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Las protestas de derechos humanos en la Argentina

de la consolidacin democrtica 1989-1998

SEBASTIN PEREYRA

Universidad de Buenos Aires

(Argentina)

"Prepared for delivery at the 2001 meeting of the Latin American Studies

Association, Washington DC, September 6-8, 2001."

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Las protestas de derechos humanos en la Argentina de la consolidacin democrtica 1989-1998

SEBASTIN PEREYRA*

I. Introduccin El estudio de la movilizacin social y poltica ha adquirido en los ltimos aos una

riqueza y diversidad crecientes. Por tal motivo, si bien este trabajo presenta los resultados

parciales de un estudio de caso especfico1 ha requerido tambin presentar algunas de las

discusiones ms importantes que se han sostenido sobre el tema.

Por razones expositivas este texto se divide en dos partes. En la primera de ellas se

presentan los debates tericos que desde los aos 60 acompaan el estudio de los

fenmenos de movilizacin. En trminos generales, ese debate ha estado signado por la

presencia de dos grandes perspectivas (una centrada en la nocin de racionalidad y la otra

en la nocin de identidad) que se han ocupado de dar cuenta de la aparicin de los nuevos

movimientos sociales. Cualquier intento de encarar estudios especficos supone adentrarse

en las diferencias conceptuales y tericas que las distintas teoras han propuesto

sucesivamente.

* Lic. en Ciencia Poltica de la Universidad de Buenos Aires. Becario de formacin de posgrado del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS, UBA. E-mail: sepereyra@ciudad.com.ar 1 La investigacin se denomina: Transformaciones en el movimiento de derechos humanos en Argentina 1989-1998 y est financiada con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas de la Repblica Argentina. Agradezco especialmente a Federico L. Schuster y a Francisco Naishtat quienes co-dirigen este trabajo. A su vez, esta indagacin est inscripta dentro de un proyecto ms ambicioso que pretende elaborar un mapa de la protesta social en Argentina en la dcada del 90. Para ello se est realizando un relevamiento de protestas en medios grficos y una serie de entrevistas a actores y militantes de las protestas en distintos casos seleccionados. Por tal motivo, agradezco especialmente al equipo de investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y al Prof. Federico L. Schuster quien dirige tambin este esfuerzo colectivo.

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Una de las salidas ms frecuentes ha sido la del eclecticismo conceptual. Muchos

estudios han tomado los conceptos ms relevantes que ofrecen los distintos enfoques y los

han llevado al campo. Sin embargo, la posicin que he intentado sostener en este trabajo y

a ello se debe la dedicacin de un apartado terico especfico- es que es necesario

contraponer con toda claridad los presupuestos que sostienen cada una de las teoras como

prerequisito para encarar el anlisis conceptual. Si bien las teoras brindan herramientas

sumamente interesantes para dar cuenta de aspectos particulares del fenmeno estudiado,

sus diferencias sobrepasan ese nivel de distincin. Ms bien, representan formas

alternativas de entender la movilizacin e incluso versiones muy diferentes sobre la

definicin del fenmeno en cuestin.

Dada la complejidad que presenta ese debate conceptual partimos de la

consideracin del concepto de protesta social en tanto ste permite un acceso emprico a la

movilizacin y contribuye a analizar en toda su diversidad el escenario de fragmentacin

actual; desde all pueden ponderarse las distintas formas en que se vinculan las protestas

entre s y cules son las dimensiones ms significativas de su impacto poltico.

En la segunda parte se presentan las caractersticas del caso en cuestin. Sin

embargo, elaborar un recorte particular sobre las protestas de derechos humanos en

Argentina en la dcada del 90 ha llevado a revisar, por un lado, la historia reciente de la

movilizacin en el pas y en Amrica Latina en general y, por otro lado, ha considerar cul

ha sido el desarrollo de la problematizacin del tema de los derechos humanos en

Argentina.

El anlisis de las protestas actuales surge, entonces, a partir del desarrollo del

movimiento de derechos humanos en Argentina, el cual se present en la escena pblica

durante la ltima dictadura militar. Comprendiendo la forma histrica de articulacin de las

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protestas de derechos humanos, hemos intentado plantear algunas zonas para el anlisis de

los distintos procesos de particularizacin de las demandas y de surgimiento de nuevos

actores y demandas involucrados. De los cuatro ejes de protesta que presentamos como los

ms significativos, nos hemos concentrado especficamente en dos de ellos. Por un lado,

una serie de protestas cuyo rasgo central es su carcter expresivo y que marcan una lnea de

ruptura con los reclamos de las organizaciones histricas de derechos humanos.

Analizamos all el problema de la memoria y de la condena social como los trminos

centrales de una disputa simblica por la reconstruccin de una historia del terrorismo de

Estado. Por otro lado, otro de los fragmentos significativos de las protestas de derechos

humanos, est representado por aquellas que se han organizado en torno al cuestionamiento

de la calidad de la consolidada democracia argentina. El tema de la violencia policial e

institucional ha marcado otro eje comn para una serie de protestas que impugnan el

accionar de los organismos de seguridad y que reclaman por una distribucin ms

igualitaria de las garantas civiles mnimas.

En todos los casos, hemos tratado de hacer especial hincapi en el anlisis de los

vnculos que nuclean a las organizaciones que soportan las acciones de protesta y tambin

en la manera en que las protestas se articulan con otro tipo de acciones motorizadas por las

propias organizaciones y con otras redes de protesta.

II. Debates tericos contemporneos en torno al estudio de la accin colectiva, los

movimientos y las protestas sociales

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A fines de la dcada el '60 comienza a tomar forma la discusin sobre la

movilizacin social y poltica tal como la conocemos hoy en da. Esta discusin

contempornea se ha organizado en torno de la nocin de movimiento social y tiene dos

enfoques bien definidos. El eje central de una de estas perspectivas est puesto en la nocin

de inters y en reconstruir una teora de la accin (racional) que contemple la especificidad

de la movilizacin poltica. Sobre la base de las crticas a las nociones de comportamientos

colectivos y de privacin relativa, que han dominado los trabajos de la sociologa

norteamericana durante las dcadas del sesenta y setenta, este enfoque ha intentado

consolidar una teora para explicar los fenmenos de accin colectiva. Una multiplicidad de

trabajos tericos y empricos definen los lineamientos generales de la teora de

movilizacin de recursos.2 La diversidad y el eclecticismo de esta teora son importantes y

esto se debe, en parte, a la gran cantidad de autores y de anlisis particulares que se han

realizado. Su ncleo mnimo comn se orienta a analizar la estructura de costos y

beneficios que permiten entender la aparicin de fenmenos de accin colectiva.

El segundo enfoque se vincula con algunas de las discusiones que se dieron en la

teora social europea alrededor de los problemas que suscit la conceptualizacin de los

nuevos movimientos sociales. Tambin este fenmeno particular que se abri paso en las

democracias occidentales desde fines de la dcada del sesenta marc los trabajos de la

sociologa norteamericana pero, sin embargo, existi hasta estos ltimos aos una fuerte

desconexin entre ambas perspectivas. La tradicin europea se orient fuertemente hacia la

nocin de identidad. La influencia marxista en estas perspectivas es ms importante y por

ende, el tipo de reflexiones que orientaron los trabajos de autores como Alain Touraine,

2 Para una caracterizacin general de la teora ver: Craig Jenkins, J., "La teora de la movilizacin de recursos y el estudio de los movimientos sociales", en Revista Zona Abierta 69, Madrid, 1994,

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Jrgen Habermas, Clauss Offe o Alberto Melucci, fue el problema de qu tipo de sujetos

constituan los movimientos y qu sentido tenan sus acciones polticas. Las luchas de

estudiantes, ecologistas y feministas de la dcada del sesenta pusieron en cuestin el

privilegio que otorgaba la tradicin marxista a la constitucin de un sujeto de clase que

encarara una lucha revolucionaria para derrumbar la sociedad capitalista. A comienzos de

la dcada del '70, la clase obrera en los principales pases europeos ya se encontraba

relativamente integrada a la vida poltica-institucional de los estados de bienestar. El

horizonte de la lucha revolucionaria del siglo XIX y los ecos de la revolucin rusa ya se

encontraban aquietados. Sin embargo, la nueva oleada de movilizacin de esos aos

produca profundas transformaciones sociales aunque no lograba cuestionar seriamente la

estabilidad de los regmenes polticos nacionales. Muchos de estos autores comenzaron a

preguntarse por las transformaciones sociales que podan explicar algunos de estos cambios

en los sujetos de la movilizacin. De hecho, casi todos ellos han desarrollado distintas

versiones de las crisis y transformaciones de la vieja sociedad industrial en sociedades

posindustriales o de capitalismo avanzado.

