La expansión del agronegocio agrícola en Uruguay:impactos, disputas y discursos.

Carlos Santos, Gabriel Oyhantçabal & Ignacio Narbondosantos.carlos@gmail.com ; gaboyha@yahoo.com.ar ; nachonar@gmail.com

Universidad de la República - Uruguay

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Prepared for delivery at the 2012 Congress of the Latin American Studies Association, San Francisco, California, May 23-26, 2012. (Preparado para presentar en el Congreso 2012 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, San Francisco, California, del 24 al 26 de mayo de 2012).

AGR - 7814 - Panel Family farming and agribusiness: Territorial disputes and symbolic struggles

Organizer: Clara V. Craviotti, Universidad de Buenos AiresChair: Carla Sylvina Gras, Universidad de General Sarmiento

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo aborda los cambios en la estructura agraria del Uruguay asociados a la expansión e intensificación de la agricultura extensiva de secano, dinamizado por el cultivo de soja. Su objetivo es identificar los principales actores afectados por el boom agrícola a través de una tipología que da cuenta de las principales trayectorias seguidas por los productores agropecuarios presentes antes de este proceso, y caracterizar los discursos predominantes así como analizar el papel del Estado en este proceso. El trabajo se realizó en base a información secundaria y análisis documental, por lo que la tipología propuesta necesariamente requerirá de sucesivas validaciones a partir de mayor información empírica.

2. EL AVANCE DE LA SOJA EN URUGUAY

En los últimos 10 años, en particular desde la zafra 2002/03, la agricultura en Uruguay recuperó una fase expansiva luego de una fase de reducción del área que duró de 1955 a 2002, recuperando 800.000 ha y acercándose al máximo histórico de 1,5 millones ha de 1956 (Saavedra, 2011). Este proceso vino asociado al avance de sistemas con doble cultivo anual (verano e invierno) de forma que sumando el área total de cultivos de verano e invierno se alcanzó un récord histórico en Uruguay en el área sembrada con agricultura de secano en la zafra 2011/12 con 1,82 millones ha.

El cultivo protagonista de la expansión fue la soja, que creció exponencialmente pasando de 10.000 ha en la zafra 2002/03 al entorno de las 860.000 ha en las últimas tres zafras. Este cultivo se ubica fundamentalmente en el litoral Oeste del país, con rendimientos que en promedio no superan los 2.000 kg/ha (oscilando entre los 1.600 y 2.300 kg/ha), mostrando una brecha considerable con los rendimientos experimentales y con las zonas productoras de EE.UU., Argentina y Brasil.

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Su crecimiento se dio en un contexto en el cual el Valor Bruto de Producción Agropecuario (VBP) en Uruguay creció 150% (en US$ corrientes) entre 2000 y 2009, mientras el VBP de los granos lo hizo a razón de 800%. La soja es el cultivo que explica buena parte de este crecimiento ya que a 2010 representaba 39,6% del VBP de la agricultura extensiva de secano (DIEA, 2011b). Sus exportaciones pasaron de US$ 1,6 millones en 2001 a US$ 857,7 millones en 2011, ubicándose como el segundo rubro entre las exportaciones de origen agroindustrial después de la carne bovina. El principal destino de la soja es el abastecimiento de la industria china de harinas, que en 2010 absorbió 73% de las exportaciones (Souto, 2010) (Gráfico I).

Gráfico I Expansión de la superficie de soja por zafra

Fuente: elaborado en base a DIEA

Un aspecto modificado por el avance de la agricultura fue la forma de tenencia y control de la tierra. El arrendamiento se ha convertido en la principal forma de control de la tierra desplazando a la propiedad. Actualmente las dos terceras partes de la superficie agrícola son cultivadas en tierras ajenas (arrendamiento y medianería), siendo que el arrendamiento representa el 54% de la superficie agrícola (DIEA, 2010). Los contratos además son por plazos breves, siendo que en 2008 el 77% de los arrendamientos se realizaban por menos de tres años (DIEA, 2008).

La expansión agrícola fue de la mano del arribo de actores empresariales transnacionales y regionales que hoy controlan buena parte de la fase primaria y de acopio, consolidando un complejo altamente concentrado en todas sus fases. Las fases de mayor desarrollo son la agrícola y la de acopio/exportación, mientras que la fase pre-agrícola se caracteriza por la importación de la gran mayoría de los insumos necesarios para la producción y la fase industrial es marginal ya que absorbe menos del 5% de la producción de granos.

La fase pre-agrícola está controlada por unas pocas empresas nacionales y transnacionales. Para el caso de la soja existe una estrecha asociación entre el área del cultivo y las importaciones de glifosato y de los principales plaguicidas (endolsulfán, clorpirifós y cipermetrina) (Oyhantçabal y Narbondo, 2011).

A nivel de la fase agrícola los cambios más importantes se relacionan con el arribo de los “pools de siembra” o “nuevos agricultores”, que pasaron de no existir a

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Zafra

representar el 12% de los productores y a controlar el 57% de la superficie de cultivos agrícolas (Arbeletche y Gutiérrez, 2010). Es destacable que las principales ocho empresas que operan en Uruguay controlan en total 600.000 ha.

La fase industrial está escasamente desarrollada, industrializándose menos del 5% del grano producido, siendo que Uruguay sigue importando los principales derivados de la soja. Sin embargo la fase de acopio/exportación tiene gran relevancia en la medida que más del 90% de la producción se exporta como grano sin procesar. El principal puerto de salida es Nueva Palmira (Colonia) con el 94% del grano a través de dos terminales portuarias: una propiedad de Corporación Navíos SA que manejó en 2010 el 90% del volumen, y otra pero gestionada por Terminales Graneleras del Uruguay (TGU) que manejó el 10% restante. En esta fase las seis mayores firmas exportadoras acumularon en 2010 el 70% del volumen de soja (Oyhantçabal y Narbondo, 2011).

3. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA AGRARIA

Estos cambios han provocado la consolidación de una estructura agraria en la agricultura extensiva caracterizada por el peso creciente, en número y superficie, de la gran agricultura empresarial. Asimismo, han provocado el desplazamiento algunos tipos sociales de productores dentro de la agricultura extensiva y fuera de ella, como resultado de la competencia por los recursos productivos. En este apartado se describe el mosaico de tipos sociales generado tras diez años de cambios estructurales caracterizando a los nuevos actores empresariales e identificando entre los productores agropecuarios presentes antes del boom agrícola tendencias de: (1) acoplamiento a la intensificación agrícola, (2) desplazamiento hacia otros rubros, actividades y/o territorios, y (3) exclusión de la actividad agropecuaria.

