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Lizandro Alfonso Cabrera Suárez - Celso Emigdio Nogales Rodríguez -Hernán Zambrano Muñoz - Beatriz Delgado Mottoa

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Consejo Superior 2006 - 2009Sr. Jefferson OcoróPresidenteDra. Blanca Janeth MontoyaVicepresidenteDr. Germán Valencia ValenciaSecretario General

Universidad Santiago de CaliDr. Hebert Celín NavasRectorDra. Maria Nelsy RodriguezVicerrectoraDr. Diego García ZapataDirector Seccional PalmiraDra. Beatríz DelgadoGerente AdministrativoDr. Carlos Alberto HenaoGerente FinancieroDr. Mauricio MoralesGerente de Bienestar UniversitarioDr. Jairo CampazDirector General de InvestigacionesDr. Leonidas Pino CañaveralDecano Falcultad de DerechoColaboración especialDr. Hernando Giraldo DuqueDocente

Directora Editorial USC:C.S.Teresa Consuelo Cardona G [email protected] Editorial:C.S. César Rincó[email protected] Producción:C.S. José Julián Serrano [email protected]ño Gráfico y Diagramación:Publicist a Sandra Tatiana Burgos [email protected]ño GráficoMartha Isabel T ascó[email protected] de Estilo:C.S. Luciano Rodríguez [email protected]ón de textos:Lorena García

Editorial USCCalle 5 Carrera 62. Bloque 7 piso 2.PBX 5183000 Ext. 489.Fax 5183000 Ext. 496.web: www.usc.edu.co/[email protected] de

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Lizandro Alfonso Cabrera SuárezCelso Emigdio Nogales RodríguezHernán Zambrano MuñozBeatriz Delgado Mottoa

© Temas Juridicos2008ISBN 978 - 958 - 8303 - 34 - 5Derechos Reservados:EDITORIAL UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI.Este libro no puede ser reproducido total ni parcialmente por ningún mediosin permiso escrito del editor.Printed in ColombiaImpreso en Colombia

LLLLL a Universidad Santiago de Cali, comprometida con la difusión delpensamiento y el conocimiento de toda su comunidad, ha creado un es-pacio para que profesores y estudiantes destacados tengan la oportuni-

dad de escribir sobre su área del conocimiento dejando un legado a la hu-manidad tan importante, tan valioso como un libro. Pero la difusión del cono-cimiento va más allá de publicar; es por ello que hemos estructurado todauna normatividad que nos permita ser coherentes con las investigacionesque viene realizando la Universidad y los avances que éstas nos propone.

El texto que reposa ahora en sus manos es el resultado de una inves-tigación exhaustiva; ha sido analizado y orientado por expertos y ha contadocon la participación de especialistas en la materia. Esta publicación tiene elSello Editorial santiaguino porque ha cumplido con estándares de calidad yha sido sometida a la norma que hemos diseñado para mejorar cada vezmás nuestros productos editoriales.

Pero no es un capricho de la Universidad Santiago de Cali insistir en ladivulgación del pensamiento y el conocimiento de su comunidad, ello enrealidad constituye un deber social que tienen todas las entidades queinvolucren en sus actividades la educación. Puesto que no se puede conce-bir la universidad sin producción académica materializada en libros, ellosería comparado a un juicio sin pruebas. La materialización del conocimien-to es el libro que usted tiene en sus manos y el Sello Editorial de la Univer-sidad Santiago de Cali es la herramienta que gustosamente ponemos alservicio de este loable propósito.

Hoy la académia santiaguina tiene la posibilidad de hacer sus propiasreflexiones y ponerlas a consideración de las comunidades nacional e inter-nacional, porque nuestra esperanza y por lo que trabajamos día a día, esque la divulgación de este pensamiento y de estas reflexiones académico-científicas, transciendan las fronteras. Nuestro empeño es fortalecer las alian-zas que, a lo largo del tiempo de fundada la editorial, hemos venido realizando.

El momento que atraviesa Colombia es el adecuado para producir co-nocimiento, para comprender que sólo las buenas acciones, (entendiendoéstas como el compromiso de los industriales con la economía local; de los

políticos con la justicia social y la deferencia de sus acciones hacía los pobres y laacademia como actor decisivo en las políticas, no electoreras, si no de construcciónde país), son las que evitarán que este país con tanto talento, potencial humano yriquezas naturales, se hunda y, en cambio, permitirán que ocupe el sitio que se mere-ce en el contexto mundial.

Le invito a leer este material que hace parte de la producción del Sello EditorialUniversidad Santiago de Cali, que poco a poco se ha ganado un espacio en el corazónde muchos lectores y que no pretende ser otra cosa que un canal para la materializa-ción del conocimiento.

HEBERT CELÍN NAVASRector

Contenido

TEMA No. 1

EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIADESDE UNA PERSPECTIVA JURÍDICA ........................................................................... 11LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE COLOMBIAY EL CONFLICTO ARMADO ............................................................................................ 11

TEMA No. 2

PRINCIPIALÍSTICA JURÍDICA: CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONALY RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD ............................................................... 26

1. 1. NOCIÓN DE PRINCIPIO ................................................................................ 271.2.NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PRINCIPIOS ............................................ 371.3 PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICADE 1991 RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA SALUD ............................... 37

TEMA No. 3

MEDIDAS CAUTELARES EN CRÉDIT OS MARÍTIMOS ESTUDIO COMPARATIVOCOLOMBIA- COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES ......................................................... 56INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 56II MARCO LEGAL DEL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES ....................................... 58

A.- ACUERDO DE CARTAGENA DECISIÓN 487 DE 7 DE DICIEMBRE de 2.000,MODIFICADO POR LA DECISIÓN 532 DE OCTUBRE 2 DE 2002. ........................ 58A - 2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. ............................................................. 65A - 3. PARTES ...................................................................................................... 71B. LEY NACIONAL COLOMBIANA ....................................................................... 76B – 3-. PARTES .................................................................................................... 82A - 2. LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO ............................................................. 86B - LEY NACIONAL COLOMBIANA ...................................................................... 88

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 181BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 183

TEMA No. 4

“ ANÁLISIS DE LAS DISTINT AS FORMAS DE NOTIFICACIONES EN LA LEY 794 DE 2003O REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL FRENTEALA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAY AL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO” ................................................... 184INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1841.- LAS NOTIFICACIONES EN EL DERECHO COMPARADO ......................................... 186

