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DOCUMENTO POLÍTICO DE PODEMOS EN MOVIMIENTO PARA EL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE PODEMOS MADRID

Un nuevo impulso para cambiar Madrid1. Un proyecto para Podemos Madrid: Recuperar el impulso municipalista

Un proyecto para Podemos Madrid: Recuperar el impulso municipalista.

Madrid y su entorno metropolitano son hoy la región más segregada de Europa, ostentando el segundo puesto en el dudoso ranking de capitales con mayor desigualdad social -sólo por detrás de la ciudad de Atenas-. Este paisaje fracturado es el fruto de una serie de políticas que han hecho de la ciudad un verdadero paraíso para las élites en detrimento de los derechos de la mayoría social. El Partido Popular, legislatura tras legislatura, ha convertido Madrid en una “máquina de crecimiento” en coalición con las oligarquías del territorio, un crecimiento plagado de externalidades negativas en sentido social, económico y ambiental. Bajo la excusa de “crecer a cualquier precio”, el PP generó enormes redes clientelares, nichos de corrupción y un buen número de prácticas depredadoras que han desposeído al común de sus recursos: políticas fiscales y ambientales laxas, externalizaciones y partenariados público-privados, privatización de la gestión sanitaria y desmantelamiento de la sanidad pública, concesión de privilegios a la enseñanza concertada, etc. Por no hablar de la venta del parque de viviendas sociales o la progresiva mercantilización del espacio urbano -gentrificación, turistificación- que ha exasperado la división del territorio entre distritos “premium” y distritos pobres. También la precariedad laboral y la polarización que azotan el municipio forman parte del legado del Partido Popular.

Ahora Madrid ha constituido un primer dique contra el tsunami precarizador del Partido Popular y las élites, y sigue siendo tan necesario ahora como cuando nació como proyecto colectivo y plural. Por eso apostamos plenamente por darle un nuevo impulso. Ahora ya tenemos experiencia, ya sabemos en qué hace falta redoblar esfuerzos y la importancia de construir un espacio político más sólido, participado y abierto hacia afuera. Sin ese espacio será muy difícil llevar a cabo el programa político del cambio con el que Ahora Madrid ganó las elecciones de 2015, un compromiso con la ciudadanía madrileña.

Como muro de contención contra el desastre neoliberal, Ahora Madrid ha conseguido frenar la venta de vivienda pública y poner el parque público existente en régimen de alquiler, también ha incrementado el patrimonio municipal de suelo en algunas operaciones urbanísticas de importancia. Por otro lado, se ha desarrollado un paquete

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de subvenciones a la rehabilitación en zonas residenciales vulnerables (Plan MadRe) e invertido en la mejora y desarrollo de equipamientos. La introducción de cláusulas sociales en los contratos han sido un avance importante a la hora de marcar un nuevo rumbo en la política de contrataciones, así como los gestos hacia la remunicipalización que, si bien continúan siendo limitados (Servicios Funerarios, Bici MAD), indican una senda que debe ser reforzada y ampliada -un camino a recorrer con sindicatos y colectivos-. En clave ambiental, la renaturalización del Manzanares, la mejora de la movilidad en la ciudad y la implantación de protocolos de contaminación del aire han supuesto un elemento distintivo de la nueva política municipalista. Una mejora sustancial respecto a la administración del PP.

Por otro lado, si bien se han implantado nuevas políticas participativas e intentos de generar un protocolo de cesión de espacios, el desarrollo de estas áreas continúa siendo limitado en relación con las necesidades de la ciudadanía y la sociedad civil organizada. No obstante, con un espacio social amplio y movilizado, capaz de desbordar el ámbito institucional, los límites y techos que pone la institución serán muy probablemente superados, permitiendo generar una radicalización de la democracia, una redistribución de la renta que revierta en la gente y un urbanismo verdaderamente social. En este sentido, resulta fundamental replantear el renacimiento de nuevos mega proyectos, como la Operación Chamartín, que pueden poner en peligro la potencia del proyecto político.

Podemos y el municipalismo

El municipalismo –por su pluralidad, proximidad y arraigo territorial- es probablemente la apuesta más potente del ciclo político abierto por el 15M y PODEMOS. En la medida que ha sabido integrar diferentes sensibilidades, repertorios de intervención y perspectivas diversas -que incluyen a ciudadanas, movimientos, plataformas, sindicatos y partidos-, ha irrumpido como una las experiencias políticas con mayor capacidad para transformar la sociedad. Sin embargo, el municipalismo no es algo homogéneo que pueda ser abordado con una definición cerrada. La riqueza del municipalismo estriba en su heterogeneidad y diversidad, en el modo en que ha sabido articularse –con mayores o menores dificultades- en cada uno de los territorios en los que ha florecido. Su fortaleza radica en los agentes que ha movilizado a la hora de constituirse y en las dinámicas de proximidad y vecindad que ha sabido desplegar.