Tipos sociales: “nuevos” y “viejos” agricultores

Arbeletche y Carballo (2006) identifican dos grandes tipos de productores agrícolas, con sus diferenciaciones internas, en la situación actual de la agricultura extensiva: los “viejos agricultores”, exponentes típicos de la agricultura antes de los cambios de la década del 2000, y los “nuevos agricultores”, grandes empresas en su mayoría de origen argentino, que arribaron al Uruguay atraídas por las buenas condiciones para la inversión en la agricultura, en particular en el cultivo de soja. A continuación se describen brevemente las características y diferenciación interna de cada uno de los tipos sociales.

Los viejos agricultores

Este tipo puede subdividirse internamente en familiares, que utilizan fundamentalmente mano de obra familiar, y empresariales, que basan su actividad en la contratación de trabajo asalariado. Se encuentran en total cinco subtipos, dos entre los familiares y tres entre los empresariales.

Entre los familiares Arbeletche y Carballo (2006)1 identifican a los “medianeros chicos” y “productores agrícolas familiares”. Los primeros son productores de baja escala (su superficie media agrícola era de 294 ha en 2000 y de 464 ha en 2009), netamente agrícolas, y que acceden a tierra fundamentalmente bajo la modalidad de 1 En adelante, y salvo especificación, las denominaciones de tipos y subtipos, así como sus características fundamentales son tomadas de este trabajo.

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medianería. Los segundos son productores también de baja escala que combinan agricultura extensiva con lechería, combinando la propiedad y el arrendamiento como modalidad de tenencia; su superficie media pasó de 71 ha a 216 ha entre 2000 y 2009.

Entre los empresariales aparecen tres subtipos. Los “medianeros grandes”, de escala sensiblemente mayor que los medianeros chicos (1.269 ha de superficie promedio agrícola en 2000 y 1.027 ha en 2009), presentan una orientación fuertemente agrícola pero con importantes superficies de pasturas mejoradas destinadas a la ganadería. Los “empresarios medios agrícola ganaderos”, manejan la mayor parte de su tierra en propiedad; su principal actividad es la ganadería (de carne, leche y ovinos), que combinan con la agricultura extensiva; su escala es media, en 2000 presentaban 822 ha de superficie promedio. Finalmente los “empresarios grandes agrícola ganaderos”, con una superficie agrícola promedio de 1.872 ha en 2000 y 3.380 ha en 2009; manejan tierra en propiedad y arrendamiento en proporciones similares, y combinan agricultura, que ocupa una proporción importante de los sistemas (más del 30%) con ganadería de carne y ovinos.

Los nuevos actores empresariales

Los cambios en la agricultura extensiva han sido dinamizados por el arribo de nuevos actores empresariales, en general de procedencia argentina. Entre 2000 y 2009 estos “nuevos agricultores”, según la tipología de Arbeletche y Carballo (2006), pasaron de no existir a representar el 15% de los productores y a controlar el 57% de la superficie de cultivos agrícolas. Su principal rubro es el cultivo de soja, en el que controlan la mayor parte de la superficie, de modo que en 2009 el 1% de los agricultores (12 empresas) controlaba el 35% de la superficie (Arbeletche y Gutiérrez, 2010). Estas empresas llegaron fruto de su expansión territorial (por lo general están presentes en toda la región) y en particular fueron atraídas por las facilidades tributarias, el menor precio de la tierra en comparación con Argentina y el buen “clima de negocios”, que se suman a las buenas condiciones agroecológicas (suelos, régimen hídrico y clima) y de infraestructura (silos, caminería, puertos de embarque cercanos, etcétera) que ofrece Uruguay (Oyhantcabal y Narbondo, 2011).

La mayoría son conocidas como pools2 de siembra: sociedades de inversores (fondos de inversión o fideicomisos) que tienen como objetivo valorizarse aumentando la escala productiva. Se definen como un sistema de producción agraria dinamizado por el capital financiero que se basa en el arrendamiento de grandes extensiones de tierra; la contratación de equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte; la gestión a cargo de equipos profesionales; la toma de seguros contra eventos climáticos y la operación en mercados de futuros. Su gran desarrollo ha sido en la Argentina donde se estima habría unos 2700 controlando entre el 7% y el 10% de la tierra cultivada. Las principales empresas son Los Grobo, El Tejar SA, Adecoagro, MSU, Cresud, Olmedo Agropecuaria y Liag las integran un grupo de empresas que, junto a otras de menor magnitud, manejan un total de 3 millones de ha (Oyhantcabal y Narbondo, 2011).

En Uruguay las principales empresas que operan son: Tafilar (El Tejar, Argentina) con más de 150.000 ha, Crop Uruguay (Cargill, EUA) con 100.000 ha, Agronegocios del Plata (Los Grobo, Argentina, asociada con el uruguayo Marcos Guigou) con 90.000 ha, Barraca Erro (Uruguay) con 60.000 ha, MSU (Argentina) con 55.000 ha, COPAGRAN (Uruguay) con 50.000 ha y Garmet (Perez Companc, 2 La palabra inglesa pool significa “vaca” o “colecta” ya que se trata de un fondo que reúne aportes de varios inversores.

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Argentina) y AdecoAgro (de Argentina) con 45.000 ha cada una y Kilafen (Argentina) con 25.000 ha3 y Cosechas del Uruguay (Argentina) con 20.000 ha.

Arbeletche y Carballo (2006) los definen como “gerenciadores agrícolas”, doce empresas que controlan el 35% de la superficie agrícola. Como características básicas destacan: operación en grandes superficies con economías de escala, la posesión de escaso o nulo activo fijo, la canalización de fondos de inversión de distintos orígenes, la expansión de su superficie a través de arrendamientos con contratos de corto plazo y/o medianería, la combinación de secuencias de agricultura continua con alta presencia de soja, el desarrollo de la totalidad de las operaciones técnicas mediante contratación de servicios de maquinaria e insumos, el desarrollo de los cultivos en función de planes de producción previamente establecidos, y la reducción de riesgos diversificando geográficamente las siembras.

