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Revista Chilena de Relaciones Internacionales. Vol. 2 No 2

Julio - Diciembre 2018. ISSN 0719-8256. www.rchri.cl pp.123- 142

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EL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL: UN CASO DE “EUROPEIZACIÓN LÍQUIDA”

The Spanish Productive Model: A Case Of "Liquid Europeization"

O Modelo Produtivo Espanhol: Um Caso De "Europeização Líquida"

Celso Cancela Outeda (*)

Bruno González Cacheda (*)

Recibido el 1 de junio de 2018

Aceptado el 24 de septiembre de 2018

Resumen Hasta la crisis económica de 2007, los indicadores macroecónómicos españoles se aproximaban a los de a UE (modernización y convergencia); se podía recurrir a la noción acuñada en Ciencia Política de “europeización” para dar cuenta de esta transformación. Pero, durante la crisis, esos indicadores han divergido. Este efecto es debido a la frágil europeización del modelo productivo donde se aprecian serias debilidades. Palabras clave Europeización, Modernización, Convergencia, Modelo Productivo, Crisis Financiera

Abstract Until the economic crisis of 2007, Spanish macroeconomic indicators approached those of the EU (modernization and convergence); one could resort to the notion coined in Political Science of "Europeanization" to account for this transformation. But, during the crisis, those indicators have diverged. This effect is due to the fragile Europeanization of the productive model where serious weaknesses are seen. Keywords Europeanization, Modernization, Convergence, Productive Model, Financial Crisis

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Introducción

La crisis económica que afectó a la economía española desde 2007 puso al

descubierto una serie de debilidades vinculadas, principalmente, con su sistema productivo. Hasta ese momento existía un consenso, relativamente generalizado, acerca de los efectos positivos de la integración europea. En términos generales, España había experimentado una modernización gracias la europeización (Morata, 2013). En particular, en lo económico, la europeización parecía darse por supuesta en

(*)Profesor Titular de Ciencia Política e da Administración. Titular da Cátedra Jean Monnet “Understanding the EU in the 21st century” Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, Universidade de Vigo, España. Correo: [email protected] (*)Profesor del Departamento de Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía, Universidade de Vigo, España

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Cancela, Celso y Gonzalez, Bruno. (2018) El Modelo Productivo Español: Un Caso de “Europeización Líquida. Rev. chil. relac. Int, vol II (2): 123-142

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la medida en que las magnitudes y resultados macroeconómicos adoptaban valores similares a los de la media de la UE e, incluso, a los de los estados miembros más avanzados.

Sin embargo, en 2010 la crisis financiera mostró de forma más descarnada

todavía la fragilidad de los indicadores macroeconómicos. Éstos se apartaron de la senda de convergencia de forma desproporcionada lo que remite a las debilidades del modelo productivo. En efecto, las consecuencias de la crisis han puesto en evidencia el desajuste del modelo productivo español con respecto al europeo, es decir, se ha manifestado la débil o “líquida” europeización. No sólo no ha seguido el camino de la convergencia o europeización, sino que incluso se detecta un incremento de la brecha o distanciamiento creciente.

A priori, desde la adhesión de España a las CC. EE. en 1986 se habrían

producido una serie transformaciones en la economía española, que, progresivamente, la habrían empujado hacia una cierta homogeneización o convergencia con los parámetros de la UE. Como resultado de la participación en el proceso de integración (tratados) y de las diversas políticas emanadas de las instituciones europeas deberíamos haber presenciado esa convergencia. En otras palabras, debería haber tenido lugar lo que se conoce en el análisis politológico como europeización . Pero, como resultado de la crisis y la post-crisis ha quedado al desnudo la débil europeización de la economía española, en particular, en lo referido al modelo productivo. ¿Qué explica esa debilidad de la europeización?

Surgido en los años noventa, el concepto de europeización situó, de una

parte, como variable independiente en el análisis y debate académico sobre estudios europeos a las instituciones europeas y sus actuaciones (políticas públicas) y, de otra parte, como variable dependiente a los sistemas políticos estatales integrantes de la UE. En su momento fue un instrumento analítico innovador en el área de los estudios europeos que ha logrado consolidarse.

En los siguientes apartados, tras exponer la noción de europeización,

abordaremos, sumariamente, la evolución macroeconómica y las transformaciones productivas acaecidas en España desde su entrada en las CC. EE. hasta la actualidad. Después, caracterizaremos el modelo productivo español, incidiendo en su composición sectorial y en los factores determinantes del nivel de productividad y competitividad, atendiendo a sus fortalezas y debilidades y al impacto generado por los cambios en las estructuras supranacionales e intergubernamentales. Para terminar, presentaremos las conclusiones sobre el grado de europeización macroeconómico y productivo de la economía española en el tiempo, su evolución y su relación con la profundización de la integración europea. Intentaremos comprobar que en lo referente al modelo productivo se trata de un caso de “europeización líquida”.




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¿Qué entendemos por “europeización”?

