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La seleccin de los cuerpos docentes universitarios: El sistema de acreditacin1

Selection of university teaching staff: The system of accreditation

Vicen Aguado i Cudol Profesor titular de Derecho Administrativo. Acreditado a ctedra (ANECA). Facultat de Dret Universitat de Barcelona E-Mail: [email protected]

Resumen Desde 2007 la seleccin de los cuerpos docentes universitarios pivota en torno a un sistema de acreditacin que comporta, a travs de una evaluacin o juicio tcnico de mritos, el reconocimiento que el candidato cumple con los requisitos de calidad exigibles para presentarse al concurso, siendo en ste ltimo donde se determinar su idoneidad para ocupar la correspondiente plaza. En el presente artculo se analiza el marco jurdico del sistema de acreditacin, cmo es llevado a cabo su control por los tribunales de justicia y cules son las perspectivas de reforma. El examen de la conflictividad judicial pone de relieve una evolucin en la que se ha intensificado progresivamente el control judicial sobre el juicio tcnico. Este control no se aplica solamente a cuestiones consideradas como meramente formales, sino tambin a aspectos sustanciales de la valoracin.

1 Este artculo se incluye dentro del proyecto de investigacin financiado por el Ministerio de Educacin

y Ciencia Pblico y privado en la ordenacin y prestacin de actividades y servicios: intereses generales, derechos sociales y libertades econmicas (DER2012-32130).

mailto:[email protected]

AGUADO I CUDOL, V. La seleccin de los cuerpos docentes universitarios: El sistema de acreditacin

REVISTA DE EDUCACIN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW Nmero 10. Abril septiembre 2014 Fecha de entrada: 29-06-2014 F echa de aceptacin:: 21-07-2014

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El contexto de crisis econmica en que se ha aplicado el sistema de acreditacin ha afectado profundamente al acceso a los cuerpos docentes universitarios. Los lmites presupuestarios impuestos a las convocatorias de concursos ha dejado fuera a un gran nmero de acreditados. Tambin se analizan las propuestas de reforma normativa, a nivel reglamentario, que comportan algunas modificaciones del sistema, pero no resuelven la situacin de la falta de concursos para acceder a estos cuerpos docentes. Palabras Clave Empleados pblicos, personal docente universitario, discrecionalidad tcnica, procedimientos de seleccin, acreditacin, concurso

Abstract Since 2007, the selection of university teaching staff is based on a system of accreditation that leads, through an evaluation or technical estimation of merits, to the recognition that the candidate meets the quality requirements to take part in the exam, and the exam is where the candidates aptitude is determined to hold the post. In the present article we will analyze the legal framework for the accreditation system, the control of technical evaluations by courts of justice, and the prospects for reform. The case law reveals an evolution that has led to an intensification of judicial control. This control applies not only to mere formal issues but also to substantive aspects of assessment. The economic crisis context in which the accreditation system has been implemented has deeply affected university teaching staff. Budgetary limits imposed on competition calls exclude a large number of accredited staff. We will also analyze the proposals for regulatory reform that involve some modifications of the system, but that do not solve the situation of the lack of competition calls for the access to university teaching posts. Key words Public employees, university teaching staff, technical discretion, selection procedures, accreditation, competition.



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La seleccin de los cuerpos docentes universitarios: El sistema de acreditacin2

Selection of university teaching staff: The system of accreditation

Vicen Aguado i Cudol Profesor titular de Derecho Administrativo. Acreditado a ctedra (ANECA). Facultat de Dret Universitat de Barcelona E-Mail: [email protected] I.- La evolucin histrica de la seleccin de los cuerpos docentes universitarios: hacia

la reforma del sistema de acreditacin

La evolucin del normativa de seleccin del profesorado universitario ha sido calificada

como la historia de una regulacin inestable por cuanto ha sufrido numerosas y

drsticas modificaciones en los ltimos treinta aos a lo largo de los cuales ha

cambiado tres veces (L. MARTN REBOLLO, 2014). En este trabajo har una rpida

referencia a los antecedentes de este sistema, para seguidamente centrarme en el

examen del rgimen jurdico actualmente vigente y en las inminentes perspectivas de

reforma, a continuacin examinar las garantas procedimentales y cmo controlan los

tribunales las decisiones de las comisiones que evalan las solicitudes de acreditacin

2 Este artculo se incluye dentro del proyecto de investigacin financiado por el Ministerio de Educacin

y Ciencia Pblico y privado en la ordenacin y prestacin de actividades y servicios: intereses generales, derechos sociales y libertades econmicas (DER2012-32130).

mailto:[email protected]



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(con la doctrina de la denominada discrecionalidad tcnica). Como se deduce del

ttulo, me centrar en los cuerpos docentes universitarios (catedrticos de universidad

y profesores titulares de universidad), aunque pueda hacerse alguna referencia al

profesorado contratado (Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado

Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante), especialmente en relacin al rgimen

competencial y en la compatibilidad de este sistema de acreditacin con la autonoma

universitaria.

La Universidad espaola contempornea se ha basado tradicionalmente en un sistema

fuertemente centralizado en el que el Ministerio competente (que en 1900 era el

Ministerio de Instruccin Pblica) convocaba el correspondiente concurso-oposicin

para la seleccin del profesorado universitario. Este sistema era coherente con el

modelo de Estado que ha regido durante gran parte de la historia contempornea. A

mitades del siglo XIX, poca crucial en la articulacin del Estado espaol, se aprueba la

Ley de Instruccin Pblica de 9 de septiembre de 1857, (conocida popularmente como

Ley MOYANO) que estructuraba el territorio en distritos universitarios. Haba un

distrito central en Madrid cuya Universidad tena la condicin de Central y era la

nica que poda otorgar el ttulo de doctor y nueve distritos (Santiago, Oviedo,

Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla y Salamanca) donde se

encontraban las universidades de provincias. La imparticin de la enseanza giraba

en torno a los Catedrticos de Facultad, que se dividan en numerarios y

supernumerarios, que tenan como apoyo a los profesores auxiliares.