Además identifican otros dos subtipos entre los nuevos agricultores. Los “agricultores muy grandes con ganadería como complemento”, caracterizados por presentar mayores inversiones en activo fijo, utilizar tierras de su propiedad y combinar en sus establecimientos áreas de agricultura continua (sin fase de pasturas) con ganadería en zonas marginales. Y los “medianeros de agricultura continua”, que llegaron al Uruguay masivamente a partir del “boom agrícola”, accediendo a tierra a través de arrendamientos y medianerías, desarrollando sistemas de soja continua. Si bien en 2009 controlaban más del 13% de la superficie agrícola con 130.000 ha, actualmente estarían en reconversión hacia los otros dos subtipos (Arbeletche y Carballo, 2006).

A los agricultores hay que agregar el arribo de las grandes transnacionales de la agricultura mundial, reseñadas en el apartado anterior. Se trata fundamentalmente de las empresas Monsanto, Nidera, Cargill, ADM, Bunge y Louis Dreyfus. Su mayor desarrollo ha sido en la fase pre-agrícola y en la acopio/exportación, aunque han avanzado paultivamente hacia la fase agrícola como es el caso de Cargill, a través de estrategias de gerenciamiento integral de establecimientos de agricultores. Son las principales responsables de proveer y actualizar el paquete tecnológico de la agricultura, así como del acopio de granos con la construcción de nuevas plantas de silos y de su colocación en el exterior.

Evolución de los tipos sociales: dinámicas de acoplamiento, desplazamiento y exclusión

El arribo de los “nuevos agricultores” supuso profundos cambios en la estructura agraria de la agricultura extensiva. Destaca en particular su impacto entre los “viejos agricultores” según la tipología de Arbeletche y Carballo (2006), es decir, los productores agropecuarios presentes antes del boom agrícola, que redujeron su participación tanto en la superficie total como en el número de productores. El subtipo más afectado fueron los productores agrícolas familiares que redujeron su participación tanto en términos absolutos como relativos, siendo que alrededor de 600 agricultores familiares abandonaron la producción entre 2000 y 2009, pasando de representar del 15% al 6% del área agrícola (Arbeletche y Gutiérrez, 2010), (Gráfico II).

Gráfico II Número de productores y superficie ocupada por estrat o (Nuevos agricultores, Viejos

agricultores y Agricultores familiares) en 2000, 2005 y 2009.

3 La Nación (21/01/2010) y Brecha (18/3/2011).5

Fuente: Adaptado de Arbeletche y Gutiérrez, 2010.

Esta dinámica general de cambios en el peso relativo de los distintos tipos sociales de productores esconde procesos sustancialmente diferentes, que pueden clasificarse en tres tendencias claramente distintas según el tipo de productor: (1) el acoplamiento a la nueva dinámica agrícola, comportamiento característico de los “viejos agricultores” de tipo empresarial; (2) el desplazamiento de la actividad que se realizaba; y (3) la exclusión del acceso a los medios de producción, lo que lleva a la exclusión directa de la actividad agropecuaria en algunos casos o al cambio de la inserción en el sistema productivo, a través de la venta de la fuerza de trabajo.

Acoplamiento

El acoplamiento a la nueva dinámica agrícola es el proceso que han atravesado claramente la mayoría de los “viejos agricultores” de tipo empresarial, fundamentalmente los empresarios agrícola-ganaderos medios y grandes, que se han mantenido en la actividad agrícola, no han cambiado sustancialmente en número, e incluso han tendido a incrementar su superficie agrícola total y el promedio por empresa. Su actual dinámica de funcionamiento tiene muchos puntos en común con los aquellos “nuevos agricultores” que han incorporado la ganadería como complemento (Arbeletche y Gutiérrez, 2010).

Desplazamiento

El proceso de desplazamiento ocurre a distintos niveles de profundidad y en diferentes direcciones según el tipo de productor, y tiende a focalizarse entre aquellos de tipo familiar dentro de la agricultura extensiva y en otros rubros, principalmente la lechería y la apicultura. Lo que caracteriza este proceso es el desplazamiento del productor del rubro y/o del territorio que ocupaba hacia otros rubros, territorios y/o

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actividades productivas, pero que no supone un proceso de proletarización en el cual el trabajador es separado de los medios de producción y subsistencia. De esta forma no se trata de un proceso que necesariamente afecta las condiciones de reproducción social de los sujetos, sino que el impacto es diferencial y depende fundamentalmente del tipo de re-inserción en la actividad económica que propicia la intensificación de la agricultura.

Como plantean Gras y Hernández para el caso argentino “para caracterizar este proceso es necesario considerar tanto a quienes perdieron su vínculo con el sector agropecuario (y se dedican luego a actividades no agrarias) como a quienes lo mantienen desde otras inscripciones ocupacionales (el caso extendido de la prestación de servicios de maquinaria). El eje del desplazamiento sería entonces la pérdida de la propiedad familiar de la tierra, vector constitutivo de una categoría social de larga presencia histórica en el agro argentino: los chacareros” (2009, 103).

Como criterio general hacia la construcción de una tipología, debemos tomar en cuenta no sólo la posición de los sujetos en relación a la posesión o no de los medios de producción, sino también el control del tiempo del proceso productivo (Marx, 1975) ya que este es uno de los elementos particularmente sensibles en aquellos desplazamientos donde los agricultores se convierten en prestadores de servicios, por ejemplo.

Estas son las posibles dinámicas que encontramos en el sector agrícola uruguayo, aunque debemos considerar algunas particularidades y –sobre todo- la ausencia de datos directos para construir estas categorías analíticas a partir de sustento empírico.

Según DIEA, citada por Arbeletche y Carballo (2008), en la zafra 2007/2008 un tercio de los productores encuestados ya no realizaban agricultura, aunque sí otros rubros. Estos productores ocupaban en total 1 millón de ha, y dedicaban 87% de la superficie a ganadería y 12 % a la lechería. El abandono de la agricultura se debe a falta de recursos en 25% de los casos; los márgenes agrícolas no convenientes explicarían 14% y el argumento de que es más redituable arrendar la tierra que cultivar significaría 10% de los casos. El 51% restante señaló otros motivos, como los altos costos agrícolas y los mayores riesgos de la agricultura. Estos autores destacan a partir de un estudio de 24 casos, que los principales motivos para el abandono de la agricultura son: la dificultad para mantener o a acceder a tierra; la venta del campo donde trabajaban; un considerable endeudamiento y la disolución de una sociedad familiar.

A partir de los motivos para el abandono de la actividad agrícola directa identificados es posible distinguir claramente dos tipos de desplazamiento. Uno con reinserción en el complejo agrícola, que afectó a productores familiares de la agricultura extensiva, y el desplazamiento con reducción de escala que sufrieron pequeños productores familiares de rubros que compiten por tierras con la agricultura.