La noción “europeización” ha sido utilizada como herramienta analítica en el terreno politológico (Börzel y Rise, 2006; Closa, 2001) para evidenciar una serie de transformaciones, formales e informales, intencionadas y no intencionadas, superficiales y profundas, que han afectado a las instituciones, a los actores políticos, al proceso político, a las políticas sectoriales a nivel estatal como consecuencia del impacto del proceso de integración europea. ¿Qué se entiende por europeización? En esencia, “Europeanization would refer to the “domestic impact of Europe”- the various ways in which institutions, processes and policies emanating from the European level influence policies, politics and polities at the domestic level (be it member or non-member states)” (Börzel y Rise, 2006, p. 486). Este planteamiento genera interrogantes en los que no es posible detenerse: ¿cuáles son las diferentes dimensiones o áreas internas a las que afecta? ¿qué efectos produce sobre los estados miembros, fuerza a la convergencia o la divergencia en lo que concierne a instituciones, políticas públicas…? (Börzel y Rise, 2006, Morata, 2007).

Básicamente, este enfoque presupone una cierta convergencia entre los sistemas involucrados en el proceso de integración. Sin embargo, la europeización no es un mecanismo o automatismo que, una vez accionado, desencadene una serie de efectos o consecuencias inevitables. En este sentido Closa apunta que:

“Los efectos de la integración en la UE están condicionados por la

miríada de características que conforman el sistema político de cada Estado miembro: su cultura política (conflictiva o consensual), el tipo de relaciones entre la sociedad civil y las instituciones estatales (corporativistas, estatistas, pluralistas), la estructura territorial (federal, autonómica, regional el centralizada); su historia política, la denominada constitución económica, etc”. (Closa, 2001, p. 17).

Precisamente escriben Börzel y Rise que “some member states have

undergone deeper policy changes than others. While this may vary across issue areas, the Southern European latecomers (Spain, Greece, Portugal) have been generally more affected.” (2006, p. 490). Por consiguiente, ante medidas o iniciativas europeas no cabe esperar una respuesta o comportamiento idéntico a nivel estatal. Este planteamiento es interesante cuando se realizan predicciones relativas a iniciativas europeas como, por ejemplo, la Agenda de Lisboa o la Estrategia Europea 2020. La primera, que pretendía la realización de reformas estructurales y la liberalización de la economía, apenas fue tomada en consideración por los gobiernos españoles por razones económicas (fortaleza de la economía española basada en el sector de la construcción) y políticas a partir de 2005 (temor a los costes electorales). En suma, “el espíritu de Lisboa” no permeó los actores económicos y sociales a los que se dirigía (Morata, 2013).




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El impacto de la UE, la europeización, se deja sentir en números y variados

ámbitos. Como señala Morata (2013) afecta a la opinión pública, a los actores políticos (partidos políticos), a las instituciones políticas y administrativas (estatales, autonómicas, locales) y a las políticas públicas (agricultura, medioambiente, energía, telecomunicaciones, interior y justicia…).

España en la UE: la persistencia de los desequilibrios productivos

Ahora repasaremos someramente las transformaciones macroeconómicas y la evolución del modelo productivo español desde la entrada en las CC. EE hasta la actualidad. Subdividimos el período en tres etapas que se exponen seguidamente.

La adhesión española a las CC. EE. supuso el inicio de un proceso de profundas transformaciones político-institucionales, económicas y socioeconómicas. La participación española en el proceso de integración europeo contribuyó tanto a la modernización económica y social, como a la estabilidad política interna (Closa y Heywood, 2004; Morata, 2013). Concretamente, en el terreno económico, los indicadores macroeconómicos más relevantes (PIB, renta per cápita, inflación, déficit público, deuda pública...) registraron modificaciones que permiten sostener una progresiva convergencia con los parámetros de la UE , es decir, una gradual europeización macroeconómica (Morata, 2013). Justamente, Piedrahita, Steinberg y Torreblanca indicaban que la economía española sufrió un rápido proceso de modernización económica y europeización. En el ámbito económico, las cifras son contundentes. De ser un país con una renta situada en el 71% de la media europea, España casi ha alcanzado la renta media comunitaria en la Unión ampliada a veinticinco miembros; de ser un país receptor de fondos europeos, España está ya cerca de ser un contribuyente neto; y de ser un país receptor de inversión extranjera directa, ha pasado a ser un país con una destacada posición global y grandes empresas multinacionales. Además, en un breve lapso de tiempo, España ha pasado de ser un país de emigrantes a tener más de tres millones y medio de extranjeros empadronados. Como resultado, tras haber equiparado sus tasas de inflación, empleo y deuda a las de sus socios europeos y haber saneado sus cuentas públicas, España es hoy la octava economía del mundo, además de una de las más abiertas y dinámicas de Europa y un miembro ejemplar de la zona euro. (2007, p.1).

Aunque el anterior texto fue escrito en un período de euforia y triunfalismo,

estos autores advertían que sin embargo, España también se enfrenta a retos significativos. Por un lado, la transformación de su estructura productiva todavía no es completa y necesita realizar un esfuerzo adicional para que sus empresas puedan competir con firmeza en el contexto de la nueva Unión ampliada y de la economía global. La baja productividad y la falta de dinamismo de las exportaciones son dos




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tareas pendientes. Para enfrentarse a ellas es necesario profundizar en las reformas estructurales y el la liberalización de los mercados de bienes y factores productivos, así como realizar un mayor esfuerzo inversor en I+D que permita reforzar la intensidad tecnológica de los bienes y servicios producidos y exportados. Sin una apuesta clara por la innovación será muy difícil completar este salto. (Piedrahita et al., 2007, p. 2).

