ECO-HEALTH

IN THE AMERICAS

LEGAL WORKING PAPER SERIES

IRRESPONSIBLE WATERS: IMPACT ASSESSMENT OF THE HYDROELECTRIC

DEVELOPMENT ON RÍO LAS VACAS (GUATEMALA)

Por Jeffrey Orozco & Rafael Sánchez

2010

Americas Eco-Health Assessment Law Project

www.cisdl.org/projects.html

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO LAS VACAS EN GUATEMALA

Por Jeffrey Orozco, CINPE & Rafael Sánchez, CINPE

1. Antecedentes

Guatemala tiene una extensión territorial de 108,889 kilómetros cuadrados y más de 13 millones de habitantes para el año 2008. Más de

la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y cerca del 16 % por debajo de la línea de extrema pobreza. La incidencia de la pobreza es mucho mayor en la zona rural que en la urbana. Los índices más altos de

pobreza se observan entre la población indígena en comparación con la no indígena. El índice de desarrollo humano (IDH) para el 2009 lo ubica en el

puesto 122. La mortalidad y natalidad han mostrado un descenso en los últimos 15 años a nivel de país (OPS, 2007).

En los últimos quince años el crecimiento económico ha sido en promedio de 2.4% anual, el mayor incremento se reportó en el año 2007 con un

5.7%, sin embargo para el presente año se pronostica una caída del 1% del PIB debido a la crisis mundial. La economía se basa principalmente en el comercio, con un crecimiento promedio anual de 10,9% entre 2003 y

2008, entre los sectores mas dinámicos se encuentran la agricultura, silvicultura, caza y pesca, cuyo aporte se ha mantenido en promedio de

22.5% y 22.9% en los últimos 5 años. La industria manufacturera ha decrecido, pero aún se mantiene como tercer rubro de aporte económico,

mientras que la actividad de transporte, almacén y comunicaciones es el cuarto rubro de la economía nacional. Otra actividad que genera ingresos al país son las remesas enviadas a familiares por guatemaltecos

residentes en otros países. De acuerdo al Banco de Guatemala el ingreso de divisas por esta razón registró una cifra equivalente al 12% del PIB en

el año 2007. La inflación anual fue de 8,7%, atribuible en parte a factores de oferta externa, por lo que no se cumplió con la meta inflacionaria de 2007 de entre 4% y 6%. El déficit del gobierno central fue de 1,5% del

PIB (1,9% en 2006) (CEPAL, 2008).

El país ha logrado avances formales en materia de gestión ambiental en los últimos años. Por ejemplo, es notorio el nivel constitucional en el que se aborda; la emisión de políticas públicas, instrumentos, leyes

ambientales y la conformación de un conjunto de instituciones con mandatos en la materia; suscripción de acuerdos ambientales de carácter

internacional y diferentes arreglos que permiten la participación de distintos actores de la sociedad civil en iniciativas ambientales. Todas estas medidas formales, sin embargo, aún no garantizan los niveles

deseables de gestión ambiental.

Como parte de los procesos de la reforma en el tema de salud, se elaboraron, en el año 1998, todas las normas de atención de los programas prioritarios. Actualmente, las prioridades de salud están

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plasmadas en los lineamientos del Plan Nacional de Salud 2008-2011 que incluye las siguientes políticas: a) fomentar la salud como pilar de la

productividad, la competitividad y el desarrollo social, b) mejorar las condiciones de salud mental, física y moral de las personas, para lograr la

igualdad de oportunidades y superación de la pobreza (Colón A., 2008). El estudio en esencia analiza el monitoreo y la experiencia existente con

leyes y políticas implementadas por Guatemala en la evaluación de impacto sobre el ambiente y la salud. Con el análisis de un estudio de

caso, se pretende evaluar las capacidades institucionales para evaluar y fiscalizar los impactos ambientales, la salud y la participación ciudadana que se desarrollaron durante la puesta en marcha de un proyecto

hidroeléctrico de gran relevancia para el país.

El estudio de caso “Hidroeléctrica Río las Vacas” evidenció que los impactos sociales, ambientales y de salud apenas si son tomados en cuenta, y mostró cómo el gobierno y la compañía volvieron su mirada a

las consecuencias negativas que estos proyectos podrían acarrear. Sin embargo es a partir de ese momento que empieza varios de los

programas de mejoramiento en la gestión ambiental para mitigar los impactos y que buscan una solución más sostenible del proyecto,

convirtiéndolo en pionero del tema de eco-salud en los países de la región. Actualmente Guatemala es uno de los principales países generadores y

suministradores de electricidad para el istmo centroamericano. Es catalogado por inversionistas en el tema hidroeléctrico, como el país de

mayor potencial dentro de la región, lo que le abre oportunidades para convertirse en un gran exportador de energía sostenible en el mediano plazo.

2. Guatemala: Legislación de la Salud Pública y Ambiental El tema de salud, es responsabilidad de la red de servicios del Ministerio

de Salud, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de los servicios de salud de los Ministerios de la Defensa y Gobernación y la Universidad de San Carlos. El MSPAS cuenta en total con 1,304 establecimientos de

salud de diversa complejidad. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dispone de 139 establecimientos. El sistema de salud se financia

con aportes de los asegurados, del Gobierno Central, las empresas y con recursos de Cooperación Internacional. El gasto en Salud como porcentaje del PIB ha mostrado un incremento total del 15% en el año 2006 respecto

a 1999. El proceso de Reforma se inició formalmente en el país en 1996 con el “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud” (PMSS)

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (OPS, 2007).

En los últimos años, la reforma del sector ha permitido mejorar el acceso a los servicios de salud de la población con mayor postergación, el acceso

a los servicios de salud alcanzó el 65,9% para el 2006. La principal estrategia del Ministerio de Salud para la prestación de servicios básicos y

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aumento de cobertura es el Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) principalmente en el primer nivel de atención, que presta servicios a la

población con énfasis en la mujer, en la niñez y los riesgos ambientales.

Existe una amplia gama de leyes y normas en el país (aproximadamente 2,500 normas vigentes, promulgadas desde 1939 a junio 2007). Están muy dispersas y no tienen la organicidad y coherencia necesarias, lo cual

es natural en tanto se trata de normativa que se fue emitiendo en respuesta a diferentes momentos históricos y políticos y bajo el

predominio coyuntural de diferentes intereses personales, sectoriales, e ideológicos que prevalecieron durante los últimos veinte años (URL, 2006).

Dentro del tema salud se encuentra el Ministerio de Salud Publica y

Asistencia Social como ente coordinador y rector de la política de salud. Un logro importante del Ministerio ha sido la creación de la dirección denominada “Programa de Salud y Ambiente”, creado para combatir el

vacío existente en la relación salud y ambiente. El programa se encarga de mejorar las condiciones sanitarias del ambiente a través de la

preparación y ejecución de programas y de las normas y procedimientos que eviten el deterioro ambiental. La problemática del agua es uno de los

temas que ha tenido que afrontar el Ministerio en los últimos años. Así se crea el programa nacional de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano que ha venido a cubrir un vacío en el tema de Salud y

Ambiente. Con la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Centroamérica, se han centrado acciones y esfuerzos en

el desarrollo de las capacidades en aspectos de inocuidad de alimentos para insertarse en el mercado internacional.

