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Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Colombia

Informe sobre América Latina N°82 | 6 de octubre de 2020

Traducido del Inglés

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo .................................................................................................................... i

I. Introducción ..................................................................................................................... 1

II. La vulnerabilidad de los líderes sociales .......................................................................... 4 A. Definiciones contrapuestas ........................................................................................ 4 B. La geografía de la violencia contra líderes sociales ................................................... 5 C. Ataques contra líderes sociales .................................................................................. 7

III. Las fuentes de violencia contra líderes sociales ............................................................... 11 A. Un conflicto fragmentado .......................................................................................... 11 B. ¿Delincuencia común o violencia política? ................................................................ 13 C. La economía de la coca .............................................................................................. 15 D. Intereses económicos ................................................................................................. 17 E. Aplacar la resistencia ................................................................................................. 18 F. Autoridades “morales” ............................................................................................... 20

IV. Política de seguridad y el ejército ..................................................................................... 22 A. La estrategia de “Paz con Legalidad” ......................................................................... 22 B. Complicidad con el crimen ........................................................................................ 25

V. Los efectos del COVID-19 ................................................................................................. 28

VI. Protección y judicialización .............................................................................................. 32 A. El acuerdo de paz y sus consecuencias ...................................................................... 32 B. Provocar una respuesta estatal .................................................................................. 32 C. Esquemas de protección para líderes sociales ........................................................... 34 D. Investigaciones judiciales .......................................................................................... 36

VII. Recomendaciones ............................................................................................................. 38 A. Un giro en la seguridad para darle paso a la paz ....................................................... 38 B. Proteger a los líderes ahora ....................................................................................... 39 C. Atacando la impunidad .............................................................................................. 41

VIII. Conclusión ........................................................................................................................ 42

GRÁFICOS Gráfico 1: Asesinatos de líderes sociales por fuente, 2016-2019 ............................................. 5 Gráfico 2: Asesinatos de líderes sociales por departamento .................................................... 6 Gráfico 3: Municipios PDET y asesinatos de líderes sociales, 2017-2019 ................................ 7 Gráfico 4: Supuestos responsable en casos con avances en las investigaciones ...................... 12 Gráfico 5: Asesinatos de líderes sociales por tipo de liderazgo, 2017-2019 ............................. 14 Gráfico 6: Asesinatos de líderes sociales por departamento .................................................... 28 Gráfico 7: Asesinatos de líderes sociales por tipo de liderazgo, 2020 ...................................... 30

ANEXOS A. Mapa de Colombia ............................................................................................................ 43 B. Acerca de International Crisis Group ............................................................................... 44 C. Informes e informes breves de Crisis Group sobre América Latina desde 2017 ............. 45 D. Consejo directivo de Crisis Group .................................................................................... 47

Conclusiones principales

¿Qué hay de nuevo? Los líderes sociales en Colombia enfrentan una crecien-te ola de ataques en su lucha por los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto. La violencia dirigida contra estos activistas ha aumentado a pesar de los compromisos establecidos en el acuerdo de paz de 2016 para proteger a la sociedad civil. El COVID-19 ha exacerbado la inseguridad para estos líderes ya que grupos armados han explotado las restricciones a la movilidad para conso-lidar su control.

¿Por qué importa? Los líderes sociales se encuentran entre los defensores más fervientes del acuerdo de paz y de las víctimas del conflicto. Los ataques en su contra debilitan el acuerdo de 2016 y a su base de apoyo popular, y dejan en evidencia las graves deficiencias del Estado para proteger a las comunidades de las acciones de los violentos.

¿Qué se debería hacer? El gobierno debe garantizar que quienes lleven a cabo ataques enfrenten consecuencias judiciales y priorizar la seguridad de las comunidades, particularmente al ejecutar operaciones militares. Debería am-pliar los programas de desmovilización para grupos armados, y a largo plazo, llevar a cabo reformas rurales para reducir el alcance de las economías ilícitas.

International Crisis Group

Informe sobre América Latina N°82 6 de octubre de 2020

Resumen ejecutivo

El acuerdo de paz de 2016 entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano prometía una nueva era, pero quienes están en la primera línea del conflicto continúan esperando su llegada. Activistas locales, comúnmente conocidos como líderes sociales, se han convertido en los pro-motores más fervientes del acuerdo, defendiendo los derechos humanos, el acceso a la tierra y el desarrollo económico en sus comunidades. Sin embargo, aunque el acuerdo les ofrece protección, muchos de estos líderes ahora viven con miedo. Desde el 2016, al menos 415 han sido asesinados y cientos más han sido víctimas de hostigamientos o desplazamientos forzados. Para muchos otros, el precio de su seguridad es su silencio. Las restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno como medida para conte-ner la pandemia de COVID-19 son desatendidas por grupos armados no estatales, que las han aprovechado para expandir su control, incrementando aún más la violencia. Si no se toman medidas urgentes para aliviar la desesperada situación económica en las zonas rurales, fortalecer los mecanismos para judicializar a los responsables y modificar el enfoque combativo y a menudo contraproducente del gobierno hacia la seguridad interna, el gran esfuerzo por crear una paz duradera en Colombia podría verse despojado de su base de apoyo más importante.

Los asesinatos de líderes sociales son en sí una tragedia, pero también resaltan la fragilidad del acuerdo de paz y la gama de saboteadores que enfrenta. La gran mayo-ría de los asesinatos ocurren en áreas históricamente afectadas por el conflicto, como Antioquia, Cauca y Chocó. Las cifras de la fiscalía sugieren que más del 59 por ciento de los asesinatos pueden ser atribuidos a grupos armados conocidos, el 39 por ciento a personas o bandas desconocidas y el 2 por ciento a oficiales militares. El acuerdo de 2016 motivó a los líderes sociales a continuar promoviendo los intereses sus co-munidades y denunciando abusos, pero ahora han resultado en la mira de los grupos armados. Los asesinatos y las amenazas también transmiten mensajes a la población: permanezca en silencio, abandone su territorio, no defienda ciertos derechos o man-téngase dentro de las fronteras invisibles demarcadas por los grupos armados.

Entre los posibles autores de estos crímenes sobresalen los disidentes de las des-movilizadas FARC, combatientes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios grupos criminales, algunos de ellos reencarnaciones de grupos para-militares disueltos. En muchos casos, estos grupos rivales ven a los líderes sociales como obstáculos para sus negocios ilícitos (en particular la producción de coca y el tráfico de cocaína) o para sus estrategias de obtener la lealtad de las comunidades a la fuerza. Otros asesinatos apuntan al papel de intereses oscuros en el Estado, nego-cios locales o las fuerzas armadas. Algunos líderes sociales que presentan denuncias tras recibir amenazas de muerte temen que los funcionarios que deben protegerlos estén aliados con los delincuentes. A otros les preocupa que los esquemas de seguri-dad los conviertan en objetivos más obvios. Casi todos expresan su frustración al tener que navegar por el denso laberinto de la burocracia estatal para buscar ayuda.

Dos gobiernos sucesivos (el primero liderado por el expresidente Juan Manuel Santos y el actual por el presidente Iván Duque) han luchado por contener el aumen-to de violencia, un asunto con tanta importancia política que ocupó un lugar destacado en la lista de reclamos durante las protestas masivas que paralizaron muchas ciuda-des colombianas a finales de 2019. El núcleo de la respuesta del presidente Duque ha

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sido ofrecer protección física, como vehículos blindados y escoltas a las personas en riesgo, mientras utiliza a la fuerza militar para combatir a los grupos armados que presuntamente llevan a cabo la mayoría de estos asesinatos. Casi 5000 líderes socia-les se benefician de estos esquemas de protección, que, sin duda han salvado vidas. Sin embargo, los agentes de seguridad del Estado a menudo requieren que los líde-res bajo su protección se muden a áreas urbanas y abandonen sus comunidades, lo que en la práctica acaba con su papel de liderazgo local.

Aún más grave es que el gobierno aún no ha hecho un diagnóstico adecuado de los problemas socioeconómicos que están detrás de estos ataques. El gobierno de Duque está convencido de que acabar con los negocios ilícitos y debilitar militarmente a los grupos armados es lo que les permitirá a los líderes sociales vivir y trabajar en paz. Pero un considerable número de activistas señalan que incrementar la erradicación forzada de cultivos de coca e intensificar las operaciones militares contra los grupos ilegales en realidad empeora las condiciones de los líderes sociales y pone en peligro a las comunidades en esta etapa del posconflicto. Ningún grupo armado en Colom-bia actualmente es lo suficientemente poderoso como para enfrentarse militarmente al Estado; cuando sus intereses se ven amenazados, estos grupos toman represalias contra las comunidades, y en particular contra los líderes que se oponen abiertamente a su dominio.

La pandemia de COVID-19 amplifica la urgencia de la situación. Durante casi seis meses, Colombia restringió los viajes internos para limitar la propagación del virus, dejando aisladas a muchas comunidades remotas. Los grupos armados se han apro-vechado de la distracción del gobierno para reforzar su control sobre el territorio, imponiendo estrictos controles sociales, como toques de queda, bajo la apariencia de cuarentenas, controlando la distribución de alimentos y amenazando a cualquiera que se pudiera considerar contagioso.