En definitiva, la europeización de la economía española era una realidad; en

lo macroeconómico había convergido con los parámetros de los socios europeos más desarrollados y avanzados. Sin embargo, la estructura o modelo productivo no ha seguido esa misma senda, o no lo hecho con la misma intensidad y el mismo alcance. Por tanto, se habría producido una europeización superficial, frágil, “líquida”. Así, cuando en 2007 se inicia la crisis económica, enseguida destroza varios parámetros macroeconómicos y hace aflorar las debilidades estructurales del modelo productivo.

Para la exposición de la europeización macroeconómica hemos establecido

tres periodos. La siguiente tabla recoge la evolución temporal de las principales magnitudes macroeconómicas .

TABLA 1: PRINCIPALES MAGNITUDES DEL CAMBIO ECONÓMICO 1986-2015

1986 1996 2007 2015

Tasa de paro (EPA) 20,1 16 8,26 22,3

PIB Renta per cápita 6299 12700 23900 23300

Inflación 8,3 3,2 4,2 0

PIB a precios corrientes 243.382 487.992 1.080.807 1.081.190

Tipos de interés (mibor) 11,7 7,3 4,4 0,169

Déficit Público -6,32 -5,4 2 -5,08

Deuda Pública 43,3 65,6 35,5 99,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015)

1ª Etapa: de la adhesión a las CC. EE. al euro (1986-1998) La firma del Tratado de Adhesión de España a las CC. EE. (1985) supuso una serie de reformas liberalizadoras (en esencia, consistieron en privatizar y desregular) del conjunto de la economía española (Molina, 2001; Closa y Heywood, 2004). La




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eliminación de los aranceles, la adopción de las normas de competencia o la adaptación del sector agrario a la PAC, fueron algunas de las consecuencias directas de la nueva situación. Casi a la par que se materializaba la adhesión española, tuvo lugar la puesta en marcha de la construcción del mercado único europeo con entrada en vigor del AUE. Ésta trajo consigo la implantación de la libre circulación de capitales y trabajadores, la supresión de barreras comerciales y la armonización de las diversas normativas estatales (Garmendia, 2004; Muñoz y Bonete, 2009). Quizás, por ello, hasta 1993, la inevitable liberalización fue llevada cabo de manera reactiva, con escaso entusiasmo y convencimiento (Molina 2001). Desde la óptica de la europeización es un factor que ha contribuido a su impulso y desarrollo porque implicó la aplicación y cumplimiento de numerosa normativa europea.

Esta primera fase estuvo caracterizada por un fuerte crecimiento económico. El PIB aumentó a un ritmo anual medio del 3,9% (INE, 2015) en el período 1985 a 1992 . Esta positiva evolución del PIB fue motivada, sobre todo, por un fuerte crecimiento de la demanda interna y extranjera, a través del aumento de la inversión de capital procedente de los mercados europeos y del crecimiento del gasto público. Los sectores sobre los que pivotó la recuperación iniciada en 1985, fueron la construcción, fundamentalmente, pública (equipamientos e infraestructuras), pero también privada (residencial) y el financiero. Además, como resultado de la bajada los precios energéticos en los mercados internacionales, se produjo un ajuste en la inflación.

En el reverso de este conjunto de datos positivos aparece la debilidad del

sector exterior español, que lastrado por una decreciente competitividad en los mercados exteriores --a la par que aumentaban fuertemente las importaciones de bienes y servicios-- trajo consigo un desequilibrio en la balanza por cuenta corriente. En el período comprendido entre 1986 y 1992, las importaciones aumentaron 162.8 puntos, mientras que la variación total de las exportaciones tan solo alcanzó 49.1 puntos (Garmendia, 2004).

Esta fase expansiva, que alcanzó su cénit a finales de la década de los ochenta,

entró en declive a comienzos de los noventa. España había accedido al Sistema Monetario Europeo en 1989 con el objetivo de consolidar la política de contención inflacionaria y, así, mejorar los tipos de interés y la prima de riesgo, generando de este modo una mayor confianza entre los inversores extranjeros (Viñals, 1992). Pero lo cierto es que las medidas deflacionarias aparejadas a la nueva política cambiaria, así como la sobrevaloración de la peseta, tuvieron efectos negativos en las tasas de crecimiento, inversión y competitividad (Garmendia, 2004; Martín, 2013). La crisis de ese sistema precipitó su abandono por parte de Italia y Gran Bretaña, y arrastró a España a la devaluación de la peseta hasta en cuatro ocasiones entre 1992 y 1995.




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En el año 1992, el déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente había alcanzado la cifra del 3,2% del PIB, mientras que el desempleo se disparó un 8% entre 1990 y 1994, alcanzando una tasa del 24,1% en dicho ejercicio (INE, 2015). Pese a la crisis del SME, en la que se volvió a hablar de la Europa de las dos velocidades (Muñoz y Bonete, 2009), los socios europeos ratificaron, entre urgencias políticas, el Tratado de la UE. Este Tratado preveía una serie de condiciones de convergencia macroeconómica que los estados deberían cumplir para la instauración de la UEM: control de la inflación, tipo de cambio, tipos de interés y déficit y deuda pública (Anchuelo, 2000). A tal efecto, el Gobierno español aprobó el Programa plurinual de Convergencia (1992) con la pretensión de flexibilizar el sistema económico a través de medidas normativas más favorables a la iniciativa privada, de una mayor flexibilidad en el marco laboral y una mayor apertura a la competencia en el sector servicios (Garmendia, 2004).