1.1. CHILE .......................................................................................................... 1861.2.- ARGENTINA ............................................................................................... 1901.3.- ESPAÑA ..................................................................................................... 1961.4. FRANCIA ..................................................................................................... 202

4.- PARALELO ENTRE LAS NOTIFICACIONES ENEL DECRETO 2282/89 Y LA LEY 794 DE 2003 ............................................................. 207CONCLUSIONES ........................................................................................................... 215BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................................217

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TEMA No. 1

EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIADESDE UNA PERSPECTIVA JURÍDICA

LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE COLOMBIAY EL CONFLICTO ARMADO

El principal problema político al que se enfrentaron los grupos dirigen-tes colombianos entre 1880 y 1930 fue el de establecer un sistemainstitucional que fuera aceptable para los dos partidos en que se encontra-ban divididos los sectores dominantes del país, que les permitiera resolversus conflictos sin recurrir a la violencia y que dejara libre al gobierno paraorientar sus energías a colaborar con el desarrollo de la riqueza nacional.Hacia 1880 la insatisfacción con los resultados de la Constitución de 1863había creado dentro del partido liberal un sector que comenzaba a plan-tear un programa de reformas entre las que ocupaban lugar central el au-mento de poder del ejecutivo central y la normalización de las relacionesentre la iglesia y el Estado. En la elección presidencial de ese año el diri-gente más conspicuo del ala independiente del liberalismo, Rafael Núñez1 ,obtuvo la mayoría de los votos y asumió el mando con el apoyo benevolen-

1 Rafael Wenceslao Núñez Moledo (* Cartagena de Indias, 28 de septiembre de 1825 -

Cartagena de Indias, 18 de septiembre de 1894) fue un escritor y político colombiano, variasveces presidente de los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia. Lideró laRegeneración con la cual se terminó el régimen federal de los Estados Unidos de Colombia,promulgando la Constitución de Colombia de 1886, y se le recuerda, además, como autor de laletra del himno nacional de Colombia. Poco se conoce sobre los primeros años de vida de RafaelNúñez. Se conoce que sirvió de Juez de Circuito en Chiriquí (Panamá) en 1848. Ese mismo añofundaría el periódico La Democracia en Cartagena, con la intención de favorecer la elecciónpresidencial del general Obando como sucesor de José Hilario López. Ese mismo año fuenombrado secretario del gobierno de Cartagena comenzando así su vida política.


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te del partido conservador. Durante un breve período Núñez impulsó algu-nas reformas como la creación de un Banco Nacional y la elevación de lastarifas aduaneras, para proteger algunos renglones de la industria (sobretodo artesanía) nacional, medida con la cual y en forma un poco sorpresivaabandonó el país su tradición librecambista de más de treinta años. A lapolítica de Núñez se oponían los liberales radicales, que temían que elacuerdo con los conservadores se hiciera abandonando la Constituciónde 18632 o incluso llevara a aquéllos a ganar el poder. Igualmente contra-rios a Núñez eran los sectores comerciales opuestos a las altas tarifasaduaneras impuestas por el gobierno y los grupos financieros amenaza-dos con la creación del Banco Nacional. Comerciantes y financieros, es-trechamente relacionados (la mayor parte de las actividades bancariasestaban ligadas a la financiación de operaciones comerciales) constituíanel núcleo económico del radicalismo liberal y desde la década anteriorhabían contribuido a formular la política de libre cambio y de moneda basa-da en el patrón oro que había sido dogma oficial hasta la inesperada evolu-ción nuñista.

Pero para reformar la Constitución era preciso contar con el apoyo uná-nime de todos los estados; bastaba que uno de ellos estuviera bajo controlradical para impedir todo cambio fundamental. En consecuencia, Núñezrealizó una serie de maniobras3 que le permitieron, controlar 7 de los 9ejecutivos regionales y asegurar así su reelección para el período de 1884

2 Entre 1875 y 1880, el modelo liberal político-económico que se había institucionalizado en la

Convención de Rionegro de 1863 había tocado fondo. El país estaba en la ruina: la poca infraes-tructura vial existente servía para consolidar la separación entre las provincias, no había comer-cio regular entre ellas. Plantaciones y cultivos estaban en decadencia. En general, las exporta-ciones agrícolas tradicionales (tabaco, añil y quina) desaparecieron, mientras continuaba au-mentando lentamente la exportación de oro y el café tomaba la delantera y reemplazaba a losque estaban perdiendo mercados, pasando a representar cerca del 50% del total de las expor-taciones. Además, la industria no aparecía aún. Un ala del Partido Liberal, los llamados indepen-dientes, encabezados por Núñez, empezaron a proponerse reformas al aparato estatal. Núñezplanteaba que el país no podía seguir en el federalismo a ultranza en que venía, que había quedarle facultades al gobierno central de intervenir en la economía, que el estado debía propiciarlas inversiones en la industria, abrir más caminos y ferrocarriles, proteger con vigor lo que fueraproduciendo la industria colombiana, y crear un clima favorable a las inversiones extranjeras.Los liberales oficialistas, llamados «radicales», se opusieron fuertemente a Núñez, e hicierontodo lo posible, incluso fraude electoral, para evitar que llegara a la presidencia, a pesar de locual, el 8 de abril de 1880, asume como presidente para el período 1880-1882.Trató Núñez deempezar sus reformas, pero el periodo presidencial era muy corto para poder culminarlas. Poreso, en medio de una feroz oposición de los oficialistas, buscó manipular las elecciones, impo-niendo a Francisco Javier Zaldúa como su sucesor para que continuara sus reformas. PeroZaldúa, enfermo y sometido a presiones de uno y otro sector liberal, murió el 21 de diciembre de1882, ocho meses después de su posesión. En su lugar, tras la declinación del propio Núñez, fuenombrado presidente otro liberal independiente: José Eusebio Otálora. Núñez tenía el caminodespejado para intentar la reelección en el período 1884-1886, cosa que logró con relativafacilidad

3En 1884 fue reelegido con el apoyo del Partido Conservador, con el propósito de llevar a cabo

la Regeneración. En 1885, los Liberales Radicales inician una guerra civil con el propósito de

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a 1886. Ya en el poder intervino en una confusa situación en Santander,donde trató de dejar sin piso el gobierno radical del Estado. Los radicales,que se sentían acorralados y a punto de perder sus últimos reductos, ini-ciaron una guerra civil que duró cerca de 10 meses y terminó con la victo-ria del gobierno, que había entregado el mando del ejército en gran parte aoficiales conservadores.

