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GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN

PASIVA DE NACIONALES*

ENITH LIZETH JIMÉNEZ SÁNCHEZ**

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

RESUMEN La presente investigación pretende realizar un análisis jurídico y una reflexión autónoma acerca del respeto y las garantías constitucionales de un nacional que se encuentra sometido a un régimen legal cuya estructura organizacional está conformada por toda la normatividad colombiana y tratados internacionales aprobados sobre la extradición pasiva de nacionales, esto se logra partiendo del estudio de la Constitución Política de Colombia de 1991 y de los derechos reconocidos a un ciudadano, para así identificar las garantías que se ven involucradas en un proceso de extradición. Palabras clave: constitución política, derechos nacionales, extradición, garantías constitucionales, tratado internacional.

ABSTRACT The present investigation aims to make a legal analysis and an autonomous reflection about respect and the Nacional’s constitutional guarantees who is subject to a legal regime whose organizational structure formed for the Colombian law and international treaties approved on passive extradition of nationals, this is achieved with the Colombian’s constitution 1991 the study and the citizen’s rights, in order to identify the guarantees that are involved in extradition proceedings. Keywords constitution, rights national, extradition, constitutional guarantees, international

treaty

* Artículo de Reflexión elaborado como Trabajo de Grado bajo la Dirección del Dr. Camilo Alberto Leal Díaz –

Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia Sede Bogotá D.C. 2016.

** JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Enith Lizeth. Estudiante, terminación de materias. Actualmente Asistente Judicial de

Gnecco & Asociados. Email: enithjs@gmail.com

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SUMARIO

INTRODUCCIÓN.

1. EXTRADICIÓN

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN COLOMBIA

2. LA EXTRADICIÓN PASIVA Y LOS SISTEMAS EXTRADICIONALES

2.1 NORMATIVIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO.

3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN

PASIVA Y LA REALIDAD JURÍDICA ACTUAL DE LA FIGURA

3.1 CASOS REALES

3.1.1 Ariel Josué Martínez – Carpintero San Vicente del Caguan

3.1.2 Gabriel Consuegra Martínez – Vendedor de plátano en Barranquilla

3.1.3 Marlon Guerrero Román – Taxista Cartagenero

3.1.4 Nelson Vargas Rueda – Campesino de Arauca

4. DERECHOS VULNERADOS CON LA EXTRADICIÓN PASIVA

4.1 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

4.2 DEBIDO PROCESO

4.2.1 Derecho de Defensa – Legalidad.

4.2.2 Dignidad humana

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

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INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de 1991 marcó una nueva era de los derechos

constitucionales reconocidos a los ciudadanos, la conformación de Colombia como

un Estado Social de Derecho propuso un modelo humano en la estructura jurídica

colombiana, tomando a la persona como centro fundamental del desarrollo

legislativo, tal adopción implicó que las instituciones Estatales también adecuaran

sus políticas internas hacia la protección de los derechos fundamentales

consagrados por la Carta Política, lo que originó un cambio rotundo que buscaba

la materialización de un Estado paternalista.

La nueva Constitución además de proponer una gran variedad de cambios,

conoció un tema que para esa década ocupaba los escenarios del Congreso de la

República, la Extradición, elevó la figura jurídica a un rango superior jerárquico,

teniendo en cuenta que con anterioridad únicamente se fundamentaba de forma

legal con el Código Penal y Código Procedimiento Penal, pero que como

consecuencia del “narcoterrorismo” que se vivía en la época, se acogió como un

derecho fundamental que los narcotraficantes proclamaban intensamente para

evitar ser juzgados en EEUU, país que prestaba gran colaboración económica

para eliminar el tráfico de estupefacientes.

Aunque la Extradición se aprobó con un fin específico, actualmente el número de

procesos va en aumento, la globalización y la llamada cooperación internacional

interfieren cada vez más en las decisiones que adoptan las autoridades

competentes a la hora de aprobar una extradición para un nacional.

Lo anterior se fundamenta en el sistema jurídico aceptado por Colombia y en las

entidades que participan en el proceso de extradición, de los tres sistemas de

extradición existentes, administrativo o gubernativo, judicial y mixto, Colombia

sigue los parámetros del Mixto permitiendo en el proceso extradicional la

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intervención tanto de la rama ejecutiva como de la judicial, por lo que las funciones

de esta última se limitan a un análisis de trámite, pues como más adelante se

expondrá, únicamente se ocupan de verificar una serie de requisitos taxativos por

medio de dos entes específicos, la Fiscalía General de la Nación y la Corte

Suprema de Justicia –Sala Penal.