Entre desplazados y reinsertos en el complejo agrícola se distinguen a su vez dos situaciones: los medianeros y los propietarios. Los medianeros que perdieron la tierra por no poder competir por la renta con los grandes agricultores, o porque el campo que arrendaban fue vendido, tuvieron como principales estrategias de re-inserción según el estudio de casos de Arbeletche y Carballo (2008) la creación de empresas de servicios agrícolas (principalmente de cosecha y siembra), muchas veces financiadas por las mismas empresas que los contratan4; y la migración productiva hacia tierras menos 4 El número de empresas contratistas prestadores de servicios agrícolas registradas en la seguridad social pasó de 1110 en el 2000 a 2944 en el 2009 (Tommasino y Bruno, 2011).

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fértiles. Y los propietarios (y a veces propietarios y medianeros) quienes, producto de deudas y/o del alto precio de la tierra, vendieron una parte o todo el campo y se reubicaron en zonas ganaderas, o arrendaron el área agrícola del campo. Este tipo social asume una modalidad particular de arrendamiento que puede ser caracterizada como medianería, en las situaciones donde tercerizan la producción a un gerenciador agrícola que se encarga de todas las operaciones del cultivo y paga un porcentaje según la producción al propietario. En estos tipos la principal fuente de ingresos pasó a ser la renta de la tierra con destino agrícola, que puede ser complementada con ingresos de la ganadería si se mantienen en la producción y/o de la venta de servicios de maquinaria a los arrendatarios/gerenciadores. En estos casos el desplazamiento implica una reinserción en la actividad agricultura, ahora como socios de las grandes empresas capitalistas del sector, ya sea como rentistas o como prestadores de servicios.

A otro nivel de desplazamiento se encuentran los productores que se vieron obligados a reducir su escala en rubros que compiten por tierras con la agricultura. La creciente demanda por tierras provocada por la expansión agrícola supuso incrementos significativos de su precio, tanto de compra-venta como de arrendamiento, que se quintuplicó entre 2000 y 2010 (DIEA, 2011a), y una intensificación de la competencia por tierra entre rubros. Así, entre 2002/03 y 2009/10, la superficie destinada a la lechería se redujo en 130.000 ha, mientras la superficie de chacra en la agricultura aumentó 750.000 ha (DIEA, 2011b). La lechería maneja una importante proporción de su superficie bajo arrendamiento, y entre los productores lecheros de menos de 50 ha la proporción de superficie bajo esta modalidad de tenencia es la más alta, casi el 40% (DIEA, 2009a). Por este motivo es altamente probable que el avance de la agricultura haya desplazado buena parte de la superficie arrendada por productores familiares lecheros de pequeña escala que no pueden competir con los precios y modalidades de pago de los arrendamientos que ofrecen los agricultores.

Otro rubro afectado ha sido la apicultura a partir del desplazamiento territorial generado por los altos índices de mortandad de colmenas que provoca la aplicación masiva de agrotóxicos en la agricultura y por la afectación de los servicios ecosistémicos necesarios para la producción apícola. De esta forma los apicultores deben migrar hacia otros territorios menos afectados por las fumigaciones y la pérdida de ecosistemas. Por ejemplo, Al año 2003, el Estado uruguayo tenía registradas 258.525 colmenas, distribuidas en unos 3.000 apicultores. La producción promedio por colmena se situaba en 27 kilos de miel, mientras que algunos productores alcanzaban los 60kg (Ríos et al, 2010). También según datos oficiales, la cantidad de productores se redujo un 20% entre 2007 y 2009 mientras que el número de colmenas, pasó de 517 mil en 2007 a 486 mil en 2009 (DIGEGRA, 2009). Por su parte la producción se redujo un 40% en el mismo período. Según estimaciones recientes las principales causas de esta afectación son el uso de insecticidas y las seguías, principalmente en la zona litoral sur con las plantaciones de soja (Ríos et al. 2010).

Exclusión

Esta modalidad refiere a aquellos productores que son separados de los medios de producción y subsistencia, y que sólo se re-insertan en la actividad económica como asalariados. Probablemente haya sido el caso menos frecuente entre los productores

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vinculados al sector agrícola, en la medida que la mayoría o se acopló a la dinámica de expansión, manteniéndose como agricultor, o se reinsertó como prestador de servicios o rentista manteniendo marginalmente la actividad ganadera. Sin embargo es posible identificar algunas camadas de medianeros chicos o propietarios de tierra previamente endeudados que, ante la expansión de los arrendamientos y el aumento significativo del precio de la tierra, vendieron su capital y/o su tierra, saldaron las deudas y abandonaron la actividad agropecuaria (Arbeletche y Carballo, 2008).

Entre los potenciales expulsados por el avance de la agricultura habría que incluir una parte de los 400 productores lecheros que abandonaron la actividad entre 2002/03 y 2009/10 (DIEA, 2011b), entre los que podrían encontrarse algunos de los mencionados en el ítem anterior. Es decir establecimientos de pequeña escala, con alta proporción de tierras en arrendamiento, que se vieron forzados a reducir hasta tal punto la escala que debieron abandonar la producción. Un proceso similar podría estar ocurriendo con productores familiares ganaderos arrendatarios en zonas tradicionalmente no agrícolas hacia las que se ha expandido esta actividad, como el Centro y Este del País. Un último caso es el de los apicultores sin condiciones para migrar territorialmente que necesariamente deben abandonar la producción apícola.

Es necesario destacar que no existe información suficiente para cuantificar el nivel de incidencia de este proceso de expulsión de productores agropecuarios a causa de la expansión agrícola, por lo que son necesarias futuras investigaciones para caracterizar mejor el fenómeno. De todas formas, del análisis de los datos del Banco de Previsión Social (BPS) procesado por Tommasino y Bruno (2011) se desprende un incremento de 14% en el nivel de registro en la seguridad social entre el 2000 y el 2009 que pasan de 152.996 a 178.085, lo que podría estar asociado al proceso de proletarización (más trabajadores asalariados), aunque también se podría explicar por el incremento generalizado de la formalización la economía nacional.