A partir de 1995, tras la última devaluación de la peseta de marzo de este año

y la progresiva estabilización de los indicadores macroeconómicos asociados a criterios de convergencia, comenzó un largo período de crecimiento de la economía española, fundamentado en la pujanza del turismo y la construcción, durante el cual el PIB per cápita y el nivel de desempleo se fueron aproximando progresivamente a la media europea. En este sentido, Alberola escribe:

“en definitiva, el período de recuperación económica se ha

significado por la instauración de un régimen de política macroeconómica favorecedor de la estabilidad, lo cual es un hecho novedoso en nuestra economía. Podemos decir, por lo tanto, que la negativa experiencia de los años anteriores y la disciplina impuesta por los requerimientos de convergencia han logrado finalmente «europeizar» la gestión de la política macroeconómica y adecuarla a su objetivo estabilizador”. (Alberola, 2001, p. 339).

A lo largo de esta etapa, en particular desde 1997, también se aceleró la

internacionalización de las empresas españolas; la inversión directa española en el exterior superó a la inversión directa exterior en España. De la evolución de la internacionalización de la economía española hablan los datos; el grado de apertura exterior pasó de un 36,1% en 1986 a más de un 50% en 1999 y a un 61,7% en 2014 (INE, 2015).

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aprobado en el Consejo Europeo de

Ámsterdam (1997), se convirtió en permanente para aquellos estados miembros que accediesen a la tercera fase de la UEM. Sus medidas se centraron en dos aspectos de fuerte contenido político y en un aspecto instrumental de carácter accesorio: reformas de los mercados de bienes y servicios y del mercado laboral para dinamizar la estructura económica y adaptarla al escenario del euro; reformas del sector




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público para permitir la convergencia de políticas presupuestarias; reformas para la introducción material del euro (reglas de contabilidad, emisión de deuda pública, etc).

En síntesis, en este periodo destacan como principales elementos de

europeización los relacionados con la integración de los diferentes mercados a través de sucesivas liberalizaciones y desregulaciones, al tiempo que presenciamos también la convergencia macroeconómica de determinados indicadores como el déficit y la deuda pública. A nivel productivo, los cambios reseñados están relacionados con la composición sectorial de la producción y el empleo, en el que gana mayor peso los servicios y lo pierde, significativamente, el sector agrario y el industrial (ver Tabla 2). En otros ámbitos a pesar de los avances experimentados, los diferenciales con la UE persistieron; así, los niveles de desempleo, los tipos de interés, la renta per cápita o la inflación registraban valores inferiores a la media. Finalmente, como principal elemento de divergencia, subsiste el patrón de crecimiento propio basado en un modelo productivo asentado en la demanda interna y altamente dependiente de sectores como la construcción y el turismo. Este modelo difiere de los patrones seguidos por los estados miembros centrales de la UE en su menor productividad, competitividad y alta dependencia exterior, reflejada en déficits por cuenta corriente y de capital en los periodos expansivos.

2ª Etapa: de la moneda única a la crisis financiera e inmobiliaria (1998-2007) En 1995, la economía española inició un largo periodo de crecimiento que se reflejaría en una acelerada convergencia con la media europea en diferentes indicadores como deuda pública, déficit público, tasa de desempleo, tipos de interés o renta per cápita (ver Tabla 1). Pero en el reverso de estos datos positivos, encontramos una creciente pérdida de competitividad consecuencia de un diferencial negativo con el resto de socios en variables como la inflación y la productividad que tuvieron su reflejo en un abultado déficit exterior.

En 1999, y tras la verificación del cumplimiento de las condiciones macroeconómicas exigidas, España se incorporó a la tercera fase de la UEM, a la par, comenzó el funcionamiento el BCE que apuntará a la preservación de la estabilidad de precios en la eurozona (Martín, 2013). El objetivo de armonizar los precios en base a la estabilidad macroeconómica del gasto público fue alcanzado sólo en parte; es cierto que subsistieron las diferencias entre estados aunque minoradas. Así, entre 1999 y 2008, España registró un aumento de la tasa de inflación un 12% superior a la de la media de los estados integrantes de la eurozona y un 50% superior a la de Alemania. Dos factores explican este fenómeno. De un lado, la entrada en el euro espantó el fantasma de las devaluaciones monetarias (Rodríguez y López, 2011), y ello, unido a los desequilibrios persistentes en cuanto a productividad y competitividad, se saldó con fuertes desequilibrios en las balanzas de pagos entre




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estados. De esta forma, los superávits por cuenta corriente de los estados centrales, básicamente Alemania, acabaron convirtiéndose en los déficits por cuenta corriente de los estados del sur (España alcanzó el 10,1% en 2007) a través de exportaciones de capital (Lapavitsas, 2013) en forma de préstamos a tipos de interés muy bajos. De otro lado, también fue un factor fundamental el diferencial de costes laborales entre los distintos estados; los estados meridionales de la eurozona tuvieron mayores dificultades para la contención salarial, a diferencia de otros estados como Alemania.