El sistema mixto utilizado por Colombia para el proceso de extradición enfrenta

una serie de vacíos y contradicciones normativas que atentan de forma grave

contra los derechos constitucionales de los nacionales, la poca y deficiente

intervención de la rama judicial no solo demuestra la notable incapacidad legal en

la que se encuentra el país a la hora de juzgar la comisión de delitos, sino que al

convertir el proceso extradicional en una gestión meramente administrativa que

permite un tratamiento procesal totalmente contrario al utilizado bajo el régimen

del sistema penal acusatorio colombiano (Ley 906 de 2004), da lugar a una

transgresión absoluta de las disposiciones contempladas en la carta suprema y

genera injusticias que deben ser soportadas por las personas cuyos nombres

aparecen en la solicitud de detención preventiva con fines de extradición,

olvidando de este modo la naturaleza jurídica para la cual fue creada y aceptada

tal figura jurídica (Mejía, 2012; Moreno, 2012).

El acto administrativo que se expide sin ningún tipo de juicio previo, dando

aprobación a la solicitud de extradición de un nacional, junto con todas las

formalidades que se ejecutan para tal fin, obvian muchos de los preceptos

constitucionales consagrados para la protección de la persona, dentro de los

cuales se encuentra, el debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad

humana, por nombrar algunos.

La realidad confirma la necesidad de la existencia de un condicionamiento que

permita la ejecución de un juicio previo a la entrega del ciudadano, para por lo

menos constatar, no solo su identidad, como actualmente se intenta hacer, sino la

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inferencia lógica razonable de que es el presunto infractor de un delito y que éste

se cometió en el país que lo requiere, evitando así la infinidad de errores que se

cometen cuando se traslada una persona para que sea juzgada con leyes

extranjeras, esto genera una crisis inevitable en el sistema, debido a que se pone

en duda la efectividad de la figura jurídica y así mismo se cuestiona si la

estructura y normatividad existente, permiten garantizar los derechos

fundamentales de los procesados.

1. LA EXTRADICIÓN

La extradición es una figura jurídica adoptada por Colombia como mecanismo de

cooperación internacional, encaminada a combatir el crimen y la impunidad para

los delitos cometidos por los ciudadanos en otros países, consiste en la

transferencia que hace un Estado denominado requerido, del poder jurisdiccional

que posee sobre sus ciudadanos, hacia otro Estado que actúa como requirente

para que éste último sea el encargado de investigar y juzgar a una persona

extranjera que cometió un delito en ese país, de acuerdo a su normatividad y

procedimiento interno (Gori, 2011). El tratadista Mejía (2006) la define como el

“procedimiento establecido para llevar a cabo o efectivizar la entrega o solicitud de

una persona que ha delinquido en un Estado diferente al Colombiano” (p. 122).

Esta figura jurídica presenta dos modalidades, extradición activa y extradición

pasiva, la primera hace referencia al caso en el cual Colombia toma la posición de

Estado requirente para emitir la solicitud de extradición, la segunda y de la cual

nos ocuparemos en este artículo, se produce cuando Colombia es quien recibe la

orden de extradición, convirtiéndose en el Estado requerido y sobre el cual recae

la obligación de entregar un nacional y que éste sea juzgado de acuerdo a las

disposiciones legales del Estado requirente. En cuanto lo anterior la Corte

Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia C-243 de (2009):

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EXTRADICIÓN-Naturaleza jurídica

La extradición fue concebida como un mecanismo de cooperación

internacional para combatir el crimen y erradicar la impunidad; está

sometida a un procedimiento especial que concluye con la

expedición de un acto administrativo de carácter complejo, pues

para su preparación y ejecución concurren varios órganos del

Estado pertenecientes tanto a la Rama Ejecutiva como a la Rama

Judicial del poder público. La extradición se solicita, concede u

ofrece de conformidad con los tratados públicos y a falta de éstos se

atenderá a lo dispuesto en la ley interna, teniendo ésta un carácter

supletorio en relación con los tratados de extradición suscritos por

Colombia. La extradición es un instrumento de asistencia y

solidaridad internacional, generalmente regido por tratados públicos

y, en ausencia de éstos, por el derecho interno (p.1).

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN COLOMBIA

En 1936 y 1938 se adecua la normatividad del derecho penal: Código Penal (Ley

599 de 2000) y Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) para incorporar

la figura de la extradición. En el año 1979 bajo el mandato del Presidente Julio

Cesar Turbay Ayala (1978 – 1982), Colombia firma por medio del embajador de

EEUU para la época, Virgilio Barco, tratado de extradición aprobado e introducido

por el Congreso el 3 de noviembre de 1980 con la Ley 27 de 1980 que entró en

vigor el 4 marzo de 1982 (Orihuela, 2006).

Ley 27 de 1980, artículo 8.

