DEMOCRACIASEN

DESCONFIANZA

Joachim Becker, Guillaume Fontaine,Jorge Larraín, Walter D. MignoloNapoleão Miranda, Javier Ponce,

Diego E. Piñeiro

José da Cruz(compilador)

Ensayos en sociedad civily política en América Latina

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© CLAES sobre la presente edición excepto figuras donde se indique sufuente de origen.Montevideo, marzo 2006.

CLAES - Centro Latino Americano de Ecología SocialD3E - Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad - América Latina

Publicado por CLAES/D3E, Magallanes 1334, Montevideo.Casilla de Correo 13125, Montevideo 11700, Uruguay,claes@adinet.com.uywww.ambiental.net/claes - www.globalizacion.org/d3e

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La elaboración de este documento fue coordinada por CLAES como partedel programa en globalización, ciudadanía y democracia que se realiza conapoyo de la Fundación Ford (bajo administración de CEUTA).

Las opiniones en esta obra son responsabilidad de los autores y nonecesariamente comprometen a CLAES, D3E, o a las institucionespatrocinantes de esta publicación.

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Coscoroba es el sello editorial de CLAES y D3E. Coscoroba es el cisne oganso blanco, un ave propia de ambientes acuáticos en el cono sur.

Impreso en marzo de 2006 en Gráficos del SurMartínez Trueba 1138 - Montevideo 11200 - UruguayTel./Fax 413 7370 - pedrocop@adinet.com.uy

Amparado al decreto 218/96Comisión del Papel - Depósito legal 319.843/06

ISBN 9974-7893-2-X

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Este libro ilumina un tema medular: ¿cómo convivenla democracia y el capitalismo, hoy, en la época de laglobalización? ¿Y cómo hacerlo en un contexto dedesconfianza? Los ángulos de abordaje de los artícu-los que comprende abarcan desde la amplitud teóricaa los estudios de caso. En los tres primeros capítulosse analizan temáticas generales; en los demás se re-saltan principalmente situaciones concretas.

Esta división no es tajante y la profusión de ejem-plos y análisis particulares la desdibuja aún más. Porejemplo, Napoleão Miranda desarrolla el tema de lahistoria de los derechos humanos y los problemasconexos a su vigencia pero la ejemplifica con la reali-dad del Brasil; Diego Piñeiro hace un análisis de lacoyuntura centrado en el Cono Sur enmarcada en ladiscusión sobre las posibilidades de acción políticafrente al capital globalizado, y Joachim Becker aportaun desarrollo histórico de las relaciones entre el Esta-do y el liberalismo económico en Europa occidental,pero también con ejemplos de nuestra región.

Hacia una democraciade la desconfianza:

Estado, sociedad civily globalización

PRÓLOGO

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Otro ejemplo regional es la reivindicación del de-recho a un ambiente apto para la vida en el Ecuadoramazónico. Sin embargo, como analiza GuillaumeFontaine, esto no significa necesariamente que hayauna acción consecuente y profunda de la sociedadcivil, ni que sus objetivos estén muy claros. Por otrolado, Jorge Larraín compara las posibilidades de in-tegración entre países que se dan en Europa y enAmérica Latina y resalta la ambigüedad de Chile: ¿si-gue un camino propio?

En base a sus vivencias y experiencias personales,Javier Ponce reflexiona sobre un fenómeno de estas úl-timas décadas pero con antiguas raíces: la coopera-ción internacional para el desarrollo. Cierra esta colec-ción un muy reciente análisis de Walter D. Mignolosobre el significado de que el pueblo boliviano hayaelegido presidente al indígena Evo Morales: más queun giro a la izquierda es un giro descolonizador. Vaya-mos por partes.

“Liberalismo y democracia son vistos como lasdos caras de una misma moneda”, nos dice JoachimBecker. Su artículo analiza cómo se han relacionadoa lo largo de la historia tal teoría económica y socialy tal forma de estructurar un gobierno. En la situa-ción de Europa Occidental durante la Segunda Pos-guerra pareció que esta alianza había adquirido unaforma definitiva y modélica –la democracia perfec-ta– pero como nada es eterno esa armonía se trans-formó en un “breve sueño”. Los posteriores cambiosen las estrategias de acumulación capitalista cam-biaron también las reglas de juego democrático: losespacios de decisión y participación se acotaron, losparlamentos perdieron importancia y los gobiernosregionales en construcción, como la Unión Europea,

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se manejan mediante autoridades que la ciudada-nía no eligió.

El análisis de coyuntura que nos ofrece DiegoPiñeiro constata que estamos en un período derefundación de la relación entre Estado y sociedadcivil. En nuestro entorno del Cono Sur, el ascenso degobiernos progresistas de los últimos años significauna reconstitución del sistema político. A consecuen-cia de este ascenso se puede constatar un retroceso, yno un avance, de las organizaciones ciudadanas.

La hipótesis de Piñeiro es que los procesos de ac-ción colectiva no sustituyeron a las acciones del siste-ma político establecido, sino que acabaron reforzán-dolo: contribuyeron a la renovación de cuadros en elperonismo, a la aparición de nuevos partidos en Boli-via, o a potenciar a los partidos de izquierda para laconquista del gobierno en Uruguay y Brasil. Ante lanueva realidad de gobiernos progresistas cabecuestionarse si el sistema de partidos tiene capacidadpara representar y canalizar las demandas sociales,dadas las limitaciones impuestas por la economía. Eneste momento, los movimientos sociales tienen quereposicionarse: aquellos que no logren “construir unaidentidad definida, tenderán a desaparecer.”

En esta relación entre Estado y sociedad civil bajoformas democráticas, un concepto central es el de losderechos humanos. El aporte de Napoleão Mirandacomienza con la afirmación de que “los derechos hu-manos son un tema de la modernidad por excelen-cia”; es decir, un tema relativamente reciente en lahistoria humana. No olvidemos que los valores siem-pre están referidos a un tiempo y un espacio.

La historia de estos derechos es un conflictivo diá-logo acerca de su contenido y significación. Nacidos

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en la fragua del industrialismo y el desarrollo capita-lista, su evolución ha estado desde entonces ligadaen gran medida a los avatares de las contradiccionesentre el capital y los asalariados. Un actor muy im-portante en la defensa de los derechos humanos es lasociedad civil, pero el Estado es garante de los mis-mos.

Opina el autor que los derechos humanos junto ala preservación ambiental y la lucha por la paz, sontal vez los tres únicos temas capaces de movilizar a laopinión pública en el mundo, pero las crecientes des-igualdades sociales globalizadas “hacen prever obs-táculos importantes” para el desarrollo futuro de losmismos.

En esa línea de trabajo, Guillaume Fontaine apor-ta un estudio sobre el caso específico de los derechoshumanos expresados como conflictos entre la pobla-ción local y las petroleras en la selva ecuatoriana. Lahistoria de estas empresas es una historia de proble-mas ambientales y de protestas de los habitantes quedefienden su derecho a vivir en condiciones adecua-das: es un problema de democracia. Fontaine escribeque los conflictos abarcan aspectos judiciales y deorganización popular, y también aspectos del com-promiso del Estado ecuatoriano con los derechos delos habitantes.

Del caso de Ecuador pasamos a un aspecto origi-nal de la realidad chilena, en un contexto de integra-ción latinoamericana. Así como Becker y Piñeiro to-man el tema de las reconstituciones supraestatales,como lo hace Jorge Larraín. Su artículo considera lasituación en Chile –y proyecta algunos de sus rasgosal conjunto de países vecinos– en busca de contestara la siguiente pregunta: ¿Qué elementos culturales e

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identitarios en América Latina favorecen u obstaculi-zan la integración regional?

Los latinoamericanos nos consideramos un solopueblo y esta súper identidad se evidencia y refuerza,por ejemplo, en la vida de las “colonias” en Europa oEE.UU. Sin embargo, los nacionalismos también sonfuertes y se expresan no sólo en el fútbol sino en con-flictos armados. Identidad y diversidad ¿entorpeceno favorecen la integración? El caso de Chile, donde hacomenzado a prepararse la celebración del bicente-nario de la nación en 2010, plantea una interrogante:¿existe en Chile una “voluntad” latinoamericanista?Han habido varios incidentes con los países limítro-fes, y “la disyuntiva es aislarse y protegerse, o, por elcontrario, abrirse e integrarse.”

Desde una perspectiva diferente, Walter D.Mignolo ofrece un análisis sobre Evo Morales enBolivia. Mignolo sostiene que no podemos enten-der el real significado de la elección de Morales siaplicamos a este caso las usuales categorías de aná-lisis político originadas en la Revolución Francesa:no alcanza con decir que este suceso fue un giro ala izquierda en la historia del continente, pues fueen realidad un giro des-colonial. El nuevo presi-dente boliviano, pese a los intentos de clasificarloen determinados –ismos, es en realidad un repre-sentante de la resistencia de siglos que ha permiti-do a los indios mantener su memoria y su subjetivi-dad fuera del alcance del dominio europeo. Estecarácter único se les escapa a los analistas de iz-quierda y de derecha, pero está llamado a desem-peñar un papel en el futuro, ya que en todas lassociedades y regiones se perciben las señales de ungiro des-colonizador.

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Javier Ponce ofrece una reflexión muy personalante un fenómeno presente en todos nuestros paísesy que ha sido componente importante de la universa-lización del accionar de la sociedad civil, con inci-dencia en la temática de los derechos humanos: lasolidaridad internacional mediante programas decooperación o asistencia.

La cooperación internacional es en realidad unproceso más, originado como tantos otros en los anti-guos poderes coloniales, y que nos ha marcado du-rante el último medio siglo. Refiriendo a la obra deTzvetan Todorov sobre la conquista de América, dicePonce que la relación conflictiva con el Otro “sigueestando en el corazón de la cooperación internacio-nal”. Idealismo, modelos preestablecidos, ciertas“asignaturas obligatorias” y también el miedo a lainvasión desde el Sur pautan la asistencia, pero to-das las buenas intenciones chocan contra las barre-ras comerciales y la realidad globalizada.

Luego de la lectura de estos artículos surge la con-vicción de que la pregunta planteada al principio hagenerado otras preguntas. ¿Es correcto colocar un sig-no de identidad entre liberalismo y democracia? ¿Yentre la acción de la sociedad civil y la democracia?¿Cómo es la relación entre el Estado, el capital y losrepresentantes políticos? ¿Y entre el Estado, los dere-chos humanos y la sociedad civil? ¿Es el Estado elprincipal garante de los derechos humanos y a la vezsu principal violador? ¿Qué pasará con la democra-cia?

Georg Henrik von Wright, filósofo recientementefallecido, presentó en varios ensayos una visión quepuede ser un aporte más a este diálogo. Para vonWright, la democracia no tiene una definición abso-

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luta, sino que es simplemente el nombre que damos auna “receta” para ordenar la convivencia. Esta receta–o fórmula– indica uno de los modos posibles de ar-monizar el derecho de cada individuo a la autodeter-minación con las restricciones o condicionantes de lavida en una sociedad. En ningún lado está escritoque sea una solución definitiva.

Si bien en una sociedad democrática todos losmiembros tienen el derecho de colaborar para alcan-zar y mantener un orden común, orden que tendrávigencia para todos ellos, pero no está claro qué for-mas adoptará la colaboración. Según estas difusascoordenadas, el modelo social que nombramos como“occidental” ha avanzado, en el sentido de generali-zar democráticamente a todos los estratos sociales talcolaboración. La amplia aceptación de los derechoshumanos –como señala Miranda– puede ser una se-ñal de este avance, pero junto a lo positivo tambiénhan habido retrocesos muy importantes: guerras, agre-siones, discriminación y exclusión económica sonparte de la realidad cotidiana.

El avance institucional se expresa en términos con-cretos, materiales, en expresiones de uso del territorioy de los recursos pues en forma paralela se ha dadootro avance, el del industrialismo. Esto complica lasituación. Recuerda von Wright en un pasaje de Elmito del progreso que el crecimiento de la ciencia y latécnica ha influido rotundamente en lo que llamamosla vida social: en transportes y comunicaciones, pro-ducción y distribución de mercaderías, redes de acuer-dos y tratados económicos y financieros, en la organi-zación de la investigación y la educación. Para “go-bernar” la suma de esas influencias no hay leyes nidecretos con validez universal; esa suma se basa en

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iniciativas aisladas y se expresa como un sistemamultiramificado, apenas congruente y por ello difícilde identificar. Von Wright lo llama el tecnosistema.

Puesto que el accionar del tecnosistema influye enla vida diaria, influye también en las formas de lademocracia. La democracia se construye sobre la vo-luntad de la mayoría y tiene vigencia en primera ins-tancia en los territorios de Estados nacionales; en cam-bio, el tecnosistema tiende a ser global, mundial,transnacional. Si el sistema político rige una demo-cracia, ¿qué es lo que rige al tecnosistema? Lo rige unconjunto difuso e inabarcable de técnicos y expertosde todo tipo, una tecnocracia que no responde más quea sí misma.

Ambos sistemas se necesitan y se apoyan mutua-mente, pero mantienen una relación tensa. Un ejem-plo de estas tensiones es la posibilidad de leer en dosclaves un fenómeno en proceso: la formación de blo-ques supranacionales que varios autores de este librodiscuten. Estos bloques serían el resultado de la ten-dencia de un sistema político que se transforma a símismo y conforma unidades con estados anteriormen-te soberanos; sin embargo, las uniones también pue-den explicarse como que el sistema político está sien-do absorbido por el tecnosistema, cuyo carácteruniversalista le permite prescindir de los Estadosnacionales.

La causa de la absorción es que, en las realidadescreadas por la acción del tecnosistema, gobiernos yparlamentos no han tenido arte ni parte o lo han teni-do en una medida muy escasa, pero se ven enfrenta-dos a regular una vida social originada por esas ac-ciones generadoras. Las consecuencias y exigenciasimpuestas por el tecnosistema condicionan la toma

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de las decisiones políticas a tal grado que hay situa-ciones donde la “agenda” la establece directamentela tecnocracia, como en el caso de los organismosgenéticamente modificados.

El sistema político queda así en una situación com-prometida: por un lado está el pueblo elector del cuallos políticos obtuvieron su mandato, y por otro lasfuerzas del tecnosistema que los gobiernos naciona-les no pueden dirigir. Ante los requerimientos deltecnosistema van quedando a un lado las promesaselectorales, los planes y los objetivos, y esto genera unquiebre de la confianza entre electores y dirigentes.Un síntoma claro es la desconfianza generalizadahacia “los políticos”, especialmente alta en AméricaLatina.

Pero hay otro problema más serio aún: los electo-res van perdiendo el sentimiento de que pueden deci-dir mediante el voto la composición del aparato de-mocrático del Estado, y por lo tanto incidir sobre elfuturo de la sociedad. Si los electores piensan que“todo da igual”, “todo es lo mismo”, “no se puedehacer nada”, vacían de contenido su condición ciu-dadana. Surge la desconfianza. La conclusión de vonWright es que el individuo entonces se transforma, enun autoreflejarse narcisista, en reconcentrada perso-na privada; en otras palabras, se reduce a la condi-ción de consumidor.

El sistema político, ante la acusación de inoperan-cia y falta de respeto a la representación democrática,intenta a veces defenderse alegando que las decisio-nes a tomar son demasiado complicadas y sus conse-cuencias difíciles de apreciar como para que cada ciu-dadano alcance una opinión fundamentada; en resu-men se sostiene que la gente no comprende lo que es

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mejor para ellos mismos, y este argumento empeorala desconfianza.

Cabe también el derecho a preguntarse –planteavon Wright– si no será que los políticos, inconscien-temente, renuncian a su propia libertad de acción yexperimentan la atracción del tecnosistema pues ésteles da una seguridad más sólida para el ejercicio desu poder que la dependencia del gusto o disgusto delcuerpo electoral. Recordemos que para muchos el ideales un gobierno de expertos o técnicos y claro está quelas dictaduras militares también son un gobierno deexpertos, en este caso en “orden”, sea cual fuere elsignificado de este concepto.

Los mismos métodos y procedimientos de laglobalización dependen del tecnosistema y no del sis-tema político: la reacción más habitual entre los polí-ticos ante cada nuevo embate globalizador parece serla perplejidad, como si se tratara de un fenómenotelúrico. ¿Por qué entonces el tecnosistema no integrade una buena vez al sistema político? La razón es queel tecnosistema necesita de la democracia como unafachada para su accionar, señala von Wright. Mien-tras se pueda mantener la ficción de que existe unadivisión armónica de poder entre los dos sistemas, elsistema político funciona como amortiguador de loque sería una contradicción abierta y generalizadaentre la minoría tecnocrática y la inmensa mayoría.

Hay desarrollos en curso que, sin llevar a la des-aparición del sistema político, permiten al tecnosistemacobrar mayor protagonismo. Un ejemplo es el surgi-miento de un gobierno mundial de “expertos” que ac-túa en las organizaciones internacionales y está muylejos de adoptar formas democráticas. En el caso delagua potable, por ejemplo, el Banco Mundial (exper-

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tos) impulsa la privatización del agua y el saneamien-to; en esta política recibe el apoyo de comisiones y co-mités internacionales (expertos) y de empresas (exper-tos); a su vez, esas comisiones y comités se forman conacadémicos (expertos) provenientes de universidadesdonde el pensamiento empresarial predomina, asícomo de gobiernos en la misma línea.

La ONU está integrando desde hace ya unos añosa organizaciones de la sociedad civil entendida éstaen un sentido laxo, lo que abrió paso a las grandesorganizaciones pero también a una fuerte representa-ción empresarial. Para seguir con el ejemplo del agua,el Consejo Mundial del Agua es una estructura crea-da por el Banco Mundial. Bajo la bandera de la ONUgenera informes y organiza espacios de participacióncomo el Global Water Partnership o Asociación Mun-dial del Agua. Tal asociación reúne “autoridades gu-bernamentales, instituciones públicas, compañías pri-vadas, organizaciones profesionales, institucionesmultilaterales para el desarrollo” y otras instanciasrelacionadas con la administración de los recursoshídricos, como explican en su página electrónica: elBanco Mundial coloca expertos en un Consejo, que asu vez genera otros cuerpos para incluir más exper-tos, y la ONU les garantiza un estatus especial.

Es obvio que estos organismos no son electivossino creados en base a “afinidades”, pero impulsanacuerdos y tratados que luego comprometerán a losgobiernos firmantes y tienen, por la vía de los mediosde comunicación masiva, profunda incidencia en laopinión pública. El ejemplo del agua se repite para elcaso de políticas de desarrollo sustentable donde lastransnacionales de la minería y la forestación se pre-sentan como los campeones del cuidado ambiental.

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En cada nivel de estas estructuras se potencia el pen-samiento empresarial - tecnocrático.

Otro ejemplo de la absorción por parte deltecnosistema de resortes y mecanismos del sistemapolítico es la estrategia de separar a los bancos cen-trales de la influencia de los órganos electivos, queBecker menciona en su artículo. Esto se ha concreta-do en la Unión Europea y hay fuertes presiones paraque suceda en nuestro continente. En resumen se tra-ta de que el banco responda a sus propios objetivos,que son mantener baja la inflación con independen-cia de las voluntades de los actores políticos y econó-micos, es decir, que el banco central sea un gobiernofinanciero a cargo de técnicos. En la práctica, las deci-siones del banco central independiente apuntan a “noinquietar al Mercado”, es decir, siguen lo que indicancomo deseable o positivo un puñado de grandesinversores y analistas económicos –técnicos–, puesde otro modo “el Mercado se enoja”. Al renunciar alcontrol sobre esta autoridad del Estado, la democra-cia cede más campo de acción al tecnosistema, el libe-ralismo logra “liberar” a las finanzas de posibles in-fluencias sociales “nocivas” y las ingresa al dominiode la seudo neutralidad “científica”.

No está escrito en ningún lado que la democraciatal como la conocemos sea la forma de gobierno defi-nitivo. Es tentador especular sobre dos posibles de-sarrollos futuros. Un camino posible es que conti-núe su vaciamiento y el traspaso del poder de deci-sión al tecnosistema, manteniendo una cáscara derepresentatividad cada vez más delgada y formalhasta dar cuerpo en su lento ocaso a alguna de aque-llas distopías de “mundos felices” que han propuestoalgunos escritores.

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Las fuerzas vertiginosas de la globalización pare-cen impulsar ese desarrollo, que adquiere caracterís-ticas muy especiales en el actual momento políticodel Cono Sur: ¿cuál será el papel político de los nue-vos gobiernos de izquierda ante la creciente presiónglobalizadora? ¿Establecerán una alianza con orga-nizaciones de la sociedad civil para dotar de nuevocontenido al sistema político, o las dejarán de ladopara “no inquietar al Mercado”? ¿Surgirán en estecaso formas de democracia directa, de lo que tantasiniciativas actuales de la sociedad civil son ya unamuestra?

Hay otro camino, indefinido aún, cuyo trazadodependerá de la sociedad civil, tan caótica y de múlti-ples cabezas como el mismo tecnosistema, pero ca-rente de su homogeneización ideológica. Tal vez lanoción de “multitud” sea una imagen descriptiva delos movimientos sociales contemporáneos, ya insta-lada –sin ánimo de entrar en polémicas sobre el signi-ficado del término– en la arena del debate.

Expresión visible de las posibilidades de estamultitud son los Foros Sociales Mundiales, cuyo ob-jetivo es generar relaciones donde la solidaridad yno la ganancia sea el motor de los cambios. Los Fo-ros muestran entonces un signo contrario altecnosistema liberal. Ninguna de estas fuerzasglobales ha hallado aún una expresión políticaestructurada, aunque tal vez tampoco la procuren:el tecnosistema utiliza las formas liberales de la so-ciedad política; la “multitud” está en el hervorcreativo de nuevas formas de organización. Tal vezhaya mucho que aprender en el contexto global, delimpulso des-colonial que comenta el artículo deMignolo. Es una perspectiva renovadora.

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Un planteo de transformación no puede repetircaminos conocidos, pues llegaría a resultados tam-bién ya conocidos. ¿Se abrirá un espacio para unademocracia de nuevo tipo, basada en las expresio-nes actuales de una sociedad civil global? Su forta-lecimiento es una apuesta difícil, peroesperanzadora, a un renovado concepto de ciuda-danía, también global.

