarios de que necesitamos crecer; pero esos recursos naturales que se sacan de nuestro país son de todos los peruanos.

Por lo mismo, ya que estamos en un momento excepcional por los precios altos de los metales, se debe redistribuir esas utilidades y aplicar un impuesto a la sobreganancia minera, en lugar de estar sacando de lo que corresponde a los traba-jadores para obras en nuestras regiones.

Solo en el año 2007, las utilidades netas de las empresas han ascendido a 25 mil 279 millones de nuevos soles. Si esa sobreganancia minera se gra-vara con un impuesto, tendríamos para carrete-ras, para escuelas, para colegios; en fin, para to-do lo que necesita nuestro país. Creo que eso es un legítimo derecho.

Usted, señor presidente del Consejo de Ministros, sabe qué ha pasado con el aporte voluntario. No todas las empresas están cumpliendo con la en-trega de ese aporte, precisamente porque es vo-luntario. Pero creo que es legítimo que el Esta-do peruano tenga como política beneficiarse de los recursos naturales.

Para terminar, insisto en que la participación de los trabajadores en las utilidades netas es legíti-mo derecho de ellos. Esa participación debe al-canzar a todos los trabajadores, tanto a los que están en planilla como a los que están bajo el sis-tema de contratas, que son la gran mayoría en nuestro país, y que están en Casapalca, en las di-ferentes minas del país, con sueldos muy bajos, en condiciones muy precarias y también en con-diciones injustas de trabajo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Negreiros Criado.

El señor NEGREIROS CRIADO (PAP).— Presidente: Este deba-te es trascendental, y yo le rogaría que fuera lo más tolerante posible, pues se trata de un proyecto de in-terés nacional que es importante es-clarecer a plenitud.

Debo empezar haciendo una precisión. Con es-ta propuesta se trata de democratizar la distri-bución del ingreso, en este caso específico, de las utilidades de las empresas, a través de su redis-tribución; y esta se está privilegiando en el curso de este debate en favor del sector minero, que es ciertamente el más afectado. Pero quiero subra-yar que esta redistribución va a alcanzar a todos los otros sectores. De manera que es importante hacer esa precisión.

Además, va a comprender a todos los trabajadores, y no como viene ocurriendo ahora, que solo alcanza a los trabajadores de planilla de la empresa princi-pal. Entonces, va a comprender también a aquellos trabajadores que, bajo cualquier otra modalidad, contribuyen a la generación de la riqueza.

Asimismo, esta ley tiende a resolver las brechas salariales. En los últimos 15 años, la relación de los sueldos ha sido, entre el más alto y el más ba-jo, de 60 a uno. Por eso se plantea una distribu-ción de 75% y 25% para tratar, en alguna forma, de compensar la pérdida de poder adquisitivo du-rante los últimos tres lustros.

De otro lado, los 80 sueldos que se han mencio-nado aquí, no admiten ninguna hipótesis, por lo que vengo mencionando.

Es necesario señalar que las utilidades no pueden ser empleadas por las empresas como incentivos. Realmente, son de las empresas, pero no hay que olvidar que son del capital; y hay una definición, que es correcta, que dice que el capital es el tra-bajo movilizado.

Quiero recordar que este es un compromiso del presidente Alan García en campaña y que ya en ejercicio de la Presidencia lo ha expresado en más de una oportunidad; y lo mismo han hecho la Di-rección Nacional del Partido, a través de su se-cretario general; y acá, la presidenta de su Comi-sión Política, compañera Mercedes Cabanillas, y el presidente del Consejo de Ministros, señor Jor-ge del Castillo.



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Debo precisar, en cuanto a los gobiernos regio-nales, con los que estamos ciento por ciento de acuerdo, que ellos también ha visto aumentados en los últimos 80 meses su canon, sus regalías y, naturalmente, las propias transferencias que el Estado hace a las regiones.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene un minuto adicio-nal, congresista.

El señor NEGREIROS CRIADO (PAP).— Presidente, se han dado aquí algunas fórmulas que es inte-resante discutir, porque se trata de compromisos en los que hay que poner todo el empeño para procu-rar honrarlos.

Lo fundamental es que se trata de democratizar ese ingreso, que no va a ser para una minoría, co-mo se ha dicho, porque fácilmente puede alcanzar a dos millones de trabajadores, que no van a lle-várselo al extranjero, como ocurre en gran medi-da con las utilidades de las empresas; sino que lo van a invertir en fortalecer el mercado interno, la industria nacional, el comercio en el país.

Por consiguiente, que quede esto clarísimo. Se trata de la democratización, de la distribución y de la redistribución del ingreso. Y yo le digo, en nombre del Partido Aprista Peruano, que mi compañero el presidente Alan García y este Par-tido tienen en ese sentido el compromiso con los trabajadores de reivindicar un derecho que nos parece importante. Ellos ya han hecho un aporte significativo, porque hay carreteras y una serie de obras que se han construido con este ingreso.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, le pido que se sirva concluir.

El señor NEGREIROS CRIADO (PAP).— Naturalmente, los gobiernos regionales tienen que asumir sus compromisos; pero ese es otro asunto. Lo fundamental acá, insisto, es esa demo-cratización, dadas todas las razones que acabo de exponer; y además, una reivindicación, porque, repito, los trabajadores, en el caso particular y de excepción de los mineros, han venido aportando solidariamente con su sacrificio, con su trabajo, para el progreso de nuestros pueblos.

Ahora corresponde al Estado, naturalmente al país, y lo estamos viendo con algunas fórmulas, asumir la responsabilidad que corresponde.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Luizar Obregón.

El señor LUIZAR OBREGÓN (N-UPP).— Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Disculpe, congresista; voy a hacer un aclaración.

Tengo anotados en la lista de oradores a los con-gresistas Luizar Obregón, Vílchez Yucra, Mayor-ga Miranda, Balta Salazar, Otárola Peñaranda, Carrasco Távara, Cabrera Campos, Falla Lama-drid, Raffo Arce, Rebaza Martell, Ordóñez Sala-zar, Núñez Román, Macedo Sánchez, De la Cruz Vásquez, García Belaúnde.

Puede continuar, congresista Luizar Obregón.

El señor LUIZAR OBREGÓN (N-UPP).— Presidente: Saludo la presencia del presidente del Consejo de Ministros, a quien invoco que se vaya reacostumbrando a la práctica parlamentaria o que se vaya acor-dando de ella.

En cuanto a este proyecto de ley, hay temas ex-tremadamente delicados. El presidente del Con-sejo de Ministros ha dicho que podríamos pasar a hablar de un impuesto a las ganancias de los inversionistas; y de eso se trata.

Esa fue, exactamente, la propuesta del Partido Aprista para ser electo gobierno. Y el proyecto sobre esa materia, que estuvo en debate en este Congreso, está actualmente guardado, durmien-do, no entendemos por qué razones, en la Comi-sión de Economía. No se debate.

Cuando se pretende discutir la redistribución, no hablemos de solo ese 8%, sino de los beneficios que genera la explotación de los recursos natu-rales, de acuerdo con lo que manda la Constitu-ción Política, que indica que el Estado peruano es soberano en su aprovechamiento.

Ese proyecto se debe volver a discutir, antes de hablar de la redistribución de las utilidades que corresponde a los trabajadores mineros. Primero debemos discutir la redistribución del beneficio que significa para el país la explotación de nues-tros recursos naturales, y después lo otro.

Ese debe ser el orden que debemos seguir, siem-pre que el Partido Aprista cumpla su palabra empeñada.



Lamentablemente, entendemos que no habrá vo-luntad. Y cuando decimos esto es porque en este proyecto acabamos de discutir otro aspecto, que es el de la tercerización; y, como un mecanismo para salvar este problema, se dice que ahora se va a buscar una salida para que los tercerizados sean también beneficiarios de las utilidades de una empresa principal.

Lo que corresponde en este momento, aprobada la Ley de tercerización hace algunas horas, es que la promulgue el Poder Ejecutivo y que de manera inmediata obligue a las empresas mineras a pa-sar a su planilla principal a los trabajadores que actualmente están tercerizados. Solo así vería-mos que el Poder Ejecutivo tiene realmente vo-luntad de que haya una distribución equitativa de las utilidades entre los trabajadores que par-ticipan en la actividad minera.

Se impone, entonces, que se promulgue la Ley de tercerización y que de inmediato la autoridad de trabajo verifique de qué manera esa norma se es-tá cumpliendo; aunque para nosotros no era ne-cesario que se apruebe una ley como la que san-cionamos ayer.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Dispone de un minuto adi-cional para concluir, congresista.

El señor LUIZAR OBREGÓN (N-UPP).— Presidente, podemos seguir discutiendo des-pués, si aún queda plata por repartir. Pero lo primero es el impuesto a las sobreganancias. En ese entendido, espero que cumplan su pa-labra empeñada, que cumplan el compromiso asumido cuando postularon para ser Gobierno; y luego, que procedan a promulgar la ley apro-bada ayer por el Congreso, para que los traba-jadores aparezcan en la planilla de la empresa principal, sin buscar un mecanismo que vaya a ser objetado después por cualquier trabajador o por cualquier funcionario que actualmente está en la empresa principal y no en la empre-sa tercerizada.