Ninguna de las Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus

propios nacionales, pero el Poder Ejecutivo del Estado requerido

podrá entregarlos si lo considera conveniente. Sin embargo, se

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concederá la extradición de nacionales, de conformidad con las

disposiciones del presente Tratado, en los siguientes casos:

a) Cuando el delito comprenda actos que se hayan realizado en el

territorio de ambos Estados con la intención de que sea consumado

en el Estado requirente, o

b) Cuando la persona cuya extradición se solicita haya sido

condenada en el Estado requirente por el delito por el cual se solicita

la extradición (p. 4).

Para 1986, aprobada la Ley 27 de 1980, el Presidente Belisario Betancur (1982 –

1986) se niega a tramitar la solicitud de extradición de 18 ciudadanos que requiere

el Estado norteamericano, manteniendo así la política que proponía para su

gobierno, basada en la negativa de la aplicación del proceso de extradición,

situación que cambió para el año 1985, fecha en la que el mandatario conservador

presionado por el gobierno de EEUU e influenciado por el trágico evento que

acabó con la vida del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de

1984, contrariando su régimen político, admite la extradición de Hernán Botero

Moreno – director del deportivo nacional de Medellín, por delitos relacionados con

el narcotráfico.

Posteriormente, en el periodo presidencial de Virgilio Barco (1986 – 1990), las

acciones terroristas de los altos capos del narcotráfico, llevan a la declaratoria de

inexequibilidad de la Ley 27 de 1980, argumentando que el trámite de la norma se

encontraba viciado, al no plasmarse la firma del presidente de aquel momento,

Turbay, por lo que para subsanar tal irregularidad y revivir la figura jurídica, Virgilio

Barco sanciona la Ley 68 de 1986, y con esta firma la extradición del

narcotraficante Carlos Ledher.

La Ley 68 de 1986 tuvo vigencia hasta el 25 de junio de 1987, donde luego de

constantes debates sobre su constitucionalidad, con 13 votos a favor y 11 en

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contra, se declara la inconstitucionalidad del Tratado Internacional entre Colombia

y EEUU, lo que ocasionó que el Presidente Virgilio Barco estableciera la

extradición administrativa, dejando en manos únicamente del ejecutivo las

facultades para la decisión sobre las solicitudes de extradición (Fundación Ideas

para la Paz, 2009).

El polémico tema de la extradición enfrentó a las dos ramas del poder público,

pues mientras el gobierno se negaba a aceptarla, la Corte Suprema de Justicia

emitía concepto favorable, la posición de la Corte desemboco en una guerra

interna donde los magistrados de las altas Cortes eran amenazados y asesinados

por los grandes capos del narcotráfico, quienes sin medir sus acciones y ataques

terroristas, intentaban hacer saber al país su posición negativa frente a la

constitucionalidad del proceso de extradición, pero eso no fue impedimento para

que dentro del periodo de agosto de 1989 y enero de 1990 se firmara la

extradición de aproximadamente 15 narcotraficantes hacia EEUU (El

Espectador.com, 2012).

Luego de posesionado como Presidente Cesar Gaviria Trujillo, y surtidos una gran

cantidad de debates y disputas dentro del mismo gobierno, marcada por la gran

ola de violencia e influenciada por los narcotraficantes, entra en vigencia la

Constitución Política de 1991 que introduce en el art. 35 la prohibición expresa de

la aplicación del proceso de extradición. Texto anterior del mencionado artículo:

Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento.

No se concederá la extradición de extranjeros por delitos

políticos o de opinión.

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior,

considerados como tales en la legislación nacional, serán

procesados y juzgados en Colombia (p. 19)

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Cinco años después de la entrada en vigor de la nueva carta política, se expide el

Acto Legislativo 01 de 1997 que modifica el art. 35 de la Constitución Política de

1991, elimina la prohibición y posibilita la extradición para nacionales. Tal suceso

tan transcendental, fue influenciado por EE.UU quienes con la excusa de apoyar al

país para combatir la criminalidad y la fuerza que el narcotráfico ejercían en ese

momento, solicitaban a Colombia aprobar la extradición como mecanismo judicial

para afrontar los problemas sociales, políticos y legales, por otro lado los carteles

del narcotráfico, con ataques terroristas obligaban a los integrantes del Congreso

a votar en contra de la extradición.

La guerra entre el sí y el no y la imposibilidad de separar los fines políticos de los

jurídicos, provocó que el sistema normativo terminara por aceptar la extradición,

estableciendo una limitación jurídica que fue determinada por los grandes capos

del narcotráfico, quienes lograron la irretroactividad de la disposición normativa,

esto con el fin de construir un blindaje para sí mismos y que no fueran juzgados y

enviados al exterior a pagar condenas por la infinidad de delitos cometidos.