Despus de la Guerra Civil, llega a la Universidad una poca oscura que comporta un

aislamiento y un evidente retraso de la ciencia, de la docencia y de la investigacin

universitarias, cuyo marco jurdico ser la Ley de Ordenacin Universitaria de 1943. La

dictadura franquista aade a este modelo centralizado un frreo control del

profesorado a travs del Ministerio de Educacin Nacional, basado en un rgimen de

depuraciones, que no admite discrepancias ideolgicas y que llev al exilio a una parte

relevante de los mejores docentes universitarios. Con posterioridad, la influencia del

mayo francs de 1968 lleva a algunas protestas en el mbito universitario que lleva a la

expulsin de la ctedra de algunas relevantes personalidades del momento. En este

nuevo contexto, el rgido sistema de la dictadura franquista se atena con la Ley

14/1970, de 4 de agosto, General de Educacin y Financiamiento de la Reforma

Educativa (denominada Ley VILLAR PALAS) en un contexto en el que se crean ms

universidades pblicas y en el que se aborda el rgimen jurdico del profesorado no

permanente o no numerario (los denominados penenes).

A partir de 1978, la proclamacin de la libertad de ctedra y la autonoma universitaria

como derechos fundamentales (arts. 20 y 27.10 de la Constitucin), as como la

estructuracin del Estado autonmico con competencias en materia de universidades



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comporta la necesidad de revisar este sistema (L. MARTN REBOLLO, 2014). Por ello, a los

inicios de los gobiernos socialistas, con el Ministro J. M. MARAVALL HERRERO, se aprueba

la Ley Orgnica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU). En este

nuevo marco jurdico, las plazas de profesorado sern convocadas por las

universidades en ejercicio de su autonoma universitaria, si bien sometidos a los lmites

presupuestarios correspondientes. Las comisiones encargadas de evaluar las pruebas

selectivas estaban formadas por cinco miembros, dos de los cuales eran designados

por la propia universidad y los tres restantes eran escogidos por sorteo. Para poder

ganar la plaza era necesario obtener tres votos favorables, por lo que bastaba

conseguir adems de los dos de casa solamente el de un tercero, lo que se

denominaba grficamente como ligar el tro (A. NIETO GARCA, 1984). Ello llevaba a un

modelo de seleccin basado en el predominio de las escuelas (L. MARTN REBOLLO,

2014).

Durante la segunda legislatura del Gobierno del Presidente J. M. AZNAR LPEZ, la

Ministra M. P. DEL CASTILLO VERA impulsa una reforma de la legislacin universitaria.

Para justificar la reforma se utiliza, entre diversas razones, el tema recurrente o

estereotipo de la endogamia universitaria. La aprobacin de la Ley Orgnica 6/2001, de

21 de diciembre, de Universidades (LOU) introdujo un sistema de seleccin de los

cuerpos docentes universitarios basado en la denominada habilitacin nacional, que

fue desarrollado por el RD 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de

habilitacin nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios

y el rgimen de los concursos de acceso respectivos. De acuerdo con este sistema, las

Universidades comunicaban al Consejo de Coordinacin Universitarias las plazas. Este

sistema se basaba en una prueba presencial ante una Comisin integrada por siete

miembros a los que adems de pertenecer al cuerpo igual o superior de la plaza

convocada, se exiga tener reconocido uno o dos tramos de investigacin en funcin de

si la habilitacin era a Profesor Titular de Universidad o a Catedrtico de Universidad.

Las pruebas se realizaban en la universidad a la que perteneca el presidente de la

Comisin. Se habilitaban tantos candidatos como plazas estaban convocadas. La

habilitacin abra las puertas de un ulterior concurso que realizaba la propia

Universidad. El sistema de habilitacin fue objeto de severas crticas por el coste que

generaban los desplazamientos y el alojamiento de los miembros de la comisin que

poda alargarse un tiempo considerable. Durante este perodo, los miembros de las

comisiones deban hacer un parn obligado respecto a su actividad habitual docente e

investigadora. Asimismo, se cuestion que se eliminara realmente la endogamia que

pasara de ser local a por reas de conocimiento3.

3 Sobre las crticas a la habilitacin puede verse el Informe sobre las disfunciones detectadas en el

sistema de habilitacin nacional, disponible en el momento de elaboracin de este trabajo en la siguiente direccin electrnica: .



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Con el Gobierno del Presidente J. L. RODRGUEZ ZAPATERO, se impulsa una reforma de la

LOU, a travs de la Ley Orgnica 4/2007, de 12 de abril, siendo Ministra Mercedes

CABRERA CALVO-SOTELO. De acuerdo con el Prembulo de esta Ley: La seleccin del

profesorado funcionario se modifica incorporando un modelo de acreditacin que

permita que las universidades seleccionen a su profesorado entre los previamente

acreditados. Este sistema incorpora para el conjunto de la comunidad acadmica un

mayor rigor en la acreditacin y una mayor flexibilidad para las universidades en la

seleccin de su personal. Por tanto, el sistema de habilitacin nacional fue

substituido por otro de acreditacin nacional que fue regulado a nivel reglamentario

a travs del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la

acreditacin nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. La finalidad

del procedimiento de acreditacin es, como se seala en el Prembulo del RD

1312/2007, la obtencin del correspondiente certificado de acreditacin que, junto a

la posesin del ttulo de Doctor, constituye el requisito imprescindible para concurrir a

los concursos de acceso a los mencionados cuerpos de profesorado funcionario

docente convocados por las universidades. Como se ha sealado acertadamente, se

produce el entero desplazamiento del carcter competitivo del sistema de seleccin a

los concursos de accesos a las plazas (J. M. ALEGRE VILA, 2007, pp. 446-447).

La novedad principal fue que, a diferencia de la habilitacin nacional, la acreditacin se

realiza a travs de la presentacin de los mritos, mediante un modelo estndar y sin

la realizacin de pruebas, que son examinados por una Comisin a travs de una

Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad Universitaria. Debe sealarse que se ha

cuestionado que estas Comisiones tienen una composicin demasiado genrica que

posibilita que la decisin la tomen miembros que pertenecen a otras reas de

conocimiento. Sin embargo, a juicio de los tribunales, el principio de competencia

cientfica queda plenamente salvaguardado mediante la previsin de informes de

expertos. Ahora bien, la decisin correspondiente es, formal y materialmente, de la

Comisin de Acreditacin de la rama de conocimiento de la que se trate, y no de los

expertos, cuya labor es de puro asesoramiento [SAN de 11 de septiembre de 2011

(Cendoj, Roj: SAN 3675/2013)].