Incluso en medio de estos problemas, el gobierno podría encontrar un mejor en-foque de prevención y mitigación. Las reformas rurales establecidas en el acuerdo de paz de 2016 establecen el mejor camino a largo plazo para poner fin a la violencia, al fomentar alternativas económicas lícitas para los agricultores. A corto plazo, el go-bierno debe evaluar alternativas para proteger colectivamente a grupos y comunida-des, además de continuar protegiendo a los individuos. El Estado también debe am-pliar el número de instituciones estatales aptas para recibir denuncias de amenazas contra líderes. Deber incrementar la judicialización de estos crímenes, incluidas las redes de apoyo y de complicidad en las que operan los delincuentes, algunas de las cuales pueden llegar a permear el Estado. El ejército colombiano debe considerar las posibles repercusiones contra civiles antes de desplegar operaciones en contra de gru-pos armados. Por último, aunque el gobierno ha logrado avances en la creación de rutas adicionales para la desmovilización, es necesario hacer mucho más para ofre-cer incentivos a los grupos armados para que depongan sus armas.

La violencia focalizada en las periferias rurales o urbanas de Colombia no es nada nuevo. Pero tras un acuerdo de paz histórico, las amenazas y los ataques diarios que enfrentan los activistas sociales están erosionando la posibilidad de que el país pue-da pasar la página del conflicto. Proteger a estos líderes, contener a sus enemigos y garantizar la seguridad de sus comunidades debe ser un pilar de la política de segu-ridad y la primera línea de defensa.

Bogotá/Nueva York/Bruselas, 6 de octubre de 2020

International Crisis Group

Informe sobre América Latina N°82 6 de octubre de 2020

Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Colombia

I. Introducción

La violencia letal contra los líderes sociales es la falencia más notoria en la lucha de Colombia por implementar el acuerdo de paz de 2016. Como figuras prominentes y voceros en sus territorios, los líderes se encuentran entre los más firmes defensores del acuerdo que desmovilizó a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y aspiraba a traer paz, seguridad y equidad a las zonas rurales asoladas por el conflicto interno. Pero amenazas y asesinatos selectivos han preten-dido acabar con estos propósitos: al menos 415 líderes sociales han sido asesinados desde enero de 20161. Durante la pandemia de COVID-19, en el aislamiento nacional que duró desde el 25 de marzo hasta el 1 de septiembre, este número parece haber aumentado a un ritmo aún más acelerado. El gobierno confirmó once asesinatos, con otros 27 casos por verificar, entre el 1 de abril y el 30 de junio2. Organizaciones de la sociedad civil, por su parte, documentan un aumento del 85 por ciento en los homi-cidios de líderes sociales durante el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo período en 20193.

Estigmatizados durante décadas de conflicto armado en el país, tanto por los gru-pos armados como en ocasiones por las fuerzas de seguridad del Estado, a los re-presentantes políticos, sociales y sindicales de Colombia se les prometió un futuro radicalmente mejor después del acuerdo de paz. El acuerdo, forjado a lo largo de cua-tro años de conversaciones entre las FARC y representantes del gobierno en Cuba, reconoció que los activistas que alertan sobre injusticias sociales y se movilizan para remediarlas se han enfrentado al estigma mortal (y en gran parte infundado) de estar asociados con las guerrillas de izquierda4. En respuesta, el acuerdo prometía condi-ciones seguras para los activistas sociales y “el ejercicio de la oposición política”5.

1 “Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, Fiscalía General, 2 de septiembre de 2020. 2 “Informe de homicidios: contra líderes sociales y defensores/as de Derechos Humanos en Colom-bia”, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 1 de abril-30 de junio de 2020, p. 40. 3 “Se incrementa la letalidad de la violencia contra líderes sociales, políticos, y comunales durante el primer semestre de 2020 MOE”, Misión de Observación Electoral, 22 de septiembre de 2020. 4 Daniel Pécaut, “Una lucha armada al servicio del statu quo social y político”, en Comisión Históri-ca del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al Entendimiento del Conflicto Armado en Colombia, 2015, pp. 48-49. 5 El segundo punto del acuerdo de paz aborda la reforma política, incluidas las garantías para los opo-sitores políticos y las organizaciones sociales. El punto 2.1.1.1 discute las garantías para “el ejercicio de la oposición política”. El punto 2.1.2.2 presenta “[g]arantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos defensores y defensoras de derechos humanos”, mientras que el punto 2.2.1 ofrece “[g]arantías para los movimientos y organizaciones sociales”. En conjunto, estos componentes tenían como objetivo poner fin al uso de la violencia como arma política con una combi-

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También se comprometió a fomentar el desarrollo de áreas rurales empobrecidas mediante la ampliación de los servicios e instituciones estatales6.

Sin embargo, la violencia contra estos líderes se ha intensificado en muchas de las áreas que deberían haber recibido una mayor inversión pública y atención después del acuerdo de paz7. Los agresores han asesinado a cientos de activistas que convencie-ron a sus comunidades de respaldar el acuerdo de paz y ayudar en su implementación, o que hicieron campaña contra poderosos intereses legales o ilegales, por la restitu-ción de tierras, los derechos de las víctimas, la autonomía étnica y el ambiente: todas estas políticas reafirmadas en el acuerdo de 20168. Estos asesinatos selectivos a me-nudo tienen como efecto silenciar a la comunidad y garantizar su sumisión, ya sea a favor de un grupo armado o de los intereses mencionados anteriormente, los cuales históricamente han utilizado tácticas similares para aplacar la resistencia9.

Una cosa sí cambió con el acuerdo: para la opinión pública, lejos de ser vistos como un elemento lamentable pero inevitable de una conflagración más amplia, los asesi-natos de líderes comunitarios son ahora un parámetro revelador del éxito o fracaso del acuerdo de paz. Cientos de asesinatos de líderes sociales han dejado en evidencia que la violencia sigue siendo la herramienta predilecta para coaccionar a las comu-nidades pobres. La presión popular sobre el gobierno para proteger a los activistas ha sido implacable, y tuvo eco en las protestas masivas en Colombia a fines del 201910. Una de las primeras acciones del presidente Iván Duque al asumir el cargo en 2018 fue firmar un “Pacto por la Vida” con la Procuraduría General, prometiendo una res-puesta estatal ágil y más efectiva11.

Pero la extrema polarización política de Colombia conduce a que tanto los diag-nósticos como las soluciones propuestas para el problema sean objeto de feroces disputas. Los conservadores, incluido el gobierno de Duque, ven todas las formas de

nación de mejores alertas tempranas, protección, monitoreo e investigación de delitos. “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, noviembre de 2016. 6 Ibid. El primer punto del acuerdo de paz aborda la reforma rural integral, incluidos compromisos para mejorar el acceso a la tierra, seguridad, garantías de derechos humanos, participación local, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y la disponibilidad de servicios públicos. 7 Ver Gráfico 3 en p. 7 a continuación. 8 La legislación y fallos legales anteriores abordaron una serie de cuestiones estructurales citadas en el acuerdo de paz. Por ejemplo, la Ley 1448 de 2011, o “Ley de Víctimas”, estableció derechos para quienes se vieron afectados por el conflicto. Mientras tanto, el artículo 329 de la constitución co-lombiana de 1991 consagra el derecho a la autonomía indígena en los territorios designados. 9 Francisco Gutiérrez-Sanín y Jenniffer Vargas Reina, “Agrarian elite participation in Colombia’s civil war”, Journal of Agrarian Change, vol. 7 No. 4 (2017), p. 744. 10 Los manifestantes citaron los asesinatos de líderes sociales como una de sus muchas quejas du-rante las protestas que colapsaron las principales ciudades de Colombia de manera intermitente desde el 21 de noviembre hasta fines de 2019. “Paro nacional: el rechazo a los asesinatos de líderes sociales”, El Espectador, 21 de febrero de 2020. 11 El pacto prometía, entre otras cosas, reformar y agilizar los programas de protección, trabajar más de cerca con las comunidades, mejorar las investigaciones de los delitos y trabajar a partir de los mecanismos del acuerdo de paz para abordar las causas fundamentales de la violencia. “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, 23 de agosto de 2018.


violencia no estatal como resultado de la ilegalidad generalizada12. Duque ha desple-gado a las fuerzas armadas (que durante décadas han mantenido el monopolio de la seguridad interna) a zonas conflictivas con el objetivo de acabar con la economía de las drogas a través de diversos mecanismos, incluida la erradicación forzosa de cultivos de coca y ataques a grupos armados involucrados en el narcotráfico13. Para la oposi-ción y gran parte de la sociedad civil, sin embargo, los asesinatos son fruto del fracaso del gobierno en el cumplimiento del acuerdo de paz, debido tanto a su resistencia inicial al acuerdo (que no ha sido superada), y a la persistencia de organizaciones de línea paramilitar con presuntos nexos con las fuerzas de seguridad14. Desde este punto de vista, la estrategia oficial va en contravía: el gobierno debe mejorar las condiciones socioeconómicas subyacentes en las zonas rurales que conducen a la población a de-dicarse a actividades ilícitas para sobrevivir, y apoyar los mecanismos de autoprotec-ción existentes, tales como la guardia indígena, un cuerpo de vigilancia desarmado y administrado localmente que protege territorios indígenas.

Este informe se basa en más de 90 entrevistas con líderes sociales, altos funciona-rios gubernamentales y militares, autoridades y pobladores locales, y personal de gru-pos de la sociedad civil y organizaciones internacionales de monitoreo. Crisis Group hizo trabajo de campo en Bogotá, Cauca, Córdoba y Soacha antes y durante marzo de 2020, así como de forma remota en el Amazonas, Antioquia y Guaviare luego de la cuarentena nacional por el COVID-19.

