Documentos Economía 65

ISSN 2011-6322 Junio 2015

Francesco Bogliacino, Gianluca Grimalda, Laura Jimnez, Daniel Reyes Galvis yCristiano Codagnone

Sobre algunos efectos sociales y cognitivos de la restitucin de tierras

Some Cognitive and Social Effects of Land Restitution

Documento Escuela de Economa

N 65

DocumentosFCE - CID

Documentos FCE-CID Escuela de Economa N 65

Junio de 2015

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogot - Facultad de Ciencias Econmicas

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Francesco Bogliacino1, Gianluca Grimalda

2, Laura Jimnez

3, Daniel Reyes Galvis

4, Cristiano

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Sobre algunos efectos sociales y cognitivos de la restitucin de tierras6

Resumen

En este estudio se presentan los resultados preliminares de una serie de experimentos de

campo con una muestra de desplazados y una muestra de beneficiarios de programas de

restitucin de tierras. No tuvimos acceso a datos oficiales y por lo tanto la restitucin es

declarada por los participantes. El trabajo se realiz con varias comunidades de la

regin de Montes de Mara en la segunda mitad del 2014. En trmino de caractersticas

socio-demogrficas, los beneficiarios no son significativamente diferentes de los

desplazados.

Los beneficiarios muestran un incremento significativo de la tasa de devolucin

en el juego de confianza. No existen comportamientos diferentes de sancin en el juego

del dictador con castigo, pero un patrn parece emerger en los ms pobres.

Finalmente, no se observan diferencias sistemticas en el desempeo cognitivo en las

pruebas Raven y Stroop. Eso implica que no se estn logrando reducciones

significativas del efecto ancho-de-banda de la pobreza, coherentemente con las crticas

segn las cuales la restitucin tiene que ir acompaada de medidas que la vuelvan

sostenible a mediano plazo.

Palabras Claves: Confianza, Raven, Stroop, Normas Sociales, Titulacin de tierra

Clasificacin JEL: C93, I38, Q15

1 Universidad Nacional de Colombia [email protected] correspondencia: F. Bogliacino,

Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30, No 45-03, Bloque 311, oficina 12b, 3165000

ext. 12431 2 Universidad Jaume I; Kiel Institute for the World Economy, Centre for Global Cooperation Research [email protected] 3 Becaria Fondazione Franceschi. [email protected] 4 Becario Open Evidence. [email protected] 5 Universit degli Studi di Milano. [email protected] 6 Agradecemos la financiacin de Open Evidence para cubrir parte de los gastos. Laura Jimnez agradece

a la Fondazione Franceschi por la beca. Daniel Reyes agradece a Open Evidence por la beca. Francesco

Bogliacino agradece a la Fundacin Universitaria Konrad Lorenz por la disponibilidad de tiempo ofrecida

en el mes final de su contrato para llevar a trmino el primer trabajo de campo. Igualmente agradece el

Igualmente agradece el apoyo de la Universidad Nacional por el apoyo en el segundo trabajo de campo.

Todo el equipo agradece al personal de Cedecampo y a Gabriel Urbano por la disponibilidad y por los

contactos. Agradecemos a los lderes campesinos por la disponibilidad y la ayuda en involucrar la

poblacin de sus comunidades.

Francesco Bogliacino, Gianluca Grimalda, Laura Jimnez, Daniel Reyes Galvis, Cristiano

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Some cognitive and social effects of land restitution

Abstract

In this study we show the preliminary results of a series of field experiments with a

sample of displaced population and a sample of beneficiaries of land titling programs.

We didnt get access to official data, thus land restitution is self-declared by

participants. The fieldwork was carried out in Montes de Mara region in the second

half of 2014. Regarding socio-demographic characteristics, beneficiaries are not

statistically different from displaced.

Beneficiaries show a significant increase in return rate in the trust game. There is

no difference in the sanctioning behavior in dictator game with punishment, although a

difference in the pattern seems to emerge in the poorest.

Finally, there isnt systematic difference in cognitive performance in Raven and Stroop

tests. This latter result implies that no significant reduction is achieved in the poverty

induced bandwidth effect, coherently with the existing critiques that this program

should be coupled with other measures to make it sustainable in the medium run.

Keywords: Trust, Raven, Stroop, Social Norm, Land titling

JEL classification:: C93, I38, Q15

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID

RectorIgnacio Mantilla Prada

Vicerrector GeneralJorge Ivn Bula Escobar

Facultad de Ciencias Econmicas

VicedecanoRafael Surez

DecanoJos Guillermo Garca Isaza

Escuela de Economa

Directorlvaro Martn Moreno Rivas

Coordinador Programa Curricular de EconomaRal Chamorro Narvez

Centro de Investigaciones parael Desarrollo CID

DirectorManuel Jos Antonio Muoz Conde

SubdirectoraVilma Narvez

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La serie Documentos FCE considera para publicacin manuscritos originales

de estudiantes de maestra o doctorado, de docentes y de investigadores de

la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad Nacional de Colombia;

resultado del trabajo colectivo o individual y que hayan sido propuestos,

programados, producidos y evaluados en una asignatura, en un grupo de

investigacin o en otra instancia acadmica

Documentos FCE-CID Escuela de EconomaISSN 2011-6322

La serie Documentos FCE-CID puede ser consultada en el portal virtual:http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/

Director Centro Editorial-FCElvaro Zerda Sarmiento

Equipo Centro Editorial-FCENadeyda Surez Morales

Pilar Ducuara Lpez

Yuly Roco Orjuela Rozo

Contacto: Centro Editorial FCE-CIDCorreo electrnico: [email protected]

Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido y la forma del presente

material es responsabilidad exclusiva de sus autores y no compromete de ninguna manera a la

Escuela de Economa, ni a la Facultad de Ciencias Econmicas,

ni a la Universidad Nacional de Colombia.


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Sobre algunos efectos sociales y cognitivos de la restitucin de tierras

Por Francesco Bogliacino, Gianluca Grimalda, Laura Jimnez, Daniel Reyes Galvis,

Cristiano Codagnone

1. Introduccin

La Ley de Vctimas o Ley de Restitucin de Tierras (1448 de 2011) cumple en el 2015

cuatro aos. Representa un compromiso enorme del Gobierno colombiano con las

numerosas vctimas del conflicto y crea escenarios novedosos a nivel mundial en

trmino de reconocimiento y reparacin. Ha sido tambin ampliamente criticada

(Seccin 2 abajo), por falta de financiacin, por la lentitud de la ejecucin, por las

condiciones de inseguridad y el estrecho margen econmico en el cual se est

desarrollando el proceso, evidentemente afectando las posibilidades de lograr

sostenibilidad a largo plazo del retorno.

Hay un seguimiento en curso de las personas beneficiadas a travs de una

encuesta, pero estos datos todava no estn disponible para la comunidad acadmica.

Cuando se tendr acceso, se volver fundamental un esfuerzo de evaluacin para poder

identificar el alcance y proponer eventualmente reajustes.

En general, desde una perspectiva acadmica la actual falta de informacin ha

tenido un peso enorme en poder formular un juicio, sin embargo la opinin pblica

tambin ha carecido del insumo necesario para poderse formar una opinin razonada.

Este estudio nace precisamente con esta motivacin: identificar posibles alcances del

proceso de restitucin a travs de un ejercicio de recoleccin y anlisis de datos. La

fuerza de este estudio est en que se rige sobre una metodologa de experimento de

campo: los datos no se refieren a respuestas a preguntas, sino a comportamientos y

decisiones por parte de los participantes en tareas incentivadas. Se trata de un estudio en

escala pequea, por los lmites presupuestales de la investigacin y por falta de acceso a

la informacin oficial de las autoridades (y a pesar de nuestro esfuerzo de contacto).

La lgica de este estudio es comparativa: se intenta comparar una serie de

variables entre la poblacin que ha recibido la tierra y la poblacin que todava se

encuentra desplazada. Obviamente la asignacin de tierra no es una variable que pueda


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ser objeto de manipulacin experimental dentro de nuestro diseo, y en cuanto tal no

podemos sostener que lo que estimemos tenga interpretacin causal. Sin embargo

tuvimos mucho cuidado a la hora de disear la medicin, contactamos varios grupos a

travs de lderes comunitarios y esto nos permiti tener heterogeneidad en la muestra y

variabilidad de la asignacin de tierra dentro de cada comunidad. Adicionalmente,

controles estadsticos muestran que las caractersticas socio-demogrficas estn

efectivamente balanceadas dentro de los dos grupos de desplazados y beneficiados

(Seccin 6.1 abajo).

El trabajo de campo se llev a cabo entre Julio y Septiembre 2014 en la regin

de Montes de Mara, logrando la participacin de personas de varias comunidades en

Mara La Baja, Carmen de Bolvar, San Jacinto, Mampujn, entre otras.

El tema de asignacin de tierra es muy estudiado en la literatura econmica

porque la transicin desde ttulos informales hacia formales se ve como un cambio

institucional capaz de alinear los incentivos de los agentes econmicos con el objetivo

del desarrollo, bsicamente dando garanta jurdica de goce de los frutos de la inversin

y posibilidad de utilizar el bien como colateral en el caso de acceso a crdito (Seccin

4.1).

En este estudio nos enfocamos en el desempeo cognitivo de los que recibieron

la tierra, comparado con el desempeo de los desplazados y analizamos en qu medida

el proceso ayuda a reconstruir tejido social.

