Observatorio de la dependencia en españa.

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Las organizaciones firmantes del VI Convenio Estatal de la Dependencia, tanto sindicales (Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO y CCOO de Construcción y Servicios y Federación de Servicios Públicos de UGT), como empresariales (FED, LARES y AESTE), han presentado el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, un instrumento creado para analizar por parte de los agentes sociales de forma rigurosa y sistemática el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia en nuestro país, con el objetivo de dar respuestasa los problemas de viabilidad con los que se encuentra en la actualidad ...

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… a través de sus 130 páginas, presenta una detallada radiografía del estado actual del sistema de atención a la dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, valoraciones y beneficiarios, el desarrollo normativo de la ley tanto a nivel estatal como autonómico, los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema y la delicada situación por la que atraviesa el sector.

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Entre las muchas reflexiones y análisis planteados, el informe plantea que la aplicación de la LAPAD se realiza con importantes retrasos en la valoración y concesión de prestaciones, constatando que algunas CC.AA no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva (Informe Tribunal Cuentas 2.014), lo que perjudica que no resulte satisfecho en el momento oportuno el derecho subjetivo de las personas dependientes ...

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… observa que en España (2,64% Población Dependiente sobre Población Total) la proporción de personas valoradas GIII alcanza en nuestro país 30,03%, mientras que el GII es 36,18%, ambos muy superiores a los de otros países europeos con similar población dependiente.

Esta disfunción del Baremo puede tener relación con la financiación por grados de Dependencia reconocido, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados.

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A pesar de que RD1050/2013 tenía como objetivo priorizar servicios frente a prestaciones económicas, la Ley continua 7 años más tarde de su entrada en vigor con una proporción de un 42,81% de servicios por cuidadores no profesionales, frente al 13,95% de servicios de atención residencial, 12,71%, SAD y 12,53% de teleasistencia.

Lo que es más grave, si se tiene en cuenta que el 66,21% de los beneficiarios con prestación corresponden al Grado III (30,03%) y Grado II (36,18%) respectivamente y que además invirtiendo ese porcentaje de cuidadores no profesionales en servicios de residencia, se crearían 125.000 nuevos empleos (ratio 0, 5).

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La revisión del SISAAD -nueva aplicación prevista para finales de 2014- ha arrojado duplicidad de expedientes e irregularidades que un vez depuradas alcanzan 39 millones de € (Informe Tribunal Cuentas 2014) y denotan la falta de controles eficaces, y el incumplimiento de la obligatoriedad de certificar por parte de las CC.AA la veracidad de datos.

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La financiación finalista de la AGE ha sufrido importantes disminuciones (regularización de expedientes, reducción cuantías máximas prestación económica y suspensión de cuotas SS de cuidadores no profesionales que arrastraba deuda de 1.034 millones de €, suspensión del nivel acordado), lo que unido al hecho de que las CC.AA no han dispuesto de contabilidad analítica aplicable en exclusiva a los gastos de dependencia, imposibilita certificar con exactitud el importe de los recursos destinados a la dependencia.

Tampoco el desarrollo del copago -a pesar de sus incrementos- ha alcanzado la media del 33% prevista en la memoria económica de la Ley.

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El crecimiento de empleo generado en el sector se ralentiza y comienza a disminuir en 2.012, incrementándose desde esa fecha los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo que unido a la disminución de servicios e intensidades nos aleja de las estimaciones de creación de empleo previstas.

La normativa relativa a la LAPAD es enorme: incluye más de 671 normas de CC.AA y 134 normas estatales. Sin embargo adolece de la falta de una normativa estatal en materia de acreditación que responda a las distintas necesidades de las personas dependientes.

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“Estamos ante un sector que aporta retornos importantes traducidos en empleo y riqueza pero la realidad es que la falta de financiación es una

evidencia que debe afrontarse. Tenemos que buscar una solución. Por otro lado es grave que

al mismo tiempo los precios de los concursos siguen bajando mientras que permanecen

vacías más de 50.000 plazas y tenemos casi 200.000 dependientes sin prestación".