12 Informe de Crisis Group sobre América Latina N°63, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, 19 de octubre de 2017; comentario de Crisis Group Reformas crucia-les languidecen mientras Colombia busca consolidar la paz, 19 de julio de 2019; y, “Reformas cru-ciales languidecen mientras Colombia busca consolidar la paz”, Crisis Group EU Watch List 2019 – Segunda actualización, 17 de julio de 2019. 13 Entrevistas y correspondencia de Crisis Group, oficial militar colombiano, marzo, abril y mayo de 2020. Colombia ha aumentado el número de equipos de erradicación manual forzada de 32 a casi 100, con el objetivo de llegar a 150. Declaraciones de la viceministra de Defensa Diana Abaunza en una conferencia, Instituto de Ciencia Política, Bogotá, 2 de diciembre de 2019. 14 Entrevista de Crisis Group, asesor de senador de la oposición, Bogotá, enero de 2020.


II. La vulnerabilidad de los líderes sociales

A. Definiciones contrapuestas

No existe una definición plenamente consensuada sobre quien es un líder social, y la controversia gira en torno a qué tan amplia debería ser esta categoría. Los debates políticos sobre los ataques contra líderes a menudo replican la disputa sobre el al-cance de la categoría. El gobierno de Duque estableció 23 subcategorías de liderazgo social elegibles para protección15. De acuerdo con este enfoque, se podrían conside-rar como líderes sociales a miembros de los consejos comunitarios locales, así como defensores de causas como los derechos humanos, la autonomía étnica, la protección ambiental y la reforma rural, entre otros. Sin embargo, algunos representantes del gobierno argumentan que demasiados ciudadanos son considerados como líderes sociales, restándole significado a la categoría y aumentando la cantidad de personas elegibles para recibir protección16. La Fiscalía General, que es responsable de inves-tigar los delitos contra líderes sociales, prefiere una definición más limitada que incluye solo a los defensores de derechos humanos, por ejemplo, aquellos que abo-gan por lo estipulado en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 199917. Usando estos parámetros, el gobierno insiste en que los homicidios de líderes caye-ron en un 25 por ciento en 2019 en comparación con el 201818.

Otros organismos, como la Defensoría del Pueblo (responsable de supervisar los derechos civiles y humanos en Colombia) adoptan definiciones más amplias19. Los parámetros que usan las organizaciones de la sociedad civil también varían mucho, ya que tienden a considerar el reconocimiento de la comunidad para decidir quién puede ser considerado como líder. Según estas definiciones alternativas, la violencia contra líderes es mayor a la que indican las estadísticas oficiales20. Organismos gu-bernamentales y de la sociedad civil también están en desacuerdo sobre si incluir en sus cifras, y cómo, los casos de violencia que tengan móviles no relacionados con ata-ques en respuesta a la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo deudas personales o presuntas disputas locales. Este problema está lejos de ser resuelto, porque muchos líderes operan en áreas dominadas por grupos armados y/o econo-mías ilícitas. Un ejemplo en el que categorizar el móvil de la violencia resultaría com-

15 “Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos 2016-2019”, Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, noviembre de 2019. 16 “En Colombia, se podrían tener 60 000 líderes solo incluyendo a los miembros de las [Juntas de Acción Comunal]. ... Es muy difícil proteger a estas personas en áreas complejas y de difícil acceso”. Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio del Interior, Bogotá, marzo de 2020. 17 Entrevista de Crisis Group, funcionario, Fiscalía General, Bogotá, noviembre de 2019. 18 “Presidente Duque reiteró que detrás de los asesinatos de líderes sociales están el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y los grupos armados organizados”, comunicado de prensa, Presiden-cia de la República, 9 de enero de 2020. 19 Entrevistas de Crisis Group, funcionarios, Defensoría del Pueblo, Bogotá, enero de 2020. 20 En 2019, la organización de la sociedad civil Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (In-depaz) reportó 250 asesinatos de líderes sociales. El gobierno, en contraste, cita la cifra de 107 muertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, aunque la ONU reconoce que esta cifra es una subestimación. Ver “Con 250 asesinatos, termina un difícil año para los líderes sociales”, El Tiempo, 30 de diciembre de 2019; y “Al menos 555 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde 2016”, EFE, 16 de enero de 2020.


plejo sería un ataque contra un líder social que también es cocalero y defensor de los derechos de los productores.

Las diferentes definiciones generan claras variaciones en la cifra total de muertes, como se ilustra en el Gráfico 1 a continuación, aunque la tendencia de violencia es en gran medida las mismas: las tasas aumentaron entre 2016 y 2018, con una ligera caída en el 2019.

Gráfico 1: Asesinatos de líderes sociales por fuente, 2016-2019

Fuente: datos de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, Indepaz y Somos Defensores. Crisis Group / JE / CB-G

B. La geografía de la violencia contra líderes sociales

Se han registrado asesinatos de líderes sociales en 29 de los 32 departamentos de Colombia. Solo tres regiones, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, representan más de la mitad de estos asesinatos21. Los incidentes violentos se concentran en lu-gares donde opera más de un grupo armado y luchan por el control, a lo largo de co-rredores clave para el narcotráfico y en áreas ricas en recursos naturales22. En este sentido, la violencia es una continuación, más que un distanciamiento del pasado: muchos asesinatos tienen lugar en áreas que históricamente han sido escenarios de los niveles más álgidos del conflicto23. El mapa en el Gráfico 2 a continuación mues- 21 Datos de los informes anuales del Programa Somos Defensores. 22 En términos generales, la coca que se cultiva en el interior de Colombia se trafica al exterior por una de tres rutas: desde departamentos en el sur como Caquetá y Putumayo hacia la costa del Pací-fico; desde Antioquia y el sur de Córdoba hasta el Atlántico, el Pacífico o la frontera con Venezuela; y desde el Meta y Guaviare a través de la frontera hacia Venezuela. Los tres departamentos más afec-tados por la violencia contra líderes sociales se ubican en esas rutas de tráfico: Cauca sobre la costa del Pacífico, Antioquia en el centro y Norte de Santander en la frontera oriental. Los tres departa-mentos también son sitios importantes para la minería y la extracción de recursos naturales. Informe de Crisis Group, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, op. cit. 23 Este análisis es compartido por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organi-zación de los Estados Americanos: “Los escenarios de riesgo se concentran en lugares donde hay presencia de uno o varios grupos armados ilegales, sea que coexistan o que estén en medio de disputas


tra que la distribución de la violencia se alinea estrechamente con los 170 municipios designados en el acuerdo de paz para Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-rial (PDET) en el posconflicto: el 60 por ciento de los asesinatos ocurrieron solo en estas áreas24. Estos municipios fueron seleccionados por sus niveles extremos de po-breza, alto impacto histórico del conflicto, capacidad institucional débil y presencia de actividad económica ilícita.

Gráfico 2: Asesinatos de líderes sociales por departamento

Fuente: datos de Somos Defensores e Indepaz *al 16 de septiembre de 2020. Crisis Group / JE / CB-G

por el control territorial, así como en territorios donde se implementan las estrategias de reducción de cultivos de uso ilícito como la erradicación forzosa y el Programa Nacional Integral de Sustitu-ción de Cultivos Ilícitos (PNIS). Adicionalmente, el reclamo de acceso a tierras y la defensa por el territorio también se configuran como un escenario de riesgo”. “Vigésimo séptimo informe del se-cretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA)”, Organización de los Estados America-nos, 30 de octubre de 2019. 24 La correlación entre los asesinatos de líderes sociales y los municipios de los PDET, muchos de los cuales anteriormente estaban bajo el control de las FARC, concuerda con los hallazgos que muestran que la implementación del acuerdo de paz aumentó los asesinatos de líderes sociales en los antiguos bastiones de las FARC. Ver Mouno Prem, Andrés F. Rivera, Dario A. Romero y Juan F. Vargas, “Killing Social Leaders for Territorial Control: The Unintended Consequences of Peace”, documento de trabajo, Universidad del Rosario, 2018.


Gráfico 3: Municipios PDET y asesinatos de líderes sociales, 2017-2019

Fuente: datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Somos Defensores. Crisis Group / JE / CB-G

C. Ataques contra líderes sociales

Los ataques contra líderes sociales tienen un impacto más profundo que el crimen cotidiano. Resaltan una intolerancia en contra de aquellos que alzan la voz, un anta-gonismo hacia las causas o comunidades específicas que representan los líderes, una intención de aterrorizar o todas las anteriores. Los ataques contra líderes sociales representan una forma de presión sobre la comunidad, los agresores son conscientes de que un homicidio selectivo simboliza y reafirma su poder de coerción local. Una lideresa de mujeres del Chocó explicó: “Cuando un líder es amenazado, es una ame-naza para toda la comunidad. Toda la comunidad se siente desprotegida”25.

La importancia política de estos crímenes se debe, al menos en parte, a la historia de asesinatos a lo largo del conflicto colombiano, incluidos líderes sociales, pero tam-bién políticos (del gobierno y de la oposición), dirigentes sindicales, periodistas y re-presentantes de los trabajadores rurales. Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, la democracia colombiana operó bajo un sistema bipartidista que garantiza-ba la alternancia de poder entre liberales y conservadores26. El llamado Frente Nacio-nal, un acuerdo bipartidista, efectivamente puso fin a la guerra civil entre liberales y 25 Entrevista telefónica de Crisis Group, lideresa social, junio de 2020. 26 El pacto se formalizó en 1956, luego de ocho años de violencia provocada por el asesinato en 1948 del candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán.


conservadores conocida como La Violencia (1948-1958) pero dio paso a un statu quo excluyente cuya supervivencia dependía de evitar el surgimiento de una oposición fuera de estos dos partidos27. Tanto los gobiernos liberales como los conservadores apoyaron duras políticas en contra de cualquiera que pretendiera subvertir este orden. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgieron en este contexto en 1964, motivados en cierta forma por la certeza de que solo podrían acceder al poder derrocando todo el sistema político28.