En la literatura cientfica ms reciente se subraya como la pobreza acte como

un impuesto cognitivo: la presin ejecutada por las consecuencias de los errores

cometidos en condicin de escasez induce a equivocarse porque absorbe ancho de

banda, o sea capacidad cognitiva (Seccin 4.2). Objetivo de este trabajo es investigar si

el proceso de restitucin es capaz de suavizar el impacto de la pobreza en los

desplazados. Con el fin de medir el impacto cognitivo, se implementaron dos pruebas

(Raven y Stroop test) que han sido utilizados en otros experimentos con campesinos en

la India.

En segundo lugar, a travs de dos series de experimentos se pretende medir

como el proceso de restitucin afecta la reconstruccin del tejido social. La falta de un

sistema de relaciones y conexiones es parte de los obstculos de los desplazados en salir

de la pobreza. Adicionalmente, la condicin de vctima crea desconfianza que afecta la

vida social y comunitaria. En nuestra medicin nos enfocamos en la medicin del grado

de confianza y en la actitud hacia las normas sociales (Seccin 4.3).


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Entre los resultados principales encontramos que el proceso de restitucin afecta de

manera positiva y robustamente significativa una de las medidas de confianza. Al

opuesto, no hay diferencias significativas en el desempeo cognitivo de desplazados y

beneficiarios de la restitucin, coherentemente con las crticas segn las cuales la tierra,

sola, no basta para lograr salir de la pobreza. La actitud hacia las normas sociales no es

significativamente diferente entre los dos grupos, aun si parece serlo entre los ms

pobres (Seccin 6).

Como siempre ocurre, tambin es importante sealar los lmites de la

investigacin. Primero, no ha sido posible cruzar los datos con fuentes oficiales y por lo

tanto la asignacin de tierra es medida a travs de una respuesta de los participantes.

Segundo, la muestra de participantes no es aleatoria, por lo tanto no es representativa.

Tercero, la dimensin de la muestra es limitada, lo cual afecta la robustez del anlisis

economtrico. Cuarto, estos resultados son preliminares, en el sentido que el marco del

estudio es ms amplio.

Este informe contina con la siguiente estructura. La Seccin 2 introduce

brevemente las caractersticas de la Ley y la discusin que ha generado. La Seccin 3

presenta una panormica no exhaustiva de la regin de Montes de Mara donde se

realiz el trabajo. La Seccin 4 aclara el contexto terico detrs del anlisis. La Seccin

5 explica los procedimientos experimentales para un pblico que no tenga conocimiento

tcnico del tema. La Seccin 6 presenta los resultados. Finalmente la Seccin 7 formula

algunas observaciones finales. En los varios Anexos es posible encontrar todos los

materiales utilizados para el trabajo de campo.

2. La Ley de Restitucin de Tierras

La Ley de Victima o Ley de Restitucin de Tierra (1448 de 2011) es el combinado de

dos estrategias polticas: por un lado la decisin de garantizar continuidad institucional

al tema de la garanta de las vctimas, recogiendo y consolidando lo que ya estaba

dentro de la Ley de Justicia y Paz del 2005; por otro lado, la apuesta de este ciclo

poltico de normalizar la situacin de la tierra como contribucin hacia el anhelado

acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, puesto que el tema de la tenencia de la

tierra ha sido siempre sealado como una de las determinantes claves del medio siglo de

conflicto que vive el pas (Grupo Memoria Histrica, 2013).


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A la vez, la apuesta por los dilogos de paz se puede considerar como el primer

resultado del debilitamiento de los grupos ilegales, consecuencia del fortalecimiento del

ejercito bajo el ciclo poltico Pastrana-Uribe, y que derivaron en la muerte de Tirofijo,

Ral Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano, lderes de dicha organizacin. Al estar la

guerrilla confinada en pocas reas estratgicas, se requiere una puesta en discusin de la

estrategia militar. Secundariamente, la senda de crecimiento de Colombia, fuertemente

sesgada hacia la inversin extranjera directa y el modelo extractivista se ve

negativamente afectada por la presencia de factores como el conflicto, que aumentan el

riesgo del pas y la tasa a la cual el pas logra endeudarse.

Sobre estas bases, el gobierno de Juan Manuel Santos (desde 2010) ha lanzado una

iniciativa ambiciosa en pro de la resolucin del conflicto armado (manteniendo la

iniciativa militar).

Dentro de esta estrategia poltica el programa de reforma de tenencia de la tierra,

enmarcado dentro de la llamada ley de vctimas, entr en efecto en junio 10 de 2011

(Robinson, 2013).

La Ley de Vctimas, est agrupada en torno a tres componentes principales, a

saber: a) asistencia y atencin, b) prevencin y proteccin y, c) reparacin integral.

Dichos componentes principales estn, adicionalmente, apoyados por cinco

componentes transversales, enfoques: a) diferencial, b) territorial y, c) psicosocial;

adems de d) participacin efectiva de las vctimas y e) sistemas de informacin

(Comisin de Seguimiento de los Organismos de Control, 2013). De esta forma, la Ley

pretende delimitar las medidas judiciales, administrativas, sociales y econmicas,

individuales y colectivas; para beneficiar a las vctimas de las violaciones del conflicto

armado interno. Todo esto, dentro de un marco de justicia transicional, que les facilite a

las vctimas el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparacin de forma

tal que estas personas puedan ser dignificadas a partir de la cumplimentacin de sus

derechos constitucionales. La implementacin de esta Ley implica grandes progresos en

cuanto a los derechos de las vctimas, puesto que supone la implementacin de una

poltica integral de atencin, asistencia y reparacin y superar un enfoque netamente

asistencialista y humanitario (Comisin de Seguimiento de los Organismos de Control,

2013).

Para algunos, este es el programa ms ambicioso nunca realizado (Rettberg,

2015). Consecuentemente, se subrayan problemas financiacin, puesto que dentro del

CONPES (2011), se identificaban 56 billones de pesos y en el actual Plan Nacional de


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Desarrollo (PND, 2015) el rubro para el goce efectivo de derechos de las vctimas es de

7 billones, mientras que Vargas y Villaveces (2015) estiman que el compromiso sera

alrededor de 13.5% del PIB (a pesos del 2011).

Pero esta no ha sido la nica crtica, puesto que en general varios organismos han

sealado tanto la lentitud del proceso como en general los problemas de garantizar un

regreso seguro y a condiciones sostenibles en el mediano plazo. Han sido publicados

varios informes que intentan documentar la dinmica de implementacin de la ley

(Forjando Futuro, 2015, 2014a, 2014b).

Como ejemplo de las crticas se puede ver ms en detalle el informe de Amnista

Internacional (2014). Este documento fue construido a partir de investigaciones que

lider la organizacin en 2013 y 2014. La delegacin de Amnista recorri diferentes

zonas del pas: Cauca, Valle del Cauca, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlntico, Meta y

Bogot. En diferentes oportunidades, se reuni con varios sectores de la poblacin

colombiana: reclamantes de tierras y sus representantes, miembros de organizaciones no

gubernamentales, representantes de comunidades indgenas y afrodescendientes,

abogados, campesinos, acadmicos, defensores de Derechos Humanos, entre otros.

Adems, sostuvo tambin encuentros con entidades nacionales y regionales: Unidad de

Restitucin de Tierras, Unidad para la Atencin y Reparacin Integral a las Vctimas,

Unidad Nacional de Proteccin, Centro Nacional de Memoria Histrica, Defensora del

Pueblo, Fiscala General de la Nacin, Procuradura General de la Nacin, Contralora

General de la Repblica, Instituto Geogrfico Agustn Codazzi, Superintendencia de

Notariado y Registro, entre otras.

Este informe tena como objetivo analizar el actual proceso de restitucin de

tierras, teniendo en cuenta los intentos anteriores de otros gobiernos por solucionar el

tema de la tierra en Colombia (reforma agraria). Adems, se hace una revisin de los

avances que han tenido las diferentes autoridades involucradas en garantizar el avance

de la Ley 1448. Dentro de estos anlisis, Amnista Internacional identifica ciertos

aspectos problemticos mencionados en 2013 por la Comisin de seguimiento de los

organismos de control. Esta Comisin haba mencionado, entre otros, que el problema

de la ley de restitucin consiste en que la reparacin integral que se pregona, no se ha

dado. Se sigue estando bajo una poltica de asistencia, atencin y reparacin a las

vctimas del conflicto () enftica en el componente de ayuda humanitaria, frente a un

componente de ms largo aliento como la reparacin integral (pg. 11). Dicha ayuda


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humanitaria ha sido simplemente una indemnizacin que se le ha dado a los

desplazados. Entonces, la reparacin integral a las vctimas es una aspiracin, pero no

una realidad. Adems, la comisin tambin afirm que todo est en etapa de diseo, es

decir, que no se estn implementando las polticas. No slo hay incumplimiento de las

metas trazadas inicialmente, sino incumplimiento sobre las correcciones a dichos

plazos; hay dificultades para las vctimas en cuanto al acceso a los programas de

beneficios y servicios estipulados en la ley; has escaso o nulo control para dar cuenta de

las obligaciones adquiridas; e inconsistencia en los datos publicados. Como si fuese

poco, ha habido lentitud en la atencin a las vctimas. Al ao 2013 haba 43.509

solicitudes sobre 286.409 predios. La Unidad de Gestin de Restitucin de Tierras

Despojadas ha atendido nicamente el 19,5%, y fallado slo el 1,0%. El tiempo valioso

que se ha perdido en el avance de la Ley, puede tener que ver con las tardanzas en los

trmites de la expedicin del protocolo (Comisin de Seguimiento de los Organismos

de Control, 2013).