Consideraciones generales sobre los cambios en la estructura agraria

Es necesario destacar algunos elementos particulares de este proceso combinado de acoplamiento, desplazamiento y exclusión. El avance de la soja en plena zona agrícola desplaza a las unidades de producción de menor escala por problemas de competencia asociado a un proceso de diferenciación social que, en lugar de proletarizar a los desplazados, los convierte en rentistas y/o en pequeños capitalistas prestadores de servicios. Esto se debe en buena medida a que el tipo social desplazado no es el típico campesino separado de sus medios de producción y subsistencia por el avance del capitalismo en lo que Marx (1975) denominó como acumulación originaria.

En particular el hecho de que en Uruguay la propiedad privada de la tierra con garantías del Estado se generalizó con el alambramiento de los campos hacia finales del siglo XIX alcanzando todo el territorio nacional, hace que el proceso de centralización de la producción este siempre mediado por relaciones de compra/venta o arrendamiento. Por estos motivos los pools de siembra se expandieron arrendando o comprando campos, transfiriendo una cuantiosa masa de riqueza a los propietarios de la tierra. En base a los datos de DIEA (2008, 2009b, 2010b y 2011a) sobre arrendamientos de tierras entre 2007 y 2010, se obtiene que en dicho período los propietarios que arrendaron su campo para agricultura de secano percibieron un monto cercano a los US$ 220 millones, por el simple hecho de “prestar” su campo para la producción.

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Esta situación tiene dos implicaciones centrales. En primer lugar consolida una fracción de la clase capitalista que vive de la renta de la tierra y que objetivamente es socia de la clase capitalista en sentido estricto. En segundo lugar, y a consecuencia de lo anterior, explica la ausencia de conflictos entre los “nuevos” y los “viejos” agricultores. Esta es una diferencia sustancial con las consecuencias del proceso de expansión de la agricultura en territorios donde no está consolidada la propiedad privada de la tierra, como es el caso del Noreste argentino o de la Amazonia brasilera, y donde esta expansión supone la expulsión violenta de los habitantes (campesinos e indígenas), recreando un proceso de acumulación originaria continuada o, al decir de Harvey (2003), de acumulación por desposesión en la medida que la tierra se convierte en mercancía. Por el contrario, en el caso uruguayo la acumulación originaria se realizó durante el siglo XIX con el etnocidio de los pueblos originarios y la expulsión de más de 40.000 trabajadores “sin tierra” de la campaña (Barran y Nahum, 1967), rigiendo en la actualidad el intercambio de títulos de propiedad/usufructo por una renta.

En Uruguay los desplazados que son propietarios de la tierra son productores familiares o pequeños capitalistas que no pueden competir con los grandes capitalistas, pero que pueden apropiarse de la renta del suelo y/o convertirse en empresarios vendedores de servicios agrícolas porque poseen capital en maquinarias agrícolas. De esta forma este tipo social se convierte objetivamente en socio de los pools de siembra.

Por el contrario, el proceso de exclusión que se asemeja al proceso típico de diferenciación social que expulsa productores independientes y los convierte en asalariados, quizás sí pueda estar operando cuando se afecta a productores familiares que arriendan o poseen poca tierra y capital. Tomando como punto de partida la tipología de Shanin (1988) para analizar el proceso de cambio del campesinado en el mundo, se podría esperar que los expulsados puedan seguir como trayectorias predominantes: (1) diferenciación social con proletarización cuando hay reinserción como asalariados; (2) marginalización/semi-proletarización, quizás como paso previo a la proletarización, cuando los productores persisten de forma subordinada al capital; (3) y pauperización cuando los productores no logran reinsertarse como asalariados incrementando el desempleo estructural, el sub-empleo y la marginalidad. De estas trayectorias hipotéticas, en Uruguay es altamente probable que el proceso de exclusión genere mayoritariamente proletarización, en la medida que desde el año 2003 se asiste a un sostenido proceso de crecimiento económico que propició una drástica reducción del desempleo que cayó de 20% en 2002 a 5,5% en 2011, de forma que es altamente probable que la mayoría de los excluidos se hayan reinsertado como asalariados y no como desempleados. De todas formas, y como se adelantaba al comienzo del artículo, es necesario recabar mayor información empírica para validar y/o refutar estas hipótesis, por lo cual no es descartable a priori que parte de los expulsados hayan seguido las otras trayectorias que propone Shanin.

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DIAGRAMA SÍNTESISIMPACTOS DE LA INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA

4. DISCURSOS

No todos estos actores han tenido la misma capacidad de colocar su discurso en circulación en los medios de formación de opinión o toma de decisiones. Muchas veces, determinados espacios o centros de formación de opinión han instalado la idea de esta gran transformación que se ha producido en la estructura agraria del país en la pasada década ha tenido el signo favorable que se expresa en el “éxito” de los empresarios (lo que en realidad, se corresponde con el desempeño de uno de los tipos de productores que fue analizado en el apartado anterior, o sea los “nuevos agricultores”, en cierto modo compartido con los “viejos agricultores” acoplados).

La idea aquí es dar cuenta de algunos de estos espacios de formación de opinión pública y masa crítica favorable a la expansión del agronegocio (en clave celebratoria de las transformaciones), identificar las pocas –y recientes- expresiones críticas a este proceso, discutir algunas hipótesis en relación con los amplios silencios sociales en relación a estas profundas transformaciones y analizar algunos discursos del Estado en relación a este proceso.

El discurso celebratorio11

Tres espacios de opinión en medios masivos de comunicación, un programa académico de una de las más importantes universidades del país y una gran exposición agroindustrial (la “Expoactiva” del departamento de Soriano) conforman la principal red de formación de opinión y masa crítica favorable a las transformaciones productivas recientes en el país.

Los espacios mediáticos, todos de alcance nacional, son:

Tertulia Agropecuaria de Radio El Espectador, 810 AM de Montevideo Suplemento Agropecuario del Diario El Observador

Suplemento El País Agropecuario (elaborado por la consultora SerAgro)

Estos espacios mediáticos han sido ámbito de expresión5 de una serie de editoriales y columnas que han instalado la asociación directa entre estas transformaciones en la estructura agraria y el desempeño exitoso de los nuevos agricultores. A esto se ha agregado el recientemente creado Programa de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica -con financiamiento de las principales empresas agrícolas que operan en el país- que ha publicado un trabajo que resume datos sobre este proceso. Esta suerte de think thank ha venido a complementar algunas de las acciones desarrolladas por la Mesa Tecnológica de Oleaginosas, “un ámbito de discusión y análisis sobre la competitividad estructural de toda la cadena productiva de los oleaginosos y sus productos, con especial énfasis en los aspectos tecnológicos que hacen a cada una de las etapas y a la cadena en su conjunto, así como la organización de actividades de actualización, desarrollo y difusión de la industria” (MTO, 2012). Este ámbito reúne a los grupos empresariales más importantes del sector (los “nuevos agricultores” y las empresas vinculadas a la fase de acopio) con instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). A su vez la Mesa Tecnológica de Oleaginosos cumple la función de vínculo con los ámbitos similares a nivel regional y global6. Podemos incluir aquí a la Asociación Uruguaya de Siembra Directa (AUSID) organización que nuclea a las empresas del rubro y a varias organizaciones de productores agrícolas, aunque ha tenido un perfil muy bajo en la difusión de los beneficios del modelo.