2. LA EXTRADICIÓN PASIVA Y LOS SISTEMAS EXTRADICIONALES

La Extradición Pasiva, es un tipo de cooperación internacional implementado por

el Estado Colombiano para combatir la impunidad en la comisión de delitos por

fuera del territorio nacional, en esta modalidad Colombia toma la posición de

Estado Requerido y recibe las solicitudes de extradición propuestas por las

embajadas que pretenden juzgar con sus leyes internas a un Colombiano que

quebrantó su sistema penal, solicitudes a las cuales se les da el siguiente tramite

Según la Cancillería Colombiana (2014):

1. La embajada del Estado requirente envía solicitud de detención preventiva con

fines de extradición al Ente encargado de las relaciones diplomáticas, el Ministerio

de Relaciones Exteriores.

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2. El Ministerio de Relaciones Exteriores dirige copia de la solicitud a la Fiscalía

General de la Nación, quien ejerce un control exclusivamente formal y de estar

acorde a la normatividad, decretan la orden de captura y notifica la decisión al

Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a

su vez con el fin de formalizar la solicitud, emite petición al Estado requirente para

que anexe el acervo probatorio que sustenta la solicitud de extradición.

3. Nuevamente interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir la

solicitud formal de extradición y remitir copia al Ministerio de Justicia y del

Derecho, para que éste verifique el tratado a aplicar y posteriormente dirija la

solicitud a la Corte Suprema de Justicia.

4. Estudio de la Corte Suprema: El Alto Tribunal únicamente se encarga de

analizar cuatro elementos formales: equivalencia de la providencia proferida en el

exterior con el escrito de acusación utilizado en el sistema penal acusatorio

Colombiano (L. 906/2004); validez formal de la documentación aportada;

confirmación de la identidad del acusado y aplicación del principio de doble

incriminación.

5. La Corte Suprema de Justicia emite concepto, que de ser desfavorable produce

efectos vinculantes para el gobierno nacional (Art. 501 Código de Procedimiento

Penal Ley 906 de 2004).

6. La respuesta de la Corte Suprema es recibida por el Ministerio de Justicia y del

Derecho, luego se despacha al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la

envié al Estado requirente, el cual deberá ofrecer las garantías correspondientes

para que la Fiscalía General de la Nación gestione la entrega de las personas

solicitadas (Cancillería Colombiana, 2014).

12

La Corte Constitucional en Sentencia C-469 de (2008) se pronuncia y hace

alusión al carácter vinculante que tienen las decisiones que emite la Sala de

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando se le pone a

consideración una solicitud de extradición:

En el trámite de extradición intervienen dos ramas del poder público,

la Ejecutiva y la Judicial, la primera por participación de los

Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y de Justicia, y del

Presidente de la República, mientras que por la Judicial actúan el

Fiscal General de la Nación, quien decretará la captura del requerido

y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que emitirá el

concepto sobre la viabilidad de la extradición, que obliga al Gobierno

si es negativo y, de ser favorable a la solicitud del país requirente,

deja al Ejecutivo en libertad de obrar según la conveniencia nacional

(p.1).

El resumen del trámite descrito para la entrega de un nacional a la justicia

extranjera, deja ver no solo la escasa participación de la rama judicial en toda la

operación, sino la errónea vía diplomática que se da para desvirtuar la presunción

de inocencia que le otorga la misma supremacía constitucional a los ciudadanos.

Respecto al poder que ejerce la rama ejecutiva al momento de definir una orden

de extradición Góméz-Robledo (2000) cita:

La extradición, en sentido amplio, como acuerdo de cooperación

entre los estados, se ubica dentro del ámbito del derecho

internacional, y esto quiere decir que las condiciones y requisitos

no pueden ser reglamentados unilateralmente por cada Estado, y

que la decisión ya sea de solicitarla o de otorgarla, viene a

enmarcarse dentro de la competencia del poder ejecutivo (p.10).

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En cuanto a los sistemas extradicionales existentes, se pueden mencionar tres,

de acuerdo a la doctrina y desarrollo jurisprudencial del tema.

Los sistemas de extradición utilizados por la comunidad

internacional, son principalmente tres, la extradición administrativa,

la extradición judicial y el sistema de extradición:

- Sistema de extradición administrativo (Francés): Interviene

únicamente la Rama Ejecutiva.

- Sistema de extradición judicial (Ingles): El trámite lo preside la

Rama Judicial y ella misma es quien a su vez toma la decisión

final.

- Sistema de extradición mixta (Bélgica): Tanto las actuaciones

procedimentales como el resultado final adoptado se ejerce por

medio de las dos ramas del poder público, Rama Judicial y Rama

Ejecutiva (Mejía, 2006, p. 121).

La doctrina y la jurisprudencia tratan la materia y ubican a Colombia dentro

del sistema extradicional mixto, aunque la realidad fáctica y jurídica refleja

todo lo contrario, pues la interacción de las dos ramas se ejercen de una

forma jerárquica en el procedimiento, tomando la vocería la rama ejecutiva y

desplazando las verdaderas funciones judiciales que debería ejercer la rama

judicial, pues la intervención de las entidades judiciales se convierten en una

evaluación deficiente que verifica limitadamente una serie de requisitos y

documentos cuya valoración no va más allá de una simple comparación de

formalidades descritas en una ley (Melendez, 2012).