Los diferentes anlisis que realiz Amnista Internacional (2014), no slo

subrayan los aspectos ya mencionados, sino que dejan como resultado el planteamiento

de una serie de otros obstculos que, desde su perspectiva, se estn presentando en la

implementacin de la Ley. Las dificultades que se plantean en el informe resaltan: 1) la

exclusin de ciertas categoras de vctimas; 2) la falta de garantas de seguridad y

necesidad de una proteccin completa; 3) la falta de garantas de una restitucin

sostenible de tierras; 4) la falta de capacidad y coordinacin institucional; 5) una

discriminacin persistente de gnero; 6) la no restitucin de los territorios indgenas y

afrocolombianos; y 7) la falta de garantas al derecho a la no repeticin, incluida la

impunidad.

A partir de lo anterior, la organizacin hace referencia a una serie de

recomendaciones. Entre estas ltimas se destacan: 1) la proteccin de los participantes

en el proceso de restitucin de tierras; 2) la necesidad de garantizar la sostenibilidad de

la restitucin de tierras; 3) hacer valer los derechos de las mujeres y las nias; 4) hacer

valer los derechos de los pueblos indgenas y las comunidades afrodescendientes; 5)

ofrecer garantas de no repeticin y poner fin a la impunidad por los desplazamientos

forzados; 6) dar instrucciones a la Unidad de Restitucin de Tierras (consultar el

informe para conocerlas en detalle); 7) aspectos a ser considerados por los jueces y

magistrados (consultar el informe para conocerlos en detalle); y 8) aspectos puntuales


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dirigidos al Gobierno, la guerrilla y la comunidad internacional (consultar el informe

para conocerlos en detalle).

Efectivamente el proceso ha encontrado desde el comienzo dificultades,

vicisitudes y un clima de inseguridad que refleja tambin la existente situacin de

conflicto.

En 2012 hubo momentos de mucha tensin, cuando el 28 de agosto hubo un

atentado contra la lder del proceso Narrar para Vivir (brinda colaboracin a mujeres

de los Montes de Mara sobre el proceso de tierras), en el municipio de San Juan

Nepomuceno. Posteriormente, en octubre y noviembre de 2012, hubo dos amenazas en

cada mes contra los integrantes de la Mesa de Vctimas del Carmen de Bolvar.

Adicionalmente, hubo amenazas contra varios jueces y magistrados encargados de los

procesos de restitucin de tierras y hostigamientos a campesinos vctimas del

desplazamiento para que retiren sus solicitudes de reparacin o para que vendan los

predios otorgados; y cuando los carteles de la Unidad de Restitucin de Tierras de

Bolvar son colocados para informar pblicamente el inicio de los procesos

administrativos de restitucin sobre algn predio, estos son removidos rpidamente

(Becerra, 2012).

A pesar de todos los problemas que puede presentar la Ley de Tierras y

Reparacin de Vctimas, entre los primeros beneficiados con la implementacin de la

Ley son los habitantes del municipio de Mara la Baja, ya que la Unidad Administrativa

Especial de Gestin de Restitucin de Tierras (organismo encargado de atender los

reclamos de las vctimas y de presentarlas ante los jueces), ha declarado que tienen

prioridad en el proceso (Verdad Abierta, s.f.c.) Lamentablemente, han sido identificadas

ms de 1600 infracciones sobre 4000 hectreas, en los procesos abiertos en los Montes

de Mara. Las faltas incluyen, siguiendo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (2011), violaciones a las normas de

proteccin de tierras por desplazamiento forzado inobservancia de prohibiciones para la

venta de predios objeto de reforma agraria y fraudes en los procesos de transferencia de

bienes pertenecientes al Fondo Nacional Agrario (pg. 1). Segn le explic el ministro

de Agricultura al diario el Colombiano, () se infringieron las normas en las ventas de

tierras, [se encontraron] documentos de ventas adulterados y falsificados, otros que

violan la proteccin de bienes por ser una zona especial de desplazamiento, ventas a


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muy bajos precios, y otros en que se utiliz informacin de campesinos deudores para

presionarlos a vender sus tierras (Monroy, 2011).

Esta es una de las razones que ha llevado a que esta zona de los Montes de Mara

sea el lugar elegido para llevar a cabo este seguimiento de la Ley de Tierra.

Cabe sealar que dentro de la muestra objeto del estudio est la poblacin de

Mampujn. Las 1465 vctimas de Mampujn fueron un caso smbolo de reparacin que

ocurri dentro del anterior marco legal definido por la Ley de Justicia y Paz. Alcanzaron

la etapa final del proceso, con la reparacin integral y la condena de los victimarios.

Juancho Dique y Diego vecino se vieron obligados a hablar acerca de los actos

criminales cometidos y acerca de los bienes y garantas con las cuales van a reparar a las

vctimas. La comunidad de Mampujn ha sido reconocida como una vctima colectiva,

dado que sus redes histricas, econmicas y socio culturales se han visto trastocadas.

As, los paramilitares causantes del desplazamiento deben responder por la ruptura del

tejido social; el ataque a una identidad cultural y a tradiciones ancestrales; la

desarticulacin de los movimientos sociales y econmicos; la imposicin de un modelo

violento y autoritario en las relaciones de la comunidad; y la estigmatizacin de los

campesinos de Mampujn, que siguen siendo sealados como supuestos guerrilleros en

las ciudades en donde buscaron refugio hace ya ms de diez aos (Verdad Abierta,

2010).

3. La regin de los Montes de Mara

3.1 Caractersticas geogrficas

Los Montes de Mara (MM) son una subregin perteneciente a la costa caribe

colombiana, una de las seis grandes regiones en las que est dividido el territorio

colombiano. Est ubicada en la zona norte del pas, entre los departamentos de Bolvar y

Sucre (De los Ros, 2011). Los Montes de Mara tienen una extensin total de 6297

Km2, de los cuales 3719 Km

2 corresponden al departamento de Bolvar y 2578 Km

2 al

de Sucre; esta es una zona que posee gran biodiversidad de flora y fauna, en donde la

quinta parte del rea total departamental est compuesta por quince municipios de

ambos departamentos (Aguilera, 2013). A saber, los municipios de Carmen de Bolvar,

Mara la Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Crdoba, El Guamo y Zambrano se


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encuentran Bolvar; y los de Ovejas, Chaln, Colos, Morroa, Los Palmitos, San

Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo, en Sucre (De los Ros, 2011).

Segn Promontes (citado por Aguilera, 2013), los suelos, la cobertura vegetal y,

desde luego, el paisaje de los Montes de Mara, son altamente dependientes del clima

caracterstico de la regin. Este es influido por la presencia de mltiples fuentes

hdricas, aparte de la cercana al mar y el rgimen de precipitaciones; los vientos alisios

del norte y del noroeste y la ubicacin de las montaas. De esta forma, hay una gran

variedad de paisajes, con pisos trmicos clidos y medios, y regmenes climticos secos

y hmedos. Entonces, la temperatura oscila entre 20C y 24C en las reas de clima

medio y entre 26C y 30C en las reas de clima clido; por su parte, las humedad

oscila entre 75% y 85%, y las precipitaciones anuales promedio de lluvias estn

alrededor de 1500mm. El rgimen pluviomtrico es bimodal, en donde los niveles ms

altos se registran de mayo a junio y entre septiembre y noviembre.

3.2 Caractersticas econmicas

Promontes (citado por Aguilera, 2013), afirma que MM tiene tres zonas principales: 1)

La zona plana, localizada entre la carretera Troncal de Occidente (Sector El Vizo -

Sincelejo) y el ro Magdalena. Hacen parte de esta zona los municipios de El Guamo,

Zambrano, Crdoba y parte de los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y

Carmen de Bolvar. La actividad econmica predominante en el rea es la ganadera

extensiva y la explotacin maderera. No obstante, hay suelos ideales para la agricultura

en la zona comprendida entre la carretera Transversal del Caribe y el canal del Dique

(parte del municipio de Mara la Baja), debido a que hay disponibilidad de un

importante distrito de riego; as, tambin son habituales los cultivos campesinos de

maz, arroz, yuca, ame, pltano, tabaco, caf y aguacate, aunque recientemente se han

introducido cultivos empresariales de aj picante, cacao y palma de aceite (Aguilera,

2013). Adicionalmente, como lo indica De los Ros (2011), estas zonas tambin son

importantes para empresas agroindustriales que necesitan grandes terrenos para

monocultivos de maderables (Teca), y de agro combustibles (Palma africana), adems

de la minera.

2) La zona montaosa, localizada entre la Transversal del Caribe y la Troncal de

Occidente y de la que hacen parte los municipios de Chaln, Colos, Morroa, Ovejas y

parte de los municipios de Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los palmitos, San

Onofre, Carmen de Bolvar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno. En esta zona se


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encuentra la serrana de San Jernimo, ubicada en direccin suroeste-noroeste y que

tiene una longitud de 110km de largo y una altura aproximada de 700 metros sobre el

nivel del mar. La actividad econmica en esta zona est regida principalmente por

cultivos de economa campesina (como los descritos anteriormente). El problema radica

en que, como lo afirma Aguilera (2013), ha habido enormes daos ambientales a los

recursos naturales debido a que los campesinos desarrollan sus actividades

agropecuarias de subsistencia en las faldas de las montaas y en los nacimientos de las

cuencas hidrolgicas y as, los bosques caractersticos de esta zona, con inmensa

diversidad de fauna y flora y, adems, grandes productores de agua; han sido afectados

por la deforestacin, lo que ocasiona problemas ambientales de deslizamientos,

erosiones de suelos y deterioro del hbitat.