Secco y Errea, dos de los referentes de este programa de la Universidad Católica han sostenido que: “Este proceso [la intensificación agrícola] ha creado oportunidades inéditas para la población rural y ha impulsado cambios en la estructura agraria y modificaciones en la población, el empleo, las dinámicas territoriales y los ingresos rurales” (Secco y Errea, 2008: 89).

5 Podríamos considerarlos como intelectuales orgánicos del “partido” del agronegocio, en términos gramscianos: “un periódico (o un grupo de periódicos) una revista (o un grupo de revistas) son también “partidos” o “fracciones de partido” o “función de determinado partido”” (Gramsci, 1980, 29-30). 6 Por ejemplo, integra la siguientes asociaciones: International Soybean Growers Alliance (ISGA), AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), ACSOJA (Asociación de la Cadena de la Soja Argentina), APROSOJA (Asociación de Productores de Soja de Matto Grosso), APS (Asociación de Productores de Soja de Paraguay), ASA (American Soybean Association), CAPECO (Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas), MTO (Mesa Tecnológica de Oleaginosos de Uruguay), USSEC (U.S. Soybean Export Council) y USB (United Soybean Board) y la Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), (MTO, 2012).

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La valoración sobre estos cambios es, desde esta óptica, asumida en general como positiva en las diferentes dimensiones en que se descompone. Alguno de los niveles sobre los que impacta o impactará este proceso son “el empleo y las condiciones de vida y de residencia de la población rural” agregando que “probablemente haya un aumento de la proporción de asalariados y una reducción de la participación de la pequeña empresa agropecuaria tradicional” con la consecuencia de “mayores oportunidades y mejores ingresos” que “inducen a la población rural dispersa a radicarse en centros poblados” (Secco y Errea, 2008: 90).

Este otro nivel de impacto de las transformaciones en la estructura agraria sería responsable, según estos autores del hecho de que “en los centros poblados, las familias tienen mejores oportunidades de educación, cuidado de la salud, comodidades, esparcimiento y acceso a la cultura. Todo ello implica un mejoramiento de las condiciones de vida rurales y de las oportunidades de desarrollo personal” (Secco y Errea, 2008: 90). “En la medida en que las tendencias se consoliden –agregan-, se irá modificando la estructura agraria. Se podría esperar una reducción del peso de la agricultura familiar (de la microempresa rural); una mayor proporción del empleo estará compuesta por asalariados —menor ponderación de microempresarios—; probablemente los asalariados rurales se parecerán cada vez más a los asalariados industriales: vivirán en centros poblados, serán más especializados, tendrán mayores ingresos, mayor acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al esparcimiento y al confort urbano. Se modificarán los estilos de vida rurales; los hábitos y valores de la campaña podrán irse diluyendo. Son procesos que se han vivido en determinados nichos dentro del país y en forma más generalizada en países vecinos. Muchos trabajadores y productores rurales tendrán dificultades para reinsertarse en procesos de esta naturaleza. En especial, los de más edad y menores calificaciones, mientras que los más jóvenes tienden a preferir las nuevas maneras que se ofrecen” (Secco y Errea, 2008: 94).

Desde el punto vista de los impactos sociales de la expansión e intensificación agrícola, es relevante notar la valoración positiva que hacen Secco y Errea -como exponentes de la visión dominante sobre los efectos del avance del agronegocio- respecto a los cambios esperados en la proporción de asalariados y pequeños productores familiares, y la migración de pobladores rurales hacia centros poblados.

Este discurso celebratorio del agronegocio no ha tenido en Uruguay una referencia directa en los propios actores empresariales, salvo particulares excepciones. Una de ellas ha sido la referida a las externalidades ambientales del modelo del agronegocio. Los actores empresariales hablan de “ecoeficiencia” y de una “agricultura bien hecha, en siembra directa, en rotación, que no es soja, sino rotación con cultivos de gramíneas con lo que se alimenta el suelo, se mejora la vía biológica, se utilizan químicos en situaciones que corresponden y en las dosis correspondientes, con buenas prácticas de aplicación, todo eso lleva a una de las agriculturas más sustentables y ecológicas del mundo” (El Espectador, 09/07/2009), como sostenía Oscar Alvarado, de El Tejar, entrevistado en la referida emisora radial.

Es interesante contraponer estas ideas con el discurso -también público- de uno de los técnicos de la misma empresa en Uruguay, quién en un evento de discusión técnico-gremial, realizado en 2007 en el departamento de Río Negro sostuvo “lo único que nos interesa es el diseño, la organización y la gestión de un sistema de producción. Somos gerenciadores de relaciones y hacemos todo dentro de la legalidad” buscando “un sistema de gestión integrada para la sustentabilidad” (El Observador, 22/06/2007). Si tomamos las categorías que propone Harvey (1996) mientras el empresario se ubica

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dentro de la categoría de la “modernización ecológica”7 este técnico parece ubicarse más dentro de lo que Harvey llama la “visión estándar” de la gestión ambiental. Lo interesante –manteniendo las categorías que propone Harvey- es constatar que dentro de este discurso celebratorio del agronegocio no encontramos el llamado de “uso racional y defensa de la propiedad privada”. Parece evidente que conceptos como ecoeficiencia y sustentabilidad han sido rápidamente adoptados -y adaptados- por el sector empresarial del agronegocio.

