I. FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS BÁSICOS DEL...

I. FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS BÁSICOS DEL PACTO FISCAL

Guatemala ha iniciado un período distinto de su historia. La firma de los Acuerdos de Paz abrió un nuevo capítulo en la vida de nuestro país. Fueron éstos los que abrieron la puerta al proceso de reforma del Estado; los que nos encaminan hacia la preeminencia del poder civil; los que crean condiciones para una mayor participación de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones nacionales; lo que plantean y promueven el efectivo goce y ejercicio de los derechos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, incluidos los derechos de los pueblos indígenas; los que promueven las bases de la reconciliación; los que señalan que la superación de la secular situación de atraso y subdesarrollo económico y social es fundamental para una paz firme y duradera; lo que establecen las bases para enfrentar, por cauces constructivos, los factores generadores de pobreza. En suma, los Acuerdos de Paz sientan las bases para que construyamos nuestro país con un sentido de nación.

El Pacto Fiscal constituye un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz. Implica acuerdos nacionales sobre el estilo de sociedad que se desea construir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas acerca de los temas de política fiscal. Dadas las grandes brechas sociales que existen en el país, el Pacto Fiscal implica asegurar suficientes recursos para el Estado, de manera que pueda contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los guatemaltecos y guatemaltecas puedan dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo. El Pacto Fiscal también implica contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante un equilibrio de los ingresos y gastos del Estado y permite definir una política fiscal de largo plazo con visión de país, que reducirá la incertidumbre mediante la definición de reglas claras y estables.

Dentro del marco general establecido en la Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal se sustenta en los siguientes fundamentos económicos y políticos:

VISIÓN DE NACIÓN

Como establecen los Acuerdos de Paz, la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. La construcción de la unidad nacional demanda el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas que la componen y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco.

VISIÓN DEL ESTADO

El Estado velará porque se consolide en el país un régimen económico y social que se funde en principios de justicia social. Creará las condiciones para que la economía nacional logre el desarrollo económico y social así como la adecuada utilización de los recursos naturales y el potencial humano. Asimismo, fomentará el pleno empleo en forma integrada, de tal manera que promueva la eficiencia económica y una mejora sustancial de los satisfactores básicos y de las condiciones de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.

El Estado deberá mejorar la calidad de las instituciones estatales, acercándolas más al servicio de la población, permitiendo de esta manera la concertación social a los niveles nacional, departamental, municipal y comunal. Esto coadyuvará a mejorar la eficiencia y eficacia de la unidades productivas, asegurando condiciones adecuadas para la modernización y el aumento de

la competitividad de la economía nacional, la promoción del crecimiento económico, y la eficiente prestación universal de servicios sociales básicos.

La política económica, y en particular la fiscal, promoverá procesos de inclusión socio económica.

NATURALEZA DE LA POLÍTICA FISCAL

La política fiscal se enmarca en los preceptos constitucionales relacionados con el régimen económico y social. Permite al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir, por medio del gasto social, a aliviar la situación de los sectores más empobrecidos.

Es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo sostenible, y la justicia social en la búsqueda del bien común. Asimismo, la política fiscal es uno de los mecanismos redistributivos del ingreso a través del Presupuesto Nacional, y por medio de un saneamiento sostenible de las finanzas públicas permite un escenario macroeconómico estable, promotor del empleo y activador de la inversión; a la vez que se constituye en satisfactora de las necesidades básicas, instrumento financiero de la descentralización administrativa y del fortalecimiento de la participación civil en la toma de decisiones respecto a las obras y proyectos en el ámbito local. El Pacto Fiscal debe ser visto como un proceso de largo plazo, el cual define las grandes lineas de acción, los principios rectores y los mecanismos de participación social, es decir, marca la direccionalidad a seguir, en la cuál se debe regir la política fiscal de largo plazo y con visión de nación. DESARROLLO Y CRECIMIENTO El objetivo fundamental del Estado es procurar el bienestar del ser humano y para lograrlo es importante asegurar el crecimiento económico y el desarrollo social. El ser humano, en su integridad material y espiritual, debe constituir el centro de la política económica, y en particular de la política fiscal, de tal manera que se pueda tener una vida larga, saludable, adquirir los conocimientos necesarios, tener acceso a los recursos y la tecnología y disfrutar de una vida decorosa. Para que sea sostenible, dicho bienestar debe sustentarse en la distribución equitativa del ingreso, el desarrollo económico social y político, el pleno respeto a los derechos humanos, a la identidad y derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Se considera que la captación de recursos económicos es de vital importancia para darle estabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas sin desestimular la inversión. Para ello es necesario un crecimiento económico sostenido en el mediano y largo plazo, capaz de generar empleo productivo que le permita a los guatemaltecos y guatemaltecas cubrir sus necesidades básicas, y a su vez obtener el incremento de la competitividad y el estímulo y protección del ahorro y la inversión tanto nacional como extranjera. En ese sentido, es básico y fundamental hacer realidad el compromiso del gobierno enunciado en los Acuerdos de Paz, de adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento no menor del 6% anual que permita una política social avanzada. INTEGRALIDAD DE LA POLÍTICA ECONÓMICA La política económica debe ser integral, coherente y coordinada con el resto de áreas de política pública, diseñada y administrada de forma global y con visión de largo plazo, dirigida al desarrollo económico y social.

Por otra parte, para que los esfuerzos nacionales se encaminen al desarrollo económico y humano, es fundamental que la comunidad internacional apoye el proceso de desarrollo del país, principalmente con una mayor apertura de sus mercados, a efecto de que puedan generarse fuentes de empleo estables, productivas y adecuadamente remuneradas.

II. PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DEL PACTO FISCAL

PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DEL PACTO FISCAL EN GUATEMALA

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I. BALANCE FISCAL PRINCIPIOS COMPROMISOS

1. Equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado

El equilibrio entre los ingresos y gastos es uno de los factores fundamentales para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico. El balance fiscal debe ser el resultado de un adecuado manejo entre los ingresos tributarios y el gasto público dentro de una visión de mediano y largo plazo. El equilibrio fiscal se alcanzará principalmente como resultado de un aumento de la recaudación tributaria y no de una disminución del gasto público. El gasto se regirá bajo los principios de racionalización y optimización.

1. Equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado

El déficit fiscal deberá situarse alrededor del 1% anual del PIB en el período 2001-2003, asegurando el equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado en el último año de cada gobierno. Previo a una evaluación de desempeño, durante el primer trimestre de cada gobierno, deberán establecerse metas de balance fiscal.

2. Superávit fiscal anual de la cuenta corriente

Asegurar el permanente exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes del Estado, anualmente y sin excepción, es un requisito indispensable para alcanzar unas finanzas públicas sanas, equilibradas y sostenibles. El superávit en la cuenta corriente es la base primordial para promover la inversión pública en los proyectos nacionales prioritarios.

2. Superávit fiscal anual de la cuenta corriente

Se aumentará gradualmente el superávit en la cuenta corriente de las finanzas públicas, asegurando que alcance no menos de un 3% del PIB cada año a partir del año 2001, para disponer de una fuente sólida de recursos propios para financiar la inversión.


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II. INGRESOS DEL ESTADO

PRINCIPIOS COMPROMISOS 1. El poder tributario es inherente e inseparable al Estado

El poder tributario es la facultad del Estado de exigir tributos a personas que se encuentran en su jurisdicción y tiene su fundamento en la soberanía del Estado. Los principios constitucionales que limitan el poder tributario establecen directrices para el legislador y para la administración pública.

1. El poder tributario es inherente e inseparable al Estado

La sociedad y los organismos del Estado promoverán la legitimidad en el ejercicio del poder tributario. Para ello el Estado y las organizaciones sociales realizarán acciones para elevar la conciencia ciudadana sobre la importancia del cumplimiento de las funciones básicas del Estado, del derecho del Estado a establecer tributos, y de la obligación ciudadana de contribuir al financiamiento de los gastos públicos.

2. La suficiencia de recursos

El hecho económico que justifica la tributación es la necesidad de obtener recursos para el financiamiento sostenible del gasto público destinado a asegurar que el Estado cumpla con las funciones establecidas en la Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz.