Parte de sus objetivos es la vigilancia sanitaria de los sistemas públicos y privados de abastecimiento de agua para consumo humano y otras

fuentes que son utilizados por la población, con el fin de garantizar su calidad e inocuidad y reducir los riesgos de transmisión de enfermedades relacionadas con el agua (Acuerdo Ministerial, 2004). Es importante

apuntar que la creación de la Dirección nació como preocupación del caso de contaminación que causó el proyecto al río Motagua. No existe un ente

rector ni regulador de los servicios de agua potable y saneamiento, la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es descentralizada y compete a cada Municipalidad regular el servicio

conforme el Código Municipal.

Lo correspondiente a la legislación ambiental está a cargo del reciente Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) creado en el año 2000. La creación de este Ministerio es considerado como un paso

importante en la consolidación de la gestión ambiental en Guatemala. Sin embargo, todavía hay vacíos normativos importantes, porque no existe la

regulación necesaria para operativizar un instrumento jurídico. En otras palabras, faltan muchos reglamentos y manuales para hacer operativo lo que se prevé en las leyes (Rides, 2006).

Por otro lado, algunos de los estudios y consultas realizadas señalan que

todavía existe una débil coordinación interinstitucional, esto ha sido causa

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de problemas ambientales como la contaminación que se produjo de agua para consumo humano en el proyecto hidroeléctrico Río las Vacas en el

año 2003. Mecanismos de coordinación más adecuados podrían evitar una serie de limitaciones del sistema de gestión ambiental del país.

Muchos de los reglamentos estipulados en la legislación ambiental requieren de coordinación interinstitucional, de estrategias y actividades,

pero en la realidad se carece de procedimientos o mecanismos que faciliten esta coordinación. Existen numerosos comités de coordinación,

pero no son operativos o trabajan por separado. Entre las instancias existentes están: el Gabinete Ambiental, el Comité para los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y los Consejos Departamentales de

Planeación Agrícola y Forestal. Recientemente se creó un Comité Nacional Asesor Técnico para asesorar a los ministerios en cuanto al DR-CAFTA. .

Otro de los problemas planteados es el presupuesto para la gestión ambiental. El MARN tiene muy poco presupuesto y poco personal, aunque

muy calificado. Los recursos presupuestarios para el tratamiento de los temas ambientales y de recursos naturales han sido insuficientes.

Entidades como el MARN, la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y

el Instituto Nacional de Bosques (INAB), mencionan que la falta de recursos económicos es una de las principales debilidades para aplicar y hacer cumplir la legislación ambiental.

Un indicador de este problema es que el presupuesto promedio anual

asignado al MARN es decreciente, desde 0.15% del presupuesto nacional en 2005 hacia 0.12% para 2008. Si se adiciona lo que corresponde al CONAP y al INAB, las otras dos entidades que junto al MARN son las

instancias con las mayores responsabilidades en lo concerniente a la gestión ambiental, el porcentaje presupuestario anual asignado a la

gestión ambiental formal de la nación va desde 0.42% en 2005 hacia 0.33% en 2008. Pese al incremento en el presupuesto nacional hacia el 2008, los presupuestos ambientales se mantienen estáticos, lo cual

reafirma la marginalidad con la cual se atiende este tema. Mientras la temática ambiental no tenga prioridad política concreta, la debilidad

institucional correspondiente seguirá estando presente (URL, 2006). Por otra parte, se plantea el hecho que aun existe un nivel muy bajo de

desconcentración y descentralización territorial en el ejercicio de funciones y competencias ambientales. La desconcentración territorial de las

responsabilidades se da cuando el servicio brindado y las responsabilidades se delegan en entes públicos ubicados en zonas lejanas al centro administrativo. La descentralización territorial se da mediante la

dotación de funciones en las corporaciones municipales. En ambos casos, se inició un proceso, pero los avances han sido marginales.

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3. Marco Institucional EIA en Guatemala Actualmente como Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el

proceso de desconcentración en la toma de decisiones se ha seguido implementando a través de las delegaciones con representación en los 22 departamentos del país, además de la Dirección de Gestión Ambiental y

Recursos Naturales (MARN, 2004).

A pesar de que son pocos los instrumentos de gestión ambiental concretos con que cuenta Guatemala, se pueden destacar los siguientes de tipo regulatorio:

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos nuevos

de alto impacto, el diagnóstico ambiental para proyectos existentes y la evaluación estratégica de Impacto Ambiental.

Los límites máximos permisibles para el manejo de aguas

residuales industriales, agrícolas y municipales. Multas administrativas.

Los delitos ambientales, particularmente en materia de contaminación del agua, manejo de sustancias tóxicas y generación de residuos.

Entre los instrumentos no regulatorios empleados o proyectados están:

El Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) que otorga

incentivos financieros y asistencia técnica para reforestación y manejo forestal.

La promoción de la producción más limpia (por ejemplo, el Centro

de Producción Más Limpia está levantando el inventario de residuos industriales de Guatemala).

Un proyecto de esquema depósito-devolución para envases plásticos.

Un proyecto de pago por servicios ambientales.

Un proyecto de canon por vertidos de aguas residuales.

En relación a la promoción del cumplimiento y la aplicación de la legislación ambiental, a diferencia de otros países de la región, en Guatemala no se tienen previstos mecanismos especiales, sino que se

usan los mecanismos tradicionales de aplicación, incluyendo:

Las denuncias ambientales se reciben y procesan en las oficinas regionales del MARN, que envía las denuncias consideradas válidas a los Tribunales Ambientales para su resolución.

La Procuraduría Ambiental, dentro de la Procuraduría General de la República, que investiga y persigue los delitos ambientales, con la

asistencia del Servicio de Protección de la Naturaleza y de la Policía Nacional Civil. En caso de delitos, las denuncias pueden presentarse directamente en la Procuraduría Ambiental.

El único instrumento de control ambiental sigue siendo la presentación del

Estudio de EIA, como única figura que se encuentra estipulada dentro del

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decreto 68-86. La aprobación o no aprobación de los EIA está supeditada a la viabilidad ambiental de la actividad, la calidad técnica y sustento legal

del documento.

En la actualidad la toma de decisiones en aspectos de análisis de los estudios de EIA en Guatemala, puede considerarse de forma desconcentrada ya que en ella participan tanto la Dirección de Gestión

Ambiental y la Dirección de Coordinación Nacional, a través de sus delegaciones departamentales, aunque la toma de decisión final

corresponde a la DIGARN en reuniones ordinarias del Consejo Técnico Asesor, constituyendo un proceso centralizado.

La toma de decisiones en aspectos de análisis de los estudios de EIA en Guatemala recae en la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos

Naturales –DIGARN-, que se encuentra constituída por personal profesional multidisciplinario (Dirección, Cuerpo de Asesores Ambientales y Personal Administrativo). Dentro de las funciones sustantivas

establecidas para esta dirección en el reglamento orgánico interno del Ministerio de Ambiente, destaca:

Definir el sistema de evaluación ambiental, desarrollarlo y resolver

sobre los EsIA. Elaborar proyectos de reglamentos para la emisión de las licencias

ambientales que le correspondan según la ley.