Los discursos de alerta

Una de las voces que recientemente se han posicionado claramente en torno a llamar la atención sobre los impactos sociales de estas transformaciones productivas ha sido la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) una organización gremial de segundo grado que reúne a organizaciones de base de productores familiares (básicamente ganaderos). En un reciente documento de propuestas políticas (CNFR, 2011) la CNFR plantea la existencia conflictiva de dos modelos enfrentados: el del agronegocio y el de la agriclutura familiar. Estos modelos “no son diferentes o complementarios – se sostiene desde CNFR- son modelos de agricultura que nacen y permanecen en conflicto, por lo que se hace imprescindible una intervención estatal marcando reglas de juego al modelo del Agronegocio, para no comprometer la viabilidad del modelo de Agricultura Familiar” (CNFR, 2011, 10). En este discurso se plantea la incompatibilidad de la coexistencia de ambas lógicas productivas, al menos en un plano armónico, identificando en la expansión del agronegocio la principal causa de la exclusión de los productores familiares: “la ‘coexistencia’ no regulada, ha venido generando un proceso continuo de extranjerización y concentración de recursos, así como de exclusión y marginación de pequeños productores rurales” (CNFR, 2011, 10).

Es interesante ver que dentro de esta alerta se incluyen algunos elementos de carácter ambiental, en clave de “interrogantes” sobre la sustentabilidad del modelo de agronegocio, llamando la atención sobre la “devastación de la naturaleza, desestabilización de los ciclos del clima y agua” así como procesos erosión y desertificación (CNFR, 2011, 10).

Otras de las voces de alerta han venido desde afuera del sector agropecuario, pero no fuera del mundo de la producción. La apicultura ha sido uno de los sectores que ha recibido en mayor medida las externalidades de la intensificación de la agricultura, sobretodo a partir del impacto ambiental por la masificación del uso de plaguicidas (y sus efectos sobre los propios apiarios y/o sobre sus fuentes de alimento).

Uno de los dirigentes nacionales de la Sociedad Apícola del Uruguay planteó el “conflicto” en estos términos: “Nosotros no estamos contra los productores agropecuarios, lo que queremos es que el modelo no afecte la calidad del medio ambiente y que realmente sea sustentable y permita que todos los rubros del agro puedan convivir. Hoy el modelo es muy agresivo y está dañando fuertemente el ecosistema, la biodiversidad vegetal está disminuyendo, y lo mismo pasa con la animal, y dentro de pocos años vamos a tener mucha soja, muchos eucaliptos, pero ya no vamos a tener ciertos pájaros ni ciertos insectos” (La Diaria, 27/04/2010, pág. 10).

7 Para esta posición dentro de los discursos sobre la cuestión ambiental, la palabra clave es “sustentabilidad”, parte de la idea de que la actividad económica siempre implica impacto ambiental y por tanto -en clave de proteger a las generaciones futuras- se deben definir niveles institucionales de regulación y control. Se plantea la necesidad de hacer más “eficiente” el desarrollo, internalizando los costos ambientales y minimizando las externalidades.

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Estas expresiones de alerta han sido recientes y seguramente esta lenta reacción está vinculada también con alguno de los silencios que se analizarán en el próximo apartado.

Los silencios

Poco se ha explorado sobre los silencios, sobre la voz de los aquí llamados excluidos en este proceso de expansión del agronegocio, ya que estas alertas provienen de organizaciones de productores que aún se mantienen en la producción. Como ha planteado Zibechi, explorando una explicación para la no denuncia de casos de intoxicaciones por fumigación con pesticidas, “el silencio de los afectados es una construcción social de una sociedad que parece poco preparada para exigir y hacer respetar derechos” (Zibechi, 2012). Seguramente gran parte de este silencio esté vinculado a las particularidades de la estructura social del campo uruguayo y a la manera en que ha recibido a los protagonistas de estas profundas transformaciones estructurales (y dónde la mayor parte de los productores se han acoplado o se han desplazado en los términos que aquí se han definido, o sea asociándose a estos nuevos actores empresariales).

Por otra parte, en el caso de la apicultura se ha planteado que gran parte de su silencio puede explicarse también por su carácter estructuralmente dependiente de los propietarios de la tierra: los apicultires “se ven enfrentados al dilema de no denunciar la mortandad de abejas para no ser expulsados del lugar donde les han permitido instalar sus colmenas, o perder el lugar donde se encuentran por un reclamo de justicia productiva, antes que ambiental. Aquí juega mucho la relación entre los apicultores y los responsables de los campos, o aun de los propietarios que arriendan para la soja, y a quienes indirectamente perjudicarían, al realizar la denuncia” (Santos, 2011, 102).

5. EL PAPEL DEL ESTADO

Como ya fue dicho, el rol principal del Estado durante esta década de expansión e intensificación de la producción agrícola ha tenido en el horizonte el lineamiento general de la política económica de los últimos diez años: el mantenimiento de un “buen clima de negocios”, esto es asegurar la rentabilidad para los inversores como principio orientador de las demás políticas públicas (ambientales, sociales, etc.).

En ese marco, el agronegocio sojero ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico del país, logrando colocar las exportaciones de soja como segundo rubro de exportación en 2011. Las políticas del Estado hacia el sector han estado enfocadas en la mitigación de los impactos ambientales de la producción, pero siempre en acuerdo con el sector empresarial (manteniendo la seguridad jurídica a las inversiones y sin afectar el “clima de negocios”).

En 2005 el gobierno cambió de signo, culminando con la historia de gobiernos de partidos políticos conservadores, asumió la conducción del Poder Ejecutivo el Frente Amplio, una coalición de partidos de centro-izquierda, que gobierna el país desde entonces. A mitad del primer período de gobierno, a fines de 2008, comenzó a discutirse a nivel parlamentario una propuesta para ordenar el uso de los suelos, ante la evidencia generada por la Facultad de Agronomía (García Préchac et al. 2010) de que la intensificación de la producción agrícola, paradójicamente, estaba generado serios problemas de erosión. La paradoja radica en que el modelo de siembra directa utilizado desde principios de la década de 2000 tiene como fundamento la conservación del suelo

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(de ahí, la no roturación y la necesidad de una mayor aplicación de agrotóxicos para controlar las malezas). En la dinámica que se ha generado en Uruguay debido a la rentabilidad agrícola, se ha alterado el ciclo de rotación de cultivos (dejando el suelo descubierto luego de la cosecha agrícola, sin realizar cultivos de invierno)8.

Esta fue la fundamentación básica para la aprobación a de la Ley 18.564 de Conservación, uso y manejo adecuado de suelos y aguas. Sintéticamente, la ley establece algunas modificaciones a un decreto-ley de 1981 que establecía criterios generales que permitieran la preservación de los suelos para la producción agropecuaria.

Las modificaciones, realizadas atendiendo al nuevo contexto de la intensificación agrícola, obliga a los titulares de la explotaciones agropecuarias “cualquiera sea su vinculación jurídica (…) con el inmueble que les sirve de asiento” a aplicar “las técnicas que señale el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para evitar la erosión y la degradación del suelo o lograr su recuperación y asegurar la conservación de las aguas pluviales” (Art. 2º, Ley 18.564).