José da Cruz

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El breve sueñode la democracia

perfecta

Joachim Becker

Con frecuencia, liberalismo y democracia son vistoscomo las dos caras de una misma moneda. Sin em-bargo sólo durante un breve tiempo –las décadas pos-teriores a la Segunda guerra mundial–, el liberalismoy la democratización –un liberalismo con restriccio-nes socialdemócratas– caminaron juntos. Esta unióndio pie al sueño de una democracia perpetua.

Este sueño, sin embargo, aún referido a la EuropaOccidental, puede haber sido breve. Las condicioneshistóricas básicas para una unión entre liberalismo ydemocracia –competencia sistémica intensa, fuertesmovimientos obreros, coincidencia entre espacio eco-nómico y territorio político–, ya no están dadas. Lasestrategias de acumulación actuales exigen otro Esta-do, manifiestamente un Estado menos democrático.Por esa razón están nuevamente en alza los llamadosde los teóricos liberales, como “intelectuales orgáni-cos” de la burguesía (Gramsci, 1971), a favor de res-tricciones a la democracia.

El sueño es breve, el día es largoJanko Král (según Zajac 1996:7)

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Está preparado el terreno para limitar la democra-cia, en forma tanto discursiva como organizacional.La escisión creciente entre espacio económico y regu-lación política de la territorialidad es un factor im-portante para el debilitamiento del movimiento obre-ro y de los “nuevos” movimientos sociales. Una delas partes, el capital, puede evadirse de hacer conce-siones sociales que le resulten desagradables median-te la fuga de capitales. Esta situación no es totalmentenueva; tiene algunas características en común con la“ofensiva conservadora” (Ziebura, 1984) del períodoentre las dos guerras mundiales.

Crítica liberal a la democracia

Los liberales querían –y quieren– restringir la demo-cracia en sus dos dimensiones centrales, expresadaspor las siguientes preguntas: ¿Quién participa de lasdecisiones? ¿Cuál es el alcance de las decisiones de-mocráticas? La primera pregunta se refiere al derechoelectoral, pero no puede ser reducida a este derechopues también hay otras formas de participar en lasdecisiones. La segunda dimensión trata de los espa-cios de las decisiones democráticas. Hay una vincu-lación estrecha entre ambas preguntas. De este modo,la amplitud del acceso a los centros de decisión polí-tica tiene relevancia para la solución de conflictosacerca del alcance de las decisiones democráticas. Porejemplo, hubo una relación cercana entre la amplia-ción del derecho al voto y la expansión del papel so-cial del Estado (cf. Bobbio, 1988).

En el siglo XIX, aún un liberal tan esclarecido comoJohn Stuart Mill se opuso al derecho al voto igualita-rio y generalizado. En su obra Sobre la libertad publi-

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cada en 1859 advertía explícitamente acerca de losriesgos de una “tiranía de la mayoría” (Mill, 1987:10). Mill quería ver las actividades del Estado limita-das a un espacio restringido, pues las considerabaamenazadoras para la libertad.

Después de 1945, el campo discursivo se había dis-locado a un grado tal que los liberales –por lo menosrefiriéndose a los países capitalistas industrializados–en la práctica ya no podían defender un sistema electo-ral policlasista o una limitación de los derechos al voto.Su estrategia fue reducir el concepto de democraciabásicamente al acto electoral y a deslegitimar otras for-mas de participación en las decisiones. La defensa deuna delimitación relativamente estrecha del campo dedecisiones democráticas ha permanecido inalteradahasta la actualidad.

Albert O. Hirschman (1992) hace una distinción,en la crítica contemporánea a la democracia, entre losrepresentantes de la tesis de la inutilidad y los de laamenaza. Los primeros consideran que la democrati-zación es una ilusión, mientras que los segundos tra-tan de destacar el carácter de amenaza que la demo-cracia representaría para la libertad, la estabilidad yla competitividad.

En la primera tendencia se inserta el concepto dedemocracia de Joseph A. Schumpeter que figura en suobra Capitalismo, socialismo, democracia, escrita en 1993.El autor reduce allí la democracia a la “libre compe-tencia entre los candidatos a la dirección, por los vo-tos del pueblo”, que de esta forma tiene la posibilidad“de aceptar o rechazar a los hombres que deberándominarlo” (Schumpeter, 1993: 452). Así, pese a queestas personas puedan ser cambiadas, una elite per-manece. Con eso, Schumpeter se inserta en la tradi-

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ción de los teóricos de la teoría de las elites de princi-pios del siglo XX, como el economista y sociólogoWilfredo Pareto y el politólogo Gaetano Mosca. ParaPareto, la división de la sociedad en una “parte elec-ta” –en italiano “eletta”, de donde viene “elite”– y lamasa, resulta de la desigualdad natural entre los in-dividuos, concepto que para él no amerita mayoresaclaraciones. Mosca (1994) denomina a este grupo“la clase política”.

En la posguerra, la teoría de la democracia deSchumpeter fue continuada por la teoría económica dela política , que busca aplicar principios de economíaneoclásica a la ciencia política. Representantes de estateoría se han empeñado en destacar que, consideran-do la continuación de la teoría, los “políticos” –o losgrupos de interés muy próximos a ellos– recogen ga-nancias y con eso distorsionan la remuneración cua-si-natural de los factores. En esa perspectiva, la ex-plotación ya no ocurre por parte del capital, sino delEstado.

También esta idea ya está presente en Pareto. Ensu Cours d´économie politique, de los años 1896-97,consta que existen dos formas de lucha de clases: “Unade ellas no es más que la competencia económica.Vimos que esta produce un máximo de ofelimidad[concepto especial de Pareto para “beneficio” (J.B.)]cuando la competencia es libre. (...) La otra forma delucha de clases es aquella en que cada clase trata deapoderarse del gobierno para hacer de él una má-quina de expoliación.” (Pareto, 1964: 386). Bajo elaspecto de la expoliación, continúa Pareto (ídem)“hace poca diferencia si la clase dominante es unaoligarquía, plutocracia o democracia”. Si la formade gobierno no tiene importancia queda apenas un

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camino para delimitar la expoliación: restringir ra-dicalmente la actuación del Estado. Mucho menoselaboradas teóricamente, estas conceptualizacionesy tesis pueden reencontrarse en lugares destacadosdel discurso actual de la derecha liberal.

Una postura más agresiva tienen los exponentesteóricos de la amenaza. Dando continuación a la argu-mentación de Mill, Friedrich A. Hayek (1983: 127),por ejemplo, ve a la libertad potencialmente amena-zada por la democracia. Teóricos como Hayek estánaquí primordialmente interesados en determinada li-bertad, a saber la libertad para hacer transaccionesde mercado. Con eso, ellos evaden la pregunta funda-mental que es la posibilidad “de elegir si uno quiereintegrarse al mercado o no” (Borón, 1994). Si amplia-mos de este modo el concepto de libertad, las conclu-siones sobre la compatibilidad entre democracia y li-bertad serían sustancialmente diferentes.

El politólogo estadounidense Samuel Huntington(1968; cf. crítica por ejemplo en Leys, 1996, cap. 3)distingue en el exceso de participación democráticauna amenaza potencial a la estabilidad del orden so-cial. Bajo la perspectiva de la gobernabilidad es enton-ces natural limitar la participación democrática y des-viarla hacia canales menos peligrosos. De esta tradi-ción parten impulsos para estrangular los canales deacceso a los centros estatales de decisión, por ejem-plo, mediante la desparlamentarización.

Economistas liberales también desarrollan unavariante especial de la tesis de la amenaza a la estabi-lidad referida a una institución especialmente impor-tante, el banco central. Según esta variante, el controldemocrático del banco central amenaza la estabili-dad del padrón monetario. Por esa razón los bancos

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centrales deben ser “independientes” de las institu-ciones democráticas.

Conclusiones semejantes a las de la tesis sobre lagobernabilidad pueden obtenerse de una reciente va-riante científico-popular de la tesis de la amenaza. Enuna analogía equivocada con las empresas (cf. críticaen Krugman, 1996: 4 y ss.) se hacen inferencias sobrela competitividad de los estados. Si los estados fue-ran muy pesados e inertes entonces no sobrevivirán ala competencia internacional. Como modelo para laorganización estatal se sugiere la empresa capitalistamagra. Pero en esta, como es sabido, no prima la de-mocracia.

La fractura de la onda de democratizaciónen el período entre guerras

Después de las muertes masivas en la Primera Gue-rra Mundial, las fuerzas conservadoras y liberales yano lograron oponerse a la presión socialdemócratapor un derecho universal e igualitario al voto. Estaconquista fue un paso importante rumbo a la demo-cratización, así fuera a medias por el momento, pueslas mujeres quedaron excluidas. La onda de demo-cratización que sucedió inmediatamente a la guerra,con frecuencia dio también resultados como el forta-lecimiento de los parlamentos, una mejoría de la se-guridad social y mejoras en las posibilidades de arti-culación de los sindicatos. Muchos de los aparatosultra reaccionarios de administración, justicia y re-presión permanecieron refractarios a la onda de de-mocratización, lo que se revelaría fatal para el pro-yecto de democratización de la economía especial-mente en la República de Weimar.

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Para que el reformismo democrático tenga sustan-cia es preciso que el Estado logre aplicar las recetasnecesarias. Ante el extremo endeudamiento del Esta-do condicionado por la guerra, esto se reveló como unproblema central para una política económica refor-mista. Las políticas fiscal y monetaria se transforma-ron en los puntos centrales del conflicto entre las fuer-zas reformistas y el capital, y fueron la principal pie-dra de toque para provocar un giro conservador. Unainternacionalización relativamente elevada de la eco-nomía, y sobretodo la amplia movilidad del capital yla esporádica intervención puntual de los acreedo-res, facilitaron al capital la imposición de un viraje ala derecha.

El gobierno francés del Cartel des Gauches, por ejem-plo, discutió en 1924-25 un tributo al capital paraampliar sus espacios de acción en la política fiscal.Eso llevó a una fuga significativa de capital y a ma-niobras desestabilizantes del banco central, entoncesprivado. El Cartel des Gauches fracasó frente al “murodel dinero”, según una formulación del entonces jefede gobierno Edouard Herriot (según Agulhon et al.,1993: 96).

En Alemania y en Austria los conflictos socialesfueron mucho más obstinados. En estos países el pa-pel de los acreedores extranjeros era muy significati-vo, y gran parte del capital no aceptaba ni la demo-cratización ni las conquistas del movimiento obrero.En sintonía con la doctrina liberal exigían nuevamentelibertad plena para la disponibilidad económica, eli-minando por ejemplo la regulación de la jornada deocho horas recién establecida. La tentativa de los go-biernos reformistas de la República de Weimar, quequerían superar la miseria financiera del Estado me-

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diante tributos directos sobretodo por el impuesto alas grandes fortunas, también enfrentó una resisten-cia masiva de la burguesía (cf. Aglietta y Orléan, 1984:185 y ss.).

Tanto en Alemania como en Austria el conflictosocial fue resuelto a través de la hiperinflación. Elcapital solamente aceptó una estabilización moneta-ria después de que las condiciones económicas y dela política social, impuestas por él, fueron aceptadas.Para llegar a una solución, el capital recurrió delibe-radamente al apoyo de los acreedores externos refor-zando así aún más su peso político y decidiendo cla-ramente la disputa de las fuerzas clasistas a su favor.En Austria esta estrategia fue aún más evidente queen la República de Weimar (cf. p.ej. Aglietta y Orléan,1984: 220; Kernbauer y Weber, 1988: 6 y ss.).

El precio de la intervención de los acreedores fueuna pérdida de la economía político–financiera, enespecial de la política monetaria. En el Reich alemán,la nueva ley de banco nacional de 1924 hizo al bancocentral alemán “independiente” del gobierno y losubordinó a una curaduría compuesta por bancosnacionales y acreedores externos. Con eso, una insti-tución no democrática obtuvo influencia decisiva so-bre la nueva política económica.

En Europa occidental, esta nueva política econó-mica estuvo inequívocamente modelada según losintereses del capital financiero durante la segundamitad de la década de 1920 y el inicio de la de 1930.Temporalmente contenía elementos francamentedeflacionarios y con eso tenía objetivos sociales cla-ramente regresivos. Además, la política económicatenía por objetivo la obtención de superávit en la ba-lanza comercial, lo que difícilmente se combinaba con

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los derechos sociales conquistados en los primerosaños de la posguerra.

El capital financiero logró imponer sus estrategias–inestables– de acumulación pero no consiguió im-poner, como regla, su hegemonía en la Europa cen-tral, del sur y del este. Intentó compensar la falta deliderazgo de opinión, primero subrepticia y despuésabiertamente, con una desdemocratización. En Aus-tria esta desdemocratización asumió inicialmente laforma de un fortalecimiento del presidente del Esta-do; en la República de Weimar se hizo presente en eluso excesivo de la reglamentación sobre estados deemergencia. Con el recrudecimiento de la crisis eco-nómica mundial, el capital y sus aliados apostaron auna dictadura abierta. En Austria:

(Los acreedores externos) a través de sus exigen-cias disparatadas de deflación, ayudaron a prepararel terreno para la supresión de la democraciaaustriaca. Nadie lo admitió tan abiertamente como suhombre de confianza, Rost van Tonningen. Junto alcanciller y a Kienböck, observó en su diario ’juzga-mos necesario el cierre del parlamento, puesto queeste parlamento saboteaba la reconstrucción’(Kernbauer y Weber 1988: 20).

Los regímenes fascistas desmontaron el sistemaparlamentario y las organizaciones autónomas de lasclases dominadas. Ellos aspiraban a un control am-plio de las “clases peligrosas” mediante la presenciaautoritaria del Estado en las organizaciones, mien-tras dejaban de hecho ampliamente intacta la auto-nomía de las asociaciones patronales. Estaremodelación fascista del Estado no se apoyabadiscursivamente en el liberalismo, sino más bien enteorías organicistas. La doctrina y la práctica de la

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política económica durante el fascismo en Italia y enAustria –pese a que estaban principalmente al servi-cio del capital financiero– mantuvieron sin embargopor mucho tiempo la inspiración liberal. (cf. Ciocca yToniolo, 1976; Mattl, 1988). En el fascismo alemán, lateoría y la práctica de la política económica eran bas-tante menos liberales (cf. Barkai, 1988).

La bien lograda democratizaciónde la posguerra

Mientras que después de la Primera Guerra Mundiallas burguesías de la Europa Occidental todavía man-tenían la esperanza de poder reestablecer el antiguoorden, después de 1945 estaban dispuestas a aceptarreformas. El pacto con el movimiento obrero amplió elacceso a los centros estatales de decisión, expandió elEstado social y además estabilizó la demandamasificada a través de una política keynesiana.

De este modo las burguesías estuvieron de acuer-do con una democratización en las dos dimensiones:acceso al Estado y a los espacios de las decisionesdemocráticas. La política monetaria fue puesta al ser-vicio de la acumulación del capital productivo, y enese contexto, en el período inmediato después de laguerra, fueron estatizados los bancos centrales hastaentonces privados por ejemplo en Francia y Gran Bre-taña. En contrapartida, el movimiento obrero renun-ció a una transformación socioeconómica más am-plia. Sus alas izquierdas socialista y comunista fue-ron marginalizadas en las instituciones estatales y,en parte, también en los sindicatos (cf. Agnoli, 1990).

Ya en los años 40 los partidos comunistas tuvie-ron que abandonar los gobiernos de unidad nacio-

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nal. En la República Federal Alemana –donde segúnel ejemplo de Italia y de Austria la izquierda fue muybrutalmente diezmada durante el fascismo–, en losaños 50 el partido comunista fue inclusive prohibido:solamente entre 1957 y 1966, 3698 personas fueroncondenadas por delitos políticos (Fülberth, 1990: 100).Aquí el combate a las posiciones socialistas en lossindicatos fue especialmente furioso (cf. Pirker, 1979).

Las burguesías concordaron con este pacto, puesse encontraban en una posición relativamente defensi-va. El sistema capitalista estaba fuertemente desacre-ditado. El antagonista sistémico, la Unión Soviética, sehabía revelado como la potencia militar victoriosa másimportante sobre el fascismo alemán. Su brillo inicial-mente se proyectó también sobre los partidos comunis-tas de la Europa Occidental. Estos temían más a lospartidos de derecha que a la socialdemocracia.

El Estado democrático pudo imponer el pacto so-cial a los sectores más reticentes del capital con ma-yor facilidad que en el período de entreguerras. Laopción “exit” de la fuga de capital no existía de facto,debido al corte de las relaciones en el mercado mun-dial, condicionado por la guerra (cf. Becker, 1996).Además en Europa Occidental, en el contexto de laconfrontación entre bloques, la nueva potenciahegemónica, los EUA, apoyaban explícitamente laopción reformista a través del Plan Marshall (cf.Hardach, 1994).

El pacto de posguerra preparó el terreno para unrégimen de crecimiento estable durante dos décadasy media, por lo cual a su vez se hicieron posibles laintegración política de los trabajadores y una disolu-ción relativamente indolora de la pequeña produc-ción de mercaderías. Pero hacia el final de los años 60

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se agotó el potencial de crecimiento del fordismo y almismo tiempo se fortaleció la izquierda. En un con-texto de empleo pleno, los sindicatos se sintieron for-talecidos para replantear la pregunta sobre la distri-bución de la ganancia. Al mismo tiempo exigían unay otra vez la “humanización del mundo del trabajo”.

Por lo menos en este tema había puntos de contac-to con el movimiento estudiantil, que en Italia eranespecialmente notorios. Esos movimientos lograronimponer parcialmente, en efecto, un nuevo impulsodemocratizante. Aún los partidos socialdemócratasmás conservadores como el Partido Socialdemócratade Alemania se propusieron “osar más democracia”.De allí resultó una apertura social, por ejemplo, dedemocratización de las universidades y de otras ins-tancias del aparato estatal. Con relación a la demo-cratización de la economía –o por lo menos a una“humanización del mundo del trabajo”– poco fue al-canzado, con la excepción parcial de Italia.

Aún así, las burguesías de la Europa Occidentalpercibían la amenaza de que se superaran los límites.Buscaban un viraje a la derecha.

Desmonte liberal de la democracia

El capital reaccionó a la crisis y a la amenaza de con-solidación de un desarrollo de izquierda, con la mo-dificación de sus estrategias de acumulación y lareformulación de su “proyecto de Estado” (Jessop,1990). De este modo, el capital racionalizó, flexibilizóe internacionalizó la producción. Justamente bajo lascondiciones de una producción just in time , lastercerizaciones de la producción priorizaron la ve-cindad geográfica. Por consiguiente, la malla geográ-

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fica de inversiones directas y de comercio revela unafuerte tendencia a la formación de bloques regionales(cf. Chesnais 1994).

La producción fue orientada tendencialmente másbien hacia la exportación. Pero la característica másrelevante de las nuevas estrategias de acumulaciónfue la creciente concentración en aplicaciones finan-cieras en vez de inversiones en el ámbito de la pro-ducción. Con eso, el capital reaccionó a lasobreacumulación en el ámbito de la producción y ala inseguridad creciente, que sugiere formas de apli-cación del capital de alta liquidez. En ese sentido, latendencia actual a las inversiones financieras es laexpresión de una crisis estructural y presenta fuertesparalelos con el período de entreguerras, así comocon crisis estructurales anteriores (cf. Arrighi, 1994).

Como el capital financiero había conseguido im-poner una liberalización de los mercados financie-ros, comenzando por los EUA y la Gran bretaña, lasaplicaciones financieras pasaron a ser realizadascrecientemente en mercados globalizados. No obstan-te ello, también en los mercados financieros es posi-ble reconocer tendencias a la formación de bloquesregionales (cf. Bénassy y Deusy – Fournié, 1995). Afinales de los años 80, en la exportación de capital alargo plazo –aproximadamente 3% del PIB (Bairoch,1996: 1284)–, en la reacción internacional ante las ta-sas de interés (Zevin, 1992), y en las cuotas de expor-tación (Bairoch, 1996: 179), el grado deinternacionalización de los países capitalistasindustrializados giraba nuevamente en torno a losniveles de 1913. Una diferencia significativa existe enel peso de las inversiones directas, que actualmenteson mucho más altas que entonces.

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Con eso, el espacio económico y la regulación po-lítica del Estado nacional se desarrollaron en direc-ciones diferentes, lo que facilitó al capital evadirse deacuerdos políticos a nivel nacional. Dentro de laUnión Europea (UE) ocurrió una adaptación parcialdel espacio político al económico, pero al precio deun refuerzo en el peso político del poder ejecutivo yun estrechamiento de los canales de acceso a centrosde decisión política en detrimento de sindicatos y“nuevos” movimientos sociales.

El proyecto liberal de Estado, favorable al capital,apunta a un cambio similar del papel del Estado enotros niveles territoriales. También en la segunda di-mensión de la democracia este proyecto liberal aspiraa un estrechamiento, especialmente en el desmontedel papel social del Estado. Con esos cambios en elpapel del Estado se pretende tanto consolidar políti-camente las nuevas estrategias de acumulación –nosin contradicciones entre sí, por cierto–, como unaredistribución de la renta de abajo hacia arriba. Poreso es de central importancia el desbrozamiento denuevos campos de realización de valor medianteprivatizaciones, sobre todo en el área de la infraes-tructura y de la seguridad social, y la creciente disci-plina de las fuerzas de trabajo. Después de 1989, elproyecto liberal de Estado ya no necesitaba más to-mar en consideración la competencia entre sistemas,por lo que las estrategias para su imposición se vol-vieron más agresivas.

Gracias a la muy exitosa integración de los traba-jadores durante el fordismo, el discurso liberal pudoapoyarse en una base social mucho más amplia quela de entreguerras para introducir estos cambios en elpapel del Estado. En el marco de este discurso se ar-

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gumenta que la “globalización” es un imperativo ob-jetivo. A causa de este imperativo objetivo, el Estadodebería tomar distancia de intervenir en la libertad dedisposición de capital y, por motivos de eficiencia,asumir crecientemente la forma de una empresa. Comoel capital monetario es el más salvaje de los piratas, sedebe renunciar a cualquier control democrático, so-bre todo de los bancos centrales.