Finalmente, tenemos que señalar que hay otros mecanismos para resolver los problemas plantea-dos; y supongo yo que le corresponde al presiden-te de la Comisión, como elaborador del dictamen en mayoría, tomar la palabra en su momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la con-gresista Vílchez Yucra.

La señora VÍLCHEZ YUCRA (PAP).— Presidente, cedo mi tiem-po al congresista Jorge del Casti-llo.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el congre-sista Del Castillo Gálvez, por el tiempo de la con-gresista Vílchez Yucra.

El señor DEL CASTILLO GÁL-VEZ (PAP).— Le doy las gracias a mi estimada compañera Nidia Víl-chez.

Señor Presidente: Había dicho que no era posible que en una mina ha-

ya dos tipos de trabajadores, uno de primera y otro de quinta. El trabajador de planilla tiene to-dos los derechos y cobra utilidades, y el otro no tiene nada. O sea, el de planilla cobra 18 sueldos por concepto de utilidades, y el que gana el suel-do mínimo no percibe utilidades, no goza de va-caciones, no tiene tiempo de servicios ni seguro social. Hay que romper esa inequidad, y esta es una forma de poder cambiar y avanzar.

Otro aspecto al que quiero referirme es que aquí no hay ninguna ofensiva presupuestal contra las regiones. No me voy a poner a analizar re-gión por región cuánto es el nivel de gasto de ca-da una, porque nos perderíamos en algo que es totalmente accesorio.

Ya cada uno sabe, y en la conciencia pública está, cuánto es el nivel de gasto real de ejecución pre-supuestal; pero esa no es la cuestión. La cuestión es que este derecho de los trabajadores, que nació en la Constitución, tiene que ser absolutamente reivindicado. Si no fuese así, sería una confisca-ción contra los trabajadores.

Por otro lado, es falso —y emplazo a que me lo demuestren, si no digo la verdad— que el Apra se haya comprometido a crear un impuesto a la sobreganancia. ¿Dónde está eso?, ¿de dónde lo han sacado?

En el Plan de Gobierno del Apra había mecanis-mos de redistribución de utilidades; eso sí había. Y el doctor Alan García, en su mensaje ante el Pleno del Congreso, el 28 de julio de 2006, tam-bién habló de ese mismo objetivo: aumentar la distribución de utilidades a los trabajadores mi-neros. Así que no estamos sino en la ruta de nues-tros compromisos antelados, cumpliéndolos.



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Ahora, aquí se quiere buscar un argumento para decir: “Sí, pero no”, “Estoy de acuerdo, pero no”, que es lo que me parece descubrir en algunas in-tervenciones; porque no son ellos los de la iniciati-va y les molesta eso, lo cual es un error.

¿Y cuál es la condición insalvable? “Cree usted el impuesto a la sobreganancia”. Entonces, como eso no es parte de ninguna iniciativa, como no hay nin-gún proyecto de ley sobre impuesto a las sobrega-nancias, y no lo hemos discutido, lo están sacando de la manga en este momento, como una forma de decir: “Si no ponen un impuesto a la sobreganan-cia, entonces no tienen mi voto a favor, y que lo se-pan los trabajadores mineros”.

Esa es una forma de huir de la obligación de respal-dar una propuesta hecha públicamente por su líder político, señor Humala, hace algunos días.

Así que creo que podemos encontrar acá, en un cuarto intermedio, una fórmula apropiada.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posa-da Eyzaguirre).— Tiene un minuto adicional pa-ra concluir, congresista.

El señor DEL CASTILLO GÁL-VEZ (PAP).— Señor Presidente, el otro día alcancé el documento que he-mos consensuado con diversos parla-mentarios, y estoy en condiciones de informar que la mismísima Sociedad Nacional de Minería y Petróleo está

de acuerdo con él. Tengo en mi poder el texto que sus representantes me han enviado, y es absoluta-mente coincidente con este, con el que la Federa-ción Minera y los grupos parlamentarios estuvi-mos de acuerdo.

Esta propuesta tampoco es materia de protesta por las regiones, como se viene diciendo. Prime-ro, porque no tienen derecho, ya que esas utilida-des son de los trabajadores, no de las regiones; y segundo, una región puede reclamar, porque es-tá en el derecho de hacerlo, pero no está en el de-recho de cobrar.

Tal como viene sucediendo actualmente, hay una inversión importante en el país que está producien-do su recuperación; por lo tanto, hay que distribuir ese recurso minero entre los trabajadores, que van a gastarlo en esas mismas regiones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posa-da Eyzaguirre).— Tiene la palabra el congresis-ta Mayorga Miranda.

El señor MAYORGA MIRANDA (N-UPP).— Presidente...

Colega, no puedo, porque el tiem-po es corto. Así que me va a discul-par esta vez.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, usted ya hi-zo uso de la palabra, pero puede solicitar el tur-no a alguien de su bancada.

Puede continuar, congresista Mayorga Miran-da.

El señor MAYORGA MIRANDA (N-UPP).— Presidente: Acá se viene debatiendo, como siem-pre, distorsionando las cosas, porque diera la im-presión de que la distribución de utilidades es solamente para el sector minero, y no es así.

El Decreto Legislativo N.° 892 se refiere a las em-presas pesqueras, de telecomunicaciones, indus-triales, mineras, de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes, y empresas que rea-lizan otras actividades.

Lo que sucede en el momento actual es que, debi-do al boom minero, los ingresos de las empresas mineras son sumamente elevados. Eso ha dado lugar a que durante el gobierno del señor Fuji-mori se hayan fijado topes a la participación de los trabajadores en las utilidades; en ese senti-do, se estableció como tope 18 sueldos y se dis-puso que el monto excedente de las dos mil 200 Unidades Impositivas Tributarias vaya a finan-ciar las obras de infraestructura de los gobier-nos regionales.

Muy bien. Yo quiero solamente dar algunos da-tos.

Estamos hablando de un tope de 18 sueldos, de recursos para el Fondo Empleo y de que el exce-so de las dos mil 200 UIT vaya como remanen-te para financiar a los gobiernos regionales. Pe-ro hay algo que no se dice, y es que las utilidades de los trabajadores pagan un impuesto a la renta de 15%. Y, de otro lado, se habla de que se va a beneficiar solamente a un pequeño grupo de tra-bajadores, lo que es totalmente una falacia que de por sí salta a la vista.

Por ejemplo, en la empresa minera Barrick Mis-quichilca se habla de que hay en planilla un to-tal de 698 trabajadores. ¿Y cuántos están en si-tuación de contratados a través de services? Mil 50 trabajadores.



En la minera Yanacocha, hay dos mil 971 traba-jadores en planilla; sin embargo, el número de trabajadores contratados es de ocho mil.

Con estos dos datos estoy revelando la situación de injusticia laboral en que se encuentran, con-cretamente, los trabajadores mineros, a quie-nes se recorta su derecho constitucional y su derecho legal para acceder a la totalidad de las utilidades.

Ahora se pretende arrinconar al Partido Nacio-nalista, como si nosotros estuviésemos en con-tra de la distribución del 8% en la forma que nosotros hemos propuesto, que es 75% y 25%; porque la propuesta inicial del Ejecutivo era de 70%, 25% y 5%. A pedido del Partido Naciona-lista, esa distribución es de 75% y 25%.

¿Y cuál es el otro problema?

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene un minuto adicio-nal, congresista.

El señor MAYORGA MIRANDA (N-UPP).— Las regiones, en particular la de Áncash, recla-man que se les va a quitar para la realización de obras; y sobre el particular quiero tocar dos aspectos muy puntuales.

Lo que es materia de reclamo no se les va a qui-tar, porque es la restitución de un derecho. ¿Cuál es la posición del Grupo Parlamentario del Par-tido Nacionalista con relación a este punto con-creto? Que se vea una forma de financiar a las regiones. ¿A cargo de quién? A cargo del Esta-do. Pero eso se puede discutir en un cuarto in-termedio. Ese es un aspecto.

El otro aspecto es que los trabajadores en nin-guna circunstancia pueden abdicar de este de-recho que les corresponde. ¿Por qué? Porque es importante saber que cualquier región en el país en que haya actividad minera recibe in-gresos por canon y sobrecanon minero, por re-galías mineras y por remanentes de las utilida-des laborales.

Por lo tanto, cada una de esas regiones recibe millones de millones de nuevos soles por todos esos conceptos.

Entonces, que quede bien claro que la restitu-ción del 8% no es solo para los trabajadores que están en planilla.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la con-gresista Balta Salazar.

La señora BALTA SALAZAR (PAP).— Señor Presidente: Aun cuando parezca repetitivo, quie-ro hacer presente que este proyec-to de ley por el que se eliminan los topes a las utilidades de los traba-jadores no es solo para los mineros,

sino para todos los trabajadores de las empresas comprendidas en el Decreto Legislativo N.° 892. Quiere decir que no vamos a beneficiar solo a un grupo de mineros, sino a los trabajadores de em-presas pesqueras, de empresas de telecomunica-ciones, de empresas industriales, de empresas mi-neras, de empresas de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y de empresas que rea-lizan otras actividades.