De acuerdo a Mejía (2006):

En Colombia, se ha seguido la evolución Belga y ha sido una

constante la aplicación subsidiaria del sistema mixto

14

(…).

El sistema mixto en Colombia indica la activa participación de la

administración en la decisión. Tanto así que el concepto de la

Corte Suprema de Justicia, es poco importante cuando su

naturaleza es favorable. De esa forma el ejecutivo siempre tendrá

la última palabra en materia de extradición en nuestro país (p.

125).

En tanto, la Corte Constitucional en Sentencia C-469 de (2008) opina:

El análisis que compete realizar a la Corte Suprema de Justicia,

Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la

extradición, comprende la verificación del cumplimiento de los

requisitos establecidos o derivados de la Constitución,

principalmente en cuanto no se trate de la extradición por la

comisión de delitos políticos; ni por hechos anteriores a la

expedición del Acto Legislativo 01 de 1997, en el caso de la

extradición de colombianos por nacimiento, según lo previsto en el

artículo 35 de la Carta Política; ni se vayan a imponer en la nación

requirente tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni penas

proscritas en Colombia como la de muerte o la prisión perpetua

(p.1).

La Corte Constitucional en Sentencia C-460 de (2008) corrobora la prohibición

expresa que tiene la Corte Suprema de Justicia, para acceder y valorar los

elementos materiales probatorios obtenidos por el Estado requirente, que le

ayudarían a construir una idea clara y veraz sobre la posible culpabilidad del

ciudadano requerido, antes de incurrir en un error y firmar la orden de

extradición de una persona inocente:

15

Por su propio contenido el acto mismo de la extradición no decide,

ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni

en su concesión posterior por el Gobierno Nacional, sobre la

existencia del delito, ni sobre la autoría o las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la

responsabilidad del imputado, todo lo cual indica que no se está

en presencia de un acto de juzgamiento. Es así como en el trámite

ante la Corte Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la

existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado;

tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad

extranjera y sólo le compete verificar el cumplimiento de los

requisitos para otorgar la extradición, según lo dispuesto en el

tratado internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna,

acatando la preceptiva superior y la normatividad complementaria

(p.1).

La jurisprudencia Colombiana también ha sido reiterativa en afirmar la aplicación

del sistema mixto para las solicitudes de extradición:

EXTRADICIÓN PASIVA-Sistemas/EXTRADICIÓN PASIVA-

Aplicación del sistema mixto en Colombia

La extradición procede entre Estados soberanos, llamándose

requirente el que la pide y requerido al que se la solicitan. Cuando

un Estado es objeto del requerimiento la extradición será pasiva,

en la que son tres los sistemas de extradición: i) administrativo o

gubernativo; ii) judicial y iii) mixto. En el sistema administrativo o

gubernativo, el Gobierno detenta de manera exclusiva la potestad

para conocer y resolver sobre la petición de extradición; en el

sistema judicial conocen únicamente los jueces, los tribunales y

las autoridades jurisdiccionales; y en el sistema mixto, el trámite

combina los dos sistemas anteriores, aun cuando la fase final esté

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reservada al órgano Ejecutivo del Estado requerido. El sistema

mixto es el acogido por Colombia, pues según el artículo 492 de la

Ley 906 de 2004, la oferta o concesión de la extradición es

facultativa del gobierno, pero requiere concepto previo y favorable

de la Corte Suprema de Justicia (Corte Constitucional en

Sentencia C-243 de, 2009, p. 1).

2.1 NORMATIVIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO.

La figura jurídica de la extradición adoptó un rango constitucional con la

expedición de la Constitución de 1991, con la introducción del artículo 35 que

prohibía la aplicación de dicho proceso, disposición que cambió con el Acto

legislativo vigente 01 de 1997 que abolió la prohibición con la reforma del artículo

referenciado y restableció la extradición (Caballero, 1997)

Artículo 35 C.P modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 1997:

La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con

los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se

concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como

tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la

materia.

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos

con anterioridad a la promulgación de la presente norma

(Constitución Política de Colombia, 1991, p. 20).

Además del precepto constitucional, el ordenamiento jurídico colombiano prevé un

conjunto de normas penales, Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

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que regulan desde el artículo 490 hasta 513, el trámite y los términos establecidos

para la entrega del acusado al país que lo requiere.

Actualmente no existe tratado internacional con EEUU, Estado que más

solicitudes radica al año en la embajada Colombiana, dejando en manos de las

normas internas procedimentales colombianas el trámite, que siendo una

actuación de naturaleza internacional en la que intervienen dos Estados, sin lugar

a dudas debería estar guiada por un acuerdo bilateral (Proyect Counselling

Service, 2014).