No obstante, estos factores no impidieron un fuerte crecimiento de la

economía española a un ritmo medio del 3,5% del PIB en el período 1999-2007. La amplia extensión del crédito a bajos tipos de interés fue aprovechada por el sector inmobiliario, que aumentó su porcentaje en el PIB, pasando de representar el 8,3% en 2000 al 11,6% en 2005 (INE, 2015). Al mismo tiempo que el sector de la construcción estimulaba el crecimiento económico, la ratio de endeudamiento de familias y empresas aumentaba de forma constante, elevándose del 67,8% en 2000 al 134,7% en 2007 y del 65,5% en 2000 al 117,4% en 2007 (Banco de España, 2015), respectivamente. Los bajos tipos de interés marcados por el BCE recalentaron el mercado inmobiliario español, manifiestando la dificultad de introducir una moneda común en un espacio económico con disparidades cíclicas de crecimiento (Mundell, 2009; Giovannetti y Marimón, 1992).

En esta etapa se acentúan los patrones señalados en la anterior tanto en

sentido negativo como positivo. Por un lado, la economía española crece a un ritmo superior a la media de la UE en gran medida asentada en una expansión del sector de la construcción residencial sin precedentes, lo cual tiene un reflejo en la creación de empleo, el aumento de la renta per cápita, el superávit de las cuentas del Estado y una sustancial rebaja de la deuda pública. Por el contrario, en esta fase se acentúa el déficit por cuenta corriente y de capital y se detecta una menor tasa de competitividad consecuencia del diferencial inflacionario y en términos de productividad con la media europea. En conexión con la competitividad y productividad, se aprecia un notable retraso tecnológico de la economía española con respecto a la UE.

Durante este periodo, la Agenda de Lisboa (2000) estimuló las reformas

económicas por parte de los gobiernos estatales. En el caso español, aunque favoreció la introducción de las políticas activas de empleo, su eficacia fue menor para inducir reformas orientadas al aumento de la productividad. En concreto, sostienen Yaniz y de Lecea que “es justo señalar […] que las características del crecimiento en España en los últimos años, con la elevada rentabilidad en el sector de la construcción, disminuyen el atractivo para la inversión, y el consiguiente aumento de la productividad, en los demás sectores” (Yaniz y de Lecea, 2007, p. 355) . También señala Molina que “en lo económico la mejora de competitividad que había guiado el período anterior [1986-2000 al que califica como “período dorado de




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la europeización”] deja de ser ahora tan importante y el gobierno apenas va a dedicar atención retórica a la llamada Agenda de Lisboa de reformas estructurales. El acceso al crédito fácil y la burbuja inmobiliaria –paradójicamente fomentada tras la introducción del euro que en teoría iba a profundizar una economía a escala europea– reorientaron el crecimiento hacia la fuerte demanda interna y un sector de poco valor añadido, abriendo una brecha cada vez mayor en la productividad y la balanza de pagos” (Molina, 2013, p. 90). Estos desequilibrios en el patrón de crecimiento presentes en este largo ciclo expansivo, impactarán intensamente tras el estallido de la burbuja financiera internacional y de la construcción en España.

3ª Etapa: de la crisis financiera e inmobiliaria a la actualidad (2007-2016) Los peligros asociados a la generación de la burbuja inmobiliaria terminaron por manifestarse con ocasión de la crisis financiera internacional desatada en 2007. Entonces, la financiación dejó de llegar a las entidades crediticias españolas, muy apalancadas en el exterior, y con ello el dinero que regaba en abundancia los sectores productivos, en especial el inmobiliario, altamente dependiente del sector financiero. Los efectos del estallido se trasladaron velozmente a la economía real; la tasa de desempleo, que había registrado un 8,57% en 2007, pasó al 25,77% en 2012 y al 22,3% en el 2015 y el PIB en el período 2008-2014, se contrajo a una media anual de -0,9% (INE, 2015). Por otra parte, los efectos de la caída del crédito, la producción y el crecimiento del PIB se desplazaron rápidamente a las cuentas públicas. Si en 2007 el Estado español presentaba un saldo positivo del 2% en el déficit público, en 2015 los gastos superaban a los ingresos en un -5,08%. La deuda pública siguió el mismo camino; pasó de representar un 35,5% del PIB en 2007 (uno de los niveles más bajos de la UE) a un 99,2% en 2015. En marzo de 2016, alcanzó ya el 100,51% PIB. A la inversa, y siguiendo las tendencias tradicionales de la economía española en períodos de recesión o de devaluaciones monetarias, en 2013 las cifras de la balanza por cuenta corriente pasan a ser positivas con un saldo de 1,4% (INE, 2016), tendencia que se mantiene en 2014 y 2015.

Por lo tanto, en términos macroeconómicos la economía española ha seguido la senda europa (europeización) hasta la crisis económica, fundamentalmente en el apartado relacionado con las cuentas públicas, es decir, el déficit y la deuda pública. Al mismo tiempo, la evolución de los tipos de interés y las tasas de inflacción han transitado por la ruta marcada por el BCE: Sin embargo, en el caso del segundo indicador, a pesar de la reducción experimentada desde la entrada en las CC. EE., siempre se ha movido en tasas superiores a la media europea, lo cual se ha traducido en una merma de la competitividad de los bienes y servicios producidos en España.

Por otra parte, la elevada dependencia del crédito exterior, así como la baja

competitividad del modelo productivo español, están detrás del desequilibrio que,




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recurrentemente, se ha manifestado en relación al conjunto de la economía española: el déficit de la balanza por cuenta corriente. Este indicador ha llegado a cifras récord en el periodo de expansión económica, en buena medida, a causa del deficiente diseño de las reglas del euro y la eurozona. A continuación trataremos de determinar el patrón de crecimiento de la economía española, de establecer su relación con los desequilibrios económicos señalados y de comprobar en qué medida se ha europeizado.