Las diferencias entre ambas perspectivas han comenzado a borrarse, en parte porque

en los ltimos veinte aos se han producido una cantidad importante de estudios empricos

que han permitido acercar posiciones. Pero tambin porque el conflicto poltico y la

movilizacin se han vuelto fenmenos ms normales -y en alguna medida ms acotados-

dentro del funcionamiento democrtico.

A diferencia de las dcadas del '30 y del '40, cuando los fenmenos de movilizacin

de masas amenazaban las democracias liberales, en los 80 y '90 han sido procesos de

intensa movilizacin y protesta los que han producido transformaciones democratizantes.

pp. 5-49.

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En la actualidad, la movilizacin no parece orientarse a producir transformaciones a gran

escala, ni siquiera a cuestionar seriamente las formas de organizacin social y poltica de

los estados nacionales. Sin embargo, la protesta social constituye un hecho casi cotidiano

en las democracias occidentales. Con distinta intensidad, referida a problemas o demandas

diversas y con la presencia de actores y formatos mltiples, la protesta parece mantener su

vigor como forma de accin poltica.

Cmo pueden comprenderse estos episodios de protesta? La nocin de protesta

social se refiere a los acontecimientos visibles de accin que suponen la intencionalidad de

un colectivo en el sostenimiento de una demanda basada y justificada en el reclamo de

derechos. Analticamente, la protesta puede ser analizada desde un punto de vista interno y

otro externo. Toda protesta surge de la definicin de una situacin problemtica, es decir, la

percepcin de una injusticia por parte de los sujetos. A su vez, las protestas especifican, por

un lado, un campo conflictivo (una cierta delimitacin entre el espacio del nosotros y el

ellos) que asigna un contenido a la gnesis y a los responsables de la injusticia y por otro,

un campo de resolucin del conflicto que establece la forma tpica mediante la cual la

injusticia puede ser resuelta (respuestas posibles y responsables de las acciones

compensadoras). Desde un punto de vista externo, la protesta requiere un contexto de

oportunidad de la accin, es decir algunos cambios en la estructura poltica de la sociedad

que habilitan la accin y una enunciacin de la accin que incluye la identificacin de un

sujeto de accin (un nombre que sostiene la protesta y ciertas redes organizativas que la

soportan) y un cierto abanico de posibilidades de justificacin de la accin de protesta (que

incluyen restricciones sobre lo que puede demandarse y sobre cmo puede demandarse).

La nocin de protesta social se limita, entonces, a partir de su carcter intencional,

por un lado, y de su visibilidad pblica, por el otro. Las manifestaciones, las

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concentraciones o reuniones pblicas, las declaraciones pblicas son ejemplos de tipos de

protesta aprehendidos desde este punto de vista. El concepto de protesta encuentra su

pertinencia en un marco general histricamente situado. Efectivamente, es necesario y hasta

deseable pensar que la nocin de protesta social es la mejor manera de dar cuenta de la

accin colectiva tal cual esta se desarrolla en el contexto de la dinmica de nuestras

sociedades liberales y democrticas. Es necesario considerar que su relevancia es prxima

al contexto general que presentan las sociedades de herencia ms o menos homognea de la

cultura occidental y a la dinmica propia de regmenes democrticos y de Estado de

derecho.3

Otro de los rasgos generales que deben mencionarse es que las protestas se muestran

como el sostenimiento de demandas frente al Estado. Este supuesto puede ser mantenido

como regla general aun cuando se puedan presentar algunas reservas respecto de las

transformaciones que acarrean la regionalizacin y mundializacin crecientes. As como la

definicin de protesta incluye la delimitacin de demandas, el interlocutor caracterstico de

dichas demandas es el Estado.4 La apelacin a cuestiones de justicia y la referencia

obligada para la intermediacin en controversias de este tipo hasta el momento siguen

siendo las entidades estatales. Esto no supone que el Estado efectivamente sea un actor

neutral en la resolucin de conflictos sociales; por el contrario aparece como la figura

central de una confrontacin. Sin embargo, es cierto y significativo que no slo el Estado

sino todo el sistema poltico est obligado a una sensibilidad particular frente a las

3 Se considera sta la pertinencia terica de conceptos como el de espacio pblico democrtico que constituye un elemento central de este anlisis- y que pueden ser aceptablemente cuestionados tanto desde el punto de vista de su pertinencia para el anlisis de diversos perodos histricos como en el interior de regmenes autoritarios, totalitarios, etc. 4 En el sentido de organizaciones o entidades estatales por contraposicin a organizaciones de la sociedad civil o internacionales.

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alteraciones del orden pblico o los cuestionamientos visibles en virtud de su vinculacin

con los problemas de legitimidad.5

Los acontecimientos de movilizacin social se vinculan entre s de manera muy

diversa. De hecho, no puede establecerse un recorte a priori acerca de estas formas de

vinculacin. Cada protesta puede ser estudiada e individualizada segn sus caractersticas

particulares de constitucin de un sujeto de protesta, formato, estructura de oportunidades

polticas, definiciones compartidas y logros estratgicos y performativos. Sin embargo,

las protestas adquieren su sentido en la medida en que se encuentran emparentadas con

otras acciones de protesta. Dicha familiaridad es de por s discontinua, pero permite

comprender, en cada caso, la dimensin de su inscripcin pblica y de su impacto poltico

en general. As, una protesta reenva en mltiples direcciones hacia otros acontecimientos

constituyendo redes de protesta. Estas redes son recortes significativos posibles entre

muchos otros. La identificacin de una red supone un ejercicio interpretativo que de cuenta

de las continuidades y rupturas que puedan observarse entre distintos acontecimientos en

sus distintas dimensiones de anlisis.

Las redes de protesta son, entonces, hiptesis plausibles que pueden construirse

vinculando acontecimientos en virtud de sus parecidos de familia.6 Dicho vnculo se sita

tanto en una dimensin sincrnica, en la medida en que pueda detectarse una confluencia

5 Habermas, J., Facticidad y Validez, Trotta, Barcelona, 1997. Captulo 8. 6 La nocin de parecidos de familia permite una ejemplificacin del concepto de redes de protesta por analoga a la forma en que L. Wittgenstein piensa al lenguaje: En vez de indicar algo que sea comn a todo lo que llamamos lenguaje, digo que no hay nada en absoluto comn a estos fenmenos -por lo cual empleamos la misma palabra para todos- sino que estn emparentados entre s de muchas maneras diferentes. Y a causa de este parentesco, o de estos parentescos, los llamamos a todos lenguaje. Wittgenstein, L., Investigaciones Filosficas, Crtica, Barcelona, 1986, prrafo 65, pgina 87.

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significativa de acontecimientos, como en una diacrnica en virtud de la correspondencia

entre distintas protestas situadas en un eje histrico.

Las protestas sociales emergen como un doble proceso complejo de definicin y

consecuencia del establecimiento de una situacin pblica problemtica.7 Ese proceso de

emergencia es el resultado de un intento exitoso de arribar a una definicin de una situacin

de injusticia colectivamente compartida y a su vez del establecimiento de un campo de

interaccin conflictivo que es el espacio habilitante para dicha aparicin y que depende del

reconocimiento dentro de una mapa restringido de motivos apelables de la legitimidad

de la posicin demandante. Dicha emergencia permite comprender una situacin de

protesta y especialmente pensar las dimensiones de su impacto poltico.

Generalmente, el impacto de la movilizacin social es analizado como una funcin

del resultado alcanzado por el colectivo de protesta. Sin embargo, intentamos sostener aqu

que esa es slo una de las dimensiones significativas del contenido poltico que tienen las

acciones de protesta. Un punto central aqu resulta de los perodos de anlisis a considerar.

Segn se analicen distintos perodos histricos y distintas redes de protesta la evaluacin de

su significacin poltica cambia. Al igual que para la interpretacin de redes de protesta, no

toda hiptesis de impacto poltico resulta plausible aunque, del mismo modo, no pueda

sostenerse que existe una interpretacin verdadera o privilegiada.

Har referencia aqu a algunas dimensiones analticas del impacto poltico que

conviene tener en cuenta para pensar la movilizacin tal como se presenta en la actualidad.