Es importante aclarar esto. Ahora, ¿por qué se le da importancia a la minería? Porque en es-te momento contribuye con un gran porcen-taje al presupuesto de la Nación. ¿Y quiénes han ayudado a que ese presupuesto de la Na-ción sea más alto? Justamente los trabajado-res de la minería.

¿Por qué es que esas regiones vienen recibien-do ingresos por concepto de canon, sobrecanon y regalías? Porque los trabajadores mineros han puesto su esfuerzo para que eso sea una realidad. Y si bien es cierto que los precios de los minerales tienen mucho que ver en ello, también es cierto que esta es una situación coyuntural.

Si nosotros en este momento seguimos la secuen-cia de lo que ha ocurrido desde el año 1998, cuan-do se pone tope a las utilidades, y el remanen-te se pasa luego al Fondo Empleo y más tarde a las regiones, podemos advertir que ha habido un error. ¿Por qué? Porque se ha actuado en contra de la Constitución y en contra del derecho a la participación de los trabajadores en las utilida-des de las empresas.

¿Tenemos nosotros entonces que continuar en ese error? El Estado no puede ponerse en contra de los trabajadores; tiene que velar por su bienestar, y yo, como legisladora, pido a toda la Representa-ción Nacional que corrijamos ese error.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Otárola Peñaranda.



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El señor OTÁROLA PEÑA-RANDA (GPN).— Presidente: Quiero recordar al presidente del Consejo de Ministros, congresis-ta Jorge del Castillo, que el Par-tido Nacionalista planteó la revi-sión de los contratos mineros a los

efectos de que fuesen negociados con un gobier-no soberano.

El Partido Aprista, y nos ratificamos en ello, plan-teó la aplicación de un impuesto sobre las utilida-des. Pero ya conocemos su amnesia, se ha olvidado de todas sus promesas de campaña. Por eso, cohe-rentes con nuestro planteamiento, la propuesta na-cionalista no cae en la celada de enfrentar a pueblo contra pueblo, a Áncash contra los trabajadores. Nosotros planteamos en nuestro proyecto alterna-tivo que si se tienen que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, no se haga quitándo-les dinero a las regiones, sino quitándolo del 92%, de esas pingües ganancias que se llevan las empre-sas mineras.

Por consiguiente, nuestro planteamiento es cohe-rente con nuestro programa de gobierno y con la posición principista del Partido Nacionalista.

Entonces, la distribución sería 86, 8 y 6%, y ya no ese 92%. Eso preocupa a los lobbistas, no de los tra-bajadores, sino de las empresas mineras, que lo que están pretendiendo es acallar las protestas de los trabajadores mineros solucionando los problemas de dichas empresas, cuando el dinero para mejorar-los debió ser de estas, y no de la región.

Por eso nos ratificamos en nuestro proyecto. Ya no va a haber protestas porque van a tener sus utilida-des; las empresas mineras no van a gastar un nue-vo sol más y, obviamente, seguirán llevándose esas riquezas millonarias.

Colegas, quisiera que vayan a la sierra, para que vean a comunidades enteras desplazadas por la ex-plotación minera y donde hay niños y ancianos con altos índices de contaminación. ¿El Estado los es-tá compensando? No; el Estado los tiene abando-nados. Por eso no se debe quitar a las regiones ese dinero.

Y no es cierto que las utilidades se generen solo por el trabajo. Se generan también por el capital y, fun-damentalmente, por las materias primas. Por ello, como regiones tenemos que beneficiarnos de algu-na manera contra la contaminación, contra los da-ños y contra los perjuicios que se nos está ocasio-nando. Si no, miren cómo han quedado algunos emporios mineros: en Áncash tenemos Ticapam-

pa, que es un cementerio de contaminación, sin na-da de desarrollo.

Nosotros creemos que este proyecto requiere un mayor debate. No nos vamos a enfrentar a los tra-bajadores. Nos ratificamos en nuestro compromi-so político de luchar con ellos de la mano por la reivindicación de sus derechos principales.

Además, quiero denunciar que en este proyec-to no se está incluyendo a los trabajadores de las services, de las tercerizaciones. No están. Léanlo bien. Se nos está engañando.

Y también quería recordar que alguien dijo una vez: “Esas malditas services van a desapare-cer”.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene un minuto adicio-nal para finalizar, congresista.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (GPN).— Presidente, desaparezcamos las services y ponga-mos a sus trabajadores en planilla.

Por último, quiero manifestar que la sociedad ci-vil de Áncash, en uso de su derecho constitucional a la protesta —que es un derecho fundamental, el derecho humano principal, pues nos permite reclamar por los otros derechos—, ha anunciado que, de sancionarse una ley que perjudique sus intereses, se declarará en huelga general indefi-nida. Y nosotros, como congresistas, tendremos que apoyar lo que la sociedad civil decida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Carrasco Távara.

El señor CARRASCO TÁVARA (PAP).— Señor Presidente: El con-gresista Otárola seguramente no ha leído el artículo 29.° de la Constitu-ción Política, que dice que el Estado reconoce el derecho de los trabaja-dores a participar en las utilidades

de la empresa. Eso es muy claro, y hoy lo que se está tratando es enmendar un error del Estado, que mediante un decreto legislativo sustrajo los derechos de los trabajadores amparados no en una declaración política sino en lo que manda la Constitución.

A partir de hoy, entonces, cuando aprobemos este proyecto de ley con las modificaciones que



sean posibles para mejorarlo, no habrá ya sino el cumplimiento de los derechos constituciona-les en favor de los trabajadores. Quien abogue en contrario, simplemente estará en contra de lo que manda la Constitución. Quien diga que los gobiernos regionales se van a perjudicar porque ya no les llegan los remanentes para hacer la ca-rretera a la que se habían comprometido, simple-mente estará equivocado.

Todos los gobiernos regionales, sin excepción, re-ciben canon minero y regalías, y, en consecuencia, pueden reprogramar sus obras con los recursos que el Estado les da, con los recursos del Teso-ro Público que también se les transfiere. Pero no pueden nuevamente quitarles un derecho a los trabajadores, mucho más que esos trabajadores —para usar la palabra del señor Otárola— de las malditas services ahora serán beneficiados; por-que a ellos les va a alcanzar este derecho, y así lo vamos a consignar en esta norma que aprobe-mos hoy en el Congreso.

Vamos a pedir entonces que no solo sean los tra-bajadores de planilla los beneficiados por aho-ra con los topes establecidos, sino también esos otros trabajadores que hasta ahora no han goza-do de ese beneficio pero que tienen el más legíti-mo derecho de alcanzarlo.

Aquí, muy cerca de la Capital, hay un caso muy sensible, que es el de la minera Casapalca, don-de los trabajadores han tenido que hacer sa-crificios, huelgas, incluso hay muertos de por medio, y han tomado carreteras para que los empresarios mineros les reconozcan sus dere-chos. Eso está muy claro, y no está muy lejos sino muy cerca de nuestras retinas y de nues-tros oídos, al escuchar los reclamos de los tra-bajadores.

La Sociedad Nacional de Minería tuvo que expul-sar de su seno a los dueños de esa mina porque ellos no estaban cumpliendo con su responsabi-lidad social de aplicar las leyes.

Hoy el Congreso tiene que dar fe de que el dere-cho es constitucional, y el Estado tiene que pres-tar una función protectora a los trabajadores, pues en esto consiste el principio de tuitividad en el derecho laboral.

Vamos a aprobar, si es posible con la mayoría de los congresistas, una norma en favor de los tra-bajadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, no ha habi-do ninguna alusión; el colega solo ha hecho refe-rencia al texto constitucional.

Se pide la palabra por alusión cuando hay una expresión ofensiva, que en este caso no la ha ha-bido, porque se ha hecho referencia a un artícu-lo de la Constitución.

Tiene la palabra el congresista Cabrera Cam-pos.

El señor CABRERA CAMPOS (GPN).— Presidente: Creo que es-te es un dictamen que nos coloca entre la espada y la pared. Si apo-yamos a los trabajadores, nos pelea-mos con las regiones; y si apoyamos a las regiones, nos peleamos con los trabajadores.

La propuesta del Grupo Parlamentario Nacionalis-ta es clara, redonda y concreta: tiene que devolver-se el 8% de las utilidades a los trabajadores, porque les corresponde por ley, y además, deben compar-tirlas con los trabajadores de las services. Enton-ces, esto queda claro y concreto; pero para que las regiones no se perjudiquen, lo que yo quisiera in-vocar al presidente del Consejo de Ministros y al presidente García es que dejen de hacer el papel de limosneros, que dejen de pedir limosnas a las empresas mineras, y que, más bien, graven con un impuesto las sobreganancias extraordinarias que se están llevando las empresas mineras por más de 10 mil millones de nuevos soles.

Imagínese lo que está perdiendo el país con esos 10 mil millones de nuevos soles: se estarían as-faltando más de seis o siete mil kilómetros de ca-rreteras, se estarían construyendo más de 500 colegios, se estarían construyendo más de 100 o 200 nosocomios. Sin embargo, el presidente Gar-cía está pidiendo óbolos voluntarios; y el hecho de que nosotros planteemos que se cobre un im-puesto a las sobreganancias no significa que es-tamos en contra de las inversiones. De ningu-na manera.