2. La suficiencia de recursos

Se asegurará que la carga tributaria se haya incrementado en el año 2002, en por lo menos un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995. Para el logro de la meta tributaria del 12% del PIB se realizará una sola reforma tributaria en el transcurso del año 2000. Además, se promoverá y pondrá en práctica un programa integral de reactivación económica que estimule el crecimiento y el desarrollo social, en consonancia con los objetivos y metas establecidos en los Acuerdos de Paz.

3. La prioridad de los ingresos tributarios del Estado

Dentro del conjunto de ingresos del Estado, el rubro de tributos es el que le da viabilidad al acuerdo de la sociedad sobre las funciones del Estado, y permiten financiarlas de manera sostenida. Los recursos tributarios deben constituir la más alta proporción de los ingresos del Estado.

3. La prioridad de los ingresos tributarios del Estado

A partir del año 2001, como objetivo a lograr, los ingresos tributarios del Estado no podrán ser menores al 85% de los ingresos totales. Cualquier monto de ingresos no tributarios que exceda al 15% de los ingresos totales programados se mantendrán en depósito en el Fondo Común del Estado, sujetandose su utilización a un programa de gastos que atienda las prioridades establecidas en el presente Pacto y los lineamientos del Programa Multianual de Inversión Pública, todo en concordancia con los objetivos de estabilización y crecimiento, establecidos en el Programa Económico y Financiero de corto plazo.


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II. INGRESOS DEL ESTADO PRINCIPIOS COMPROMISOS

4. Asignación eficiente de recursos

El sistema tributario debe coadyuvar a la eficiencia económica. Para ello debe evitarse, en lo posible, el otorgamiento de privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales, que distorsionen la asignación eficiente de recursos.

4. Asignación eficiente de recursos

Se impulsará la conformación gradual de un sistema tributario eficiente, mediante la revisión, en el año 2000, de los privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales existentes, con el objeto de eliminarlos gradualmente. Los privilegios, exenciones y exoneraciones que se mantengan y aquellos que se decida eliminar de manera gradual, deberán, a partir del año 2001, y mientras estén vigentes, cuantificarse y registrarse en un apartado especial en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y en la Contabilidad del Estado. Atendiendo a la situación cambiante de la economía nacional e internacional y previa calificación de la Instancia de Seguimiento de Implementación del Pacto Fiscal, podrá, en situaciones extraordinarias y sujetas a una evaluación económica y social, considerarse la aprobación de nuevos privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales, evitando erosionar los ingresos tributarios y definiendo claramente la temporalidad de las medidas.

5. Progresividad

El sistema tributario debe ser globalmente progresivo.

5. Progresividad El sistema tributario deberá diseñarse de tal forma que sea globalmente progresivo, es decir, que la carga tributaria promedio, (relación ingresos tributarios netos/PIB corriente) aumente en la medida en que el ingreso de los contribuyentes sea mayor. Esto significa que si el ingreso de un tramo de contribuyentes es mayor al de otro tramo de contribuyentes, la carga tributaria del primer tramo deberá ser mayor que la carga tributaria del segundo. Además se procurará que el sistema tributario responda positivamente al crecimiento económico.


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II. INGRESOS DEL ESTADO PRINCIPIOS COMPROMISOS

6. Estabilidad y certeza La estabilidad de las reglas tributarias reduce los riesgos de cambios imprevistos o arbitrarios, permitiendo que los contribuyentes puedan prever el monto de sus obligaciones tributarias, y que el Estado pueda prever el flujo de impuestos pagados, con lo que aumenta la eficiencia y efectividad de las medidas recaudatorias.

6. Estabilidad y certeza Para cumplir con el compromiso de incrementar la carga tributaria en el año 2002 al 12% del PIB, se realizará una sola reforma tributaria en el transcurso del año 2000 para el período 2000-2004, la cual se enmarcará en los principios y compromisos del presente Pacto. Dicha reforma se acompañará con medidas encaminadas a ampliar la base tributaria. Las medidas adicionales de orden no tributario que aseguren la reforma fiscal integral contenida en el presente Pacto se implementarán a lo largo del período 2000-2003.

7. Simplicidad La simplicidad de un sistema tributario facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuye a la coherencia del sistema impositivo en su conjunto.

7. Simplicidad Se preparará e introducirá, a más tardar en el año 2003, una propuesta que integre el conjunto de la legislación tributaria en un solo decreto legislativo, con el objeto de avanzar en la simplificación de la legislación tributaria.


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III. ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PRINCIPIOS COMPROMISOS 1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias

La administración tributaria debe velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente1 y simplificar los procedimientos administrativos para alcanzar este objetivo. La administración tributaria también debe garantizar un alto cumplimiento en el pago de los impuestos, acorde con las tasas impositivas contempladas en la legislación tributaria

1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias

La Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT) mantendrá y reforzará la evaluación permanente de sus procedimientos de cobro, fiscalización y control de manera que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Como parte de esta actividad, la SAT deberá iniciar, a partir del año 2000, la introducción gradual de un sistema de presentación electrónica de declaraciones y de realización de pagos a través del débito en la cuenta bancaria del contribuyente. El Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT promoverán las modificaciones legales que sean necesarias para facilitar y simplificar la administración tributaria, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. El Ministerio Público fortalecerá las acciones de persecución de los delitos fiscales y de aquellos que se desprendan de las falsedades contenidas en las declaraciones juradas y en los documentos contables relativos al pago de los tributos. Se insta al Organismo Judicial a mejorar las capacidades de las instancias judiciales especializadas en el juzgamiento de los delitos y faltas fiscales.

1 El término contribuyente incluye a las personas individuales de ambos géneros y a las personas jurídicas.


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III. ADMINISTRACION TRIBUTARIA PRINCIPIOS COMPROMISOS

2. Eficiencia y eficacia en el cobro La administración tributaria debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente, alcanzar las metas de recaudación al menor costo posible y aumentar al máximo la recaudación real respecto a la recaudación potencial de cada impuesto.

2. Eficiencia y eficacia en el cobro Como parte de una estrategia global e integral de fiscalización y control de los contribuyentes, la SAT fortalecerá, a partir del año 2000, su Unidad Específica de Contribuyentes Especiales (art. 6, párrafo 2 de la Ley Orgánica de la SAT). La estrategia global deberá incluir mecanismos especiales para ampliar la base tributaria, incorporando a la economía informal, la cual deberá realizarse de manera gradual, a través del diseño e implementación de un régimen que tome en consideración las características económicas y sociales del sector, así como las propuestas de sus organizaciones representativas. Para reducir los costos y hacer más transparente la recaudación, la SAT se compromete, en el transcurso del año 2000, a establecer: a) un sistema de cuenta corriente tributaria adecuado y de reconciliación de cuentas que permita cruzar la información de recaudación proveniente de los bancos recaudadores con la proporcionada por el Banco de Guatemala; y b) nuevos mecanismos de pago que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias.


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3. Sistema de administración justa y no arbitraria

El sistema de administración debe estar sujeto a reglas que eviten acciones arbitrarias o cambios imprevistos, de manera que el contribuyente tenga claras sus obligaciones.

3. Sistema de administración justa y no arbitraria

Se sugiere que a partir del año 2001, la Comisión de Finanzas del Congreso contrate, bianualmente, una evaluación independiente del proceso de pago de los impuestos, de la percepción de ese proceso por parte del contribuyente y de casos documentados de abuso o acciones arbitrarias. Igualmente, se sugiere divulgar ampliamente los resultados de la evaluación. La SAT se compromete a poner en práctica aquellas recomendaciones que simplifiquen el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A partir del año 2000 la SAT se compromete a impulsar: a) campañas de información masivas dirigidas a dar a conocer las obligaciones tributarias más importantes de los contribuyentes y b) un programa de atención y educación para el pequeño contribuyente con el fin de facilitar su incorporación a la economía formal y legal.

4. Confianza en el contribuyente

Se presume que el contribuyente cumple sus obligaciones tributarias, mientras no se compruebe lo contrario. Esta confianza en el contribuyente comprende la aplicación de procedimientos de cobro sobre la base de la buena fe.

4. Confianza en el contribuyente

La SAT se compromete, a partir del año 2000, a tomar medidas para facilitar sus relaciones con el contribuyente, incluyendo el proceso de inscripción y declaración del contribuyente, así como el pago de sus tributos. Para mantener un registro tributario unificado actualizado, la SAT deberá incentivar al contribuyente a que mantenga actualizada su información individual, enviándole por correo y de manera sistemática, información sobre sus estados de cuenta, formularios e instructivos. A partir del año 2000 se generalizará el uso de la declaración jurada para la inscripción, declaración y pago de impuestos.