Lo anterior termina por demostrar el vacío jurídico en el que se encuentra la figura

jurídica y confirma las fallas del sistema extradicional colombiano, pues la

inexistencia de un tratado internacional con uno de los países que más solicitudes

realiza por año al país, EEUU, obliga a las instituciones jurídicas intervinientes a

acudir únicamente a las normas adjetivas y constitucionales que regulen la materia

(Núñez, 2011).

3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN

PASIVA Y LA REALIDAD JURÍDICA ACTUAL DE LA FIGURA

En sus inicios la extradición fue acogida por Colombia para luchar contra los

problemas jurídicos y sociales generados por el narcotráfico, el poder que los

grandes capos mantenían sobre el gobierno colombiano, obligaron al Estado a

valerse de ayuda externa que reforzara la debilidad de las normas jurídicas

internas (Fernández, 2000).

El ideal para el cual se aceptó la extradición, fue cambiando con el pasar de los

años, convirtiendo lo que en algún momento fue una solución, en un problema

social, lo anterior es posible detectarlo con el gran aumento de solicitudes de

extradición que se realizan al año, situación que se agravó desde el mandato del

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expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), quien con la excusa que guio su

política de “seguridad jurídica”, aprobó la extradición de aproximadamente 900

acusados, cuando tan solo unos años atrás no se firmaban más de 10 solicitudes

por año (Gori, 2011).

Actualmente el número de extradiciones va en ascenso, al punto de que se

soliciten y admitan más de 150 órdenes cada año, olvidando la verdadera

naturaleza de la figura, pues los nombres requeridos, terminan siendo personajes

que ocupan posiciones insignificantes en las organizaciones criminales, o aún

peor, que nada tienen que ver con el delito que se les imputa.

El incorrecto manejo del proceso provoca una distorsión de la base jurídica del

concepto de extradición, produciendo una realidad arbitraria y desgastante, pues

actualmente el proceso extradicional es considerado una rutina procesal que se

autoriza sin un concreto y minucioso estudio del caso, lo que además de originar

un malgasto institucional, promueve una injusta admisión de solicitudes de

personas inocentes o cuyos delitos son de tan poca gravedad que no constituyen

una ficha clave que aporten a las investigaciones que se pudieran adelantar

contra las grandes estructuras criminales, este fenómeno ha sido estudiado por la

Fundación Ideas para la Paz (2009) en su investigación Usos y abusos de la

extradición.

Desde que el Presidente Álvaro Uribe asumió la presidencia en el

2002, Colombia ha extraditado a más de 900 acusados, la mayoría

de ellos a los Estados Unidos. Actualmente Colombia extradita

entre 150 y 200 personas al año hacia los Estados Unidos, en

comparación con la cifra de diez por año que se daba hace una

década. Algunos de estos extraditados son grandes

narcotraficantes como Diego Montoya, alias “Don Diego”,

importante capo recientemente condenado a 45 años en una

19

prisión estadounidense. Otros, por el contrario, son personas de

escaso valor relativo en cuanto a su posición en las

organizaciones de narcotraficantes o en la capacidad de aportar

información para combatir a las grandes organizaciones de

narcotráfico. Esta circunstancia se explica, en parte, por la relativa

rutinización de los procesos de extradición y el incremento de la

laxitud para evaluar las solicitudes de extradición (Fundación Ideas

para la Paz. 2011, p. 50).

Lo anterior solo describe uno de los tantos problemas que genera la mala

aplicación de la figura jurídica de la extradición, el abandono del Estado

Colombiano a los ciudadanos que son pedidos en extradición, también plasma una

duda constante de la importancia que se da a la persona dentro del sistema

normativo colombiano.

3.1 CASOS REALES

3.1.1 Ariel Josué Martínez – Carpintero San Vicente del Caguan. Ariel Josué

Martínez era un campesino del departamento del Caquetá cuya vida siempre

estuvo marcada y perseguida por el conflicto armado que enfrentan las zonas más

desamparadas del país, luego de varios acontecimientos trágicos que acabaron

con la vida de sus familiares, Ariel Josué Martínez, logró superar esos hechos

tan dolorosos y con mucho esfuerzo y dedicación aprendió el oficio de carpintero y

abrió un taller.

Su proyecto de vida avanzaba a pesar de las adversidades, hasta que el 18 de

marzo de 2014 todo su mundo se desboronó, cuando varios agentes del CTI, lo

capturan en su taller y le acusan de ser el jefe de una banda de lavado de activos,

después de varios días lo dirigen a la cárcel La Picota, mientras se le informaba y

se surtía el trámite de extradición que solicitaba EEUU en su contra.