Una primera dimensin se relaciona con los resultados instrumentales de la protesta. En la

medida en que aceptemos que las protestas se vinculan con determinadas demandas, la

7 Cefa, D., La construction des Problmes Publics. Dfinitions de situations dans des arnes politiques , Reseaux N 75, Paris, enero-febrero de 1996.

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satisfaccin o no de esas demandas constituye el objeto central de esta primera dimensin.

En segundo lugar, dado el vnculo entre protestas y sistema poltico, las instancias de

resolucin de la protesta pueden incluir transformaciones poltico-institucionales que

incluyen desde la modificacin de las alianzas polticas, cambios en la estructura de

gobierno o transformaciones en las formas de gobierno hasta la implementacin de polticas

pblicas en vinculacin ms o menos directa con el tipo de problema pblico presentado o

tematizado por la protesta. Por ltimo, puede pensarse una dimensin significativa del

impacto poltico de las protestas. Esta dimensin de inscripcin pblica8 puede

comprenderse en funcin de la emergencia de un nosotros, as como de temas o argumentos

que acompaan el sostenimiento de determinadas demandas. Asimismo, esta dimensin da

cuenta de la constitucin de una historia pblica de la protesta en la medida en que

cristalizan repertorios de protesta que definen su significacin poltica.

El anlisis de repertorios permite vincular, en ltima instancia, el impacto de las

protestas con las condiciones que habilitan el surgimiento de nuevas acciones en el

desarrollo de una historia moderna de la movilizacin social como forma de accin poltica.

III. Movimientos sociales y protestas en Amrica Latina y en Argentina

En la dcada del 80, algunos autores comenzaron a preguntarse por las

caractersticas de los movimientos sociales en Amrica Latina. Al igual que en Europa,

8 Naishtat, F., Accin colectiva y regeneracin democrtica del espacio pblico, en Quiroga, H., Villavicencio, S. y Vermeren, P. (comps.), Filosofas de la ciudadana: sujeto poltico y democracia, Homo Sapiens, Rosario, 1999. Habermas, J.,: Sobre el papel de la sociedad civil y de

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buena parte de estos interrogantes surgieron a partir de las dificultades que suscitaba la

caracterizacin de la movilizacin social en trminos estrictamente de clases. El panorama

latinoamericano mostraba una diversidad importante de formas de participacin poltica por

va de la movilizacin. "As, los movimientos sociales se ven nutridos por mltiples

energas que incluyen en su constitucin desde formas orgnicas de accin social por el

control del sistema poltico y cultural, hasta modos de transformacin y participacin

cotidiana de autoproduccin societal."9 Histricamente, los movimientos en Latinoamrica

fueron interpretados como movimientos pre-polticos o embrionarios a ser encauzados por

un partido-vanguardia revolucionario. El reconocimiento de que estas manifestaciones

colectivas no podan ser fcilmente encauzadas hacia la revolucin llev a dos tipos de

replanteamiento: a) quienes denunciaban su carcter reformista o reaccionario y b) quienes

comenzaron a interesarse por estudiar sus particularidades.

Aqu se plantea la pregunta central: "La pregunta que surge de inmediato, imposible

de responder a ciencia cierta, es si se trata de una 'nueva realidad' o si la vida social siempre

fue as, y slo nosotros, ciegos por el peso de los paradigmas dominantes, no la estbamos

viendo."10 De esta forma comenzaba a orientarse la investigacin social hacia el sentido de

tales conductas colectivas, intentando indagar en la profundidad de las situaciones de

accin particulares y rescatando el propio punto de vista de los actores. Como puede

apreciarse, el clima intelectual de crtica al marxismo y al funcionalismo como lentes

objetivos para explicar la movilizacin social impregn los trabajos de investigadores

la opinin pblica poltica, en Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, y Bohman, J., Public Deliberation, Cambridge, MIT Press, 1996 9 Caldern, F. y Jelin, E., Clases y movimientos sociales en Amrica Latina: perspectivas y realidades, CEDES, Buenos Aires, 1987. Pg. 24. 10 Caldern, F. y Jelin, E., op. cit., pg. 27.

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latinoamericanos, guiados, al menos en parte, por los resultados fructferos que haban

alcanzado los trabajos de Alain Touraine, de Manuel Castells o de Alberto Melucci.11

Una de las perspectivas ms interesantes es la de F. Caldern y E. Jelin quienes

intentaron plantear algunos elementos tericos de anlisis de los movimientos sociales, al

tiempo que ensayaban una recorrida histrica sobre la movilizacin en la regin.12

Resumiendo bastante el argumento, podramos sostener que estos autores proponan

ocuparse de cuatro grandes campos analticos para entender los procesos de movilizacin:

a) estructura participativa; b) temporalidad propia; c) espacio y d) efectos sociales.

Estos cuatro campos de la dinmica de los movimientos definan el tipo de

problemas sobre los que tena que centrarse la investigacin social. Un fuerte interrogante

que orient la indagacin emprica que venan y continuaron realizando estos autores se

vinculaba por los campos de conflicto que definan los espacios sociales en que se situaban

los movimientos sociales. De esta forma, los autores haban definido los principales centros

de atencin que caracterizaban la dcada del 80 en Latinoamrica desde el punto de vista

del conflicto social. En primer lugar, la clase obrera segua manteniendo importancia

considerando los conflictos tpicos que arrastraban sociedades de herencia industrial. La

prctica de la movilizacin obrera era, sin embargo, centralmente defensiva. "Los efectos

del estancamiento industrial o los procesos de desindustrializacin parecen condicionar

estos comportamientos y posiblemente, a excepcin relativa de la CUT brasilera, el

11 Tanto Touraine como Castells dirigieron ellos mismos investigaciones en Amrica Latina. Melucci aparece ampliamente citado en muchos de los trabajos a los que hacemos referencia aqu. Ver: Melucci, A., Linvenzione del presente: Movimenti, identit, bisogni individuali, Il mulino, Bologna, 1982; Touraine, A., Production de la socit, ditions du Seuil, Paris, 1973; Touraine, A., Mouvements sociaux d'aujourd'hui : acteurs et analystes, ditions ouvrires, Paris, 1982; Touraine, A., [Le] Retour de l'acteur: essai de sociologie, Fayard, Paris, 1984; Castells., M., Ciudad, democracia y socialismo, siglo XXI, Madrid, 1979.

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movimiento obrero sudamericano pierde aparentemente centralidad en la poltica y en la

economa latinoamericanas, impugnando ms a los gobiernos y a los ministerios de trabajo

que al capital, sea ste nacional o internacional; la direccin industrial de la sociedad no

est en cuestin para los obreros."13 Sin embargo, este proceso se acompaaba con el

desarrollo de una mayor autonoma y democratizacin interna de las organizaciones

sindicales. En segundo lugar, existan toda una serie de conflictos, redes y movilizaciones

cuyo ncleo comn era la pertenencia a un mismo espacio de desarrollo urbano, y cuyos

conflictos centrales se ubicaban en torno a problemas de calidad de vida o de consumos

colectivos.14 En tercer lugar, el campo, o el campesinado mantena una serie de conflictos

centrados en demandas referidas a la tierra, el mercado y la organizacin campesina, al

tiempo que se detectaban articulaciones muy significativas con otros tipos de demandas

tnicas y culturales. Hasta aqu los conflictos que ms tradicin tenan en Amrica Latina

hasta los aos ochenta. Sin embargo, los autores haban encontrado una cantidad de

demandas y articulaciones identitarias que excedan estos campos conflictuales. En

principio, las cuestiones de gnero haban dado lugar a una organizacin progresiva de un

movimiento de mujeres en la regin e incluso categoras sociales como la juventud tambin

daban lugar, en el contexto de las transiciones a la democracia, a subculturas urbanas que

presentaban nuevas fuentes de conflicto.

Uno de los casos analizados por Caldern y Jelin, es el movimiento de derechos

humanos. A partir de un sistema de valores fundamentales basados en la defensa de la vida,

la verdad y la justicia, distintos actores sociales haban logrado crear una identidad comn e

12 Caldern, F., La poltica en las calles, CERES, Cochabamba, 1983; Caldern, F. y Jelin, E., op. cit.; Jelin, E. (comp.), Los nuevos movimientos sociales, 2 volmenes, CEAL, Buenos Aires, 1985. 13 Caldern, F. y Jelin, E., op. cit., pg. 29.