La “europeización líquida” del modelo productivo español

Desde la óptica macroeconómica, se puede sostener la europeización parcial de la economía española, al menos, hasta el comienzo de la crisis financiera en 2007; en determinados aspectos macroeconómicos (excluyendo los recurrentes déficits de la balanza de pagos), la economía española se habría europeizado hasta 2008-09, pero durante la crisis y la postcrisis, incluso en este ámbito se han evidenciado ciertas divergencias y desequilibrios. Por su parte, el modelo productivo no ha seguido la senda de la europeización. El impacto de la UE ha sido superficial y frágil, permitiendo considerar que se trata de una “europeización líquida”.

Entre las cuestiones apremiantes para el modelo productivo español está la reducida productividad. Desde la implantación del euro, la recuperación de competitividad pasa por la reducción de los salarios (otras opciones como la devaluación de la moneda son inviables). Para ofrecer una respuesta a esta cuestión, se precisa concretar qué patrones de crecimiento ha seguido la economía española y cuáles han sido los sectores productivos que la han sustentado desde 1986, así como los problemas y los desafíos que enfrenta en la actualidad. Hoy, todo ello debe ser conectado con los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

TABLA 2: COMPOSICIÓN DEL PIB EN % POR SECTORES PRODUCTIVOS

1999 2007 2016

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,8 2,4 2,3

Industria 19,1 16,4 16,1

Construcción 8,8 10,1 5,1

Servicios 59,1 61,1 67,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2016)

A nivel macroeconómico, aparecen una serie de rasgos constantes que caracterizan al modelo económico español. La tríada inflación-déficit de balanza de pagos-devaluación monetaria ha determinado los períodos de crecimiento




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económico (Nadal, 2005; Martín, 2013). Esto es el resultado de la baja competitividad y productividad de los sectores productivos sostenedores del crecimiento. Entre 1986-1991 tuvo lugar el primer período de crecimiento basado en el binomio sector financiero-construcción, regado con financiación procedente del exterior. Similarmente, aunque más intensa y orientada hacia el sector inmobiliario residencial, se desarrolló el crecimiento económico de la etapa 1995-2007 (Rodríguez y López, 2011). Ello provocó un efecto directo sobre el mercado laboral, al tratarse de un sector intensivo mano de obra (Sánchez, 2011), de forma que los ciclos de creación y destrucción de empleo han sido acentuados y asociados al auge y caída de la construcción. Otro pilar del incremento del PIB ha sido el turismo. Una cifra indicativa de su pujanza es la relativa a la balanza de pagos donde el saldo de la cuenta de servicios es el único que ha arrojado cifras de superávit fundamentado en la alta capacidad para generar ingresos del sector turístico. En 2003 la cuenta corriente de servicios en el apartado relativo a las cifras del sector turístico, reflejaba un saldo positivo de 27.037 millones y ya en 2013, éste alcanzaba los 33.256 millones (INE, 2015).

Cronológicamente, el peso relativo por sectores en la formación del PIB ha ido evolucionando hacia una mayor importancia del sector servicios en detrimento del sector primario y de la industria (ver Tabla 2). Esta transformación ha sido análoga, aunque con distintos ritmos e intensidades en la mayoría de estados miembros de la UE. Así, en 1980, los datos reflejaban la siguiente distribución a escala española: agricultura y pesca 7% PIB; industria y energía, 28,6%; construcción, 7,9%; servicios, 56,5%. Ya en 2007, antes de la crisis financiera y del estallido de la burbuja inmobiliaria, la aportación relativa de esos sectores muestra una acentuación de la terciarización económica, evidenciando, además, la importancia creciente del sector de la construcción al calor del boom inmobiliario. Los datos son los siguientes: agricultura y pesca, 2,7% del PIB; industria y energía, 16,4%; construcción, 10,1%; servicios, 61,1%. En 2016, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la composición relativa del PIB por sectores queda como sigue: agricultura y pesca, 2,3%; industria y energía, 16,1%; construcción, 5,1%; servicios, 67,2% (Tabla 2).

Otro de los rasgos fundamentales de la economía española ha sido la debilidad del sector exportador, lo que se manifiesta en las sucesivas crisis de balanza de pagos. En esta situación intervienen dos factores estructurales relacionados con el modelo empresarial español: el limitado tamaño de las empresas o compañías (predominio de pequeñas y medianas empresas) y, relacionado con esto, la baja capacidad técnica y financiera de las mismas (Nadal, 2005; Banco de España, 2009). Los rasgos caracterizadores y persistentes de la industria española son: la especialización en producciones con baja especialización tecnológica y alto contenido en trabajo y la exportación de productos de bajo valor añadido (Velasco y Plaza, 2003). Según Eurostat (2015) el porcentaje sobre el total de las exportaciones




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en productos de alta tecnología representaba el 4,2 en 2007 y el 5,4 en 2015 frente al 16,1 y el 17 de la media de la UE-28.