Ahora bien, cuando hablamos de “municipalismo” no deberíamos imaginarnos sin más las candidaturas municipalistas, mucho menos aquello que sucede únicamente en el interior de los ayuntamientos –el trabajo de gestión administrativa–. El municipalismo desborda los límites de las candidaturas y las instituciones, interpelando a los colectivos, redes vecinales, barrios y distritos que forman parte del territorio. En este sentido, el municipalismo es un movimiento que atraviesa la ciudad, las demandas y apuestas de auto-organización de la ciudadanía. Atender sólo a los liderazgos políticos o a las instituciones es un grave error, es interpretar lo municipal desde la óptica de la política meramente electoral. El municipalismo es, ante todo, un ecosistema integrado por los agentes políticos y sociales que hacen valer “el derecho a la ciudad” en cada uno de sus entornos locales.

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El mejor modo de impulsar una iniciativa municipalista desde PODEMOS es conservar su espíritu plural y autónomo, favoreciendo el desarrollo de procesos políticos y sociales amplios -inclusivos y participados por los agentes del territorio-, de manera que puedan generarse sinergias virtuosas a la hora de construir un espacio del cambio, siempre poroso a las demandas de la ciudadanía organizada y los colectivos. Y ello tanto en su construcción y apuesta política como -llegado el caso- en el marco de su acción de gobierno. Sólo de este modo, potenciando la autonomía de un enclave municipalista madrileño y apelando de nuevo al desborde, podrá ensancharse un proyecto que necesita seguir sumando activistas y militantes para materializar un programa político basado en la justicia social, la democracia radical y un modelo de ciudad que rompa con el neoliberalismo y las lógicas especulativas en materia de urbanismo.

Por otra parte, el municipalismo -con el objetivo de llevar a cabo un proyecto de rescate ciudadano y redistribución de la riqueza-, tendrá que asumir el conflicto como una dinámica democrática legítima, y la “rebeldía o desobediencia institucional” como parte de su apuesta política: hay que ampliar el horizonte de lo posible en el ámbito institucional sin dejarse capturar por las dinámicas de la institución que están diseñadas para obstaculizar a cualquier tipo de cambio. Mover las viejas maquinarias municipales en otra dirección requerirá, sobre todo, de esfuerzo social y colectivo. Especialmente en una ciudad como Madrid, que ha sido el laboratorio del neoliberalismo español durante más de 20 años.

Una apuesta clara por los principios de Ahora Madrid.

Podemos Madrid fue parte, junto a otros actores del proceso de negociaciones que alumbraron el acuerdo para una candidatura de unidad popular en la ciudad de Madrid. La cultura participativa del 15M en la campaña con unas primarias plurales, la extensión territorial de AM y el proceso que permitió el asalto a unos de los bastiones del Partido Popular, el Ayuntamiento de Madrid, sedimentó un hecho histórico y una demostración de la hipótesis de partida de Podemos: ganar las elecciones y transformar las instituciones recuperándolas para la gente. Más de dos años después, son múltiples los cambios que han acaecido en la ciudad de Madrid con Ahora Madrid al frente del gobierno. La percepción integral de la ciudadanía sobre el gobierno y la gestión de Ahora Madrid es muy superior a la de los mandatos de la “marquesa de la corrupción”, Esperanza Aguirre. En lo concreto, AM (Ahora Madrid), cuenta con muchos éxitos en su agenda particular que demuestran que el cambio político gobierna mejor y más eficientemente, transformando y generando una cultura democrática a la altura del ciclo iniciado en las plazas en 2011. No es por tanto ajeno a esta realidad, que Ahora Madrid desarrolle con mayor éxito políticas municipales que dónde ya preexistía una laboratorio de ideas y prácticas arraigadas en el tejido ciudadano: los avances en el programa y la gestión cultural, en una perspectiva crítica de la economía, en los feminismos y la diversidad LGTBIQ, en la participación y los ensayos de democracia directa y el derecho a la ciudad, todo ello comienza a referenciarse como exponente de un gobierno municipal que, además de contar con el consenso de una amplia capa del activismo permite agregar en torno a un modelo de ciudad, a un proyecto sobre el papel antagónico al del PP.