Derrotados los radicales, Núñez declaró la «inexistencia» de la Consti-tución de 1863 y convocó un Consejo Nacional de Delegatarios, dos porcada estado, nombrados por los gobernantes regionales, pero en realidadseleccionados por el presidente. Los radicales, como grupo derrotado,quedaron sin representación, mientras que los escogidos se repartían porpartes iguales entre conservadores e independientes. Este Consejo re-dactó, principalmente bajo la orientación del filólogo conservador MiguelAntonio Caro4 , una nueva Constitución que fue sancionada5 en agosto de18866 .

derrocar a Núñez, perdiendo definitivamente en la batalla de La Humareda. Con el camino llano,Núñez inicia una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, aprobada en1886 y vigente, con algunas reformas, hasta 1991.

4 Miguel Antonio José Zoilo Cayetano Andrés Avelino de las Mercedes Caro Tobar fue un filólogo,

periodista, escritor y político colombiano, nacido el 10 de noviembre de 1843 en Bogotá, la ciudaddonde vivió literalmente toda su vida, y donde falleció el 5 de agosto de 1909. Hijo del tambiénescritor José Eusebio Caro, fundador del Partido Conservador y quien falleció durante la niñezde Miguel Antonio. Por esta razón el joven no pudo realizar sus estudios formales, si bien recibióuna completa instrucción por parte de su abuelo Miguel Tobar. Se aficionó desde muy joven alperiodismo y la política, y logró situarse como líder de opinión gracias a su periódico «ElTradicionista» desde 1871, en el cual empezó a defender las posturas más radicales yultracatólicas del Partido Conservador. A la par de su actividad como periodista político, seconvirtió en uno de los filólogos más destacados de América Latina, siendo considerado delmismo nivel que Andrés Bello y Rufino José Cuervo. Posteriormente llegó a ser uno de losmayores soportes de Rafael Núñez y su proyecto de Regeneración en la década de 1880; es asícomo pasa a ser uno de los mayores inspiradores de la Constitución de 1886, orientando suredacción como miembro del Consejo de Delegatarios que se creó para este fin. En 1892 eselegido Vicepresidente de la República, en fórmula con el reelecto Presidente Núñez, quien nopudo asumir el poder por problemas de salud, por lo que Caro se encargó de la presidencia; dosaños después Núñez falleció, y Caro ejerció el poder hasta el final del mandato sexenal en 1898;curiosamente, pese a que tuvo uno de los mandatos más largos de la historia de Colombia, nuncautilizó el título de Presidente, sino el de Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo, porrespeto a su antiguo jefe. En 1898 logró imponer en la Presidencia de la República al octogenariodirigente Manuel Antonio Sanclemente, y en la Vicepresidencia al también anciano literato JoséManuel Marroquín, con la intención de mantener su influencia política, pero el plan se volvió en sucontra cuando Marroquín, apoyado por un sector del conservatismo, derrocó a Sanclemente en1900; desde entonces Caro desapareció del escenario político nacional.

5 Nació en Santa Marta el 8 de septiembre de 1832. Fue presidente de Colombia, representante,

senador, gobernador del Estado de Magdalena y jefe civil y militar de Antioquia durante laRevolución de 1885. Ministro durante los gobiernos de Francisco Javier Zaldúa, Ezequiel Hurta-do y Rafael Núñez. Concurrió por Antioquia al Consejo Nacional de Delegatarios. El 1 de abril de1886, a falta del presidente y del vicepresidente, entró a ejercer el gobierno el primer designado,general Campo Serrano, hasta el 6 de enero de 1887. Le correspondió sancionar el 5 de agostode 1886 la nueva Constitución (que regiría hasta 1991), que si de un lado satisfacía las aspira-ciones primordiales del presidente titular (Rafael Núñez), de otro dejaba el germen del federalismo


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La Constitución aprobada se caracterizaba por la adopción de un siste-ma de gobierno rígidamente centralista y autoritario. Del presidente de-pendían todas las autoridades, ejecutivas y administrativas, de los «depar-tamentos» —nombre que se dio a los antiguos estados— y de los munici-pios. El presidente tenía amplias facultades para los casos de conmocióninterior, cuando podía suspender las garantías constitucionales y expedirdecretos legislativos; incluso en tiempo de paz podía ordenar la captura yretención de las personas contra las que existiera grave indicio de queatentaban contra el orden público. La Constitución declaraba además irres-ponsable al presidente por sus actuaciones, con solo tres excepciones: laalta traición, la violencia electoral y los actos para impedir la reunión delCongreso.

El Congreso podía haber ejercido, al menos en tiempo de paz, un ciertocontrapeso al poder presidencial, pero el sistema electoral adoptado y lasprácticas políticas del país permitían al ejecutivo garantizar el triunfo de loscandidatos oficiales utilizando diferentes mecanismos de sistema electo-ral y diversas formas de coacción y presión sobre votantes, jurados o jue-ces electorales. Sólo dos representantes a la Cámara y ningún senadorfueron elegidos entre 1888 y 1904 por la oposición liberal, y en estos ca-sos se debía en buena parte a una actitud condescendiente de ciertossectores del partido de gobierno.

en los nueve Departamentos que antes habían sido Estados Soberanos. El mismo presidenteNúñez manifestó al dejar la sanción de la Constitución al general Campo Serrano, que no lo hacíaporque no estuviera de acuerdo con ella, sino para vincular al nuevo estatuto un sector impor-tante de la opinión de los liberales independientes. Murió en Santa Marta el 24 de febrero de1915.