José Alberto EchevarríaPresidente de la Federación Empresarial

de Asistencia a la Dependencia (FED)

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“Los puestos de trabajo generados por el sector están muy por debajo de las expectativas. La falta

de inversión y la apuesta por los cuidadores informales de las CC.AA explican, en parte, este desequilibrio. Me preocupa el retraso de algunas

Autonomías para dar las certificaciones a los trabajadores del sector, lo que está dificultando la renovación de contratos"

Pilar Navarro Secretaria de Salud, Sociosanitario y

Dependencia de FSP-UGT

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“Debemos trabajar para alcanzar el compromiso responsable y serio de qué asignaciones

presupuestarias aporta la Administración Central, las Comunidades Autónomas y qué parte deben aportar los ciudadanos mediante copago. Se trata de saber con qué contamos para dotar

de estabilidad a Nuestro Sistema de atención a la dependencia tras una época de afrontar duros recortes".

M. Ángeles Sánchez LARES

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"La acreditación profesional y la falta de un reglamento claro, es uno de los problemas

visualizados, sobre todo en el Sector de la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia, por lo que hay que actualizar el sistema de reconocimiento de los títulos y los certificados requeridos en

función de la realidad observada. Además, toda la inversión de tiempo y esfuerzo, por parte

de las trabajadoras, puede perderse".

Vicente Sánchez Secretario General de CCOO

Construcción y Servicios

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"Llevamos años esperando que este sector tenga los visos de lo que tiene que ser: un sector de alta cualificación, profesionalizado, porque

estamos hablando de la atención de personas.El Sector de la dependencia es uno de los potencialmente más importantes para crear empleo en nuestro país y para

crear Estado de Bienestar".

Vicente Sánchez Secretario General de CCOO

Construcción y Servicios

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“Uno de los objetivos clave de la LAPAD era la profesionalización del sector social, así como

prestar servicios de atención a la dependencia para garantizar el derecho a las personas dependientes, que inicialmente habían

previsto la creación de en torno a 300.000 nuevos puestos de trabajo”.

Antonio CabreraSecretario General de la Federación de Sanidad

y Sectores Sociosanitarios de CC.OO

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"Una vez analizado el informe de lo sucedido hasta la fecha podemos concluir que ni se generó el

empleo previsto, ni se ha optado por la profesionalización del sector y se está poniendo en peligro el derecho subjetivo de las personas dependientes. Sin dejar de reconocer que en

los primeros años se generó en torno a 115.000 nuevos puestos de trabajo, a partir

de 2.012 se está destruyendo empleo, coincidiendo con la reducción de la tasa de cobertura del sistema y la minoración

de la intensidad de sus prestaciones".

Antonio CabreraSecretario General de la Federación de Sanidad

y Sectores Sociosanitarios de CC.OO

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El presidente de AESTE, Jorge Guarner, aboga por el cumplimiento de la Ley en base a servicios profesionales, para reducir a cuotas excepcionales el 42,81% de cuidadores no profesionales, que de reducirse al ritmo actual del 2,5% anual, tardaríamos más de 20 años en llegar a las cifras excepcionales, que promulga la Ley, lo que es especialmente grave, si tenemos en cuenta que alta y media dependencia requieren una atención profesional y de calidad, que pasa por que se regule una norma estatal de acreditación de servicios profesionales, que responda a las distintas necesidades de las personas dependientes.

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El sistema de dependencia nació en enero de 2007 para garantizar una asistencia profesional y universal a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Siete años después, la patronal del sector y los sindicatos describen en un análisis conjunto cómo el sistema se encuentra en retroceso —hay 736.777 beneficiarios, 17.812 menos que a principios de año, con una lista de espera de 184.060—.

Los tijeretazos a la norma y la reducción de la financiación pública se han traducido en mayor

carga económica para los usuarios a través de un incremento del copago, que ha

aumentado en un 68% entre 2009 y 2013.