Desde la década de 1970 hasta la de 1990, activistas cívicos y grupos políticos de izquierda también se convirtieron en objetivos del complejo de seguridad del Estado. Los gobiernos recurrieron a la violencia para reprimir nuevos movimientos, autori-zaron la represión militar de las protestas y estigmatizaron las expresiones de pen-samientos políticos divergentes. Las guerrillas de izquierda adoptaron como estrategia la “combinación de todas las formas de lucha”, con el objetivo de asociarse con movi-mientos sociales y la oposición política democrática29. Valiéndose de esta ambigüe-dad como pretexto, funcionarios estatales y cuasi estatales llevaron a cabo ataques deliberados contra la sociedad civil, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales entre 1985 y 1993 de al menos 3122 miembros del partido político Unión Patriótica, con-formado por simpatizantes de las FARC30. Periodistas, defensores de pequeños agri-cultores y líderes sindicales enfrentaron una avalancha de violencia similar, en gran parte proveniente de grupos paramilitares con oscuros lazos con las fuerzas militares31. El sistema político colombiano comenzó a abrirse a la oposición solo después de la adopción de una nueva constitución en 1991, y la violencia contra políticos, periodis-tas y líderes sindicales ha disminuido desde principios de la década del 2000.

Los asesinatos de líderes sociales son la excepción a esta tendencia a la baja. Ex-pertos en conflictos comenzaron a hacerle seguimiento a esta categoría de asesinatos alrededor de 2009, aunque el tema había atraído atención jurídica desde antes32.

27 Para una historia de la oposición política en Colombia, ver Juan Fernando Londoño O., Oposi-ción Política en Colombia (Bogotá, 2016), pp. 51-92. 28 Daniel Pécaut, Guerra Contra la Sociedad (Bogotá, 2001). 29 Un buen ejemplo fue el movimiento guerrillero urbano M-19 que surgió en 1974 e inspiró a otras insurgencias a emular su modus operandi. Los miembros del M-19 “buscaron que sus militantes no asumieran una visión ‘aparatista’ (es decir, centrada en el aparato, en la organización armada), sino que estuvieran vinculados con los sectores populares y estudiantiles”. Otty Patiño Hormanza, Vera Grabe Loewenherz y Mauricio García-Durán, “El camino del M-19 de la lucha armada a la democra-cia: una búsqueda de cómo hacer política en sintonía con el país”, De La Insurgencia a la Demo-cracia (Bogotá, 2009), p. 51. 30 El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia documentó 4153 víctimas de la Unión Pa-triótica, entre éstas, 3122 fueron víctimas de asesinato selectivo, 544 lo fueron de desaparición for-zada. “Todo pasó frente a nuestros ojos: El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, Centro Nacional de Memoria Histórica, agosto de 2018. 31 En confesiones luego de la desmovilización, grupos paramilitares organizados bajo las Autode-fensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron al sistema de justicia una “lista del terror”: un archivo en Excel que detallaba quién fue asesinado y cómo. "¡Basta Ya!”, Centro Nacional de Memoria His-tórica, 2013, p. 43, y “La lista del holocausto paramilitar en Norte de Santander”, Verdad Abierta, 22 de julio de 2014. 32 Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, abril de 2020. Somos Defensores fue la primera organización de la sociedad civil en rastrear sistemáticamente la violen-cia contra líderes sociales, comenzando con su informe anual de 2009. “Sistema de información


Entre 1998 y 2011, una serie de fallos de la Corte Suprema, en gran parte resultado de tutelas, establecieron la responsabilidad del Estado de proteger a los líderes de determinadas comunidades, etnias y grupos de víctimas33. La Ley de Víctimas de 2011 creó las primeras instituciones estatales encargadas de atender a poblaciones desig-nadas como en riesgo de conflicto, mientras que el acuerdo de paz de 2016 fue el pri-mero en precisar la responsabilidad del Estado de proteger a los líderes sociales. El acuerdo estipula que el Estado brindará seguridad y garantías políticas a las organi-zaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, incluyendo mecanismos para prevenir la violencia, proteger a las personas en riesgo y hacer seguimiento a los ca-sos34. Fallos judiciales posteriores relacionados con líderes sociales han confirmado la responsabilidad del Estado de cumplir con estos compromisos35.

Al reconocer formalmente su importancia para la democracia colombiana por primera vez, el acuerdo de paz también alentó a muchos líderes a trabajar de manera más abierta36. Campañas de medios de comunicación colombianos, la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría destacaron el trabajo de los defensores de las comunidades locales37. En 2016, las tasas de violencia contra líderes sociales dis-minuyeron en diversas áreas. Sin embargo, en 2017, volvieron a aumentar, especial-mente en zonas rurales38. De acuerdo con los perfiles de los líderes asesinados, la ma-yor parte de ataques registrados desde 2016 estuvieron dirigidos contra personas que apoyan abiertamente el acuerdo de paz y están involucradas en su implementación; los que rechazan la actividad de los grupos armados; aquellos que se oponen a de-terminados intereses económicos, tanto legales como ilegales; y aquellos que abogan por grupos étnicos, mujeres o la comunidad LGBT39.

sobre agresiones a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia: Informe 2009”, Programa Somos Defensores, 2010. 33 “Esta es la línea jurisprudencial que protege a líderes sociales en contextos de violencia generali-zada”, Ámbito Jurídico, 15 de enero de 2019. 34 Ver punto 2.1.2.2 del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, op. cit. 35 El 10 de diciembre de 2019, diez líderes sociales presentaron una tutela ante la Corte Constitu-cional argumentando que la violencia contra líderes sociales violaba derechos y responsabilidades establecidos en el acuerdo de paz de 2016. “El Derecho a Defender Derechos: Representantes de movimientos sociales y organizaciones de DDHH presentamos tutela para exigir protección de nuestros líderes sociales”, DeJusticia, 10 de diciembre de 2019. 36 “El acuerdo generó una mayor tolerancia a la movilización social. Antes, esto no se toleraba”. En-trevista de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, Montería, octubre de 2019. 37 La Procuraduría lidera una campaña, Lidera la Vida, con el objetivo de eliminar el estigma y crear conciencia sobre el liderazgo social. Varios medios de prensa colombianos han publicado secciones o ediciones especiales para destacar el trabajo de los líderes sociales desde 2016. 38 La Fiscalía General informa que el 66 por ciento de los homicidios se producen en zonas rurales, mientras que el 34 por ciento en zonas urbanas. “Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, op. cit. 39 “La paz ha motivado a los líderes a participar y se han movilizado. Entonces, ahora vemos líderes, víctimas, campesinos, afrocolombianos, todos. Pero esto está teniendo el efecto contrario: la falta de garantías para ellos significa que enfrentan amenazas”. Entrevista de Crisis Group, representante de la sociedad civil, Bogotá, octubre de 2019. Ver también “Personas defensoras de derechos huma-nos y líderes sociales en Colombia”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 6 de diciembre de 2019, p. 18.


Hoy en día, la violencia contra líderes sociales adopta diversas formas, algunas más visibles que otras. Los asesinatos son a menudo el último eslabón de una larga cadena de hostigamiento y presión, que un líder social describió desesperadamente como el “pan de cada día”40. Las amenazas a menudo llegan por correo electrónico o mensa-jes de texto de fuentes anónimas. Por ejemplo, un líder puede recibir un mensaje en el que le dicen que tiene cierto número de días para salir del área o se atiene a que lo maten. Cada vez más los grupos armados designan también a individuos o categorías de personas como objetivo militar en panfletos que distribuyen en papel o en línea41.

Las amenazas también difieren según quien sea el objetivo y por qué. Las mujeres son más vulnerables de recibir amenazas de violencia sexual, y de que sus hijos o fami-liares sean acosados42. Líderes de la comunidad LGBT informan que reciben mensajes que sugieren la necesidad de una “limpieza social”, una clara referencia a intensiones violentas o incluso letales en su contra43. Además de las amenazas de ataques físicos, los líderes sociales se pueden enfrentar al desplazamiento forzado, a menudo a tra-vés de una táctica conocida como “gota a gota”. Un líder del Bajo Cauca, una región que incluye el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, explicó:

Los grupos armados matan personas y el mensaje es claro: salgan de este territorio. Llegan y tal vez matan a alguien, pero todos se quedan. Entonces, regresan entre diez y quince días después, matan a otra persona y queman su casa. El mensaje es que la población debe salir del territorio44.

40 Entrevista de Crisis Group, líderes comunitarios, Soacha, febrero de 2020. 41 Por ejemplo, en Soacha, 22 personas fueron individualizadas como objetivo militar en panfletos distribuidos entre enero y principios de marzo de 2020. Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno local, Soacha, marzo de 2020. 42 Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales, Santander de Quilichao, febrero de 2020. 43 Entrevista de Crisis Group, líder social, Soacha, febrero de 2020. 44 Entrevista de Crisis Group, líder social, Montería, octubre de 2019.