El tamaño de las empresas es también un elemento que incide negativamente en su capacidad productiva. Según el INE (2007), la productividad de las empresas con una plantilla superior a los 1000 ocupados triplica a las de pequeño tamaño, con un volumen de ocupación menor a los 20 empleados. Según el índice que mide la productividad total de los factores, esto es, la expresión de los avances organizativos, el progreso tecnológico y la mejor dotación del capital humano (Goerlich et al., 2008; Sánchez, 2011), éste ha sufrido un estancamiento e incluso un ligero retroceso. En 1985, este indicador alcanzaba la cifra de 103,5, mientras que en 2014 descendía hasta el 101,6 (Banco de España, 2015). Según Ruesga y Da Silva (2010), los problemas del sistema productivo español se concentran en la baja capacidad para producir incrementos en la productividad de los factores, lo cual origina consecuencias negativas sobre la oferta productiva y, por extensión, sobre la competitividad, la generación de empleo y el nivel salarial.

TABLA 3: ESFUERZO PROMEDIO EN I+D (% PIB)

2002-2007 Ranking 2008-2014 Ranking

Suecia 3,43 1 3,23 2

Finlandia 3,32 2 3,37 1

Dinamarca 2,45 3 3,02 3

Alemania 2,44 4 2,81 5

Austria 2,27 5 2,85 4

Francia 2,08 6 2,22 7

EU-19 1,80 2,03

Bélgica 1,83 7 2,28 6

Países Bajos 1,78 8 1,89 8

Reino Unido 1,66 9 1,70 9

Luxemburgo 1,64 10 1,33 11

Irlanda 1,17 11 1,55 10

España 1,09 12 1,25 13




136

Italia 1,08 13 1,25 14

Portugal 0,83 14 1,37 12

Grecia 0,56 15 0,75 15

Fuente: Elaboración propia a partir de Puig (2015).

Un factor que afecta negativamente a la baja productividad es la escasa inversión en I+D, tanto pública como, sobre todo, privada10, y el diferencial que en este campo separa a la economía española de las más avanzadas de la UE. En 1985, el gasto español en I+D se situaba en un exiguo 0,5% del PIB. La década de los noventa supuso la consolidación del retraso español a causa de la ausencia de una apuesta rotunda por la inversión. En este período la inversión en I+D se estancó, pasando del 0,8% en 1990 al 0,9% del PIB en 2000 (Comisión Europea, 2015). Esta tendencia cambió en la década siguiente; entre 2001 y 2012, se produjo un crecimiento del 41,30%, pasando del 0,92% al 1,30% en 2012. Pero este crecimiento no fue uniforme/estable a lo largo del período; a partir de 2009 comenzó una caída que se hizo más pronunciada a partir de 2012 (Segarra, 2014). En la actualidad, España ocupa la posición 19ª de 28 en el grupo los denominados moderate innovators, junto a estados como Grecia, Italia o Portugal, en el índice European Innovation Scoreboards11 y continúa perdiendo posiciones respecto al núcleo de estados centrales de la UE e incluso respecto de la media de la UE-28. Si en 2007 la diferencia en el citado índice entre España y el grupo de los 28 alcanzaba la cifra de 0,12, en 2014 la brecha creció hasta el 0,17% (Comisión Europea, 2015). Se concluye que entre los estados europeos persisten notables diferencias en el comportamiento y los resultados de la innovación, y por consiguiente, en la creación de empleo en empresas innovadoras y en la venta y exportación de nuevos productos y de productos con contenido tecnológico (Quevedo, 2016). Así, las áreas más importantes de especialización en ciencia y tecnología de la economía española son mayoritariamente actividades de bajo valor añadido como la alimentación, agricultura y pesca, tecnologías del transporte, tecnologías de construcción, medio ambiente y biotecnología (CES, 2015).

Se observa que, sobre todo, desde el inicio de la crisis económica se produce una divergencia creciente entre los estados del sur y del centro y norte de la UE. Si reparamos en los objetivos establecidos por la Estrategia Europa 2020 (inversión del 3% del PIB en I+D en el año 2020 para la UE-28 y del 2% del PIB para España)

10

Según el Consejo Económico y Social de España (2015) en 2012 el número de empresas innovadoras en España habría

alcanzado la cifra del 33,6% frente al 48,8% de la UE-28 y al 54,3% de la UE-15. 11 Se trata de un informe elaborado anualmente por la Comisión Europea en el que se recopilan un amplio conjunto de indicadores relacionados con la innovación. Estos indicadores se articulan en tres bloques: a) Factores externos facilitadores de la actividad innovadora; b) Actividades empresariales para la innovación; c) Resultados y efectos de las acciones de innovación.




137

(Eurostat, 2016), efectivamente, se constata el distanciamiento entre España y los estados centrales de la Eurozona en términos de inversión en I+D (Puig, 2015).

Señalemos también la limitada relación entre el ámbito de la educación superior y el mundo empresarial, hecho que dificulta la conexión de los ámbitos donde se realiza la investigación con el aparato productivo que introduce las innovaciones generadas en sus servicios, productos o procesos. Este fenómeno tiene que ver con "la capacidad innovadora de las empresas españolas sigue siendo muy limitada en comparación con los países de nuestro entorno, como revela la menor intensidad del gasto que realizan en I+D y en innovación, el reducido número de investigadores contratados, el reducido porcentaje de pymes innovadoras, que colaboran en proyectos o que realizan innovación organizativa o de productos, el insuficiente desarrollo del mercado capital riesgo para las fases iniciales de los proyectos empresariales, la menor inversión en tecnologías de la información y la comunicación, o el reducido peso de la producción, el empleo y las exportaciones de alta tecnología" (CES, 2015). Esto, unido a la escasa internacionalización, a la escasa importancia de la investigación aplicada y a la reducida orientación al mundo social y productivo de la universidad española, dan como resultado un diferencial de 4 puntos en el indicador que mide la cooperación entre empresas y universidad entre España y la UE-15 en 2012 (9,1% frente a 13,1%) (CES, 2015).