20

Luego de permanecer más de 5 meses privado de la libertad y de que el gobierno

colombiano aprobara la solicitud de extradición sin ni siquiera percatarse de la

injusticia que se estaba cometiendo, este humilde campesino corre con la suerte

de que EEUU revirtiera la orden de extradición al no encontrársele vínculo con el

narcotráfico (El Tiempo. Com. 2014).

3.1.2 Gabriel Consuegra Martínez – Vendedor de plátano en Barranquilla.

Gabriel Consuegra Martínez, conocido como “El Platanero del barrio Villanueva”,

fue un trabajador de la costa caribe colombiana, a quien en el año 2005 se le

acusó de pertenecer a una organización criminal de lavado de activos. Según se

describía en la solicitud que el gobierno norteamericano envió a Colombia, su

función en la banda criminal requería la apertura de cuentas bancaria por medio

de las cuales se lavaba el dinero proveniente de negocios del tráfico de

estupefacientes, cuando en realidad Gabriel Consuegra Martínez para la época de

su captura ni siquiera contaba con cuentas a su nombre y mucho menos tenía

vínculos con traficantes de drogas.

La trágica historia del “Platanero del barrio Villanueva” terminó luego dos años y

tres meses de estar recluido en la cárcel de Combita, Boyacá y extraditado para

ser juzgado por el tribunal de Nueva York, donde tuvo que aceptar unos cargos

que nunca cometió para obtener rebajas en la pena y recuperar su libertad.

Consuegra murió el pasado 23 de mayo de 2015, como consecuencia de un

infarto (El Heraldo, 2015).

3.1.3 Marlon Guerrero Román – Taxista Cartagenero. Marlon Guerrero Román

fue privado de su libertad el 9 de diciembre de 2005, acusado por EEUU de

conspiración para importar cocaína a este Estado, la “investigación” que

adelantaban en su contra lo identificaba como un integrante de gran importancia

dentro de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.

21

Este ciudadano, luego de permanecer 23 meses en una cárcel de EEUU, sin

ninguna prueba en su contra y presionado por la difícil situación que enfrenaba,

decide declararse culpable de un cargo menor, la desastrosa e indignante

experiencia de Marlon Guerrero Román, concluye luego de cumplida la pena.

3.1.4 Nelson Vargas Rueda – Campesino de Arauca. Nelson Vargas Rueda es

un campesino de Arauca que fue arrestado el 22 de marzo del año 2000 por

autoridades Colombianas, quienes lo identificaron como Gildardo González alias

“Marrano” comandante de las FARC.

Nelson Vargas Rueda, que nada tiene que ver con la identidad que le atribuían en

el momento de su captura, es privado de la libertad y dirigido a un centro

carcelario nacional, mientras que, como consecuencia de una solicitud de

extradición que se adelantaba en su contra por parte del gobierno norteamericano,

en el año 2003, con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, el colombiano

es enviado a una cárcel de Miami, donde luego de estar sufriendo 15 meses más,

olvidado por su país, un juez de Washington lo declara inocente. (El Tiempo. com,

2003).

Las cuatro historias brevemente relatadas que no ahondan en las consecuencias

nefastas que cada persona tuvo que afrontar para restablecer y recuperar su vida,

son tan solo una muestra más, del daño que sufren los ciudadanos sometidos a

tales injusticias y de la indiferencia de un país que los abandona desde el mismo

instante en el que se recibe la solicitud de extradición de otro Estado, pues ni

siquiera las instituciones judiciales colombianas se toman el trabajo de corroborar

la identidad del sujeto y la inferencia lógica que desvirtué la presunción de

inocencia y confirme una supuesta autoría en la comisión del delito.

22

4. DERECHOS VULNERADOS CON LA EXTRADICIÓN PASIVA

Los errores nefastos de las personas pedidas en extradición, reflejan además de

la incapacidad del Estado Colombiano de ejercer su soberanía la deficiencia

estructural en la que se encuentran la leyes colombianas, quienes por responder a

una relación diplomática, implementan y aplican una figura jurídica que no está

totalmente reglamentada, reluciendo una inmensidad de vacíos legales que no

solo demuestran el desequilibrio institucional del país, Castillo y Castellanos

(2009), situación que sería lo menos importante si se analiza la problemática

social de las personas cuyas vidas se encuentran destruidas como consecuencia

de una equivocación judicial ( Mejía, 2012).

4.1 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Este derecho fundamental se ve afectado en el momento en el que se emite orden

de captura en contra de un sujeto, a quien no se le aporta siquiera una prueba

sumaria que fundamente la detención, la falta de sustento probatorio por parte del

Estado requirente, implica que por lo menos la justicia colombiana por medio de la

Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, en aras de

garantizar una transparente administración de justicia, realice un análisis guiado

por la valoración judicial correspondiente.