6 En la inspiración de la Constitución de 1886 tuvo un papel muy importante la Iglesia católica,

aliada de los conservadores y a la que cabía buena parte de la resposabilidad por la derrota delos radicales. Por eso mismo, no tardó en expresar su apoyo al nuevo régimen, buscandoconcesiones que le devolvieran sus antiguos privilegios. En la Asamblea se impuso el modelo deconstitución propuesto por Miguel Antonio Caro, de tendencia claramente reaccionaria, amigo deun poder central fuerte, intolerante con la oposición y defensor acérrimo de la injerencia de laIglesia en la vida civil. Núñez, que como ministro de Tomás Cipriano de Mosquera en 1861 leconfiscó las tierras a la Iglesia, fue quien le devolvió sus privilegios por medio del concordato de1887. La Constitución de 1886 acabó con el federalismo, o sea, la autonomía de las provincias,que de allí en adelante pasaron a llamarse departamentos, cuyas autoridades serían designadasdirectamente por el presidente. Reconoció a la religión católica como la religión del estado ycomprometió a éste porque no podía pegar. Reconocía al poder central la facultad de interven-ción en el manejo de la economía del país. Se rechazaba así la teoría de los liberales del estadogendarme y del librecambio, con las cuales se habían enriquecido comerciantes y banqueros.Dividía el aparato estatal en tres poderes: ejecutivo, encabezado por el presidente y sus minis-tros; legislativo, por el congreso, que en menos de cinco años se convirtió en dominio de losconservadores; judicial, encargado del cumplimiento de las leyes emanadas del legislativo.Suprimió ciertas libertades como las de prensa y asociación, concediéndole al ejecutivo poderescasi absolutos con la figura del estado de sitio.

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La rama judicial estaba sometida al ejecutivo, que nombraba los ma-gistrados de la Corte Suprema y de los tribunales regionales; sólo podíajuzgar sobre la inconstitucionalidad de las leyes a petición del Presidentede la República.

Fuera de lo anterior, la Constitución acogió el vehemente deseo de losconservadores y de la iglesia de establecer en las normas legales, que lareligión católica era de la Nación, y de dar amplio poder a, la iglesia enciertos aspectos de la vida nacional. Finalmente, la Constitución estable-ció un sistema de derechos individuales bastante limitados. Restableció lapena de muerte y abrió el camino para la censura de prensa. Concedió atodos los ciudadanos el derecho a elegir corporaciones departamentalesy municipales, pero restringió el voto para representantes a quienes tuvie-ran determinada propiedad o renta anual o supieran leer y escribir. Estosmismos votantes calificados escogían «electores», uno por cada mil habi-tantes, que luego elegían Presidente y Vicepresidente de la República paraun período de 6 años.

Las líneas generales de la Constitución, con su rígido centralismo, laaceptación del papel dominante de la iglesia, el autoritarismo presidencial,la limitación de los derechos individuales, el sistema electoral destinado aconservar el poder en manos de una restringida clase dirigente, reflejabasin duda el predominio de las ideas del partido conservador en su redac-ción. Pero su adopción indicaba hasta qué punto la sociedad colombianaseguía siendo tradicionalista, rígidamente jerarquizado y autoritario y cómola clase dirigente colombiana seguía alejada de una concepción liberal ydemocrática del Estado, pese al aparente liberalismo del período posteriora 1863. La aspiración al orden, además, era compartida, por razones muydiferentes, por sectores ajenos al partido conservador. Incluso sectoresinfluidos por el positivismo recién importado al país y preocupados por eldesarrollo económico y el progreso material veían que la realización deestos objetivos suponía como condición necesaria, si no suficiente, la pazy el orden políticos. Aunque la élite de propietarios y comerciantes se hu-biera dividido anteriormente, por razones muy complejas, en dos bandoshostiles, ahora esa misma élite estaba dispuesta a sacrificar sus contra-puestos orígenes ideológicos ante un acuerdo que permitiera obtener laseguridad de que hablaba don Miguel Samper.

Pero la Constitución fracasó como base de ese acuerdo7 , al excluir aun importante sector de la clase dirigente de toda posibilidad de participar

7 El tercer período de gobierno de Rafael Núñez ocurrió entre los años 1886 a 1888. En el año1887, el gobierno aprobó el Concordato con la Santa Sede. Núñez decidió irse a vivir a Cartagena,


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en la dirección del Estado y al ser utilizada por los conservadores e inde-pendientes como un mecanismo que permitiría mantener indefinidamenteel poder en sus manos, y en particular el control de un estado cuya funcióntradicional de dispensador de cargos públicos y prebendas no era fácil dedescartar. A pesar de que un consenso acerca de problemas como el delas relaciones con la iglesia, la centralización política del país y el fortaleci-miento del poder público era entonces posible, la forma exasperada comose incluyeron estos asuntos en la Constitución, así como el uso represivode los poderes públicos, fueron colocando poco a poco a todo el liberalis-mo en la oposición, y llevaron a una creciente polarización ideológica yemocional de los dos partidos. Además, el hecho de que la oposición libe-ral quedará en la práctica sin posibilidades de ganar por medios electora-les el poder, convertía la guerra civil en una tentación permanente. Y si selograba una aparente unanimidad en los diversos órganos del Estado, estoera a costa de una tendencia continua del partido de gobierno a dividirse, yestas divisiones se prestaban a complejas maniobras políticas en las quese ofrecía a los liberales la plenitud de derechos políticos o se alentabansus actividades. Los liberales más moderados, los pacifistas, se llenabanentonces de esperanzas: pronto se reformarían los sistemas que los ex-cluían; pero el fracaso de tales maniobras enardecía a los más belicistas,que no veían otro camino que la guerra civil para recuperar algún pesodentro del sistema político colombiano. Las dos guerras de 1895 y de 1899-1902 dieron testimonio de que la Constitución de 1886 no había logradoestablecer reglas de juego aceptables para toda la clase dirigente del país.

En 1895 los grupos belicistas liberales, casi sin prepararse y sin el apo-yo de algunas de las figuras más notables del partido, se «pronunciaron»contra el régimen que encabezaba entonces Miguel Antonio Caro, perofueron derrotados rápidamente; comenzada en enero, la rebelión habíasido ya debelada para marzo. Hacer la guerra contra el gobierno se habíahecho mucho más difícil que antes, cuando era posible contar con el apo-yo de algunos ejecutivos regionales. Aunque los liberales necesitarían to-davía una guerra más para reconocer la nueva realidad, la Constitución de1886, al eliminar el federalismo8 , hacía prácticamente imbatible el gobier-

su tierra natal, dejando encargados de la presidencia al designado José María Campo Serrano (1de abril de 1886 a 6 de enero de 1887) y al vicepresidente Eliseo Payán (desde enero hasta juniode 1887). Ante la ausencia de Núñez, en 1888 Carlos Holguín Mallarino es nombrado presidentepor el Congreso de la República por unanimidad de votos.