Finalmente, debemos subrayar que la economía española ha sido, tradicionalmente, muy dependiente de las importaciones y de la volatilidad de los precios energéticos (CES, 2015). La competitividad de numerosas ramas de actividad se ha visto habitualmente comprometida por esa dependencia. Así, la mejora de la eficiencia energética deviene un elemento muy relevante para elevar la competitividad de la economía en su conjunto y del modelo productivo español, en particular. De esta forma, la dependencia energética definida como la necesidad de importar energía del exterior para satisfacer el consumo energético, según datos de Eurostat (2015), alcanza el 72,9% en España frente al 53,5% de la UE-28 en 2014. Como consecuencia, en 2014 el precio de la electricidad para usos industriales fue en España un 30,3% más caro que la media de la UE-28 lo cual supone una pesada carga para la competitividad del sector industrial (Minetur, 2015).

Conclusiones

El impacto de la profundización en el proceso de integración institucional y económica, así como de las políticas y programas europeos llevados a cabo durante los últimos treinta años sobre la economía española se ha dejado sentir especialmente en aspectos relacionados con la apertura y liberación económica y en aspectos y reglas macroeconómicas antes controladas por el Estado español. A la pregunta de si estos cambios han traído consigo la europeización de la economía española, en el sentido de una mayor convergencia (modernización) macroeconómica y términos productivos, la respuesta es la siguiente:




138

a) A nivel macroeconómico:

- Los niveles de deuda y déficit público siguieron la senda de la convergencia hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria (2007), produciéndose posteriormente un fuerte desequilibrio en ambos indicadores y una divergencia de los objetivos establecidos por la UE.

- La inflación ha sufrido un importante descenso, acercándose a los valores exigidos por la UE, aunque siempre en valores superiores durante la parte alta del ciclo económico.

- Desequilibrios en la balanza por cuenta corriente en los periodos de crecimiento y endeudamiento en el exterior. Estos desequilibrios existen en el interior de la UE entre países centrales, excedentarios y periféricos, deficitarios.

b) A nivel productivo:

- Acercamiento a los patrones europeos en la composición sectorial con un progresivo aumento del sector servicios en detrimento de los sectores primarios y la industria. Hasta el estallido de la crisis un factor diferencial ha sido el peso del sector de la construcción e inmobiliario.

- Debilidad del sector exportador y producción de baja especialización tecnológica y alto contenido en trabajo y bajo valor añadido, patrones persistentes en la economía española y que no han evolucionado en una dirección convergente.

- Escasa inversión en materia de innovación, tanto pública como privada. Esta tendencia se ha mantenido, manifestándose en un evidente divergencia con los países del centrales de la Unión y de la media de la UE-15 y UE-28.

Por lo tanto, y tal y como señalábamos en el título de este trabajo, podemos concluir que la europeización ha sido débil y superficial, “líquida”. Algunas de las divergencias consecuencia de la diferencia en los patrones económicos y de crecimiento señalados por autores como Streeck (2015)12, que señala la existencia de diferentes tipos de capitalismos en la UE, son todavía persistentes. Queda por ver la respuesta que a nivel institucional ofrecerán los estados y la UE en relación a las divergencias que ha ocasionado, o no ha resuelto, el proceso de integración europeo, ya que algunas de ellas podrían ser una amenaza para el proyecto europeo al traducirse en euroescepticismo.

12

Streeck (2015) señala la existencia de varios tipos de capitalismo dentro de la UE caracterizados por distintos patrones de

crecimiento. Así, el capitalismo del sur de Europa o mediterráneo se basó su crecimiento históricamente en la demanda interna y la inflación. Ésta hacía que los gobiernos tuviesen mayor facilidad para endeudarse y el sistema era mantenido por un sector bancario altamente regulado. El aparato productivo y el consumo operaban a pequeña escala en el mercado interno. La armonización de los intereses de trabajadores y empresarios se obtenía a costa de una pérdida de competitividad internacional que se trataba de compensar a través de devaluaciones monetarias periódicas. Este modelo contrasta con el septentrional, basado en las exportaciones de productos de calidad, en la disciplina de los costes laboral y el ahorro.




139

Volviendo a la noción central que nos ha conducida a lo largo de estas páginas, indiquemos que, tras las medidas adoptadas para combatir la crisis financeira (recortes y control de gasto público, subidas de impuestos, reformas laborales…), en especial, después del verano de 2012, y la gobernanza del euro, es probable que se produzca una intensificación de la europeización que afecte a los ámbitos fiscal, laboral, presupuestario o bancario. Ahora bien, a nivel de opinión pública española podría traducirse un cambio en la valoración de la europiezación. Como escribe Bulmer, “europeanization no longer seems to be teh normatively benign process of earlier decades that enabled the democratization and economic modernization of Spain in a multilevel system. From some quaters it sis being perceived as having a `dark side’” (Bulmer, 2016, p. 107).

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