Además, como bien lo dice el mismo Derecho, la inocencia se presume, por lo que

a quien corresponde desvirtuar tal presunción es a quien acusa Aponte (2007);

More (2005); Naciones Unidas (2012); O`Donnel (2004), no como de forma

errónea lo quieren hacer creer las instancias judiciales, quienes en muchas

ocasiones, sin fundamento alguno persiguen legalmente a una persona

trasladándole e imponiéndole la obligación de defenderse y demostrar una

inocencia que ni siquiera ha sido controvertida.

23

4.2 DEBIDO PROCESO

4.2.1 Derecho de Defensa – Legalidad. Los preceptos legales que rigen la

aplicación del conjunto normativo existente, están fundados en un derecho

especialísimo, el debido proceso, principio constitucional que resume las

garantías que son inherentes a un ciudadano cuando se encuentra vinculado a

una investigación o proceso, que en el caso en concreto sería de tipo penal

(Suárez, 2001; Uprimny, 2006).

El debido proceso permite que la persona tenga la oportunidad de defenderse y

oponerse a los medios de prueba que la Autoridad competente aporte en su contra

para demostrar la posible autoría de un delito, para el tema que nos ocupa, la

extradición, se omite tal posibilidad, pues durante el trámite que se sigue para la

entrega de la persona, no se da al acusado un término medianamente prudente y

razonable para que arme una defensa sólida que demuestre su inocencia (Suárez,

2001; Uprimny, 2006).

Al respecto la Constitución Política de 1991 se pronuncia.

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto

que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia

de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya

declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho

a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de

oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso

24

público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la

sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo

hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del

debido proceso (pp. 18-19).

4.2.2 Dignidad humana. La vulneración de los derechos fundamentales de un

ciudadano representa una clara afectación de la dignidad humana, que al estar

integrada por el equilibrio mental y físico de una persona, se fundamenta en las

garantías necesarias que respalda el Estado para la armonía y preservación de

dicho equilibrio (Abello, 2006; Melendez, 2012; O’Donnel, 2004).

La indiferencia constante que transmiten las instituciones colombianas al

momento de conocer sobre una solicitud de extradición, refleja el

incumplimiento de una política interna que debe aplicarse obligatoriamente para

ayudar al respeto de los derechos consagrados una carta política, si no es la

misma institucionalidad Estatal la que los respalda y protege, a quien más se le

trasfiere tales facultades.

CONCLUSIONES

La realidad jurídica de Colombia demuestra la negligencia con la que las

instituciones Estales actúan en el momento de dar aplicabilidad a la Constitución

Política de 1991, para la protección de los derechos fundamentales.

La soberanía que el Estado Colombiano proclama y de la cual se enaltece,

termina siendo un concepto de papel que en nada representa los supuestos

fácticos que enfrenta el país. La intervención en la mayoría de las veces, del

gobierno de EEUU, permite verificar la insuficiencia en la que se encuentra el

25

ordenamiento jurídico Colombiano y el sometimiento frente la institucionalidad de

países extranjeros.

Las instituciones que administran justicia están cada vez más sobrevaloradas, la

inseguridad jurídica que producen sus providencias permiten concluir que la

premisa formulada en la carta magna de protección por la persona y sus derechos,

no es real, el Estado está más interesado en cumplir compromisos políticos que en

solucionar los verdaderos problemas sociales que enfrenta el país.

La extradición ha sido un tema polémico desde la década de los 80’ no solo por lo

que implica su aplicación sino porque la lucha contra el narcotráfico fue el motivo

para su aparición, el tráfico de estupefacientes ha sido uno de los problemas más

graves que intenta combatir el Estado Colombiano y aunque en principio la idea de

que un nacional pudiera ser juzgado con normas extranjeras, sonaba viable y

soportable por las normas constitucionales, actualmente no es así, pues el

gobierno nacional con tal de mostrar una supuesta guerra contra el crimen y la

impunidad, no se preocupa por ejercer un control estricto sobre una figura jurídica

tan importante como lo es la extradición.

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documento: Declarado Inexequible. Bogotá D.C. Congreso de Colombia:

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América", firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979. Bogotá D.C.

Congreso de Colombia: Diario Oficial 37.733 del 14 de diciembre de 1986.

JURISPRUDENCIA

Corte Constitucional de Colombia. (14, mayo, 2008). Sentencia C-460 de 2008.

Declara exequibles, por los cargos analizados, los artículos 495 y 502 de la

ley 906 de 2004.magistrado Ponente. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

Corte Constitucional de Colombia. (14, mayo, 2008). Sentencia C-469/08. Cosa

Juzgada Constitucional Absoluta-Concepto. Referencia: expediente D-6972.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 588

de 2000, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad

notarial. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

30

Corte Constitucional de Colombia. (1, abril, 2009). Sentencia C-243 de 2009.

Declara exequibles los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004.

Magistrado Ponente. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.