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incluso haban logrado articular prcticas de protesta social siguiendo una lgica defensiva,

al interior de las dictaduras latinoamericanas de los 70. Su potencialidad resida

simplemente, en su capacidad para desnudar la dominacin a partir de una tica

fundamentalista. Las distintas organizaciones de derechos humanos haban logrado sostener

prcticas expresivas, no instrumentales y mantenan distancia respecto de las prcticas

partidarias para poder seguir generando un amplio consenso. "Los derechos humanos

surgen junto con una revalorizacin de la democracia como construccin, no ya como algo

dado y preexistente."15

En ese marco, el objeto de varias investigaciones fue indagar -en cada contexto

nacional- de qu manera estos nuevos movimientos sociales constituan una fuente de

respuesta o resistencia a las crisis desatadas en las sociedades latinoamericanas.16

Especialmente a partir de las distintas transiciones a la democracia de las cuales muchos

movimientos fueron actores centrales- los autores se preguntaban por los conflictos que

suscitaba la dinmica de los movimientos en relacin con la regulacin democrtica. A su

vez, un interrogante comn se refera al potencial de estos movimientos que representaban

distintas respuestas particularistas a los efectos de una crisis multidimensional- para

constituirse en actores histricos capaces de confrontar con los nuevos sistemas de

dominacin.

14 Este fue uno de los temas especficos de los trabajos de Manuel Castells: Movimientos sociales urbanos, Siglo XXI, Madrid, 1974. 15 Caldern, F. y Jelin, E., op. cit., pg. 32. 16 Un volumen publicado en 1986 compila los resultados de las distintas investigaciones sobre los movimientos sociales ms relevantes en 10 pases latinoamericanos. El captulo sobre Argentina

16

En el caso argentino, el acento estuvo puesto en la importancia de los movimientos

en tanto nuevas formas de presentacin de identidades, al tiempo que permitan identificar

las zonas ms significativas de conflicto que ponan en juego el sistema de relaciones

sociales. En este sentido, los casos analizados17 mostraban la particularidad de ser formas

de participacin poltica que caan por fuera de los canales formales e institucionales pero

que adems y fundamentalmente- constituan una alternativa al modelo clsico de

participacin corporativa. En todos los casos, adems estas nuevas formas de accin

colectiva haban venido a llenar el silencio que haba impuesto la dictadura militar y

proponan, entonces, algunos puntos de conflicto susceptibles de constituir ejes de

transformacin social.18

Los aos siguientes han mostrado que los distintos campos de conflicto, o las

identidades que mostraban centros de articulacin ms o menos definidos terminaron por

fragmentarse en una multiplicidad de protestas de distinto carcter. La nocin de

movimientos sociales result sumamente pertinente para el anlisis social en la medida en

que la fragmentacin y dispersin de las protestas permitan rastrear lneas de continuidad

identitaria a lo largo del tiempo. Sin embargo, tambin supuso dejar de lado algunos

elementos importantes que permiten, sobre todo, recuperar la problemtica dimensin

presenta los resultados de un trabajo coordinado por E. Jelin en el CEDES: Caldern, F. y AAVV, Los movimientos sociales ante la crisis, UNU, Buenos Aires, 1986. 17 El informe presenta los resultados en los cinco casos analizados; estos fueron: los derechos humanos (Mara Sondereguer), los actores barriales (Ins Gonzlez Bombal, Daniel Garca Delgado, Juan Silva y Luis Fara), los jvenes y el rock nacional (Pablo Vila), las mujeres (Mara del Carmen Feijoo y Mnica Gogna) y el movimiento sindical (Hctor Palomino). En el texto se aclaran las limitaciones propias de la investigacin en el sentido de que slo cubri espacios urbanos y en especial el mbito de la ciudad de Buenos Aires. Jelin, E., Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratizacin en la Argentina, en AAVV, Los movimientos..., op. cit., pp. 17-44. 18 Como se mencion anteriormente, la toma de posicin terica de estas investigaciones se orient a descartar las formas clsicas de pensar la movilizacin social y sus potencialidades polticas. De

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poltica de la movilizacin social.19 Es posible, intentar reconstruir algunos ncleos

comunes de la protesta, en tanto, como se dijo ms arriba, stas se nutren de repertorios

socialmente disponibles que posibilitan la accin. Sin embargo, es mucho ms complejo

sostener que las protestas hoy puedan ser agrupadas en torno a un ncleo central de

conflicto. Incluso las propias categoras que intentaron caracterizar el surgimiento de

nuevos movimientos sociales resultan insuficientes para comprender la multiplicacin y

diversificacin de protestas que muestra la actualidad.

Como se mencion anteriormente, uno de los ncleos conflictivos ms

significativos que caracteriz la movilizacin en Argentina fue el tema de los derechos

humanos. Sin embargo, resulta hoy sumamente complejo reconstruir la unidad de las

protestas de derechos humanos. Ms all de algunos elementos comunes, como un

repertorio de protesta cvica inaugurado por las movilizaciones de la dcada del 80, las

protestas se han diversificado mostrando una fragmentacin del sentido del reclamo de

derechos humanos en el pas. La aparicin de nuevos actores, organizaciones, formatos y

demandas ha acompaado este proceso de particularizacin de las protestas. Para entender

este proceso resulta necesario realizar un breve por el desarrollo histrico que ha mostrado

el tema de los derechos humanos en Argentina desde mediados de la dcada del 70 hasta la

actualidad.

este punto de vista, reclamaban para s una posicin ms culturalista que aquellos enfoques que conceban el rol poltico de los movimientos en su disputa con el poder. 19 Para un anlisis ms detallado de las caractersticas de las protestas en Argentina en la dcada del 90 ver: Schuster, F. L. y Pereyra, S., La protesta social en la Argentina democrtica: balance y perspectivas de una forma de accin poltica, Buenos Aires, 2001 (mimeo), pg. 3. Ver tambin:

18

IV. Movilizacin social y derechos humanos en Argentina: del sentido histrico a las

nuevas formas de la protesta en la actualidad

El problema de los derechos humanos surge como problema pblico en Argentina a

partir de la cruenta represin desatada durante la ltima dictadura militar (1976-1983).20

Especialmente, a raz de la multiplicacin de casos de desaparicin forzada de personas

algunos familiares comenzaron a nuclearse e iniciaron reclamos por la aparicin de los

detenidos.

El contenido central del reclamo del incipiente movimiento de derechos humanos en

Argentina se resume en el slogan verdad y justicia. Las organizaciones que se formaron

en torno al vnculo familiar con las vctimas convirtieron sus reclamos particulares en una

fuente de veto contra el rgimen militar.21 Las marchas o declaraciones pblicas, as como

las denuncias de las violaciones a los derechos humanos frente a organismos nacionales e

internacionales definieron un sentido particular del reclamo de derechos que se asoci a una

demanda de democratizacin del pas. Los reclamos por una vuelta a la democracia, por la

reinstauracin de las garantas civiles y el Estado de derecho suscitaron un inters y un

Schuster, F. L., Social protest in Argentina today: is there anything new? en Muoz, J. y Riba, J. (eds.), Treball i vida en una economia global, Ed. Librera Universitaria, Barcelona, 1999. 20 La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos del pas se conformaron antes de 1976 (la Liga Argentina por los Derechos del Hombre comenz a funcionar en 1937, el Servicio de Paz y Justicia en 1974, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en 1975 y el Movimiento Ecumnico por los Derechos Humanos en 1976), sin embargo, es a partir de la dictadura que se opera una articulacin significativa particular y un reconocimiento especial del problema de los derechos humanos en Argentina. Veiga, R., Las organizaciones de derechos humanos, CEAL, Buenos Aires, 1985. 21 Me refiero especficamente a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a Familiares de desaparecidos y detenidos por razones polticas. Otras organizaciones como la Asociacin de ex detenidos desaparecidos surgieron en los primeros aos de la transicin democrtica. Las primeras acciones parten de las relaciones directas de parentesco, de personas que averiguan y buscan a sus familiares. Jelin, E., Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratizacin en la Argentina, en AAVV, op. cit., pg. 25.