Con las sucesivas ampliaciones de la UE ocurriócierta aproximación de la territorialidad política deregulación al espacio económico, pero esta amplia-ción estuvo fuertemente marcada por el peso del eje-cutivo en las instituciones de la UE y por una consti-tución liberal en el campo político.

En la UE la iniciativa política queda prepon-derantemente en manos de los comisarios, que prácti-camente no están sometidos a control democrático (cf.Puntscher – Rickmann, 1997). La Comisión Europeatiene en sus manos tanto el derecho de iniciativa le-gislativa como también el poder ejecutivo de la UE.Con eso se rompe la división de poderes. A su ladoexiste el Consejo de Ministros, que representan a lospaíses miembros como gremio decisorio central, mien-tras que el Parlamento Europeo, como organizaciónsupranacional electa y a despecho de una ligera valo-rización reciente, permanece marginalizado.

Esta ordenación institucional beneficia a los fuer-tes grupos de cabildeo próximos al capital, que engeneral disponen de relaciones especialmente estre-chas con el ejecutivo. En contrapartida, histórica-mente fueron los parlamentos quienes sirvieron deacceso principal de los sindicatos y los “nuevos”movimientos sociales a los centros de decisión polí-tica. Además, ellos han tenido más dificultad para

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organizarse a nivel internacional que las asociacio-nes del capital.

La constelación descrita permitió la continuacióndel proyecto de integración con contornos claramen-te (neo)liberales. En la formulación del proyecto demercado interno de la Comisión Europea, los intere-ses del capital estaban integrados en posición cen-tral. El proyecto de mercado interno unificó el espacioeconómico, pero dejó fragmentado en estados nacio-nales los espacios fiscal, social y ambiental. Con lamovilidad del capital, las políticas fiscal, laboral yambiental de los estados nacionales son –por lo me-nos potencialmente– expuestas a una competenciamayor (cf. p.ej. Streeck, 1995). Hasta el momento, estacompetencia parece presentar con más fuerza sus efec-tos bajo la forma de una competencia tributaria, conla consecuencia de grandes pérdidas en la tributaciónde la renta de las personas físicas y jurídicas y de lasgrandes fortunas (cf., entre otros, Tremonti, 1993).

El mercado interno fue complementado por el pro-yecto de una Unión Monetaria. La Unión Monetariapretende consolidar la orientación (neo)liberal de lapolítica económica de los países a través de los crite-rios de Maastricht especialmente en relación al en-deudamiento estatal, así como mediante la elabora-ción de un pacto de estabilidad o crecimiento igual-mente restrictivo.

Se impusieron límites máximos relativamente rí-gidos al endeudamiento público y al stock de la deu-da publica. Por este camino se adoptó la fórmula delas reglas fijas en la política económica, tal como lopredican los economistas liberales. Esto vafrontalmente en contra de las recetas keynesianas parauna política anticíclica. El rol de los parlamentos na-

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cionales en la concepción de la política económica essustancialmente reducido. Además, con la uniónmonetaria se instaló un Banco Central Europeo que, aejemplo del Banco Central Alemán, es inmune al con-trol democrático.

Este banco, por vía de su compromiso con unapolítica monetaria restrictiva, es componente clave deun cuadro que condiciona las políticas económicasnacionales (Grahl 2005). Tales dispositivos deprimenel mercado interno de la Unión Europea, y por lo tan-to, el capital busca una dinamización a través de laexpansión externa. La política comercial de la UE esde carácter neo-mercantilista, buscando un superáviten la balanza comercial y favoreciendo las inversio-nes europeas en el exterior (Becker 2005a). Dentro dela zona del euro ya no son posibles las devaluaciones.Por lo tanto, se busca la competitividad a través deotros mecanismos, especialmente mediante una polí-tica salarial restrictiva, la extensión de la jornada la-boral y reducciones en los costos de la seguridad so-cial. Alemania sigue tal política neo-mercantilista conparticular fervor (Musacchio 2004, Becker 2005a).

Antecesor de la Unión Monetaria fue el SistemaMonetario Europeo (SME) creado a fines de los añosde 1970. “Con la creación de un sistema de tasas fijasde cambio se pretenden institucionalizar ‘imperati-vos objetivos’ extraeconómicos, que fuercen la impo-sición de las posiciones de poder de la burguesía”,según la síntesis que hicieron Ziebura et al. (1992: 97)de un componente esencial de la realidad del SME.

En Francia e Italia el ingreso al SME fue concebidosobre todo como una medida preventiva, en contra deuna posible política de reformas de izquierda, en as-censo en la época. (Ziebura et al. 1996: 97, Balcet, 1997:

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76). En esa ordenación, el papel de maestrodisciplinador le cupo al Deutsche Bundesbank (Ban-co Central Alemán). A través de su política de altosintereses restringió sensiblemente los espacios de ac-ción de los estados europeos en la política fiscal, so-bretodo en los años 90. Eso aceleró el desmonte delpapel social del Estado.

En la óptica de las fuerzas de derecha, eso, mien-tras tanto, era aún insuficiente. Para el intelectualitaliano de derecha Giulio Tremonti, uno de los obje-tivos del tratado de Maastricht, por consiguiente, esla “destrucción del estado social de tipo antiguo”,que a nivel de los estados nacionales aún se debateen una muy fuerte resistencia (Corriere della Sera18.05.1996: 5).

De esta forma, el papel actual de la UE presentaciertos paralelismos con el de los estados acreedoresen relación con Alemania y Austria en el período deentre guerras. Ayer como hoy, los puntos centrales deconflicto son las políticas monetaria y fiscal. Y tantoayer como hoy, uno de los objetivos más importantesdel capital y de sus intelectuales liberales es protegerla política monetaria de un control democrático.

Se busco la legitimación del modelo ultra-liberalde integración a través de un tratado constitucional(Becker 2004). Varios gobiernos europeos optaron porsometer el texto del tratado constitucional a un refe-réndum nacional para darle una legitimidad mayor.En España esta estrategia pareció funcionar, ya quedespués de un corto debate los votantes dieron unclaro respaldo al tratado (77%), aunque la participa-ción electoral fue de un reducido 42%.

En Francia y los Países Bajos sucedió lo contrario.Se desarrolló un debate intenso, incluso apasionado.

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Los voces del No fueron mas fuertes que los voces delSi, aunque casi todos los medios de comunicaciónadoptaron una posición favorable al tratado. La iz-quierda francesa, –el Partido Comunista, los trotskis-tas, sectores del Partido Socialista y de los verdes, partedel movimiento sindical especialmente la CGT, y aso-ciaciones como ATTAC– planteó los temas clave deldebate: el carácter ultra-liberal del tratado constitu-cional y el fuerte énfasis en la competencia como hiloconductor del tratado. Lograron crear un enlace entrela competencia casi irrestricta, la relocalización deempresas, la competencia salarial y el desempleo(Becker 2005b).

Los números son inequívocos. En la Europa de los15 [la UE antes de su reciente ampliación, NT], el des-empleo creció del 7,4% al 8,1% entre 2001 y 2004. Laparticipación de los asalariados en el producto na-cional bruto de la UE va en una caída a largo plazo:de 73,4% en 1962, paso a 69,2% en los anos 90, paraalcanzar al 68% en 2004 (Grahl 2005: 25).

Además, se criticó el modo de integración de lospaíses de Europa del este, a los cuales simplemente seles impuso el Acquis Communitaire de la UE. La rela-ción entre los salarios medios en los viejos y nuevosmiembros es de cinco a uno (Bohle/Greskovits 2004).La UE no diseñó políticas capaces de reducirsustancialmente esta brecha. Esos razonamientoshallaron un fuerte eco entre la población.

En Holanda el debate fue más diversificado. Lacompetencia también fue un tema clave, pero tomóuna forma más nacionalista. Según sondeos citadospor el diario turco Milliyet (2/6/2005), una eventualentrada de Turquía en la UE fue la razón principaldel rechazo de la constitución para el 40% de los vo-

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tantes del No en los Países Bajos, mientras eso alcan-zó un 12% en Francia.

La participación en los referenda fue alta: 70% enFrancia, 63% en los Países Bajos. El rechazo del trata-do constitucional también fue alto: 55% en Francia,62% en los Países Bajos. En Francia los obreros, losdesempleados y casi todos los sectores de la clasemedia rechazaron claramente el tratado constitucio-nal, mientras que los empresarios y los profesionalesintelectuales lo respaldaron. Se puede observar en-tonces una fractura social –de clase– muy nítida(Becker 2005a & b).

El rechazo del tratado fue interpretado tambiéncomo un rechazo de la forma actual de integración,aunque todavía no como un rechazo del procesointegrador como tal. Las claras mayorías del No enlos referenda contrastaron con un fortísimo respaldoal tratado constitucional en los parlamentos de Fran-cia y Holanda, dejando en evidencia un abismo entrerepresentados y representantes, –una crisis de repre-sentación. La crisis de representación no se limita alproceso integrador, sino que es bien perceptible enmuchas arenas políticas.

Con el giro liberal de muchos partidos de la iz-quierda, los asalariados han perdido sus represen-tantes políticos. Los liderazgos socialdemócratas sehan emancipado tanto de su basis organizativo comode las raíces sociales originales de la socialdemocra-cia. Su horizonte es esencialmente limitado por uncuadro conceptual liberal y su basis electoral consistecada vez más de sectores de la clase media. La con-versión de los partidos verdes no ha sido menos radi-cal. Muchos de ellos, hoy en día, representan princi-palmente la clase media alta. Estas conversiones han

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afectado de manera incisiva las relaciones entre par-tidos de (ex)izquierda y los movimientos sociales, tantolos viejos como los nuevos. Los lazos se debilitaron, aveces se rompieron.

La relación entre sindicatos y partidos socialde-mócratas es cada vez mas tensa. La cuestión más con-tradicha entre partidos socialdemócratas y sindica-tos es la (contra)reforma del Estado de bienestar. Den-tro de una lógica supuestamente implacable, variosgobiernos social-liberales han inclusive radicalizadoel desmonte de la protección social, iniciado con an-terioridad por gobiernos liberal-conservadores. Elgobierno «rojo y verde» alemán fue muy lejos en estadirección, cortando de manera brutal los beneficiospara cinco millones de desempleados.

Los sindicatos han tenido un rol de destaque en ladefensa de la seguridad social. No obstante, esta de-fensa ha sufrido de una limitación conceptual clave:no cuestionó el neo-mercantilismo subyacente en la(contra)reforma social. Su política salarial y de tiem-po laboral sufre de las mismas limitaciones. La su-puesta lógica de la competencia hace aceptar a secto-res claves de los sindicatos políticas salariales res-trictivas y extensiones de la jornada de trabajo (cf.Musacchio 2004).

Hay una tendencia en muchos sindicatos a tomarcierta distancia respecto de los partidos socialdemó-cratas. Comienzan a esbozarse nuevas alianzas entresectores del movimiento sindical y nuevos movimien-tos sociales como los alterglobalistas de ATTAC. Losnuevos movimientos sociales también tienen que en-carar el hecho de que los partidos de (ex)izquierdaresponden hoy mucho menos a sus demandas que enel pasado. En Alemania, activistas sindicales y –en

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menor medida– activistas del movimientoalterglobalista bajaron a la arena política formandoun nuevo partido de izquierda. Este nuevo partidoestá forjando una alianza con el Partido del Socialis-mo Democrático (PDS) que tiene sus raíces en la exRepública Democrática Alemana (Thimmel 2005). Lagran cuestión que queda abierta es si tal partido po-drá desarrollar un nuevo relacionamiento con losmovimientos sociales –como lo hizo RifondazioneComunista en Italia– y una concepción adecuada dela democratización de las políticas económicas. Laofensiva liberal-empresarial ha recolocado en el cen-tro del debate viejas cuestiones sociales –y de clase–tales como propiedad privada, distribución,dolarización e incertidumbre social. Los nuevos mo-vimientos sociales muchas veces no lograron ligar,por ejemplo, las cuestiones ecológicas y de otro tipocon lo social, lo que contribuyó a la marginación deestos debates.

La capacidad de presión de los movimientosemancipatorios también sufrió un revés por la rees-tructuración de las arenas políticas. Los centros dedecisión están cada vez más aislados de las presio-nes populares. Hay una tendencia a ladesparlamentarización de la política. Muchos par-tidos de derecha, desde el Partido Austríaco de laLibertad (FPÖ) a los conservadores de Gran Breta-ña, pasando por Forza Italia, abogan por el fortaleci-miento del poder ejecutivo y por la intermediaciónde los intereses a través de los medios de comunica-ción de masas, antes que por la intermediación deintereses mediante instancias sociales intermedia-rias como los sindicatos, que por sí mismos ya ha-bían sido debilitados por las transformaciones

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socioeconómicas (cf. p.ej. Ingrao y Rossanda, 1995;Ginsborg, 2005).

Mientras el fuerte énfasis en el poder ejecutivo tie-ne paralelos con el período de entreguerras, las estra-tegias con tonalidades autoritarias del liberalismoactual, en su tentativa de atomizar a los movimientossociales, se diferencian claramente de la presenciaautoritaria del Estado en las organizaciones sociales,tal como fue procurada en los años 1920–1930.

En Gran Bretaña esa política fue implementadamuy temprano y muy consecuentemente por el go-bierno Thatcher, que estaba especialmente próximo alos intereses (financieros) de la City londinense (cf.p.ej. Jessop, 1991: 148 y ss.). También en la discusióny en el desarrollo de la política en Italia, quedó claroque este tipo de transformación del papel del Estadofue impulsado más por los intereses del capital y dela clase media en determinados sectores de servicios,que por el capital industrial (Bagnasco, 1996: 37 yss.). La conservación de determinados elementoscorporativistas sintoniza perfectamente con los inte-reses de partes del capital industrial, que están inte-resadas en lograr condiciones generales estables paratomar decisiones sobre inversión y estrategias de acu-mulación orientadas al largo plazo.

Más allá de la política monetaria, también las po-líticas exterior y militar están específicamente prote-gidas contra un control democrático. Esto se volvióespecialmente patente en las negociaciones sobre laantigua Yugoslavia y en la trascendente decisión afavor de una intervención de la OTAN en aquel país.

Las modificaciones de acceso a los centros de de-cisión y de los discursos, se traducen también en trans-formaciones en la política nacional. Bajo el punto de

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vista político-democrático el desmonte del papel so-cial del Estado, inclusive las crecientes medidas coer-citivas contra los beneficiarios de la ayuda social yespecialmente los desempleados, son especialmentegraves (cf. Dahrendorf, 1997).

A nivel regional, las perspectivas han sido un pocomás ambivalentes. Las estrategias de acumulación delcapital y las estrategias de desarrollo de las institu-ciones estatales durante las últimas dos décadas rele-garon las demandas en masa a un segundo plano.Con eso, también perdió importancia la unificaciónde las condiciones de vida en los diversos países. Alcontrario de este proceso, el potencial endógeno dedesarrollo de las regiones ganó importancia comopunto de partida para crecientes actividadesexportadoras (cf. panorama en Pecqueur, 1996).

Especialmente las regiones prósperas alzaron rá-pidamente su voz reclamando por mayor autonomía.El objetivo de los regionalistas era poder utilizar máslos potenciales de la propia región, sin tomar mayo-res consideraciones hacia las regiones más pobres.Ejemplos de la expresión política del chauvinismoregional de bienestar son la Lega Nord, los autono-mistas burgueses de Cataluña (que además tienentambién raíces emancipatorias) y las exigencias de laUnión Social Cristiana en Baviera, de unaregionalización de la seguridad social.

En algunos estados, hasta ahora todavía centrali-zados como Italia o España, los movimientos autonó-micos han conquistado tanto una descentralizacióncomo también una parlamentarización de la políticaregional. Aún en la Gran Bretaña, donde el gobiernoThatcher en buena medida había arrasado gran partede la administración autónoma de los municipios, el

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Labor Party se decidió en su viraje liberal por el esta-blecimiento de parlamentos regionales para Escociay Gales.

Al mismo tiempo hay tendencias en dirección asustraer parte del aparato estatal al control democrá-tico, a través de la externacionalización en organiza-ciones “autónomas”. La autonomía de acción de losniveles inferiores del Estado muchas veces está noto-riamente limitada por el estrangulamiento financie-ro. Este modelo político puede ser visto aún en unsistema federativo tan consolidado como el de Ale-mania (cf. Borchert, 1995: 285 y ss.)

En las dos dimensiones de la democracia –la am-plitud de participación en las decisiones y el alcancede éstas– hay tendencias claras hacia ladesdemocratización tanto a nivel supranacional comonacional, tendencias que destruyen nuevamente lasconquistas hechas en la posguerra. La desdemocra-tización es parte integrante del actual proyecto liberalde Estado, destinado a dar soporte a una acumulaciónde capital ficticio o a estrategias en el ámbito de la pro-ducción volcadas a la exportación.

Por la creciente escisión entre espacio económicoy territorialidad de la regulación política, la correla-ción de fuerzas se dislocó a favor del capital. Estecambio en la correlación de fuerzas fue consolidadomediante un estrechamiento de los canales de accesoa los centros de decisión política. Especialmente ca-racterístico de ese estrechamiento son el fortalecimien-to del poder ejecutivo a expensas de las institucionesparlamentarias y la eliminación de los mecanismosdemocráticos de control sobre partes esenciales delaparato del Estado, en especial los bancos centrales.El cambio en las posibilidades de acceso a los centros

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de decisiones políticas abre camino para el desmontedel papel social del Estado.

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Una primera versión de este artículo fue publicada en Civitas Nº 1,junio 2001, Pontificia Universidad Católica, Porto Alegre, Brasil.Esta nueva versión fue corregida y ampliada por el autor y tradu-cida por J. da Cruz.

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¿Radicales?Conflictos ambientales

y ecologismo en laAmazonía ecuatoriana

Guillaume Fontaine

Introducción. Petróleo y conflictosambientales en el Ecuador

Las actividades petroleras han generado un sinnú-mero de conflictos ambientales en la región amazónicaecuatoriana (RAE), algunos muy polarizados y hastaviolentos, otros de baja intensidad –o latentes– quepueden desembocar en medidas de hecho o en con-flictos abiertos. El ejemplo más emblemático de estaevolución es quizá el “caso Texaco”, una demandaplanteada en Estados Unidos por 30 000 habitantesde la RAE en contra de la empresa estadounidense,por la contaminación que produjeron sus activida-des entre 1972 y 1992. Más aún, con la aceptación porel presidente de la Corte Superior de Nueva Loja el 13de mayo 2003 de iniciar un juicio contra Texaco –quese había fusionado entre tanto con Chevron–, este casose volvió un referente imprescindible para entenderlos conflictos ambientales actuales en toda la RAE yhasta a nivel internacional. (Yanza, 2004).

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Cierto es que no fue el primer conflicto ambiental porpetróleo que estalló en el Ecuador. Basta con recordar elconflicto entre la Organización de los pueblos indíge-nas del Pastaza (OPIP) y el consorcio Arco-AGIP quearrancó en 1989 con la exploración sísmica del bloque10 en la provincia Pastaza (Fontaine, 2004). Esta con-frontación entre los indígenas –quichua en su mayo-ría– y el consorcio petrolero apoyado por el Estado si-gue siendo un referente histórico para las poblacionesdel centro y el sur de la RAE, que pidieron hace ya 15años una moratoria de las actividades petroleras.

Desde 1996, los quichuas del Pastaza –en particu-lar en la comuna de Sarayacu– están en conflicto conla empresa argentina CGC –operadora del bloque 23–y el Estado ecuatoriano. Por su lado, los shuar y achuardel Transcutucú (Morona) han logrado paralizar lasactividades de la empresa norteamericana Burlington–que compró los activos de Arco Oriente en el bloque24–, mediante una acción de amparo constitucionalen 2000 (CDES, OPIP, 2002; López, 2004).

Ahora bien, el “caso Texaco” es un referente cons-tante en esos conflictos, en particular por el efectodemostrativo de la contaminación que sigue afectan-do al norte de la RAE hasta la fecha, y que fue docu-mentada desde 1991 en el informe de Judith KimerlingAmazon Crude. No solo los ecologistas ven este casocomo una “clave para cuestionar el modelo petroleroen el Ecuador” sino también destacan que, ademásde sus aspectos judiciales, abarca la organización yla educación popular en las comunidadesamazónicas y el compromiso del Estado ecuatoriano(Ramos, 2000: 228; Jezic, 2001: 185).

Por otro lado, la presencia de núcleos de organi-zaciones sociales –ampliados y consolidados por la

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existencia del conflicto alrededor de la herencia de-jada por Texaco– contribuye a mediatizar estos im-pactos, en particular a través del Frente de Defensade la Amazonía, una organización “paraguas” queagrupa a 17 organizaciones locales. Así, pese a lascondiciones de precariedad y las relaciones de po-der extremadamente desequilibradas que afectan ala población indígena y campesina local, ésta de-muestra una creciente capacidad de presión y nego-ciación con las empresas petroleras, reforzada porsu creciente capacidad de interpelación del Estadoecuatoriano a través de la opinión pública nacionale internacional.

En este contexto resulta tentador ver en los con-flictos ambientales por la extracción de petróleo en elEcuador la expresión de un “ecologismo de los po-bres”, tal y como lo han planteado algunos observa-dores. Si tal fuera el caso, estaríamos presenciando laemergencia de un movimiento social ecologista cuyopropósito central es, al parecer, incidir en las políti-cas públicas en el sentido de una mayor justicia so-cial y ecológica. Este artículo discute esta tesis a par-tir del estudio de 1150 conflictos ambientales localescon la empresa petrolera estatal Petroecuador surgi-dos entre 1994 y 2002.

La idea que se defiende aquí es doble: no todo con-flicto ambiental genera o es generado por un movi-miento social, y no conviene restringir un movimien-to ecologista a su expresión radical. En primer lugar,porque esta aproximación no refleja la diversidad delas acciones colectivas ni la heterogeneidad de losactores sociales involucrados en aquellos conflictos.En segundo lugar, por que ello obvia una dimensiónclave de los conflictos: la institucionalización posible

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de los arreglos que permite que la sociedad civil inci-da en la definición de un nuevo modelo de desarrolloa través de la reforma de las políticas públicas y si-guiendo procedimientos democráticos.