III. Las fuentes de violencia contra líderes sociales

Desde el acuerdo de paz, las manifestaciones de violencia más alarmantes en Colombia han estado ligadas cada vez más a una serie de disputas locales, que incluyen enfren-tamientos por el botín de negocios ilícitos y por el control de las comunidades que representan un obstáculo para ciertos intereses políticos y económicos.

A. Un conflicto fragmentado

Los patrones de violencia contra líderes sociales revelan lo que puede ser el pecado original de la implementación del acuerdo de paz: el Estado no logró llenar el vacío de poder dejado por las FARC al deponer sus armas y abandonar sus antiguos bas-tiones territoriales, a pesar de la persistente presencia militar estatal en muchas de estas mismas áreas. En cambio, un conflicto fue reemplazado por otro cuando grupos armados nuevos o existentes empezaron a competir agresivamente por el control de las porciones más valiosas de las economías ilícitas y las comunidades cercanas45.

La incapacidad del Estado para controlar el territorio donde operaban las extintas FARC ha creado un nuevo universo de riesgos para los líderes sociales que se encuen-tran en medio del fuego cruzado entre grupos armados rivales. En 2016, el ELN tenía cada vez menos miembros, confinado a sus bastiones históricos en Arauca y Norte de Santander (a lo largo de la frontera con Venezuela), sur de Bolívar y norte de An-tioquia, sur de Cauca y partes del Chocó. Desde entonces, ha crecido significativamen-te en tamaño y capacidad, y ha ampliado su huella geográfica, garantizando su pre-sencia a lo largo de toda la costa del Pacífico y gran parte de la frontera venezolana, así como en nuevas áreas de Córdoba, Antioquia, la costa Atlántica y dentro de la propia Venezuela46. Según informes, el ELN cuenta con un mayor acceso a armamento de alta calidad y ha mejorado sus capacidades operativas: “El ELN de hoy es muy di-ferente del ELN de antes. Están fortaleciendo sus estructuras militares como una ver-dadera resistencia guerrillera”47.

Mientras tanto, al menos dos docenas de grupos disidentes de las FARC operan actualmente en 132 municipios, aunque con una coherencia ideológica limitada y conexiones volátiles entre ellos48. A pesar de su nombre, la mayoría de los miembros de las disidencias no son excombatientes de las FARC, sino nuevos reclutas que se han unido en los últimos dos años. Uno de los pocos líderes guerrilleros prominentes que se ha retirado del acuerdo, el exnegociador de paz de las FARC Iván Márquez, ha

45 Informe de Crisis Group, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, op. cit. 46 Informe de Crisis Group sobre América Latina N°68, La paz que falta: el nuevo gobierno de Co-lombia y la última de sus guerrillas, 12 de julio de 2018; y N°73, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, 28 de febrero de 2019. Ver también “¿Qué hacer con el ELN? Opciones para no cerrar la puerta a una salida negociada”, Fundación Ideas para la Paz, enero de 2020. 47 Entrevista de Crisis Group, funcionario MAPP/OEA, febrero y agosto de 2020. 48 Un documento militar filtrado sugiere que las facciones disidentes de las FARC operan en 132 de los 1103 municipios de Colombia con 2600 miembros armados. “Disidencias de las Farc duplican su número de hombres en solo 12 meses”, El Tiempo, 31 de mayo de 2020.


intentado sin mucho éxito unificar algunas facciones a través de una ideología insur-gente renovada y una mejor coordinación operativa49.

Las facciones disidentes de las FARC y el ELN compiten por control territorial y mercados con grupos narcotraficantes que surgieron de y operan con los métodos de organizaciones paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 200650. En la re-gión central de Colombia, el norte de la costa Atlántica y en el Chocó en la costa Pací-fica, el cartel Gaitanista ejerce control sobre una serie de rutas clave del narcotráfico51. Si bien, pactos de conveniencia entre estos innumerables grupos son posibles, en úl-tima instancia, cada uno busca controlar los lucrativos negocios de la coca, marihuana, minería ilegal, extorsión y trata de personas, entre otros.

Gráfico 4: Supuestos responsables en casos con avances en las investigaciones

Fuente: datos de la Fiscalía General de la Nación. Crisis Group / JE / CB-G

En consonancia con esta fragmentación de los grupos armados colombianos, los datos de investigaciones judiciales adelantadas (ver Gráfico 4) sugieren que una am-plia gama de grupos es responsable de los asesinatos de líderes sociales. La Fiscalía General informa que a junio de 2020, en los 201 casos que cree haber resuelto, apro-ximadamente el 59 por ciento de los responsables estaban vinculados a grupos arma-dos; otro 39 por ciento se trataba de personas sin afiliación o pertenecientes a grupos

49 La gran mayoría de los excombatientes de las FARC desmovilizados (todos menos 765 de 13 202) no han vuelto a las armas. Es probable que muchos de los llamados disidentes sean nuevos reclutas, ocasionalmente dirigidos por exoficiales de nivel medio de las FARC. Entrevista de Crisis Group, excombatiente de las FARC, Cali, febrero de 2020. “Tres años de la reincorporación de las FARC: desafíos y propuestas”, Fundación Ideas para la Paz, diciembre de 2019. Sobre la facción de Márquez, ver informe breve de Crisis Group N°40, Reducir las secuelas de la nueva facción guerrillera en la frontera de Colombia, 20 de septiembre de 2019. 50 Se desmovilizaron aproximadamente 38 frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que representan a más de 30 000 personas. Sin embargo, importantes redes criminales vinculadas a antiguas estructuras paramilitares continuaron operando bajo un nuevo mando o con miembros de las AUC que retomaron las armas. “Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia”, Fundación Ideas para la Paz, 2014. “ARN en cifras”, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, abril de 2019. 51 Adicionalmente, los Caparros son una facción disidente violenta de las AGC con presencia princi-palmente en el Bajo Cauca. En el noreste del país, el Ejército Popular de Liberación (EPL) lucha contra el ELN por mercados y territorios clave. Dos grupos locales, los Contadores y La Mafia, ejercen control en Nariño y Putumayo, respectivamente.


desconocidos; mientras que el 2 por ciento se trataba de personal militar52. Las fisca-lías seccionales atribuyen la mayoría de los asesinatos cometidos por grupos armados a facciones disidentes de las FARC y bandas armadas locales sin presencia nacional.

B. ¿Delincuencia común o violencia política?

Dos versiones encontradas sobre la razón por la que los líderes sociales son asesina-dos en tal cantidad han dominado la arena política en Colombia, con importantes consecuencias para las políticas públicas. Altos funcionarios de la administración Duque insisten en que los líderes sociales son asesinados en medio de sangrientas disputas criminales y el ambiente de violencia que éstas promueven53. Los ataques contra líderes sociales evidencian que a Colombia todavía le cuesta trabajo controlar las acciones criminales. En palabras de un senador del partido de gobierno, “estos no son crímenes políticos, son crímenes criminales”54. Funcionarios de seguridad de la administración Duque señalan que los homicidios son el resultado de disputas per-sonales, un señalamiento que no es nuevo55. Un ministro de defensa del gobierno del expresidente Santos afirmó que la “inmensa mayoría” de los asesinatos de líderes sociales fueron causados por una variedad de motivos, que van desde enfrentamien-tos criminales hasta peleas de vecinos o asuntos sentimentales56.*

Existe amplia evidencia que indica que la violencia se emplea extensamente con fines ilícitos en Colombia, que se ha normalizado en determinados contextos y que en general queda impune. Como explicó un líder juvenil que trabaja para prevenir el reclutamiento de grupos armados en la zona urbana de Soacha: “Vivimos en círculos de miseria donde todos estamos expuestos a la violencia. La mentalidad en Colombia es que siempre se mata a los líderes o a los que no están de acuerdo con uno”57. En áreas azotadas durante mucho tiempo por el conflicto, los políticos esperan que haya violencia y la describen como inevitable58. Para quienes recurren a ella, la violencia es barata. Pueden contratar a un asesino por unos pocos dólares, quien no necesita siquiera tener un arma, ya que puede alquilar una fácilmente por 24 horas59. Incluso si el asesino es arrestado, la impunidad prevalece: solo un puñado de autores intelec-tuales han sido juzgados desde 201660.

Sin embargo, el hecho de que la violencia y la ilegalidad permeen partes de Co-lombia no explica por sí solo por qué los líderes sociales en particular han sido ase- 52 “Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, op. cit. 53 “La mayor cantidad de amenazas y asesinatos de líderes sociales provienen de esos grupos arma-dos organizados, que se han seguido nutriendo del narcotráfico y de la extracción ilegal de minera-les”. Citado de “Presidente Duque enfatiza que crímenes contra líderes sociales se deben a ataques de grupos armados organizados”, comunicado de prensa, Presidencia de Colombia, 9 de marzo de 2020. 54 Entrevista de Crisis Group, senador, Centro Democrático, Bogotá, enero de 2020. 55 Entrevistas de Crisis Group, alto funcionario de seguridad, oficial de policía, febrero de 2020. 56 “Asesinatos de líderes son por ‘líos de faldas’: ministro de Defensa”, El Espectador, 17 de diciem-bre de 2017. 57 Entrevista de Crisis Group, líder juvenil, Soacha, enero de 2020. 58 Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno local, Soacha, marzo de 2020. 59 Entrevista de Crisis Group, observador internacional de derechos humanos, Bogotá, marzo de 2020. 60 Desde 2016, 61 personas han ido a prisión por su papel en homicidios de líderes sociales. En el momento de redactar este informe, otros 79 se enfrentan a procesos judiciales. “Informe sobre vic-timización a personas defensoras de derechos humanos”, Fiscalía General, op. cit.


sinados en cifras tan alarmantes. La respuesta, según organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición política, es que estos asesinatos tienen como objetivo enviar un mensaje político. Si bien no hay evidencia de un plan unificado para acabar con los líderes sociales, existe una lógica común a esta violencia: los líderes sociales como grupo están asociados con el cumplimiento del acuerdo de paz, los derechos étnicos e indígenas, la distribución de tierras y otros temas que resultan políticamen-te inconvenientes para grupos armados y, en ocasiones, para diversos intereses eco-nómicos o de seguridad. Incluso si los responsables varían, es difícil ignorar la relación entre los casos, dado el probable objetivo compartido al asesinar a estos líderes de base: silenciar a los defensores de causas que incomodan a los poderes locales61.