Emitir las licencias ambientales que, de acuerdo con la ley, le competan.

Definir, desarrollar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las acciones ambientales.

Por otra parte, las funciones de la Dirección de Coordinación Nacional y Delegaciones Departamentales (Dirección, Delegado Departamental,

Subdelegado, Asesor Técnico Ambiental, Promotor Ambiental, Personal Administrativo) son:

1. Coordinar la descentralización y desconcentración de las funciones del Ministerio en el Interior, mediante el establecimiento de

delegaciones, según se requieren, y de acuerdo a los planes y la disponibilidad de los recursos.

2. Definir mecanismos por medio de los cuales los sectores y

organizaciones de la sociedad pueden involucrarse y sumarse a una gestión ambiental compartida, para mejorar las condiciones

ambientales y de los recursos naturales. 3. Coordinar la ejecución de las disposiciones ambientales con las

entidades y organizaciones relacionadas con el ambiente y los

recursos naturales del país.

De esta forma el MARN, ha descentralizado y desconcentrado el análisis y evaluación de los EIAs, no así la aprobación o desaprobación de los mismos, que como ya se indicó, compete al Consejo Técnico Asesor –CTA-

de la DIGARN. Una vez que el CTA emite opinión sobre el EIAs favorable o no, se remite a la Dirección de Cumplimiento Legal del MARN, para la

elaboración de la Resolución, documento legal que previo a su notificación

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se traslada a la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales para su firma.

En el proceso de revisión y análisis de los EIAs participa el MARN por

medio de sus delegaciones departamentales, la DIGARN, y organismos gubernamentales y no gubernamentales, dependiendo de la competencia de cada sector. Posterior al análisis, en un tiempo perentorio se envía a

las oficinas centrales del MARN los informes de opinión favorable o no favorable de cada una de los EsIA, para que continúe su trámite en las

delegaciones o en la DIGARN. Dentro del proceso de Gestión Ambiental de los Estudios de Evaluación de

Impacto Ambiental, existe la fase de Screening/Scooping, entendido internacionalmente como un proceso a través del cual se identifica si una

actuación futura necesita un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental completo o solo es necesaria una Evaluación Previa.

Este proceso dentro de la Gestión Ambiental guatemalteca no se realiza en todo su concepto. En substitución al mismo se ha incorporado la figura

de Formulario Ambiental. El Formulario Ambiental es un instrumento de Gestión ambiental, que se aplica a proyectos, obras o actividades, cuyos

impactos ambientales son previsibles, controlables y los riesgos ambientales son mínimos y aparentemente se consideran de impacto menor. Es utilizado para conocer el tipo, la magnitud y la localización de

los proyectos, los posibles impactos que generan la actividad y el plan de mitigación que se considera implementar para disminuir o minimizar los

impactos más relevantes. A su vez, este documento aporta información sobre la persona legal o jurídica que propone el proyecto (MARN, 2004).

3.1 Mecanismos de control: evaluaciones de impacto ambiental

En Guatemala las funciones de atención de denuncias en materia de EIA pasan primero por las unidades encargadas de la asesoría legal de los

distintos entes vinculados. Los departamentos ambientales, así como comisiones mixtas para proyectos de alto impacto cuentan con presupuestos muy bajos. Lo mismo sucede en el caso de otros

instrumentos como los mecanismos de acreditación por cumplimiento, los procedimientos de auditoría o inspección y los mecanismos de control y

seguimiento. El presupuesto para gestionar este tipo de mecanismos apenas alcanzó el 12% dentro del prepuesto ordinario del gasto ambiental en el año 2006, hecho que claramente significa dificultades para cumplir

con las potestades dadas por ley y ofrecer una cobertura mayor frente a los administrados (Informe Estado de la Región, 2008).

3.2 Participación ciudadana En la legislación existen dos figuras jurídicas que otorgan espacios de

participación en materia ambiental. El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental otorga un período de 20 días para que el público se pronuncie respecto a la obra, proyecto, industria o actividad que plantea

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el proponente. Si bien este mecanismo opera en ciertas ocasiones, su desempeño no es regular. En este sentido, existen diversas dificultades

para que la ciudadanía concurra a este procedimiento de participación. Las principales dificultades son: la población desconoce los mecanismos de

participación respectivos; las capacidades e instituciones públicas son muy débiles en estas materias. En segundo lugar existe otra figura, mucho más específica, que consiste en la nueva y difícil figura de la “consulta a

vecinos”, un espacio dado por el Código Municipal (Art. 64) mediante el cual los vecinos pueden pedir a las autoridades que consulten

formalmente sobre un determinado asunto que les afecta y es competencia de la municipalidad. Esta figura se ha implementado muy recientemente y es muy controversial.

3.3 Principales debilidades de los EIA relacionados a los acuerdos de libre comercio Una de las preocupaciones que se deriva de la entrada en vigencia del

acuerdo DR-CAFTA es sobre los impactos ambientales que pueda generar la llegada de capitales de inversión. Desde la perspectiva de comercio exterior, se está promoviendo la atracción de inversiones mediante

distintos mecanismos, como la agilización de los trámites para el desarrollo, mejora regulatoria y simplificación de requisitos para la

inversión. La llegada de capital extranjero no se limita únicamente al campo de la industria. Por el contrario, abarca sectores y subsectores de desarrollo mucho más amplios, pasando por la energía, los hidrocarburos,

la minería, el turismo, el desarrollo inmobiliario, los servicios e incluso la agroindustria.

Ante el panorama anterior, las autoridades políticas del país se han dado

cuenta que las autoridades de EIA juegan un papel crítico en este proceso, ya que debido al marco jurídico todavía vigente, la casi totalidad de la inversión que está llegando al país tiene que pasar primero por un proceso

de Evaluación Ambiental y obtener la respectiva autorización ambiental. De esta forma, los procesos de EIA se han visualizado como un ente

crítico dentro de la nueva perspectiva de desarrollo económico del país y el hecho de que no se conviertan en un obstáculo a la misma, se ha convertido, poco a poco, en parte de la agenda estratégica y política del

gobierno de Guatemala.

Uno de los mayores retos es el reconocimiento político de las debilidades institucionales en torno al cumplimiento de los compromisos que se asumen a partir del DR-CAFTA. Estas debilidades, tienden a ser visibles

en torno a temas particulares, pero estratégicos. En el caso de las evaluaciones de impacto ambiental, es claro que se requieren mecanismos

de control y capacidades institucionales mucho más desarrolladas para que puedan cumplir con los objetivos.

Los principales problemas devienen directamente del hecho de que no se destinan los presupuestos ni el personal necesario para la realización de

estas evaluaciones. Los vacíos de recursos (primordialmente, técnicos, humanos y financieros) en términos de la operación de las EIA, se

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complementan con otros problemas históricos del país que incluyen la reducida planificación sobre el uso de suelos, la ausencia de una agenda

urbana, sistemas jurisdiccionales ambientales de limitada capacidad y controles laxos en torno a la construcción de obras de infraestructura.

Igualmente, la inexistencia de mecanismos de coordinación institucional y las ya reconocidas carencias en cuanto a mecanismos de seguimiento.