En una primera parte presentamos el contexto dedéficit de gobernabilidad en el cual se han multipli-cado los conflictos ambientales por la explotaciónpetrolera en la RAE e intentamos relacionarlo con lasprincipales tesis del ecologismo popular. En la se-gunda parte, presentamos los resultados del estudiode caso con el afán de evidenciar la relación complejaentre contaminación, conflictos y crisis degobernabilidad democrática.

Conflictos ambientales y gobernabilidaddemocrática. El déficit de gobernabilidaddemocrática en la Amazonía ecuatoriana

Los conflictos ambientales en el norte de la RAE sedesarrollan en un contexto de pobreza endémica yfalta de integración al ámbito nacional (Fontaine, 2003a). Históricamente, la colonización de esta regiónperiférica sirvió de sustituto a las reformas agrariasde los años sesenta y setenta. Cuando Texaco saliódel Ecuador, en 1992, todos los indicadoressocioeconómicos de desarrollo de la provincia deSucumbíos quedaban por debajo de los promediosnacionales: la esperanza de vida era un año menor alpromedio nacional, 63 contra 64; el personal de saludapenas representaba 11,3 por cada 10 000 habitantescontra cerca de 30; la tasa de mortalidad infantil al-canzaba el 62,6‰ contra el 53,2‰; el analfabetismofuncional superaba el 30% pero era 25% para el país;menos del 9% de las viviendas tenían acceso a una

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red de alcantarillado mientras en el país lo tenía el39,5%; menos del 40% tenían acceso al servicio eléc-trico ante 77,7%; y apenas el 5,5% de los hogares dis-ponían de agua entubada mientras que el serviciocubría el 38,2% de los hogares (SIISE 2000; Infoplan1999).

Un estudio realizado diez años después demues-tra que existe una correlación entre la presencia de laindustria petrolera y la agudización de los déficit deinfraestructura, equipamiento y calidad de viviendas,junto con bajos indicadores de educación, salud ypobreza (Bustamante y Jarrín, 2005). A partir de uncentenar de variables sociales se evidencia que lasactividades petroleras no son un factor determinantepara el bienestar de las poblaciones amazónicas, yello sin tomar en cuenta los impactos ambientalesgenerados.

Esta situación se inscribe en un contexto de “défi-cit” de gobernabilidad democrática, en la medida enque las demandas de la sociedad y las respuestas delsistema institucional entran en desequilibrio crónico,lo que se traduce por la aparición de “anomalías”percibidas como inaceptables por los actores organi-zados, que amenazan la estabilidad institucional porla presión política. Se dan incluso “crisis” degobernabilidad democrática, cuando aquellas anoma-lías se multiplican y constituyen “un conjunto dedesequilibrios inesperados y/o intolerables entre de-mandas sociales y respuestas gubernamentales”(Camou, 2001: 39).

En su dimensión política, esto se traduce por lafalta de eficiencia del sistema institucional. Este as-pecto corresponde a la crisis de “governance” en laliteratura anglosajona, cuya traducción propia es

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“gobernanza” (Solà, 2000). Señales de ello son la con-fusa división o la superposición de competencias en-tre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, laineficiencia de los mecanismos de control y la insufi-ciente responsabilidad del Estado frente a la ciuda-danía (en el sentido del inglés “accountability”).

Por ejemplo, es notoria la dificultad de acceder alos informes de monitoreo ambiental de la Direcciónnacional de protección ambiental (cuando existen).También es conocido el control del ministerio de Ener-gía y Minas en materia ambiental para la validaciónde los estudios de impacto y los planes de manejoambiental producidos por las empresas, salvo en áreasprotegidas, que son del dominio del ministerio delAmbiente. A ello se agrega la falta de coherencia delas políticas públicas entre sí, particularmente tajan-te en el caso de las políticas energética y extractiva,ambiental y neoindigenista. Ello es particularmenteobvio en el caso de la Reserva del Cuyabeno y el Par-que Nacional Yasuní, con la superposición de áreasprotegidas, territorios indígenas legalizados y bloquespetroleros. (Fontaine, 2003 b: 383-396).

En lo económico, el déficit de gobernabilidad setraduce ante todo por el peso de la deuda externa y laexcesiva dependencia por parte del Estado central ysus organismos seccionales de los ingresos de las ac-tividades petroleras en el Ecuador, que sostienen elproceso de dolarización llevado a cabo en el 2000(Ibíd.: 89-142). Se traduce también por la conforma-ción de economías de enclave y la insuficiente inte-gración de la RAE al mercado nacional, así como porla privatización de la política social, es decir, la dele-gación de responsabilidades sociales a las empresas,tanto la pública como las privadas. Esta política se

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opone a la falta de autonomía financiera dePetroecuador, que desemboca en presupuestosoperativos restringidos para enfrentar la crisis am-biental y social en la cual está sumergida la pobla-ción del norte de la RAE.

En lo social, es notoria la persistencia de la pobre-za y las patologías sociales que 32 años de explota-ción petrolera no han sino profundizado. Otro factorde crisis de gobernabilidad democrática en este ámbi-to es la falta de autonomía de los movimientos socia-les frente a los poderes locales, así como la falta deactores estratégicos encargados legítimamente de re-presentar los intereses colectivos de las poblacionesafectadas por las actividades petroleras, a excepciónnotable del Frente de Defensa de la Amazonía –queencabeza el juicio contra Chevron-Texaco junto con17 de sus miembros, organizaciones de primero y se-gundo grado.

Finalmente, en su dimensión ética, cabe mencio-nar el clientelismo, el nepotismo y la corrupción queobstaculizan el ejercicio de la democracia tanto al ni-vel local como regional. Pero el mayor problema es lafragilidad del tejido social y la ausencia de una ver-dadera identidad regional, asumida por las pobla-ciones. Este fenómeno fue reconocido en el “diagnós-tico del Consejo Provincial de Sucumbíos” realizadoen 2002 con las juntas parroquiales locales, organi-zaciones comunitarias, municipios, instituciones yorganismos provinciales, etcétera. No sobra decir quecontrasta con la importancia de la problemática terri-torial y la vitalidad de las reivindicaciones identitariasplanteadas por el movimiento indígena amazónicodesde los años 80, a pesar de las divisiones que atra-viesan a la Confederación de Organizaciones Indíge-

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nas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) entorno al tema petrolero.

Con estos antecedentes resulta tentador ver en losconflictos ambientales que se multiplicaron en estazona por la contaminación petrolera una expresióndel ecologismo popular, susceptible de cuestionarradicalmente el modelo de desarrollo del Ecuador.

La economía ecológica y los conflictosambientales

Inicialmente, “ecologismo popular” o “ecologismo delos pobres” designa a movimientos colectivos de la In-dia, que perfeccionaron una serie de instrumentos deacción directa para enfrentar proyectos productivos oextractivos con altos costos ambientales, en pos de con-seguir “justicia social”. Este tipo de movimiento socialse opone al ecologismo de corte “conservacionista” o“naturalista”, desarrollado en Europa y Estados Uni-dos, y tiene cierto parentesco con el movimiento esta-dounidense de “justicia ambiental”. Este enfoque in-tenta refutar la tesis según la cual el ecologismo surgióen países ricos por un cambio “transgeneracional”hacia valores “postmaterialistas” (Guha, 1994;Martínez Alier, 2002).

En palabras su principal teórico: “La hipótesis detrabajo en la búsqueda del ecologismo de los pobreses que, si aceptamos que el sistema de mercado gene-ralizado y/o el control del Estado sobre los recursosnaturales implican una lógica de horizontes tempo-rales cortos y de externalización de los costesecológicos, entonces, los pobres, al pedir el acceso alos recursos contra el capital y/o contra el Estado,contribuyen al mismo tiempo a la conservación de los

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recursos. La ecología de la supervivencia hace a lospobres conscientes de la necesidad de conservar losrecursos.” (Martínez-Alier, 1994: 326-327)

La segunda tesis que fundamenta este tipo deecología política procede de la economía ecológica,que opone a la sostenibilidad “débil” acogida tras elInforme Brundtland, un concepto de “sostenibilidadfuerte” que dé cuenta de los aspectos “inconmensu-rables” de la diversidad biológica y humana (Falconi,2002).

Así, el ecologismo de los pobres nace de una divi-sión de las tareas entre la economía ecológica, encar-gada de estudiar las tensiones entre economía y me-dio ambiente, y la ecología política, que se preocupapor los conflictos ambientales desde el enfoque de ladistribución ecológica (Martínez-Alier, 2004: 21). Estaespecialización se basa en dos premisas: en primerlugar el abandono de cualquier intento de corregir lacontabilidad macroeconómica para internalizar lasexternalidades ambientales (ibíd.: 26); y en segundolugar la idea según la cual el valor de lasexternalidades depende de la fuerza de los movimien-tos ecologistas (Martínez-Alier, 1997: 42).

A partir de una lectura anarquista de los movi-mientos colectivos se da un vuelco al lema que de laConferencia de Estocolmo de 1972 a la de Río en 1992fue repetido hasta el agotamiento: la pobreza es elmayor factor de degradación ambiental y el mayorobstáculo al desarrollo sostenible. En vez de conside-rar a los pobres como una amenaza para la diversi-dad biológica se los erige en actores garantes de unnuevo orden económico internacional: “Frente a lapobreza, la degradación ambiental, la explotacióninterior y exterior, vivimos actualmente el inicio de

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un gran movimiento de neo-narodnismo ecológico (ocomo Víctor Toledo lo llama en México, de neo-zapatismo ecológico), entre los intelectuales y los ac-tivistas pero también entre los grupos indígenas so-brevivientes, entre los campesinos y los pobres de lasciudades.” (ibíd.: 332)

Más allá del entusiasmo suscitado por el levanta-miento de San Cristóbal de Las Casas, estas líneastienen un fuerte contenido programático, que ha idoprofundizándose a lo largo de la siguiente década.Con el afán de identificar los “movimientos socialesque se quejan y actúan (o no actúan) contra lasexternalidades locales y globales” se inventariarondecenas de conflictos ambientales que van desde la“biopiratería agrícola” (sic.) a los conflictos urbanos,pasando por aquellos que se dan por la extracción depetróleo, la conservación del manglar y contra lasplantaciones (Martínez-Alier, 1997). De paso, se notauna creciente confusión entre los “conflictosecológico-distributivos”, sinónimo de “conflictosecológicos” y “conflictos ambientales”, y el “movi-miento ambientalista”, sinónimo de “movimientoecologista” y “ecologismo de los pobres”.

Esta confusión se justifica en la medida en que lapreocupación central de la economía ecológica nose dirige tanto hacia el entendimiento y la caracteri-zación de los conflictos o de los movimientos colec-tivos sino, al parecer, a su utilización como ejemplosen una crítica dirigida al capitalismo neoliberal.Desde luego, poco importa que los actores de esosconflictos usen diversos lenguajes (Martínez-Alier,2004: 28), pues todos luchan por la justa valoraciónde los daños ambientales –incluido lo inconmensu-rable, valga la repetición. Tampoco importa mucho

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que los conflictos encuentren soluciones, pues lapublicidad que genera cada conflicto incita a losdemás pobres a luchar contre las fuerzasdepredadoras (sic.) del medio ambiente a nivel localy global (Martínez-Alier, 2002: 53).

El análisis de conflictos ambientales en estos tér-minos sufre serios reparos, algunos de los cuales fue-ron formulados por la historia ambiental, otros por lasociología ambiental. Una crítica general está dirigi-da explícitamente al uso abusivo del concepto de“ecologismo de los pobres”. A partir de cinco conflic-tos históricos en Chile, se evidencia que no se oponennecesariamente pobres contra ricos; y aun cuando esel caso, los pobres no desarrollan necesariamente una“conciencia ambiental”. Es más, las luchas o conflic-tos “que emanan de la relación sociedad/naturalezay que tienen un contenido ambiental innegable, sóloen contadas ocasiones desembocan en “ecologismo”(de los pobres)” (Folchi, 2001: 94).

La tesis desarrollada aquí es que cualquier pro-ceso de “cambio ambiental” (y no solo los daños am-bientales) puede generar un conflicto, independien-temente de la valoración de la naturaleza. Luego,establece una distinción entre “tensión ambiental”,es decir la situación que antecede un conflicto, y “con-flicto de contenido ambiental”, que designa los ca-sos en los que “no ha penetrado una conciencia am-biental, es decir donde no existe una ideología (oideario) ambientalista arraigado en la base social”(ibíd.: 92).

Una segunda crítica atañe al reduccionismo queconlleva la categoría de “conflictos de distribuciónecológica”, pues ésta última no deja de ser una formade racionalidad económica (Leff, 1997: 72). Se admite

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generalmente que la lucha por el control de recursosescasos es una dimensión central de aquellos conflic-tos, pero la sociología ambiental evidencia otras di-mensiones, en particular culturales. Ahora bien, en lamedida en que estas dimensiones no tienen valor eco-nómico –y no solo crematístico– el análisis de conflic-tos ambientales a la luz de la economía ecológica lle-va a un callejón sin salida. En efecto, esta perspectivano da suficiente importancia a las estrategias de po-der y las formas de racionalidad en las cuales seenmarcan las acciones: “Por ello conviene no reducirel campo de la ecología política a los conflictos de“distribución ecológica”. Los nuevos movimientos so-ciales están internalizando demandas ambientalesdentro de luchas que no son sólo de defensa del am-biente y los recursos, sino por la democracia, la auto-nomía y la autogestión” (ibíd.: 73).

Ello nos lleva a redefinir el objeto de estudio y so-bre todo a depurar el marco analítico de la ecologíapolítica de su dimensión teleológica. Al respecto, esmuy sugerente el aporte de la sociología de los con-flictos ambientales, que considera sus dimensionesmúltiples: además de ser distributivos, en el sentidode incluir impactos ambientales, sociales, culturalesy económicos, son políticos, incluyen relaciones defuerzas como por ejemplo entre aspectos técnicos ycientíficos versus conocimientos tradicionales, sonterritoriales cuando implican a poblaciones indíge-nas y, por último, tienen un potencial político de trans-formación social: “El desafío específico que los con-flictos ambientales locales plantean a los profesiona-les latinoamericanos comprometidos con el cambiosocial es el de forzar mesas de negociación formaldonde se definan compensaciones y criterios para

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distribuir los costos y beneficios ambientales, econó-micos y sociales de los proyectos de inversión. Algoasí como un ejercicio práctico y democrático de eco-nomía política” (Sabatini, 1997: 63).

Se han identificado una serie de “tensiones” queconllevan los conflictos ambientales locales. Entreellas, vale mencionar aquellas entre el rol de media-ción y de negociación asumido por las autoridadeslocales, así como el rol de participación y de negocia-ción asumido por las comunidades. También valemencionar las tensiones entre las aspiracionesdemocratizadoras de las organizaciones de la socie-dad civil y las relaciones de poder internas que lascaracterizan, entre la defensa de la economía territo-rial y la defensa del medio ambiente, o entre elecologismo “disciplinario” (o ecologismo stricto sensu)y el ecologismo “político distributivo” que contemplalos impactos no ambientales como la distribución deriqueza desigual (ibíd.: 64-649).

La tesis según la cual los conflictos ambientalesserían la expresión de contradicciones fundamenta-les generadas por el capitalismo neoliberal a escalalocal y global se sustenta en una lectura economicistade aquellos conflictos. Busca conciliar los aportes dela economía ecológica y aquellos de la ecología políti-ca a través del estudio de conflictos calificados de“ecológico distributivos”, cuyos actores sociales sepercatan de los límites de la “sostenibilidad débil”defendida por el mercado y un sector importante delsistema internacional.

Sin embargo, aparece una confusión entre los ni-veles de análisis, no solo entre lo que es y lo que debe-ría ser un conflicto ambiental, sino también entre losmotivos que empujan a una población pobre a en-

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frentarse con el Estado y los actores del mercado y elnivel de conciencia ambiental que ellos asumen. Elestudio de los conflictos por contaminación petroleraen la Amazonía ecuatoriana debería ayudarnos a dis-cutir estos planteamientos.

Manejo de conflicto y crisis de gobernabilidad.Petróleo y contaminación

Algunos se asombran por la escasez de conflictos enesta zona, a pesar de la importancia de la contami-nación generada hasta la fecha por las actividadespetroleras. De hecho, los conflictos ambientales lo-cales del norte de la RAE son mucho menosmediatizados que los conflictos del centro y del sur.Una primera explicación plantea que la política derelaciones comunitarias de la empresa estatal, prin-cipal operadora en la zona, busca el debilitamientode las organizaciones y comunidades locales me-diante la división y la presión, o sencillamente com-prando la paz social con pequeñas obras de com-pensación (Petroecuador, 2000: 81-218). En particu-lar, esta tesis sostiene que el manejo de los conflictosambientales es asumido por la Oficina de asesoríalegal de Petroproducción, con métodos “de imposi-ción e intimidación” (ibid.: 174-175).

Una segunda explicación considera que la insufi-ciente capacidad de organización de la población lo-cal impide a los afectados llevar a cabo acciones con-certadas y reclamos ante las autoridades ecuatoria-nas (Acción Ecológica, 2003). A partir de una encues-ta entre 237 familias, ubicadas en 342 sitios que cuen-tan con infraestructuras petroleras (pozos o estacio-nes) donde se reportaron 126 derrames de petróleo en

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los últimos años, se destaca que sólo un 25% de losafectados se dirigió a su organización (precooperativao cooperativa, organización popular, juntaparroquial, comunidad cristiana, organización barrialo comité pro mejoras). Esta falta de protesta se deberíaa divisiones en el seno de las organizaciones, o porque no se trata el tema de contaminación en las re-uniones, o hasta por miedo a no obtener beneficios deobras sociales de compensación y de fuentes de tra-bajo en la empresa estatal. Tan solo en un 12% de loscasos se planteó la posibilidad de demandar a la em-presa y en un 10% se contemplaron medidas de he-cho como paros, denuncias públicas, ocupación desitios, cartas públicas de denuncia y hasta prenderfuego a una piscina. En un 8% se contempló el diálo-go con la empresa y en un 7% con las autoridades,mientras que en un 2% de los casos se decidió esperary en otro 2% se dice que la empresa se arregla directa-mente con los dirigentes. (ibíd.: 87-89).

Ambas explicaciones –tomadas juntas o por sepa-rado– son insuficientes: la primera es algo simplistay hasta maniqueísta; y la segunda, aunque asevera-da, es incompleta. En realidad, un estudio realizadopor el Observatorio Socio Ambiental de FLACSO en2002-2003 revela que, en el periodo 1994-2002, laempresa estatal Petroecuador emitió más de 2 600actas para indemnizaciones, compensaciones y me-didas diversas tan sólo en las oficinas de relacionescomunitarias y de asesoría legal (Observatorio SocioAmbiental, 2003, en Fontaine, 2005).

Entre éstas, 1 150 atañen a indemnizaciones o com-pensaciones por contaminación o muerte de anima-les, es decir, son el resultado de negociación para laresolución de conflictos ambientales locales.

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El estudio se realizó en el área de influencia direc-ta de los campos Shushufindi y Sacha, respectiva-mente operados desde 1969 y 1971. Estos campos,que fueron descubiertos por el consorcio Texaco-Gulf,son los más importantes en la producción petroleranacional y se encuentran en el Distrito Amazónico,un área de 49 160 kilómetros cuadrados que cubre 35parroquias, operada por Petroecuador. A mediadosde la década del ochenta acumulaban el 74% de laproducción total del consorcio CEPE-Texaco, mien-tras que el 26% de la producción restante salía deotros 12 campos (Gordillo, 2003: 238). Entre 1981 y1989, se invirtieron 92,5 millones de dólares enShushufindi, con el objetivo de recuperar los pozosprofundos y subir la producción a 110 000 barrilespor día (ibid.). Por lo tanto, en el periodo de estudio,de 1994 a 2002, ambos campos siguieron represen-tando el mayor porcentaje de la producción acumula-da, aunque desde mediados de la década de 1990Shushufindi haya perseguido un decrecimientotendencial.1

La población ubicada en el área de estudio suma43 733 habitantes, repartidos entre cinco parroquias,en un total de 1 726,49 kilómetros cuadrados. Alrede-dor de la mitad de la población se concentra en lascabeceras cantonales. La Joya de los Sachas es la pa-rroquia más densa, con 50,8 habitantes por kilómetrocuadrado, seguida por Shushufindi, con 43,5.Limoncocha es la menos densa del área con 6 habi-tantes por kilómetro cuadrado mientras Enokanquiocupa un lugar intermedio con 22, seguido por SanCarlos con 17,8.2 En el área de influencia directa delcampo Shushufindi se ubican 100 comunidades decampesinos colonos y algunas comunidades indíge-

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nas: cuatro quichuas, una shuar, dos secoya y unasiona. En el campo Sacha se ubican 25 comunidadesde campesinos colonos y 6 quichuas (Petroecuador,2000: 88-89).