Además, ya estamos escuchando en el debate de los candidatos en Estados Unidos, que si ganan los demócratas ellos van a aplicar un impuesto a las sobreganancias de las empresas petroleras; mientras que acá seguimos pidiendo limosna, se-guimos haciendo el papel de pedigüeños.

El Estado tiene que ser soberano, y por eso quie-ro nuevamente invocar al presidente del Conse-



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jo de Ministros y al presidente García que sean coherentes con su programa de campaña, y, en tal virtud, que cumplan con su promesa de cam-paña, cobrando regalías mineras y gravando a las empresas mineras con un impuesto a las so-breganancias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Falla Lamadrid.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Se-ñor Presidente...

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Su colega considera que ha habido una alusión.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Señor Presidente, concedo la interrupción que solicita el congresista Del Castillo.

El señor DEL CASTILLO GÁL-VEZ (PAP).— Muchas gracias, congresista Falla.

Señor Presidente, cómo no va a ser alusión cuando a uno lo empla-zan y le dicen: Cumpla con su com-

promiso de campaña. Pero no ha habido ningún compromiso de campaña de crear un impuesto a las sobreganancias, en ninguna parte. ¿Dón-de está?

Los que está muy mal es que alguien de la ban-cada opositora diga: Si aprueban esta ley vamos a hacer un paro. ¿Eso qué es? Es un chantaje al Congreso. ¿Eso es posible?, ¿eso es aceptable?

Estamos hablando entre gente civilizada, y entre ella no cabe amenaza de ningún tipo. Hay que so-meterse democráticamente a los resultados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Puede continuar, congre-sista Falla Lamadrid.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Señor Presidente: Si de este Parlamento tiene que salir una ley, deberá tener como destinatario al pueblo, a los trabajadores, al ca-pital humano, que es tan importan-te como el dinerario.

Si la renta es el producto de la conciliación del capital y el trabajo, la redistribución que se está proponiendo, de 75% en función de los días labo-rados y de 25% en proporción a las remuneracio-nes de cada trabajador, es justa, y por ello resul-ta necesario modificar el Decreto Legislativo N.° 892, desde el momento en que este establece una redistribución de 50 y 50.

Es importante reconocer que la participación de las utilidades es antes de que se aplique el im-puesto a la renta a la empresa; de modo que esto es bueno, porque no estamos hablando de la ren-ta imponible sino de la renta neta.

También se explicita que el concepto de remu-neración del trabajador es el previsto en el Tex-to Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, Ley de Productividad y Competitivi-dad Laboral. Esto es bueno, porque se entien-de muchas veces que la remuneración es solo el haber. Creo que esta norma es imperativa e inaplazable.

También es lógico, razonable y atendible que el fondo de compensación sea sustituido por el rol que cumple el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. En consecuencia, ya no estará destinado a la construcción de infraestructura vial, que co-rresponde a otro sector.

Creo que la derogación del artículo 3.° del Decreto Legislativo N.° 892 también resulta atendible.

Finalmente, debo decir que los trabajadores siem-pre han sido preferidos en cuanto concierne a es-te remanente.

De modo que, como natural de Lambayeque, re-gión que no tiene un nuevo sol de canon y de re-galías, estimo que es justo que al trabajador se le reivindique con esta participación de las uti-lidades, en el 8% que corresponde a la actividad minera, de acuerdo con los porcentajes que esta-blece el artículo 2.° de este proyecto.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, tiene un mi-nuto adicional para concluir.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Se-ñor Presidente, ese decreto legislativo necesita-ba, en consecuencia, una modificación orientada hacia el trabajador que, aquí se ha dicho, labo-ra en el socavón. Y, como bien ha dicho el colega Negreiros, se está incorporando al trabajador de la empresa tercerizada. Esto es bueno, porque ayer se ha aprobado aquí una ley que hace jus-



ticia a los trabajadores que figuran en las plani-llas de las services.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Rebaza Martell.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— Señor Presidente: Como representante por Cajamarca, ten-go que sentar una firme posición en el sentido de que este Congreso de la República, a cuyos integran-tes se llama padres de la patria, no

puede perjudicar a ninguno de los estamentos y grupos sociales de nuestro país.

Por eso pido que seamos prudentes, que no pola-ricemos y no abracemos una sola opción; sino que busquemos un punto de coincidencia que nos lle-ve a respetar los derechos de los trabajadores, y también a respetar las justas expectativas de los pueblos, que no reciben un beneficio ni una uti-lidad directa, pero que quisieran ver que la mi-nería en sus respectivos ámbitos promueve el de-sarrollo regional o local.

Señor Presidente, la población se divide en dos grandes grupos: los que trabajan y los que no tra-bajan, los que tienen un empleo y los que no tie-nen un empleo. En el caso de las empresas mine-ras, los que tienen allí empleo son pocos y están mejor remunerados que en cualquier otro sector, y además reciben utilidades. Los que trabajan en las empresas tercerizadas, tienen un empleo, una ocupación, y también un sueldo, y reciben utili-dades proporcionales.

El otro gran sector es el de los que no tienen empleo en las empresas mineras ni ningún otro empleo, y por eso se mantienen resentidos, celo-sos, sensibles, proclives al conflicto; porque, co-mo ahora hemos escuchado, es fácil amenazar o chantajear con paros, precisamente por haber gente que está sensible y resentida al no recibir ningún beneficio directo.

Entonces, creemos que no es incompatible ni re-sulta irracional redistribuir las utilidades entre las comunidades enteras, que no tienen un suel-do ni un empleo en las empresas mineras, en for-ma de obras públicas, en forma de proyectos via-les, como se viene haciendo.

Por eso, disciplinadamente, sin contradecir la promesa del partido de Gobierno ni faltar a ella,

creo que este Gobierno y este Congreso deben buscar elementos compensatorios en esta nor-ma, a los efectos de que las comunidades regio-nales no se vean desatendidas ni despojadas de este beneficio que ya se les dio.

Puede entonces haber una compensación a los gobiernos regionales o, en todo caso, disponerse que aquellos proyectos viales que se están ejecu-tando con esos fondos se mantengan hasta su to-tal culminación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Ordóñez Salazar.

El señor ORDÓÑEZ SALAZAR (GPN).— Señor Presidente: Creo que aquí, en la Casa de las Leyes, no debemos dejar que se mantenga vigente un dispositivo confiscatorio, arbitrario, que hace que se meta la mano a los bolsillos de los trabaja-

dores para sacarles un dinero que se transforma en recursos del Estado para construir carreteras. Eso es lo que este proyecto de ley tiene por objeti-vo, es decir, una reivindicación a los trabajadores, por respeto a la Constitución y a la ley.

Por eso nosotros sí estamos de acuerdo con que el 8% que corresponde a los trabajadores se le en-tregue a esos trabajadores.

¿Por qué es malo que a los trabajadores, que aho-ra van a ganar más, se les reparta esas utilidades que son fruto de su trabajo? ¿Por qué es malo pa-ra los trabajadores y es bueno para las empresas transnacionales o para las empresas mineras o para las patronales?

Desde ese punto de vista, creemos que es justa la fórmula de redistribución de esas utilidades que se ha planteado, de 75 y 25: 75% por los días la-borados y 25% por el nivel remunerativo. Así se hace justicia a quienes menos ganan, y por eso este texto debe ser aprobado.

Me parece que hay que eliminar los topes, y eso propone este proyecto de ley. Si esas utilidades es plata de los trabajadores, nadie puede fijar, ni si-quiera el Estado, los límites que puede tener su reparto; y con ello me refiero a los 18 sueldos que actualmente perciben.

En cuanto a la necesidad de eliminar los rema-nentes, es obvio que estos quedan eliminados au-



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tomáticamente si se eliminan los topes y pasan a ser patrimonio exclusivo de los trabajadores, a quienes les hemos privado de esos dineros ilegal-mente durante los tres últimos años. Los propios trabajadores bien podrían plantear ser resarci-dos para que se les devuelva lo que para nosotros se les ha quitado de modo absolutamente ilegal y confiscatorio, como vengo señalando.

Por otro lado, creo que hay que establecer un mecanism o de compensación para las regiones. Me parece justo, y para eso hay dos caminos: o el Estado mete la mano en las empresas mine-ras o aplica un impuesto a sus utilidades. El Es-tado tiene entonces esos dos caminos.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, dispone de un minuto adicional para finalizar.

El señor ORDÓÑEZ SALAZAR (GPN).— Señor Presidente, el Par-tido Nacionalista está plantean-do desde hace mucho tiempo, y lo planteamos y lo replanteamos al país entero, no solamente a la Re-presentación Nacional, que vamos

a insistir machaconamente sobre este tema que es fundamental; porque el saqueo de que es víc-tima el Perú en sus recursos naturales ya es in-tolerable para todo el conjunto del país.

Nos parece que es hora de que el gobierno del presidente Alan García tome nota de este pedi-do que hoy motiva que nos enfrentemos perua-nos contra peruanos, pueblo contra trabajadores y masa de trabajadores contra los ciudadanos ci-viles de nuestro país.

Por eso es que reclamamos este mecanismo com-pensatorio, también. Pero, por principio, el 8% debe ser para los trabajadores, sin ningún tope ni límite.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Núñez Román.