4. Hidroeléctrica Río las Vacas y EIA en Guatemala El proyecto Hidroeléctrica Río las Vacas es abastecido principalmente por Río Motagua, que es el cauce principal de la cuenca del mismo nombre, y

tiene un área de 12,719 km2, con lo que ocupa alrededor del 8.5% del total del país. Esa cuenca se extiende de occidente a oriente y es una de

las más grandes del país. La longitud del curso del río se estima en unos 400 kilómetros. Sus principales usos son para riego agrícola y como receptor de las aguas

servidas de las comunidades situadas en la cuenca y subcuencas del Motagua, incluyendo

parte de la Ciudad de Guatemala. Se estima que este caudal representa aproximadamente el 60% de los desagües de la ciudad capital y municipios

aledaños. El río se ha constituido en una corriente que transporta efluentes de origen doméstico e

industrial y residuos sólidos que confluyen en el Río Motagua.

Hidroeléctrica Río las Vacas es una de las hidroeléctricas privadas más grandes de

Centroamérica y genera actualmente entre un 8% y un 10% de la energía eléctrica que se

consume en Guatemala. El porcentaje de generación de energía de la hidroeléctrica Las Vacas no es muy significativo en comparación con la demanda total de electricidad del país. Para diciembre del 2000, la

capacidad instalada nominal del Sistema Nacional Interconectado de Guatemala era de 1,666.8 MW, de los cuales el 31.74% es hidroeléctrico y

geotérmico y el 68.26% térmico, siendo propiedad de la Empresa de Generación Eléctrica del INDE 623.2 MW instalados, y los otros 1,023.6 MW de propiedad privada (Aguilar, 2002).

La hidroeléctrica está situada a 20 kilómetros al norte del centro de carga

más importante del país, la ciudad capital. Para la empresa esto significa una generación más cercana a las áreas de mayor consumo y ello reduce las pérdidas por transmisión y regulación, a la vez que mejora el voltaje y,

por consiguiente, el servicio de distribución en el área norte de la capital. La energía es vendida a COMEEGSA, empresa subsidiaria de la Empresa

Eléctrica de Guatemala. Actualmente, la planta posee 5 generadores y una capacidad instalada total de 45 megavatios y cuenta con 75 colaboradores, de los cuales 60 son miembros de la Aldea San Antonio Las

Flores, una comunidad aledaña al proyecto.

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El proyecto original era una planta con potencial de 20 MW de capacidad instalada; sin embargo, una reevaluación del proyecto consideró un

cambio de ubicación de la presa, unos 250 metros aguas abajo, para captar una mayor cantidad de agua y así aumentar la capacidad instalada

a 45 MW, con solamente la reubicación de la presa y la adición del equipo de generación correspondiente. El proyecto de ampliación pretendió el aprovechamiento parcial del caudal del río Quezada, otro afluente

localizado inmediatamente aguas abajo de la presa original. En general, el río Las Vacas, el cuerpo principal de agua a aprovechar, presenta un

comportamiento diario atípico, ya que de las 17 a las 21 horas incrementa su caudal, el cual se constituye en su mayoría por drenajes de aguas negras de la Ciudad de Guatemala, en estrecha correlación con las

actividades domésticas que usualmente se desarrollan para la preparación de alimentos para la noche (Aguilar, 2002).

Esta hidroeléctrica es de un tipo de diseño de Regulación Diaria o “Peaking Plant”, el cual permite almacenar altas cantidades de agua que son

utilizadas eficientemente para producir energía en las horas pico de mayor demanda. Una de las variables de peso consideradas en la ampliación del

proyecto lo constituye el hecho de que el Río Las Vacas está incrementando su caudal año con año, como consecuencia del Plan

Maestro de Abastecimiento de Agua a la Ciudad de Guatemala, el cual es desarrollado por la Empresa Municipal de Agua, EMPAGUA.

La actividad de la Hidroeléctrica Las Vacas se inició en 1997 e incluyó la obtención de permisos con la Dirección de Riego y Avenamiento del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, autorización de uso de bienes de dominio público del Ministerio de Energía y Minas y de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, según la Resolución No.

130-99/AJP/SM de fecha 10 de junio de 1999, por medio de la cual se aprobó el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), preparado por la

firma Asesoría en Geología, Petróleo y Medio Ambiente, la cual elaboró también el segundo EIA para la ampliación. Este segundo estudio analiza los impactos y utiliza la metodología de evaluación de impacto ambiental,

resultado de una combinación entre la matriz de interacción y la red causa efecto. Todo lo anterior, deriva de un programa ambiental de prevención,

control, mitigación y restauración del área e incluye aspectos relacionados con la salud humana. También se define un Plan Local de Contingencia con sus correspondientes sub-planes, Plan de Seguridad Ambiental,

Sistema de Disposición de Desechos y el Plan de Monitoreo Ambiental del Proyecto.

Desde el punto de vista legal, la actividad de Hidroeléctrica Las Vacas, y de la generación de energía con recursos hídricos en general, está

regulada por varias leyes y normas de ambiente, salud y electricidad. En caso del algún problema, son varias instancias oficiales quienes deben

entrar en acción. Los elementos contemplados en el proyecto de ampliación fueron: una

presa (sitio de embalse), construcción de túnel, tubería de alta presión, casa de máquinas y la instalación de equipos de generación y una línea de

transmisión de 69 kilovatios, la cual sería instalada entre la casa de

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máquinas y la subestación de ciudad Quetzal. Las especificaciones técnicas del diseño fueron definidas con base en un caudal de 18.3m3/seg

y un caudal mínimo de 2.8m3/seg. Las modificaciones al proyecto original consistieron en un cambio de ubicación del sitio de la presa 250 metros

aguas abajo, una ampliación del volumen de almacenaje a 225,000 m3 y el aprovechamiento de los caudales de otros dos ríos (Quezada y Zapote), todo ello con el objetivo de ampliar la capacidad de generación a 45 MW

(Entrevista Esmarie, hidroeléctrica Río las Vacas).

El diseño de la presa consideró un sistema de rastrillo, para evitar que productos orgánicos e inorgánicos ingresen al túnel, pues esto sería perjudicial para la operación de la planta. Además, se previó ubicar una

cadena de balsas flotantes a lo ancho del río Las Vacas, cuya función es retener los plásticos y otros objetos que se encuentren a nivel de

superficie y hasta una profundidad de un metro en el agua. Se contaría con un rastrillo especial para recolectar los sólidos retenidos y un área específica cercada con malla, para colocarlos. Como parte del EsIA, la

empresa desarrolló también planes de manejo de contingencias, planes de seguridad humana e industrial, así como un plan de abandono.

4.1 Evaluación de impactos en el EIA de la Hidroeléctrica Las valoraciones en el EIA en el caso de Guatemala se establecen por la magnitud del proyecto. Siguiendo la normativa del país, en proyectos

como esta planta hidroeléctrica se utilizan tanto un estudio de EIA como la figura del formulario ambiental. Ese tipo de instrumentos se aplica a

proyectos de baja magnitud y no considerados dentro de la lista taxativa. Los formularios ambientales son generalmente llenados por el usuario, no

requiriéndose de un profesional calificado. Para su aprobación se requiere de la revisión y análisis de la información técnica consignada y de una inspección.