8 Hay poca conciencia de que Colombia alguna vez pretendió tener un sistema político federaly que se llamó Estados Unidos de Colombia a partir de 1863 y hasta 1886. Después de esafecha, el centralismo se apoderó de la nación tras el fracaso liberal, que fue sobre todo político,y hasta los propios liberales del siglo XX terminaron por renegar de su ideario clásico, incluyendola idea federal. El nuevo interés por el tema - rebautizado como descentralización para evadir lapalabra federalismo, que se volvió sinónimo de anarquía - surgió de la creciente insatisfacción

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no en una guerra civil: sin fuertes bases de poder regional, nadie podía yacompetir con el gobierno central en cuanto a armamento, recursos finan-cieros y posibilidades de reclutamiento. A comienzos de 1896 un vigorosomanifiesto firmado por los históricos y redactado por Carlos Martínez Sil-va, sancionó la ruptura de este sector con el Presidente Caro. En estaactitud, fuera de el lógico desengaño de los conservadores a quienes noles alcanzaba su cuota de empleo a costa del presupuesto nacional, habíaalgo más sólido: la desilusión de un importante sector de la clase dirigen-te, que había estado entre los más vigorosos partidarios de la regenera-ción, pero que advertía que no se había logrado una paz sólida, se irritabapor la inmoralidad creciente de la administración, que se había convertidoen dispensadora de favores económicos hasta constituir, según la expre-sión de la época, una verdadera «compañía industrial», y objetaba los ele-mentos básicos de la política económica9 .

En 1898 el presidente en ejercicio, José Manuel Marroquín, sorprendióal país apoyando las reformas solicitadas por «históricos» y liberales: de-rogatoria de la ley de facultades extraordinarias, que permitía al presidentedesterrar o confinar a los que perturbaran el orden, adopción de una ley deprensa y de un sistema electoral que condujera a cierta pureza del sufra-gio. Ante el riesgo de que estas reformas se aprobaran, el Presidente titu-lar Manuel Antonio Sanclemente decidió posesionarse de un cargo, actoque tuvo que cumplir ante la Corte Suprema de Justicia por la renuenciadel Congreso a admitirlo.

Las reformas se detuvieron y con ello otra vez los sectores pacifistasdel liberalismo encabezados por el ex Presidente Aquileo Parra, y, entrequienes dominaba el sector empresarial liberal, tuvieron que ceder ante lapresión guerrera de los seguidores de Rafael Uribe Uribe. Estos, entre

que expresaron muchas regiones, fuerzas políticas y la propia insurgencia en relación con eldespotismo, la rigidez y la ineficiencia contenidos en el centralismo colombiano. Podríamosagregar que el sistema político centralista, basado en el derecho divino y en la noción de estadoconfesional, no contó con las instancias de negociación para desactivar las luchas fratricidasque arruinaron al país a finales del siglo XIX y que han reaparecido en la mitad y a fines del sigloXX para frenar su desarrollo económico. Llegada la constituyente de 1991, que se basó en lanoción de soberanía popular y separación de Iglesia y Estado, se avanzaron los temas de ladescentralización, cuando la elección de alcaldes había puesto bases limitadas a las autonomíasmunicipales. La elección de gobernadores y las transferencias territoriales completaron el cua-dro de una nueva estructura estatal menos centralizada pero aún con una gran concentraciónde recaudos tributarios, de decisiones políticas y judiciales en el poder central.

9 Su último período presidencial acaeció entre los años 1892 y 1894. En estos períodos, Nuñez

dejó actuar a su vicepresidente Miguel Antonio Caro en el gobierno. Él se retiró a su hacienda deEl Cabrero, en Cartagena, en compañía de su amada Soledad Román. Allí murió, el 18 de septiem-bre de 1894. Su pensamiento y acción en el movimiento de la Regeneración llevaron a unarelativa estabilidad de Colombia en la primera mitad del siglo XX.


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quienes parece haber sido preponderante la juventud y los profesionalesliberales, especialmente abogados, confiaban en un fácil triunfo contra elgobierno dirigido por un débil anciano que había perdido el apoyo de lamayoría de sus copartidarios. Así, en agosto de 1899 se lanzaron a laguerra, que algunos miembros del gobierno parecen haber esperado congusto e incluso inducido, creyendo que sería una guerrita «de tres meses»que dejaría fortalecido al gobierno. Pero la contienda que comenzaba se-ría la más violenta y prolongada de la historia colombiana: en ella se volvie-ron a ver los familiares reclutamientos forzosos, la expropiación de bie-nes, los empréstitos obligatorios a cargo de los enemigos del régimen, y lamuerte de un elevado número de colombianos: las cifras de bajas de laguerra han girado alrededor de los 100.000 muertos, número sin dudaexagerado, pero que indica la magnitud de la violencia.

Las ventajas del gobierno para esta clase de guerras habían aumenta-do, sobre todo por la existencia de un ejército regular con dotación moder-na, mientras que los rebeldes debían desenterrar sus armas de diseñosobsoletos de los patios donde las habían escondido al concluir antiguoslevantamientos. Los liberales confiaban en el apoyo de algunos gobiernosvecinos, pero apenas recibieron de ellos unos cuantos fusiles y las facili-dades para adquirir un buque con el que se llevó a comienzos de 1902 laguerra a la región de Panamá10 . Durante el curso de la guerra, en julio de1890, los conservadores históricos derrocaron a Sanclemente e instala-ron otra vez en su lugar a Marroquín. Los liberales confiaban en un rápidoacuerdo con el gobierno, cuyos ministros pertenecían al grupo histórico.Pero Marroquín continuó la guerra y desautorizó las gestiones de paz quehicieron algunos miembros de su gabinete. Para 1901 la situación seguíaigual y no se veía término al conflicto: si un triunfo liberal era imposible,tampoco parecía estar el gobierno en condiciones de obtener una victoriatotal sobre los insurrectos, y ni siquiera mostraba muchos deseos de ha-cerlo. En septiembre de ese año unos cuantos conservadores planearonreinstalar a Sanclemente, por si ofrecía una paz viable; el asunto provocóla destitución y destierro del Ministro de Guerra Pedro Nel Ospina, quienaprovechó para denunciar que al calor de la guerra se había formado ungrupo de caballeros, de empresa que negociaban con las provisiones yabastecimientos militares y aprovechaban el desorden para hacer rápidasfortunas, con el apoyo del presiente y sus familiares.