19

consenso cada vez mayores en la poblacin hasta convertirse en ideales ampliamente

compartidos que finalmente terminaron por minar la legitimidad del gobierno de facto.22

Una caracterstica central de este origen de la movilizacin de derechos humanos en

el pas fue su marcada heterogeneidad. Efectivamente, a partir del ncleo primario de los

familiares directamente afectados por el terrorismo de Estado, una diversidad de actores y

sectores sociales comenzaron a acompaar un reclamo que se convirti en smbolo de la

oposicin a la dictadura. La Aparicin con vida [de los desaparecidos] fue la consigna

aglutinadora durante el perodo de auge del movimiento. Esta consigna condensa el sentido

de la lucha del movimiento por los derechos humanos, operando sobre dos dimensiones:

como memoria de la sociedad, construyendo y recuperando su identidad; como proyecto

hacia el futuro, planteando las alternativas de sociedad posible23.

Los reclamos de derechos humanos constituyeron centralmente un modo de protesta

defensiva apoyada en un reclamo tico-humanitario, pero sin embargo, lograron articular

un proyecto poltico de democratizacin en el pas definiendo en parte los contenidos

mnimos que guiaran el proceso de transicin a la democracia.24

22 Hay muchos hechos puntuales que motorizaron este proceso. Hacia fines de 1982, la derrota en la guerra de Malvinas y el agravamiento de la crisis econmica ejemplificado por la creciente movilizacin sindical- son elementos importantes a considerar. Sin embargo, la democratizacin slo puede comprenderse en virtud de la creciente aceptacin que los valores democrticos tuvieron en aquellos aos a raz de la percepcin de su vnculo con el problema especfico de los derechos humanos. 23 Jelin, E., op. cit., pg. 26. 24 Para un anlisis del surgimiento del movimiento de derechos humanos en Argentina, ver: Sondereguer, M., Aparicin con vida (El movimiento de derechos humanos en Argentina), en Jelin, E. (comp.), Los nuevos movimientos sociales 2, CEAL, Buenos Aires, 1985.

20

A partir de la vuelta a la democracia, el problema de los derechos humanos adquiere

ciertas caractersticas particulares.25 Uno de los rasgos ms interesantes de este perodo est

marcado por el hecho de que el problema de los derechos humanos, tal como haba surgido

durante la dictadura, fue sostenido como discurso de campaa del partido que ganara las

primeras elecciones presidenciales.26 El problema de los derechos humanos pas de su

lugar originario en el seno de la sociedad civil a ocupar un lugar central de la poltica del

primer gobierno democrtico. La institucionalizacin del problema se orient a retomar los

reclamos de justicia como fuente de legitimacin gubernamental pero adems como fuente

de adhesin al sistema democrtico.

Una serie de leyes y medidas concretas expresan la vigencia de una poltica de

derechos humanos en el estado argentino.27 Ese conjunto de polticas marc el pasaje por

as decirlo- del problema de los derechos humanos de la sociedad civil al estado. El efecto

paradjico de este pasaje se refleja, por un lado, en un tratamiento efectivo del problema

como acabamos de mencionar, pero, por otro lado, en una cristalizacin del sentido del

problema de los derechos humanos en torno del castigo judicial a los responsables de los

crmenes del perodo dictatorial y, en buena medida, a la consolidacin del sistema

democrtico.

25 Sigo en este punto el anlisis de Mario Pecheny. Ver: Les droits de lhomme en Argentine: de la justice au pardon. Quelques notes sur le processus dexclusion des droits de lhomme de lespace public dans la priode post-dictatoriale, Mmoire du D.E.A., Universit Paris III, 1993. (mimeo) 26 La Unin Cvica Radical, cuyo candidato fue Ral Alfonsn, se impuso en las primeras elecciones presidenciales de 1983. 27 Pecheny se centra en las siguientes: a) decreto 157/83 y 158/83 (ordenando el procesamiento de miembros de la guerrilla de la dcada del 70 y de los miembros de las tres primeras juntas militares); b) ley 23.040 (derogacin de la ley de auto-amnista promulgada por la dictadura militar); c) ley 23.049 (reforma del Cdigo de Justicia Militar); d) ley 23.070 (reduccin de las penas de prisioneros ordinarios en razn de las malas condiciones de detencin); e) ley 23.077 (agravamiento de las penas por atentado al orden constitucional y a la vida democrtica); f) ley 23.097 (agravando las penas contra la tortura); g) creacin de la CONADEP; h) firma y ratificacin

21

No queremos indicar con esto que la discusin sobre el problema de los derechos

humanos se cerr definitivamente; de hecho, las polticas especficas fueron objeto de

arduos debates,28 pero s se defini un recorte y una definicin ms o menos precisos del

vnculo entre derechos humanos y las consecuencias de la dictadura. La respuesta de

poltica que ensay el primer gobierno democrtico para tratar el problema de los derechos

humanos se orient centralmente al juzgamiento de los responsables de la represin. Este

punto reviste particular importancia porque llev el problema de la justicia como punto

central de la dinmica del rgimen democrtico.

La eficacia en el tratamiento del problema de los derechos humanos se vincul con

el enjuiciamiento y la condena a los responsables de la represin, pero adems y

fundamentalmente- con la narracin de una nueva historia del Proceso de Reorganizacin

Nacional en la cual se descartaba el argumento de la guerra y se pona de manifiesto la

violacin orgnica y sistemtica de derechos que haba supuesto el proyecto dictatorial.

Pecheny destaca la importancia que tuvo el informe de la CONADEP y su amplia

repercusin pblica en este tipo de transformacin cultural.

Este proceso de institucionalizacin efectiva del problema de los derechos humanos

encontr sus lmites unos aos ms tarde. El progresivo repliegue de las polticas activas

del gobierno radical en la materia, terminaron por devolver el problema de la agenda

gubernamental a la agenda pblica. Es preciso reconstruir este proceso de paulatino

abandono del problema de los derechos humanos para entender cmo ste se fue

de convenios internacionales sobre derechos humanos como por ejemplo el Pacto de San Jos de Costa Rica. 28 Un ejemplo de estos debates es el que se refiere a las competencias de los fueros civil y militar para enjuiciar a los miembros de las Juntas. Ver: Bruno, A., Cavarozzi, M. y Palermo, V. (eds.), Los derechos humanos en la democracia, CEAL, Buenos Aires, 1985.

22

diferenciando progresivamente del tema de la consolidacin democrtica y cmo fue

suplantado por la persistencia y agravamiento de los problemas econmicos.

En abril de 1986 comienzan, desde el propio Estado, los cuestionamientos al

procesamiento masivo de los militares involucrados en la represin. Hacia fines de ese ao

el Congreso sanciona la ley de Punto Final que estableci un plazo lmite para la apertura

de causas judiciales. Como han sealado varios autores, los meses posteriores a la sancin

de la ley supusieron un incremento importante de las tensiones cvico-militares que

finalmente desembocaron en la primera de las crisis o levantamientos militares29 contra el

rgimen democrtico de transicin.30 Esta serie de alzamientos militares junto con la

debilidad creciente del gobierno democrtico resolvieron la disputa a favor de las presiones

militares. Sucesivamente, la ley de Obediencia Debida y los decretos de indulto clausuraron

el problema de los derechos humanos sobre el trasfondo del discurso de la pacificacin

que inaugur el nuevo gobierno de Carlos Menem a partir de 1989.

El problema de los derechos humanos se transform progresivamente en el

problema militar31 y el lugar central que haba ocupado la condena a los crmenes de la

dictadura como prioridad de gobierno fue dejado de lado por los problemas de la

continuidad democrtica y por los de la estabilizacin de la economa. Las protestas de

derechos humanos no cesaron durante el primer gobierno democrtico y, como se

mencion anteriormente, la demanda de aparicin con vida fue el ncleo central de los

reclamos que sostenan las distintas organizaciones de derechos humanos. Pero a partir de

la firma de los indultos, los reclamos comenzaron a intensificarse y el problema de los

29 Los levantamientos tuvieron lugar en 1987, 1988 y 1990. 30 Acua, C. y Smulovitz, C., Ni olvido ni perdn? Derechos humanos y tensiones cvico-militares en la transicin argentina, CEDES, Buenos Aires, 1991. 31 Esta es la hiptesis central del trabajo de Mario Pecheny.

23

derechos humanos volvi a la sociedad civil con una transformacin progresiva de su

sentido.