3) La zona de litoral, situada al occidente de los Montes de Mara, y la cual

corresponde en toda su extensin al Municipio de San Onofre. Es un territorio con

abundancia de manglares, grandes paisajes martimos con posibilidades de ecoturismo y

recursos costeros; segn Aguilera (2013), estos incluyen ecosistemas asociados como

cinagas, lagunas y aguas subterrneas, formaciones coralinas, playas marinas y una

variedad de flora y fauna.

Los MM han sido histricamente una regin humilde pero con abundancia de alimentos,

hasta el punto de ser considerada la despensa del Caribe. Dicha denominacin

responde a la enorme cantidad de alimentos all producidos, as como a su calidad

(UNDP, 2010). Adems, como bien lo indica De los Ros (2011), los Montes de Mara

son un corredor geogrfico fundamental, no slo por la gran biodiversidad de

caractersticas geogrficas, sino por las importantes vas terrestres a las que est

conectado, adems de la salida al mar con la que cuenta. De esta forma, la zona de

Montes de Mara es estratgica para la produccin, trfico y venta de drogas ilcitas en

toda la zona caribe. Esto ha hecho que la zona est en permanente disputa de diversos

grupos armados ilegales. Por lo tanto sus habitantes nunca han podido aprovechar las

grandes ventajas de vivir en dicha regin. Cerca de un 40% de la poblacin de Montes

de Mara vive en el campo (casi el doble de porcentaje de ruralidad del pas) y tiene

acceso a las tierras cultivables, bosques y recursos hdricos anteriormente descritos; sin

embargo tienen ndices de pobreza elevados, derivados de deficiencias en empleo y

educacin, adems de deficiencias en el sistema de salud y en servicios pblicos como

electricidad, agua y alcantarillado (Aguilera, 2013).


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3.3 Caractersticas poblacionales

Segn el censo de 2005, en los Montes de Mara viven cerca de 438.119 personas. De

este casi medio milln de personas, nicamente el 12.8% de las viviendas cuenta con

los servicios bsicos de electricidad, agua y alcantarillado. Otros datos del censo

nacional de 2005, muestran que en la regin no hay cobertura de salud para un 23,7 %

de las personas, que uno de cada cuatro nios menores de cinco aos presenta

desnutricin aguda mientras que otro est en riesgo de desnutricin; adems, 75.891

personas, no saben leer ni escribir, lo que representa un ndice de 22,8% de

analfabetismo. Ahora, en trminos econmicos, el promedio de ingreso diario es de

$15.000 diarios por hogar (para el ao 2005), es decir, slo el 40% del ingreso

requerido para comprar lo mnimo necesario. As. El 59,7% de la poblacin tiene

necesidades bsicas insatisfechas (UNDP, 2010). Dicho ndice, conocido tambin como

NBI por sus siglas, es uno de los ms altos del caribe colombiano: casi todos sus

municipios tienen entre 50 y 100 personas con NBI por cada cien, siendo Colos, El

Carmen de Bolvar y San Jacinto lo ms pobres.

El problema de pobreza est relacionado con el tema de la tierra y las polticas

seguidas por el INCORA hoy INCODER. En la poca del presidente Carlos Lleras

Restrepo, las decisiones gubernamentales iban enfocadas a promover la

descentralizacin, comprando tierras a grandes propietarios para vendrsela a los

campesinos a bajo costo y con financiacin a travs del crdito agrario. El problema

surgi cerca de una dcada ms tarde, con el auge de los productos qumicos para abono

y anti-parasitarios. Los campesinos se empezaron a endeudar para poder comprar estas

nuevas tecnologas, quedando sin recursos para producir y sin las semillas naturales.

Para poder sanar sus balances se vieron obligados a vender sus terrenos especialmente a

cultivadores de palma de aceite para la produccin de biocombustibles. A los

campesinos se les ofrecieron las opciones de la compra de la tierra, o de sembrar palma

en sus tierras. Siendo la palma un cultivo de rendimiento tardo, esto de alguna manera

expuso los campesinos a riesgos excesivos que no podan cubrir (UNDP, 2010).

3.4 El conflicto

El estudio del conflicto en Montes de Mara es un argumento demasiado amplio para ser

abordado dentro de este estudio. El verdadero objetivo de este prrafo, a travs de

evidencia anecdtica, es recordar brevemente que el conflicto en la regin tiene una


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historia larga, con mltiples actores armados involucrados y que los niveles de violencia

alcanzaron topes muy altos, con hechos documentados muy graves.

El surgimiento de la lucha armada en la regin data ya cerca de 50 aos. Si bien

las partes involucradas en el desplazamiento suelen ser las mismas (Guerrillas,

Paramilitares e incluso la Fuerza Pblica), las formas en que estas se articulan con

estructuras econmicas o, inclusive polticas, vara. En general, en esta zona ha habido

muchos intentos de reforma agraria (que datan desde los aos 60) como forma de

combatir la concentracin de tierras (Galln, 2011). Precisamente, los primeros en tratar

de combatir dicha concentracin de tierras, fueron los miembros de la ANUC

(Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos) lnea Sincelejo. Esta lleg a ser una de

las organizaciones campesinas ms fuertes del pas durante los aos 70, promoviendo la

redistribucin de la tierra, a fin de que cada campesino tuviera un terreno propio,

incluso a travs de la toma o recuperacin de tierras de ganaderos y grandes propietarios

(UNDP, 2010). Llegaron incluso a obtener apoyo gubernamental, debido a que el ya

desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA hoy denominado

INCODER), adquiri grandes terrenos en los aos ochenta para dividirlos y

posteriormente otorgarlos a campesinos que lo necesitaban (Verdad Abierta, 2013). As,

este movimiento campesino logr que algunos de los municipios que componen los

Montes de Mara tuvieran una participacin activa en las luchas agrarias de esa dcada a

partir de mtodos pacficos. No obstante, este pacifismo lleg a su fin cuando se

involucraron grupos armados en la lucha.

El primer grupo insurgente que ingres en esta lucha fue la guerrilla. Ellos

sentan cierta simpata por los campesinos, dado que los de la ANUC buscaban

oportunidades para aquellos campesinos sin tierra, para que pudieran producir sus

propios cultivos y terminar con la concentracin de la tierra. Entonces, las guerrillas

empezaron a amenazar a los terratenientes, que eran en su gran mayora, ganaderos.

Dichos terratenientes, al no estar de acuerdo con la prdida de sus tierras, apoyaron el

surgimiento del paramilitarismo, como forma de evitar la toma de sus tierras y de

recuperar aquellas que ya haban perdido. As, la violencia de los paramilitares se desat

tambin contra los miembros de la ANUC (UNDP, 2010). Entonces, fue cuando la

guerrilla aument sus actividades delictivas, incluyendo las vacunas, el boleteo y el

secuestro, adems del terrorismo. A mediados de los aos ochenta, todas las

organizaciones al margen de la ley llevaron a cabo trabajos polticos en la poblacin, a

partir de la prdida de poder de los movimientos campesinos (como la ANUC). Esto


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llev a que en la dcada de los noventa, tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia FARC-, como el Ejrcito Revolucionario del Pueblo ERP- y el Ejrcito de

Liberacin Nacional ELN-, se disputaran con las Autodefensas Unidas de Colombia

AUC-, el control de los Montes de Mara, para transformarlo en punto estratgico para

el trfico de armas y estupefacientes (Aguilera, 2013). All, el despojo de las tierras se

dio primordialmente por las compras ilegales, las tomas violentas de predios, incluso

aquellos otorgados por el INCORA, pero que haban acabado a manos de forneos,

testaferros y ayudantes de las facciones paramilitares de las AUC (Verdad Abierta,

2013). Las disputas territoriales agravaron la crisis humanitaria en los Montes de Mara,

incluso hasta el siglo XXI, causando masacres y desplazamientos masivos (Museo

Itinerante de la Memoria, s.f.). Los paras se impusieron por la fuerza, a travs de los

bloques Hroes de los Montes de Mara y Canal del Dique, quienes entre 1995 y

2005 perpetraron 42 masacres, destruyeron bienes y ocasionaron el desplazamiento

forzado (Aguilera, 2013). Como autores de algunas de estas masacres, se responsabiliza

a varios grupos, llamados El guamo, Mara la Baja, Zambrano y Calamar, quienes

operaban en el departamento de Bolvar (Verdad Abierta, 2013).

Uno de estos crmenes fue cometido el 10 de marzo de 2000. Tal como lo

confesaron dwar Cobos Tllez, alias Diego Vecino y ber Enrique Bnquez, alias

Juancho Dique, exjefes del Bloque Hroes de los Montes de Mara; ese da fueron

desplazadas 300 familias. Cuentan ellos que ese da se reunieron en la finca llamada El

Palmar, de San Onofre, Sucre. All, el entonces jefe del Bloque Hroes de los Montes

de Mara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Mercado Pelufo

alias Cadena, reuni 60 de sus hombres. Se transportaron en tres camiones,

atravesando Palo Alto y Retiro Nuevo hasta llegar a Mara la Baja. Una vez all, se

encontraron con otros 90 hombres, bajo las rdenes de Luis Francisco Robles Mendoza,

alias Amaury y de otro hombre conocido como alias Gallo. Una vez arribaron,

cortaron armas de rboles y exhibieron sus armas de fuego; raspaban el suelo con sus

machetes, y lograron que las familias de Mara la Baja huyeran, recordando que cerca

de un mes antes, el mismo grupo de autodefensas haba masacrado a 60 campesinos de

Carmen de Bolvar (Verdad Abierta, s.f.). Entre esa misma noche y el da siguiente,

alias Diego Vecino y alias Juancho Dique, planearon y ejecutaron la masacre de 11

campesinos de Las Brisas, una vereda de Mampujn. Este hecho produjo que se


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desplazaran a Cartagena, Sincelejo y otros municipios de la regin, ms de 1200

personas (Verdad Abierta, 2010).