Estas modificaciones a la Ley entraron en vigencia en octubre de 2009, aguardando su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo que llegaría recién con el próximo gobierno del Frente Amplio (iniciado en marzo de 2010). Esta reglamentación, anunciada por las autoridades a comienzos de 2011, determinó la implementación de un mecanismo mediante el cual los responsables de las explotaciones agrícolas deberían presentar planes de manejo del suelo ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agrícultura y Pesca (MGAP), en donde se debería explicitar el sistema de rotación establecido, con la certificación de un ingeniero agrónomo y para el caso de los arrendamientos con el consentimiento del propietario de la tierra.

En ese entonces la titular de la RENARE –en una disertación realizada en la Cámara Mercantil de Uruguay- despejó cualquier duda en relación a la que medida pudiera afectar el “clima de negocios” del país: “No le queremos poner un techo a este crecimiento que está teniendo el país porque es un crecimiento que tironea a todo el país […] Pero si se da sobre un recursos y se espera que continúe, hay que buscar los cuidados necesarios” (Delgado, 2011).

Los planes de manejo de suelos deben contener “una cartografía del suelo, establecer la capacidad de uso de las diferentes unidades y fijar un programa de rotación de cultivos, que no podrá superar determinado grado de erosión a definirse” (Delgado, 2011).

Según establecía la reglamentación, durante el 2011 se llevaría adelante una fase piloto, para en 2012 se generalizaría la presentación de planes de manejo de suelos a todas las empresas agrícolas del país. Sin embargo, en febrero de 2012 la RENARE comunicó la extensión por un año más de la fase piloto, por lo que recién a partir de 2013 se volverá obligatoria la presentación de los planes de manejo de suelos. La justificación de la extensión del plazo inicial fue la poca representatividad de los planes presentados al momento de tomar la decisión (cuando, según los planes anunciados un año atrás, la medida ya sería obligatoria) y dificultades técnicas para la implementación de un dispositivo de seguimiento de los planes.

Si bien esto es así, una de las razones no expresadas es que en el período establecido se presentaron solamente 30 planes de manejo, abarcando una superficie 8 En la zafra de 2009, el 40% del área de cultivos de verano quedó en barbecho (campo desnudo), (Narbondo y Oyhatçabal, 2011).

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agrícola de 22.333 hectáreas, lo que representa menos del 2% de la superficie agrícola de la zafra anterior (aproximadamente 1,2 millones de hectáreas, si se suman las superficies con doble cultivo).

El Estado, que parecía librado a la lógica del mercado reasignando valor a los recursos naturales –en este caso el suelo- aplicó una medida voluntaria, como experiencia piloto a su aplicación obligatoria, y no le fue bien. Entonces, se sacrificó la preocupación ambiental de todo el sistema político, que votó la ley, por un año más de espera que los empresarios compartan la necesidad de presentar este tipo de planes de manejo. La directora de RENARE adelantó que, además, “habrá exoneraciones importantes” en el marco de la Ley de Inversiones para aquellos empresarios que presenten los planes de manejo (Olivera, 2012). O sea, habrá exoneraciones fiscales a los empresarios para estimularlos a cumplir la ley (sin entrar a discutir cuáles serán las medidas de control y fiscalización que aplicará el Estado para verificar el cumplimiento de la medida).

Otro de las intervenciones del Estado sobre el agro fue la implantación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, aprobado –no sin discusiones- a fines de 2011 (Ley 18.876). El impuesto pretende ser una medida que desestimule la concentración de la propiedad de la tierra a partir de la aplicación de una tasa a todas las explotaciones de más de 2.000 hectáreas índice CONEAT9 100 o equivalentes. En mayor medida puede decirse que este impuesto puede estar enfocado en sistemas productivos como el agronegocio forestal, que sí se basa en la adquisición de tierras. Como ya fue dicho, dos terceras partes de la superficie agrícola son cultivadas en tierras ajenas (arrendamiento y medianería). Lejos de implicar una política redistributiva –como pueden ser las retenciones a la soja en Argentina- nuevamente este impuesto implica un enfoque compensatorio de los impactos del agronegocio: su fundamentación, más allá de limitar la concentración, ha sido la necesidad de generar un fondo para el mantenimiento de la caminería rural, afectada por los vehículos que trasladas las mercaderías agrícolas desde su cosecha hasta los silos de acopio.

6. CONSIDERACIONES FINALES.

En el presente artículo partimos de la caracterización de la intensificación de la agricultura en Uruguay en los últimos 10 años, identificando los actores empresariales que han protagonizado ese proceso y aquellos que se han acoplado a él, tanto como quienes han sido desplazados a otras actividades dentro de la producción o aquellos que se han visto excluidos del acceso a los medios de producción.

Como ha sido expuesto, mucho más que una transformación productiva, este proceso ha significado una profunda transformación en la estructura agraria del país que aún hoy se está procesando.

Por último dimos cuenta algunos de los discursos en circulación pública sobre la expansión del agronegocio, tratando de ilustrar como la amplificación de tales discursos depende del lugar en la estructura agraria y de las redes y articulaciones establecidas en torno al agronegocio como agenda política. En este sentido, el rol del Estado ha sido el de mantener un clima de negocios y seguridad jurídica que viene de la década del

9 Índice de aptitud del suelo.17

noventa, aplicando medidas de mitigación del impacto ambiental (que han sido de carácter voluntario y ni aún así han logrado ser implementadas).

En todos los niveles hemos planteado la ausencia de información suficiente para plantear este tipo de abordajes, por lo que estos planteos quedan abiertos a una necesaria profundización posterior. Cuanto mayor sea el período de tiempo que se demore en avanzar para el análisis de este proceso seguramente serán mayores las dificultades en visualizar las dinámicas que genera en la estructura agraria del país.

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REFERENCIAS

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El silencio de los inocentes. Raúl Zibechi, Brecha, 13 de enero de 2012.

Sin lugar para los débiles. Apicultura desplazada por modelo agropecuario. Amanda Muñoz, La Diaria, 27 de abril de 2010, Montevideo.

Terra Nostra. Ricardo Delgado. La Diaria. Montevideo. 9 de febrero de 2011.

El suelo puedo esperar. Mariana Olivera. La Diaria. Montevideo. 17 de febrero de 2011.

LEYES

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