Otro punto a relevante a sealar, es que el nmero de acreditados no est

condicionado por una oferta previa de plazas, como suceda en el sistema de

habilitacin. Los acreditados requerirn superar el correspondiente concurso para

ingresar en el cuerpo correspondiente. Sin embargo, debe ponerse de relieve que la

crisis econmica llev a la aprobacin, mediante normativa de urgencia, de unos

severos lmites en la convocatoria de plazas. Se trata, fundamentalmente, del Real

Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia

presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico. Con esta



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normativa se introduce la denominada tasa de reposicin que ha llevado al Estado a

impugnar aquellas convocatorias de plazas que rebasaban dichos lmites. Se ha

producido, adems, la acumulacin de bolsas de acreditados, que se incluyen en

largas listas de espera y sin unas perspectivas claras.

En el momento de elaboracin de este trabajo estaba abierto el trmite de

informacin pblica el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto

1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditacin nacional para el

acceso a los cuerpos docentes universitarios4. Resulta, por tanto, necesario examinar y

realizar una breve valoracin de las principales reformas que se plantean. En cualquier

caso, se mantienen los elementos principales, entre los que destaca la entidad u

organismo evaluador, la ANECA, que es externo a la universidad que convocar

posteriormente el concurso.

El Ministerio seala que El objetivo a medio-largo plazo sera que las Universidades

dispusieran de esa libertad de contratacin plena, sin que el Estado ejerciese control

alguno mediante las acreditaciones de profesorado. Pero eso habra de estar unido

inescindiblemente a un cambio radical en la financiacin de nuestras Universidades,

que debera quedar ligada en una buena parte a resultados, no slo de investigacin

sino tambin de docencia o de transferencia de conocimiento5. Mientras ello no se

produzca se quiere realizar una reforma urgente en la que se de ms peso en la

valoracin de la evaluacin a la transferencia de conocimiento y de experiencia

profesional.

Las razones que se invocan para proceder a esta modificacin normativa son

bsicamente las siguientes: simplificacin normativa, mejora regulatoria, uso de las

tecnologas de la informacin y de la comunicacin, as como garantizar una mayor

objetividad y transparencia.

Entre las cuestiones que se abordan est la de la acreditacin universal que ha vena

permitiendo que la acreditacin permitiera que el interesado pudiera presentarse a un

concurso por cualquier rama de conocimiento. La reforma vincula la acreditacin a una

de las cinco ramas de conocimiento que se prevn (Artes y Humanidades, Ciencias,

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurdicas, e Ingeniera y Arquitectura). Si bien

tcnicamente puede considerarse una mejora, probablemente no sea tan relevante

4 El texto del anteproyecto del Real Decreto puede consultarse en el momento de elaboracin de este

Trabajo en la siguiente direccin electrnica: . 5 Vid. el Resumen de la propuesta de modificacin del sistema de acreditacin del profesorado

universitario. Disponible en el momento de elaboracin de este Trabajo en la siguiente direccin electrnica: .



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debido a que la propia dinmica de los concursos probablemente circunscriba a

supuestos muy concretos la posibilidad de trasvases de candidatos entre diversas

ramas de conocimiento.

Por lo que se refiere a las comisiones que evaluarn a los candidatos se posibilita una

mayor especializacin de las mismas. Aunque como hemos visto, la jurisprudencia ha

salvado la composicin actual para enjuiciar a los candidatos, parece deseable esta

mayor especializacin por cuanto el hecho que las comisiones se refieran a grandes

reas puede comportar una mayor dificultad para evaluar correctamente al candidato.

Las comisiones estaran formadas por nmero variable de miembros que oscilaran

entre 7 y 15, mantenindose el perfil y los requisitos que debern cumplir para formar

parte de las mismas. Los nombramientos seran por dos aos, si bien podran ser

renovados una nica vez, por igual perodo de tiempo. Por lo que se refiere al

presidente de las comisiones se prescinde del carcter automtico en funcin del

criterio de mayor rango y antigedad, dejndolo en manos del Consejo de

Universidades, a propuesta de la ANECA. Ello conllevara substituir los criterios

reglados mencionados por el establecimiento de una amplia discrecionalidad

administrativa. Tal solucin resulta discutible por cuanto, a mi juicio, parecera

preferible evitar que se produjera un eventual control de los presidentes por los

rganos designantes en base a criterios amplios.

Se introducen tambin novedades respecto a cuestiones de carcter procedimental. El

hecho de recurrir regularmente a dos informes de expertos externos a la comisin

quedar substituido por la designacin de dos ponentes de la misma. El recurso al

experto externo cobrar carcter excepcional: cuando se produzca una discrepancia

entre los dos ponentes de la comisin. Esta cuestin parece lgica si se logra

realmente una efectiva especializacin de la comisin.

Tambin se llevan a cabo medidas dirigidas a obtener una mayor simplificacin

administrativa en el procedimiento de exencin del requisito de ser profesor titular de

universidad para solicitar la acreditacin al cuerpo de catedrticos. Para ello el

candidato deber obtener una evaluacin destacada de su actividad.

Asimismo queda afectado el tema de los baremos y criterios de valoracin. Se priorizan

los mritos en investigacin y la docencia. Por lo que se refiere a la investigacin se

aportarn las cuatro contribuciones ms relevantes en la trayectoria cientfica para

evaluar la calidad y el impacto de los trabajos. Deber contarse con un nmero mnimo

de contribuciones cientficas en forma de artculos, libros o captulos de libro que sern

definidos por cada comisin. Por lo que se refiere a la docencia se requerir un

nmero mnimo de aos de experiencia que podrn suplirse excepcionalmente cuando



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se acrediten resultados de investigacin muy relevantes. Tambin se requerirn un

cierto nmero de mritos complementarios relativos a la docencia e investigacin.