No es de extrañar que los activistas comunitarios y los miembros electos de jun-tas de acción comunal estén particularmente expuestos a la violencia62. Este tipo de líderes luchan por el bienestar de sus comunidades en maneras que pueden entrar en conflicto con los proyectos económicos o políticos de intereses poderosos: “Debido al papel que desempeñan en los vecindarios, los líderes comunitarios son las prime-ras personas a las que los grupos armados intentan silenciar, comprándolos o callán-dolos”63. Muchos de los asesinados trabajaban en temas relacionados con el legado y la persistencia del conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz en sus localidades, mientras que otros luchaban por el acceso de los residentes a servicios vitales, derechos territoriales y la protección ambiental. También han sido asesina-dos defensores de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Gráfico 5: Asesinatos de líderes sociales por tipo de liderazgo, 2017-2019

Fuente: datos de Somos Defensores. Crisis Group / JE / CB-G

Las dos explicaciones de los ataques a líderes sociales coinciden al reconocer que los asesinatos son el resultado de disputas focalizadas localmente con ciertas carac-terísticas comunes importantes. Pero en donde difieren es que el gobierno se enfoca en los móviles criminales de los asesinos, y no en el activismo político de las víctimas. Esta diferencia de enfoque genera argumentos marcadamente diferentes sobre cómo debería responder el Estado. Si bien el gobierno se ha concentrado en brindar esque-mas de protección a las personas y atacar a los grupos armados a través de operacio-

61 Gabriel Rojas Andrade, “El homicidio de líderes sociales es un fenómeno sistemático y macro-criminal”, Cero Setenta, 15 de enero de 2015. 62 Datos de los informes anuales del Programa Somos Defensores. 63 Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de una organización humanitaria, septiembre de 2020.


nes militares, los líderes sociales y muchas organizaciones de la sociedad civil exigen cambios en las políticas públicas que aborden en primer lugar las razones por las que, en su opinión, los líderes son blanco de ataques. En especial, señalan la necesi-dad de la plena implementación del acuerdo de paz y la creación de condiciones en las que los líderes puedan hablar en nombre de sus comunidades sin temor a repre-salias violentas64.

C. La economía de la coca

Existe un vínculo claro entre los esfuerzos de sustitución de cultivos de coca por otros cultivos y los ataques a líderes de la comunidad cocalera. El acuerdo de 2016 buscó desmantelar la economía de las drogas y ofrecer alternativas para las decenas de mi-les de cultivadores de coca a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Ante promesas de pagos directos y apoyo para medios de vida alternativos, 99 000 familias acordaron erradicar voluntariamente sus cultivos de coca; según el gobierno, el 95 por ciento de ellos cumplieron y no han replantado65. Como parte central del plan, acorde a lo ampliamente ideado en el acuerdo de paz, se encuentran los aliados locales que incorporan a los agricultores y difunden informa-ción sobre el programa66.

Estos activistas empezaron a ser reconocidos por sus vecinos, pero también por los grupos armados que buscaban el control de la economía de la coca67. En el Bajo Cauca, por ejemplo, el grupo disidente de las FARC Frente 18 instruyó a los residentes a no cooperar con el programa de sustitución. Los Gaitanistas le pidieron a los agri-cultores que se inscribieran, pero exigieron un porcentaje de la ayuda gubernamental recibida68. A fines de 2016, las asociaciones de productores de coca en Montelíbano y Tierralta ya denunciaban amenazas y hostigamiento. En enero de 2017 fue asesinado el primer defensor local del programa de sustitución del gobierno: José Yimer Carta-

64 “El acuerdo de paz tiene una ruta que puede ser una ruta efectiva para reducir la violencia, pero el gobierno claramente no está convencido… y están inventando todo tipo de caminos diferentes. La ruta del gobierno es solo protección. Pero es mucho más complicado. Se trata de transformar el te-rritorio, fortalecer la institucionalidad, acercar al Estado y al pueblo”. Entrevista telefónica de Crisis Group, destacado líder de la sociedad civil, abril de 2020. 65 “Informe No. 19, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS”, Conseje-ría Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 4 de febrero de 2020. 66 Entrevista de Crisis Group, funcionarios del programa de sustitución del gobierno, Bogotá y Montería, octubre de 2019. La sustitución cultivos de coca se aborda en el punto 4.1 del acuerdo de paz de 2016. “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, op. cit. 67 La regulación de la economía de la coca fue una fuente vital de financiamiento para la insurgen-cia de las FARC desde la década de 1980 en adelante y ayuda a explicar cómo el grupo pudo ejercer un control social y económico significativo en las áreas rurales. “Informe especial: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, Defensoría del Pueblo, septiem-bre de 2018; Informe de Crisis Group, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, op. cit. 68 Entrevistas de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, Montería, octubre de 2019; ob-servador de la sociedad civil, abril de 2020.


gena, director de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú 69. El Ins-tituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una organización de la socie-dad civil, registró 36 muertes de líderes que abogaban por la sustitución de cultivos entre la firma del acuerdo y fines de 201970.

Al darse cuenta de los riesgos, el programa eliminó gradualmente las reuniones públicas con los líderes comunitarios después de que Duque asumió el cargo en 2018, y buscó alternativas que evitaran llamar la atención sobre los beneficiarios71. Sin em-bargo, persisten algunos riesgos. Grupos armados en Putumayo, Bajo Cauca, Cauca y departamentos de la costa Atlántica aprovecharon el aislamiento nacional por el COVID-19 para atacar a los defensores los derechos de los cultivadores de coca y de la sustitución de cultivos72.

Los promotores del programa de sustitución se enfrentan a una segunda ola de presión dentro de sus comunidades. El costoso programa de sustitución ha tenido dificultades para cumplir sus objetivos en la distribución de subsidios y apoyo técni-co73. Aproximadamente dos tercios de las familias que erradicaron voluntariamente sus cultivos de coca no han recibido apoyo para plantar cultivos alternativos o en-contrar un medio de vida diferente, dejando a muchas devastadas económicamente. En el Cauca, donde gran parte de la economía rural depende de la coca, algunos líde-res sociales que abogan por la sustitución han tenido que abandonar el territorio o

69 Entrevista de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, Montería, octubre de 2019. “José Yimer Cartagena murió creyendo firmemente en el Acuerdo de Paz”, Verdad Abierta, 17 de diciembre de 2018. 70 “Informe especial sobre agresiones a personas defensoras de los derechos humanos y de los acuerdos de paz”, Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, 28 de febrero de 2020, p. 15. 71 Entrevistas de Crisis Group, funcionario senior del programa de sustitución del gobierno, Bogotá, octubre de 2019; asesor de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Bo-gotá, octubre de 2019. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación supervi-sa la protección de líderes comunitarios inscritos en el programa de sustitución de cultivos, así co-mo de los combatientes desmovilizados de las FARC. 72 Al menos cinco defensores fueron asesinados y varios más se han visto obligados a abandonar sus comunidades durante el aislamiento obligatorio de 2020. Marco Rivadeneira, un conocido defensor de la sustitución de cultivos y el proceso de paz en Puerto Asís, Putumayo, fue asesinado el 19 de marzo. A principios de junio fueron asesinados dos cofundadores de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba; ambos habían sido beneficiarios del programa de sustitución. El 29 de agosto, un líder de sustitución de cultivos de coca y excombatiente de las FARC, Jorge Iván Ramos, fue asesinado en Santa Rosa, Bolívar. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de derechos humanos, Pro-grama Somos Defensores, abril de 2020. Sara Lopera, “El Covid no paró la guerra en Bajo Cauca y sur de Córdoba, pero sí la sustitución”, La Silla Vacía, 8 de junio de 2020. 73 “Ha habido frustración por el incumplimiento de nuestras promesas, pero estamos cumpliendo nuestras promesas, al ritmo que nos permiten los recursos”. Entrevista de Crisis Group, funcionario del programa de sustitución de cultivos, octubre de 2019. Cumplir con estos compromisos podría costarle al gobierno de $2,5 mil a $4,7 mil millones de dólares. “En qué va la sustitución de cultivos ilícitos: Principales avances, desafíos y propuestas para hacerles frente”, Fundación Ideas para la Paz, julio de 2017. Colombia depende casi por completo de recursos internos para financiar la susti-tución de cultivos, ya que los principales donantes están cumpliendo con las sanciones estadouni-denses que impiden la cooperación con excombatientes de las FARC. “Informe No. 19, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS”, Consejería Presidencial para la Estabili-zación y la Consolidación, 4 de febrero de 2020.


detener su trabajo por temor a represalias tanto de los agricultores decepcionados como de los grupos armados74.