Ahora Madrid está haciendo avances esenciales en el gobierno municipal. Como por

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por ejemplo, la auditoría de la deuda que lleva adelante con la colaboración de un comité de expertos independientes. De este trabajo ha salido a la luz todas las corruptelas y sobrecostes asociados a la externalización de la M30 –de la que ahora se pide su remunicipalización– y de la venta de viviendas públicas a fondos buitre que va a permitir denunciar a Botella. Creemos que hay que seguir por esa línea y profundizar en los trabajos que se están llevando auditando las cuentas municipales.

Sin embargo, Ahora Madrid también ha sufrido profundas modificaciones de su estructura, su relación de fuerzas hacia dentro y hacia afuera, y el rol que dinamiza como gobierno municipal en relación a otras fuerzas. Consideramos que volver al “proyecto original” no es un fetiche político, como una herencia hermética que sólo funciona cuando el estado de cosas presente se encuentra con dificultades para avanzar hacia los objetivos que la ciudadanía y las clases populares marcan: creemos que “volver a los orígenes” es imperativo para tratar de orientar una tendencia que lleve al gobierno municipal y a la coalición la permeabilidad social para no perder el rumbo de sus políticas, la apuesta clara y medida por una estrategia municipalista que priorice lo público y lo común frente a los intereses de las élites y la oligarquía financiera de la capital, así como la recuperación de la capacidad de marcar agenda en términos de reformas y posiciones políticas que sirvan de ejemplo al conjunto de los municipios del cambio.

Para ello no basta con enunciarlo: hay que construir AM como instrumento en manos de quien vive y atraviesa Madrid. Madrid sería una ciudad inmutable sin la comprensión de que una candidatura de unidad popular debe reivindicar la complejidad social, proyectando una realidad alternativa, oxigenando la hipótesis de que el municipalismo puede cambiar la vida de las personas y que para ello los instrumentos político-electorales deben poseer la suficiente inteligencia colectiva como para construir un horizonte democrático y emancipador.

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2. Una apuesta clara por los principios de Ahora Madrid

Método: por una confluencia democrática

El mejor método para ganar las elecciones municipales y transformar el municipio madrileño es, sin duda, el de la confluencia democrática: un proceso político y social que -sin pedir ningún tipo de carnet- integre personas de diferentes trayectorias militantes, sensibilidades, espacios políticos, movimientos sociales o, simplemente, vecinas y vecinos preocupados por su ciudad. Abrir un proceso de este tipo, una campaña participada, masiva y movilizadora, requerirá elaborar unas primarias abiertas -uno de los elementos distintivos de PODEMOS y el municipalismo- que den cabida a todas y todos aquellos que quieran participar en un proyecto político de cambio.

Por supuesto, hay múltiples modos y metodologías para organizar unas primarias. Algunas metodologías premian las listas mayoritarias, las famosas ‘listas plancha’, permitiendo que un equipo cope la mayoría de puestos en detrimento de quienes participan en el proceso. Estamos ante un método que, además, desincentiva la participación en la medida que excluye a las minorías. Sin embargo, existen otras metodologías que permiten una proporcionalidad mucho mayor. En el caso de las primarias de Ahora Madrid en 2015, el nivel de representatividad y proporcionalidad fue muy superior al de cualquier proceso interno de Podemos, y ello se debió al método de recuento de votos utilizado, conocido como Dowdall. Ello permitió un “desborde” participativo y construyó un espacio político plural, proporcional y equilibrado.

El método Dowdall es una modificación del sistema Borda -popular por ser el sistema de votaciones de Eurovisión- que permite una proporcionalidad y representatividad muy sólida. Con este método, los puntos de las papeletas de voto se asignan con los siguientes factores: 1 punto para el primero, medio punto punto al segundo, un tercio al tercero, un cuarto al cuarto... y así sucesivamente. Si se presentan 3 listas, el resultado final sería exactamente proporcional a las preferencias de los votantes: si un 60% vota a la lista A, un 30% vota a la lista B y un 10% lo hace a la lista C, esa será su representatividad en la lista final. Sin embargo, en un sistema mayoritario la lista A se hubiese hecho con todos los puestos disponibles. De este modo, aunque los equipos o listas que se presenten alberguen proyectos diferentes, se favorece la democracia interna, el diálogo y las acciones políticas a través del consenso.

La importancia del movimiento municipalista

El municipalismo no puede existir sin alianzas, sin la gente que habita la ciudad, la vive día a día y le da forma a través de su acción. Por ello es esencial construir un municipalismo desde abajo, coordinado con los movimientos sociales del territorio, que siempre constituirán un contrapoder necesario que oriente la acción institucional, tanto en términos de contenido como de dirección. Si estamos en la instituciones es para “mandar obedeciendo”, para cumplir el compromiso político adquirido con la gente, y ello demanda -a su vez- una vigilancia y control desde las calles, los sindicatos, las asociaciones y los movimientos. Gracias a este impulso crítico -un espacio político amplio- podrán superarse muchos de los límites encontrados durante estos dos años, aumentando la audacia política y el coraje de la corporación municipal.