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5. Persecución y combate coordinado del incumplimiento tributario

La debilidad en la aplicación de las sanciones y la impunidad dañan a la administración tributaria. Deberá evitarse la aplicación de todo tipo de condonaciones o amnistías. La administración tributaria deberá imponer serios criterios de disciplina administrativa internos y externos. En el ámbito interno, evitando y sancionando el comportamiento indebido de sus funcionarios y funcionarias; en el externo, aplicando medidas rigurosas de sanción a los contribuyentes evasores y a aquellos que utilicen el fraude de ley para no cumplir sus obligaciones tributarias.

5. Persecución y combate coordinado del incumplimiento tributario

La inscripción y declaración de los contribuyentes deberá basarse en declaraciones juradas. Para asegurar la persecución de delitos de perjurio, falsedad y evasión que se deriven de falsedades contenidas en las declaraciones juradas y en las contabilidades de los contribuyentes, se promoverán las modificaciones legales para agilizar la aplicación de las sanciones correspondientes. Se insta a los organismos del Estado a crear, por ley y durante el transcurso del año 2000, un ente integrado que ataque a la economía subterránea y combata la evasión fiscal, bajo la jurisdicción del Ministerio Público, que incluya a la Policía Nacional Civil, a la SAT y al Organismo Judicial. A partir del año 2000 la SAT se compromete a reforzar su estrategia de fiscalización con base en: la aplicación de criterios para diferentes segmentos de contribuyentes, el cruce de información, la utilización de la relación ventas/compras declaradas en el IVA, el incentivo a la rectificación voluntaria de las declaraciones antes de un ajuste por la SAT, la utilización de un sistema ágil y eficaz de control de emisión y control de facturas, la aplicación de la sanción de clausura temporal a los establecimientos de contribuyentes que no cumplan las normas de facturación, y la implantación de un sistema eficaz de gestión para evaluar el resultado de las fiscalizaciones. Se recomienda a los organismos del Estado no otorgar amnistías ni condonaciones fiscales.


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6. Institucionalidad y profesionalización La estrategia y las acciones a adoptar deben tener un carácter institucional y no deben depender de las personas que transitoriamente están a cargo de su implementación. La administración tributaria debe contar con personal profesional, sujeto a un proceso continuo de capacitación que garantice la credibilidad, la estabilidad y la gestión eficiente y honesta de su trabajo.

6. Institucionalidad y profesionalización Durante el año 2001 la SAT pondrá en vigencia y divulgará ampliamente un Código de Etica aplicable a sus funcionarios. La SAT se compromete a asegurar, durante el mismo año, a que en el marco de su reglamento interno que regula el régimen de personal, se impulse una práctica de evaluación de desempeño del personal y un programa multianual de capacitación. La SAT se compromete a partir del año 2001 a elaborar y a utilizar un conjunto de indicadores anuales de desempeño institucional, incluyendo la meta de recaudación. La meta de recaudación deberá ser pública para darle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Superintendente de la SAT.


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7. Estrategia sistémica y transparente y seguimiento continuo

Es necesario aplicar una estrategia global de fiscalización que abarque a todo el ámbito de la administración tributaria. Esta estrategia debe definir con precisión los objetivos y metas a lograr, y estos deben ser claros, permanentes y de largo plazo. Debe mejorarse la transparencia de la acción de la administración tributaria ofreciendo la máxima difusión de sus acciones y mejorando el control de su gestión, sujeto a la ley. Conocer el comportamiento de los contribuyentes, su grado de cumplimiento, ya sea por tamaño económico, por sector de actividad, por impuesto, y por su evolución a lo largo de los años, resulta un elemento fundamental para orientar la acción de la administración tributaria.

7. Estrategia sistémica y transparente y seguimiento continuo

En cumplimiento al artículo 46 del Decreto 1-98, la SAT incluirá como parte de su informe anual al final de cada año fiscal: a) un plan anual de operaciones, que especifique sus objetivos y metas de cada año, incluyendo las de inspección, gestión, recaudación y presencia física así como las necesidades de modificaciones legislativas para apoyar la ejecución del plan; y b) una cuantificación y evaluación de la evasión y del costo de recaudación de cada impuesto, además de incluir otros indicadores de la eficiencia de la administración tributaria, incluyendo propuestas para mejorarla, respetando la confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República. El informe se presentará al Congreso. A partir del año 2001, la decisión del Congreso de aprobarlo o improbarlo, y el informe, se divulgarán ampliamente, aprovechando todos los medios de comunicación. Para facilitar el seguimiento de sus metas, la SAT se compromete, durante el transcurso del año 2000, a constituir una base única de datos de contribuyentes, con información completa y actualizada, sobre el grado de cumplimento de las obligaciones tributarias, incluyendo liquidaciones de fiscalización, evolución de la cartera de morosidad y estado de las cobranzas. A partir del año 2002, se elaborarán informes, monografías y series estadísticas acerca del comportamiento de los contribuyentes, clasificados por grado de cumplimiento, dimensión económica, sector de actividad e incidencia de los impuestos pagados, respetando las condiciones de confidencialidad establecidas por la Constitución Política de la República.


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IV. GASTO PUBLICO

PRINCIPIOS COMPROMISOS 1. Prioridades claras Las prioridades básicas de gasto público son

establecidas por la Constitución Política de la República, los Acuerdos de Paz, la discusión participativa de la sociedad, y el proceso democrático, transparente y público. Dado un contexto de recursos escasos y de necesidades insatisfechas, el gasto público deberá canalizarse de acuerdo con prioridades claras.

1. Prioridades claras Se cumplirá con las metas de los Acuerdos de Paz en materia de gasto en educación, salud, vivienda, justicia, seguridad y desarrollo rural, establecidas para el año 2000. Se asume el compromiso de impulsar y concertar, en el primer trimestre de cada gobierno, las metas sectoriales de gasto.

2. Visión de nación de largo plazo El gasto público debe enmarcarse dentro de una visión de desarrollo de largo plazo, como parte de un proyecto compartido de Nación, para lo cual debe obedecer a criterios de progresividad, solidaridad y equidad.

2. Visión de nación de largo plazo Entre el 2001 y 2004, el gobierno se compromete a formular e implementar un Sistema Nacional de Inversión Pública que utilice criterios técnicos ex-ante y ex-post para asignar y evaluar el gasto público. En este contexto se formulará y dará a conocer, a partir del año 2001, un Programa Multianual de Inversiones Públicas. Se dará a conocer, a partir del año 2002, el programa de gasto público multianual.

3. Ajuste y gasto social El gasto social prioritario no debe utilizarse como mecanismo de ajuste para nivelar las cuentas fiscales en períodos de crisis o recesión.

3. Ajuste y gasto social En caso de requerirse un programa de ajuste del gasto público, el gasto social prioritario no disminuirá, en términos reales y como proporción del PIB.

4. Congruencia con la producción nacional

La política económica mantendrá una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional, como establece la Constitución Política de la República en el artículo 119, inciso m. La política económica y de gasto público deberán ser proactivas privilegiando la inversión productiva sobre la especulativa.

4. Congruencia con la producción nacional Durante el primer trimestre de cada gobierno, se fijarán metas globales de gasto público. Dichas metas estarán acordes al nivel de ingresos totales programados, basandose en la Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz. Se garantizará que el gasto público sea progresivo, especialmente en lo relativo al gasto social prioritario. Esto significa que al tramo más bajo del nivel de ingreso, le corresponderá una mayor proporción del gasto.


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IV. GASTO PUBLICO PRINCIPIOS COMPROMISOS

5. Complementación entre la inversión pública y privada

Deben buscarse relaciones de complementación entre la actividad pública y privada. Tal complementación no debe neutralizar, limitar o restringir las obligaciones y el papel rector del Estado, establecido en la Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz.