Luego de los enfrentamientos que siguieron al ltimo alzamiento militar en

diciembre de 1990 y fundamentalmente luego de que se extendieran los indultos a todos los

responsables de los crmenes durante la dictadura, el vnculo entre continuidad democrtica

y el problema militar dej de ser acuciante. Las protestas de derechos humanos, an por

aquellos aos motorizadas por las organizaciones histricas continuaron su reclamo de

juicio y castigo, utilizando ahora la categora de impunidad como smbolo del problema de

derechos que haba dejado irresuelto el sistema democrtico. Sin embargo, el sentido de las

protestas de derechos humanos comenz a fragmentarse. Por un lado, porque algunas de las

viejas organizaciones comenzaron a tratar el problema desde el punto de vista de una

condena social a los responsables de la represin. Por otro lado, porque surgieron nuevos

reclamos que comenzaron a pensar el tema de los derechos humanos en vinculacin con

elementos que definen la calidad de la democracia argentina.

Esta vuelta del problema de derechos humanos al seno de la sociedad civil,

encuentra una pluralidad o fragmentacin mayor que, a diferencia de aos anteriores, no

articula demandas o intereses diversos, sino que fundamenta distintas protestas, marcando y

tematizando problemas comunes como la justicia, la impunidad, etc. pero cada vez ms

circunscriptos a formulaciones especficas y acotadas.

V. Protestas y derechos humanos en Argentina en la dcada del 90

24

La firma de los indultos en 1989 y 1990 produjo una nueva intensificacin de la

protesta de derechos humanos en Argentina. Sin embargo, luego de las multitudinarias

movilizaciones de aquellos aos el sentido de los reclamos vinculados a los derechos

humanos comenz a fragmentarse, lo cual puede entenderse en relacin con los fenmenos

que clausuraron progresivamente el problema militar y su vnculo con la continuidad

democrtica como as tambin por una serie de conflictos, de promesas incumplidas que

comenz a mostrar el funcionamiento institucional de la democracia argentina.

Existen al menos cuatro reformulaciones importantes del problema de los derechos

humanos en Argentina en la dcada del 90. En primer lugar, el fin de las crisis militares y

la confirmacin de los indultos produjo un desplazamiento de los reclamos de justicia

vinculados a los crmenes de la dictadura hacia la bsqueda de una condena social y hacia

la profundizacin de una reconstruccin de la memoria colectiva del significado y las

consecuencias del terrorismo de Estado. Esta labor fue encarada por las Abuelas de Plaza

de Mayo y tiempo despus tambin por una nueva organizacin constituida por hijos de

desaparecidos.

En segundo lugar, dentro de las organizaciones histricas de derechos humanos se

abri una discusin sobre los incumplimientos del sistema democrtico y, sobre los

elementos que permitan marcar una continuidad entre la lucha que haban sostenido los

militantes de izquierda en la dcada del setenta y las luchas actuales contra un modelo

econmico neoliberal que comenzaba a imponerse en la Argentina. Debemos diferenciar

aqu estos dos elementos; la mayor parte de las organizaciones (nuevas y viejas) procesaron

este tipo de interrogantes y muchas, incluso, radicalizaron su posicin respecto de los

partidos polticos y el sistema democrtico. De hecho, parte importante del intento de

reconstruccin de la memoria estuvo marcado por este tipo de procesamiento. Sin embargo,

25

no todas las organizaciones ni las protestas se orientaron a sostener demandas especficas ni

reclamos que se vinculan con las reformas econmicas. El caso ms notorio lo representan

las Madres de Plaza de Mayo, en la lnea encabezadas por Hebe de Bonafini, quienes

efectivamente comenzaron a sostener una posicin ms dura de articulacin de las

demandas especficas de derechos humanos con una confrontacin con los proyectos de

reformas econmicas y especialmente contra los procesos de achicamiento del Estado y

ajuste del gasto pblico que esas reformas impulsaron.32

Un tercer eje de la protestas de derechos humanos, se centr sobre un aspecto

particular del funcionamiento democrtico: ya en los aos de la dictadura, la participacin

de efectivos de las distintas policas provinciales y de la polica federal en los secuestros,

las torturas y los asesinatos haba sido corroborada. Incluso, una de las organizaciones de

derechos humanos (el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS) se haba encargado

de interesarse por los problemas relativos al aparato represivo montado durante los aos de

plomo que an integraba las actividades de las distintas fuerzas de seguridad. A partir de

los primeros aos de la dcada del 90, este problema se reorient hacia un cuestionamiento

de las formas de funcionamiento de la institucin policial en democracia. En el ao 1991,

uno de los casos ms resonantes de gatillo fcil33 dio inicio a una serie de protesta,

movilizadas especialmente por la Coordinadora contra la Represin Policial e Institucional

32 El eje de este discurso ya estaba presente en la dcada del 80; se refiere centralmente a la definicin de una ofensiva del poder econmico en la Argentina que comienza a mediados de la dcada del 70 y que contina en la actualidad. En esta perspectiva, la dictadura militar es concebida como instrumento de las clases dominantes que utilizaron la represin para lograr neutralizar las respuestas populares que se enfrentaban a las estrategias de concentracin de la riqueza. 33 La expresin gatillo fcil se refiere a las situaciones en que las vctimas son muertas a manos de oficiales de la polica en situaciones en las cuales no hubo enfrentamiento armado (es decir, en las cuales hubo una presunta ejecucin) o en las que las vctimas son transentes ocasionales. El caso al que hacemos referencia es la muerte de Walter Bulacio quien fue detenido el 19 de abril de 1991 y posteriormente hallado muerto en una comisara.

26

(CORREPI) que intentaban denunciar y presionar a los jueces para que se lograran

condenas a los policas involucrados.

Por ltimo, existe un cuarto eje de protestas que resulta ms bien originado en las

protestas de derechos humanos pero que se ha expandido como repertorio generalizado de

la protesta en Argentina y que se vincula con los reclamos de justicia y contra la

impunidad. Desde comienzos de la dcada del noventa, los cuestionamientos al

funcionamiento del poder judicial se fueron incrementando a medida que se hacan pblicas

y evidentes las injerencias del poder ejecutivo en las sentencias de los jueces, y

especialmente en la Corte Suprema de Justicia en una multitud de casos resonantes.34 Estas

protestas presentan la particularidad de organizarse en relacin con los casos y demandas

particulares35 a la vez que son un buen ejemplo de la forma en que la protesta actual

produce nuevas organizaciones y redes sociales.

Todos estos ejes de la protesta contempornea marcan la diversidad de sentidos en

que se orient el reclamo de derechos humanos en la etapa de la consolidacin democrtica.

En los cuatro encontramos un vnculo sumamente estrecho con los reclamos caractersticos

de la movilizacin de derechos humanos en la dcada del 80. Los cuatro tambin,

muestran una atencin creciente por un espectro de problemas desatendidos por el

funcionamiento de la democracia argentina. Por el momento, nos concentraremos slo en

34 Ver: "Sigue en baja la confianza de la sociedad en la Justicia", en diario La Nacin, 17 de noviembre de 1996. El artculo presenta resultados de distintas encuestas de opinin que muestran que en 1991 slo el 22% de la poblacin tena una imagen positiva del Poder Judicial y que en 1996 esa proporcin haba descendido al 13%. 35 En torno a este eje, las protestas ms significativas fueron las surgidas luego de los atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA (mutual juda), en cuanto pas un tiempo sin que se lograran esclarecer los hechos. Tambin hay que mencionar algunos asesinatos en los cuales se presuma la implicacin o el encubrimiento por parte del poder poltico como fueron los casos de Mara Soledad Morales y de Jos Luis Cabezas. En todos ellos, existi un ncleo comn de reclamo al funcionamiento de la justicia denunciando la impunidad reinante en el pas.

27

dos de los ejes, los cuales marcan resignificaciones del problema de los derechos humanos

a la vez que resultan tiles para analizar en detalle cmo tuvieron lugar procesos de

particularizacin de las demandas.

H.I.J.O.S. y la disputa por la memoria

Una de las cuestiones ms interesantes vinculadas a los reclamos de derechos

humanos en el pas desde la ltima dictadura fue la de la disputa cultural. La oposicin al

rgimen militar mostr una multitud de expresiones artsticas que denunciaban la represin

ilegal. El vnculo entre la expresin y la denuncia tiene, entonces, un fuerte anclaje en los

reclamos histricos de derechos humanos. A partir de la dcada del 90, la protesta se

orient en uno de sus ejes a resaltar este componente fuertemente expresivo. Ese eje fue

apuntalado por las distintas actividades que intentaban por un lado, reconstruir la memoria

de los aos de la dictadura y por otro, lograr una condena social para los genocidas.

Algunas de las organizaciones de derechos humanos retomaron una lucha cultural frente a

la falta de condena judicial.