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Relación con otras fuerzas políticas

Así como pensamos que la mejor opción para Madrid es la confluencia en una candidatura de unidad popular amplia capaz de ganar de nuevo el gobierno de la ciudad, también estamos abiertos a entablar conversaciones con otras fuerzas políticas.

Sin embargo, cualquier relación con otros partidos políticos siempre tiene que estar planteado a partir de cuestiones programáticas y en relación a la profundidad de los cambios que queremos poner en marcha en Madrid. Por tanto, necesitamos una fuerza del cambio autónoma de los partidos que han constituido hasta ahora, la espina dorsal del régimen. En concreto, creemos que el PSOE, que apoyó la investidura de Manuela Carmena, puede constituir un lastre a la hora de plantear cambios profundos. Entendemos que con este partido se pueden alcanzar acuerdos puntuales para mejorar las condiciones de la mayoría social, pero en ningún caso consideramos que se deba compartir equipo de gobierno con una fuerza que colaboró a cercenar la autonomía municipal con la aprobación de la reforma constitucional del artículo 135 y que, pese a algún gesto propagandístico de Pedro Sánchez, se ha mostrado aliado del Partido Popular y de Ciudadanos en el mantenimiento de la situación de recortes sociales y limitación de derechos desde el inicio de la crisis económica. Un mal cálculo en ese sentido, lejos de acabar con las grandes líneas políticas neoliberales, obligará a Podemos y a las fuerzas del cambio a asumirlas como propias. Para el PSOE esto no es un problema, lo ha hecho ya en una cantidad innumerable de veces; para Podemos supondría su condena a la irrelevancia política, y en el peor de los casos, su implosión abriendo el panorama político, en un momento de inestabilidad política global, a la implantación en nuestro territorio del mismo tipo de formas políticas reactivas que arrasan en media Europa.

El PSOE no es exactamente un partido político, es una pata del Estado y del modelo de organización política al que llamamos régimen del 78. El PSOE se parece más a un ministerio que a una organización política transformadora. Una política de pactos de gobierno generalizados, con una correlación de fuerzas favorable al PSOE, significa, en resumen, aceptar convertirse en el ala izquierda de la regeneración del régimen. Su apuntalamiento por el lado por el que ha hecho aguas desde que se abriera la crisis política de mayo de 2011.

No creemos que el ciclo esté agotado. La situación de turbulencia política y de estancamiento económico en todo el mundo es insoslayable, y son precisamente aquellas formas políticas que se mueven o se mantienen en el espectro de lo que era el centro político, también en su vertiente “progresista”, las que están siendo castigadas electoralmente sin piedad. En España, lo que se está haciendo pasar por “recuperación” no deja de ser un enquistamiento de la crisis social, económica y ecológica, y no hay indicios de que vaya a cambiar en el corto plazo. No se trata de mantener una posición meramente pasiva, se pueden explorar muchas vías de relación con otras fuerzas políticas, incluido el PSOE que no pasan por entrar en gobiernos: desde los acuerdos puntuales, hasta los acuerdos sectoriales en materias que se ajusten a los principios programáticos de Podemos o de las candidaturas de unidad popular. La tarea pendiente, seguir avanzando en la construcción de una verdadera alternativa política, económica y social a las fuerzas del régimen del 78 y a los poderes financieros a quienes representan en primer lugar. En este contexto, rendirse ante el bipartidismo, aceptar ser su muleta por la vía de la recomposición de su ala izquierda, contribuir al cierre de la coyuntura política por arriba, no sólo es diametralmente opuesto al sentido del no sólo es diametralmente opuesto al sentido del ciclo político en el que se inscribe Podemos, es un auténtico desastre histórico.

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3. Por un urbanismo social

La operación Chamartín y la política urbanística

El Ayuntamiento de Madrid presentó hace poco su plan para la nueva Operación Chamartín llamada ‘Madrid Nuevo Norte’ junto con el BBVA y ADIF. Las críticas de los colectivos organizados –la Federación de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción y todos los colectivos de la zona– y del urbanismo crítico han sido muy severas con este proyecto. Desde una parte de Ahora Madrid, también se han oído voces que entiende este plan como contrario al programa con el que la plataforma municipalista se presentó en el 2015.