5. Complementación entre la inversión pública y privada

Entre el año 2001 y 2004 la inversión pública no podrá ser inferior al 4% del PIB por año. Se insta a los organismos del Estado a reforzar la complementación entre la inversión pública y privada, dándole énfasis a la ejecución de proyectos de inversión pública en los sectores de justicia, seguridad, educación, salud y seguridad social, infraestructura básica y vivienda, recursos naturales y medio ambiente, acceso a la propiedad de la tierra y proyectos productivos para asegurar el uso eficiente de la misma, con base al Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. El gobierno, en consulta con las universidades, centros de investigación, sectores empresariales, municipalidades, colegios profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil, y antes de que termine el año 2000, se compromete a plantear propuestas sobre las definiciones de oferta y demanda de inversión pública y de bienes públicos en Guatemala. Las propuestas se presentarán en un foro nacional para su validación.

6. Calidad y productividad del gasto público Debe asegurarse la idoneidad del gasto público, así como su mayor eficiencia y transparencia, con altos grados de ejecución. La formulación y ejecución del presupuesto debe distinguir claramente entre distintos tipos de gastos, incluyendo la distinción entre gastos sustantivos y administrativos, con el fin de facilitar la evaluación de la asignación de recursos escasos.

6. Calidad y productividad del gasto público Considerando la trascendencia de evaluar el impacto del gasto, se adoptará en el transcurso del año 2001, en el contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema de Indicadores de Gestión que permita evaluar la eficiencia y eficacia del gasto, incluyendo sus características de progresividad. Como parte de la evaluación se debe abarcar el examen del impacto económico y social, además de la factibilidad financiera, técnica y administrativa. Las asignaciones presupuestarias deberán realizarse tomando en cuenta las evaluaciones de estos indicadores.


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IV. GASTO PUBLICO PRINCIPIOS COMPROMISOS

7. Unidad y transparencia Debe respetarse la unidad de caja del presupuesto, así como su naturaleza global, de manera que incluya la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle del conjunto de gastos e inversiones por realizar. Todos los gastos cuasifiscales deberán cuantificarse, y deberán incluirse como una cuenta especial del presupuesto nacional.

7. Unidad y transparencia El gobierno presentará cifras consolidadas de ingresos, gastos y operaciones de deuda a partir del año 2001. Se insta a los otros organismos del Estado, a las municipalidades, entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, a proceder de la misma manera. Se creará, en el transcurso del año 2000, una unidad especializada dedicada a cuantificar las operaciones cuasifiscales del Estado. Esta unidad preparará y hará de conocimiento público un informe a partir del año 2002, que incluirá las recomendaciones para su incorporación en presupuestos futuros.


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V. DEUDA PUBLICA

PRINCIPIOS COMPROMISOS 1. La deuda no es sustituta de los ingresos corrientes del Estado

La deuda debe servir para financiar desequilibrios transitorios entre el total de ingresos y gastos y constituir un instrumento de desarrollo debidamente supervisado, controlado y regulado por el Estado. La deuda debe ser complementaria y no sustitutiva del esfuerzo interno.

1. La deuda no es sustituta de los ingresos corrientes del Estado

El nuevo endeudamiento público neto en el período 2001-2003 deberá situarse alrededor del 1% del PIB, como promedio anual. A partir del 2004, el nuevo endeudamiento público se hará compatible con los compromisos del balance fiscal.

2. Legalidad de la aprobación y contratación de la deuda pública

La gestión prudente de la deuda debe estar acompañada por una estricta observancia de los requisitos que establece la Constitución Política de la República en materia de deuda, tomando en cuenta las opiniones del Poder Ejecutivo y de la Junta Monetaria.

2. Legalidad de la aprobación y contratación de la deuda pública

El Ministerio de Finanzas y el Banco de Guatemala someterán anualmente a consideración del Congreso de la República la aprobación de cupos para la contratación de crédito y la emisión de obligaciones. Se solicitará opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad sobre la interpretación del artículo 171, inciso I, y del artículo 133 de la Constitución Política de la República sobre este aspecto.

3. Seguimiento y transparencia de la deuda pública

El gobierno debe elaborar y divulgar un programa multianual de manejo de la deuda pública para el período completo de su mandato. Debe incluirse toda deuda pública, interna y externa. Además, las garantías otorgadas por el Estado, junto con los demás compromisos implícitos de deuda pública, o de recursos de cooperación internacional (como compromisos de contraparte), deben ser identificadas, cuantificadas, evaluadas técnicamente y ser parte del presupuesto nacional.

3. Seguimiento y transparencia de la deuda pública

A través de una unidad conjunta, conformada por el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas, se coordinarán las operaciones de mercado abierto y el endeudamiento público en general, así como aquellas otras acciones que inciden en el mercado financiero. Por medio de esta Unidad y de manera simultanea con la presentación del anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de cada periodo fiscal, se hará público el programa de endeudamiento, servicio y amortización de deuda pública y de otras acciones afines, con el objeto de disminuir la incertidumbre que esas operaciones generan en los mercados financieros. El Ministerio de Finanzas hará público, en la liquidación anual del presupuesto, los montos de financiamiento directo o indirecto, garantía o aval otorgado al sistema financiero u otros sectores de la economía.


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V. DEUDA PUBLICA PRINCIPIOS COMPROMISOS

4. Prudencia en el endeudamiento directo de los gobiernos municipales

Se insta a los gobiernos municipales a observar prudencia en la contratación de préstamos con bancos y entidades financieras autorizadas para operar en Guatemala. Se recomienda además utilizar responsablemente esta potestad y hacerla compatible con su capacidad de pago.

4. Prudencia en el endeudamiento directo de los gobiernos municipales

Se impulsarán, dentro de la reforma prevista en los Acuerdos de Paz al Código Municipal, los cambios necesarios para apuntalar el uso responsable del endeudamiento público y armonizarlo con el tratamiento constitucional. En el transcurso del año 2000, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), en conjunto con las municipalidades y en consulta con la sociedad civil, establecerá una metodología común que tome en cuenta criterios económicos y financieros para establecer la capacidad de pago de los municipios.

5. Vigilancia y cuantificación de los pasivos contingentes

Las circunstancias cambiantes de la economía nacional e internacional justifican prever aquellos pasivos contingentes que eventualmente puedan ejercer presión sobre las finanzas públicas.

5. Vigilancia y cuantificación de los pasivos contingentes

La unidad especializada dedicada a la cuantificación de las operaciones cuasi fiscales del Estado (compromiso 7 del Gasto Público) mantendrá en estudio permanente la evolución de los pasivos contingentes.


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VI. PATRIMONIO PUBLICO

PRINCIPIOS COMPROMISOS 1. Derechos sobre la propiedad pública

La propiedad pública no debe estar sujeta al acceso irrestricto ni a la apropiación ilegitima. El acceso, uso y transferencia de la propiedad pública debe ser en función social y estar enmarcado en la Constitución Política de la República.

1. Derechos sobre la propiedad pública

Se creará, antes del año 2003, legislación específica para establecer claramente el régimen legal relativo al acceso, uso y protección de la propiedad pública. Para ello se insta a los organismos del Estado a revisar la legislación existente, la cual se integrará en una Ley Reguladora de Bienes del Estado. Adicionalmente, y si fuera necesario, se emitirá legislación específica para los bienes del Estado a los que hace referencia el artículo 121 de la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz. Dicha legislación deberá ser integral y garantizar la transparencia de estos procesos, así como el acceso gratuito a la información básica relativa a las operaciones relacionadas con los bienes del Estado.

2. Uso de los bienes del Estado con base en el interés social

El uso de los bienes del Estado debe adecuarse a las necesidades del conjunto de la sociedad, tomando en cuenta los intereses de las generaciones presentes y futuras.

2. Uso de los bienes del Estado con base en el interés social

A partir del año 2001 el organismo ejecutivo presentará al Congreso de la República un informe anual sobre la evolución del patrimonio público, dándole amplia divulgación.

3. Responsabilidad ante la sociedad El Estado y sus funcionarios y funcionarias son responsables ante la sociedad de la correcta administración del patrimonio público.

3. Responsabilidad ante la sociedad El organismo ejecutivo solicitará al Congreso de la República la revisión, antes del 2001, de la Ley de Responsabilidad y Probidad para asegurar que la gestión de las y los servidores públicos respete la integridad del patrimonio público, sujetándoles a la posibilidad de responder con su patrimonio personal ante casos de merma del patrimonio público y enriquecimiento ilícito. Se insta al Congreso de la República a proceder a tal revisión. El Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación deben fortalecer las acciones que garanticen la aplicación de sanciones para castigar la apropiación indebida de bienes del Estado.