Para el caso de la Hidroeléctrica, por tratarse de un proyecto de amplia

magnitud, la elaboración del estudio de impacto ambiental inició con un proceso previo de planificación del proyecto, que debió ser concertada entre los desarrolladores del proyecto y la comunidad donde se iba a

desarrollar. Fue necesaria una aprobación ó licencia municipal de construcción de la presa, así como la resolución ambiental (derivada del

análisis, revisión y dictamen del EIA elaborado por el consultor acreditado y presentado a la DIGARN para su revisión, análisis y aprobación).

A falta de una normativa explícita, se estableció que la información a incluir en el Dictamen Técnico respectivo, consideraría tanto los aspectos

técnicos y como los ambientales, priorizando en los más relevantes. Estas consideraciones surgieron de un lineamiento interno de la DIGARN, ya que no existe una norma o reglamento que respalde dicha consideración.

En Guatemala se utilizan varias metodologías para la identificación de

impactos. Por ejemplo, con frecuencia se utiliza la Matriz de Leopold, pero

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parece evidente la necesidad de mejorar en los alcances y limitaciones de este tipo de instrumentos.

4.2 Principales impactos ambientales El río las Vacas es uno de los ríos más

contaminados de Guatemala y tiene una importancia especial porque sus aguas

desembocan en uno de los ríos más importantes del país, como es el Río Motagua, que también se encuentra seriamente contaminado. Este río

recibe el 60% de los drenajes de la ciudad de Guatemala y por lo tanto se encuentra

contaminado tanto por residuos orgánicos, como por residuos no orgánicos (detergentes y jabones) y especialmente sólidos. Los residuos

se pueden dividir en residuos flotantes y no flotantes. Entre los sólidos flotantes, los envases plásticos son muy

abundantes sobre todo en la época lluviosa (en la parte superior de la cuenca se pueden encontrar hasta 500 m3 de plásticos en una sola crecida (CentraRSE, 2006).

Dentro de los principales impactos ambientales se encontraron aquellos

efectos en el medio ambiente estético, esto debido a que la construcción de las obras de ampliación introdujo alteraciones temporales y

permanentes en la geomorfología y el paisaje local. La presencia de maquinaria, equipos, personas, así como la propia obra civil, ajenos a los componentes del área no intervenida, impactaron el ambiente estético

temporalmente. Sin embargo, se implementaron medidas de mitigación ambientales como siembra de barreras vivas, cubierta vegetal de taludes,

enterramiento de secciones de tubería, implementación de túnel para conducción y ornamentación del área de presa.

El impacto más importante sobre el paisaje que se generó durante la fase de operación del proyecto, provino de la reducción del flujo del río,

particularmente a lo largo de la sección comprendida entre el sitio de presa y la casa de máquinas. A efecto de mitigar este impacto, se ha contemplado la conservación de un caudal ecológico equivalente al 10%

del caudal promedio de la época de estiaje, aproximadamente, a lo cual se debe adicionar la recarga superficial y el flujo subterráneo que existe

entre el sitio de captación y la casa de máquinas. Dentro de los efectos en el sistema biótico se encontraron las acciones del

proyecto correspondientes a la fase de pre-operación (movimiento de tierras y construcción), con impactos de alta magnitud e importancia, que

se pueden traducir en efectos importantes en el sistema biótico: alteración de la condiciones de vida de la fauna que habita el área del proyecto (“stress”), erradicación de vegetación, modificación de ecosistemas,

depredación de especies, interrupción de hábitats, entre otros.

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Durante la operación de la central, los efectos más importantes sobre el medio biótico (fauna y flora acuática y alrededores del cauce), se

consideraron de carácter localizado (tipo “parche”: e.g. sitio de presa, casa de máquinas), cuya importancia y magnitud se califica de moderada.

La reducción del caudal entre el sitio de la presa y la casa de máquinas se verá parcialmente mitigado por la fluencia del caudal ecológico que deberá dejarse en el trayecto, a lo largo de todo el año.

Entre los impactos en el sistema geoesférico figuran: la ruptura de la

estructura de suelos, alteraciones de la secuencia, rompimiento de la red de microdrenaje, modificación puntual de la humedad natural, lixiviación, erosión, entre otros. El proyecto contempló la mitigación de esos impactos

mediante actividades de protección al terreno. Entre las medidas destacan: manejo apropiado de taludes, protección de los mismos,

construcción de obras de arte y ornamentación. Los impactos de mayor envergadura se concentraron en el sistema

hídrico, especialmente durante la fase de pre-operación. Por ejemplo, la limpieza de los materiales utilizados para la fabricación de concreto,

generó efectos severos. Por lo general, la limpieza se desarrolló sin seguir prácticas racionales; normalmente se recurre a la utilización de agua del

propio río, la cual es devuelta al cauce con un considerable incremento de sedimentos, que genera un empobrecimiento aún mayor de la calidad del agua local. Las consecuencias fueron severas, con efectos directos sobre

el plancton, los sitios de oviposición y sobre los alevines, en el tanto se vieron reducidas sus fuentes de alimentación por alterarse la penetración

de luz en el agua. Estas prácticas irracionales fueron eliminadas y sustituidas posteriormente.

En relación con la reducción del flujo en el tramo comprendido entre el sitio de la presa y la casa de máquinas, no se previeron alteraciones

significativas, siempre que se conserve el caudal ecológico previsto. Sobre la calidad del agua, se prevé una mejora importante en las características del agua que salga de las turbinas, pues la oxigenación de las aguas del

río por el turbinado reducirá el volumen de sedimentos que contiene el agua del río Las Vacas.

Los impactos sobre la salud humana no fueron considerados explícitamente dentro del estudio de impactos, a pesar de los altos

contenidos de coliformes fecales en el río Las Vacas. Esa contaminación se deriva de la descarga de aguas negras y grises, sin ningún tratamiento

previo, lo cual ha empobrecido las características de dicha vertiente. El principal problema ha sido la contaminación por substancias tóxicas y microorganismos patógenos capaces de causar toxiinfecciones e

infestaciones en el ser humano.

Las dimensiones de la presa y el diseño del proyecto no ofrecieron situaciones críticas pues se evitó tener poblaciones asentadas aguas abajo de la presa. En todo caso, los volúmenes a almacenar son mínimos. En

general, se debió seguir las siguientes recomendaciones:

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Para la fase de operación, evitar asentamientos de poblaciones aguas abajo del sitio de la presa y las inmediaciones de la casa de

máquinas, particularmente en las vecindades del cauce del río. Se deben tomar medidas preventivas para evitar situaciones de

carácter accidental que pudieran tener efectos sobre la salud humana, agricultura, sistema biótico en general o en suelos.

Se evaluaron otros tipos de impactos como el medio sociocultural y étnico. El aprovechamiento del recurso hídrico para la generación eléctrica no solo

tiene significancia económica sino también estratégica, puesto que permite al país utilizar directamente sus recursos, como paso suplementario en la búsqueda de eficiencia energética. Esta situación es

de mayor trascendencia cuando se aprovechan las aguas de un río notablemente degradadas, propiedad que con el desarrollo del proyecto

pueden mejorarse considerablemente. El desarrollo del proyecto llevó beneficios directos, a través de

oportunidades de trabajo (durante la fase de construcción) a una parte importante de la población, dado que se generarán más de 450 trabajos,

aunque de naturaleza temporal. Los trabajadores provienen de la misma zona o de regiones adyacentes a ésta.