Durante los primeros aos de vida democrtica, existi una fuerte disputa sobre la

caracterizacin del terrorismo de estado. Uno de los puntos ms intensos estuvo

representado por la discusin de la teora de los dos demonios36 que acompa la

judicializacin de los crmenes. En buena medida, el discurso de la pacificacin que

36 Segn esta versin de la historia reciente, la democracia poda consolidarse en virtud de un rechazo de toda forma de violencia poltica. En este sentido, la represin militar como la actividad de la guerrilla eran condenables por igual. Una de las cristalizaciones de este discurso estuvo

28

acompa la promulgacin de los indultos se sostena en argumentos similares. La lucha y

el reclamo de las protestas de derechos humanos se alzaron contra esa narracin de la

historia. A comienzos de la dcada del 90 se constituy la organizacin H.I.J.O.S. (Hijos

por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio) con el objetivo de no dejar caer

la problematizacin de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la

dictadura. Al igual que la mayor parte de las organizaciones histricas de derechos

humanos, H.I.J.O.S. se organiz alrededor del vnculo primario familiar- que une a sus

miembros con los desaparecidos.

Esta organizacin desarroll un intenso trabajo de movilizacin durante la dcada

del 90. La forma ms importante de esa movilizacin est representada por "el

escrache"37. El escrache surgi como instrumento para la visibilizacin pblica de los

responsables de la represin. Especialmente de aquellos cuyos nombres no haban

trascendido durante la poca de los juicios y que continuaban su vida con normalidad. Ms

all de la condena judicial, la protesta se orient a continuar la reconstruccin de una

memoria colectiva de la dictadura. A diferencia de las primeras movilizaciones de derechos

humanos, el reclamo de juicio y castigo, aunque sigue presente, ya no es central en este tipo

de protestas. Su caracterstica es la de la presentacin de un argumento, que por supuesto

implica una demanda, pero que es centralmente una presentacin o una representacin. En

primer lugar, es una demostracin de los lmites que tuvieron los intentos de saldar la

deliberacin sobre el problema de los derechos humanos en relacin con la dictadura. En

marcado por la decisin del gobierno radical de iniciar al mismo tiempo el procesamiento de los militares de las juntas y de algunos militantes de izquierda que haban sobrevivido a la dictadura. 37 Escrachar es poner en evidencia, revelar en pblico, hacer aparecer la cara de una persona que pretende pasar desapercibida. Extracto de un documento de la organizacin publicado en internet: http://www.hijos.org.ar/espaol/denuncias/escrache.html. Debo sealar que en algunas entrevistas realizadas a militantes de HIJOS el escrache no fue considerado como una forma de protesta social.

29

segundo lugar, es una apelacin al rechazo pblico pero fundamentalmente, estas protestas

han representado una toma de la palabra, una resignificacin del sentido de los reclamos de

derechos humanos que volvi visible una vez ms el problema, lo cual a su vez permiti

reencauzarlo por nuevas vas.

Habamos dicho ms arriba que las protestas no pueden ser entendidas como

fenmenos aislados y que siempre tienen por detrs mltiples formas de articulacin social

y diversos procesos que le dan sustento. En este caso, este eje de protestas de derechos

humanos estuvo fuertemente vinculado a todo un entramado organizacional que se orient a

reconstruir las historias particulares de las familias de los desaparecidos. Tanto H.I.J.O.S.

como las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron una indagacin sistemtica sobre el

paradero de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente. Ms

all de los casos particulares, la reactivacin pblica de este tema lograda por la intensidad

y repercusin de las protestas permiti que muchos casos comenzaran a tener un nuevo

tratamiento judicial en el pas. En 1997 se hicieron nuevos procesos por sustraccin de

menores (delito excluido de los beneficios otorgados por las leyes de Obediencia Debida y

de Punto Final y por los indultos) a partir de los cuales fueron detenidos algunos militares.

Asimismo, en 1998 comenzaron una serie de presentaciones novedosas por parte de

organismos de derechos humanos que se denominaron juicios de la verdad para que el

Estado Nacional informe sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

La CORREPI y la represin policial

30

Unas lneas ms arriba hacamos mencin a unos de los casos ms emblemticos de

violencia policial que ha sido un hito fundante de la identidad de los reclamos que viene

motorizando hace ya varios aos la CORREPI junto con otras organizaciones de familiares

de vctimas de la violencia policial. En realidad, el primero de esos casos renombrados

fue la denominada masacre de Ingeniero Budge, en la cual murieron a manos de la polica

tres jvenes que residan en esa localidad.38 La actividad de la CORREPI se ha orientado

desde fines de los 80 a: a) patrocinar jurdicamente a las familias que han sido vctimas del

gatillo fcil; b) a facilitar la organizacin de dichos familiares y c) a acompaar los casos

judiciales con el recurso de la protesta.

De manera muy sintomtica, esta organizacin se ha preocupado por sostener - de la

misma forma en que el discurso de los derechos humanos combati la justificacin militar

de la represin como excesos de la guerra contra el terrorismo- que la violencia policial no

es un fenmeno aislado sino que constituye una forma de accionar de la institucin que

favorece una violacin sistemtica de los derechos humanos, es decir, de las mnimas

garantas cvicas, especialmente en relacin con los estratos ms bajos de la sociedad.

La Coordinadora no se dedica nicamente a llevar adelante acciones de protesta.

Como se mencion anteriormente, uno de los objetivos de la organizacin es dar apoyo

jurdico a las familias que han sido vctimas de casos de violencia policial. Su trabajo

contribuye, en parte, a nivelar la falta de recursos con los que cuentan los familiares para

enfrentar las situaciones que supone la confrontacin con la corporativa institucin policial,

38 8 de mayo de 1987. Un anlisis detallado del caso en cuestin puede encontrarse en: Jelin, E. y otros, Vida cotidiana y control institucional en la Argentina de los 90, Nuevo hacer, Buenos Aires, 1996. Captulo V: Control ciudadano del des-control policial. El captulo presenta los resultados de una investigacin llevada adelante por Laura Gingold sobre dos casos de violencia policial y sobre las caractersticas de la conformacin en el ao 1992 de la Comisin de familiares de vctimas de la violencia institucional (COFAVI).

31

dado que algunos registros muestran que los casos de gatillo fcil afectan centralmente a

jvenes pertenecientes a familias de bajos ingresos o que viven en barrios pobres o de

sectores medios 39.

Lo que ha motivado la realizacin de innumerables protestas, que se han organizado

en torno a los casos y centralmente a partir de la movilizacin de los vecinos del barrio al

que pertenecan las vctimas, es la falencia que presenta el recurso judicial ordinario para

esclarecer procesos que suelen venir acompaados de estrategias de encubrimiento. En

numerosos documentos y publicaciones,40 la organizacin se ha preocupado por resaltar

esta dimensin activa y militante de los derechos humanos vinculados a problemas de la

calidad de la democracia argentina en relacin con problemas de vida cotidiana.

Un punto central que merece ser analizado en este tipo de protestas es que han

permitido cuestionar las versiones oficiales respecto de los casos de violencia policial y han

acercado importantes argumentos para discutir globalmente las caractersticas de la

represin del delito. Los distintos casos de violencia policial fueron puestos en perspectiva

mostrando que no representan excesos aislados o prcticas disfuncionales sino que, por el

contrario, representan un subproducto constante del accionar de las fuerzas de seguridad.41

39 La CORREPI lleva un registro estadstico de los casos de violencia policial desde 1983 hasta la actualidad en todo el pas. Este registro documenta hasta el momento unos 800 casos. Un anlisis de las caractersticas de los afectados por la violencia policial puede encontrarse en el citado captulo V del libro de Jelin, Vida cotidiana..., op. cit. Tambin en un estudio del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y del HWRA (Human Rights Watch/Americas) realizado entre julio de 1995 y abril de 1998. Ver: CELS y Human Rights Watch, La inseguridad policial: violencia de las fuerzas de seguridad en Argentina, Eudeba, Buenos Aires, 1998. 40 La CORREPI edita la revista AntiRepresivo al tiempo que publican informes y documentos electrnicos en una pgina web y a travs de una lista de distribucin de correo electrnico. 41 El estudio del CELS, antes citado, muestra en profundidad los elementos centrales que permiten caracterizar el problema policial. En el informe final se sostiene que la brutalidad policial es sistemticamente acompaada de prcticas corporativas y fuertes falencias en los controles internos y externos de los organismos de seguridad. Ver: CELS y Human Rights Watch, La inseguridad..., op. cit.