Para el caso del cuerpo de catedrticos se establece especficamente la aportacin de

indicios significativos de una trayectoria de liderazgo y reconocimiento externo a la

institucin donde prestan servicios, tanto en lo relacionado con la actividad docente

como en la investigadora.

El resto de mritos un carcter secundario en cuanto sern valorados en el caso de

insuficiencias compensables respecto a la investigacin y la docencia. Estos mritos

sern relacionados con su actividad profesional y de transferencia de conocimiento, su formacin acadmica, y su experiencia en gestin y administracin educativa,

cientfica y tecnolgica que resulten susceptibles de ser tomados en consideracin.

En este aspecto una cuestin relevante es la valoracin autnoma de la transferencia

de conocimientos y la actividad profesional. Hasta ahora ha venido encuadrndose la

transferencia dentro de la investigacin y la actividad profesional dentro de la

docencia. Parece coherente con los objetivos fijados por la reforma, enfocada en la

obtencin de resultados, la valoracin autnoma de la transferencia de conocimientos

en el que puede determinarse cul ha sido la aportacin a la sociedad de la actividad

llevada a cabo. Atendiendo tambin a la posible de la transferencia de conocimientos

con posibles actividades profesionales se incluyen ambas conjuntamente en el mismo

apartado.

La evaluacin de los mritos se realizar con una calificacin alfabtica de la A a la E (A:

excepcional, B: Bueno, C: Compensable, D: Insuficiente, y E: muy bajo o inexistente),

previndose una tabla en la que se establecen las combinacin de calificaciones para

lograr una evaluacin positiva.

En definitiva, la reforma posibilita pulir algunos aspectos, especialmente relevante

resulta el avanzar hacia la especializacin de las comisiones encargadas de evaluar los

requisitos de los candidatos. Ahora bien, no resuelve el problema de fondo como es la

existencia de un numeroso grupo de acreditados que esperan las convocatorias de

plazas. Asimismo, debera tambin reflexionarse sobre la necesidad de unificar los dos

cuerpos docentes universitarios, dado que se ha diluido la distincin entre ellos por la

funcin que realizan, al tener ambos plena capacidad docente e investigadora.

II.- La atribucin a agencias del sistema de acreditacin

En su redaccin originaria la LOU previ en 2001 la constitucin de una Agencia

Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin (ANECA), con funciones de

evaluacin y las conducentes a la certificacin y acreditacin, entre otras, de las



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actividades docentes, investigadoras y de gestin del profesorado universitario. Por

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de julio de 2002, se cre la ANECA. Desde el

Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, la ANECA evala a los candidatos para

profesores contratados. Con la reforma de la LOU realizada en 2007 y el Real Decreto

1312/2007, de 5 de octubre, la ANECA asume la funcin de evaluar la acreditacin que

permite presentarse a los correspondientes concursos para los cuerpos docentes

universitarios.

Pese a la utilizacin equvoca del nombre de agencia, la ANECA es en realidad una

fundacin pblica (segn sus Estatutos: Fundacin Agencia Nacional de Evaluacin de

la Calidad y Acreditacin). Tal cuestin resulta relevante ya que las agencias se rigen

por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios

pblicos. De acuerdo con esta Ley: Las Agencias Estatales son entidades de Derecho

pblico, dotadas de personalidad jurdica pblica, patrimonio propio y autonoma en

su gestin, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el

Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las polticas

pblicas que desarrolle la Administracin General del Estado en el mbito de sus

competencias.

En cambio, las fundaciones pblicas se rigen por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre. La

legislacin establece una serie de limitaciones para las fundaciones, en concreto: a)

No podrn ejercer potestades pblicas; b) nicamente podrn realizar actividades

relacionadas con el mbito competencial de las entidades del sector pblico estatal

fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecucin de los fines de las mismas, sin que

ello suponga la asuncin de sus competencias propias, salvo previsin legal expresa.

Resulta relevante sealar que la potestad certificante en cuanto potestad

administrativa no puede ser ejercida por una fundacin pblica como la ANECA que se

limita a realizar funciones de evaluacin y las conducentes a la certificacin y

acreditacin. Por esta razn, la certificacin de la acreditacin se atribuye al Consejo

de Universidades como rgano de coordinacin acadmica, as como de

cooperacin, consulta y propuesta en materia universitaria (art. 28 de la LOU y RD

1677/2009, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de

Universidades).

La Fundacin pblica ANECA se trata de un medio propio y servicio tcnico de la

Administracin General del Estado, como tal se le podrn realizar encomiendas de

gestin para la realizacin de actividades de carcter material, tcnico o de servicios.

No participar en las licitaciones pblicas convocadas por los poderes adjudicadores de

los que sea medio propio, si bien se le puedan encargar la ejecucin de prestaciones, a

travs de la doctrina del in-house procurement.



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En relacin al profesorado contratado, se ha planteado si la atribucin a la ANECA de

estas funciones de evaluacin vulneran la autonoma universitaria que proclama el art.

27.10 de la Constitucin. Tal cuestin fue planteada en un recurso de

inconstitucionalidad promovido por sesenta y cuatro diputados contra la LOU. En las

alegaciones del recurso de inconstitucionalidad se consideraba que tal atribucin

impona a las universidades pblicas unos requisitos que desvirtan su libertad para

enjuiciar la idoneidad de los profesores que deseen contratar. La regulacin

cuestionada era considerada por los recurrentes como desproporcionada e

innecesaria para los fines relativos a asegurar la calidad del profesorado, entendiendo

que el requisito de la acreditacin para el profesorado contratado supona un veto

administrativo que implicaba un desapoderamiento de una facultad inherente a la

autonoma universitaria. Sin embargo, la STC 131/2013, de 7 de junio, que resolvi el

recurso consider constitucional tal atribucin. El Tribunal justifica esta posicin

sealando que entre los fines de la LOU se encuentra la promocin de la calidad

docente e investigadora. La evaluacin sera uno de los instrumentos para conseguir

dicho objetivo, constituyendo un criterio relevante para determinar la eficiencia en el

desarrollo de la actividad profesional. Sealando que no se ha justificado el porqu

resulta desproporcionada e innecesaria. Considera adems que una vez establecida la

idoneidad del candidato, a travs de la acreditacin, la LOU atribuye estrictamente el

proceso de contratacin del personal docente a las universidades de acuerdo con los

principios generales establecidos en la misma.