Estamos hablando de un proyecto gigantesco que viene a saturar un entorno –el circundante al nudo norte- ya de por sí congestionado. Las cifras son brutales: una intervención sobre más de 2,8 millones de metros cuadrados. La nueva población se incrementará en 27.000 personas y las plazas privadas para vehículos nuevos serán de 16.000.

Quienes defienden el proyecto inciden en que construirán más de 4.000 viviendas protegidas. Las viviendas de protección oficial constituyen una parca recompensa si se tiene en cuenta las cifras involucradas en una operación de esta magnitud. En estos análisis triunfalistas no se dedicaba atención alguna al tamaño del Centro de Negocios planificado: oficinas que cuyo volumen total es equiparable al de 26 rascacielos iguales en altura a las cercanas Cuatro Torres. Tampoco a los problemas medioambientales, de movilidad y infraestructuras públicas, así como al desequilibrio territorial que esta operación proyecta sobre el conjunto de Madrid. Tampoco se decía nada acerca de las plusvalías y beneficios económicos que presumiblemente producirá esta intervención faraónica, con el agravante de que más del 80% del suelo sobre el que se interviene es de titularidad pública. Es decir, este es un gran negocio privado que se realiza sobre un bien común como es el suelo público, donde se ponen terrenos públicos a disposición del lucro privado –terrenos de Adif, cocheras de la EMT y parcelas del Canal de Isabel II–. Está claro que se ha cedido demasiado en una negociación en la que el ayuntamiento tiene la sartén por el mango.

Por último, conviene analizar el gran argumento de los defensores de la operación. Un argumento que se nos presenta como un gran sueño: convertir Madrid en la nueva City financiera de la Unión Europea. Desgraciadamente, estamos asistiendo al despertar de un discurso que nos suena demasiado familiar y que se sostuvo contra viento y marea hasta que la crisis inmobiliaria iniciada en 2008 resultó demasiado evidente. De nuevo también, se están movilizando cifras millonarias de inversión en construcción sin más base que unas promesas de futuro bastante inciertas en el actual escenario europeo. El problema es que estas inversiones se van a hacer a costa de recursos, terrenos e infraestructuras públicos; recursos que podrían tener mejores usos en otras partes de nuestra ciudad.

Esta constituirá la primera macro-operación urbana después de la crisis de 2008-2014. Por tanto, inaugura una nueva fase del ciclo financiero-inmobiliario en nuestro país y en nuestra región, justamente en los mismos términos que nos llevaron a la ruina en 2008.

Hay que garantizar un desarrollo para la zona norte de Madrid libre de servidumbres

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inmobiliario-financieras y guiada por el interés general de la ciudad. Creemos que hay que establecer alianzas entre el movimiento vecinal de los barrios directamente afectados, el movimiento ecologista, las plataformas en defensa del derecho a la ciudad, los movimientos incipientes contra la gentrificación y la turistificación, el movimiento de vivienda, los trabajadores de la EMT y buena parte de las bases de Ahora Madrid y las organizaciones que la componen, que ni comparten el posicionamiento sobre una cuestión que llegó a ser una de nuestras banderas electorales.

¿Qué urbanismo necesita Madrid?

Tres grandes procesos que determinan nuestro particular modelo urbano: Primero, la consolidación del norte de la de la región como retiro dorado para las rentas altas y sus negocios. (Como ya ha sucedido con las Cuatro Torres, la expectativa para la Operación Chamartín es la de convertirse en una zona exclusiva de la ciudad donde se asienten sedes de grandes empresas, universidades privadas y hoteles para los más favorecidos socialmente.)

Segundo, el abandono del centro de la ciudad en manos de procesos de gentrificación y turistización -con una enorme concentración hostelera y hotelera-, que expulsa a la población original. Y por último, la confirmación de los barrios de periferia como los espacios de reproducción de las clases precarias que suponen ya casi la mitad de la población urbana, y de la que ya casi un 30% vive al borde la pobreza.

Por tanto, Madrid necesita planificación urbana y políticas públicas que reconozcan la función social del urbanismo: se debe desarrollar y construir pero en función de las necesidades del conjunto de la sociedad. Para ello, es necesario reconocer que la responsabilidad de construir la ciudad y nuestros entornos no puede estar basada básicamente en la iniciativa privada como hasta ahora, es preciso una planificación territorial que ponga en el centro las necesidades de las personas.

Uno de los principales problemas del urbanismo español es que fundamentalmente está en manos de la iniciativa privada, que es la que construye la ciudad. Una iniciativa privada que se mueve únicamente por el beneficio económico y no por el bien común. Esto estimula la especulación y la generación de “pelotazos”. Así como consolida un modelo nefasto para la población, tanto en la definición de qué es prioritario a la hora de usar un bien limitado como es el suelo, como en lo que atañe por ejemplo, al precio de acceso a un derecho básico como es la vivienda.