Es presumible que, por tratarse de la primera experiencia de una hidroeléctrica ubicada en un río altamente contaminado con las aguas

negras de la principal ciudad en Guatemala, no se previera con más cuidado, por parte de la empresa, este importante detalle técnico ni se

señalara internamente, con la suficiente fuerza, la necesidad de remover a profundidad estos sedimentos. Las descargas efectuadas, incumpliendo varios de los compromisos y condiciones establecidos por el Ministerio del

Ambiente, evidencia que los responsables de la hidroeléctrica ignoraron o no dieron mayor importancia a lo señalado por las autoridades

ambientales. También se han generado impactos sociales y económicos de menor

escala. Al inicio de operaciones se contrató personal no calificado de las comunidades cercanas. Desarrollaron labores como movimientos de tierra

y construcción del embalse, instalación de tubería, construcción de la casa de maquinas, reforestación y caminos de acceso.

4.3 Problemas de cumplimiento y fiscalización en el componente Salud

En Guatemala existe una amplia legislación ambiental y de salud, pero varios actores consideran que la aplicación de la ley en términos generales

es baja. Esto aplica no sólo a la legislación ambiental sino a las leyes sobre EIA y salud. En el caso de las evaluaciones sobre impacto ambiental, parece clara la necesidad de una mejora efectiva. Entre otras

cosas, el proceso mismo de elaboración de los EIA merece una revisión. También es conveniente una atención descentralizada, según la relevancia

ambiental de cada proyecto. En el casos de la planta hidroeléctrica, se visualizaron deficiencias en varios aspectos logísticos como la duración del

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trámite, el uso de diferentes formularios según la categoría de impacto / riesgo ambiental y de instrumentos tales como códigos o manuales de

buenas prácticas ambientales, o normas ambientales generales o sectoriales. Ese tipo de asuntos no fueron eficientemente fiscalizados

previo a la finalización del proyecto.

4.4 Impactos ambientales en la fase de operación del proyecto Durante la fase de operación del proyecto se han generado dos fuertes problemas de contaminación. El grado de responsabilidad del proyecto

Hidroeléctrica Las Vacas S.A. en la sobre contaminación generada en el caudal aguas abajo, provocando mortandad de peces por alteración de las condiciones normales de contaminación de las aguas, afectando

actividades productivas de las poblaciones afectadas (pesca, agrícola y recreativas, especialmente).

Se calcula que la contaminación puso en riesgo al menos a un millón de personas que viven en la cuenca del río Motagua, pertenecientes a los

departamentos de Guatemala, El Progreso, Zacapa e Izábal, y en menor número a los de Quiché, Chimaltenango y Baja Verapaz. El río Motagua es

el más grande afluente de Guatemala. Nace en Quiché y desemboca en el Golfo de Honduras, y su área de influencia es de 590 kilómetros cuadrados (Aguilar, 2002).

Ante la magnitud del evento provocado por la limpieza de la represa,

liberando las aguas, el Ministerio de Salud declaró alerta en las cuatro áreas de salud (centros de salud y hospitales) que comprenden los

departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal, más directamente afectados. Se indicó que de un promedio de cinco casos de diarrea por semana se pasó a veinte casos, entre niños y adultos, en los

primeros cuatro días después de efectuada la descarga, para utilizar solo un puesto de salud como indicador.

A pesar de los problemas presentados en el tema salud, los controles llevados a cabo por las autoridades no fueron rigorosos. Por ejemplo, los

registros con que se contaba no eran los adecuados, por lo que los diagnósticos se basaron en aspectos netamente descriptivos llevados a

cabo por funcionarios de salud. En varios de los municipios las estadísticas de morbilidad se llevan a mano y no tenían una copia de seguridad. La falta de información en aspectos de composición física, química y calidad

microbiológica de las aguas del río generó el inicio de un proyecto desarrollado por parte de instituciones públicas y privadas, después del

problema de contaminación e impactos en la salud provocados por la apertura del embalse.

A la fecha no existe un procedimiento establecido para el seguimiento del sistema de evaluación de impacto ambiental como tal por parte del

Ministerio en el tema de salud, razón por la cual no existen requisitos ni formularios de seguimiento ambiental y salud de proyectos de desarrollo. Únicamente se da un seguimiento ambiental en algunos casos en los

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cuales, por sus características, se debe incluir un Plan de Monitoreo como parte del estudio de evaluación de impacto ambiental. En esos casos, este

procedimiento se hace constar en la resolución administrativa que es notificada al proponente y que queda expresa en la declaración jurada de

impacto ambiental. En esa declaración se manifiesta la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en el estudio así como las medidas que indique el Ministerio a través de un acta de

compromiso que forma parte del acta notarial (entrevista Alejandro Recinos).

4.5 Procesos de innovación en la Hidroeléctrica Río las Vacas, S.A. hacia una solución sostenible en

Eco-Salud

A raíz de los problemas ambientales presentados en el proyecto a partir del 2004, la empresa comenzó a generar electricidad bajo la premisa de

utilizar un río de aguas servidas como recurso para obtener energía eléctrica 100% amigable con el medio ambiente. Actualmente, la planta posee cinco generadores y una capacidad instalada total de 45 megavatios

y cuenta con 75 colaboradores de los cuales 60 son miembros de las comunidades cercanas (Entrevista Esmarie Howell).

Este tipo de programa hizo que el proyecto entrara en los últimos años a una iniciativa dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio por parte de

Naciones Unidas1 para la venta de bonos de carbono. Esto le ha permitido al país recibir compensación por la mitigación o el secuestro de gases,

determinada en función a las toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) reducidas que se puedan transferir mediante la venta de carbono a

los países industrializados. Como parte de los compromisos obtenidos la empresa se comprometió a reducir 90.363t CO2/año (Iberdrola, 2006). Para obtener este tipo de programa, el proyecto tuvo que cumplir una

serie de requisitos que hicieron que mejorara notablemente su gestión ambiental. Para la aplicabilidad a este tipo de proyectos cualquier país

debe ser miembro Protocolo de Kyoto, habiéndolo ratificado. Adicionalmente, se solicita que la fecha de inicio del proyecto sea posterior al año 2000 y que el proyecto genere una reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero que signifiquen beneficios reales en términos de cambio climático. El cumplimiento de los requisitos debe monitorearse

por una entidad gubernamental, que vigile que todas las actividades que se desarrollen en el proyecto contribuyan al logro del desarrollo sostenible del país.

En el caso de este proyecto se siguió la metodología base aplicable a

proyectos de energía renovables, que sugiere los siguientes requisitos: 1 El mecanismo de desarrollo limpio se encuentra establecido en el articulo 12 del

Protocolo de Kioto y tiene como objetivo la realización de proyectos que

contribuyan a lograr un desarrollo sostenible en los países en desarrollo,

promoviendo así el objetivo principal de la Convención y asistiendo a los países

desarrollados a cumplir con la reducción de sus emisiones cuantificadas y con sus

compromisos de limitaciones.