Por su parte, las Comunidades Autnomas (CCAA) han creado en el ejercicio de sus

competencias en materia de universidades han creado sus correspondientes agencias

de evaluacin6. Estas agencias realizan funciones de evaluacin respecto a la

acreditacin del profesorado universitario contratado. Ahora bien, ello no lo hace en

rgimen de exclusividad en el mbito de su territorio sino que lo realizan en rgimen

de concurrencia con la Agencia estatal. Cabe sealar, adems, que la regulacin estatal

no reconoce, adems, valor en todo el territorio espaol de las evaluaciones realizadas

por las agencias autonmicas. Tales cuestiones han suscitado dudas sobre la

compatibilidad de la regulacin estatal con el orden constitucional de competencias.

Estas dudas han sido resueltas por la STC 107/2014, de 26 de junio, que resuelve un

6 Segn la pgina web de la ANECA encontramos las siguientes agencias autonmicas: Andaluca:

Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC); Aragn: Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragn (ACPUA ); Canarias: Agencia Canaria de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin Universitaria (ACECAU); Castilla y Len: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y Len (ACSUCYL); Catalunya: Agncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU); Madrid: Agencia de Calidad, Acreditacin y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP); Comunidad Valenciana: Agncia Valenciana d'Avaluaci y Prospectiva (AVAP); Galicia: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), Illes Balears: Agncia de Qualitat Universitria de les Illes Balears (AQUIB); Euskadi: Agencia de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ). Esta informacin esta disponible en el momento de elaboracin de este trabajo en la siguiente direccin electrnica: .

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUniversitariaAragonhttp://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUniversitariaAragonhttp://www.acecau.org/http://www.acecau.org/http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/opencmshttp://www.aqu.cat/http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalACAP/Page/WCAP_homehttp://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalACAP/Page/WCAP_homehttp://www.avap.es/eshttp://www.acsug.es/http://www.acsug.es/http://www.aquib.org/cat/aquib/http://www.aquib.org/cat/aquib/http://www.unibasq.org/eshttp://www.unibasq.org/es



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conflicto de competencias promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya

en relacin con determinados preceptos del Real Decreto 1052/2002, de 11 de

octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtencin de la evaluacin de la

Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin, y de su certificacin, a los

efectos de contratacin de personal docente e investigador universitario.

Respecto al no reconocimiento explcito del valor de las evaluaciones de las agencias

autonmicas en todo el territorio espaol, el Tribunal Constitucional considera que la

coordinacin y el reconocimiento mutuo de la evaluacin realizada por las Agencias

autonmicas no corresponde en exclusiva al Gobierno sino que existe una labor

conjunta de la ANECA con tales agencias, adems del informe y propuesta de la

Conferencia General de Poltica Universitaria. Seala, adems, que no le corresponde

al resolver este tipo de conflictos fijar la opcin ms adecuada para garantizar la

calidad del sistema educativo.

Por lo que hace referencia a si la ANECA puede realizar evaluaciones del profesorado

contratado conjuntamente con la agencia autonmica en el mbito de su territorio, el

Tribunal Constitucional considera que en Catalunya la evaluacin y garanta de la

calidad del personal docente e investigador constituye una competencia compartida

entre Estado y la Comunidad Autnoma. Para el Tribunal Constitucional esta

competencia comporta la coexistencia, entre el Estado y la Comunidad Autnoma, en

el ejercicio de las funciones de evaluacin y acreditacin del profesorado contratado.

Se invoca, para avalar dicha decisin, la unidad del sistema universitario nacional y el

reconocimiento del derecho a la movilidad del profesorado contratado y la necesidad

que la evaluacin se produzca de forma homognea en todo el territorio espaol. Ello

se completa con el ttulo competencial de la regulacin de las condiciones bsicas que

garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el

cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1 de la Constitucin).

Considerando que ello no supone, en definitiva, un vaciamiento de la competencia

autonmica sino la coexistencia de un modelo comn y de un modelo propio

autonmico.

Debe sealarse, la existencia de un voto particular (Magistrada A. ASUA BATARRITA, al

que se adhiere el Magistrado F. VALDS DAL-R) en el que se considera que el TC debi

entender que esta regulacin no era de aplicacin directa en el mbito territorial de

Catalunya y entiende que no se ha justificado suficientemente la posible asuncin de

competencias ejecutivas que lnea de principio habran de corresponder a las

Comunidades Autnomas. Tambin se considera que se ha alterado la concepcin

tradicional que exista en la jurisprudencia constitucional respecto a las competencias

compartidas en base a la cual corresponda al Estado la legislacin bsica y a las

Comunidades Autnomas el desarrollo legislativo y la ejecucin. Se seala adems la



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inadecuacin del ttulo del art. 149.1.1 de la Constitucin para justificar competencias

autonmicas en este mbito.

Considero, en mi opinin, que la coexistencia de ambas evaluaciones para el

profesorado contratado y la falta de previsin explcita del reconocimiento de las

evaluaciones autonmicas en otras partes del territorio puede comportar a la prctica

una preferencia por la evaluacin de la ANECA frente a las realizadas por las agencias

autonmicas, con las distorsiones que ello puede provocar. Tal situacin agudizar una

recentralizacin de las competencias en este mbito. Curiosamente, no se utilizan los

argumentos de la unidad del sistema universitario y del derecho a la movilidad para los

efectos de la evaluacin autonmica del profesorado contratado en todo el territorio

espaol.