El señor NÚÑEZ ROMÁN (PAP).— Presidente: Hace algu-nos meses, el premio Nobel de Eco-nomía Joseph Stiglitz visitó el Perú y dictó varias conferencias, una de ellas sobre desarrollo, democracia, globalización y recursos naturales.

En una de esas conferencias desarrolló el tema de que la ciencia económica tenía la teoría de que los recursos minerales y el petróleo facilitaban el desarrollo de los pueblos.

Pero, a raíz de esa teoría, hoy ha salido otra, que ellos mismos vienen estudiando, y dicen, con sor-presa, que ahora está surgiendo una especie de maldición de los recursos naturales, pues resul-ta que países que han tenido enorme riqueza na-tural, petrolera, minera, hoy están siendo devas-tados y son dramáticamente pobres.

Ojalá que esto no suceda con nuestra patria.

Ahora discutimos si entregamos a los trabajado-res los recursos que les pertenecen, según estable-ce la Constitución, o los damos a las regiones.

Hoy los municipios y las regiones del Perú reci-ben en un mes lo que hace 15 años recibían en un año. Los que hemos sido alcaldes tenemos esa ex-periencia. Dinero va a haber, y tienen para hacer obras. Lo que sucede es que ahora quieren que en una sola gestión se haga todo: carreteras, hos-pitales, colegios, y no se reconozca el derecho de los trabajadores.

¿Desde cuándo hay explotación minera en el Pe-rú? Desde hace décadas, quizás centenares de años, desde el Incario. ¿Qué beneficio extraor-dinario han recibido los trabajadores? Maltrato, exclusión, marginación; viven en pueblos que no tienen sentido de pueblo, donde no hay presen-cia del Estado.

¿Y qué beneficio han tenido como homenaje a ese sacrificio? Ninguno. Y cuando la Constitu-ción, con justo derecho, establece su participa-ción en las utilidades, es hora de dársela. No estoy de acuerdo con la expresión de un parla-mentario que dijo que van a recibir más de 100 sueldos; ¿y qué, señor? Que reciban mil, porque son trabajadores que han dado su vida, la de su familia, la de su generación. Que reciban un mi-llón de sueldos al año, porque les corresponde, porque son ciudadanos que, repito, han entre-gado su vida, la de su familia, la de su genera-ción. Y no apelemos al argumento, que parece cuento, de que mañana, si repartimos las utili-dades, no se harán carreteras. Porque se van a hacer carreteras, se van a hacer escuelas, se va a llevar progreso, pues somos un país en proce-so de desarrollo.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene tiempo para que pueda culminar, congresista.



El señor NÚÑEZ ROMÁN (PAP).— Pero to-do eso no se va a lograr durante la única gestión de un representante, de un presidente. Sería-mos ilusos al pensar que en la gestión del doctor Alan García el Perú dará el gran salto hacia el desarrollo y hacia el estado de bienestar defini-tivo, y que todo será resuelto; eso es imposible, pues toma tiempo.

En las regiones hay dinero, ¿pero cuántas regio-nes han demostrado que lo que hoy tienen depo-sitado en las cuentas del Banco de la Nación ya lo han comprometido y están ejecutando? Muy pocas. La mayoría tiene ahí cuentas por gastar. Como se advierte, todo este proceso marcha de manera progresiva.

Y este proyecto debe aprobarse, porque hay que devolver el dinero que corresponde a los traba-jadores. Por única vez en la historia van a tener esa posibilidad; por tanto, ¿por qué se la vamos a negar? Nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa, porque va a haber obra, desarrollo. El Perú no se va a detener.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Muchas gracias, congre-sista.

Tiene la palabra el congresista Macedo Sán-chez.

El señor MACEDO SÁNCHEZ (PAP).— Señor Presidente: Me sorprendo cuando escucho a al-gunos congresistas que se oponen a que los trabajadores reciban un beneficio. Yo les llamo “el perro del hortelano”.

Nuestro país desde hace más de una década vi-ve un chorreo económico, una bonanza econó-mica; los medios de comunicación dicen que hay un gran crecimiento económico. Pero ese chorreo económico no llega a los pobres; la gente pobre de la sierra y de la selva sigue siendo pobre. ¿A dónde va ese chorreo económico?

Este dictamen pretende que el chorreo económi-co de las grandes empresas llegue también a los pobres, a los trabajadores, a esa gente que con su esfuerzo contribuye a que este país avance, se engrandezca. Eso debe llegar a todos.

En el decenio pasado, ente el año 1998 y el año 2007, se han entregado al Fondo Empleo cer-ca de 327 millones de nuevos soles. ¿A dónde ha ido todo ese dinero producto del trabajo de los

trabajadores, de las utilidades de ellos? La ma-yor parte de ese dinero ha ido a consultorías. ¿Y qué beneficio han tenido los trabajadores? Reite-ro, son 327 millones de nuevos soles, que pudie-ron haber sido distribuidos mejor entre las fami-lias más pobres.

Es hora, pues, de que el chorreo económico lle-gue a los pobres; es hora de hacer justicia; es ho-ra de que llegue a esas familias pobres de la sierra y de la selva; es hora de que esas familias pobres, contaminadas por la actividad minera y petrole-ra, tengan algo más en la mesa. Es justicia que ellos esperan alcanzar.

Señor Presidente, le agradezco mucho su pacien-cia, y también quiero agradecer a los colegas con-gresistas que con un voto de conciencia van hoy a hacer justicia a la gente más pobre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista García Belaúnde.

El señor GARCÍA BELAÚNDE (AP).— Señor Presidente: Estamos hablando de cosas importantes, pe-ro parecería que nos hemos enfras-cado en una discusión sobre quién recibe el dinero, o el pueblo que tra-baja y crea la riqueza, o la burocra-

cia que quiere administrarla. Esa es la cuestión. Y no hay que tener miedo a los ricos; si los ricos son gente del pueblo, en buena hora. Ojalá que haya miles de ricos, es decir, mineros que reciban utilidades increíblemente grandes.

La esperanza de vida en las zonas mineras es muy baja. En Angaraes, Huancavelica, es de 51 años. Usted y yo ya habríamos fallecido allí, señor Pre-sidente; usted y yo ya no viviríamos si hubiése-mos nacido en Angaraes.

La esperanza de vida en Shilla, Áncash, es de 59 años; en Pataz es de 61 años. Estos son datos de la ONU. No estoy diciendo nada nuevo, y el Go-bierno lo sabe. Curiosamente, la pobreza en Án-cash ha aumentado de 42 a 43%; y en el Cusco, de 49 a 53%. ¿Qué pasa, entonces, con la gran canti-dad de dinero que tienen las regiones?

Acabo de llegar de una zona llamada Suchimán, donde estuve cuatro horas botado porque la ca-rretera estaba interrumpida; pero tuve suerte, ya que me encontré con gente que estaba 24 y has-ta 36 horas botada. Y he echado de Tayabamba a



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Huamachuco 14 horas, manejando mi propio au-tomóvil, es decir, he ido a 15 kilómetros por ho-ra, casi como manejar frente a un colegio duran-te 14 horas, por donde no puedo pasar siquiera a 20 kilómetros por hora. Eso es el país.

También estuve en Aricapampa, donde me dije-ron: “Señor, no pase de aquí al Molino y a Chuay, porque asaltan; no pase usted de noche, es peli-groso; la gente, los campesinos asaltan”. La po-licía me lo dijo pero no le hice caso, y por suerte no me pasó nada. Quizá algunos habrían lamen-tado no verme aquí el día de hoy, o quizá habrían sentido alegría. Pero eso es el Perú.

¿Qué hace la región con la plata del Estado? He estado en Sihuas, en Huallanca, en Hua-crachuco, este fin de semana largo; he transi-tado por carreteras infernales, que siempre es-tán destruidas, y viajé alegremente, confiando en la promesa del Gobierno de que están ha-ciendo cinco kilómetros de carretera por día. Entonces me dije: “Bueno, supongo que acá estarán trabajando”. Pero parece que no era allí sino en otra parte. Se dice que ya está casi lista la de Huamachuco a Trujillo; pero de los 250 kilómetros que hay, solamente están tra-bajando 37.

¿Qué pasa con esa plata, entonces?

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, tiene un mi-nuto adicional para terminar.

El señor GARCÍA BELAÚNDE (AP).— Señor Presidente, entre dar-le la plata a los trabajadores, que a costa de su vida producen la riqueza, o dársela a una burocracia a veces in-sensible, a veces irresponsable, a ve-ces mal gestora de fondos públicos, yo escojo a los trabajadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la con-gresista de Conde.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Señor Presidente: Esta-mos hablando de la participación en las utilidades que tienen las di-ferentes empresas gracias al traba-jador y gracias también al recurso natural que está en las comunida-des originarias.

Entonces, el planteamiento del Grupo Palamen-tario Nacionalista es que se distribuya el 8% de las utilidades entre los trabajadores de los so-cavones, y no entre aquellas secretarias que es-tán sentadas cómodamente en las oficinas de las empresas. Hay que entregarlo realmente a los trabajadores que se sacan el ancho en los soca-vones, porque son ellos los que producen en la minería. Y que otro 6% de las utilidades se des-tine a las regiones, a manera de compensación. Eso es necesario.