Sin embargo, la administración debería tener una función preponderante a la hora de poner cortapisas a la construcción y al lucro privado por encima de los intereses colectivos, incumpliendo claramente lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Constitución donde se limita el derecho a la propiedad privada supeditándolo a su función social.

Nuestras instituciones (y buena parte de su financiación) están acopladas al modelo económico de las burbujas.

El urbanismo que Madrid necesita, por tanto es uno que se proponga revertir esta dinámica, donde se proteja lo máximo posible el derecho a la vivienda vulnerado por las políticas que

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estimulan o se supeditan a los intereses especulativos de la ciudad. La turistificación de los centros de las ciudades y las facilidades de inversión estimulan indirectamente el aumento de los precios de alquiler y compra. (Buen ejemplo de esto es la última Ley del Suelo del PP aprobada recientemente en la Asamblea de Madrid con el apoyo de Cs.)

En la propuesta de Podemos en Movimiento, el objetivo será frenar la especulación mediante políticas fiscales y urbanísticas que a la larga acaben socializando el suelo urbano y urbanizable. Creemos que aunque difícil, es posible poner freno la dinámica especuladora y corrupta que ha impregnado la planificación y gestión del suelo desde hace décadas y a la que Ahora Madrid se ha enfrentado sin poder cambiar aún la inercia del pasado. La Operación Chamartín es un ejemplo, y creemos que puede hacerse mucho más.

Nuestros compromisos en materia urbanística:

• Auditar las operaciones urbanísticas heredadas (que se recogen tanto en el programa de Ahora Madrid como en el Pacto contra Especulación). Luz y taquígrafos para todas ellas y reversión de los convenios lesivos para el interés público. No más negociaciones en secreto con promotores.

• Lucha contra especulación con suelo público: su función es la de satisfacer necesidades sociales, no la de generar beneficio privado. No a la Operación Chamartín del BBVA y sí al uso de los suelos públicos para equipamientos, zonas verdes y viviendas públicas.

• Revisar el crecimiento extensivo de la ciudad: no a los Desarrollos del Sureste, sí a la Casa de Campo del Sureste. Descartamos la Operación Campamento para promover los usos sociales de los terrenos de los Cuarteles y el Corredor Ecológico del Suroeste.

• Medidas efectivas contra la turistificación y terciarización de la almendra central de madrid: modificación del PGOU para impedir el cambio de viviendas a uso hotelero o turístico, persecución de las viviendas turísticas irregulares.

• Medidas contra las viviendas vacías y la creación de un parque de vivienda pública en alquiler a corto plazo sobre suelos municipales –y con un reparto territorialmente equilibrado de las mismas– para mitigar la grave crisis de vivienda.

• Redactar un nuevo Plan General para Madrid, con una participación real y efectiva del tejido social, que siente las bases de un nuevo modelo de ciudad que apueste por el reequilibrio territorial, la mejora y recuperación de la diversidad en la ciudad consolidada, la protección efectiva del patrimonio histórico y cultural, la sostenibilidad ambiental y la contención de la expansión territorial. Un plan que sirva de soporte también a una política pública de vivienda ambiciosa.

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4. Democracia municipal

Soberanía municipal y democracia

Las corporaciones locales como una pieza más de la arquitectura del régimen del 78 están hechas a la medida de quienes las crearon. Se sustentan sobre un aparato legislativo antidemocrático, centralista y adaptado a los sucesivos ciclos inmobiliarios –y por tanto a la corrupción– con las consecuencias que eso tiene para el bienestar de los ciudadanos y la propia ciudad. Cambiarlas en profundidad es uno de las tareas pendientes que tendría que abordarse en un nuevo proceso constituyente destinado a profundizar la calidad de nuestra democracia. El objetivo debería ser hacer efectivo uno de los que deberían ser sus pilares básicos: el principio de subsidiaridad, que parte de que las decisiones y la gestión de los recursos y servicios se deben desarrollar en el nivel mínimo de unidad territorial, pero también que las formas de reparto de la riqueza han de estar organizadas de forma común para garantizar la equidad entre los distintos territorios.

En el marco actual, la financiación de los municipios está desatendida por las administraciones Autonómica y Central. La financiación de los municipios depende de las transferencias económicas –de las CCAA y del Estado– y de los ingresos directos a través de los tributos municipales –fundamentalmente obtenidos a partir del suelo–. De esta manera, se ha consolidado una insuficiencia financiera endémica que ha favorecido la subordinación de los ayuntamientos a los intereses inmobiliarios de las oligarquías locales. Esto dificulta la autonomía municipal y el desarrollo de sus funciones de redistribución de la riqueza a nivel del municipio, para consolidarlas como administraciones dependientes.