III.- Discrecionalidad tcnica y control de los tribunales de las decisiones de

acreditacin

Las denegaciones de acreditaciones han dado lugar a una conflictividad ante la Sala de

lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuyas decisiones han

encuadrado el control judicial en el mbito de la denominada discrecionalidad

tcnica. La utilizacin de la expresin discrecionalidad ha sido considerada

inadecuada para referirse a los juicios de carcter tcnico emitidas por comisiones u

rganos especializados, ya que no se trata de una ponderacin de intereses que es

propia de la discrecionalidad, sino de una cuestin tcnica que no implica valoracin

de los hechos (M. J. ALONSO MAS, 1998, p. 339). Se trata, como se ha sealado, de una

autorrestriccin en el control judicial de los tribunales de concursos y oposiciones

establecida por una jurisprudencia tradicional (G. GARCA-LVAREZ GARCA, 2012, p.

1.193).

La evolucin de la jurisprudencia en torno a la discrecionalidad tcnica ha pasado por

cinco fases diferenciadas en las tres ltimas dcadas, segn se ha puesto de relieve por

ejemplo la SAN de 3 de junio de 2014 (Cendoj, Rof: SAN 2935/2014). En la primera fase

se reconoca la legitimidad de los juicios tcnicos en base a que eran formulados por

un rgano especializado de la Administracin que por su propia naturaleza escapaban

de los controles jurdicos que nicamente cabran cuando el juicio afecte al marco legal

en el que se encuadra, es decir en cuestiones de legalidad. En la segunda fase, se

reconoci la aplicacin de las tcnicas de control basadas en los elementos reglados,

los hechos determinantes y en los principios generales del derecho. En la tercera fase,

se distingui entre el juicio tcnico propiamente dicho y las actividades preparatorias o

instrumentales que rodean al juicio tcnico. Tales actividades seran

fundamentalmente el fijar los criterios de calificacin y su aplicacin individualizada. Es

decir, los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimacin cualitativa



14

finalmente contenida en el estricto juicio tcnico. En la cuarta fase se pone de relieve

la necesidad de motivar el juicio cuando as sea solicitado por algn aspirante o

cuando sea objeto de impugnacin. En la quinta y ltima fase, se detalla cual debe ser

el contenido de la motivacin que, como mnimo, debe cumplir las siguientes

exigencias: a) expresar el material o las fuentes de informacin sobre las que va a

operar el juicio tcnico; b) consignar los criterios de valoracin cualitativa que se

utilizarn para emitir el juicio tcnico; y c) expresar por qu la aplicacin de esos

criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia de un

candidato frente a los dems.

Debe advertirse que pese a que en ocasiones las sentencias repiten constantemente

que no pueden enjuiciar el juicio tcnico en s mismo, en la prctica llevan a cabo un

control respecto a elementos substantivos de la valoracin. Ello comporta, una

intensificacin de este control y una claro avance hacia la superacin de la

autorrestriccin que los tribunales se haban impuesto. El Tribunal en base a las

reglas de la sana crtica, de acuerdo con las pruebas aportadas por los interesados

puede llegar a considerar que no es correcta la decisin e incluso se plantea llegar a

substituirla en determinados casos (G. GARCA-LVAREZ GARCA, 2012, p. 1.195 y 1.221).

Como hemos visto, la jurisprudencia ha puesto de relieve la importancia de la

motivacin como elemento de control de la discrecionalidad tcnica. Como se ha

afirmado no estamos ante un mero elemento formal del acto administrativo sino que

estamos ante una cuestin de carcter substantivo, que afecta a la propio elemento

causal. Debe notarse tambin la dificultad de escindir claramente entre elementos

formales y substantivos (G. Garca-lvarez Garca, 2012, p. 1.193).

La importancia de esta doctrina es que una motivacin lacnica y escueta no ha podido

tener en cuanta la totalidad de los mritos alegados. Ello no quiere decir que hace falta

un juicio exhaustivo, sino que basta con una valoracin suficiente, tal y como pone de

relieve la SAN de 19 de diciembre de 2013 (Cendoj, Rof: SAN 5675/2013):

Lo cierto es que, con pleno respeto a la discrecionalidad tcnica del rgano

calificador, las resoluciones impugnadas se han basado en los informes de los

expertos, pero los mismos, en unas escuetas lneas por cada apartado, en los

folios 223 y 224, han pretendido valorar los 219 folios que justifica la solicitud

presentada. A este respecto, ha de decirse que se ignoran las razones por las

cuales en el informe de dichos expertos slo parecen valorarse las publicaciones

en revistas JCR, por mucho que se basen en la relacin de mritos publicados en

la resolucin de 23 de noviembre de 2011. Igualmente, indica la actora, que no

parece haberse valorado la totalidad de los libros y captulos de libros invocados,

hasta un total de 47, as como las publicaciones en congresos, conferencias,



15

seminarios, y otros proyectos de investigacin muchos de ellos de mbitos

europeo, no limitndose a la publicacin de meros informes de la Comisin

Europea. Una motivacin tan lacnica y escueta no ha podido tener en cuenta la

totalidad de los mritos invocados por la recurrente, siendo doctrina de esta Sala

la de que es necesario razonar individualizadamente los mritos presentados(

SAN de 22.11.2012, recurso 573/2011 ), lo cual tampoco requiere un juicio

exhaustivo de los mismos, pero s un examen suficiente, o al menos, en su

esencia.

El tema del error es una cuestin destacada para poder controlar la discrecionalidad

tcnica de este tipo de comisiones. Es el supuesto de la SAN de 15 de octubre de 2013

(Cendoj, Roj: SAN 4228/2013):

[] un detallado anlisis del expediente pone de manifiesto que la decisin

impugnada est errneamente motivada y que no ha respetado plenamente los

criterios de evaluacin previamente fijados por la ANECA, por lo que debe ser

anulada a fin de que se proceda a valora nuevamente a la actora y en la que se

tengan en cuenta los siguientes parmetros: a) Labor investigadora desarrollada

con posterioridad a 2004, prcticamente coincidente con la que corresponde a

un nuevo sexenio y en la misma proporcin fijada en el Anexo y Criterios e

informada especficamente por dos expertos. b) Consideracin del Anuario de

Derecho Civil como revista indexada. c) Valoracin por las ocho tesinas que la

actora dirigi y d) Valoracin como actividad profesional de la labor desarrollada

como Magistrada suplente durante seis aos y si como consecuencia de la nueva

valoracin realizada obtuviese la puntuacin de 80 se le otorgue la acreditacin

para el acceso al Cuerpo de Catedrticos de Universidad con efectos desde el da

de la solicitud de 16 de diciembre de 2009.