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VI. PATRIMONIO PUBLICO PRINCIPIOS COMPROMISOS

4. Información y seguimiento del patrimonio

Debe asegurarse el registro completo del patrimonio público. Cuando se trata de bienes inmuebles, el registro debe incluir los planos correspondientes e información sobre su ubicación precisa y sobre otras características importantes. Las y los ciudadanos deben tener acceso completo y oportuno a la información sobre el patrimonio público.

4. Información y seguimiento del patrimonio

El organismo ejecutivo se compromete a presentar, en el año 2002, un balance general preliminar del Estado sobre el patrimonio que esté bajo su administración, y que constituya una fuente realista y confiable del mismo. Con base al artículo 121 de la Constitución Política de la República, se insta a las municipalidades a actuar de igual manera. Se definirá, en el año 2003, la estructura institucional que tenga como función la protección y registro de las propiedades del Estado, el mantenimiento de un recuento actualizado del patrimonio que lo compone y su integración en un balance general, así como la difusión de la información resultante, aprovechando las capacidades que ofrece el Sistema Integrado de Administración Financiera- Sistema de Auditoría Gubernamental (SIAF-SAG).

5. Impuestos como parte del patrimonio del Estado

Los ingresos fiscales y municipales son bienes del Estado. Los impuestos no recaudados equivalen a una disminución del patrimonio público. La persona que se apropie de los impuestos infringe la ley.

5. Impuestos como parte del patrimonio del Estado

La SAT presentará, a partir del año 2000, en lo que corresponde a los ingresos fiscales, un informe anual sobre la evasión y defraudación tributaria, así como recomendaciones para eliminarla; dicho informe incluirá además las acciones realizadas para combatirlos. De igual forma, se insta a las municipalidades a presentar un informe similar en lo que se refiere a los ingresos municipales.


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VII. EVALUACION Y CONTROL

PRINCIPIOS COMPROMISOS 1. Etica de la gestión pública La dimensión ética de la gestión pública debe

prevalecer en las acciones de toda y todo servidor público, con el fin de asegurar que sean congruentes con la búsqueda del bien común.

1. Etica de la gestión pública Se insta a los organismos del Estado a establecer, en el año 2002, un mecanismo institucional para evaluar el desempeño ético de sus funcionarios y funcionarias con base en denuncias y sistemas propios de control. Se impulsarán programas permanentes de educación y orientación ética para las y los servidores públicos a partir del año 2001.

2. Sujeción a la ley La función pública está sujeta a la ley. La ley delimita el accionar de las y los servidores públicos y es su marco de acción.

2. Sujeción a la ley Se insta a los organismos del Estado a ejecutar continuamente, a partir del año 2001, programas de profundización del conocimiento de la ley por parte de las y los servidores públicos.

3. Control de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos

Los recursos públicos deben ser tratados como un recurso escaso. Por lo tanto, los programas de gasto público deben cumplir objetivos específicos, con la mayor calidad y al menor costo posible y con orientación de servicio a la ciudadanía, por lo que deben existir mecanismos de evaluación y monitoreo de su eficiencia y eficacia.

3. Control de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos

Se mantendrá y se mejorará el sistema SIAF-SAG. Asimismo, se fortalecerán, en el año 2001, unidades técnicas para diseñar e implementar sistemas para mejorar el uso de los recursos públicos y para llevar a cabo evaluaciones especializadas ex-ante y ex-post del gasto público y de proyectos. Para las evaluaciones de proyectos (ex-post de gasto) deberá tomarse en cuenta el Sistema de Indicadores de Gestión establecido para el efecto. Estas unidades deberán coordinar sus actividades entre sí y con la Unidad de asesoría fiscal del Congreso.


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VII. EVALUACION Y CONTROL PRINCIPIOS COMPROMISOS

4. Combate a la corrupción y a la impunidad El combate a la corrupción y a la impunidad debe basarse en un sistema legal que garantice las investigaciones independientes, el debido proceso y la aplicación y cumplimiento de las penas.

4. Combate a la corrupción y a la impunidad En el transcurso del año 2000 el Estado y la sociedad guatemalteca asumirán compromisos de carácter nacional para combatir la impunidad y la corrupción mediante la adopción de programas permanentes de prevención, así como de programas de promoción, que incluyan campañas de educación, para favorecer la conducta ética del conjunto de la sociedad. El organismo ejecutivo fortalecerá institucionalmente las dependencias encargadas de combatir la corrupción y la impunidad. El gobierno se compromete a presentar un informe anual sobre los casos detectados de corrupción. Se sugiere que en el año 2001 se evalue y en su caso, ratifique la Convención Mundial contra el Soborno y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

5. Rendición de cuentas La rendición de cuentas es un ingrediente fundamental de la democracia. Es obligación de todas las entidades del Estado rendir cuentas y hacerlo de manera oportuna. La rendición de cuentas debe basarse en la independencia de poderes y en la existencia de organismos contralores independientes.

5. Rendición de cuentas Se insta al Congreso de la República a integrar una comisión multipartidaria específica para cumplir con el artículo 241 de la Constitución Política de la República, sobre la aprobación o improbación de la rendición de cuentas del Estado en el año inmediato siguiente.

6. Transparencia e información La información es un bien público. Todos los actos de la administración pública son públicos. Las y los ciudadanos tienen derecho a obtener en cualquier momento, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar . El Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado y su ejecución analítica, son documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano y ciudadana que quiera consultarlos. Debe garantizarse, asimismo, la calidad y veracidad de la información estadística de carácter fiscal.

6. Transparencia e información Para garantizar el libre acceso de las y los ciudadanos a la información con que cuenta el gobierno, se compromete a crear en el año 2000 una comisión para elaborar una propuesta de ley sobre el libre acceso a la información, que desarrolle los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República.


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VII. EVALUACION Y CONTROL PRINCIPIOS COMPROMISOS

7. Universalidad de la evaluación de la administración pública

Todo servidor y servidora públicos debe estar sujeto a la evaluación de su desempeño. Todo servidor, servidora, funcionario y funcionaria públicos debe estar sujeto, en cuanto al proceso de su nombramiento, a las formalidades de ley, y en cuanto a su desempeño a una evaluación permanente de la misma.

7. Universalidad de la evaluación de la administración pública

Se sugiere al Congreso de la República la aprobación, antes del año 2001, de una nueva Ley de Servicio Civil, que establezca una carrera de servicio que premie el desempeño eficaz y honrado y que castigue la incompetencia y la corrupción. Esta ley deberá contemplar la existencia de sistemas de evaluación de la administración pública basados en el cumplimiento de reglas, principios éticos, y acuerdos o contratos que especifiquen la obtención de resultados. En el año 2001, el organismo ejecutivo se compromete a elaborar el manual de desempeño de los servidores públicos.

8. Auditoría social La auditoría social de la gestión pública es un derecho de todos las y los ciudadanos. Se refiere a crear las condiciones para facilitar el seguimiento sistemático de los resultados por parte de las y los ciudadanos, para garantizar la equidad y la eficacia de la administración pública. La auditoría social no es sustituta de las funciones de fiscalización que le compete a las instituciones estatales correspondientes, las cuales también son sujetas de auditoría social.

8. Auditoría social

La sociedad civil fortalecerá las redes cívicas de contraloría social, a nivel urbano y rural, para darle seguimiento al grado en que la administración pública opera con equidad y eficacia. Las universidades, centros de investigación, sectores empresariales y otras organizaciones de la sociedad civil, se comprometen a realizar un informe anual a partir del año 2001, que incluya entre otros aspectos, los siguientes: a) el impacto de la corrupción sobre el crecimiento, y b) el nivel, composición, productividad y progresividad del gasto público en Guatemala, comparándolo con el resto de países de América Latina. El gobierno se compromete a facilitar el acceso a la información necesaria, a propiciar la divulgación del informe y a facilitar el desarrollo de las redes civiles de auditoría social.