Actos delictivos de esta ndole se han presentado por doquier. En la tabla 1 se

resumen las masacres que tuvieron lugar en los Montes de Mara. Cabe destacar que

segn la fuente que se consulte, pueden encontrarse diferencias en cuanto a, por

ejemplo, el nmero de vctimas o el lugar exacto donde ocurri. Se encuentra tambin

que algunas masacres estn reportadas como una sola junto con otras, ya que tuvieron

lugar una tras otra espacio-temporalmente.

Francesco Bogliacino, Gianluca Grimalda, Laura Jimnez, Daniel Reyes Galvis, Cristiano Codagnone


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Tabla 1. Masacres que tuvieron lugar en los Montes de Mara

Dnde Cundo Autor(es) Nmero de vctimas

El Carmen de Bolvar: corregimiento El Salado, sitio

Loma de las Vacas y vereda El Balguero. Ovejas:

corregimientos de Canutal y Canutalito, y veredas

Pativaca, El Cielito y Bajo Grande. Crdoba: vereda La

Sierra1

Entre el 16 y 21 de

febrero de 2000

Bloque Norte de los Paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y H2 (delegado de

Carlos Castao)

60 vctimas: 52 hombres

y 8 mujeres

Macayepo, Carmen de Bolvar2 Octubre 16 de 2000

Alias Juancho Dique Ex jefe paramilitar del Frente Hroes de los Montes de Mara

35 vctimas 11

Chengue, Ovejas (Sucre)3 Enero 17 de 2001

Alias Cadena Ex jefe paramilitar del Frente Hroes de los Montes de Mara

35 vctimas 11

Las Brisas, Bolvar4 Marzo 11 de 2000

Alias Juancho Dique y alias Diego Vecino Ex jefes paramilitares Frente

Hroes de los Montes de Mara

12 vctimas

Pichiln, Sucre5

Diciembre 4 de 1996 AUC (en complicidad con Polica y Armada) 14 vctimas (aprox.)

Colos, Sucre6 Octubre 8 de 2004

Frente 35 del bloque Martn Caballero FARC

5 vctimas

Pijiguay, Ovejas (Sucre)7

Septiembre 6 de

1997 Salvatore Mancuso Ex jefe paramilitar 6 vctimas

Casero El Parejo Chinulito, Colos (Sucre)8 Septiembre 13 de

2000

Bloque Montes de Mara de las AUC

11 vctimas

Chaln, Sucre9 Marzo de 1996 Frente 35 de las FARC 11 vctimas

Retiro Nuevo, Bolvar (habitantes de El Limn, San Pablo

y Mara La Baja)10 1998-1999

AUC Juancho Dique siguiendo rdenes de alias Cadena

5 vctimas

Fuente: 1(Centro nacional de memoria histrica, 2009);

2(Verdad Abierta, s.f.a.);

3(Meja, 2008);

4(Montao, 2013);

5(El Espectador,

2014); 6

(Rutas del conflictoa, s.f.);

7(Fiscala General de la Nacin, 2011);

8(Rutas del Conflicto

b, s.f.);

9(El Espectador, 2010; Grupo de memoria

histrica, 2013); 10

(Verdad Abierta b, s.f.b.).


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Las cifras de desplazamiento, otorgadas por lo que antes se conoca como Registro

nico de Poblacin Desplazada RUPD-, afirman que slo en Mara la Baja en 1999

hubo 326 desplazados; en 2000, el nmero aument hasta 1691; y en 2001, la cifra lleg

a 6221 (Verdad Abiertac, s.f.). Las cifras de Accin Social indican que en total entre

1998 y 2009 fueron desplazados forzadamente de la regin de los Montes de Mara

215.505 personas. De este total, el 33% pertenece al municipio de Carmen de Bolvar,

seguido por el 11,7% del municipio de San Onofre, el 9,6% de Ovejas, y el 8,3% de

Mara la Baja (De los Ros et al., 2012)


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4. Marco terico y metodolgico del estudio

4.1 El mtodo experimental

En economa, el mtodo experimental se refiere a la posibilidad de controlar el ambiente

dentro del cual se miden las variables dependientes y el proceso a travs del cual se

asignan las variables independientes.

Un ejemplo puede ser esclarecedor. Imaginemos que queramos estudiar el

impacto de una variable, por ejemplo el estado emocional, sobre las actitudes hacia el

riesgo. Desde luego, es posible obtener datos observacionales de ambas variables y

buscar alguna forma de asociacin estadstica. Sin embargo, para poder probar una

asociacin causal, en la forma dbil del ceteris paribus7, es importante poder excluir

explicaciones alternativas plausibles. Cuando se trabaja con datos observacionales,

existe el riesgo asociado con variable omitida, con causalidad invertida o con error de

medicin (por ejemplo por seleccin, en el caso que los datos se observen solo bajo

condiciones particulares): si bien refutar una hiptesis alternativa es

epistemolgicamente ms fcil que confirmarla, las posibles explicaciones

alternativas son a priori ilimitadas (Shadish et al. 2002).

El mtodo experimental se basa en la asignacin aleatoria a los participantes, de

la variable independiente que se quiere estudiar, por ejemplo el estado emocional, y en

la recoleccin de los datos de las variables dependientes sobre las cuales se mide el

impacto. Se asigna dicha variable independiente a un grupo seleccionado al azar

mientras que la variable dependiente (en este caso por ejemplo la decisin en condicin

de riesgo) se mide tanto en el grupo experimental (el que recibe la dosis de la variable

independiente) como en un grupo al cual no se asigna (grupo control). La aleatorizacin

sirve para dos funciones: (1) elimina el impacto de variables omitidas; (2) en promedio,

balancea las caractersticas iniciales (pre-test) que impactan sobre la variable

dependiente (Shadish et al. 2002).

En economa, las mediciones de las variables dependientes se hacen a travs de

incentivos monetarios. Este procedimiento se basa en la llamada utilidad inducida. La

idea es crear una relacin directa y prominente entre comportamiento en el ambiente

experimental y la remuneracin que se recibe para la participacin al experimento

7 En economa el concepto de causalidad suele expresarse de forma dbil: la causa precede el efecto, la

causa covara con el efecto y explicaciones alternativas plausibles se pueden excluir.


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(Smith, 1994; 2010). Empricamente, el uso de incentivos monetarios es muy debatido:

no parecen generar efectos sistemticos pero reducen el ruido estadstico en las

respuestas (Camerer & Hogarth, 1999). En muchos casos, la presencia de incentivos

monetarios sirve para reducir el sesgo de deseabilidad social en las respuestas, porque

induce a que las personas se enfoquen en las tareas. Es estndar en economa no mentir

nunca a los participantes (no deception): la transparencia sirve para que el participante

confe en el mecanismo de enlace entre comportamiento y pago, y por lo tanto, que el

comportamiento que se mide no termine siendo afectado por algn sesgo.

El tema del control ambiental y de la asignacin aleatoria sirve para garantizar

validez interna, que es la posibilidad de interpretar causalmente una correlacin

estadstica. Sin embargo, la evidencia de cualquier experimento es altamente local, es

decir no puede inmediatamente interpretarse de manera general. Los problemas de

generalizacin se refieren a la posibilidad de extender los resultados a otros contextos,

tratamientos usados y participantes (Cronbach et al. 1980), y obviamente la posibilidad

de interpretar las mediciones de laboratorio en trminos del constructo terico que se

pretende medir (por ejemplo la confianza o la actitud hacia el riesgo). En trminos

tcnicos, estos suelen llamarse respectivamente problemas de validez externa y de

validez de constructo (Shadish et al. 2002).

Para obviar algunos problemas relacionados con los experimentos y en particular

la posibilidad de tener acceso a algunas poblaciones8, o de hacer medicin afuera del

contexto asptico de un laboratorio, en economa se usan experimentos de campo,

donde es importante tener presente que el control experimental es menor (Levitt & List,

2009).

Es obvio que muchas variables de inters no se pueden asignar de manera

aleatoria, y este es precisamente el caso de la asignacin de la tierra. Por esta razn en

este estudio se combinan datos observacionales (a travs de cuestionarios pos

experimento, que se reportan integralmente en los anexos 5 y 6) y mediciones

experimentales.

8 En otras palabras, es obvio que si nos limitamos a experimentos de laboratorio en Bogot, muy

difcilmente lograremos tener acceso a mediciones sobre poblaciones campesinas o indgenas, por

ejemplo.