Debe advertirse que la motivacin cumple diversas funciones, entre las que debe

destacarse la de posibilitar un control efectivo de la decisin administrativa. De esta

forma posibilita controlar el material o las fuentes de informacin, los criterios de

valoracin cualitativa, y si se ha aplicado correctamente el baremo establecido para

valorar los mritos del candidato que ha solicitado la acreditacin. Ntese que en este

supuesto no se trata de una mera cuestin de falta o no motivacin, sino que a travs

de la misma puede entrarse a verificar aspectos sustanciales en la aplicacin del

baremo por parte de la Administracin pblica, que el tribunal debera valorar las

pruebas aportadas de acuerdo con las reglas de la sana crtica.

IV.- El procedimiento de acreditacin y el rgimen de impugnacin a travs de las

comisiones de reclamacin



16

La LOU remite la regulacin concreta del procedimiento de acreditacin a la normativa

reglamentaria que apruebe el Gobierno, si bien establece algunos criterios generales.

As, seala que este procedimiento estar regido por los principios de publicidad,

mrito y capacidad, en orden a garantizar una seleccin eficaz, eficiente, transparente

y objetiva del profesorado funcionario, de acuerdo con los estndares internacionales

evaluadores de la calidad docente e investigadora.

El procedimiento de acreditacin se inicia a instancia del interesado que presenta su

solicitud en la que se harn constar el cuerpo docente en el que pretenden

acreditarse y la rama de conocimiento por la que quiere ser evaluado, de acuerdo con

el modelo que la Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin

establezca.

Una vez recibidas las solicitudes la Agencia comprobar el cumplimiento de los

requisitos relativos a la documentacin preceptiva establecida para la acreditacin a

cada uno de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Si faltar algn

documento esencial se dar un plazo de subsanacin de diez das. A partir de aqu, las

comisiones remitirn la documentacin aportada por los solicitantes al menos a dos

expertos del mbito cientfico y acadmico correspondiente para la elaboracin de

sendos informes individuales. Si se estima necesario, la Comisin puede solicitar

informes adicionales, como tambin solicitar a los interesados aclaraciones o

justificaciones en el plazo de diez das. Ya hemos visto, como en el proyecto de

reforma la mayor especializacin de las comisiones convertir estos informes de

expertos en excepcionales que sern substituidos por las ponencias de dos miembros

de dichas comisiones. Como hemos visto estos informes externos a la Comisin sern

substituidos por dos ponentes en la reforma que est en curso, utilizndose solamente

aquellos en caso de discrepancia.

En el caso que la evaluacin sea negativa se traslada la propuesta de resolucin

debidamente motivada al interesado para que haga alegaciones con un plazo tambin

de diez das. La Comisin resolver motivadamente en el plazo mximo de seis meses

desde la presentacin de la solicitud y la Agencia comunicar al Consejo de

Universidades para que, cuando proceda, extienda el correspondiente certificado de

acreditacin.

Debe advertirse que la resolucin denegatoria abre la posibilidad de presentar una

reclamacin ante el Consejo de Universidades que tendr un plazo mximo de tres

meses para resolver, en base a la solicitud de evaluacin y toda la documentacin que

obre en el expediente administrativo. La resolucin de la Comisin de Reclamaciones

ser a su vez recurrible en alzada ante la presidencia del Consejo de Universidades.



17

Se plantea cual es la naturaleza de esta reclamacin si estamos ante un procedimiento

impugnatorio o bien ante la resolucin final del procedimiento de acreditacin. Debe

sealarse que el art. 107.2 de la LRJPAC prev la posibilidad que Las leyes podrn

substituir el recurso de alzada, en supuestos o mbitos sectoriales determinados, y

cuando la especificidad de la materia as lo justifique, por otros procedimientos de

impugnacin, reclamacin, conciliacin, mediacin y arbitraje, ante rganos colegiados

o Comisiones especficas no sometidas a instrucciones jerrquicas, con respeto a los

principios, garantas y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los

interesados en todo procedimiento administrativo. El hecho que se prevean estos

procedimientos de impugnacin como substitutivos del recurso de alzada parece que

obedece al principio histrico de evitar una doble alzada para acudir a la va judicial.

El art. 66.1 de la LOU prev que Contra las propuestas de las comisiones de

acreditacin, los solicitantes podrn presentar una reclamacin ante el Consejo de

Universidades. Admitida la reclamacin, ser valorada por una comisin, cuya

composicin se determinar reglamentariamente. Esta comisin examinar el

expediente relativo a la acreditacin para velar por las garantas establecidas y podr

ratificar la propuesta o, en su caso, admitir la reclamacin, todo ello en un plazo

mximo de tres meses. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entender

como rechazo de la reclamacin presentada. Las resoluciones del Consejo de

Universidades respecto a la reclamacin agotan la va administrativa y sern

impugnables directamente ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, de acuerdo

con lo establecido en la LJCA.

Cabe sealar que la reclamacin ante el Consejo de Universidades del art. 66.1 de la

LOU no substituye el recurso de alzada como prev el art. 107.2 de la LRJPAC sino que

se aade al mismo. El hecho que la reclamacin se presente frente a las propuestas

de las comisiones de acreditacin cuestionara que se tratara realmente de un

procedimiento impugnatorio sino ms bien ante una decisin provisional denegatoria

que se convertir en definitiva a travs de la reclamacin. Sin embargo, como veremos

seguidamente, los tribunales entienden que estamos ante un procedimiento

impugnatorio a efectos de excluir en determinados casos la aplicacin del rgimen del

silencio positivo.