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VIII. DESCENTRALIZACION FISCAL

PRINCIPIOS COMPROMISOS 1. El Concepto de la descentralización fiscal La descentralización fiscal consiste en la

transferencia de competencias, recursos y capacidades entre dos entes autónomos de nivel jerárquico distinto, con el objeto de mejorar la provisión y calidad de los servicios públicos y ampliar el acceso, gestión, mantenimiento, control ciudadano, sostenibilidad y transparencia de los mismos. Las acciones de descentralización se orientarán para reducir las inequidades territoriales.

1. El Concepto de la descentralización fiscal A partir del año 2000 el gobierno central se compromete a impulsar las acciones de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, que deberán expresamente contemplar los tres elementos del proceso: competencias, recursos y capacidades.

2. Las competencias en materia de descentralización fiscal

Cuando el gobierno deba cumplir con la función de proveer o financiar bienes y servicios públicos, deberá hacerse al nivel de gobierno más cercano posible a las comunidades. La definición de competencias fiscales para los distintos niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional) se hará conforme a este principio. Por otro lado, asumir competencias, supone contar con los recursos y con las capacidades suficientes.

2. Las competencias en materia de descentralización fiscal

Se impulsará en el año 2001 un proceso de revisión de los cuerpos legales para potenciar la delegación de competencias y asegurar un orden jurídico armónico que norme las competencias a distintos niveles de gobierno. Entre las leyes a examinar pueden mencionarse, entre otras, el Código Municipal, el Código de Salud y la Ley del Organismo Ejecutivo.

3. Correspondencia entre recursos y capacidades en la descentralización fiscal

La transferencia de recursos desde el gobierno central al municipal o la transferencia al gobierno municipal de las facultades para administrar impuestos, deberá hacerse para enfrentar competencias asignadas a ese nivel. Cuando sea necesario, deberá acompañarse por el aumento de las capacidades a nivel municipal. La descentralización no altera, ni limita el principio de unidad del presupuesto nacional, ni su proceso de rendición de cuentas.

3. Correspondencia entre recursos y capacidades en la descentralización fiscal

Se revisará la legislación relativa al Impuesto Unico Sobre Inmuebles, para convertirlo en un tributo de administración municipal. El proceso deberá estar acompañado de un aseguramiento de que el plan de formación, capacitación y asistencia técnica municipal impulsado por el INFOM y el Ministerio de Finanzas, asigne un lugar apropiado a la adquisición de capacidades de los gobiernos municipales en administración financiera y tributaria. El INFOM, conjuntamente con las municipalidades, presentará en el primer trimestre de cada año un informe al Congreso de la República sobre el monto y destino de los recursos provenientes de este impuesto del ejercicio fiscal anterior.


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VIII. DESCENTRALIZACION FISCAL PRINCIPIOS COMPROMISOS

4. Capacidades en materia de descentralización fiscal

Los ciudadanos y ciudadanas serán partícipes del proceso de identificación, priorización, ejecución, control y mantenimiento de los proyectos de inversión pública

4. Capacidades en materia de descentralización fiscal

Con el objeto de respaldar apropiadamente la participación comunitaria de los fondos sociales, se impulsará en el año 2000, la revisión de la estructura jurídica, funciones, áreas de influencia y pertinencia de los fondos sociales. En función de la conclusión de dicha revisión, el gobierno se compromete a tomar las medidas legales pertinentes.

II. Procedimientos para la Implementación de los acuerdos del Pacto Fiscal

El Foro Nacional para el Pacto Fiscal reconoce la necesidad de organizar la implementación y el Seguimiento de sus acuerdos, de manera que existan los mayores niveles de certeza, transparencia y seguridad sobre su cumplimiento.

Considera fundamental que los correspondientes Organismos del Estado concernidos en la implementación de los consensos obtenidos, actúen con total apego, coherencia y responsabilidad con lo acordado. El Estado, soberano en su funcionamiento jurídico, debe fundamentar su actuación en el bien común, el consenso y el interés social, aspectos inequívocamente presente en el Pacto Fiscal. Ello constituye un imperativo moral y político.

En este sentido, el Foro Nacional para el Pacto Fiscal hace un vehemente llamado al gobierno y al Congreso de la República, al Ministerio de Finanzas, a la Superintendencia de Administración Tributaria, al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad, al Organismo Judicial, la Contraloría General de Cuentas, El Banco de Guatemala y las Municipalidades, entre otros, a que presten e mayor apoyo, colaboración e impulso a los trascendentales compromisos adquiridos por amplio consenso nacional en el Pacto Fiscal.

En la perspectiva de darle continuidad y seguimiento preciso a los Acuerdos del Pacto Fiscal, y reconociendo en ellos uno de los pilares fundamentales del proceso de paz, el Foro Nacional para el Pacto Fiscal acuerda solicitarle a la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdo de Paz, que, en función de sus atribuciones, realice el seguimiento global al proceso que aquí se inicia, de acuerdo a la calendarización indicativa establecida en este documento (Anexo 1).

Para el logro efectivo de estos propósitos, la Comisión de Acompañamiento procederá inmediatamente a instalar una Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal, como instancia de apoyo, la cual deberá estar integrada con criterios de representatividad y de capacidad técnica, dominio de la problemática fiscal y de los acuerdos del pacto, y con equilibrio de las distintas opiniones que se manifestaron a los largo del proceso de concertación. Esta Comisión podrá crear equipos específicos de trabajo para dar seguimiento especializado a la temáticas concernidas dentro del Pacto y deberá informar permanentemente a la Comisión de Acompañamiento sobre el desarrollo de sus actividades. El Foro Nacional para el Pacto Fiscal recomienda que la primera tarea de esta Comisión sea elaborar una propuesta detallada de calendarización de los principios y compromisos del Pacto Fiscal.

De igual manera la Comisión de Acompañamiento, cuando sea necesario, a solicitud de una cantidad representativa de la instituciones y organizaciones participantes de este proceso, por iniciativa propia, o a solicitud de la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal, convocará al Foro Nacional del Pacto Fiscal, para el efecto de darle seguimiento a la política fiscal que se despenda del presente Pacto.

Asimismo, el Foro Nacional para el Pacto Fiscal acuerda crear una Comisión de Estudio sobre el Marco Constitucional del Poder Tributario del Estado, la cual analizará, en un período de seis meses, los siguientes aspectos en los cuales aún no existen conclusiones ni acuerdos:

• Normativa constitucional que regula el poder Tributario del Estado • Normativa ordinaria para el poder tributario del Estado y para la eficacia de la política en la

materia. • Jurisprudencia en materia tributaria conformada a raíz de las resoluciones de la Corte de

Constitucionalidad.

• Alcances y limitaciones del Artículo 133 de la Constitución Política de la República, así como la forma en que se ha aplicado, estableciendo sus costos y beneficios.

Anexo 1

Calendarización Indicativa de los Principios y Compromisos del Pacto Fiscal

Calendarización indicativa que será desarrollada con mayor precisión por la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal.

Durante el año 2000

II. Ingresos del Estado

1. Para el logro de la meta tributaria del 12% del PIB en el año 2002, se realizará una sola reforma tributaria, para el período 2000-2004. Dicha reforma se acompañará con medidas de ampliación de base tributaria.

2. Medidas adicionales de orden no tributario que aseguren la reforma fiscal integral se implementarán a lo largo del período 2000-2003.

3. Poner en práctica un programa integral de reactivación económica. 4. Revisión y eliminación gradual de privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales. 5. Sólo en situaciones extraordinarias y sujetas a evaluación económica y social, podrá

considerarse la aprobación de nuevos privilegios, evitando erosionar los ingresos tributarios y definiendo claramente la temporalidad.

III: Administración Tributaria.

6. La SAT deberá iniciar un sistema de presentación electrónica de declaraciones y de realización de pagos, a través del débito en la cuenta bancaria del contribuyente.

7. El MINFIN y la SAT promoverán las modificaciones legales necesarias para facilitar y simplificar la Administración Tributaria.