D. Intereses económicos

Los líderes sociales informan que reciben amenazas cuando ponen quejas relaciona-das con grandes empresas comerciales y la explotación de recursos naturales. En el centro de estas amenazas se encuentran los conflictos por la propiedad de la tierra, que se concentra notoriamente en unas pocas manos en Colombia75. La desigualdad en la tenencia de la tierra fue un reclamo central de las FARC durante su época insur-gente, y el acuerdo de paz describe un plan integral para la reforma rural76. Sin em-bargo, los esfuerzos para restituir la tierra despojada a sus legítimos propietarios y entregar títulos formales a pequeños agricultores, que empezaron desde antes de la firma del acuerdo, se han movido lentamente y rara vez han resultado en la restitu-ción de tierras en cabeza poderosos intereses comerciales a comunidades empobre-cidas77. La Defensoría del Pueblo informó en 2019 que el 85 por ciento de las muertes de líderes sociales en áreas rurales se asociaron con esfuerzos por defender los dere-chos a la tierra y a personas vulnerables, mientras que al menos dos líderes sociales que luchaban por la restitución de tierras han sido asesinados en 202078.

Múltiples conflictos de tierras giran en torno a grandes proyectos de infraestruc-tura. A finales de la década de 1990 y 2000, agresiones por parte de paramilitares des-plazaron o silenciaron a los críticos de proyectos de obras públicas e industrias extrac-tivas79. Si bien las fuerzas paramilitares se han desmovilizado desde entonces, los líderes de grupos ambientalistas informan que la intimidación y la violencia persis-ten. Un área donde la tendencia se mantiene es Hidroituango, la gran central hidro-eléctrica al norte de Antioquia. Al menos tres líderes sociales que defendieron los de- 74 Entrevista de Crisis Group, funcionarios, organización de la sociedad civil de comunidad afrodes-cendiente, Santander de Quilichao, febrero de 2020. 75 El 60 por ciento de los propietarios de fincas en Colombia tenían pequeñas parcelas en 2010, pe-ro estas tierras representaban solo el 3,7 por ciento del total de hectáreas dedicadas a la agricultura, mientras que las fincas más grandes pertenecientes a solo el 0,3 por ciento de los agricultores re-presentaban el 29 por ciento del total de hectáreas en producción. Jean-Paul Faguet, Fabio Sánchez y Marta-Juanita Villaveces, “Perversion of Land Distribution by Landed Elites: Power, Inequality and Development in Colombia”, World Development, publicación pendiente. 76 El punto 1.1 del acuerdo de paz aborda esfuerzos para democratizar el acceso a la tierra, incluso a través de un banco de tierras y la titulación de propiedades informales. “Acuerdo final para la ter-minación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, noviembre de 2016. 77 La Ley 1448 de 2011 creó un proceso de restitución de tierras que continúa al día hoy. “Estadísti-cas de Restitución”, Unidad de Restitución de Tierras, 31 de mayo de 2020. 78 “Informe de Seguimiento: Alerta Temprana 026-18”, Defensoría del Pueblo, agosto de 2019, p. 25. Las dos víctimas son Luis Darío Rodríguez Narváez, afiliado a la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta, Córdoba, el 18 de enero de 2020; y Mario Chilhueso, miembro de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios de Buenos Aires, Cauca, el 19 de abril de 2020. 79 “Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia”, Centro Na-cional de Memoria Histórica, 2015. El estudio cita evidencia de la participación de paramilitares en el desplazamiento violento vinculado a proyectos de gran escala e industrias extractivas en el Urabá, Magdalena Medio, Montes de María, Andén Pacífico Sur y Catatumbo. Ver en particular las páginas 244, 255-256 y 298.


rechos de las víctimas de masacres cometidas por paramilitares en la zona y dieron a conocer el impacto ambiental de la hidroeléctrica fueron asesinados en 201880. La Defensoría del Pueblo ha informado que al menos cuatro grupos armados operan ahora en la zona, incluidos los Gaitanistas. Representantes de la sociedad civil dicen que los culpables han cambiado pero no los delitos: “Con cualquier resistencia, siem-pre hay represión o eliminación”81.

E. Aplacar la resistencia

La violencia dirigida a los líderes sociales a menudo indica que intereses armados buscan imponer su autoridad en un lugar determinado eliminando las caras más re-conocidas de la resistencia cívica. Este intento por silenciar a los contradictores, jun-to con la naturaleza cada vez más fracturada del conflicto, ayuda a explicar por qué las amenazas se dirigen con mayor frecuencia a figuras de bajo perfil con influencia limitada, a veces confinadas a un solo barrio o manzana82. Un excombatiente de las FARC que ahora critica a las facciones disidentes explicó su lógica binaria, en la que “el 100 por ciento de la gente” debe obedecer porque “de lo contrario representan una amenaza”83.

Los activistas comunitarios se encuentran a menudo entre las pocas personas dispuestas a rechazar la presión de los grupos armados. Esto es cierto en áreas remo-tas con poca presencia estatal, así como en barrios urbanos donde actores armados se aprovechan de las personas vulnerables para extorsionar, traficar productos y re-clutar jóvenes. Soacha, al sur de Bogotá, base de asentamientos informales en expan-sión y una población significativa de desplazados internos víctimas del conflicto y migrantes, es una de esas áreas84. La mayor cantidad de amenazas a líderes sociales se han dado por denunciar el narcotráfico en las ollas (puntos de venta) de barrio que fomentan el consumo de basuco (el crack local) y marihuana, esta última usada para reclutar a jóvenes y niños85.

80 Los tres son: Ana María Cortés Mena, que trabajó con las víctimas a través de la personería mu-nicipal de Cáceres; Hugo Albeiro George, quien trabajó con la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos; y Luis Alberto Torres, de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia. “La muerte de Hugo y Luis, dos líderes que se enfrentaban a Hidroituango”, Sema-na Sostenible, 14 de mayo de 2018; “Las lideresas asesinadas tienen nombre”, Pares, 24 de julio de 2018. Astrid Torres Ramírez, “Colombia Nunca Más: Extractivismo – Graves violaciones a los dere-chos humanos. Caso Hidroituango: Una lucha por la memoria y contra la impunidad”, Corporación Jurídica Libertad, 2018, p. 36. 81 Entrevista telefónica de Crisis Group, investigador de la sociedad civil, Antioquia, junio de 2020. 82 Como subconjunto de la categoría, los líderes comunitarios locales ocupan el segundo lugar de todos los líderes sociales asesinados entre 2017 y 2019, según Somos Defensores. Consulte el Gráfi-co 5 en la p. 14 arriba. 83 Entrevista de Crisis Group, excombatiente desmovilizado de las FARC, Cali, febrero de 2020. 84 Al menos 50 000 personas del millón que se estima habitan en Soacha han sido reconocidas ofi-cialmente como víctimas del conflicto. Entrevista de Crisis Group, funcionario, alcaldía, Soacha, febrero de 2020. 85 Entrevista de Crisis Group, funcionario de la personería local, Soacha, febrero de 2020. Las ban-das armadas inicialmente ofrecen a los estudiantes de la escuela marihuana gratis, pero luego exi-gen un pago o que el estudiante se gane la droga “en especie” a través de pequeñas tareas. Un líder social narró cómo le dispararon después de pedirle a una olla cercana que operara a puerta cerrada


Los defensores que se resisten o tratan de prevenir el reclutamiento de niños tam-bién son blanco de ataques86. Grupos armados de las zonas rurales y urbanas reclu-tan niños y, a veces, usan alimentos para que acepten pequeñas tareas como mensa-jeros. Un líder comunitario de Soacha, que dirige un programa extracurricular y de alimentación, y ha recibido numerosas amenazas de muerte, explicó:

Los grupos armados están reclutando a los jóvenes y saben que aquí les estamos enseñando algo diferente. Entonces, soy una piedra en su zapato. Los que quieren asesinarme trabajan con bandas criminales, las grandes, entonces, ¿qué puedo hacer? Dicen que soy un sapo [informante]87.

Otros líderes sociales han resultado en riesgo por oponerse a las actividades econó-micas de grupos armados, por ejemplo, en comunidades ubicadas a lo largo de rutas clave para el tráfico de drogas y otros productos. Quizás el ejemplo más claro de re-sistencia local proviene de los líderes de la comunidad indígena Nasa en el norte del Cauca88. Los Nasa gozan de autonomía territorial reconocida por la Constitución de 1991 y su guardia indígena desarmada aprovechó la salida de las FARC como una oportunidad para fortalecer su propio control. Cuando las facciones disidentes de las FARC, el Ejército Popular de Liberación y otros grupos desconocidos comenzaron a aparecer a fines de 2017, la guardia instaló puestos de control para regular el movi-miento, y luego detuvo a presuntos miembros de grupos armados89.