Tanto la duración de vida de los campos Sacha yShushufindi, como su importancia relativa en la pro-ducción regional, se traducen por una concentraciónexcepcional de infraestructuras petroleras en el áreade estudio: 105 pozos, cinco estaciones de almacena-miento, una refinería, una planta procesadora de gas,un gasoducto en el campo Shushufindi; 191 pozos,cuatro estaciones en el campo Sacha.3

Por otro lado, estos campos cuentan con los mayo-res pasivos ambientales de la era Texaco. Salvo pocasexcepciones, las operaciones realizadas conjuntamen-te por Texaco y Petroecuador entre 1995 y 1998 selimitaron a recubrir con tierra piscinas y pozos inac-tivos para luego sembrar árboles o pasto. SegúnPetroproducción, el Distrito Amazónico cuenta con353 piscinas heredadas de la era Texaco, que contie-nen 12 517,72 metros cúbicos de crudo y 468 987,19metros cúbicos de aguas residuales. Ambos camposagrupan el 43% de las piscinas, el 12% del crudo y el46% del volumen de aguas residuales.4

Sin embargo, los resultados de un inventario in-dependiente realizado en el 2000 contrastan sensi-blemente con los datos proporcionados porPetroecuador.5 En este informe, se identificaron 524piscinas de la era Texaco, el 52% de las cuales se ubi-can en los campos Sacha y Shushufindi. Si bien escierto 96 piscinas están bien remediadas, 64 fueronmal remediadas y 126 fueron simplemente recubiertascon tierra. Por otro lado, 34 piscinas están secas conmuestras de contaminación en el suelo, 64 contienen

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agua salina y 78 contienen crudo flotante o lodos deperforación.6

En tercer lugar, el área ha sido afectada por unacontaminación crónica en el periodo de estudio. Apartir de los informes de contingencia realizados porla Unidad de protección ambiental (UPA) dePetroproducción se puede evaluar la magnitud de lacontaminación provocada por los derrames en loscampos del Distrito Amazónico entre 1994 y 2002. Elvolumen derramado en el Distrito Amazónico en esteperiodo alcanza 32 611,5 barriles, es decir, 304,8 ba-rriles por mes durante nueve años. Al nivel regional,la tasa de recuperación promedio fue del 68% en esteperiodo. El mayor volumen de derrames se registra enel campo Sacha, con 20 132,5 barriles y 17 759 barri-les recuperados, o sea, un promedio mensual de188,15 barriles derramados y una tasa de recupera-ción promedio del 88,2%. En el campo Shushufindi elvolumen derramado promedio es de 21,6 barriles pormes. La información sobre las superficies afectadas,tan sólo disponible desde el año 1997, confirma queel campo Sacha está entre los más contaminados delDistrito Amazónico, con un promedio anual afectadode 63 637 metros cuadrados, muy superior aShushufindi que es de 37 842.

Al origen de los accidentes que ocasionaron pér-didas de petróleo crudo en la naturaleza, encontra-mos accidentes de mantenimiento o demoras en ope-raciones de renovación de los equipos, rupturas delos conductos secundarios provocadas por el uso y laoxidación o por errores de manipulación, robo decombustible y hasta actos de sabotaje. Comparado conlas voladuras de oleoductos en Colombia, este últimofenómeno es todavía marginal en el Ecuador. En cam-

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bio, los errores de manipulación en tareas de mante-nimiento son bastante frecuentes, trátese de cambiaruna conducta o de regular la presión en la red deoleoductos. Otra causa de accidentes proviene delhecho de que los oleoductos raras veces fueron ente-rrados y pueden ser atropellados por carros o máqui-nas agrícolas. Finalmente, en últimos años, el intentode robo de tubería se ha vuelto una frecuente fuentede derrames.

Aparte de los accidentes, la principal causa decontaminación se debe a las prácticas pasadas y pre-sentes de la industria. La perforación de un pozo oca-siona a menudo el vertimiento de aguas de formaciónal medio ambiente, y la evacuación de aceites y pro-ductos químicos contenidos en estas aguas va direc-tamente a los ríos aledaños. La ausencia deremediación de las piscinas de aguas residuales pro-voca su desborde e infiltración en el subsuelo, en par-ticular en la temporada de lluvias. Ahora bien, nosolo ello no descarta los riesgos de contaminación,sino que también se traduce frecuentemente en la for-mación de campos de sal o de áreas estériles.

Es este el escenario en el cual conviene analizar elproceso de manejo de conflictos enmarcado por lapolítica de relaciones comunitarias de la empresaPetroecuador.

Manejo de conflictos y responsabilidad social

En la actualidad, tres entidades de la empresa petro-lera estatal ecuatoriana están involucradas en el ma-nejo de conflictos: la Oficina de relaciones comuni-tarias y la Oficina de asesoría legal de la Unidad deprotección ambiental de Petroproducción y la Ge-

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rencia de protección ambiental de Petroecuador. Laprimera tiene a su cargo la gestión de compensacio-nes en obras sociales mediante acuerdos colectivoscon las poblaciones afectadas por las operacionesde Petroproducción. La segunda es responsable delos acuerdos y convenios de indemnizaciones indi-viduales. La tercera interviene en la planificación dela política social y ambiental de Petroecuador y susfiliales.

En el periodo 1994-2002 se emitieron más de 2 600actas para indemnizaciones, compensaciones y me-didas diversas, tan sólo en las oficinas de relacionescomunitarias y de asesoría legal. Entre éstas, 1 150atañen a indemnizaciones o compensaciones por con-taminación o muerte de animales. Estos son los acuer-dos que resultan de negociación tras un conflictoambiental y que sistematizamos en este estudio.

Para medir el nivel real de riesgos de conflictosambientales en esta zona hemos considerado la co-rrelación de dos factores: el nivel de contaminación oriesgo ambiental7 y el nivel relativo de manejo de con-flictos relacionados con la contaminación 8 . En unprimer momento, calculamos dos coeficientes de va-riación con respecto al promedio parroquial del Dis-trito Amazónico: el de contaminación o riesgo am-biental (detallado según las causas) y el de manejo deconflictos mediante acuerdos y convenios. La corre-lación de ambos indicadores, ponderada por la den-sidad poblacional, da un índice de riesgo real de con-flictos en cada parroquia del área.

Ahora bien, el estudio revela una ausencia de co-rrespondencia entre los niveles de riesgo ambiental yniveles de asistencia a la población del área; eviden-cia que no existe correlación entre contaminación y

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manejo de conflictos. Limoncocha aparece con el ni-vel de riesgo real más bajo del área de estudio, con elíndice 17,9 9 , que coincide con un nivel de manejo deconflictos particularmente bajo (0,18). San Carlos seubica en segundo lugar, con el índice 35,3, que coinci-de con un nivel de manejo de conflictos intermedio(0,85). Enokanqui y Shushufindi se ubican en tercerlugar, con índices similares (56,8 y 57,2), pero el nivelde manejo de conflictos es el más bajo en Enokanqui(0,15) y más alto en Shushufindi (2,8). Finalmente, LaJoya de los Sachas muestra un altísimo índice de ries-go de conflicto (211) mientras que el nivel de manejode conflictos (1,9) se ubica por debajo de aquel deShushufindi.

A pesar de la profusión de acuerdos logrados conla empresa, la población local muestra cierta des-confianza hacia su política de relaciones comunita-rias. La presencia de fuentes permanentes de conta-minación –no necesariamente masiva– y la limpie-za y remediación incompletas crean un clima per-manente de tensiones. Cierto es que, para algunossectores de la sociedad civil, las relaciones conPetroecuador son buenas porque ésta contribuye aldesarrollo local: reconocen que hay problemas, de-bidos al incumplimiento de ciertos compromisos,pero consideran que la empresa se esfuerza por apor-tar al bienestar de aquellas comunidades medianteobras de compensación social.

En otros casos, el grado de frustración expresadoen contra de la empresa estatal es proporcional a lagravedad y las frecuencias de los derrames. Por ejem-plo, los numerosos derrames que se registraron en laJoya de los Sachas suscitaron fuertes críticas, princi-palmente debido a las demoras en la remediación y a

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la falta de planificación ambiental. Por último, en-contramos actitudes de franca desconfianza debidasa la repetición de reclamos y enfrentamientosirresueltos con la empresa. Este fenómeno es particu-larmente patente en las zonas de mayores impactossocioambientales, que coinciden con las zonas don-de las infraestructuras petroleras son a la vez másconcentradas y obsoletas, como en el caso deShushufindi.

Uno puede considerar que el tipo de manejo deconflictos analizado en nuestro estudio es “eficien-te”, desde el punto de vista de la empresa. No obstan-te, esta eficiencia tiene un alto costo al posponer untratamiento eficaz de las causas estructurales, pues“invisibiliza” los conflictos sin poder eliminarlos. Aconsecuencia, como Sísifo con su piedra 10 , tanto laempresa como el Estado están condenados a resolverlos problemas sin llegar a acuerdos consolidados, seacon comunidades, movimientos colectivos u organis-mos seccionales como municipios y consejos provin-ciales. Esto es lo que podemos llamar “la paradoja dela negociación eficiente”.

Conclusión: conflictos ambientalesy cambio social

La multiplicación de acuerdos o convenios que con-lleva la negociación caso por caso no garantiza la“paz social” ni al Estado y ni a una industria. Ambosadolecen de una imagen generalmente negativa entrela población amazónica y se volvieron el blanco delos movimientos ecologistas e indígenas. Por otrolado, la aplicación de un modelo de relaciones comu-nitarias de corte asistencial y contingente impide a la

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población local participar de supuestos beneficiossocioeconómicos de las actividades petroleras, aun-que siga padeciendo de sus impactos sociales y am-bientales negativos. En este sentido la negociación sevuelve un factor de crisis de gobernabilidad demo-crática no solo al obstaculizar la armonización de laspolíticas públicas con un modelo de desarrollo soste-nible, sino también al impedir la participación de lasociedad civil en la definición del mismo.

Este efecto perverso de los mecanismos de nego-ciación caso por caso es una clave esencial para en-tender la radicalización de los conflictos ambientalesen el país. En efecto, la falta de respuesta por parte dela industria petrolera y del Estado ecuatoriano a lasdemandas de la sociedad civil –por una política am-biental responsable y una política social equitativa–conlleva la radicalización de los conflictos ambienta-les en el centro y el sur de la RAE, que sueleacompañarse de la militarización de los espacios deconfrontación, como en el caso de Sarayacu (Pastaza).Frente a los impactos negativos generados por lasactividades petroleras en el norte de la RAE, la posi-ción de los movimientos indígenas y ecologistas secristaliza en torno a la defensa territorial y a la exi-gencia de una moratoria a aquellas actividades.

Sin embargo no existe en el Ecuador aquel“ecologismo popular” soñado por la ecología políti-ca inspirada por la economía ecológica. Existe unmovimiento heterogéneo de organizaciones sociales,ONG y comunidades implicadas en múltiples con-flictos ambientales, de magnitud y grados de polari-zación variables. En este escenario, los ecologistasradicales no ocupan un rango privilegiado y nadadeja pensar que podrían ocuparlo en el futuro, aun-

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que tengan una capacidad demostrativa suficientecomo para entorpecer la institucionalización de losarreglos mediante la acción directa y las campañasorquestadas a través de “redes de defensatransnacionales” (Keck y Sikkink, 2000) comoOilwatch, Amazon Watch o Rainforest Action.

Nuestro estudio demuestra que no se justifica lareducción de los conflictos ambientales a conflictosde distribución ecológica, ni menos aún entre conflic-to distributivo y conciencia ecológica. Las comunida-des afectadas por la contaminación petrolera luchanpor conseguir indemnizaciones y compensaciones;en este sentido, los conflictos en los cuales estáninvolucradas pueden leerse como conflictosdistributivos, siempre y cuando se reconozcan susdimensiones ambiental, social, política y económica.En estos conflictos locales ellas intentan sobrevivir yconseguir mayor justicia ambiental, pero difícilmentese las puede calificar de movimiento ecologista puesestán poco organizadas y su articulación con el ma-yor movimiento colectivo local –el Frente de Defensade la Amazonía– es débil.

Finalmente, la preocupación por la relación entrecambio social y conflicto ambiental no debe llevarnosa confundir el “pragmatismo” o la “racionalidadambiental” con una suerte de conciencia ambientalde clase. Por lo tanto, la ecología política debe preocu-parse más por identificar los factores de conflictosambientales que por la multiplicación de losinventarios de conflictos radicales como señales deuna hipotética revolución neocomunitarista. Esto esel propósito de la sociología de los conflictos ambien-tales, que estudia por un lado la relación entre mane-jo de conflictos y gobernabilidad democrática, y por

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otro los elementos constitutivos de un movimientosocial ecologista: una identidad definida, un adver-sario identificado y un proyecto formulado.

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Notas:

1 En el campo Shushufindi, el volumen de producción anual semantuvo alrededor de 40 millones de barriles entre 1988 y1993, luego inició un decrecimiento, hasta llegar a 24,3 mi-llones de barriles en 2001. En el campo Sacha, este volumense mantuvo alrededor de 24 millones de barriles entre 1988 y1994, luego inició un decrecimiento, hasta llegar a 16,5 mi-llones de barriles en 2001. (Fuente: Petroproducción, 2002).

2 Elaborado a partir de los censos del INEC.

3 Fuente: Unidad de Asesoría Legal de Petroproducción, 06/2003.

4 Información actualizada en diciembre 2002.

5 FDA (Frente de Defensa de la Amazonía), 2001, “Texacoheritage - pozos”, Lago Agrio, mimeo.

6 No se cuenta con información sobre 62 piscinas, repartidas deforma similar entre las áreas que nos interesan (el 12% de laspiscinas de Sacha, el 11,4% de las de Shushufindi y el 11,9%de las de los otros campos).

7 Definimos el nivel de riesgo ambiental, como la correlaciónentre cuatro factores en una determinada zona: la presenciade piscinas, la frecuencia de derrames, el volumen de crudoderramado y el volumen de crudo no recuperado.

8 Definimos el nivel de manejo de conflictos relacionados conla contaminación como la correlación entre los acuerdos deindemnización por contaminación, muerte o enfermedad deanimales. En efecto, estos acuerdos resultan a menudo deconflictos con los afectados, mientras que el precio del dere-cho de servidumbre resulta en general de procesos de nego-ciación de tipo comercial.

9 Base 100 = promedio por parroquia del área de estudio.

10 En el mito contado por Homero, Sísifo, hijo de Eolo y Enáreta,fue condenado por Hadés a cargar hacia la cumbre de uncerro una piedra que volvía eternamente por abajo. Así escomo el fundador de Corinto fue condenado a un trabajoinútil y perpetuo, por querer una vida eterna y haber tratadode engañar a los dioses.

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Integración regionale identidad nacional:

el caso de Chile

Jorge Larraín

Entre los muchos ángulos que un debate sobre la inte-gración regional puede asumir, a mi me interesan losaspectos culturales y de identidad. ¿Qué elementosculturales e identitarios en América Latina favorecenu obstaculizan la integración regional? Contamos conmuchos elementos culturales comunes que podríanfavorecer la integración, pero hay también muchoselementos identitarios nacionales que la desfavorecen.Tenemos una historia compartida durante tres siglosde dominación española, guerras de independenciaen las que los criollos de varios países lucharon jun-tos, la misma lengua, una religión mayoritaria y mu-chos otros factores sociales, económicos y culturalescomunes.

Al mismo tiempo existen también identidades na-cionales muy fuertes, que a menudo se definen poroposición a “otros” latinoamericanos, en especial,países vecinos. Piénsese en como los chilenos tien-den a definirse en oposición a argentinos, peruanos ybolivianos; los colombianos en oposición a los vene-

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zolanos; los ecuatorianos en oposición a los perua-nos; los brasileros en oposición a los argentinos y et-cétera. En estos casos se hace más énfasis en las dife-rencias que en las similitudes. Aún si encontramosrasgos culturales comunes, las diferencias entre paí-ses del área son enormes. Piénsese en las diferenciasque existen entre Argentina, Perú, Nicaragua, Colom-bia y México, para mencionar sólo algunos países.¿Significa esta diversidad que nuestras posibilidadesde integración son escasas?

En teoría, la diversidad nunca ha sido un obstá-culo insuperable para la construcción de una identi-dad colectiva. De hecho, se puede sostener que lamayoría de las identidades nacionales latinoameri-canas han sido construidas sobre la base de una grandiversidad cultural. Si la gente cree lo contrario esporque los discursos de identidad nacional a menu-do tienden a ocultar cuidadosamente la diversidadcultural que subyace a la nación. Las versiones públi-cas de identidad nacional casi siempre nos quierenhacer creer que hay una sola y verdadera versión dela identidad, que se ha formado por una evoluciónhistórica casi natural y que es compartida por todosen la sociedad; que se puede determinar con preci-sión lo que pertenece a ella y lo que está fuera. Todoesto está lejos de ser cierto.

Si el Estado ha jugado un rol central en la cons-trucción de las identidades nacionales en AméricaLatina a través de sus propios rituales, celebracionesy tradiciones inventadas –pero también aprovechan-do las dificultades, catástrofes, divisiones y, particu-larmente guerras– es precisamente por la necesidadde integrar una enorme diversidad cultural en la basede la sociedad.

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Si la mayoría de las identidades nacionales seconstruyen a partir de la diversidad cultural, esto esmás claro aún en el caso de las identidades regiona-les. Aun si las diferencias entre países son grandes, yaunque la historia muestra que las identidades na-cionales desplazaron la identidad latinoamericana aun segundo plano, es posible construir una identi-dad latinoamericana más fuerte. El mejor ejemplo deque esto es posible es Europa. Sus elementos cultura-les unificadores son muchos menos que en AméricaLatina, su pasado histórico está plagado de guerras ydivisiones hasta la segunda mitad del siglo XX, y sinembargo, hoy día se ha embarcado en un proceso deintegración que se proyecta en la construcción de unaidentidad común y que, a pesar de las dificultades,ha progresado mucho.

Claro que para que un proceso de fortalecimientode una identidad común tenga alguna chance de éxi-to se requiere la presencia de dos elementosimportantísimos: el compromiso político fuerte y du-radero de los estados miembros y la conveniencia eco-nómica mutua. Ninguna de estas dos condicionesexiste plenamente en América Latina hasta el momentoy, aunque en el plano de la energía comienza a esbo-zarse un cambio, los intereses económicos contrapues-tos subsisten.

Además, por sí mismas, estas precondiciones nogarantizan la construcción de una identidad comúnfuerte. Es paradojal que aunque en Europa hay unafuerte voluntad política de integrar institucioneseconómicas y políticas, la identidad cultural comúnes todavía comparativamente débil, mientras en Amé-rica Latina lo contrario es cierto: hay una identidadcultural común más fuerte que no es correspondida

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por una voluntad política de integrar. Sin embargo,las chances de Europa de construir una identidadcultural común son más altas que las chances deAmérica Latina de integrarse económica y política-mente: en América Latina, precisamente por la exis-tencia de una identidad regional más fuerte que laeuropea, predomina la pregunta sobre cómo se van apreservar las identidades nacionales.

Es importante hacer una distinción entre cultura eidentidad. La cultura es algo más general porque in-cluye todas las formas simbólicas y la estructura designificados incorporados en ellas. La identidad esen cambio algo más particular, porque implica un re-lato que utiliza sólo algunos de esos significados pre-sentes en las formas simbólicas, mediante un procesode selección y exclusión. La cultura nunca tiene launidad y estabilidad que tiene una identidad, y suscomponentes simbólicos son normalmente de oríge-nes muy variados; las culturas son sistemas relativa-mente abiertos compuestos por una gran cantidad designificados y formas simbólicas de variados oríge-nes y permeables a nuevas formas simbólicas y a sig-nificados que provienen de otras culturas, especial-mente en la época de la globalización, donde los con-tactos se han intensificado fuertemente.

Así por ejemplo, formas musicales, arquitectóni-cas, televisivas, literarias y gastronómicas de las másvariadas culturas entran hoy con relativa facilidaden otras. Lo que no significa necesariamente que afec-ten la identidad colectiva de esas sociedades, aunquees posible que a la larga en algún aspecto puedanhacerlo. La identidad a su vez, aunque sea un discur-so, tiene mucha mayor estabilidad en el tiempo que lacultura. Porque no es cualquier discurso: es un desti-

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lado narrativo de modos establecidos y sedimenta-dos de vida. De allí que la cultura cambia más rápidoque la identidad. Por ejemplo, el tango es en muchossentidos una forma musical aceptada y valorada entoda América Latina, es parte de nuestra cultura. Perono forma parte del relato identitario chileno o perua-no. En América Latina la cultura común es más fuerteque la identidad común.

Al pensar en la integración, la pregunta másacuciante no es si la integración regional afectará lasidentidades nacionales sino la inversa: ¿cómo afec-tan las identidades nacionales el proceso de integra-ción? ¿Hasta qué punto ciertas versiones exclusivistasy triunfalistas de la identidad nacional en varios denuestros países podrían constituirse en un obstáculopara una verdadera integración? Más aún, me parecerelevante también preguntarse si algunos elementosculturales comunes en Latinoamérica favorecen odesfavorecen la integración. Empecemos con esta úl-tima pregunta.

Claudio Véliz ha sostenido, con buenas razones,que en América Latina se dan cuatro ausencias histó-ricas claves que condicionan los orígenes de la mo-dernidad y que marcan diferencias sustanciales conla modernidad europea: la ausencia de feudalismo,la ausencia de disidencia religiosa, la ausencia deuna revolución industrial, la ausencia de algo pareci-do a la Revolución Francesa (Véliz, 1984). Si esto sepone en términos positivos –es decir, en términos delo que realmente existió en el lugar de estas ausen-cias– se podría decir que, en primer lugar, hubo cen-tralismo político no desafiado por poderes locales; ensegundo lugar, un monopolio religioso católico noamenazado por denominaciones protestantes ni por

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movimientos religiosos populares; en tercer lugar, unmonopolio económico exportador de materias primasal comienzo y, posteriormente, una limitada indus-trialización promovida y controlada por el Estado,que no creó ni una burguesía ni un proletariado in-dustrial fuertes e independientes; y, por último, unpoder político autoritario que dejó paso a una demo-cracia creada formalmente desde arriba, sin base desustentación burguesa o popular y por lo tantomarcadamente no participativa. Todos estos elemen-tos apuntan a una marcada tradición cultural centra-lista en América Latina.

Algunos autores han expresado, de una maneraque me parece sugerente, la diferencia entre Europa yAmérica Latina con la distinción entre una estructu-ra policéntrica de la modernidad europea y una es-tructura concéntrica de la modernidad latinoameri-cana (Mascareño, 2000; Leiva, 2003.).

Las sociedades modernas europeas seríanpolicéntricas porque sus diversos sistemas diferen-ciados tales como la política, el derecho, la econo-mía, la religión, la ciencia y el arte, tienen un “altonivel de autonomía y capacidad de auto-organiza-ción” que impide “que uno de ellos asuma el controlde los demás y se sitúe en el centro de la sociedad.”(Mascareño, 2004). En cambio, en las sociedadesconcéntricas latinoamericanas, aunque existe dife-renciación funcional ello no ha impedido una pri-macía del sistema político por sobre las otras esferasparciales a las que instrumentaliza y utiliza, impo-niéndoles su propia lógica (Ibid., nota de pie de pá-gina Nº 15.) En otras palabras, la autonomía de lapolítica se realiza a costa de la autonomía de otrasesferas.