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El gasto público destinado al sistema va claramente a la baja.

Las Administraciones han pasado de abonar 8.648 euros por usuario en 2009 a 6.879 euros en 2013.

La reducción es del 20,4%, lo que resulta especialmente grave teniendo en cuenta que ha caído el número de beneficiarios por año.

Conclusión: “Menos beneficiarios y menos gasto por beneficiario”.

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La menguante aportación pública al sistema de dependencia supone que

el desembolso de los usuarios respecto al coste total del sistema ha aumentado

desde 2010 casi un 80% y se ha duplicado desde 2009.

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Los beneficiarios han pasado de asumir el 10% al 20% del coste de la dependencia, aunque no se ha llegado al 33% que, en un primer momento, preveía la memoria de la ley, algo que siempre se consideró de difícil cumplimiento dadas las pensiones de los jubilados en España.

El colectivo de los mayores, es el principal beneficiario del sistema.

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El informe menciona retrasos en la valoración y concesión de prestaciones, constatando que algunas comunidades, como la valenciana, no reconocen la prestación hasta que tienen crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva. Es decir, si no tienen dinero, no pagan ayudas.

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El informe también analiza las diferencias entre autonomías: en Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura o Asturias el plazo medio para que los dependientes reciban la prestación supera los 300 días; en regiones como Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Baleares, Galicia y Aragón el plazo medio se calcula en 200 días.

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Reducción de los fondos finalistas estatales. Esta partida ha sufrido “importantes disminuciones”. El estudio recuerda la reducción en las prestaciones económicas (el dinero destinado a las familias para atender a los dependientes o para pagar las residencias que elijan) o la suspensión de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

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El documento excluye de los recortes la financiación estatal no finalista, que son los recursos adicionales contemplados en la ley que regula la financiación de las autonomías de régimen común que pueden ser empleados en cualquier concepto que las autonomías consideren, sea dependencia u otro.

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Disminución del empleo en el sector desde 2012. En 2010 el sector empleaba a 184.000 personas, para 2012 esa cifra aumentó hasta los 218.000, pero entre 2013 y lo que va de 2014 se ha reducido hasta los 178.000.

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Normativa excesiva.

Hay más de 671 textos legales autonómicos y 134 normas Estatales y, sin embargo, falta una regulación estatal de acreditación de servicios profesionales de calidad que responda a las distintas necesidades de los dependientes.

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Más prestaciones económicas que servicios. A pesar de que se pretendía priorizar los servicios (residencias, centros de día) frente a las prestaciones económicas (ingresos de dinero a los beneficiarios o sus cuidadores), no ha sido así. La atención más extendida es la prestación económica por cuidados familiares (un 42%). Muy por delante de las residencias (14% de los usuarios), ayuda a domicilio (12,7%) o centros de día (7,5%).

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Elevada valoración de grandes dependientes.

El informe advierte de la elevada valoración de grandes dependientes (30% del total) y severos (36,1%), “ambos muy superiores a otros países europeos”. El motivo “puede tener relación con la financiación por grados, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados”.

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http://www.eldiariomontanes.es/apoyos/documentos/observatorio-dependencia.pdf

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http://www.pv.ccoo.es/pv/Inici:653260--El_Observatorio_de_la_Dependencia_de_Espana_alerta_de_un_grave_riesgo_para_la_viabilidad_del_sector_y_el_derecho_de_las_personas_dependientes

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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/02/actualidad/1404295449_834633.html

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http://www.actasanitaria.com/el-observatorio-de-la-dependencia-alerta-de-un-grave-riesgo-para-la-viabilidad-del-sector/

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El informe concluye que la normativa relativa a la Lapad es enorme, ya que incluye más de 671 normas de Comunidades Autónomas y 134 normas estatales. Sin embargo, adolece de una normativa estatal en materia de acreditación por grado de dependencia, que garantice una atención de calidad.

http://www.alimarket.es/noticia/159924/El-Observatorio-de-la-Dependencia-alerta-sobre-la-viabilidad-del-sector