La respuesta de los grupos armados fue rápida y violenta. En 2019, las autorida-des indígenas reportaron cinco masacres y 87 homicidios en su territorio, incluidos numerosos asesinatos de líderes sociales y el atroz asesinato de la gobernadora indí-gena Cristina Bautista90. Un miembro de la guardia afirmó que la violencia se debió a la resistencia de los grupos indígenas:

Empiezan a acosar y amenazar a la gente, y luego la gente se desplaza. Pero aquí, no nos movemos, luchamos. Después del 2017, nos convertimos en el ejército. Empezamos a capturar a uno, dos, cinco [miembros de grupos armados]. Tam-bién surgieron amenazas y panfletos. Había diecisiete panfletos solo para mí como coordinador de nuestra guardia91.

para que los niños no estuvieran expuestos. Desde entonces, este líder ha recibido numerosas ame-nazas de muerte. Entrevistas de Crisis Group, estudiantes de secundaria, líder social, Altos de Cazu-cá, enero y febrero de 2020. 86 Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio del Interior, Bogotá, marzo de 2020. 87 Entrevista de Crisis Group, líder comunitario, Altos de Cazucá, enero y febrero de 2020. 88 Las definiciones gubernamentales clasifican a la mayoría de las autoridades y guardias indígenas como líderes sociales. 89 Entrevistas de Crisis Group, líderes de comunidades indígenas y miembros de la guardia indíge-na, Caloto y Santander de Quilichao, febrero de 2020. 90 “Informe de desarmonías territoriales zona norte del departamento del Cauca Colombia 2019”, Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, 31 de diciembre de 2019. 91 Entrevista de Crisis Group, coordinador de la guardia indígena, Caloto, febrero de 2020. En 2019, la guardia indígena registró el hallazgo de 58 panfletos que amenazaban a su comunidad de seis grupos armados diferentes. La resistencia indígena del Cauca a los grupos armados es parte de


La experiencia indígena en el norte del Cauca también es un ejemplo revelador de cómo la resistencia a los grupos armados a menudo conlleva a conflictos intracomu-nitarios. Muchos de los nuevos reclutas de las disidencias de las FARC desde 2016 son Nasa; otros Nasa están dispuestos a informar sobre las actividades de sus vecinos a los grupos armados a cambio de un pago o protección92. Estas tensiones, junto con la preocupación por el alto costo de resistir a los grupos armados, llevaron a la guar-dia indígena a comenzar a limitar los enfrentamientos con estos a fines de 201993.

F. Autoridades “morales”

Los grupos armados que buscan establecerse como autoridades locales de facto han impuesto históricamente normas sociales que definen como regulaciones morales. La práctica persiste hoy, e incluso se ha intensificado, a medida que los grupos arma-dos se esfuerzan por garantizar la obediencia de sus imposiciones a nivel local94. Los grupos armados pueden acusar a sectores marginados o minoritarios de la sociedad de deslealtad o colaboración con enemigos95. Imponen represalias, a menudo de forma violenta, describiéndolas como “limpieza social”, demostrando su capacidad de cas-tigar a quienes no obedecen96. Los líderes sociales que representan a la comunidad LGBT y los derechos de las mujeres enfrentan una grave amenaza en este sentido. Como dijo un líder trans, “El trabajo que hacemos defendiendo los derechos de nues-tra comunidad nos convierte en un objetivo”97.

La intimidación de lideresas sociales, en particular de aquellas que promueven causas como los derechos de las víctimas de violencia sexual, es generalizada y a me-nudo ignorada. Las lideresas denuncian amenazas por sobresalir en sociedades don-de los hombres suelen estar en una posición dominante: “Los disidentes de las FARC apoyan la idea de una ‘buena madre’, que significa estar en casa con su hijo, sin tra-bajar”98. En lugar de amenazas de muerte, las lideresas pueden ser más propensas a

una lucha histórica por la preservación de la tierra, la autonomía política y las tradiciones culturales. “Nuestra vida ha sido nuestra lucha”, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020. 92 Entrevistas de Crisis Group, guardia indígena, Caloto, febrero de 2020; líder de la comunidad indígena de Toribio, Santander de Quilichao, febrero de 2020. 93 Entrevistas de Crisis Group, coordinadores de la guardia indígena y líderes comunitarios locales, Caloto, febrero de 2020. 94 En los primeros tres meses de 2020, la Defensoría del Pueblo reportó riesgo de “limpieza social” en al menos cuatro departamentos: Bolívar, Caquetá, Choco y Antioquia. 95 “Los grupos armados violentos buscan chivos expiatorios por el daño infligido en su contra y, de esa manera, castigan a grupos marginados, por ejemplo, por colaborar con el enemigo”. Annette Idler, Borderland Battles: Violence, Crime and Governance at the Edges of Colombia’s War (Oxford, 2019), p. 145. 96 “Grupos de personas encubiertas… asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. Les disparan sin mediar palabra alguna, donde las encuentren, presos de la determinación de ex-terminar. Es una ‘limpieza’ - dicen quienes perpetran esos crímenes -, queriendo significar que se ocupan del acto de remover la inmundicia y la suciedad. Los cuerpos que yacen portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular…”. “Limpieza So-cial: Una Violencia Mal Nombrada”, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 15. 97 Entrevista de Crisis Group, líder social de la comunidad trans, Soacha, marzo de 2020. 98 Entrevista de Crisis Group, líder de comunidad afrodescendiente, Santander de Quilichao, febre-ro de 2020.


recibir amenazas, por ejemplo contra sus hijos, destinadas a obligarlas a dejar su tra-bajo social y/o abandonar el área99. En el municipio de El Carmen de Bolívar, por ejemplo, donde los Gaitanistas y las Águilas Negras en 2019 circularon panfletos ad-virtiendo sobre una “limpieza social”, las mujeres representaron solo dos de los 22 asesinatos en esa zona en 2019, pero recibieron la mayoría de las 136 amenazas re-portadas100. Varias lideresas también informan que funcionarios estatales se negaron a procesar sus denuncias sobre amenazas en su contra, argumentando que ellas eran las culpables por involucrarse con temas delicados101.

* Esta cita fue modificada el 9 de octubre de 2020 para rectificar la versión original, la cual incorrectamente declaraba que el ministro había expresado que “la ‘inmensa mayoría’ de los asesinatos fueron por ‘líos de faldas’”.

99 Las mujeres representan el 15 por ciento de los líderes asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. “Informe especial sobre agresiones a personas defensoras de los derechos humanos y de los acuerdos de paz”, op. cit., p. 16. 100 “Alerta Temprana 006-2020: El Carmen de Bolívar”, Defensoría del Pueblo, 2020. Tanto la po-licía colombiana como numerosos analistas consideran que el grupo Águilas Negras existe solo en el papel, como fachada de múltiples bandas criminales. Si bien las autoridades rara vez han rastreado panfletos de las Águilas Negras que resulten en actos de violencia posteriores, estos mensajes gene-ran terror en las comunidades y, según informes, se han utilizado para favorecer intereses de la de-recha. “Águilas Negras: el ‘genérico’ de las amenazas en Colombia”, El Tiempo, 20 de enero de 2020. Ariel Ávila, “¿Qué son las Águilas Negras?”, Fundación Paz y Reconciliación, 29 de diciembre de 2018. 101 “Cuando denuncié las amenazas por primera vez, el [fiscal] me dijo que debía dejar de hacer el trabajo [abogar por las víctimas de violencia sexual], que adoptara un perfil bajo, y luego las ame-nazas cesarían”, entrevista de Crisis Group, lideresa que representa a víctimas de violencia sexual, Bogotá, noviembre de 2019. Otras dos mujeres relataron experiencias similares. Entrevistas de Cri-sis Group, lideresas sociales, Soacha, enero y marzo de 2020.


IV. Política de seguridad y el ejército

Las fuerzas armadas de Colombia están a cargo de la seguridad interna, como lo han estado durante casi 70 años102. A pesar de que el conflicto colombiano ha evolucio-nado, el ejército ha mantenido su enfoque en operaciones tradicionales contra los grupos armados y la protección de los intereses económicos del Estado. Estos objeti-vos tienden a desplazar otras funciones, incluidas las de consolidación de la paz y en-lace comunitario contempladas después del acuerdo de 2016103. La resistencia al cambio dentro de las filas militares y el gobierno de Duque ha asegurado que las re-laciones con las comunidades y los líderes sociales continúen siendo tensas.

A. La estrategia de “Paz con Legalidad”

El gobierno de Duque ve al narcotráfico y al crimen organizado como las causas fun-damentales de los ataques contra líderes sociales104. Este vínculo entre violencia y delincuencia es la base de la estrategia de seguridad del gobierno, conocida como “Paz con Legalidad”, que prioriza el desmantelamiento de negocios ilícitos y la lucha con-tra los grupos armados105.

El gobierno no cree que hay un conflicto armado en el que se enfrenta a grupos armados políticos106. Numerosos funcionarios se han negado a describir la situación de seguridad como un conflicto armado, lo que ha resultado en controversias107. En cambio, la administración ve a los grupos armados como actores criminales que pre-sentan una amenaza a la seguridad y, como resultado, tiende a negarse a negociar con estos108. Basado en esta concepción, después de que el ELN propusiera en julio negociar un alto al fuego humanitario bilateral, el gobierno dijo que el primer paso lo debería dar este grupo suspendiendo unilateralmente toda actividad armada y cri-

102 Desde principios de la década de 1960, y luego incrementándose con el primer gobierno del pre-sidente Álvaro Uribe en 2002, los militares han tenido la responsabilidad casi exclusiva de mantener el orden público en Colombia. Ver Francisco Leal Buitrago, “Una visión de la seguridad en Colombia,” Análisis Político, no. 73 (2011), p. 3-36. 103 Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático involucrado en la reforma militar, junio de 2020. El ejemplo más claro dirigido a las relaciones con los líderes sociales fue una iniciativa militar de 2016 llamada Fe en Colombia, destinada a expandir la presencia del Estado en las zonas rurales y mejorar la confianza de la comunidad. Rocío del Pilar Pachón Pinzón, “En el fortalecimiento de la gobernabilidad territorial”, Transformación Militar,

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