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Al menos como hipótesis es posible plantear queel centralismo, como rasgo cultural extendido enAmérica Latina, y el carácter concéntrico de la moder-nidad latinoamericana, son un obstáculo a la inte-gración regional en la medida en que ésta implicauna pérdida de control central. La política y los polí-ticos en América Latina son muy celosos de sus pode-res centralizados de control como para aceptar posi-bles cesiones de soberanía o la competencia de otrospoderes centrales. Ellos están acostumbrados a con-centrar el poder.

A estos rasgos culturales hay que agregar las de-bilidades de la identidad latinoamericana. No sólo lefalta una base popular más fuerte, sino que, sobreto-do, le falta el apoyo efectivo de las clases dirigentes,cuyo discurso público ha sido por mucho tiempo na-cionalista y subraya más las diferencias que las con-cordancias con otros países del área. De allí que pormucho tiempo el discurso integracionista en AméricaLatina ha sido meramente retórico y pocas veces seha transformado en hechos concretos. Los procesosde integración requieren por lo tanto de una actituddiferente y más crítica frente a las identidades nacio-nales. No se trata de eliminarlas sino más bien deentenderlas en otra forma. Frente a las necesidadesde la integración, cabe preguntarse ¿qué tipo de iden-tidad nacional le estamos enseñando a nuestros ni-ños? ¿Es abierta o cerrada, receptiva u oposicional?¿Cómo contamos nuestra historia y la de nuestrosvecinos? ¿Qué hechos destacamos y cuáles omitimos?

La pregunta por la identidad es no sólo ¿qué so-mos?, sino también ¿qué es lo que queremos ser? Enese horizonte que se proyecta hacia el futuro debe ins-cribirse una perspectiva latinoamericanista e

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integracionista. En la construcción del futuro deacuerdo a ese proyecto no todas las tradiciones histó-ricas nacionales son igualmente válidas y buenas.Como lo ha planteado Habermas (1989), es necesariomantener un espíritu crítico frente a la identidad na-cional para decidir políticamente si continuar o nocon algunas tradiciones nacionales que nos separande los otros países de la región.

Chile se prepara en estos días para la celebracióndel bicentenario de la nación el año 2010 y con estaocasión ha empezado a reflexionar sobre la identi-dad nacional y su estado actual. Al acercarnos a losdos siglos de vida independiente es obvio que tienemucho interés evaluar el camino recorrido, de dóndese viene y cómo se ha cambiado, cuáles son los rasgosmás estables y si se ha mantenido un rumbodiscernible, qué ha dado resultado y qué ha fracasa-do. Las identidades nacionales, y por lo tanto la iden-tidad chilena, no son esencias fijas, se construyen enel tiempo y van cambiando. Dar cuenta de esos cam-bios, reflexionar sobre lo que se ha hecho y sobre elcurso actual que se sigue, es sin duda de primera im-portancia para el aniversario, más aún cuando losembates de la globalización hacen pensar a muchosque la identidad chilena está amenazada odesdibujándose bajo el impacto de otros valores y otrasculturas.

Como parte de esta reflexión ha surgido tambiénla pregunta por América Latina y más concretamentepor el vecindario de Chile. Esto no sólo porque, enprincipio, parte importante de lo que Chile es y ha idoconstruyendo es en sí mismo latinoamericano y secomparte con otros más allá de las fronteras, sino tam-bién porque una serie de desencuentros y problemas

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con los vecinos ha puesto esta pregunta sobre la mesacon más fuerza que nunca. Primero fue un caso deespionaje chileno en el consulado argentino de PuntaArenas, el problema de los recortes del gas argentino,el no cumplimiento de contratos y acuerdos y las re-velaciones del apoyo chileno a Inglaterra durante elconflicto de las Malvinas. Después vino el conflictocon Bolivia por las aguas del río Silala, la ofensivainternacional boliviana por una salida al mar, la can-celación de la exportación de gas boliviano por Chiley de la venta de todo gas a Chile, y el intenso lobbyboliviano para impedir que un chileno fuera secreta-rio general de la OEA. Por último, Perú descubre unnuevo problema de demarcación de la frontera marí-tima con Chile, ordena clausurar una planta de pas-tas con una pérdida de 30 millones de dólares para elgrupo chileno Luksic, y plantea reclamos más o me-nos airados, primero, por la muerte de un inmigranteilegal peruano a manos de la marina chilena en ellímite fronterizo, segundo, por una venta de armas aEcuador durante su conflicto con el Perú diez añosatrás, tercero, por un video difamatorio de Lima quese pasó en los aviones de Lan Perú, y cuarto, por laspinturas sobre muros incaicos de dos grafiteros chile-nos en el Cuzco.

La frecuencia y extensión de los incidentes con lostres países limítrofes ha hecho surgir muchas pregun-tas. En Chile se habla de vivir en un barrio complica-do: la disyuntiva es aislarse y protegerse, o, por elcontrario, abrirse e integrarse. Se pone así en juegouna dialéctica entre lo nacional y lo regional que inci-de directamente sobre los modos como Chile ve sudestino, sea separado o integrado con sus vecinos.Dado que las identidades nacionales no solo miran

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al pasado como la reserva privilegiada donde estánguardados sus elementos principales, sino que tam-bién miran hacia el futuro (identidad como proyecto,en Habermas, 1992), surge la pregunta clave sobrequé rol quiere Chile que juegue su región –el lugargeográfico donde se ubica y con el que comparte unahistoria común– en su proyecto futuro. Esta es unapregunta que, quiéralo o no, tiene que responder.

Por una parte, los problemas que Chile ha tenidocon sus vecinos en los últimos años, más la crecienteafirmación de un discurso identitario exitista yexcepcionalista hablarían de una dinámica de sepa-ración y camino propio, pero por otra parte, y contra-riamente a lo que podría pensarse, de los problemasenumerados surge también la duda de si Chile podrátener éxito sin la ayuda de sus vecinos. Lo que hapasado con el gas tipifica esto, y en estos días Chile esel más activo impulsor del anillo energético que inte-graría al Cono Sur.

Sin embargo, los procesos modernizadores hanproducido en Chile un nuevo discurso identitario queconspira contra la idea de expandir la integraciónlatinoamericana. Se trata de un discurso empresarialsobre la identidad chilena que se caracteriza por cua-tro elementos.

1) Chile país exitoso o ganador. Se concibe a Chilecomo un país emprendedor donde destaca el empu-je, el dinamismo, el éxito, la ganancia y el consumocomo los nuevos valores centrales de la sociedadchilena. Es un Chile que conquista mercados en elmundo y que invierte exitosamente en los países ve-cinos; es un Chile que aventaja a sus vecinos. Asícomo se hablaba de los cuatro tigres asiáticos, en el

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Chile de los noventa se hablaba de ser el jaguar deAmérica Latina.

2) Chile país diferente. La idea central es que Chilees un país distinto al resto de América Latina, un paísde rasgos europeos donde las cosas se hacen bien,seriamente, donde hay poca corrupción. Se contrastaesto con las dificultades de los vecinos que se atribu-yen al desorden político y las malas políticas econó-micas. La decisión de exhibir un iceberg en la Exposi-ción Mundial de Sevilla en 1992, quería simbolizarun país cool, exento de todo tropicalismo. Hasta 1973Chile se consideraba inserto en un proyecto compar-tido con América Latina; hoy, Chile parece creer en sucarácter excepcional dentro de América Latina. Estono es sólo una creencia infundada sino que tiene unabase material objetiva: Chile se excluye de participarplenamente en proyectos comunes como elMERCOSUR por su propia realidad económica y porsus políticas económicas muy distintas a las de sussocios potenciales. Chile no sólo se siente más próxi-mo a Europa y Estados Unidos: los tratados de librecomercio con ellos demuestran que de hecho ellos sonsus socios verdaderos. La percepción de ser diferenteacarrea bastantes problemas. Fomenta una cierta arro-gancia en los chilenos y ocasionalmente respuestasno muy amistosas de nuestros vecinos. Algunosanalistas internacionales incluso hablan del crecien-te aislamiento de Chile en América Latina.

3) Chile país desarrollado. Desde 1990, más o me-nos, el discurso empresarial sobre la identidad chile-na ha ido proyectando la imagen de que Chile ya hadejado de pertenecer al Tercer Mundo y ha pasado a

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compartir destinos con una comunidad más selecta ypequeña dentro de los países periféricos: la de lospaíses en vías de desarrollo más exitosos, como loscuatro tigres asiáticos. Se trata de países con altastasas sostenidas de crecimiento económico y cuyodesarrollo es impulsado por las exportaciones. Des-de fines de los años 80 una de las aspiraciones mássentidas del mundo intelectual y político chileno esllegar a pertenecer a la comunidad de los países desa-rrollados, algo que muchos creen que está a la mano(Larraín, 2001).

Si en los 60 Chile era una sociedad consciente delos obstáculos al desarrollo y sin muchas ilusionessobre el entorno internacional, hoy día en el discursoempresarial prima el voluntarismo y la pérdida deconciencia acerca de los límites que impone laglobalización. Mientras en el período que va desde1950 a 1973 había clara conciencia sobre la necesi-dad del desarrollo pero no necesariamente muchooptimismo sobre la posibilidad real de alcanzar lameta en el mediano plazo, en los noventa se expandeuna conciencia de que llegar a ser un país desarrolla-do es no sólo posible sino que Chile está relativamen-te cerca de esa meta. Incluso el tercer gobierno de laConcertación se plantea como objetivo el que Chilesea un país desarrollado para 2010, fecha del segun-do centenario de la independencia.

En muchos sectores la idea de crecer a un siete uocho por ciento anual se ha transformado en una es-pecie de derecho que tienen todos los chilenos, que sino puede ejercitarse o no se logra es por fallas de laspolíticas públicas o la falta de visión de los gobernan-tes. Paradojalmente, en una época de globalizaciónacelerada que muestra con claridad creciente los

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condicionamientos internacionales que limitan el cre-cimiento de un país, sectores importantes de las eliteschilenas todavía creen que sólo es cuestión de volun-tad, de libertad de mercados, de desregulación, depolíticas adecuadas. Se lamenta como un fracaso elcrecimiento de alrededor de 3 por ciento entre el 2000y el 2004, porque Chile se demorará mucho en llegar aser “país desarrollado”, sin ver que en las circuns-tancias internacionales del momento se trata de unéxito. Al parecer, diez años con altas tasas de creci-miento terminaron por convencer a muchos sectoresde que las políticas adecuadas bastan. Lo que distade ser realista dentro del sistema capitalista mundial.

4) Chile país modelo. El discurso identitario em-presarial plantea que Chile es un modelo para otros,especialmente para América Latina. Se precia y enor-gullece de que instituciones internacionales como elBanco Mundial o el Fondo Monetario Internacional ytambién políticos europeos y norteamericanos, hayanindicado en varias ocasiones que Chile ha hecho lascosas bien y que otros debieran seguirnos. Puede serque esta sea una imagen propia de las elites, pero estaversión circula ampliamente en los medios y muchosciudadanos comunes, agobiados por las deudas o eldesempleo, obtienen de ella alguna satisfacciónvicaria. ¿Se acuerdan de la “identificación con el agre-sor” de Freud?

Es claro que esta versión de la identidad nacionalchilena representa un obstáculo para la integraciónregional. Pero es bueno recordar que se trata sólo deuna versión, que por más que se haya expandido enla última década no es la identidad chilena. Ningúnpaís tiene una sola versión de identidad. Si hay algo

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que diferencia a las identidades individuales de lasidentidades nacionales, es que las primeras normal-mente tienen un solo relato sobre el sí mismo, mien-tras las segundas tienen varios que responden a lagran variedad de modos de vida, intereses políticos,regionales y de clase. En este sentido la identidadnacional es siempre un campo de lucha donde variasversiones públicas buscan interpelar a la gente paraconvencerlas de su visión. La versión empresarial hasido exitosa en Chile, pero dista de ser la única y uni-versalmente aceptada. Hay otros discursos subordi-nados y más precarios, que quizás todavía ni siquie-ra tienen la entidad de una versión bien elaborada,pero cuya orientación está abierta a América Latina ybuscan articularse con una identidad regional. Lapregunta es si ellas finalmente se van a imponer o no.

Una tal articulación no sólo es posible sino que,hasta un cierto punto, ha existido hasta hoy. En Amé-rica Latina siempre ha existido una conciencia de laidentidad latinoamericana articulada con las identi-dades nacionales, se ve en los ensayistas, en la litera-tura, en el disfrute mutuo de la música, las novelas,los bailes y las telenovelas de la región y aun en latransferencia de lealtades en las copas mundiales defútbol. Pasa que, a pesar de esto, la identidad regionalno es lo suficientemente fuerte frente a las identida-des nacionales. Pero eso puede cambiar: las identida-des se construyen, no están dadas de una vez parasiempre.

Desde el punto de vista de estas versiones subal-ternas, la gran tentación de Chile es proyectarse albicentenario como una nación excepcional y diferen-te al resto de América Latina, como una nación queintenta reforzar su identidad propia a costa de su iden-

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tidad latinoamericana. Después de los traumáticos17 años de dictadura, Chile ha sufrido profundas di-visiones internas y no es sorprendente que muchosde sus mejores esfuerzos se dirijan a reconstituir suunidad resquebrajada por los antagonismos políti-cos exacerbados y las violaciones a los derechos hu-manos. Al mismo tiempo un gran acuerdo sobre unapolítica económica de corte liberal parece unir a lamayoría de los sectores políticos. Así se entiende unpoco esa autorreferencialidad que nos caracterizaahora último, esas ansias por constituirnos en mode-lo, por llegar a la meta antes que los demás. Pero esmuy importante evitar que la reconstrucción de launidad interna se haga a costa de la integración lati-noamericana, acentuando diferencias y aislándonosen nuestra autocomplacencia. Nuestro destino estáen América Latina. El bicentenario debe ser una cele-bración de la identidad chilena como voluntad deintegración con el resto de América Latina.

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Véliz, C. 1984. La tradición centralista de América Latina.Ariel. Barcelona.

El presente artículo se basa en una ponencia presentada en elseminario internacional “Integración y desarrollo sustentable: lanueva geografía de los recursos, la economía y el poder” convo-cado por CLAES D3E en Montevideo (2005). Un adelanto del artí-culo se publicó en Revista del Sur Nº 161, julio-setiembre 2005.

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Las recientes elecciones en Bolivia instalaron a EvoMorales en la presidencia por abrumadora mayoría,y un número específico de tópicos y preocupacionesson ya evidentes. Uno de estos temas es el presuntogiro a la izquierda no sólo en Bolivia sino en Américadel Sur. Los nombres de Hugo Chávez y de IgnacioLula da Silva, junto al de Fidel Castro, se invocan eneste escenario.

En el caso de Evo Morales –pero también en parteen el caso de Hugo Chávez–, la expresión giro a laizquierda solo capta parte de la historia y deja en lapenumbra el giro descolonial. En segundo lugar, NéstorKirchner en Argentina y como una sombra de expec-tativas Tabaré Vázquez en Uruguay y MichelleBachelet en Chile, forman el coro de dicho giro.

Me parece crucial entender, en este momento yhacia el futuro, que Evo Morales es el signo visible,hoy, de un giro en marcha desde hace cinco siglospero más claro y visible desde la década de 1970. Nose trata ya de un giro a la izquierda sino de un giro

Evo Morales en Bolivia:¿giro a la izquierdao giro descolonial?

Walter D. Mignolo

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descolonial. En todo caso es un giro de la izquierda enAmérica del Sur bajo el liderazgo político, intelectuale ideológico de los movimientos indígenas que nonecesitaron ni de Marx ni de Lenin para darse cuentade que eran explotados.

Fenómeno semejante se dio hace tiempo con la re-volución haitiana. Dado que en la mentalidad blancalos negros no tenían capacidades intelectuales, la re-volución de Haití “no pudo” haber sido llevada acabo por los negros sin ayuda de los blancos. No eraseguro quienes eran esos blancos, pero lo cierto eraque para el análisis no podría haber habido revolu-ción haitiana sin blancos detrás. Uno de los peligroscontundentes hoy es dar prioridad en las explicacio-nes a la izquierda sobre la des-colonialidad, un proyectopolítico que la izquierda todavía es incapaz de ver, yante el cual por cierto aún más ciega es la derecha.

Le Monde Diplomatique, en París, publicó un artí-culo en el que se mantiene la prioridad del giro a laizquierda y se invisibiliza el giro descolonial. Diríaque desde París no se alcanza a ver muy bien la den-sidad de la memoria indígena en que Bolivia se nutrey sostiene. El título del artículo es revelador: La Bolivieindienne rejoint la gauche latina. Se aproxima, pero noda en la tecla: sería más adecuado a los procesos his-tóricos decir La gauche latina rejoint la Bolivie indienne.Ahí, en ese giro de la expresión se encuentra el girodescolonial más que el giro a la izquierda. Pero, enefecto, desde París el inconsciente no permite que seala izquierda latina –de ascendencia europea– la quecede al liderazgo indígena. Como en el caso de la re-volución haitiana la izquierda eurocentrada necesitamantener la prioridad imperial de izquierda: es laBolivia indígena la que se une a la izquierda latina, y

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no la izquierda latina la que (con-)cede al liderazgoindígena. Ahí, en ese cambio sintáctico-semántico dela frase está en juego, y se juega, el giro descolonial.

The Economist, en Londres, reflexionó sobre los prosy los contras de la presidencia de Morales en térmi-nos de mercado, inversiones y finanzas. Esto es, con-siderando cómo la Bolivie indienne would rejoint la droitelatina and sajona. El contenido de los artículos de LeMonde y The Economist es distinto, pero la lógica es lamisma: ambos no ven más allá del sistema único y delas polaridades entre las izquierdas y las derechas. Elgiro descolonial y el desprenderse que se anuncia enlas declaraciones iniciales de Evo Morales no son to-davía visibles o no quiere ser reconocido.

Recordemos el origen del término “izquierda” enel escenario político, un escenario bastante francés:tal término se gestó en realidad en la memoria y en lasensibilidad francesa. Durante la revolución de 1789,a la izquierda se sentaban los parlamentarios quedefendían la ideología del “progreso” y a la derechase sentaban los sólidos propietarios del Mediodía, ladistinguida elite de las finanzas, los terratenientes,los emergentes industriales.

En la Argentina, Abelardo Ramos puntualizó enlos años de 1970 que esta clasificación puramentefrancesa de los partidos políticos modernos sirve demuy poco para la comprensión de los problemas enlos países coloniales, semicoloniales o subdesarro-llados, según el vocabulario empleado durante laGuerra Fría y por las Naciones Unidas. Argentinapor cierto no es Bolivia, aunque ambos compartanhistorias imperiales/coloniales. Así, tanto en Argen-tina como en Bolivia, la izquierda se funda en un fue-ra de lugar, en un transplante a las colonias, en un eco

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a veces nostálgico de los criollos de ascendencia eu-ropea y de los mestizos mezclados en sangre con loindígena pero puros en la mentalidad eurocéntrica.

En Bolivia, la historia es otra y muy distinta: losindígenas nunca se sentaron en ninguna banca, des-de la colonia a la formación del estado-nación. Y ensu historia, como lo recordaba Frantz Fanon para elcaso de los esclavos descendientes de africanos, nonecesitaron leer a Marx para darse cuenta que eranoprimidos y explotados; que se les había humillado yexcluido de la estructura social; que sólo contabancomo fuerza bruta y como proveedores de energía la-boral. De esa experiencia, de esa energía se forjó unpensamiento, un pensamiento descolonial cuya mani-festación más visible hoy es la elección de Evo Mora-les, pero con otras manifestaciones recientes como loszapatistas al sur de México, el movimiento indígenaecuatoriano en los Andes, y así también en general enlas Américas desde los mapuches en Chile hasta lallamada Cuarta nación en Canadá.

La elección de Álvaro García Linera como vice-presidente es una indicación más del liderazgo indí-gena de Evo Morales; la aceptación del cargo porGarcía Linera es una indicación más de la izquierdalatina adhiriéndose al giro descolonial. García Linera,como su nombre lo indica, es de ascendencia hispá-nica, de familia criolla boliviana, pero no sigue el rum-bo esperado de su grupo social; García Lineras es a lavez similar y opuesto a Jorge “Tuto” Quiroga, el expresidente neoliberal que disputó la presidencia conMorales.

En las noticias periodísticas se lo presenta como“ex-guerrillero, sociólogo y matemático.” No estoy se-guro de que el orden de los adjetivos sea el adecuado.

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Sí es importante que a finales de los años de 1980 estu-vo en la cárcel por su tarea de apoyo ideológico al Ejér-cito Tupaj Katari, y que como matemático, sociólogo yanalista político realizó una tarea muy importante enlos últimos diez años como miembro del grupo Comu-na, asesor de Felipe “el Mallku” Quispe con quien com-partieron años de cárcel, y finalmente en los últimosdos o tres años estuvo al lado de Evo Morales.

Sus trabajos sobre los movimientos sociales enBolivia y su reflexión crítica sobre la izquierda boli-viana son –a la vez– trabajos académicos del sociólo-go de la Universidad Mayor de San Andrés y del agu-do analista político que percibe el cambio introduci-do por los movimientos sociales, los intelectuales ylíderes aymaras. En este sentido será crucial durantela presidencia de Evo Morales contar con el apoyo yla colaboración de García Linera para resistir a laimagen trasnochada de la derecha y la izquierda in-ternacional.

La fórmula Evo Morales - Álvaro García Linera essignificativa para entender el proceso histórico en losúltimos quince años. En 1992 Bolivia llamó la aten-ción de gran parte del mundo por un acontecimientosin precedentes: Víctor Hugo Cárdenas, un intelec-tual aymara egresado de la Universidad de San An-drés con una maestría en lingüística, fue elegido comovicepresidente por la fórmula que integró con Gonza-lo Sánchez de Losada. La elección de Cárdenas fuecelebrada por los yatiris de diversos ayllus quienes, enuna ceremonia en La Paz anterior al juramento delnuevo gobierno, entregaron al vicepresidente electolos bastones de mando de los ayllus. En la ceremoniade instalación Víctor Hugo Cárdenas pronunció sudiscurso en quechua, en aymara y en castellano.