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Existencia de información pública que documente la existencia de barreras al desarrollo del proyecto y de cómo el MDL ha posibilitado

su superación. Existencia de información pública que demuestre que el proyecto no

es “business as usual”. Los límites de la red pueden identificarse claramente. El proyecto

desplaza generación de otras fuentes.

El sector eléctrico no está dominado por las fuentes sin emisiones o las de bajo coste de operación.

Los datos para el cálculo de la línea de base incluyen las exportaciones.

Sólo es aplicable a centrales de menos de 60 MW y usando el factor

predeterminado 50:50 de los márgenes en operación y en construcción.

Para diciembre del 2005, el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible reconoció a la hidroeléctrica como energía renovable. Este proceso de producción de la energía comenzó a partir de la presa que sirve para

concentrar el agua del río en un embalse y así asegurar un volumen constante de agua todo el tiempo.

Mientras el agua se encuentra en el ambiente, se realizan dos procesos de

limpieza, la extracción de desechos plásticos (que luego son procesados en la planta recicladora de sólidos (arena y piedrín) que tiene utilidad para la industria de la construcción.

Este proyecto ha venido poniendo en práctica varios procesos innovadores

con efectos positivos en el medio ambiente. Se está contribuyendo al saneamiento de las aguas del río, con la reutilización de desechos para generar un nuevo producto que sería de utilidad para la empresa ya que

le permitía delimitar las áreas de reforestación de la empresa si utilizar los postes tradicionales de concreto o madera. Adicionalmente, con el

proyecto se contribuyó con la creación de empleo y el mejoramiento de las condiciones sanitarias y de salud tanto de la comunidad aledaña como de otras comunidades río abajo.

El proceso comienza con una trampa de sólidos

flotantes que se encuentra localizada en la parte más estrecha del embalse. Este mecanismo atrapa los sólidos flotantes que luego son enviados a un patio

de selección y almacenamiento. Por medio de un proceso de selección manual, los sólidos se dividen

en dos categorías, el plástico y el resto de sólidos flotantes. El plástico es enviado por medio de una faja transportadora a la planta recicladora para su

procesamiento, mientras que el resto de los sólidos son manejados de acuerdo al tipo de material

(Entrevista Esmarie, Howell). Desde el embalse, que tiene un volumen dinámico de aproximadamente

258,969 m, el agua es transportada a través de una tubería de alta presión hacia las turbinas y los generadores. El movimiento del agua hace

que se genere energía cinética, que luego es convertida en energía

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eléctrica. Después de utilizarla, el agua es devuelta al río sin causar ningún daño al medio ambiente, al contrario, el proceso oxigena el agua

devolviendo al río en una forma más saludable.

Otro de los proyectos innovadores dentro de la planta ha sido la instalación de una arenera donde se procesan los sólidos que se acumulan en el embalse y que tienen utilidad como materia prima para la industria

de la construcción. El proceso consiste en extraer la arena que se acumula en el embalse para posteriormente clasificarla a través de un tamiz en

productos finos o arena y productos gruesos o piedrín. Adicionalmente, se ha impulsado un programa de reforestación. Desde la

etapa de construcción, la empresa ha realizado proyectos de reforestación dentro de sus propiedades utilizando árboles nativos como Pino,

Matilisgaute, Flamboyan, Cassia y Cedro. Desde sus inicios, la empresa ha sembrado más de 500,000 árboles que abarcan más de 470 hectáreas y en el futuro piensa reforestar otras 200 hectáreas adicionales.

En este programa la empresa trabaja en colaboración con el Instituto

Nacional de Bosques (INAB) bajo el programa de PINFOR de incentivos forestales. Además, la empresa ha implementado un programa de

reforestación con colegios privados y públicos, para incentivar la conciencia ecológica en la juventud guatemalteca.

4.6 Medidas de mitigación en la EIA para la Eco-

Salud

Algunas medidas de mitigación se pusieron en marcha buscando un equilibrio para la Eco-Salud, destacan las siguientes:

Educación ambiental: se está creando una cultura de reciclaje en todos los colaboradores que semanalmente traen sus envases plásticos para ser

reciclados en la planta. Además ahora la mayoría de pobladores de los alrededores del proyecto depositan sus plásticos en la planta de reciclaje

Medición de resultados: la empresa tiene un plan de limpieza de cuencas y monitoreo permanente de la calidad del agua, lo que ha

permitido obtener resultados positivos desde un punto de vista técnico, económico, social y ambiental. Por otra parte, el Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social ha creado el programa nacional de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, que junto a la compañía le dan un seguimiento sobre la evaluación de la calidad del agua.

Creación de alianzas intersectoriales: la empresa ha logrado crear

canales de comunicación y colaboración tanto con organizaciones comunitarias como con organizaciones de la sociedad civil (especialmente ambientalistas). Adicionalmente, la compañía mantiene relaciones de

colaboración con el Ministerio del Ambiente, abriendo la oportunidad de conocer el proyecto al detalle y buscar oportunidades de replicabilidad en

otros sectores productivos del país. Todas estas alianzas han contribuido con un manejo del agua menos fragmentado en el caso del río Las Vacas.

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Eficiencia en la utilización de los recursos: el proyecto utiliza como

materia prima los desechos sólidos que flotan en el río y la energía producida por la empresa; por lo que no cuenta con costos significativos

en estos dos rubros. Innovación: la planta de reciclaje de plásticos para producir postes es un

proyecto muy práctico, pero al mismo tiempo innovador, ya que aprovecha los desechos que contaminan el río para generar un producto

útil para la compañía y diferente a los que tradicionalmente se hacen de plástico. Esto le permitió al proyecto ganar el premio a la Innovación Ambiental en Centroamérica que ofrece la Comisión Centroamericana de

Ambiente y Desarrollo (CCAD).

5. Conclusiones y recomendaciones

Ciertamente Guatemala ha tenido avances en materia de gestión ambiental que son destacables. Por ejemplo, es notorio a nivel

constitucional en el que se aborda la emisión de políticas públicas, instrumentos, leyes ambientales respecto a las evaluaciones de impacto ambiental y la conformación de un conjunto de instituciones con mandatos

en la materia. Todas estas medidas formales, sin embargo, no han logrado resultados completamente satisfactorios en términos de gestión

ambiental. El estudio de caso analizado en el presente informe muestra que el Estado aún adolece de falta de liderazgo, escasa asignación

presupuestal, debilidad e insuficiencia institucional, e incapacidad para aplicar la legislación ambiental.

A pesar del crecimiento y fortalecimiento de las entidades rectoras en materia ambiental, no se ha podido traducir en una mejora del proceso de

gestión. La agenda política ha sido muy generosa, fundamentalmente, en la creación y actualización de los instrumentos jurídicos, así como de sus instituciones. Sin embargo, falta un componente que permita abordar la

dimensión financiera de una forma más integral, permitiendo concretar una serie de acciones que se derivan de la agenda política nacional. Se

puede afirmar que, en términos de normativa jurídica y diseño institucional, Guatemala muestra una estructura que ofrece condiciones aceptables frente a los compromisos de aplicación de las leyes

ambientales nacional y sobre los derechos a tener acceso a los procedimientos judiciales. Sin embargo, en cuanto a su implementación

podría presentar alguna incapacidad. Las políticas que se han establecido y formulado en materia ambiental no

están concebidas como instrumentos para resolver el problema práctico de la conducción ordenada, eficiente y sinérgica de los actores vinculados

al tema de la evaluación de impacto ambiental. Se generan así dificultades sobre los criterios básicos para la toma de decisiones por parte de los diferentes actores involucrados.