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4.2 El problema de la propiedad de la tierra

Desde una perspectiva econmica, la titulacin de la tierra tiene que ver primero que

todo con un proceso de asignacin del derecho de propiedad, o sea la identificacin de

una persona como titular residual (residual claimant) de los productos de un bien o

activo. La teora econmica suele subrayar el papel de los derechos de propiedad en

garantizar que los que invierten a largo plazo puedan gozar el fruto de dichas

inversiones. Esto hace que el sistema de incentivos que se cree sea favorable al

crecimiento econmico (Demsetz, 1967; North, 1981). Asimismo, estudios realizados a

niveles de paises muestran una fuerte correlacin entre crecimiento econmico lento (y

menor inversin) y derechos de propiedad menos seguros (Knack & Keefer, 1995;

Mauro, 1995; Svensson, 1998; Acemoglu, et.al., 2001; Johnson, McMillan & Woodruff,

2002). La falta de seguridad en los derechos de propiedad tambin implica, como

mencionan De Soto (2000) y Do & Iyer (2008), que uno de los mayores impedimentos

para la prosperidad en los pases en va de desarrollo es la incapacidad de transformar

las propiedades en bienes que se puedan utilizar, debido a la falta de reconocimiento

legal de los derechos.

Un propietario espera que su comunidad prevenga actos de otros que puedan

interferir con sus mismas acciones, siempre y cuando estas ltimas no estn prohibidas

en las especificaciones de sus derechos (Demsetz, 1967). Aqu, a diferencia de los

derechos contractuales, los derechos de propiedad se hacen cumplir por la ley (in rem),

siendo afectados unicamente con el consentimiento del propietario. Esto asegura el

cumplimiento de la ley, pero es sumamente costoso (no slo econmicamente) cuando

hay multiples derechos colaterales relacionados con el mismo bien. Es decir, las

obligaciones de ley sobre un derecho de propiedad son independientes de quien sea el

dueo de los derechos de propiedad, as sean diferentes derechos de propiedad

pertenecientes al mismo bien. Ergo, se considera que los derechos de propiedad tienen

ventaja dado que sobreviven inmutables a travs de todo tipo de transacciones y

transformaciones con otros derechos de propiedad sobre la misma tierra o sobre una

tierra aledaa (Arruada, 2003).

Adicionalmente, se subraya que la tierra tiene un papel importante en la

reduccin de los costos de transaccin (Arruada, 2003). Entonces, cuando un granjero,

o un empresario es propietario de los derechos sobre una tierra, es ms propenso a

invertir en ella, por dos razones principalmente: el efecto garanta (assurance), y el


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efecto realizabilidad. Este ltimo se da cuando los granjeros se sienten ms seguros en

su derecho o capacidad de mantener un uso sobre la tierra a largo plazo, y entonces, es

mayor la tasa de retorno por las mejoras y la conservacin que se haga de la tierra; de

esta forma, est mayormente incentivado a hacer inversiones. En cambio, el primer

efecto se da cuando una tierra puede ser fcilmente transable, y utilizada como colateral

dentro de transacciones (Brasselle, Gaspart, & Platteau, 2002). Por todo esto, es

razonable que los empresarios no estn dispuestos a invertir si se espera que no puedan

retener los beneficios propios de su inversin (Johnson, McMillan, & Woodruff, 2002).

Este es el problema al que se enfrentan recurrentemente las poblaciones que cuentan

con menos recursos. Las personas pobres tienen limitaciones debido a la ausencia de

derechos de propiedad formales. Estas limitaciones se extienden a la imposibilidad de

tener herramientas de ahorro o bienes, para ser usados como seguro que les pueda

proveer proteccin durante pocas de escasez, y los obliga a refugiarse en familiares

(Galiani & Schargrodsky, 2010).

As, en los crculos polticos, los programas de titulacin de tierras han sido

promovidos como parte de una intervencin eficiente en la lucha para reducir la pobreza

(Galiani & Schargrodsky, 2010). Mas an, desde las organizaciones internacionales

tambin se han estado promoviendo proyectos de administracion de tierras en la

mayoria de paises en via de desarrollo y en paises que anteriormente estaban bajo un

regimen socialista (Arruada, 2003).

Un paso intermedio adoptado por algunos gobiernos, es el uso de titulaciones

colectivas, en vez de titulaciones privadas. Los puntos de vista convencionales asumen

que una propiedad comn implica acceso abierto, que genera riesgos de sobre-

explotacin. Dichas oportunidades se generan a partir de sistemas de titulacin colectiva

que se supone no hacen cumplir reglas respecto a las acciones individuales de los

miembros de la comunidad. Ahora bien, as como la intervencin gubernamental se

justifica en casos de falla de los mercados debido a bienes pblicos o a monopolios

naturales, la titulacion colectiva es una respuesta estndar a fallas en la eficiencia

asociadas con instituciones de propiedad privada (Powell, 1998). De hecho la evidencia

sobre la posibilidad de crear reglas de juegos alternativas a estado y mercado, es decir

creando institucionalidades locales que permitan manejo eficiente de recursos comunes

es bastante amplia (Ostrom 2009).

Evidencia emprica de la relacin titulacin-pobreza es obviamente dificil de

demostrar de manera causal. En general, personas de mayores ingresos tienen mayores


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activos en propiedad, lo cual postula existencia de causalidad invertida. Adems,

programas de reparticin de ttulos pueden ser afectados por individuos que ya han

planeado las inversiones, y que a travs de formas de presin pueden influir en los

mecanismos de asignacin - o sencillamente las inversiones hechas pueden llevar a

lograr la obtencin del ttulo (Brasselle, Gaspart, & Platteau, 2002; Alston, Libecap, &

Schneider 1995). Finalmente, es obvio que muchas variables externas pueden co-

determinar tanto las inversiones como la titulacin.

El ms importante estudio que se conozca sobre el tema es sin duda el de Galiani

& Schargrodsky (2010), que revela la efectividad de la titulacin de tierra como

herramienta para disminuir la pobreza, a travs de un experimento natural.

Aprovechando un episodio de titulacin de tierras que se dio por etapas, en la Argentina

pos dictadura, ellos estudiaron las diferencias en una serie de variables de inversin por

parte de las familias tanto propietarias como ocupantes. Dicho episodio ocurri en

Argentina, en las zonas aledaas a Buenos Aires. All, en 1981 algunos terrenos baldos

fueron ocupados ilegalmente por algunas personas. Dichos habitantes vivan sin pagar

arriendo, pero no tenan los ttulos de las tierras, as que legalmente no tenan derecho

sobre ellas. El gobierno local negoci las tierras con los propietarios originales, para

poder dar a dichos habitantes ilegales la titulacin respectiva, pero as como algunos

terratenientes aceptaron negociar con el giobierno local, algunos otros an se encuentran

disputando las tierras en las cortes, porque no les satisfaca la compensacin econmica

ofrecida por el gobierno. Esta asignacin diferencial adems no relacionada con las

caracteristicas de los ocupantes gener naturalmente un grupo experiemntal y un

grupo de control. Se encontr que las personas invertan ms en sus terrenos y que

construan cerca de un 12% ms. Son familias con menos miembros, dado que hay una

reduccin de la fertilidad de las cabezas de familia y a que no viven con miembros de la

familia extensa; y, adems, un incremento en el nmero de aos estudiados y de

porcentaje de cumplimentacion de la educacion secundaria (53% contra 26%).

En nuestro trabajo de campo, no podemos contar con la dimensin temporal

necesaria para hacer un seguimiento de las inversiones. Este estudio se enfoca en

averiguar si el programa, de la manera en la cual se est implementado, reduce los

efectos negativos a nivel cognitivo de la pobreza, y si contribuye a reconstruir tejido

social a travs de algunas mediciones de capital social. Estos dos argumentos se tratan

en los dos siguientes apartados.


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4.3 Los efectos cognitivos de la pobreza y la restitucin de tierra

Estudios recientes (Mullanaithan & Shafir, 2013; Mani et al., 2014) sobre el tema de la

pobreza han replanteado la mirada acadmica sobre este problema. Existe amplia

evidencia emprica que afirma que las personas en condiciones de pobreza suelan

cometer ms errores, es decir, en temas claves como la planeacin familiar, el ahorro

o la oferta de trabajo, estas personas terminan tomando decisiones equivocadas que

impactan negativamente sobre su condicin socio-econmica (Katz & Hofer, 1994;

Edin & Lein, 1997; McLoyd, 1998; DiMatteo, Giordani, Lepper & Croghan, 2002;

Kim, Sorhaindo & Garman, 2006; Blank & Barr, 2009; Barr, 2012). El resultado final

es que las personas pueden terminar en la llamada trampa de la pobreza.

Sin embargo, Mullanaithan y coautores no buscan ni mecanismos estructurales

de carcter sociolgico para explicar este fenmeno, ni tesis de comportamientos

racionales que expliquen estos hechos estilizados. Su tesis es conductual: ellos parten de

un supuesto, a la vez obvio pero ignorado por el enfoque convencional en economa,

que afirma que la capacidad cognitiva, como el ancho de banda de un computador, es

limitada. En muchas situaciones cotidianas, el hambre, el sueo u otro tipo de

preocupaciones afectan el ancho de banda disponible, induciendo decisiones

equivocadas. La pobreza se puede ver como una condicin de escasez: es decir una

preocupacin de que cualquier error pueda tener consecuencias muy graves que la

persona pobre no necesariamente es capaz de enfrentar (monetariamente o de otra

manera).

Ellos afirman que las preocupaciones en situaciones de escasez (scarcity),

disminuyen las habilidades cognitivas (IQ) y el autocontrol. En su trabajo, Mani et al.