Por lo tanto, que no sean otros quienes reciban en nombre de los trabajadores. Estamos hablando de un pueblo digno, que no viva de rodillas.

Entonces, si no queremos vivir de rodillas, hay que nacionalizar los recursos naturales. Las tele-comunicaciones, la luz y el agua deben pertene-cer al Estado, y este debe repartir en forma equi-tativa entre sus hijos.

¿Por qué tenemos que entregar nuestros recursos a las empresas transnacionales? ¿Por qué nos tie-nen ellas que contaminar? ¿El Estado es incapaz de administrar esos recursos naturales?

Como decía el congresista Núñez, todos esos re-cursos después se van a terminar. ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos van a dejar? ¿Vamos a seguir en la pobreza? ¿Por qué no miramos a otros paí-ses en los que el Estado maneja muy bien esas ri-quezas y las tiene bien mantenidas?

¿Qué les importa a las empresas transnacionales dejar como un basurero al Perú, con todos nues-tros recursos naturales acabados?

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, diríjase a la Mesa.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— ¿Eso es lo que queremos?

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, le pido que se pronuncie sobre el proyecto materia de debate.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Señor Presidente, pido que se vote por el texto propuesto en el dictamen en minoría del congre-sista Galindo Sandoval, por ser más equitativo, tanto para los trabajadores como para las regio-nes. Eso es importante.

No debemos enfrentar pueblo contra pueblo, y los trabajadores son del pueblo. Las regiones y



las comunidades campesinas originarias necesi-tan que se les construya carreteras, hospitales y colegios. Eso es también importante.

Por eso, pido a la Representación Nacional que vote por la propuesta contenida en dicho dicta-men en minoría.

Ese sería el aporte del Grupo Parlamentario Na-cionalista, que ve a todos sin diferencias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Perry Cruz.

El señor PERRY CRUZ (AP).— Presidente: Me parece que se ha ha-blado bastante sobre este proyecto de ley, pero a la vez se le ha mez-clado con otros temas que casi nada tienen que ver con el aspecto cen-tral de la propuesta.

Hace unos días estuvo aquí, en el Congreso, el presidente del Gobierno Regional de Áncash jun-to con alcaldes de diferentes distritos, buscando respaldo. Sabemos cuál es su deseo como presi-dente de este gobierno regional.

Yo soy ancashino, pero creo que hay prioridades. En ese entendido, considero que los trabajado-res de las minas tienen todo el derecho del mun-do de recibir lo que les corresponde, y, como le-gisladores, no podemos ser injustos.

Los gobiernos regionales muchas veces tienen su-ficiente dinero, y a veces no saben cómo gastar-lo. En muchas ocasiones, discuten entre ellos o con sus alcaldes sobre cómo hacer las obras, tra-tando de ejecutarlas ellos mismos. Los meses y los años pasan, y numerosas obras quedan por ahí inconclusas.

Pero creo que este es un derecho fundamental de los trabajadores. Es importante, entonces, aprobar este proyecto de ley, que se ha debatido bastante y que ha sido analizado desde diferen-tes ángulos. Hemos estado discutiéndolo buen tiempo, y es el momento de atender a los traba-jadores, que están reclamando algo justo que les pertenece.

Antes que construir puentes, carreteras, creo que es necesario atenderlos, porque el ser hu-mano es primordial; ellos, sobre todo, son hom-bres que han trabajado por años en las minas y

que han visto afectada su propia salud. Es nece-sario, en consecuencia, que ellos puedan benefi-ciarse de las utilidades de esas empresas.

Presidente, por el tiempo que me resta, cedo con su venia una interrupción al congresista Del Castillo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Puede proceder, congre-sista Del Castillo Gálvez.

El señor DEL CASTILLO GÁL-VEZ (PAP).— Muy amable, con-gresista Perry.

Señor Presidente, es muy impor-tante la visión humanista del con-gresista Perry sobre este proyec-

to. Pero he pedido la interrupción para subrayar una cuestión.

Acabamos de escuchar a una representante del Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿y qué nos ha venido a decir? Que ellos van a nacionalizar las minas, las comunicaciones, el agua potable; to-dos los servicios públicos van a ser nacionaliza-dos por el partido ollantista.

Eso es lo que el Perú tiene que saber y recibir co-mo una información oficial que ha sido dicha en este hemiciclo.

Lo dejo ahí, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra la con-gresista Supa Huamán.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Presidente, con su venia le doy una interrupción a la congre-sista Sumire.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la interrupción, con-gresista Sumire de Conde.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Se-ñor Presidente, yo no creo que el señor Jorge del Castillo, a quien respeto, pueda calumniar de esa forma. Yo he dicho: “¿Por qué no el Estado?” ¿Y



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usted no es Estado? ¿No somos Estado todos? He hecho una pregunta: ¿Por qué no? No estoy dicien-do que el Partido Nacionalista va a nacionalizar, si-no que he preguntado: ¿Por qué no el Estado?, ¿por qué vivimos de rodillas? Los pueblos originarios ja-más hemos vivido de rodillas, siempre hemos tra-bajado; pero ahí estamos.

Entonces, creo que no se me puede calumniar y de-cir que el Partido Nacionalista va a hacer eso. Acá hay que hablar claramente. No es justo que se ca-lumnie de esa forma; aunque sabemos también con qué intención se está diciendo eso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posa-da Eyzaguirre).— Puede continuar, congresista Supa Huamán.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Lliu tukuy llaqtamasiyku-nata napayuspa Presidente, parlayu-sunchis chay qelqamanta...[Luego de expresar un saludo a todos mis con-ciudadanos, me voy a referir a este proyecto...]2

Presidente: Nosotros los integrantes del Grupo Par-lamentario Nacionalista no hemos dicho que los tra-bajadores no tienen derecho. Ellos sí tienen dere-cho, y eso es lo que estamos planteando.

Pero, como muchos congresistas han dicho aquí, los pueblos aledaños a las minas, a las zonas de ex-plotación petrolera, al gas de Camisea, están en ex-trema pobreza; sus tierras han dejado de producir porque han sido expropiadas, y por eso sufren mu-chas enfermedades. En su sangre están el cadmio, el plomo. ¿Quién va a reparar todo eso?

Por esa razón estamos pidiendo que los grandes em-presarios mineros paguen un impuesto a las sobre-ganancias, para que haya equidad en el país. Los peruanos deberíamos luchar por la soberanía, por la dignidad de nuestros pueblos; no deberíamos ser entreguistas.

Lo que queremos es que en el país haya inversión, pero inversión con calidad humana, que no ma-te poco a poco a nuestros pueblos, que están ago-nizando. Lo que queremos es que haya impues-tos, que se respeten los derechos y la opinión de los pueblos. Eso es lo que queremos, y es lo que esta-mos planteando.

Queremos, pues, que el Gobierno deje de estar pi-diendo limosna y aportes voluntarios que no han

llevado a nada, porque no han hecho progresar a nuestros pueblos.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posa-da Eyzaguirre).— Congresista, le pido que se sir-va terminar.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Presiden-te, nosotros venimos de zonas donde se encuentran las minas, el gas de Camisea, el petróleo, en las que están explotándose los recursos naturales; ¿y cómo están viviendo nuestros pueblos?

Queremos que nuestros pueblos se desarrollen con dignidad. Eso es lo que queremos, y por eso pedimos que se vote a favor del dictamen en minoría de la Comisión de Trabajo presentado por el Grupo Par-lamentario Nacionalista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Posa-da Eyzaguirre).— Tiene la palabra el congresista Waisman Rjavinsthi.

El señor WAISMAN RJAVINS-THI (AP).— Señor Presidente: Creo que en este Parlamento todos estamos de acuerdo en que es nece-sario darles beneficios a los trabaja-dores o mejorarlos; pero creo tam-bién que hay que tener un poco de

cuidado en no perjudicar a una parte por benefi-ciar a la otra.

En ese sentido, es necesario hacer algunas preci-siones.

El artículo 2.° del Decreto Legislativo N.° 892 es-tablece porcentajes diferentes para las distintas actividades señaladas en el citado artículo. Así, las empresas industriales, al igual que las pes-queras y de telecomunicaciones, pagan el 10%; las empresas mineras, el 8%; las empresas de comercio al por mayor y al por menor y restau-rantes, el 8%, y las empresas que realizan otras actividades, el 5%. No hay razón válida para gra-var en forma diferenciada.

En este caso, se perjudica al sector industrial, espe-cialmente al de la pequeña y micro empresa produc-tora nacional, que es la que genera más trabajo, paga más impuestos y contribuye en mayor porcentaje al Producto Bruto Interno que el sector minero.

Por ello, propongo unificar esos porcentajes uni-formemente para todos en 8%.

2 Trancripción del texto en quechua y traducción al español: Noemí Vizcardo Rozas.



También es importante modificar la forma de cal-cular los porcentajes de participación del traba-jador, porque no tiene sentido disminuir del 50 al 25% la base del cálculo que se hace sobre la remuneración.