Un estudio realizado en conjunto por la CCAD y UICN en 2006 señala,

entre otras cosas, que las dificultades que enfrenta la DIGARN incluyen:

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1) la necesidad de renovación del marco jurídico general para las EIA; 2) mayor armonización de las listas taxativas de procesos sujetos a EIA; 3)

la reducida integración de las EIA con los planes de ordenamiento territorial; 4) la necesidad de establecer propiamente protocolos de

inspección, comisiones de monitoreo mixto, mecanismos de acreditación para empresas; mayor vinculación de los listados taxativos con procedimientos realizados por otras entidades; 5) mayor cumplimiento

real de los plazos establecidos por ley y 6) el establecimiento de mecanismos y reglamentos de calidad ambiental y acreditación por

cumplimiento. Siendo este proyecto el primero que se instala en Guatemala en un río de

esta calidad de aguas, fue importante conocer el patrón y comportamiento de los sedimentos para una próxima planta hidroeléctrica. Una conclusión

evidente es que es importante fortalecer los mecanismos del proceso de seguimiento ambiental, actividad a la que el Ministerio de Ambiente y antes la Comisión Nacional de Medio Ambiente, le habían dado muy poco

espacio. Se han dado pasos importantes de mejora a partir de lo establecido en el nuevo Reglamento de Evaluación Ambiental.

Existió una movilidad social y despertar ambiental con motivo de la crisis

ambiental y de salud provocada por la contaminación del río Motagua, mostrando un interés ambiental de distintos sectores de la sociedad guatemalteca, el cual podría llevar a que se solucione uno de los

problemas más serios del país: el lanzamiento a los ríos, sin ningún tratamiento, de las aguas negras producidas por los habitantes de la

ciudad capital. De esta forma, se deben activar los espacios del programa de

fortalecimiento de la participación ciudadana orientado a capacitar a la población para que conozca y participe de estos mecanismos. Parece

necesaria la consolidación de estos espacios de participación, de modo que cumplan más a cabalidad con sus objetivos de involucrar a los ciudadanos en la gestión ambiental de Guatemala.

El proyecto ha tomado medidas importantes para la mitigación y buscar

una sostenibilidad hacia la Eco-Salud. Uno de los principales proyectos ha sido la extracción de la mayor parte de la carga de sólidos plásticos que flotan en el río las Vacas. Los efectos positivos han sido visibles en el corto

plazo. En la actualidad, en las comunidades aledañas al río abajo se elimina la basura que flota en el río. De esa forma, las comunidades

mejoran su calidad de vida y la salud de sus habitantes. Además, se están creando fuentes de empleo adicionales y se está creando conciencia y una cultura de reciclaje.

Cabe destacar que el reciclaje trae consigo importantes beneficios entre

los que se encuentran, el ahorro de energía, la conservación de los recursos naturales, la reducción de la necesidad de incineradores y rellenos sanitarios, y la prevención de la emisión de gases que propician el

efecto invernadero.

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Es importante mencionar que tanto el proyecto de reforestación como el proceso de producción de energía tienen beneficios ambientales directos.

La reforestación por su parte, ha contribuido con un aumento en la fauna presente en los alrededores del río, mientras que el proceso de generación

implica la oxigenación del agua que vuelve al río más limpio y saludable. A partir de los impactos masivos que en su momento se generó la

apertura del embalse, se ha generado mayor conciencia y prácticas adecuadas, así como una institucionalidad fortalecida para dar

seguimiento preventivo a este tipo de situaciones. El proceso de aprendizaje y la nueva institucionalidad serán de gran utilidad en nuevos proyectos de tan alta envergadura.

Un buen Estudio de Impacto Ambiental, con sus respectivas medidas de

mitigación, no es suficiente si los desarrolladores no implementan esas medidas en la práctica. Según el análisis hecho por el MARN, los estudios de impacto ambiental presentados por Hidroeléctrica Río Las Vacas eran

bastante técnicos y con una línea de base bastante bien desarrollada; sin embargo, por la poca experiencia y conocimiento de estos movimientos de

agua, se pasó por alto el análisis del comportamiento de los lodos.

La poca información existente de las repercusiones ambientales en la salud humana que existió en la ejecución del proyecto sobre el tema de agua, la respuesta social y la poca efectividad normativa, la lección es que

se debería hacer un esfuerzo en la construcción de este tipo de indicadores e investigación sobre los verdaderos riesgos ambientales de

los problemas de salud en proyectos de alto impacto social.

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Nicaragua, Guatemala y Costa Rica / Grethel Aguilar, Gabriela Hernández. – San José, C.R.: UICN, 2002.

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Universidad Rafael Landivar (2006). Perfil Ambiental en Guatemala: Tendencias y reflexiones sobre la gestión ambiental. Ciudad de

Guatemala.

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Entrevistas 1. Ing. Alejandro Recinos (MARN Dirección General de Gestión Ambiental)

2. Ing. Oscar Nuñez (Fundación Defensores de la Naturaleza, Director General)

3. Inga. Ana Dolores Arévalo (MARN Unidad de Coordinación para el manejo ambientalmente racional de productos químicos y desechos

peligrosos) 4. Lic. Guillermo Duarte Jiménez (Ministerio de Salud Publica y Asistencia

social)

5. Ing. Esmarie Howell (Coordinadora ejecutiva, Hidroeléctrica Río las Vacas)

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Centre for International Sustainable Development Law (CISDL)

The Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) is an independent legal research institute that aims to promote sustainable societies and the protection of ecosystems by advancing the understanding, development and implementation of international sustainable development law. As a charitable foundation with an international Board of Governors, CISDL is led by 2

Directors, and 9 Lead Counsel guiding cutting-edge legal research programs in a fellowship of 120 legal researchers from over 60 developing and developed countries. As a result of its ongoing legal scholarship and research, the CISDL publishes books, articles, working papers and legal briefs in English, Spanish and French. The CISDL hosts academic symposia, workshops, dialogues, and seminar series, including legal expert panels parallel to international treaty negotiations, to further its legal research agenda. It provides

instructors, lecturers and capacity-building materials for developed and developing country governments, universities, legal communities and international organisations on national and international law in the field of sustainable development. CISDL members include learned judges, jurists and scholars from all regions of the world and a diversity of legal traditions. With the International Law Association (ILA) and the International Development Law

Organization (IDLO), under the auspices of the United Nations Commission on Sustainable Development (UN CSD), CISDL chairs a Partnership on „International Law for Sustainable Development‟ that was launched in Johannesburg, South Africa at the 2002 World Summit for Sustainable Development to build knowledge, analysis and capacity about international law on sustainable development. Leading CISDL members also serve as expert delegates on the International Law Association Committee on International Law on Sustainable Development. For further details see www.cisdl.org.