8. El Ministerio Público fortalecerá las acciones de persecución de los delitos fiscales. 9. Instar al Organismo Judicial a mejorar las capacidades de las instancias judiciales

especializadas en el juzgamiento de los delitos y faltas fiscales. 10. La SAT fortalecerá a partir del 2000 su unidad específica de contribuyentes especiales. 11. Establecer una estrategia global que incluya mecanismos especiales para ampliar la base

tributaria, incorporando a la economía informal. 12. Establecer un sistema de cuenta corriente tributaria y de conciliación de cuentas. 13. Crear nuevos mecanismos de pago que faciliten el cumplimiento de las obligaciones

tributarias. 14. La SAT se compromete a impulsar campañas de información masiva para dar a conocer

las obligaciones tributarias más importantes. 15. Impulsar un programa de atención y educación para el pequeño contribuyente. 16. La SAT deberá analizar la posibilidad legal de generalizar el uso de la declaración jurada

para la inscripción, declaración y pago de impuestos. 17. Coordinar acciones de los tres poderes del Estado para crear por ley un ente integrado que

ataque a la economía subterránea y combata la evasión fiscal, bajo la jurisdicción del Ministerio Público

18. No se otorgarán amnistías ni condonaciones. 19. Reforzar la estrategia de fiscalización de la SAT. 20. La SAT deberá presentar, a partir del año 2000, un informe anual sobre la evasión

tributaria y recomendaciones para eliminarla. Igual informe deberán presentar las Municipalidades.

IV. Gasto Público

21. Cumplir con las metas de los Acuerdos de Paz en materia de gasto público. 22. Antes de finalizar el año 2000 el Gobierno en consulta con organizaciones de la sociedad

civil, planteará propuestas sobre definiciones de oferta y demanda de inversión pública y de bienes público en Guatemala. Las propuestas se presentarán en un foro nacional.

V. Deuda Pública

23. MINFIN y BANGUAT sometarán anualmente a consideración del Congreso de la Republica, la aprobación de cupos para la contratación de créditos y la emisión de obligaciones.

24. Solicitarán opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre la interpretación de los artículos 171 inciso i) y 134 de la Constitución.

25. MINFIN y BANGUAT a través de una unidad conjunta coordinarán las operaciones de mercado abierto y el endeudamiento público en general.

26. Por medio de esta unidad se hará público el programa de endeudamiento, servicio y amortización de deuda pública. Esta unidad hará público en la liquidación anual del presupuesto los montos de financiamiento directo o indirecto, garantía o aval otorgado al sistema financiero u otros sectores de la economía.

27. El INFOM y las municipalidades establecerán una metodología común para determinar la capacidad de pago de los municipios.

28. Vigilancia y cuantificación de los pasivos contingentes, mediante la unidad especializada del Estado.

VII. Evaluación y Control

29. El Estado y la sociedad civil adquirirán compromisos de carácter nacional para combatir la impunidad y la corrupción.

30. El Gobierno de la República creará en el año 2000 una comisión para elaborar una propuesta de ley sobre el libre acceso a la información, que desarrolle los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República.

VIII. Descentralización Fiscal

31. El Gobierno de la República impulsará las acciones de descentralización, contemplando expresamente competencias, recursos y capacidades.

32. El Gobierno de la República promoverá la definición de la estructura jurídica de los fondos sociales.

33. Se revisará la legislación relativa al impuesto de la propiedad para convertirlo en un tributo de administración municipal.

Del 2001 al 2003

I Balance Fiscal

1. El déficit deberá situarse alrededor del 1% anual del PIB, asegurando el equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado en el último año de cada Gobierno. Previa evaluación de desempeño, durante el primer trimestre de cada Gobierno, éste deberá establecer metas de balance fiscal.

2. Aumentará gradualmente el superávit fiscal en la cuenta corriente de las finanzas públicas, asegurando un aumento no menor del 3% del PIB cada año.

II. Ingresos del Estado

3. El estado y las organizaciones sociales realizarán acciones para elevar la conciencia ciudadana sobre la importancia del cumplimiento de las funciones básicas del Estado.

4. A partir del 2001 los ingresos tributarios del estado no podrán ser menores al 85% de los ingresos totales.

5. Los excesos de ingresos no tributarios que exceda el 15% de los ingresos totales, se mantendrán en depósito en el fondo común del Estado. Su utilización queda sujeta a un programa de gasto que atienda las prioridades establecidas en el presente pacto.

6. El sistema tributario deberá diseñarse de tal forma que sea globalmente progresivo. 7. incrementar la carga tributaria al 12% del PIB en el 2002. 8. A más tardar en el año 2003 se preparará e introducirá una propuesta que integre el

conjunto de la legislación tributaria en sólo decreto legislativo.

III: Administración Tributaria

9. Se sugiere que la Comisión de Finanzas del Congreso contrate bianualmente una evaluación independiente del proceso de pago de los impuestos, de la percepción del proceso por el contribuyente y de casos documentados de abuso o acciones arbitrarias.

10. La SAT se compromete a poner en práctica las recomendaciones que simplifiquen el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

11. La SAT pondrá en vigencia y divulgará un código de ética de sus funcionarios. 12. La SAT debe asegurar que en su reglamento interno de personal se impulse una práctica

de evaluación de desempeño del personal y un programa multianual de capacitación. 13. La SAT utilizará un conjunto de indicadores anuales de desempeño institucional,

incluyendo la meta de recaudación, que deberá ser pública, para darle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Superintendente.

14. La SAT incluirá en su informe anual: a) un plan anual de operaciones que especifique sus objetivos y metas; y b) una cuantificación y evaluación de la evasión y del costo de recaudación de cada impuesto. Divulgándose sus resultados.

15. A partir del 2002 la SAT elaborará informes, monografías y series estadísticas sobre el comportamiento de los contribuyentes.

IV. Gasto Público 16. El MINFIN dará a conocer un programa multianual de inversiones públicas y el programa

de gasto público multianual. 17. Durante el primer trimestre de cada Gobierno, se fijarán metas globales de gasto público. 18. Entre el 2001 y el 2004, la inversión pública no podrá ser inferior al 4% del PIB por año. 19. Los tres poderes del Estado reforzarán la complementación de la inversión pública con la

inversión privada. 20. Adoptar el sistema de indicadores de gestión del gasto público. 21. El gobierno de la República presentará cifras consolidadas de ingresos, gastos y

operaciones de deuda. 22. De igual forma deberán proceder los otros poderes del Estado y las municipalidades.

V. Deuda Pública 23. Limitar el nuevo endeudamiento público neto en el período 2001-2003, al 1% del PIB como

promedio anual. 23. Conforme lo previsto en los Acuerdo de Paz, se impulsará la reforma al Código Municipal y

los cambios necesarios para apuntalar el uso responsable del endeudamiento público de los gobiernos municipales en armonía con el tratamiento constitucional.

VI. Patrimonio Público 24. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre la evolución del patrimonio

público. 25. Revisar la Ley de Responsabilidad y Probidad. 27. El Gobierno de la República deberá presentar, en el 2002, un balance general preliminar

del Estado, que constituya una fuente confiable de sus activos. En el 2003, se definirá la estructura institucional que tenga como función la protección y registro de las propiedades del Estado.

28. Crear en el 2003, una legislación específica para establecer el régimen legal relativo al acceso, uso y protección de la propiedad pública. La legislación existente se integrará en una Ley reguladora de Bienes del Estado.

VII. Evaluación y Control

29. Al finalizar el 2001, se aprobará una nueva Ley de Servicio Civil. 30. En el 2001 se fortalecerán unidades técnicas para evaluar especializadamente exante y

expost el gasto público, en el MINFIN y proyecto en SEGEPLAN, para ello se mejorará el Sistema Integrado de Administración Financiera-Sistema de Auditoría General (SIAF-SAG).

31. En el 2001 se evaluará y ratificará la Convención Mundial contra el Soborno y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

32. A partir del año 2001, se impartirán programas permanentes de educación y orientación ética para los servidores públicos. En el 2002, los poderes del Estado deberán establecer un mecanismo institucional para evaluar el desempeño ético de sus funcionarios, con base en denuncias y sistemas propios de control.

VIII. Descentralización

31. En el 2001 se impulsará un proceso de revisión de los cuerpos legales, para potenciar la delegación de competencias y asegurar un orden jurídico armónico. Entre las leyes a examinar se pueden mencionar: El Código Municipal, el Código de Salud y la Ley del Organismo Ejecutivo.