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A pesar de la importancia que tuvo esta vicepresi-dencia, Cárdenas fue un subalterno de Sánchez deLosada, quien comandaba el barco. Cuando se invir-tió la composición étnico-social en la fórmula de EvoMorales se hizo aún más evidente el giro descolonial.En el caso de García Linera no se trata ya de un subal-terno sino de un traductor, como él mismo lo dice, enun barco que comanda la visión indígena de Moralesy no ya la visión latino-criolla de Sánchez de Losada.

La edición castellana de BBC-Mundo reprodujo ellunes 19 de diciembre de 2005 estas palabras de EvoMorales: “Decir a aymaras, quechuas, chiquitanos yguaraníes: por primera vez vamos a ser presidentes.Y quiero decirles a los empresarios, profesionales,intelectuales y artistas, no nos abandonen.” 1 . La mis-ma agencia entrevistó a García Linera el miércoles 21de diciembre y encabezó la entrevista con estas pala-bras: “Muchos dicen que Álvaro García Linera es elcerebro detrás del trono del Movimiento al Socialis-mo, el partido político que llevó a Evo Morales al po-der en Bolivia. Él lo niega enfáticamente. ‘Soy un tra-ductor, más que un inyector’, asegura2 .

Si en un sentido García Linera es el equivalente ycontrario a “Tuto” Quiroga, en otro sentido es el equi-valente y complementario de Rafael Guillén, elSubcomandante Marcos: el intelectual de izquierdade ascendencia hispánica que entiende que las lu-chas descoloniales de los indígenas comenzaron enel siglo XVI y no se interrumpieron desde entonces.Poco que ver tiene esta historia con la derecha y laizquierda parisinas posrevolucionarias, con el socia-lismo saint-simoniano y con la izquierda y el socia-lismo marxista. Las historias de los oprimidos euro-peos y los oprimidos coloniales –humillados y

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racializados como seres inferiores a lo largo del pro-yecto moderno/colonial– son, literalmente, aguas dedistintos molinos.

Si ayer era la izquierda eurocentrada quien dabapautas para la liberación de las colonias y ex-colo-nias, hoy es la descolonialidad que se manifiesta enEvo Morales la que puede dar pautas para el girodescolonial. Este giro se manifiesta en Europa con,por ejemplo, los acontecimientos en Francia de no-viembre de 2005; en los Estados Unidos entre los sec-tores clasificados como minorías étnicas resultado dela opresión colonial como afroamericanos e indíge-nas, de la expansión imperial como chicanos y lati-no/as de México, Puerto Rico y Cuba fundamental-mente; y como resultado de las migraciones desde elex Tercer Mundo.

El giro descolonial es un desprenderse de las re-glas del juego único de la derecha, de la izquierda ydel centro, y es una apertura al diálogo y a la negocia-ción pero desde una perspectiva-otra. Con esto quierodecir que no se trata de otra perspectiva dentro de lasmismas reglas del juego, como está implícito en el ar-tículo de Le Monde Diplomatique celebrando la inte-gración de la izquierda indígena a la izquierda lati-na, cuando es exactamente lo contrario.

El Movimiento hacia el socialismo - Instrumentopolítico por la soberanía de los pueblos (MAS-IPSP)es parte del giro descolonial en la medida en que des-plaza la estructura de partidos políticos y la “repre-sentación democrática”, en la que la derecha y sobretodo la retórica de Washington justifican la democra-cia por el voto. En Bolivia las elecciones fueron clara yaplastantemente democráticas por el voto, pero el pue-blo (indígena y no indígena), no votó a un partido que

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los representa sino a un movimiento social que losinvolucra. “Yo creo que el MAS-IPSP es un instru-mento político del pueblo, por la dignidad y por lasoberanía, como dice el nombre”, respondió Evo Mo-rales en una entrevista publicada por La Insignia enagosto de 20023.

El giro descolonial es claramente perceptible –ade-más de que la teoría y acción del MAS-IPSP desarticu-la la teoría política eurocentrada desde NicolásMachiavelo a Karl Marx y desde Thomas Hobbes aCarl Schmitt– en dos de las medidas político-econó-micas, pilares de las primeras gestiones del gobiernode Morales: la cuestión de las hojas de coca y la cues-tión de la “nacionalización” de los hidrocarburos.

El Plan Dignidad puso a Bolivia en el mapa de losbondadosos colaboradores de Estados Unidos parala erradicación de la hoja de coca. Quienes estaban alfrente del Plan Dignidad no eran indígenas, por cier-to, sino criollos y mestizos bolivianos que, como enlas sucursales de McDonald’s, cumplían órdenes des-de Washington en el primer caso y de la central deMcDonald’s en el segundo. Frente a ello Evo Moralesparte de dos principios fundamentales que contribu-yen al giro descolonial: habrá “grado cero” de cocaí-na en Bolivia, cero fabricación de droga, pero no “gra-do cero” de hoja de coca. Mucho antes de que la hojade coca se usara para la cocaína –explica Morales envarias entrevistas– los habitantes indígenas, aymarasy quechuas en los Andes, masticaron y usaron la cocacomo suplemento dietético. El consumo de la hoja decoca y del mate de coca es parte de la dieta diaria delos indígenas bolivianos y también de gran parte delos no indígenas. Y por eso, el Plan Dignidad –“dig-no” para la política neo-liberal en Estados Unidos y

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de sus servidores en Bolivia– fue en realidad humi-llante para los indígenas además de destructor de for-mas dietéticas centenarias.

Sin duda, el bienestar de las personas y sus for-mas de vida no le interesan a la política económicaneoliberal. En realidad, cuestiones como salud, ali-mentación y buen vivir son peligrosas para la demo-cracia de mercado y para el doble juego de la droga:anatema moral en los países desarrollados y enormesbeneficios económicos y circulación de dinero en losmismos países en los cuales el consumo de la cocaínaes anatema.

Evo Morales comienza a cambiar los términos yno el contenido de la conversación: “jamás grado cerode la hoja de coca” significa cambiar las reglas deljuego, cambiar los principios sobre los cuales el dis-curso oficial y pseudo-ético intenta no solo destruir ladieta y la economía de Bolivia sino también demonizarformas de buen vivir, fuentes de trabajo y de dietassaludables. El giro descolonial consiste en una seriede desprendimientos y de cambios de los términos dela conversación, mientras que la izquierda sólo cam-bia los contenidos y se mantiene dentro de las mis-mas reglas del juego de la cosmología eurocéntrica.

El segundo punto es la “nacionalización” de loshidrocarburos. Nacionalización es un término que lescae mal a intelectuales más o menos de izquierda y adefensores de la globalización de la derecha. Para losintelectuales de izquierda, nacionalización suena a losaños de 1970 y para los de la derecha a regionalismopasado de moda frente a una globalización que bo-rra, dicen, las fronteras. En ambos casos quien ganaes la globalización neoliberal. En el primer caso ganaporque la nacionalización no es solución –lo cual deja

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las puertas abiertas a la alternativa– y en el segundocaso puesto que, llanamente, a la globalización hayque defenderla de sus opositores en todo el mundocomo lo aconseja el muy leído libro del economistaJagdish Bhagwati En defensa de la globalización, de2004.

El discurso de Evo, también reproducido en va-rias entrevistas, es básicamente el siguiente: los re-cursos naturales no se pueden privatizar porque sonpropiedad del pueblo y el pueblo es la voz de Dios.Este principio, así transmitido en las entrevistas, tie-ne una densidad irreducible al discurso monocordedel periodismo y de libros que divulgan los pros y loscontras de la globalización. En primer lugar, la invo-cación a Dios es por un lado una concesión al discur-so cristiano –que está en el fondo de liberales yneoliberales a pesar del secularismo– y por otro unainvocación directa a la Pachamama, a la concepciónteológica de los aymaras.

En la cosmología aymara –distinta a la transfor-mación cosmológica que introduce Francis Bacon en1610 al hacer de la Naturaleza un ente exterior alHombre (sic) y que debe ser dominada por el Hom-bre– no hay distinción entre Naturaleza y Hombre, ymenos aún se concibe la Naturaleza como un ente aser explotado. La Naturaleza en el vocabulario indí-gena es la tierra. En Bolivia la palabra tierra implicamucho más que una superficie que se puede medir yvender por metros cuadrados. Está cargada de senti-dos que tocan al poder –a la matriz colonial del po-der–, al racismo, a la violencia, al sufrimiento y a laexplotación, a luchas de descolonización y esperan-zas de libertad, de terminar con la dominación y laexplotación constante. En esta constelación semánti-

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ca de la cosmología indígena, los hidrocarburos, comoel agua, no son mercancías.

Mercancía es una constelación semántica de lacosmología occidental donde, después de la revolu-ción industrial, la tierra se convirtió en la fuente de losrecursos naturales. Para los indígenas de América, con-trariamente a los indígenas de Europa, los recursosnaturales son en verdad derechos humanos y no mer-cancías; son derechos de las personas que habitan en yson habitadas por la Naturaleza. Evo Morales, al decirnacionalización no está diciendo solamente que los re-cursos naturales son bolivianos: está cambiando denuevo los términos de la conversación, está despren-diéndose del discurso en el cual los recursos naturalesson una mercancía, para sugerir –y a veces decirlo–que son un derecho humano. El cambio de los términosde la conversación no sería ya sólo válido para losbolivianos, sino también para los habitantes del Me-dio Oriente con respecto al petróleo.

Evo Morales une ambas esferas de la economía aun principio político fundamental dirigido tanto alos inversores extranjeros como a los esbirros “nacio-nales” de los inversores extranjeros: “Queremos so-cios y no patrones.” Sin duda, el principio políticosería compatible con la izquierda periférica si la iz-quierda periférica –y en este caso latina– se plegara alliderazgo del giro descolonial indígena. Si no lo haceasí, la izquierda periférica y latina quedaría depen-diente del marxismo ortodoxo y de sus variantes porun lado, y por otro quedaría limitada a la versión par-cial de una izquierda blanca y varonil, de origen ydescendencia europea que borra o disfraza una su-puesta originalidad periférica. El hecho sin preceden-tes de que un indígena haya sido elegido presidente

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por aplastante mayoría, marca a su vez otro elementodel giro descolonial cuyas manifestaciones fueroncreciendo en los últimos quince años: que la latinidadno es una de las características que definen a nuestrosubcontinente, sino la identidad criollo-mestiza y susproyectos políticos de derecha y de izquierda. Laindianidad –que tuvo en la Bolivia de la década de1970 un ideólogo fuerte como Fausto Reinaga– se ins-tala en el Estado con Evo Morales. Por otra parte, laafricanidad, que se instaló en el Estado con la revolu-ción haitiana –y que pagó sus consecuencias desdeentonces– hoy tiene sus prolongaciones también enlos países andinos y en Brasil. Si Evo Morales ha he-cho posible que la izquierda latina se pliegue al pro-yecto descolonizador indígena, el futuro queda abier-to para la ola descolonial africana que brotó hace 200años.

Evo Morales no es ni lulista ni chavista, afirmóenfáticamente García Linera en la entrevista citada.Todo lo que acabo de sostener concuerda con estaafirmación. Pero será necesario, en los meses que si-guen, reflexionar sobre este asunto. No es ni lo uno nilo otro porque ni Lula ni Chávez se asientan en unpasado y una memoria de luchas que ha mantenido,durante cinco siglos, la diferencia. Ha mantenido ladiferencia y no una esencia india pura y auténtica. Hamantenido la diferencia irreductible que hizo imposi-ble la asimilación de los indígenas a los proyectoscristianos castellanos, los de los criollos y mestizosseculares bolivianos y los proyectos de desarrollo ymercantilización liberales y neoliberales. Es precisa-mente el haber mantenido la diferencia lo que le permitea Evo Morales el desprendimiento, hacer el girodescolonial e iniciar una apertura a una política eco-

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nómica y a una economía política que se apoya ensubjetividades que nunca fueron colonizadas.

En el caso de Bolivia se podría repetir lo que RanajitGuha percibió para el caso de la India: hay algo que elimperio Británico nunca pudo colonizar y ese algofue la memoria y la subjetividad de los hindúes. Igualocurrió en Bolivia. De esa memoria y subjetividad nocolonizada no surge “una nueva izquierda” sino unpeldaño más en un giro descolonial que tiene al menoscuatrocientos años en los Andes.

En este sentido, Hugo Chávez precede pero com-plementa a Evo Morales. Más allá de los recursos eco-nómicos que sostienen su gestión, la “revoluciónbolivariana” de Hugo Chávez puso sobre la mesa unproyecto en donde se asume el mestizaje de formaequivalente a como Evo Morales asume la indianidad.De ahí la diferencia radical entre Juan Domingo Peróny Hugo Chávez, que a menudo se invoca para desca-lificar a ambos como populistas. Perón nunca cruzó ladiferencia colonial que lo separaba, como hombreblancoide y argentino, de los cabecitas negras y trabaja-dores de tez marrón que él apoyaba desde la Secreta-ría de Trabajo. Hugo Chávez desde el principio asu-mió la memoria del mestizo desplazado del controleconómico, político y subjetivo que la elite criollamantuvo en América del Sur y el Caribe hispánico,desde las respectivas independencias. Ésta es la con-tribución de Chávez al giro descolonial y el sostén desu proyecto de “revolución bolivariana”.

Es quizás de Ignacio “Lula” da Silva de quien sepueda decir, con propiedad, que su elección introdu-jo un giro a la izquierda. El Partido de los Trabajadores,en verdad y dejando de lado los problemas recientes,es un ejemplo paradigmático de la izquierda

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periférica, de una izquierda que se pensó desde aden-tro y desde su propia historia más que siguiendo losmanuales de la izquierda europea. En Bolivia asisti-mos sin embargo al crecimiento del giro descolonialque pone en tela de juicio tanto a la izquierdaeurocentrada como a la izquierda periférica; hace vi-sible, al mismo tiempo, que el sueño de una izquierdaglobal ya no tiene sentido, no importa de qué maneralo disfracen y lo presenten la izquierda eurocentraday sus agentes locales. La diferencia irreductible delgiro descolonial es que no sólo se le escapa a la iz-quierda sino también a la derecha: dos días despuésde las elecciones en Bolivia, el presidente George W.Bush y la secretaria de Estado Condoleeza Rice, anun-ciaron la necesidad de poner fin al régimen de FidelCastro, como si Fidel Castro tuviera algo que ver yalguna incidencia en los quinientos años de pensa-miento y acción de aymaras, quechuas, chiquitanos yguaraníes. Fidel Castro dio hace tiempo un significa-tivo giro en la izquierda periférica; Evo Morales, hoy,consolida el giro descolonial en la historia colonialde las Américas y el Caribe.

Notas:

1 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4541000/4541036.stm)

2 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4548000/4548248.stm)

3 http://www.lainsignia.org/2002/agosto/ibe_117.htm

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Dimensionessociológicas

de los derechoshumanos

Napoleão Miranda

Los derechos humanos son un tema de la moderni-dad por excelencia. Esta afirmación, aparentementebanal, nos remite sin embargo a algunas cuestionesde gran importancia en términos del pensamientosociológico. Me gustaría inicialmente destacar dos otres de estos temas, que serán desarrollados a lo largodel presente texto.

En primer lugar, ubicar los derechos humanos enel contexto de la modernidad significa relacionarlos,inextricablemente, con el contexto social, político, eco-nómico y cultural que forja, del punto de vista de lacivilización occidental, esta etapa de nuestra historiareciente. Las determinaciones mutuas comprendidasen este primer elemento tendrán consecuencias queirán a dictar los rumbos seguidos por el mundo occi-dental en los últimos 215 años –recordemos que laRevolución Francesa, que en una perspectiva históri-ca inauguró la era de los derechos humanos, conme-

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moró sus 215 años el 14 de julio de 2004– contribu-yendo a marcar una significativa diferencia con otrastrayectorias civilizatorias presentes en el contextomundial en estos dos siglos.

En segundo lugar significa también reconocerel carácter histórico de los derechos humanos, sibien gran parte de la fundamentación teórico-filo-sófica para la defensa de su vigencia nos remita auna larga discusión anclada en la creencia en lasupuesta existencia de un derecho natural capazde garantir, por encima de reducciones históricascontingentes, la necesidad de su existencia o suestructuración.

Por fin, articular derechos humanos y moderni-dad nos remite necesariamente al tema de larelatividad histórica y social de los valores que for-man la referencia sociológica inevitable de las socie-dades occidentales. En efecto, en los planos nacionale internacional son innumerables las demostracionesde que los diferentes pueblos, naciones, etnias y Esta-dos presentes en el escenario mundial, tienen pers-pectivas frecuentemente contradictorias o, por lo me-nos, no coincidentes sobre el contenido y la forma detratar, reconocer e instrumentalizar la defensa de losderechos humanos.

Tenemos, por lo tanto, varios elementos que nospermiten dirigir una mirada sociológica sobre los de-rechos humanos: su carácter moderno, su historicidady su relatividad cultural. En la secuencia de este textoiremos profundizar en cada uno de estos factores, deforma que podamos explorar mejor sus aspectos so-ciológicos.

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Derechos humanos, modernidady desigualdad social

La Declaración de los Derechos del Hombre, docu-mento de 1789 que dio comienzo a la vigencia de losderechos humanos en el imaginario social, político yjurídico occidental, ya nació bajo el signo de la dis-cordancia en relación a la definición específica deestos derechos.

Expresando, en el plano de las ideas, las contra-dicciones de intereses entre los grandes protagonis-tas sociales de la Revolución Francesa –el liberalismoburgués, el radicalismo jacobino y el conservaduris-mo termidoriano–, la historia inicial de la constitu-ción francesa posrevolucionaria muestra como el temade los derechos humanos estuvo siempre en el centrode un amplio debate sobre el rumbo a seguir por elnuevo orden social que emerge del movimiento del 14de julio de 1789. De esa forma, a la declaración inicialle siguieron otras dos –en la Constitución de 1793 yen la nueva Constitución de 1795– que quisieron de-finir con mayor precisión la comprensión revolucio-naria acerca de los derechos del hombre. Cabe desta-car, en este sentido, la incorporación de una expre-sión sobre los deberes del hombre en el documento de1795, indicando sin duda la penetración de las pre-ocupaciones más conservadoras acerca del tema delorden social y la responsabilidad de los hombres demantenerlo, en el universo de los derechos humanosrecién reconocidos institucionalmente en aquel mo-mento (Furet, F. y Ozouf, M. 1989).

Esta contradicción inicial no es más que un claroejemplo de las contradicciones sociales que están enla base del proceso de transformación histórica repre-

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sentado por la Revolución Francesa, la cual tiene elprecedente histórico de la Revolución Americana de1774 y su Bill of Rights, modelo inicial ampliamentedebatido en la Francia revolucionaria y finalmentesobrepasado por la Declaración de los Derechos delHombre francesa.

¿De qué trata, entonces, la contradicción mencio-nada? ¿Qué la hace tan importante para la compren-sión de los derechos humanos y su vinculación conla modernidad? Para responder a estas preguntas esnecesario situarlas en su contexto histórico, relacio-nándolas a los temas de la desigualdad social, lastransformaciones de la estructura social promovidaspor la revolución y aquellas ocurridas en el imagina-rio social respecto al papel del hombre como ser his-tórico y como agente del cambio social.

La gestación histórica de la noción de “derechoshumanos” resulta de un intenso proceso de cambiossociales –en los planos económico, político, social eideológico– que marcó el siglo XVIII europeo, con re-flejos fundamentales en el continente americano. Enefecto, las transformaciones promovidas por el desa-rrollo del capitalismo en la estructura de las socieda-des feudales europeas hicieron surgir nuevos actoressociales que marcaron de forma trascendente la his-toria mundial en los dos siglos siguientes. Estos acto-res –el empresariado capitalista y los trabajadoresindustriales, especialmente– y los conflictos y luchasque trabaron disputando mayor participación en lariqueza material producida y en el poder político dela sociedad, explican gran parte de la evolución delos derechos humanos a partir de entonces.

Entretanto, un factor fundamental debe ser pre-viamente establecido para la comprensión de esta

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problemática. Se trata, evidentemente, del surgimien-to de la propia noción de sujetos, o sea, de hombresdotados de derechos individualmente considerados.Esta noción, que para nosotros tanto tiempo despuéses ya bastante trivial, significó una verdadera revolu-ción intelectual en el contexto de una sociedadacentuadamente marcada por nociones, estructurasy lealtades de carácter colectivo, que subordinabanlos individuos a instituciones que ejercían un controlenorme sobre la existencia de cada uno de ellos.

El primer gran cambio en el escenario del sigloXVIII fue por lo tanto el surgimiento, en el ideario re-volucionario, del individuo como actor social y comosujeto de derechos centrados exclusivamente en supersona. Este énfasis en el individuo traducía, en elplano conceptual y en el imaginario social, los cam-bios en la estructura productiva de la sociedad y susconsecuentes implicancias para la formación social.

En efecto, el desarrollo del capitalismo exigía que elindividuo como tal fuese liberado de las amarras y con-troles colectivos ejercidos por las comunidades, parapermitir que estuviese libre para buscar, en la nuevalógica competitiva instaurada por el capitalismo, lamejor forma de participar en la producción y la distri-bución de la riqueza económica. En este sentido, serindividuo es, antes que nada, ser libre para circularpor el territorio, para comprar y vender mercaderías,para vender su fuerza de trabajo. Este proceso traducíaun conflicto social de la mayor significación: la luchade la burguesía –expresando los cambios en curso enla sociedad– contra la aristocracia francesa, represen-tante de las viejas estructuras sociales.

La afirmación de los derechos humanos en aquelcontexto significaba, por lo tanto, no solo luchar con-

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tra un orden social que impedía el libre acceso de losindividuos a los nuevos procesos y productos social-mente disponibles, sino también luchar contra la do-minación de una clase social específica, que monopo-lizaba el poder del Estado e impedía la libre circula-ción de hombres y mercaderías en la sociedad. La lu-cha por la afirmación de los derechos humanos naciótambién, de esa forma, en el contexto de una luchacontra la desigualdad social, expresada en el lemaque volvió a la Revolución Francesa mundialmenteconocida: Libertad, Igualdad, Fraternidad.