Por lo que se refiere a los efectos del incumplimiento del plazo mximo de resolver y

notificar se ha planteado dos cuestiones diferenciadas en torno al rgimen del silencio

administrativo. La primera hace referencia a los efectos estimatorios o desestimatorios

del silencio. Es decir, si se puede obtener una acreditacin por silencio positivo. El

rgimen general del silencio positivo previsto en el art. 43 de la LRJPAC prev como

excepcin, entre otros supuestos, que una norma con rango de ley por razones

imperiosas de inters general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo



18

contrario. Debe tenerse en cuenta que la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de

medidas fiscales, administrativas y de orden social (disposicin adicional 29, apartado

2, anexo 2) estableci el silencio negativo para, entre otros casos, los procedimientos

de expedicin, renovacin, revalidacin, homologacin, convalidacin y

reconocimiento de ttulos, diplomas, asignaturas, licencias y certificados acadmicos o

profesionales. Se plante, por tanto, si la acreditacin poda o no incluirse en este

supuesto legal. A ello han dado respuesta las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 de diciembre de 2011 (Cendoj Roj: SAN

5827/2011) y de 23 de febrero de 2012 (Cendoj Roj: SAN 809/2012):

A tenor de lo expuesto, despus del procedimiento de acreditacin nacional, lo

que se obtiene es un certificado de acreditacin, siendo la definicin de

certificado, segn el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola,

"documento en que se certifica", mientras que una de las acepciones de

acadmico es "dcese de algunas cosas relativas a centros oficiales de

enseanza". Por tanto, en contra de lo afirmado por el actor, en el

procedimiento de acreditacin nacional no rige el silencio positivo siendo una de

las excepciones previstas en el art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ,

al estar encuadrado en la Disposicin Adicional 29.2 Anexo 2 de la Ley 14/2000,

de 29 de diciembre.

A mi juicio, como he puesto de manifiesto en otro lugar (V. AGUADO 2001), debe

subrayarse la inadecuacin de la tcnica del silencio positivo para instrumentos como

la acreditacin. En este caso, se trata de substituir la constancia a travs de una

certificacin sobre un juicio o valoracin tcnica a travs de la resolucin de la

acreditacin. Suplir la acreditacin por los efectos del tiempo previstos en la ley

supone desvirtuar plenamente este tipo de evaluaciones tcnicas. Por esta razn,

resulta ms que razonable la previsin del silencio negativo de la Ley 14/2000.

Otra cuestin relacionada con el silencio administrativo es si puede producirse el

supuesto de silencio positivo previsto en el art. 43.1 segundo prrafo de la LRJPAC,

cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimacin por silencio

administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. Debe advertirse que en el

procedimiento de acreditacin y en la ulterior impugnacin se producen diversos

momentos: la resolucin de la Comisin de Acreditacin, la resolucin de la Comisin

de Reclamacin y la resolucin del recurso de alzada. Se ha planteado en va judicial si

se produce el silencio positivo por el hecho de que la Comisin de Reclamacin no

resuelva en plazo y tampoco se realice posteriormente en va del recurso de alzada. A

ello ha dado respuesta la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la

Audiencia Nacional de 23 de diciembre de 2011 (Cendoj Roj: SAN 5827/2011) 8 de

mayo de 2012 (Cendoj Roj: SAN 978/2012):



19

[...] no puede jugar en el caso la figura del doble silencio ex artculo 43.1,

prrafo segundo de la Ley 30/1992 por dos razones: en primer lugar, porque ya

exista una resolucin expresa, datada el 27-5- 2009, en las fechas en que se

producen los silencios ante la comisin de reclamaciones y el Presidente del

Consejo de Universidades en las respectivas vas de reclamacin y de alzada; y,

en segundo lugar, porque estas ltimas vas de reclamacin y de alzada tienen

carcter impugnatorio frente a aquella primitiva resolucin de 27-5-2009, siendo

as que en los procedimientos de impugnacin de actos y disposiciones rige el

silencio negativo por mor de la propia norma establecida en el artculo 43.1,

prrafo segundo de la Ley 30/1992, que solo contempla el carcter positivo del

doble silencio para la desestimacin de la alzada contra la presunta

desestimacin de una anterior solicitud, cuya situacin no se produce en el

supuesto que estamos enjuiciando".

En definitiva, la Audiencia Nacional interpreta que en este caso ambos silencios se

producen en sendos procedimientos impugnatorios, mientras que la norma exige que

se ocasione respecto a la solicitud y posteriormente respecto a la alzada, por lo que

acaba concluyendo que se produce tambin el silencio negativo.

V.- Conclusiones

En este trabajo se ha querido aportar unas reflexiones en torno al sistema de

acreditacin en el proceso de seleccin de candidatos a los cuerpos docentes

universitarios. La reforma que est en curso no supone un cambio radical del sistema

sino la introduccin de determinadas modificaciones que pueden mejorar la

evaluacin como es la de una mayor especializacin de las comisiones.

La acreditacin supone un juicio tcnico en el que la motivacin adquiere un papel

relevante no como una mera exigencia formal sino como un instrumento esencial para

controlar judicialmente la aplicacin del baremo. La evolucin jurisprudencial ha

llevado a una intensificacin del control judicial de la denominada discrecionalidad

tcnica. Entre las funciones que cumple la motivacin debe destacarse la de posibilitar

un control efectivo de la decisin administrativa. Ello resulta particularmente relevante

para verificar el material o las fuentes de informacin sobre las que va a operar el

juicio tcnico, los criterios de valoracin cualitativa que se utilizarn para emitir el

juicio tcnico, y si se ha aplicado correctamente el baremo establecido para valorar los

mritos del candidato que ha solicitado la acreditacin.

Las garantas procedimentales resultan particularmente relevantes en el

procedimiento de acreditacin. La reforma que se tramita, en coherencia con la mayor



20

especializacin de las comisiones, toma las decisiones en base a la ponencia de dos

miembros, configurndose el informe de un experto ajeno en caso de discrepancia en

la valoracin. Tambin resulta relevante la posibilidad de acudir a la reclamacin ante

el Consejo de Universidades como mecanismo que puede, en su caso, servir para evitar

la judicializacin de determinados casos.

En cuanto al incumplimiento de la obligacin de resolver y notificar la jurisprudencia

ha entendido la inaplicacin del silencio positivo, aplicando un supuesto que excluye a

los certificados acadmicos o profesionales. Tal inaplicacin parece adecuada dada la

propia naturaleza de las valoraciones tcnicas que difcilmente casan con los efectos

automticos del silencio positivo.

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