Otro de los problemas fundamentales es que, al igual que en los gobiernos autonómicos, la descentralización financiera no es equiparable a la descentralización de competencias que corresponde a la administración local. Además de encargarse de las necesidades más cercanas de la ciudadanía, los ayuntamientos tienen que asumir competencias de otros niveles de la administración que, pese a estar mejor dotados financieramente, no pueden o no quieren asumir.

Considerando que el marco institucional local limita las posibilidades de la acción política, nuestra apuesta debe centrarse en la lucha por la ampliación de competencias, la autonomía municipal y la suficiencia financiera. Nuestra tarea es deshacer la trama legal que con apariencia de neutralidad permite actuaciones antisociales como la ocupación del territorio únicamente con fines especulativos, el deterioro del equilibrio ambiental y la corrupción.

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Contra la Ley Montoro, el 135 y la austeridad

La reforma exprés del Artículo 135 de la Constitución de 2011 tuvo como objetivo introducir el principio de estabilidad presupuestaria, la limitación del déficit público y de la capacidad de endeudamiento de las distintas administraciones públicas. Así como la conocida “regla de oro”, es decir, la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses frente a cualquier otro tipo de gasto social que las administraciones pretendan realizar. A todos los efectos, hablamos de la “constitucionalización” de la austeridad, impuestas por

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la Comisión Europea durante la crisis para garantizar el pago de las deudas contraídas al dictado de los poderes financieros.

La traducción de ese artículo para su aplicación en los Ayuntamientos se realiza a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera –que ampara la regla de gasto–, que posiblemente es una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el irracional e injusto universo económico de la austeridad. El techo de gasto y los recortes impuestos a los municipios son la traducción local de las exigencias del cumplimiento del déficit por parte de la Troika a los países endeudados y rescatados. Como hemos visto recientemente en la ciudad de Madrid, quien no respete el equilibrio presupuestario puede ser intervenido por el Estado. Esto supone invalidar de facto procesos democráticos poniendo fin a la autonomía municipal. De esta manera, la Regla de Gasto podemos leerla como la forma de doblegar a los entes municipales a los intereses de los poderes financieros que gobiernan la UE.

Así, las “Leyes Montoro” son la traducción perfecta de las medidas neoliberales al entorno municipalista. Las “reformas estructurales” recetadas por el FMI tienen su reflejo perfecto en las exigencias hechas desde el Gobierno central para que las administraciones locales cierren y privaticen empresas públicas o mixtas. Los impedimentos impuestos por Montoro a los municipios para contratar empleados nuevos, pero no para contratar a empresas privadas, responde perfectamente a la máxima liberal del continuo empequeñecimiento de las administraciones públicas frente a la mercantilización por parte de empresas privadas de los servicios que deberían ofertar dichas administraciones directamente.

Por todo ello, es central la lucha por la derogación del artículo 135 de la Constitución y su legislación derivada: las normas de control del gasto y de estabilidad presupuestaria de Montoro. Así como agresiones del tipo de las disposiciones adicionales 27 y 35 del PGE que impiden de facto, las políticas de remunicipalización de los servicios. Por esta razón, el espectro político del cambio, y más en general cualquier fuerza política que aspire a una mínima transformación, no puede seguir sin afrontar esta batalla política relacionada con las políticas de austeridad y deudocracia que, hoy por hoy, siguen definiendo la zona Euro.

Desde Podemos debemos apoyar a la ya existente Red Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes para que sirva como base de un movimiento coordinado de oposición a estas leyes antidemocráticas y capaz de enfrentar la tiranía de la deuda y la defensa de los servicios públicos como eje central. Sin esta acción coordinada de municipios y comunidades apoyadas en algún tipo de movimiento más amplio, no podremos sostener la necesaria “desobediencia institucional”. Para romper el bloqueo institucional es prioritario articular esas redes de solidaridad municipal y oponernos a leyes injustas que profundizan en las políticas neoliberales de desposesión.

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5. RemunicipalizacionesDesde las instituciones municipales, faltan instrumentos legales para intervenir con efectividad en las condiciones de trabajo. Sin embargo, hay todo un sector público que se ha externalizado desde la década de 1990 o que está siendo gestionado por empresas público/privadas y donde las condiciones de trabajo en ocasiones pueden equipararse a las de cualquier ETT. Recuperar para los servicios públicos privatizados durante la oleada neoliberal, debería ser un eje central de los ayuntamientos del cambio. El mantenimiento de la calidad y la universalidad de los servicios públicos resulta esencial en la batalla contra el neoliberalismo y en la propia redefinición de lo público; se trata de un terreno que permite ensayar experimentos de democratización, autogestión o cogestión de lo que llamamos “bienes comunes”.