(2014) aprovechan una condicin natural similar a un experimento: ejecutan las pruebas

cognitivas antes y despus de que los campesinos hayan logrado llevar la cosecha al

molino. Es obvio que de esta manera una persona puede ser contrafactual (grupo

control) de s mismo y se puede realizar un control de otras caractersticas que afecten el

desempeo cognitivo. Adems es obvio que por los ritmos del campo, ese momento (la

consigna de la cosecha), cambia de manera abrupta la situacin econmica. Sus

resultados muestran de manera clara el empeoramiento del desempeo en condicin de

escasez. Curiosamente, este resultado con grande validez externa (o sea

representatividad de la condicin real), tiene hallazgos confirmados por otro que ellos

llevan a cabo en laboratorio, donde crean artificialmente una condicin de escasez a

travs del suministro de un problema a resolver.


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Es obvio que la poblacin en anlisis en este informe se caracteriza por muy

escasa capacidad de pago; por lo tanto resulta interesante ver si el tema de restitucin

logra afectar de manera positiva las capacidades cognitivas, suavizando el impacto de la

pobreza.

Para poner a prueba esta hiptesis se utilizarn dos tareas cognitivas similares a

las usadas por Mani et al. (2014). La primera prueba es un test lgico, basado en la

capacidad de identificar la figura que completa una secuencia (test de Raven, ver Tabla

3) que mide la capacidad cognitiva general. La segunda prueba es un test de control

cognitivo, que bsicamente mide la capacidad de una persona de manejar la atencin

sobre las informaciones relevantes. Se trata de una versin numrica del test de Stroop

(ver Tabla 2). Los participantes tienen una secuencia de nmeros repetidos (2 2 2) y

tiene que decir la cantidad de dgitos sin confundirse con el nmero que aparece. En el

caso 2 2 2 por ejemplo la respuesta correcta es 3.

4.4 La ley de restitucin y el tejido social

Otro elemento de inters en el anlisis y seguimiento de la Ley de Restitucin es la

posible presencia de efectos positivos en la reconstruccin de capital social. Este ltimo

se refiere al agregado de recursos o activos que estn relacionado con la red de

contactos o relaciones de una persona (Bordieu, 1986). El capital social es de difcil

medicin, y en la literatura emprica, se suele recurrir a un abanico de indicadores

indirectos (Grootaert & Van Bastelaer, 2002). La literatura de corte sociolgico subraya

la relacin positiva que existe entre la conectividad y la propensin a cooperar, esta

ltima una evidente fuente de generacin de excedente social, por reduccin de costos

de transaccin (Arrow, 1973), porque es necesaria para manejar recursos comunes o

bienes pblicos (Hardin, 1968) o por la posibilidad de mejorar la eficiencia institucional

(e.g. Putnam et al. 1993).

Es obvio que la poblacin victimizada sufre de condiciones de desconfianza

generalizada, y en el caso de la poblacin desplazada en particular, la falta de

conexiones es evidentemente una de las determinantes de las pobres condiciones socio-

econmicas (Ibez, 2008).

En este trabajo nos enfocamos en dos rubros en particulares. Por un lado en el tema de

la confianza. Hay evidencia emprica de que la confianza acta como lubricante social y

donde es generalizada, est asociada a un mejor desempeo econmico e institucional


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(Arrow, 1973; Putnam et al., 1993; Zak and Knack, 2001; Knack and Keefer, 1997; La

Porta et al., 1999; Rothstein and Uslaner, 2005; Sampson et al., 1997).

En mbito experimental, la confianza se suele medir a travs del juego de

confianza o juego de inversin (Berg et al. 1995), una situacin de interaccin

estratgica donde dar confianza permite generar recursos adicionales, pero expone al

riesgo de aprovechamiento gratuito. Una explicacin se encuentra abajo en la Tabla 4.

A travs de la aplicacin de una versin simplificada de este juego, basado en Charness

et al. (2011), se intenta medir si el grado de confianza (tasa de inversin) y la tasa de

devolucin de confianza (tasa de retorno) son ms altas entre la poblacin que ha

recibido tierra (restitucin) respeto a la poblacin desplazada.

Adicionalmente, implementamos unos tratamientos que ya se aplicaron entre la

poblacin campesina en un trabajo anterior (Bogliacino et al. 2015). En particular, en

ese trabajo se pone a prueba la hiptesis de que poder evaluar el comportamiento

ptimo a travs de un mecanismo de voto consultivo favorece la confianza

interpersonal. Los mecanismos a travs de los cuales eso ocurre pueden ser varios:

Bogliacino et al. (2015) sugieren que mecanismos participativos de este tipo favorezcan

el establecimiento de normas sociales (Duffy et al. 2013) o la formacin de expectativas

normativas (Bicchieri & Xiao, 2007).

En este caso, adems del voto consultivo, se propone un tratamiento adicional:

se leen los resultados de las votaciones realizadas en Cundinamarca por Bogliacino et

al. (2015), para ver si existe un efecto diferente al de las votaciones participadas.

Adicionalmente se estudia la propensin de los participantes a sancionar

violaciones de normas igualitarias cuando dichas violaciones no los afectan

directamente.

Sabemos desde un amplio espectro de evidencia emprica que la cooperacin

sistemtica es un trato distintivo de las sociedades humanas dentro del mundo animal

(Boyd & Richerson, 2003). Existen otras excepciones dentro del mundo de los insectos

donde hay extensa divisin del trabajo, pero en ese caso son ms fuertes los vnculos de

cercanas genticas (Fehr & Fischbacher, 2003). En el debate sobre las determinantes de

la cooperacin y del respeto de las normas sociales, se puede simplificar diciendo que

existen dos principales hiptesis tericas. La primera ha sido dominante en enfoques

biolgicos y en general entre los estudiosos de la evolucin. De acuerdo a esta hiptesis,

la reciprocidad gua el comportamiento altruista: el comportamiento cooperativo

inducira respuestas cooperativas por parte de otros agentes. Se trata de una explicacin


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que funciona bien en sociedades pequeas; sin embargo encuentra muchos problemas

donde los grupos son grandes y las transacciones repetidas, limitadas. Una versin ms

estructurada sugiere que el comportamiento altruista contribuye a construir reputacin y

viene remunerado como medio para construir a la vez reputacin (Leimar &

Hammerstein, 2001; Nowak & Sigmund, 1998; Nowak et al. 2000). Sin embargo, la

migracin de individuos entre grupos, reduce drsticamente la tasa de cooperacin y al

parecer, se requiere una sobre-estimacin constante de los beneficios de la cooperacin

(Fehr & Fischbacher, 2003).

La tesis anterior se basa principalmente sobre argumentos de seleccin gentica

de tratos que garanticen un mayor fitness en contextos de interaccin. En este marco

terico siempre se rechaz la idea de que el puro trato altruista pueda difundirse porque

el nico sustento estara en la seleccin entre grupos (opuesta a la infra-grupo), cuya

evidencia es sin embargo bastante limitada (Williams, 1966).

Por el contrario, modelos de seleccin gentico-cultural sugieren que la

transmisin por aprendizaje social de tratos culturales puede ser favorable al

comportamiento altruista (Kelly, 1985). Esta literatura en particular subraya el papel del

castigo desinteresado a los que no respetan normas sociales: se trata de individuos que a

pesar de no ser directamente afectados por la violacin de dichas normas, enfrentan

costos para sancionar los que no las respeten (Marlowe et al. 2008; Fehr & Fischbacher

2004; Boyd et al. 2003). Estas personas se pueden llamar altruistas de segundo nivel.

Existe amplia evidencia emprica sobre el altruismo de segundo nivel (Marlowe

et al. 2008; Boyd et al. 2003). La literatura experimental la ha puesto a prueba emprica

introduciendo en un amplio abanico de juegos estndares la posibilidad por terceros de

sancionar comportamientos de dos partes que realizan una transaccin o interaccin.

Tpicamente se trata de situaciones donde entre dos o ms personas existe un conflicto

entre inters social e inters individual o donde existe claramente una opcin igualitaria

que pueda llamar en causa una norma social, y se le agrega una tercera persona, no

directamente involucrada, que puede sancionar el comportamiento de las partes

(sosteniendo un costo) a pesar de no ser beneficiada directamente o monetariamente por

el respeto de la norma. Dicha literatura muestra que efectivamente la presencia de

sancin es significativa.

En este caso, se utiliz la situacin de interaccin estratgica ms sencilla

posible: el juego del dictador (ver Tabla 5). El funcionamiento es el siguiente: a una


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persona (remitente) se le asigna una suma de dinero que puede libremente dividir con

otra persona (destinatario). Esta segunda persona no tiene papel estratgico alguno, es

decir, slo recibe la suma que el remitente le enve.

En este caso los participantes de MM representan los terceros (o supervisores):

pueden sancionar los remitentes por no dar lo que consideren suficiente a los

destinatarios, pero eso implica un costo, es decir tienen que renunciar a una parte de la

dotacin de dinero que reciban. En cambio, los remitentes y destinatarios son

participantes de Bogot que tomaron su decisin en sesiones organizadas antes del

trabajo de campo y recibieron el pago correspondiente una vez cruzadas las decisiones

con los participantes en MM.

En este caso se quiere ver si el ser objeto de asignacin del ttulo aumenta la

probabilidad de ser altruista de segundo nivel.


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Tabla 2. Una explicacin bsica de la Prueba de Stroop.

Prueba de Stroop

La Informacin irrelevante puede interferir en el desempeo de una persona en una

tarea (Tang, Critchley, Glaser, Dolan, & Butterworth, 2006). Desde 1935 los

experimentos llevados a cabo por J.R. Stroop le han podido dar cierta formalidad a los

mtodos de estudio de dichas interferencias sobre diversas tareas (Stroop, 1935).