En efecto, se estaría quitando al empresario la potestad de premiar la eficiencia y la califica-ción de sus trabajadores. Esto es así, porque si hay un trabajador calificado y eficiente a quien el empresario le paga una remuneración de mil nuevos soles mensuales, y hay otro traba-jador que no es calificado y tiene una produc-tividad menor, que gana, por decir, 600 nuevos soles mensuales, la modificación en el repar-to estaría rebajando el porcentaje de partici-pación del trabajador más calificado y más efi-ciente en la parte referida a la remuneración, ya que se rebaja la base del cálculo del 50 al 25%; y, por otro lado, estaría premiando al tra-bajador menos calificado, al aumentar su par-ticipación en la parte referida a la cantidad de horas trabajadas.

Por ello, propongo también mantener los por-centajes de distribución de 50% sobre la remu-neración y de 50% sobre los días efectivamente trabajados.

En lo demás, me adhiero al dictamen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Anaya Oropeza.

El señor ANAYA OROPEZA (N-UPP).— Señor Presidente: Una cuestión que debo resaltar con re-lación a este dictamen es la eviden-te intención de eliminar el tope de remuneraciones de los trabajado-res y, como consecuencia, los mon-

tos denominados remanentes, que en la actuali-dad son entregados en parte a las regiones para obras de infraestructura vial, según el Decreto Legislativo N.° 892.

Las empresas generadoras de remanentes las constituyen en gran proporción las mineras, con un aproximado del 92% del total generado; por lo tanto, este dictamen está direccionado a un inte-rés netamente minero, lo cual hasta el momento no se quiere hacer notar. Como representante de la región Áncash, una zona eminentemente mi-nera, rechazo cualquier pretensión de eliminar esos remanentes.

Además, en este dictamen se sustenta la vulnera-ción de normas constitucionales, como el artículo 29.° de la Carta Política, que establece que los tra-bajadores tienen derecho a participar en las utili-dades de la empresa.

Como ancashino, sé que los trabajadores de em-presas mineras generadoras de remanentes re-ciben por concepto de utilidades un aproxima-do mínimo de 50 mil nuevos soles anuales; eso, si hablamos de obreros. Sin embargo, en ningu-na parte de la Constitución se indica un porcen-taje o monto que se les debe asignar.

Resulta incoherente que se hable de desarrollo producto de la inversión minera, de la lucha con-tra la pobreza, de justicia social; porque cuando hoy Áncash tiene la oportunidad de desarrollarse, se quiere llenar los bolsillos a los que más ganan en el Perú, que son una ínfima cantidad de per-sonas, dejando de ejecutar obras que benefician a toda una región, a más de un millón de perso-nas, dejando de darles la oportunidad a muchos agricultores que hoy sufren y luchan por trasla-dar sus productos agrícolas a través de carrete-ras olvidadas. Hay que recordar que las obras de infraestructura vial generan muchos puestos de trabajo para la gente más pobre.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Dispone de un minuto pa-ra culminar, congresista.

El señor ANAYA OROPEZA (N-UPP).— Eso sí es dinamizar la economía, eso sí es desarrollo. Esa es la forma de darle capacidad al Perú para competir con Estados Unidos.

Señor Presidente, resumo mi intervención ex-presando a la Representación Nacional que con la aprobación de este dictamen estaría-mos diciéndole no a la construcción de carre-teras, que son importantes para la agricultu-ra; no a más presupuesto para el trabajo; no al mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres.

Basta ya de dar más a los que más tienen. Eso no es justicia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Finalmente, tiene la pa-labra el congresista Raffo Arce.

Antes la concedemos al congresista Sousa Hua-nambal.



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El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Se-ñor Presidente, había solicitado la palabra opor-tunamente.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Así es, congresista; pero no la puedo conceder cuando está haciendo uso de la palabra otro representante.

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Señor Presidente, el ar-tículo 59.° del Reglamento estable-ce claramente cuándo procede una cuestión de orden. A mí me parece una falta de respeto al Parlamento y, obviamente, a todos los que nos

escuchan que con 28 congresistas se esté deba-tiendo un proyecto de ley tan importante como este, referido al derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas.

Es más, no sé qué interpretación se ha dado al artículo 52.° del mismo Reglamento, que dice que el quórum de las sesiones es la mitad más uno del número hábil de congresistas.

Entonces, lo que yo propongo es que se levan-te la sesión o, en todo caso, que se verifique de inmediato el quórum, para continuar con el de-bate de este proyecto de ley. No podemos seguir debatiendo en estas condiciones. Estamos enga-ñando a la gente porque, en realidad, nadie nos escucha ni nadie sabe qué argumentos estamos exponiendo en estos momentos sobre un proyec-to de ley tan importante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Congresista, acá se en-cuentran todos los representantes, que vienen entrando y saliendo de la Sala de sesiones, y acá están también sus voceros; y, como aún no se es-tá votando, no se está incumpliendo nada.

De manera que, como hemos quedado en otras oportunidades, y lo hemos conversado, los seño-res congresistas pueden ir exponiendo, escuchan-do, reflexionando y movilizándose. Reitero que aún no estamos votando.

Para concluir, tiene la palabra el congresista Ra-ffo Arce.

¿No va a intervenir aún, congresista?

Bien.

Tiene la palabra el congresista Mekler Neiman.

El señor MEKLER NEIMAN (GPN).— Presidente: Quiero felici-tarlo porque sé que usted ha hecho un esfuerzo especial para que los congresistas dispongan de facilida-des para entrar al hemiciclo y salir de él. Eso es cierto. Pero la verdad

es que no están aquí, y el debate es aquí. Enton-ces, le pido que se compute el quórum, y verá que, a pesar de su esfuerzo, que quiero reconocerlo, nuestros colegas no están aquí.

En realidad, no hay quórum.

Se habla acá de que este proyecto de ley es muy importante para el país, y de que acá se está de-cidiendo el futuro de los trabajadores. Sin em-bargo, yo no veo que aquí estén muy preocupa-dos por eso. Entonces, o levanta usted la sesión o toca el timbre para que los colegas vengan en este momento, para ver si hay o no interés. Por-que hablar de interés sin estar acá, o hablar de interés e irse, es algo contradictorio.

Así que yo le pido que se compute el quórum. Veamos si lo hay; y si no lo hay, levante usted la sesión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— De acuerdo.

Vamos a levantar la sesión, porque eso es además lo que habíamos convenido. Han hecho uso de la palabra por lo menos 40 congresistas; de mane-ra que al inicio de la sesión de la tarde, le corres-ponderá hacer uso de la palabra al presidente de la Comisión de Trabajo.

¿Desea intervenir, congresista Raffo Arce?

De acuerdo.

Tiene la palabra.

El señor RAFFO ARCE (GPF).— Señor Presidente: Quiero que que-de constancia, ante la prensa y el país, con el respeto y el aprecio que usted sabe que le tengo, de que es-ta situación es verdaderamente la-mentable.

Se ha hablado de un proyecto sumamente im-portante para todos los involucrados, y este es el panorama, que demuestra el interés del Con-greso de la República. Se sirve un almuerzo pa-



ra que los congresistas salgan de aquí y enton-ces la cosa pase suave. Nadie se ha dado cuenta, pero no es así.

Yo quiero dejar sentada mi protesta por esta si-tuación.

Esta es una ley sumamente confrontacional. Es-tán, por un lado, los defensores de las regiones, defendiendo con todo derecho los recursos de su región; y están, por otro lado, las personas cer-canas a los sindicatos y a los trabajadores, defen-diendo con todo derecho a los trabajadores.

Los congresistas están aquí ejerciendo plenamen-te su labor de representación; incluso el Partido Aprista, tan disciplinado, tiene gente que ha dis-crepado de la posición oficial del partido. ¿Y por qué? Porque es un proyecto verdaderamente con-troversial, y a estos proyectos debemos darles to-da nuestra atención.

Lo que es preocupante, sinceramente, colegas y señor Presidente, es que, más allá de la posi-ción de representación de los congresistas, que es lógica, el Poder Ejecutivo, que debería tener una posición equilibrada, mediadora, buscan-do el consenso, haya tomado partido por una de las partes.

Porque resulta que el presidente del Consejo de Ministros, señor Del Castillo, frente a los ojos del país, en lugar de ser aquí el árbitro, tratando de encontrar una solución para ambas partes, se ha puesto la camiseta de uno de los equipos y se ha ido a la delantera; esa es una posición de capitán de equipo que ha adoptado el presidente del Con-sejo de Ministros, en lugar de mediar y tratar de encontrar una solución para las partes. Porque aquí se respeta a los trabajadores mineros, pero también se respeta al pueblo de Áncash.

Es por eso que el Grupo Parlamentario Fujimo-rista no está a favor de esta propuesta tal como está, porque nosotros no vamos a hacer oídos sor-dos al pedido del pueblo de Áncash. Lamentamos la posición del presidente del Consejo de Minis-tros, que se ha puesto una camiseta y, en lugar de ejercer su función de jefe del gabinete, está ejerciendo una función de candidato, porque ha venido aquí a confesar que lo que le preocupan son sus promesas electorales.

Por eso vamos a apoyar la cuestión previa, pa-ra que este asunto pase a la Comisión de Econo-mía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, a fin de que sea estudiado y se encuentre un pun-to de equilibrio.