Desde la llegada de los nuevos gobiernos municipales se ha planteado el problema de qué hacer con unos servicios públicos sometidos a la privatización, la externalización y la subcontratación. Las presiones en contra de la remunicipalización son muchas y vienen de la mano de los lobbies empresariales, los grupos mediáticos y los partidos del régimen. También hay que enfrentar la limitación de las legislaciones derivadas de la reforma del artículo 135 de la Constitución que impiden remunicipalizaciones por la vía del control del gasto. Como ya hemos comentado, cualquier proyecto transformador tendrá que confrontarse tarde o temprano con estas leyes.

En este sentido, recuperamos la propuesta de las remunicipalizaciones del programa original de Ahora Madrid “Fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a las grandes empresas y grupos económicos”. creemos que toda fuerza del cambio que se precie debe impulsar una política de remunicipalización de servicios públicos externalizados con una perspectiva transformadora que ensanche el bienestar y los derechos de las y los madrileños. Por todas las dificultades enumeradas, los casos de remunicipalización de servicios conseguidos hasta ahora son pocos aunque valiosos (funeraria, aparcamientos, próximamente teleférico, etc.) pero marcan el camino. Hay que dar todos los pasos necesarios para profundizar en esa línea de actuación.

Nuestra propuesta es que Ahora Madrid impulse “mesas por la remunicipalización” que investiguen, estudien y propongan la reversión de la gestión pública -considerando la posibilidad también comunitaria- y que tengan dos características:

• Una composición social combinada entre tejido social organizado y trabajadoras y trabajadores de las empresas afectadas. La relación entre el sindicalismo social y laboral, así como entre los vecinos y usuarios.

• Una coordinación directa entre las mismas para estructurar una estrategia consistente que permita remunicipalizar empresas contando con el mayor consenso posible entre la ciudadanía.

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6. Un proyecto por construir entre todasOtras muchas temáticas nos preocupan, creemos que un partido como Podemos debería apostar por las formas de trabajo colaborativas de trabajo con organizaciones y movimientos sociales y las personas valiosas que quieren implicarse en la política de su ciudad. Por tanto, sabemos que hay muchos temas importantes que no cubrimos aquí pero que tenemos muy en cuenta gracias a que tienen potentes movilizaciones detrás. Aquí queremos señalar unas cuantas:

Nuestros compromisos en materia urbanística:

Los movimientos que luchan por estos temas son importantes para construir ciudades más igualitarias y justas. Sin embargo, creemos que sus propuestas no siempre son atendidas como se merecen y que todavía se podría hacer mucho más.

Además, los colectivos más invisibilizados como los de diversidad funcional –que a menudo se conciben como carentes de interés electoral– tienen mucho que aportar y pueden generar movilizaciones importantes en el ámbito de las prestaciones públicas. Sus demandas son esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, y desde este enfoque podemos decir que se ocupan de eso que la economía feminista llama “el buen vivir” o “vidas que merezcan la pena ser vividas”. De hecho, mucho del trabajo invisible y no retribuido de cuidados de las personas dependientes recaen en las mujeres y están relacionados con su subordinación en el mercado de trabajo. También es importante introducir medidas de justicia social en este área, ya que esta feminización de los cuidados, enmascara el proceso de comercialización de la atención médica que complementa al cuidado doméstico y que solo pueden permitirse determinados sectores sociales que disponen de medios económicos, introduciendo así un fuerte sesgo de clase.

Ecología urbana para la mejora de la calidad de vida

También nos preocupa la mejora de la calidad del aire, un acceso al agua público y racional y un mayor ahorro energético. Son temas de los que se está ocupando Ahora Madrid y una línea de trabajo que consideramos muy importante continuar y profundizar a pesar de los fuertes ataques mediáticos que implica cualquier medida destinada por ejemplo a limitar el tráfico rodado. Para trabajar estos temas hace falta apoyarse en la sociedad organizada y estar dispuestos a librar estas batallas esenciales para una ciudad más sostenible y habitable como pueden ser: el ahorro energético, la mejor gestión de residuos y un modelo urbano ecológico. La mejora de la calidad del aire, el carácter público y el uso racional del agua y un mejor aprovechamiento de los recursos son medidas que convienen a la población de Madrid, así como una respuesta obligada a las necesidades del planeta.