ANEXO 2

Resumen del Proceso de Concertación del Pacto Fiscal 1

� El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria estableció una serie de metas fiscales, por el lado del gasto y de los ingresos. En febrero de 1998, el Gobierno solicitó la postergación por dos años del cumplimiento de la meta tributaria del 12% del PIB. Se produjo una intensa discusión entre la Comisión de Acompañamiento (CA) y el Gobierno por espacio de nueve meses, hasta que se decide, en octubre 98, hace 19 meses, la recalendarización para el 2002 de dicha meta, en el marco de una serie de compromisos del Gobierno de Guatemala que incluyeron: la ampliación indefinida del IEMA; la eliminación de la deducción del IVA con respecto al ISR; la reforma de decreto 40-98 (ley de zonas francas); la promoción del impuesto territorial; la contratación de verificadoras del comercio exterior; y el impulso de un proceso de concertación de un Pacto Fiscal, auspiciado por el Ministerio de Finanzas Públicas y la CA.

� De lo anterior sólo fue cumplido parcialmente la extensión temporal del IEMA y el inicio de la concertación del Pacto Fiscal a cargo de la CA. Ante el hecho político de este nuevo incumplimiento, el Pacto Fiscal cobró una dimensión mayor.

� La CA asumió con toda seriedad y responsabilidad el proceso de impulso del Pacto Fiscal y, después de haber propiciado la integración –como miembro ex oficio- del Ministro de Finanzas Públicas para este tema, inicia el proceso invitando a cuatro destacados profesionales guatemaltecos a formar la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal (CPPF): Alma Quiñónez, Arturo Montenegro, Richard Aikenhead y Lizardo Sosa. Su integración se hizo con base en criterios de alta competencia técnica, credibilidad y pluralidad –equilibrio.

� La CA encomendó a la CPPF la preparación de una propuesta básica que sirviera como documento central de discusión para la concertación del Pacto Fiscal. La CPPF desarrolló un intenso trabajo desde marzo hasta el 29 de diciembre de 1999 para preparar el documento. Esto se hizo sobre la base de 10 estudios técnicos, un amplio proceso de discusión y consultas que incluyó consultas departamentales y sectoriales y sus propios aportes. El resultado fue el documento “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”, que ha servido de base de discusión a este proceso.

� Después del cambio de gobierno y de haberse reinstalado la CA con la participación de nuevos miembros gubernamentales y legislativos, la CA convocó a la diversidad de sectores e instituciones sociales, económicos, políticos y culturales del país a pronunciarse con respecto al mencionado documento “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”.

� La respuesta obtenida fue un contundente reflejo del interés despertado en la sociedad guatemalteca sobre el tema fiscal. La CA recibió 48 ponencias escritas, respaldadas y suscritas por 131 instituciones y organizaciones de todas la diversidad social y territorial de nuestro país.

� El volumen y la calidad de respuesta llevó a realizar un intenso e interesante trabajo de sistematización de las ponencias, a cargo de un Equipo Técnico de Sistematización conformado a instancias de la CA. Se le encomendó que identificaran todas las convergencias y divergencias que se expresaran en torno al documento ” Hacia un pacto Fiscal en Guatemala”. Desde ese momento, el propósito era dar prioridad al tratamiento de

las divergencias en la búsqueda de producir nuevos niveles de acercamiento de posiciones.

� Gratamente, la sistematización técnica realizada permitió identificar un promedio aproximado de un 75% de convergencias o consensos entre la Ponencias. No obstante, la naturaleza del porcentaje restante de divergencias permitió identificar que en él residía el tipo, orientación y naturaleza de la política fiscal que saldría del Pacto Fiscal. Por ello, la identificación de las divergencias, estuvo acompañada de la identificación de las instituciones o agrupamientos que las sustentaban, con la finalidad de generar entre ellas un proceso de discusión y acercamiento de posiciones.

� Los temas de divergencia se referían a la definición, tipo y condiciones del equilibrio fiscal; la suficiencia de recursos, particularmente lo referido a la meta de la carga tributaria del 12% con respecto al PIB; la llamada neutralidad de los impuestos, incluyendo la eliminación de distinto tipo de privilegios fiscales; la estabilidad y certeza, particularmente sobre la temporalidad en la cual debería promoverse una reforma tributaria seria y consistente; la congruencia con la producción nacional; la prohibición que pesa sobre el Banco de Guatemala para dar financiamiento o aval al gobierno de la República; así como el marco constitucional del poder tributario del Estado y el esencial concepto de la progresividad del sistema tributario.

� Alrededor de las divergencias sobre estos temas fueron identificados dos agrupamientos que, por razones distintas, tenían diferencias entre sí y con respecto a la propuesta de la CPPF. Por un lado, un grupo de instituciones empresariales; por otro, un grupo de instituciones académicas, sociales y de la sociedad civil. Una amplia gama de instituciones de diversa naturaleza que no presentaron Ponencia o en la que presentaron no manifestaron divergencias de fondo, no participaron en las primeras reuniones de búsqueda de nuevos acercamientos, precisamente por esa razón.

� La CA decidió involucrarse directamente en la búsqueda de acercamiento de posiciones, mediante la metodología de penduleo. Se desarrolló un rico, profundo y fructífero proceso de reuniones por separado –y luego conjuntamente- con los dos agrupamientos mencionados. Es necesario dejar constancia de que, en ambos grupos, la CA encontró una actitud altamente positiva, madura, constructiva, responsable y de genuino deseo de encontrar nuevos acuerdos. Si bien la CA empeñó sus mejores esfuerzos, los positivos resultados obtenidos hasta ahora no hubieran sido posibles sin que existiera esa actitud.

� Los resultados de esta etapa de acercamientos permitieron llegar a la conclusión de que los consensos madurarán en la totalidad de temas, aspecto que puede precisarse de la siguiente manera: a) el consenso sobre la mayoría de propuestas originales de la CPPF (75%, según las Ponencias escritas); b) el consenso generado en desacuerdo con algunas propuestas originales de la CPPF; c) los nuevos consensos alcanzados sobre los aspectos de fondo y de divergencias identificados en las Ponencias escritas; d) los consensos de procedimiento, para seguir tratando temas en cuyo contenido no se produjeron consensos (especialmente el marco constitucional del poder tributario del Estado y el análisis del artículo 133 de la Constitución).

� Respecto al papel jugado por la Comisión de Acompañamiento puede señalarse lo siguiente:

a) Su papel ha sido de impulsora y facilitadora del proceso. b) Conscientemente ha desarrollado una actuación de verticalidad en el ámbito

de la ética política, de trasparencia, de respeto, de promoción del diálogo y el entendimiento, de seriedad técnica y del más pleno compromiso con el proceso.

c) Ha empeñado sus mayores esfuerzos y credibilidad en el éxito de este proceso, asumiendo la responsabilidad de propiciar los espacios de información, comunicación, diálogo y promoción de acuerdos.

d) No prefiguró hasta los últimos detalles una metodología a priori, sino que, con base en conceptos y objetivos básicos claramente definidos desde el inicio, creativamente ha ido haciendo ajustes, definiendo con precisión nuevos pasos y tomando muy en consideración las propuestas de los sujetos del Pacto Fiscal, que son las instituciones concernidas.

e) Paralelamente mantuvo contactos y gestiones ante distintos funcionarios gubernamentales y parlamentarios, en la vía de asegurar respeto, apoyo y coherencia con respecto al Pacto Fiscal.

f) La evaluación permanente del proceso, le permitió valorar a la CA que las posibilidades de consenso iban madurando considerablemente. Con base en ello, la CA comenzó a privilegiar el camino del consenso como la forma de toma de decisiones del Pacto Fiscal, aspecto que finalmente fue posible de realizar.

g) Constantemente, la CPPF y la CA recibieron una gran cantidad de interrogantes y cuestionamientos en torno a si el Pacto Fiscal entraría a considerar medidas específicas en materia fiscal, particularmente de carácter tributario. El concepto básico que ha mantenido el Pacto Fiscal ha sido que su alcance llega hasta la identificación y consensos sobre Principios y Compromisos, aspecto nada marginal, ya que establece las bases para la política fiscal de los próximos diez años.

h) No obstante, la CA –y el mismo proceso de concertación del Pacto Fiscal- ha insistido en señalar al gobierno y otros órganos del Estado la necesidad y el imperativo moral y político de que las medidas que se promuevan tengan la más absoluta coherencia con los Acuerdos de Paz y los Principios y Compromisos acordados. En refuerzo de los anterior, el proceso de construcción de consensos ha evidenciado la necesidad de diseñar un sistema de implementación, seguimiento y garantías, que formará parte integral del Pacto Fiscal.

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