A comienzos de 1902 la guerra adquirió un nuevo giro por la invasión aPanamá dirigida por el general Benjamín Herrera, que logró algunos triun-fos amenazantes, pero condujo a la intervención norteamericana en el

10 Ibid.

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conflicto: el gobierno solicitó y obtuvo el desembarco de la infantería demarina de los Estados Unidos en Panamá, lo que inmovilizó a Herrera.Como en ese momento se negociaba un tratado con aquel país para laconcesión de derechos para la apertura del canal, la tentación de vinculara los norteamericanos al conflicto era muy grande y tanto el gobierno comolos liberales intentaron obtener el apoyo de los Estados Unidos sugiriendoque a cambio de él les concederían un tratado ventajoso. En esas condi-ciones Uribe Uribe, perdida toda fe en el triunfo, firmó un tratado de pazcon el gobierno que consignaba una garantía de amnistía para los libera-les. Poco después, en noviembre de 1902 y a bordo del buque norteame-ricano Wisconsin, Benjamín Herrera firmó el tratado definitivo con el cualconcluyó la última de las guerras civiles tradicionales de la historia colom-biana. Pero la Constitución de 1886 en su forma original había hecho crisisy la desesperación de la clase dirigente colombiana era cada vez mayor.La separación de Panamá, con el apoyo de los Estados Unidos, apenasun año después de la guerra y como culminación de una serie de inciden-tes en los que el país osciló entre el ridículo y la impotencia, acabó deconvencerla de que Colombia sería víctima de los peores males sin unamodificación de su estructura política. Grupos de ambos partidos pedíanuna asamblea que reformara el sistema que había llevado a la guerra civilde los mil días y a la pérdida subsiguiente de Panamá. Pero el gobiernoseguía firme en su defensa del status quo y al congreso de 1904 sólopudieron ser elegidos conservadores, aunque algunos de ellos eran parti-darios de reformas que permitieran el acceso de los liberales a los cargospúblicos.

El siguiente presidente, Rafael Reyes, elegido para el período de 1904a 1910, comenzó su gobierno ofreciendo a los liberales una reforma de laley electoral que consagrara los derechos de las minorías y nombrandoentre sus seis ministros a dos miembros de ese partido. Pero Reyes que-ría realizar sus reformas a una velocidad que el parlamento conservadorno aceptaba y pretendió obtener facultades extraordinarias que el Congre-so, o por temor a que Reyes entregara el poder a los liberales, o por escrú-pulo legalista, no quiso conceder. El presidente decidió cerrar el congreso,implantando la dictadura y, después de lograr que los concejos municipa-les lo solicitaran, convocó a una Asamblea Nacional que debía reunirse enmayo de 1905. La asamblea fue elegida directamente por Reyes y en ellatuvieron amplia aunque minoritaria representación los liberales. Por estarazón y por la abierta violación de los notables conservadores, el dictadorfue perdiendo el apoyo de los notables conservadores, aunque muchos loacompañaron hasta el fin, y de algunos liberales; muchos líderes de estepartido, sin embargo, parecían juzgar preferible esa situación, en la que ladictadura les garantizaba cierta participación en el poder y les reconocíaalgunos derechos, a un régimen legal que podía en la práctica negárselos.


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La Asamblea fue eco fiel de las pretensiones de Reyes y, entre otras co-sas aprobó la prórroga de su período presidencial a 10 años y reconociólos derechos de las «minorías», que se suponía iban a seguir siendo losliberales: el hecho de que estos derechos sólo fueran a tener ejerciciolegal en una época indefinida, pues el presidente prefirió suplir gobernandocon la Asamblea Nacional más bien que arriesgarse a unas elecciones,parecía no preocupar demasiado a los liberales, pero las bases de apoyode Reyes fueron disminuyendo progresivamente.

A fines de 1905 el intento del presidente de nombrar como designado asu sobrino, el liberal Clímaco Calderón Reyes, previa renuncia del Vice-presidente Ramón González Valencia, que se logró con la ayuda del re-presentante del Vaticano, condujo a una conspiración conservadora, des-cubierta, y reprimida con dureza; a comienzos del año siguiente el presi-dente estuvo a punto de perecer en un atentado que llevó a acentuar elcesarismo del régimen, que condeno a muerte a los culpables tras unjuicio sumario y marchó hacia un régimen policial, aunque la escasa capa-cidad de las «fuerzas del orden» no permitieran que fuera demasiado opre-sivo.

La situación reinante en el Méjico de Porfirio Díaz influía sobre el presi-dente, y no eran pocos los miembros de la élite empresarial que mirabancon simpatía una orientación similar, que en muchos liberales reyistas serevestía de una ideología positivista que enlazaba con la tradición de mu-chos de los empresarios liberales que acompañaron a la regeneración ensus primeras etapas.

La creciente intervención del Estado en las actividades económicas, elproteccionismo a la industria y el paternalismo de Reyes hacia la «base dela pirámide» hacían fácil que figuras como Rafael Uribe Uribe apoyaran laconducta presidencial; este líder liberal había defendido una serie de ideasen ese sentido, que en el lenguaje político de la época se confundían conesbozos socialistas.

La incapacidad por resolver un agudo problema monetario, al cual sevolverá luego, y el manejo dado a las relaciones con los Estados Unidosacabaron por hacer perder a Reyes todo apoyo importante. El primer as-pecto hizo que los empresarios perdieran buena parte de su benevolenciahacia el presidente, aunque los beneficiarios de los remates de rentaspúblicas y de los contratos con el estado continuaron apoyándolo. El se-gundo culminó con ocasión de la discusión del tratado firmado en 1909por el liberal Enrique Cortés y el Secretario de Estado de los Estados Uni-dos, Elihu Root, por el cual se normalizaban las relaciones con los Esta-dos Unidos y se ponía punto final al conflicto sobre Panamá. Aunque entre

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los dirigentes colombianos existía ya un consenso acerca de la necesidadde esa normalización, de la que se esperaban importantes ventajas eco-nómicas, dado el creciente papel de los Estados Unidos como consumi-dores del café colombiano y las posibilidades de inversión de capital norte-americano en el país, el momento político no era muy adecuado, pues ladiscusión del tratado en la Asamblea Nacional permitió a los enemigosliberales y conservadores de Reyes apoyarse en la fresca herida de Pana-má para acabar de desacreditar al presidente, que después de varios inci-dentes acabó retirándose de su cargo.