En los experimentos originales, se compar el tiempo que toma leer los nombres de los

colores y el tiempo que toma nombrar los colores per s. Es decir, se comparaba el

efecto de interferencia del estmulo color sobre la lectura de los nombres de los

colores (ambos estmulos eran presentados simultneamente) con la interferencia

producida por el estmulo palabra (algn color escrito) sobre el nombramiento de los

colores per s (Stroop, 1935).

En la revisin que hace McLeod (1991), se encuentra que esta familia de tareas puede

ser dividida en tres categoras principalmente. La primera de ellas es la Interferencia

Color-Palabra, la segunda es la Inteferencia Imagen-Palabra, la tercera categora, es la

de Interferencia Auditiva. Esta prueba se suele llamar de control cognitivo.

El problema con las anteriores categoras radica principalmente en que se hace

necesario saber leer y dominar un lxico. Entonces, tal y como lo sealan Kulaif &

Valle (2008), no es posible evaluar los efectos de la interferencia, por ejemplo en

poblacin de muy bajos recursos, sin educacin, o directamente analfabeta, con los test

tradicionales. Es as como los test con componentes numricos sirven de base a los

Illiteracy Stroop Test, o test de Stroop para poblacin analfabeta.

Dadas las condiciones de la poblacin de los Montes de Mara, en su gran mayora

campesinos colombianos desplazados por la violencia, con poco o nulo acceso a

escuelas y sistemas de educacin, se opt por trabajar con una tarea numrica del

Stroop. Sin embargo, para facilitar y asegurar el seguimiento instruccional en la

muestra, se prefiri usar un test que slo midiera una caracterstica, a saber, la cantidad

de dgitos en cada hilera de nmeros (ver Anexo 8).


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Tabla 3. Una explicacin bsica de la Prueba de Raven.

Prueba de Raven

El Test de Matrices Progresivas de Raven (RPM por sus siglas en ingls), consiste en

escenarios con casillas ubicadas en forma de matriz que pueden ser de 2x2 o de 3x3. En

cada una de las casillas hay una imagen, excepcin hecha de la casilla inferior derecha,

que est en blanco. Es dicha casilla la que debe ser reemplazada por los participantes,

identificando el segmento faltante que mejor se ajusta al patrn que siguen las dems

imgenes (Brouwers, Van de Vijver, & Van Hemert, 2009). El RPM, mide la habilidad

cognitiva general (Raven, Raven & Court, 1998/2000; Raven & Raven, 2003). Debido

a que es un test que no requiere conocimientos especficos o sociales para su ejecucin,

es una medida de inteligencia en la que no se encuentra influencia de factores culturales,

respecto a otros test (Brouwers, Van de Vijver, & Van Hemert, 2009). Adems, es un

test que se presenta en formato no verbal, lo que lo hace una herramienta de fcil

aplicacin a nios, ancianos y a poblaciones en las cuales el uso del lenguaje puede

estar disminuido. Respecto a los procesos, algunos indican que las respuestas que se den

en las matrices de Raven estn estrechamente relacionadas con la capacidad de la

memoria de trabajo o la inteligencia de la persona. Al respecto, Loesche, Wiley y

Hasselhorn (2015) afirman que en el proceso de resolucin del test de Raven subyacen

dos sub-procesos: induccin de reglas (rule induction) y manejo de metas (goal

management).

La versin implementada en MM presenta un grado de facilidad mayor y se constituye

de solo diez preguntas en cinco minutos. Un ejemplo se encuentra en el Anexo 7.


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Tabla 4. Una explicacin bsica del juego de la confianza

Juego de confianza

El juego de confianza (llamado tambin juego de la inversin) fue aplicado por primera

vez por Berg et al. (1995). Esta situacin de interaccin estratgica captura las dos

caractersticas bsicas de la confianza: a) el dar confianza genera excedente social; b) el

dar confianza expone al riesgo de aprovechamiento gratuito.

En su forma bsica, el juego se desarrolla de la siguiente manera. Hay un jugador uno

que se llama remitente. El remitente recibe una suma de dinero y decide cunto de esa

suma de dinero mandar al destinatario. Puede ser una decisin continua, dicotmica o

discreta, es decir las opciones de cunto se pueda enviar dependen del objetivo del

diseo, pero puede que el nmero de alternativas sea finito, sea restringido a dos o sea

continuo.

El destinatario recibe tres veces (u otro mltiplo) la suma enviada por el remitente. En

esta segunda etapa, a la hora de tomar la decisin, el destinatario puede: (a) quedarse

con todo lo que recibe; (b) devolver una parte al remitente. En este ltimo caso,

dependiendo del diseo, es posible limitar las opciones disponibles (por ejemplo reparte

de manera equitativa o dejar total libertad).

Es un juego secuencial a informacin completa: el destinatario conoce la decisin del

remitente antes de tomar la suya y la estructura del juego es conocimiento comn (es

decir todos saben que todos conocen la estructura del juego). En este tipo de juegos, la

teora estndar prev que si los participantes son racionales y auto-interesados el

destinatario debera siempre aprovecharse y no devolver nada, y el remitente,

anticipando dicho comportamiento, debera transferir cero.


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Tabla 5. Una explicacin bsica del juego del dictador

Juego del dictador

El primer experimento con el juego del dictador se encuentra en Kahneman, Knetsch &

Thaler (1986), con un formato que limitaba las decisiones a dos opciones.

El juego del dictador es el mecanismo ms sencillo para medir altruismo. Hay dos

jugadores como en el juego de la confianza o en el juego del ultimtum (Gth,

Schmittberger, & Schwarze, 1982), sin embargo, se elimina completamente el elemento

estratgico, porque el segundo jugador es dummy, es decir no toma ninguna decisin.

La situacin es la siguiente. El jugador uno (remitente) recibe una suma de dinero. En

calidad de dictador decide cmo repartir el dinero con su contraparte (destinatario).

Dependiendo del diseo, puede decidir libremente el monto entre las opciones

presentadas. La decisin del remitente se implementa.

La nica solucin racional auto-interesada es claramente no enviar ninguna suma de

dinero.


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5. Procedimientos experimentales

5.1 Primer trabajo de campo

Reclutamiento

Las sesiones realizadas en el mes de julio de 2014, tuvieron lugar en La Pava, Bolvar

(Montes de Mara). Das antes, el investigador principal se reuni con algunos lderes

comunitarios de la zona para hablar sobre la investigacin (sin ilustrar en detalle cada

uno de los tratamientos) y conocer la viabilidad de la misma. Una vez dado el visto

bueno, eran ellos los encargados de invitar a las personas de sus comunidades a

participar en una actividad que estaba enmarcada dentro de un proyecto sobre

restitucin de tierras, en la cual tendran que tomar algunas decisiones. Se deba

mencionar, adems, que sera reembolsada la suma que gastaran en transporte. Para

garantizar grupos heterogneos (personas de diferentes comunidades) en cada sesin,

los lderes se organizaron para enviar cierto nmero de participantes en das especficos.

Se trabaj del 21 al 25 de julio. Fueron realizadas 9 sesiones, en las cuales participaron

111 personas. En el Anexo 1 se encuentra el diagrama de flujo de este primer

experimento.

Fase de registro

El desarrollo de las sesiones estaba a cargo de 3 personas: el investigador responsable

de la investigacin, quien diriga toda la actividad, y dos asistentes que se encargaban de

colaborar con la fase de registro, la distribucin del material, la digitacin de la

informacin en el computador, la preparacin de los pagos, y cualquier otra situacin de

la sesin en la que los participantes necesitaran alguna orientacin. Con anterioridad, el

investigador y los asistentes preparaban todo el material para cada sesin. Ms adelante

se explica en detalle este punto.

Todas las sesiones se realizaron en Cedecampo. A medida que las personas iban

llegando, eran recibidos en el quiosco, espacio de la sede donde todo estaba

previamente organizado para el desarrollo de la sesin. Tanto las mesas en las cuales se

ubicaba de manera individual a los participantes como el espacio donde se realizaba el


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registro, fueron dispuestos de manera tal que, en todo el desarrollo de la sesin, pudiese

ser garantizada la confidencialidad de todas las personas.

Cuando ya estaban presentes todos los participantes, el investigador daba la bienvenida,

lea el consentimiento informado, explicaba cmo sera la fase de registro, mostraba los

sobres que sortearan ms adelante, hablaba de manera general sobre las etapas de la

sesin, peda que se organizara una fila suficientemente retirada de la mesa de registro y

as, una a una, las personas se acercaban a los asistentes para entregar el consentimiento

(o firmarlo en ese momento si necesitaban ayuda), tomar uno de los sobres, indicar el

cdigo que les corresponda, el lugar desde el cual viajaban, y el costo del transporte

para llegar a Cedecampo y regresar a su casa. El investigador, mientras tanto, se

aseguraba de que las personas se sentaran en el lado correcto del quiosco de acuerdo al

cdigo obtenido (pares o impares), y peda a los participantes no abrir el sobre y no

hablar entre ellos a lo largo de la sesin.

Los sobres a los cuales se est haciendo alusin, contenan las hojas que los

participantes iban a utilizar en toda la actividad. Estaban organizados en dos pilas:

sobres con nmeros pares y sobres con nmeros impares. Previamente, el investigador

sorteaba, para cada una de las sesiones, si la primera persona deba elegir un sobre par o

uno impar. Si, por ejemplo, en la sesin uno el primer participante deba tomar un sobre

par, entonces el participante dos deba tomar uno impar, el participante tres tomara uno

par y as su

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