32

Desde comienzos de la dcada del 90 el impacto de este tipo de protestas ha sido

importante si se considera que, en buena medida, las discusiones sobre las formas de la

represin del delito en Argentina han estado marcadas por la consideracin de los casos de

gatillo fcil. Han habido desde entonces varios intentos de reforma y de depuracin42 de

la polica de la Provincia de Buenos Aires, una de las ms cuestionadas en las protestas

debido a la gran cantidad de casos registrados en ese distrito.

A partir de febrero de 1996, los cuestionamientos al accionar de las fuerzas de

seguridad en la Provincia de Buenos Aires se vieron potenciados debido a una violenta

represin ocurrida en la ciudad de La Plata. Ms all de este hecho particular, la reiteracin

de casos de gatillo fcil y su tematizacin pblica oblig a sucesivas respuestas del jefe de

la polica bonaerense (en ese momento el comisario general Pedro Klodczyk), del secretario

de seguridad de la provincia (Alberto Piotti) e incluso del Ministro del Interior de la Nacin

(Carlos Corach)43. Finalmente, hacia fines de ese ao y en un clima de fuertes crticas fue

relevada la plana mayor de la polica, se acept la renuncia del secretario de seguridad y se

abri un proceso de reestructuracin de la fuerza con el pase a disponibilidad de 27

comisarios generales y mayores.

La reforma de la polica bonaerense no estuvo slo impulsada por la consideracin

de los efectos de la violencia policial. De hecho, buena parte de la reestructuracin

administrativa se orient a volver ms operativa la tarea de represin del delito. Sin

embargo, la destitucin de la conduccin de la fuerza y algunas otras medidas especficas,

como la creacin de un tribunal de tica policial, la sancin de una ley de disponibilidad de

los agentes o los intentos de profesionalizacin, estuvieron marcadas por la discusin que

42 "Duhalde ya tiene lista la nueva polica, tras cortar varias cabezas", en diario La Nacin, 15 de septiembre de 1996.

33

se dio en torno a la violacin de derechos humanos como un producto constante del

accionar policial.

Las reformas se ampliaron en el mbito nacional a comienzos de 1997 a raz del

asesinato del reportero grfico Jos Luis Cabezas en circunstancias en las que se presuma

estaban tambin involucrados policas de la Provincia de Buenos Aires. As, hacia fines de

1997, y con una marcada intervencin civil, se profundizaron los procesos de reforma que

venan en curso notndose algunos cambios significativos.44 Ms all de los resultados

especficos de las reestructuraciones que, como ya dijimos estuvieron tambin impulsadas

por el problema de la inseguridad, cabe destacar que los argumentos que circularon en

torno a los proyectos de reforma consideraron el tema particular de los derechos humanos

en relacin con los medios de represin de los delitos.

La disputa sobre las formas de organizacin de las fuerzas de seguridad ha estado

marcada desde fines de 1997 por una doble tensin. El eje de protestas que estamos

analizando se han concentrado centralmente en una disputa discursiva con algunas

perspectivas que vinculan la creciente debilidad policial con el aumento del delito y la

inseguridad.

En los ltimos aos, la justificacin de las demandas que sostienen este tipo de

protestas ha comenzado a integrarse con otras voces que impugnan los resultados de las

reformas econmicas implementadas en Argentina. En este sentido, han comenzado a

articularse este tipo de reclamos con aquellos que cuestionan el modelo econmico y

especialmente con el aumento de la represin violenta que ha acompaado el aumento

43 Ver: "El uso de las armas ante los delitos", en diario La Nacin, 8 de mayo de 1996. 44 Se disolvieron las brigadas especiales, se comenzaron a implementar procesos de departamentalizacin y se presentaron diversos proyectos de ley que revisaban sobre todo las formas de reclutamiento y de instruccin de los agentes. Ver: CELS y HWRA, op. cit.

34

creciente de la protesta social en el pas. An as, el trabajo especfico de la CORREPI y de

las protestas que continan motorizando no ha dejado de sostener un costado particularista.

De manera sumamente interesante, la organizacin no ha renunciado a su disputa

especfica, ni a mantener los logros que han alcanzado participando y apoyando los

reclamos vinculados a los casos especficos.

V. Comentarios finales

Este trabajo ha intentado mostrar cul ha sido el curso de las protestas de derechos

humanos en Argentina durante la dcada del 90. Para tal fin, hemos realizado un doble

camino: por un lado, indagamos las formas en que la teora social contempornea da cuenta

de los fenmenos de movilizacin social y sus transformaciones actuales; por otro, hemos

tratado de mostrar cules eran las caractersticas de la movilizacin social en Argentina y

Amrica Latina en la dcada del 80, cul fue el vnculo especfico que nucle a la

movilizacin con el tema de los derechos humanos y por fin, cmo se ha desarrollado ese

vnculo en el contexto de la consolidacin democrtica.

El punto central que hemos querido resaltar es precisamente el del fin de los

planteamiento militares y la sancin de los indultos como aquel que permite comprender la

progresiva fragmentacin de la protesta de derechos humanos en, al menos, cuatro ejes que

se han presentado sucesivamente. Esta caracterstica de la particularizacin pareciera ser un

rasgo comn de las protestas en Argentina durante la dcada del 90. Ello dificulta situar el

recorte especfico de un mbito de la movilizacin vinculada a los derechos humanos.

Como lo hemos sostenido ms arriba esa identificacin puede ser pensada siguiendo el

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rastro de los temas o conflictos que marcan confrontaciones inscriptas pblicamente como

problemas de derechos humanos. En algunos casos, aquellos en que las mismas

organizaciones o incluso demandas similares muestran una continuidad con el pasado el

vnculo es ms preciso. En otros, la difusin y la ampliacin de un repertorio de protesta

puede guiar la indagacin.

Por otro lado, este trabajo discute la politicidad de los derechos humanos. En este

sentido, quisimos mostrar que su despliegue no supone centralmente una formalizacin

jurdica, ni una forma de respuesta tica, ni siquiera se agotan en un programa poltico -

aunque este tipo de elementos no estn desligados de su operatividad- sino que representan

un ideal que puede sustentar la accin poltica. Los derechos humanos pueden ser

entendidos como un ideal inalcanzable,45 como una forma de demanda de ampliacin de

derechos que puede ser modificada y actualizada de manera indefinida.

A modo de ejemplo: en 1995, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

publicaba un informe sobre sus primeros veinte aos de actividad en la Argentina. En dicho

informe se relatan las circunstancias de creacin de la APDH-Argentina y los elementos de

discusin de las primeras reuniones. Esos primeros temas de discusin se vinculaban con

las violaciones a los derechos humanos cometidas por la triple A, en esos aos, que luego

del golpe militar se agudizaran. De modo interesante, la evaluacin que sigue del estado y

la vigencia de los derechos humanos en Argentina veinte aos despus nos presenta una

multitud de temas y problemas cuestionados. El informe se refiere, por supuesto, a la

cuestin de las libertades pblicas (derechos y garantas individuales), pero tambin incluye

apartados sobre: la situacin carcelaria, seguridad jurdica y funcionamiento del poder

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judicial, libertad de prensa y derecho a la informacin y sobre los derechos econmico

sociales.

Por ltimo, nuestra intencin ha sido tambin mostrar de qu manera el lenguaje de

los derechos humanos se muestra como un mbito propicio para la legitimacin de la

protesta, entendida como una forma de accin poltica y como, adems, ese lenguaje

muestra una permeabilidad creciente para acoger nuevos sujetos, temas y argumentos a ser

presentados. Ese potencial se vincula con su gnesis histrica, al menos en el caso

argentino, como articulador de distintas demandas en torno a los valores democrticos. Ese

sentido originario, si bien subyace en el horizonte de las protestas se ha transformado

sustancialmente. La calidad de la democracia es ahora cuestionada a partir del lenguaje de

los derechos humanos que pueden sostener demandas de las ms variadas. Si, originalmente

este tipo de reclamos se orientaban hacia la defensa de los derechos civiles y polticos, hoy

en da una progresiva apertura muestra su potencial tambin como legitimacin de

demandas sociales y econmicas.

45 Para un anlisis detallado ver: Lefort, C., "Droits de l'homme et politique", en L'invention dmocratique, Fayard, Paris, 1994 y Lechner, N., "Los derechos humanos como categora poltica",

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