El designado encargado de la presidencia, Ramón González Valencia,convocó Asamblea Nacional, elegida por los concejos municipales, la cualse reunió en mayo de 1910 y cuya tarea central era modificar la Constitu-ción de 1886 de modo que las instituciones políticas nacionales reflejaranlos puntos esenciales de consenso de la clase dirigente y permitieran alas dos grandes vertientes en que ésta se encontraba dividida gozar enforma relativamente libre de los derechos políticos que la aplicación de laConstitución vigente había llevado a desconocer.

La Asamblea suprimió las causas principales de conflicto político de laConstitución del 86: redujo el período del presidente a 4 años y prohibió sureelección inmediata, decretó la reunión anual del Congreso y ordenó laexpedición de una legislación electoral que diera representación a las mi-norías. El Congreso recibió el poder de elegir los magistrados de la CorteSuprema de Justicia, de ternas presentadas por el jefe del ejecutivo mien-tras a la corte se dio el poder de decidir sobre la inconstitucionalidad de lasleyes y de guardar la «integridad de la Constitución» y, para proteger a losparticulares de los abusos oficiales, se ordenó el establecimiento de unajurisdicción contencioso-administrativa. La pena de muerte fue abolida yse prohibió toda emisión del papel moneda de curso forzoso.

La elección de funcionarios se hizo más representativa, pero sólo semantuvieron ciertas restricciones al derecho de voto de los ciudadanos.La elección presidencial se haría en forma directa, pero sólo podían sufra-gar los ciudadanos que tuvieran cierta renta o propiedad o supieran leer yescribir; igual limitación subsistía para la elección de representantes a lacámara. La elección de senadores seguía siendo indirecta, aunque se or-denó una reagrupación de las circunscripciones para garantizar los dere-chos de las minorías.

La Constitución, a consecuencia de estas reformas, hacía mucho másdifícil el mantenimiento de la hegemonía total de un partido, pero no impe-día un buen grado de manipulación electoral por parte de quien controlarael ejecutivo o contara con las mayorías parlamentarias; la determinación


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de las circunscripciones electorales, la elaboración de las listas electora-les y la coacción de los votantes daban pie para continuar la tradición defraude tan arraigada ya en los hábitos colombianos. Por eso nunca pudo laoposición obtener un volumen de votos mayor que el gobierno, pero laConstitución le garantizaba cierto cupo de curules en las corporacioneselectivas, aunque se guardaba para la «mayoría» el control del poder eje-cutivo, que podía compartirse ocasionalmente en el gabinete pero nuncaen el ejército o en las gobernaciones y alcaldías más importantes. Por suparte, la expresión legal que se dio a las disposiciones constitucionalessobre representación proporcional de los partidos, durante el régimen con-servador, condujo a mantener un sistema político bipartidista y a obstruir laformación de partidos nuevos, en un momento en que las profundas trans-formaciones económicas y sociales que sufría el país hacían salir a la luzpública nuevos grupos sociales e impulsaban la expresión política de gru-pos tradicionalmente silenciosos. Así se forzó el proceso de integraciónde los nuevos grupos obreros y de algunos sectores campesinos, quecomenzaron a organizarse y a expresar intereses propios, a los partidostradicionales.

La Asamblea constituyente eligió como presidente para el siguienteperíodo (1910-1914) Carlos E. Restrepo, al antioqueño antiguo conserva-dor histórico y uno de los más fervientes partidarios, desde 1903, de unacuerdo con los liberales y de reformas que suavizaran la Constitución de1886. En época más reciente se había convertido en uno de los dirigentesdel nuevo grupo republicano. Pero tan pronto como entra a ejercer el po-der comenzó la erosión de la unión republicana, cuyos miembros se fue-ron deslizando poco a poco hacia sus partidos de origen: en realidad, másque un partido, el republicanismo había sido una coalición provisional de laoligarquía moderada de ambos partidos empeñada en la reforma del sis-tema político. Realizada ésta, parecía difícil justificar la permanencia delgrupo, y los políticos más doctrinarios promovieron la reagrupación de losantiguos partidos. El conservatismo, dirigido por Marco Fidel Suárez, re-novó como factor básico de diferenciación con el partido liberal el proble-ma religioso, al propugnar por un partido eminentemente católico y poruna orientación cristiana del país.

El hecho más visible de la administración de Restrepo fue la firma deun tratado con los Estados Unidos que ofrecía una compensación de25.000.000 de dólares como material a las pérdidas sufridas por Colom-bia por la separación de Panamá. De este modo se cumplía el anhelo de laburguesía colombiana de reanudar relaciones normales con los EstadosUnidos, deseo que se había venido fortaleciendo a medida que el paísentraba más y más en la órbita comercial de aquella nación y a medidaque se desarrollaba dentro de Colombia una burguesía exportadora e in-

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dustrial que esperaba bastante del apoyo financiero de los inversionistasnorteamericanos para el desarrollo de transportes, servicios públicos yotras empresas económicas.

En 1914 fue escogido como presidente, en la primera elección desde1857 que se hacía con el sistema de voto directo el conservador JoséVicente Concha. Se reanudaba así la secuencia de regímenes inequívo-camente conservadores, matizados apenas, por una ocasional invitacióna los liberales para ocupar uno o dos ministerios, generalmente en situa-ciones de crisis nacional o por razones de maniobra política. Pero la ex-pansión del voto favorecía claramente a los conservadores: aunque mu-chos grandes propietarios y buen número de cultivadores de café eranliberales, los propietarios conservadores, con el apoyo de las autoridadeslocales, se habían convertido en la práctica en dueños y señores del votode aparceros, peones rurales y pequeños campesinos, entre quienes, porotro lado, tenían gran influencia las prohibiciones de los párrocos de dar elvoto por el partido liberal. Por estas razones la única esperanza seria delliberalismo residía en captar el creciente —pero aún muy reducido— votourbano y maniobrar simultáneamente para tratar de lograr una división delpartido conservador, usualmente mediante la táctica de apoyar un candi-dato que prometiera un trato más equitativo, sobre todo en materia deelecciones, para los liberales. Pero mientras se cosechaban los resulta-dos de esta estrategia, la situación política entre 1914 y 1930 estuvo sin-gularmente estancada, como si se hubiese firmado un pacto que repartie-ra cuidadosamente los derechos de conservadores y liberales, dando aaquéllos el control del ejecutivo pero garantizando a éstos si no eleccioneslibres, al menos algunas satisfacciones como las que ofrecía la participa-ción en el parlamento, el mantenimiento de una prensa diaria a veces fe-rozmente antigobiernista. A los pocos días de la posesión del nuevo presi-dente fue asesinado Uribe Uribe, en uno de los crímenes políticos quemás han obsesionado el recuerdo colombiano, después de una violentacampaña de desprestigio dirigida contra él por sectores liberales opues-tos a la colaboración con Concha.