Por último, con todo respeto, hago una invocación al señor Del Castillo, a los efectos de que sea pre-sidente del Consejo de Ministros, no candidato; que piense en todos los peruanos y no solo en al-gunos compromisos de campaña, ahora que está pensando en otras cosas mayores.

El país es testigo de cómo el presidente del Con-sejo de Ministros bajó a la cancha y jugó para uno de los dos equipos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Vamos a dar la palabra el congresista Vargas Fernández, y luego al congre-sista Del Castillo Gálvez, por alusión.

El señor VARGAS FERNÁNDEZ (PAP).— Señor Presidente: La ca-miseta del presidente del Consejo de Ministros, la camiseta del Gobierno, la camiseta del Apra, es la camise-ta de los trabajadores y del pueblo del Perú; y, en función de eso tene-

mos que defender al pueblo del Perú y a los tra-bajadores mineros, de quienes nos sentimos ade-más solidarios, por las condiciones en que viven y por las condiciones en que trabajan en las mi-nas. La historia del Apra demuestra que ha teni-do dirigentes sindicales mineros que se han esfor-zado por mejorar las condiciones de vida de esos trabajadores.

No es hora aquí de hablar de maniqueísmo, si-no de hablar con la verdad; y hablar con la ver-dad es no entrar en contradicciones, como se hace, por ejemplo, desde las filas de la derecha vieja, que ha traído un antiguo discurso para de-fender y solo mirar a los empresarios, y no a los trabajadores.

Se ha dicho en este pleno, durante esta tarde y esta mañana, que no corresponde a los trabajado-res esas utilidades. Yo digo que sí les corresponde, porque hoy, gracias al crecimiento, es cierto, del cobre y de los minerales, gracias al precio que es-tos tienen hoy día y gracias al trabajo y al esfuer-zo de los trabajadores, existen condiciones para repartirles dichas utilidades, después de haber vi-vido cientos de años olvidados, en la postergación y en la miseria, en condiciones realmente deplo-rables. Hoy es el momento de reivindicarlos.

Se ha dicho también acá que resulta ilógico que los trabajadores tengan topes; pero en seguida se sostiene que deben tener un tope de 24 sueldos. Hay una incoherencia absoluta, porque si ellos



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tienen topes, ¿por qué no los tienen los dueños de las empresas?, ¿por qué no tienen topes los accionistas si se pide que tengan topes los tra-bajadores?

En realidad, no puede haber topes. Ya el ca-non da a las regiones lo que les corresponde; ya las utilidades son recogidas por el Estado pa-ra repartir a las regiones. Lo que tienen que hacer las regiones es ejecutar eficientemente sus recursos para corregir las injusticias que ahí existen.

Bien se ha expresado acá que esos recursos son hoy mal empleados por las regiones; pero estas tienen recursos. Áncash, el año pasado, ha reci-bido mil 400 millones de nuevos soles de las em-presas mineras; y hoy ¿dónde los ha invertido? Debe rendir cuentas y decir dónde los ha inver-tido, antes de venir a pedir más al pueblo y a los trabajadores del Perú, a quienes realmente les corresponde esas utilidades.

Es una incoherencia decir que las utilidades de una empresa no les corresponde a los trabajado-res. Claro que les corresponde, y por esa razón el Apra va a votar para defender a los trabajadores, porque esa es la condición, esa es nuestra cami-seta y ese es nuestro compromiso con el pueblo del Perú, como lo es también del presidente del Consejo de Ministros.

Nuestro compromiso no está con el maniqueís-mo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Por alusión, tiene la pala-bra el congresista Del Castillo Gálvez.

El señor DEL CASTILLO GÁL-VEZ (PAP).— Señor Presidente, estamos pretendiendo modificar una ley que se dio en el gobierno que defiende el congresista que hi-zo alusión a mi persona, y la esta-mos mejorando, porque le estamos

quitando los topes que acá se inventaron y esta-mos haciendo una distribución de 75% y 25%, en lugar de 50% y 50%, ya que en este último caso son los gerentes los que se llevan las utilidades, y no los obreros; y nosotros queremos que los obre-ros se lleven la mayor proporción.

A mí no me ofende que alguien me diga que vino aquí el presidente del Consejo de Ministros y se puso la camiseta de los trabajadores.

Yo pertenezco a un partido que defiende a los tra-bajadores, y tengo la convicción de para que haya trabajo debe haber inversión en el país. Por eso defiendo esos dos elementos, que son fundamen-tales para generar empleo.

Finalmente, si me tipifican a mí como el juga-dor que se puso la camiseta y ahora quiere ser capitán, debo decir que me siento bien de capi-tán del equipo, y en la delantera. En cambio, hay otros que creo que se sienten muy bien de reco-gebolas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Tiene la palabra el con-gresista Reggiardo Barreto.

El señor REGGIARDO BARRE-TO (GPF).— Señor Presidente, me está solicitando una interrupción el congresista Sousa.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Concedida.

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Señor Presidente, veo que por fin este pleno del Congre-so está más poblado, porque está-bamos discutiendo exclusivamente 28 personas.

Se ha preguntado insistentemente por qué razón los dueños de las empresas, los accionistas, no tienen un tope. Y la razón es que las utilidades son de los accionistas. ¿Se han olvidado de eso? Y si las utilidades son de los accionistas, no pue-den tener tope. El Estado participa en las utili-dades con el 30% del Impuesto a la Renta y los trabajadores, por ley, también participan con un porcentaje.

Entonces, cuando se dice que por qué no les po-nemos topes a los empresarios, si le vamos a po-ner topes a alguien, en realidad no podemos, pues eso no existe en ninguna parte del mundo.

Otra cosa es la interposición de topes: si son 18 o 20, etcétera. Por eso planteamos, como cuestión previa, y se tiene que votar, que este proyecto pa-se a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, con el fin de que esta Co-misión opine también sobre el particular. Porque estamos hablando de 700 millones de nuevos so-



les que se deberían entregar este año 2008 a una serie de regiones; y, obviamente, tiene que que-dar bastante claro de dónde va a salir el dinero para cubrir el hueco que están dejando.

Gracias.

El señor RAFFO ARCE (GPF).— Señor Pre-sidente, la palabra.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Cómo no, congresista Ra-ffo Arce, pero le pido que se centre en el proyec-to en debate.

Tiene usted la palabra.

El señor RAFFO ARCE (GPF).— Señor Presidente, a igual razón, igual derecho; se ha hecho eso al frente, y se puede hacer aquí tam-bién.

Cuando se analiza este tipo de le-yes, hay que ver quién gana y quién pierde. Por eso hoy hemos visto una confrontación sincera entre quienes defienden a los trabajadores con to-do derecho y quienes defienden sus regiones.

Reitero estas expresiones, porque hace un ra-to había aquí solamente 20 personas. Lo la-mentable —vuelvo a señalarlo— es que el Po-der Ejecutivo, que debería equilibrar las cosas, tratando de encontrar soluciones salomónicas, venga representado por el presidente del Con-sejo de Ministros y se juegue totalmente por un lado. Eso es verdaderamente lamentable; y más aún, lo reitera y dice: “Me pongo la ca-miseta de los trabajadores”. En consecuencia, las regiones del Perú están hoy ya avisadas de cuál es la posición del presidente del Consejo de Ministros.

El presidente del Consejo de Ministros, delan-te de todo el país, ha dado hoy día la espalda a los pobladores más pobres de las regiones, que son los que se benefician con una carretera. Las obras viales benefician a todos, en especial a los más pobres; pero el presidente del Consejo de

Ministros les ha dicho hoy aquí: No me intere-san los más pobres; yo me pongo la camiseta de los trabajadores.

Pues, señores, vayan a sus regiones y comuni-quen lo que ha pasado hoy aquí. Es una lástima que quien debiera buscar el equilibrio, hoy se la haya jugado por completo por un lado. Esto —lo digo con el mayor respeto— ha sucedido hoy aquí, y todo el país ha sido testigo.

El mensaje que hoy les damos a los trabajadores mineros y al pueblo de Áncash, es que el Grupo Parlamentario Fujimorista, la bancada de Alberto Fujimori, está con el pueblo de Áncash y está tam-bién con los trabajadores. El Grupo Parlamenta-rio Fujimorista, cuando vaya este proyecto de ley a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e In-teligencia Financiera, va a pretender equilibrar las cosas para que nadie salga perdiendo.

No se puede vestir un santo desvistiendo otro; no se puede quitar a las regiones el dinero que ya tie-ne proyectado para sus carreteras a fin de satis-facer las justas expectativas de los trabajadores. Encontremos otros caminos, con un poco más de creatividad en el Poder Ejecutivo; pero no se ha-ga esto, que perjudica a las regiones.

Por nuestra parte, reitero que vamos a apoyar la cuestión previa, para que el presente proyec-to de ley vaya a la Comisión de Economía, Ban-ca, Finanzas e Inteligencia Financiera y encuen-tre allí el equilibrio que no ha encontrado en el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales Po-sada Eyzaguirre).— Se cita para las 17 horas de hoy.

Se suspende la sesión.

—A las 14 horas y 50 minutos se suspende la sesión.

Por la redacción: Américo orlAndo mirAndA SAnguinetti



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