En las elecciones para el siguiente periodo presidencial de 1918 a 1922los liberales, dirigidos ahora por Benjamín Herrera, decidieron intentar otravez la antigua táctica de apoyar un candidato conservador transaccional,para promover las divisiones del partido de gobierno, al que no se creíaposible derrotar en forma abierta. El candidato oficial, Marco Fidel Suárez,triunfó y fue derrotado el disidente Guillermo Valencia, en unas votacionesen las que participaron casi 400.000 ciudadanos. El presidente electo eraun antioqueño de origen bastante humilde que había ascendido a elevadasposiciones políticas durante la época de la regeneración y se había inte-grado completamente dentro de la estrecha clase dirigente colombiana;


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su concepción de los nacientes problemas sociales de la época estabadominada por una visión paternalista y religiosa, que lo llevaba a recomen-dar como la mejor solución para ellos la práctica de la caridad cristiana yde la benevolencia y ayuda de los ricos a los pobres; entretanto su accióncomo gobernante era bastante hostil a las reivindicaciones obreras. Elseñor Suárez, que había adquirido gran fama como internacionalista, defi-nió la política exterior colombiana en forma claramente pronorteamericana,lo que correspondía en parte a la nueva situación creada por la postguerra,cuando se acentuó la hegemonía económica de los Estados Unidos, y enparte a situaciones locales. Entre éstas se destacaba la urgencia de loscírculos colombianos para que los Estados Unidos aprobaran el tratadoUrrutia-Thompson, y la necesidad de definir una política alrededor de lasconcesiones petroleras, que se disputaban grupos ingleses y norteameri-canos. Colombia aprovechó la situación para presionar la aprobación deltratado, sugiriendo que con esto se abrirían las puertas del país al capitalpetrolero del imperialismo norteamericano, que ya había logrado algunasconcesiones menores en el país. En los Estados Unidos el tratado seguíadetenido por los partidarios del presidente Roosevelt, que objetaban la cláu-sula del «sincero pesar» y por maniobras tendientes a usar el tratado comoun arma para lograr concesiones previas del gobierno colombiano acercadel petróleo. Finalmente, después de que la Corte Suprema de Colombiaderogó algunos decretos objetados por los petroleros, éstos, apoyadospor el gabinete norteamericano, lograron forzar la aprobación del tratado,en el que se suprimió la cláusula acerca del «sincero pesar» y se hicieronotras modificaciones. El Congreso colombiano se mostró renuente a apro-bar los cambios; la mayoría de la cámara había formado un bloque contrael presidente, que fue finalmente acusado, en octubre de 1921, por la rea-lización de una serie de actividades comerciales privadas con personasque tenían negocios pendientes con la administración. El presidente admi-tió algunos de los cargos y, para facilitar la aprobación del tratado, aceptóretirarse del poder. El sucesor, Jorge Holguín logró la aceptación del trata-do, que fue impulsado por el ministro de relaciones exteriores, EnriqueOlaya Herrera y por grupos ligados a las compañías petroleras.

La república conservadora, apoyada en la coacción electoral había po-dido negarse a un acuerdo institucional con los liberales, que establecieracierto consenso dentro de la clase dirigente; con esto dejaba en herenciaun agudo problema electoral y una tradición de gobierno de partido quedesembocaba en la violencia. Y también había podido cerrar los ojos alsentido de las transformaciones sociales recientes que pretendía enfren-tar, como los empresarios menos lúcidos, como los caciques rurales quetanto peso tenían en el partido conservador, con la acción simple de ins-pectores de policía; con ello daba al liberalismo la opción de integrar en

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sus filas a las masas urbanas mientras que la incorporación de los cam-pesinos en el campo conservador dependía del mantenimiento de unaestructura rural arcaica, llena de rasgos precapitalistas y señoriales, y queera preciso defender a toda costa. La conservación de un mínimo de pazentre los dos partidos quedaba condicionada a dejar intacta la situaciónrural. De este modo la burguesía colombiana, que habría podido juzgarconveniente la modernización del régimen rural, quedaba en los hechoscomprometida con la conservación por mucho tiempo de uno de los ele-mentos claves de atraso del país, para evitar una ruptura entre los secto-res más avanzados de ellas, tentados a apoyarse en la clase obrera, y losmás conservadores, atados a los caciques rurales. El acuerdo implícitoque había logrado, y que a veces se intentó tímidamente romper, le permi-tiría a la burguesía del país gobernar sin la competencia de nuevos grupossociales. Pero la tensión generada por el insoluble problema electoral ypor el congelamiento del régimen social rural, apoyado en la ignorancia, elanalfabetismo y la miseria de masas campesinas, a las que la clase diri-gente no ofrecía nada y a los que el Estado ignoraba excepto en lo quetuviera que ver, con la cuestión electoral, esa tensión volvería, 20 añosdespués de la caída del régimen conservador, a llevar a la más profundacrisis las instituciones de la república.

La Republica de Colombia durante todo el periodo desde l880. Hasta laera contemporánea a sufrido transformaciones en sus textos constitucio-nales de origen Político-Social que han permitido que solo un grupo deciudadanos decidían los destinos del País, a diferencia de la inclusión delnuevo texto Constitucional de l991, que deriva hacia una postura demo-crática y participativa que permite a todos los nacionales colombianos te-ner los mismos derechos y deberes en el acontecer político, económico, ysocial del País.

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