A lo largo de los siglos, esta característica de lalucha por los derechos humanos se mantuvo comouno de sus principales fundamentos, intentando pro-puestas para superar las distancias entre los diver-sos grupos sociales, más allá del sentido original deuna lucha específica contra la opresión de una clasesocial determinada. En este sentido fue siendo pro-gresivamente construida una versión más amplia yabarcativa de desigualdad social, en la cual temascomo la desigualdad de género, los derechos del niñoy de los adolescentes, de los ancianos, de los pue-blos y etnias diversas, entre otros, fueron siendo in-corporados a una noción de derechos humanos ra-dicalmente modificada en relación a su versión ori-ginal, si bien conservaba una importante referenciarespecto a ella.

En este primer momento, la lucha en favor de losderechos humanos afirmó, de modo especial, el ca-rácter y los derechos del ciudadano, es decir del por-tador y sujeto de derechos que le confiere amplia par-ticipación en los destinos de la sociedad. La nociónde un contrato social firmado entre los miembros dela sociedad presupone, por lo tanto, la concepción de

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sujetos libres, iguales y racionales, o sea, con capaci-dad para discernir y elegir entre alternativas diversasaquella que mejor corresponda a sus intereses comomiembro de una colectividad.

El carácter histórico de los derechos humanos

Los derechos humanos –esto es, el conjunto de nor-mas, leyes y reglamentaciones que definen los dere-chos de los individuos como tales, configurando loque se conoce como los derechos subjetivos– nacenpues bajo el signo de la modernidad. Ellos traducenuna comprensión amplia y significativa de que, apar-te de los deberes para con la sociedad, los individuosson también portadores de un conjunto de derechosque les garantizan protección, independencia y liber-tad no sólo frente a posibles arbitrariedades del Esta-do, sino también frente a los demás miembros de esasociedad.

Mientras tanto, como resultado de procesos histó-ricos, los derechos humanos también evolucionan o,mejor dicho, van siendo ampliados tanto en términossustantivos como en términos de su cobertura social,incorporando nuevos derechos y sujetos al rol inicialen un constante proceso de especificación de su al-cance individual y colectivo. En términos de la clási-ca división propuesta por el sociólogo ingles T. H.Marshall (1967), los derechos humanos habrían evo-lucionado a lo largo de una línea de ampliación cre-ciente de su cobertura, posibilitando a los individuosque ejerzan tales derechos en esferas de acción socialcada vez más amplias. Según su análisis, los dere-chos humanos habrían pasado por tres momentosdistintos de transformación.

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En el primer momento, en el siglo XVIII –diceMarshall– los derechos humanos se estructuraron entorno a los derechos civiles de los ciudadanos.Resumidamente, los derechos civiles corresponden alos derechos básicos como libertad, protección de lavida, igualdad ante la ley, libertad de ir y venir en unterritorio dado, libertad religiosa, de manifestacióndel pensamiento y de opinión, de organización, dere-cho a la inviolabilidad del hogar o a no ser condena-do salvo en un proceso regular, entre otros. Los dere-chos civiles, por lo tanto, dependen de la existenciade una justicia independiente y eficiente que sea ac-cesible a los miembros de la sociedad. Su fundamentobásico es la libertad individual, garantizando al mis-mo tiempo en las sociedades occidentales tanto unpatrón de relacionamiento civilizado entre los indivi-duos como la existencia de la sociedad civil en con-trapunto con el Estado.

A su vez, en el siglo XIX, los derechos políticos sevienen a sumar a los derechos civiles, en un paso másde la evolución, garantizando entonces no solamentela posibilidad de organización de la voluntad popu-lar en partidos políticos independientes, con ideolo-gías propias y representando intereses sociales espe-cíficos, sino también la posibilidad de elegir y ser electoen disputas electorales limpias y imparciales. Losderechos políticos confieren legitimidad a la organi-zación política de la sociedad, fundamentándose enla existencia de partidos políticos libres y en un par-lamento también libre y representativo.

Por último, en el siglo XX, son creados los dere-chos sociales que incluyen el derecho al trabajo, a lasalud, a la educación, a un salario justo y a una jubi-lación, en una tentativa de garantizar la participa-

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ción de los miembros socialmente menos favorecidosen la riqueza y en el desarrollo material y culturalalcanzado por la sociedad. Los derechos sociales pre-suponen para que sean efectivos, la existencia de unaparato ejecutivo eficiente por parte de los poderespúblicos y tienen como fundamento la idea de justi-cia social.

Hoy se habla incluso de la existencia de derechosde cuarta generación que estarían relacionados, porejemplo, al derecho a un medio ambiente limpio yadecuado a las necesidades vitales de los seres hu-manos en términos de calidad y cantidad de los re-cursos naturales de que dispone la humanidad, porun lado, y a los derechos relacionados a la bioética enel sentido de garantizar la inviolabilidad de las infor-maciones contenidas en el código genético de cadaindividuo, por otro, en esta época de biotecnologías yde ingeniería genética. Esto solo viene a demostraruna vez más el carácter histórico de los derechos hu-manos, que son dependientes de la evolución del co-nocimiento humano, de las tecnologías disponibles,del conflicto social, de los valores culturales y de lacomprensión acerca de los fenómenos humanos ynaturales. El retroceso de las libertades civiles en losEstados Unidos luego del 11 de setiembre de 2001revela, de forma dramática, la dependencia real delos derechos humanos de los acontecimientos histó-ricos, bien haciéndolos avanzar en su alcance, o bienhaciéndolos retroceder en su aplicabilidad.

Entretanto, cabe resaltar aquí el hecho de que es-tas diversas manifestaciones de los derechos huma-nos son siempre el resultado de luchas sociales, lle-vadas a cabo por movimientos de distinto formato eimportancia, que terminan por imponer su reconoci-

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miento al conjunto de la sociedad en la forma de leyesdiversas que definen su alcance y su vigencia jurídi-ca y política.

La relación entre los diferentes tipos de derechoshumanos no puede ser considerada siempre lineal,como sugiere su evolución histórica. A pesar de quela propuesta de Marshall, basada en la evolución deestos derechos en Inglaterra, sea la de una secuenciaen este sentido, con los derechos civiles precediendoa los derechos políticos que a su vez anteceden a losderechos sociales, esta lógica no siempre está presen-te en la historia de todos los países. En el caso brasile-ño por ejemplo, como bien demuestra el historiadorJosé Murilo de Carvalho, “no se aplica el modelo in-glés. Apenas nos sirve para comparar por contraste.Para decirlo pronto, hubo en el Brasil por lo menosdos diferencias importantes. La primera se refiere almayor énfasis en uno de los derechos, el social, enrelación a los otros. La segunda se refiere a la altera-ción en la secuencia en que los derechos fueron ad-quiridos: entre nosotros, el social precedió a los otros”(Carvalho, 2001).

El ejemplo brasileño ilustra bien la comprensiónacerca de qué son los derechos humanos, su alcancey amplitud social, su dependencia del contexto sociale histórico en el cual deben tener vigencia. Como en elBrasil la vigencia de los derechos civiles y políticosestuvo siempre a merced de los intereses de los dife-rentes grupos que controlaron el aparato de Estadohasta la promulgación de la constitución de 1988, losderechos sociales fueron vistos –en una lógica popu-lista– como una concesión del poder público, y privi-legiados en la relación entre Estado y sociedad, te-niendo precedencia histórica y sirviendo, al mismo

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tiempo, como una especie de resguardo ante las de-mandas de mayores libertades civiles y participaciónpolítica. De esa forma, se explica la inversión del su-puesto orden en que los derechos humanos surgen odeberían surgir en la sociedad brasileña, así comootras características importantes de nuestra vida pú-blica como la fragilidad de nuestra democracia, elcarácter poco estructurado de la mayoría de los parti-dos políticos brasileños, la corrupción endémica, elautoritarismo estatal –sólo en el siglo XX vivimos cer-ca de 40 años bajo la tutela de regímenes dictatoria-les–, y la permanente violación de los derechos hu-manos de segmentos significativos de la poblacióndel Brasil.

Evolución de los derechos humanos en elcontexto internacional a lo largo del siglo XX

El siglo XX fue un período de gran relevancia para losderechos humanos a escala global. En efecto, a pesarde las dos grandes guerras mundiales, con todas lasatrocidades cometidas que negaron en la práctica lasnociones ya consagradas acerca de los derechos delhombre, fue en el siglo pasado que el tema de los dere-chos humanos realmente se volvió un punto de laagenda global de los países de la comunidad interna-cional.

La creación de las Naciones Unidas en 1945, in-mediatamente después del fin de la Segunda GuerraMundial, señaló la necesidad de que fueran defini-dos en el contexto internacional una normatividadcapaz de regular la relación entre los diversos paísesasí como un conjunto de instrumentos capaces dehacer efectivos los acuerdos y tratados resultantes de

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la interacción entre las naciones en el nuevo contextojurídico y político iniciado con la creación de la ONU.

Uno de los primeros marcos de este nuevo ordeninternacional fue la promulgación en 1948 de la De-claración Universal de los Derechos Humanos, apro-bada por 48 de los 56 países que componían entoncesla Organización de las Naciones Unidas1 . La apro-bación de esta declaración significó un importantecambio de perspectiva en la discusión de los dere-chos humanos, desde entonces ya no más restringi-dos a los países que, por razones de su propia histo-ria, hicieron que figurasen en sus ordenamientos jurí-dicos internos, sino volviéndose una referencia polí-tica, jurídica e ideológica progresivamente central enlas relaciones internacionales. Al formular una de-claración universal de los derechos humanos, la co-munidad de las naciones explícitamente reconocióque los miembros individuales de las diferentes so-ciedades son sujetos de derecho reconocidos no sóloen el ámbito interno sino también en el plano interna-cional, asegurando al individuo un sistema de pro-tección de estos derechos y creando, en la segundamitad del siglo, mecanismos e instrumentos paracomprobar la aplicación de los derechos humanos encada país. El respeto a la dignidad humana pasa en-tonces a ser un componente básico de los valores quepermean la relación entre las diferentes naciones,además de ser un componente esencial de las relacio-nes entre Estado y sociedad por un lado, y entre losdiversos grupos sociales en el plano nacional, por elotro.

Con la formulación de la Declaración Universalde los Derechos Humanos, no sólo se amplía el ámbi-to de reconocimiento y vigencia de los derechos hu-

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manos, sino también se abre espacio para la supera-ción definitiva de la perspectiva exclusivamente libe-ral de estos derechos, centrada en la protección de lapropiedad, de la libertad y de la seguridad de los in-dividuos, propia de un orden social enfocado a laafirmación de la libertad individual en el plano eco-nómico. El cambio de perspectiva comienza a ser for-jado a partir de la Revolución Soviética de 1917, lacual enfatizaría más el valor de la igualdad en detri-mento de la libertad, lo cual, desde el punto de vistade los derechos civiles y políticos, iría a representarun retroceso importante para la población rusa du-rante varias décadas. Mientras tanto, el énfasis en laigualdad tendría importantes repercusiones sobre lanoción de derechos humanos contribuyendo a la for-mulación de los derechos sociales que serían recono-cidos y adoptados a lo largo del siglo. La DeclaraciónUniversal de los Derechos del Hombre de 1948, por lotanto, iría a “conjugar el valor de la libertad con elvalor de la igualdad, demarcando la concepción con-temporánea de derechos humanos por la cual esosderechos pasan a ser concebidos como una unidadinterdependiente y indivisible” (Piovesan, 2002).

La segunda mitad del siglo también fue un mo-mento de consolidación de un conjunto de tratadosinternacionales, que dieron aliento a un orden jurídi-co basado en el derecho internacional y ya no másexclusivamente en el uso de la fuerza expresado en laguerra entre las naciones. Este nuevo orden tendríaen la defensa de los derechos humanos uno de suscomponentes principales, que pasaron a ser unparámetro esencial en la evaluación internacional delgrado de democracia y ciudadanía vigente en cadapaís. De esa manera, si la primera mitad del siglo re-

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presentó un momento de interregno significativo enla vigencia de los derechos humanos debido a lasguerras, la segunda mitad presenciaría un fuerte cam-bio en dirección a su reconocimiento y su transforma-ción en uno de los principales instrumentos de luchacontra las dictaduras políticas, la desigualdad socialy las diversas formas de atropello a los derechos indi-viduales en el mundo. En este sentido, la denuncia,por ejemplo, de la tortura por parte de las dictaduraslatinoamericanas, en el plano de los derechos civiles,la lucha por una asamblea constituyente y por la li-bertad de organización partidaria, como en el casobrasileño, en lo tocante a los derechos políticos, mues-tran la fuerza movilizadora y aglutinadora de la no-ción de derechos humanos y su capacidad de contri-buir a la transformación social en las sociedades oc-cidentales contemporáneas.

Otro impulso importante para la consolidación deltema de los derechos humanos en la agenda global enlas dos últimas décadas fue la realización de lo quequedó conocido como el Ciclo Social de la ONU, con-junto de conferencias cumbre internacionales reali-zadas a lo largo de toda la década de 1990 en diferen-tes países, todas ellas reafirmando y, al mismo tiem-po, ampliando el alcance y la cobertura de los trata-dos internacionales sobre derechos humanos. Mere-cen un destaque, por sus repercusiones en el planopolítico y jurídico nacional y internacional, la Cum-bre Mundial de la Infancia (Nueva York, 1990), laConferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Ríode Janeiro, 1992), la Conferencia Internacional sobreDerechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia so-bre la Mujer, el Desarrollo y la Paz (Beijing, 1995), y laCumbre Mundial sobre Xenofobia y Racismo (Durban,

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1999). Cada una de estas cumbres reafirmó temas yperspectivas, así como incorporó nuevas temáticas ala discusión global sobre los derechos humanos, am-pliando mucho el abanico original de los derechosreconocidos por los tratados internacionales.

Derechos humanos, sociedad civily esfera pública no estatal

Para el éxito de estas iniciativas fueron determinan-tes las movilizaciones sociales en torno a diversostemas que se iban acrecentando a lo largo de las déca-das de 1980 y 1990 en todo el mundo. En realidad,como resultado y al mismo tiempo como condicionantede esta afirmación de la temática de los derechos hu-manos en el imaginario social y en la agenda interna-cional, un factor determinante de este proceso fue elresurgir en varios países, y la formación en otros, deuna esfera de acción social que en la literatura sobreel tema se convino en llamar sociedad civil, cuya in-fluencia y poder de presión política y cultural aumen-tó mucho en los últimos años y hoy es un componentecentral en la dinámica de las sociedades contemporá-neas.

Ampliando en mucho los límites de este término,tal como fue originalmente utilizado en los siglosXVIII y XIX y que se confundía, en la práctica, conlas relaciones económicas y sociales típicas de la so-ciedad burguesa en su lucha por afirmarse en Euro-pa –implicando por lo tanto en aquel contexto la di-ferenciación y el conflicto con el Estado–, la socie-dad civil que se dibuja en las dos últimas décadasdel siglo XX se desvincula estrictamente de los inte-reses económicos de los más diversos grupos socia-

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les para incorporar cuestiones y problemáticas quecomprenden variados derechos humanos y socia-les, concepciones normativas y valorativas ampliasy con frecuencia divergentes, así como causas deinterés humano general, como en el caso de la defen-sa del medio ambiente y de la ecología, de las cues-tiones étnicas y de genero. En este sentido, el con-cepto de sociedad civil se remite a “una manera depensar (la sociedad) desde una perspectiva ligada ala noción de igualdad de derechos, autonomía, par-ticipación, en fin, a los derechos civiles, políticos ysociales de la ciudadanía. En virtud de ello, la socie-dad civil tiene que ser “organizada” (...) la sociedadcivil tiene que ser construida, reforzada, consolida-da. Se trata del medio y la finalidad de la democra-cia política” (Fernandes, 1998: 236).

A pesar del estrecho vínculo que mantiene con ladinámica política de las sociedades modernas y sien-do, según algunos autores 2 , una condición esencialde la democracia contemporánea, la esfera públicano estatal, estructurada en torno a las dinámicassocietarias propias de la sociedad civil, excluye a lospartidos políticos de su ámbito de acción en la medi-da en que los mismos enfocados a la conquista y man-tenimiento del poder político strictu sensu serían com-ponentes naturales de la llamada “sociedad políti-ca” –en palabras de Gramsci–, teniendo en el Estadosu referencia básica, el centro estratégico. En la prác-tica, la esfera pública no estatal al actuar como meca-nismo de intermediación entre el poder político –en-tronizado en el Estado– y los procesos característicosde la reproducción del “mundo de la vida”, comosugiere Habermas –centrados en la sociedad civil–,requieren del concurso de los instrumentos de la re-

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presentación política y de la participación social paraser viables, promoviendo el encuentro y la conexiónentre las demandas colectivas y las instituciones po-líticas, entre gobierno y sociedad. En este sentido cabeaquí una presentación más detallada de las caracte-rísticas, de la dinámica y de los procesos comprendi-dos en la relación de la sociedad civil como esfera deacción social, con las demás esferas representadaspor el Estado de un lado y el mercado del otro.

Las configuraciones adoptadas por la sociedadcivil varían de país a país y entre las regiones al inte-rior de cada uno de acuerdo de acuerdo a diferenciashistóricas, sociales, económicas, culturales y en espe-cial de acuerdo con la estructura, la organización ylas relaciones con la sociedad que presenta el aparatodel Estado3 .

A pesar de estas particularidades, algunas carac-terísticas comunes nos permiten detectar tendenciasposibles en el proceso de estructuración actual de lasociedad civil en todo el mundo, en especial en lassociedades occidentales. Entre ellas cabe destacar lassiguientes:

1) La tendencia a la afirmación de su autonomíafrente al mercado y frente al Estado, ya sea en el planopolítico ideológico, ya sea en el plano financiero, conindependencia del hecho de que las organizacionesque la componen vengan trabajando de forma cadavez más frecuente en la intersección con estas otrasdos esferas. Esta autonomía se muestra también en surelación con lo que se convino en llamar “sociedadpolítica”, o sea el conjunto de las instituciones queconforman y organizan la vida política de estas so-ciedades, en especial los partidos políticos. Autono-

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mía en el contexto presente no significa rechazo o unaposición de enfrentamiento permanente de la socie-dad civil con estos otros sectores en que se organizanlas sociedades contemporáneas, sino un esfuerzo pordefinir y defender un espacio de actuación propio apartir de posiciones no siempre congruentes con losintereses y las perspectivas de los agentes socialesque hacen parte de, o que actúan de preferencia en,las esferas del Estado o del mercado.

2) La tendencia a estructurarse en base a un sin-número de organizaciones y instituciones que pue-den ser representativas de determinados intereseseconómicos, de perspectivas religiosas particulares,de concepciones específicas relativas a la orientaciónsexual, de valoración de determinados segmentos dela sociedad (población negra, mujeres, niños, ancia-nos, portadores de ciertas deficiencias y demás), peroque contrariamente a las instituciones representati-vas tradicionales no tienen su “representatividad”determinada por una elección formal del tipo de vota-ciones o cualquier otro tipo de proceso electivo, y sídeterminada por “afinidades electivas” entre susmiembros y una determinada constituency o base so-cial de referencia casi que por definición variable,mutante, sin contornos definidos, que necesita ser“reconstruida” a cada momento como forma de ase-gurar su apoyo a estas organizaciones. Entre estas,las que más se destacan en este “resurgir” de la socie-dad civil en las sociedades contemporáneas, son lasorganizaciones no gubernamentales (ONG), aún siotros términos estén progresivamente ocupando sulugar, como, por ejemplo, organizaciones de la socie-dad civil (OSC).

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3) Movimientos, campañas, acciones de masas,actos públicos, acciones regulares de recolección defondos, etcétera, son algunas de las formas de actua-ción de estas organizaciones. En este proceso, un lu-gar de destaque es ocupado por los medios de comu-nicación escritos y electrónicos, debido a su capaci-dad de movilizar los más diversos segmentos hacien-do que frecuentemente la base de apoyo de las ONGtenga una extracción cross-social, es decir, encuentresustentación en sectores sociales diferentes, con inte-reses y perspectivas valorativas distintas y no rara-mente contradictorias entre sí, aunque puedan estarunidos en torno a cualquier tema específico.

4) Los agentes o actores de los procesos desenca-denados por tales organizaciones en la sociedad ci-vil, en esta nueva perspectiva, tienden también a pro-venir de extracciones sociales diversas, teniendo comoelemento unificador su adhesión/identificación a losvalores, propuestas, actividades, acciones y demás,desarrolladas por ellas, flexibilizando los límites declase, ideológicos y/o políticos, y de otro tipo quemarcaban la actuación de los movimientos socialesde las décadas de 1970/1980 en el Brasil y en el mun-do. No es que estas cuestiones hayan desaparecidodel escenario de la sociedad civil de forma tal quehubiesen generado una ruptura total de los factoresque determinan la diferenciación del comportamien-to de los actores sociales; más bien parece estar ga-nando fuerza, en el escenario de actuación definidopor la “nueva” sociedad civil de los años de 1990, laconstrucción de una vía de cooperación y de solidari-dad entre distintos sectores de la sociedad que “sus-pende”, por así decirlo, el potencial de conflicto entre

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los mismos al enfatizar mucho más aquello que unifi-ca a los actores sociales que lo que los divide. Así,organizaciones y movimientos sociales que trabajancuestiones como la violencia urbana, los niños de lacalle, la asistencia a las víctimas del SIDA o de otraenfermedad cualquiera como el síndrome de Down,etcétera, pueden perfectamente contar entre sus miem-bros con personas oriundas de clases y/o grupos so-ciales diversos y conflictivos entre si sin que eso nece-sariamente implique la anulación de sus diferenciasni la paralización de las actividades de la organiza-ción.

Por ser de adhesión voluntaria basada en la iden-tificación con las propuestas de la organización, elpotencial de conflicto entre sus miembros disminuyede forma acentuada, brindando oportunidades decooperación más allá de sus diferencias específicas.Contribuye a eso por otro lado, y no es menos impor-tante, el hecho de que en su gran mayoría los objeti-vos de estas organizaciones se vinculan a lo que, enla teorización marxista, se define como “superestruc-tura”, es decir, el plano de los valores, de los derechosde la ciudadanía, etcétera, sin tocar cuestiones “es-tructurales” como la propiedad privada, las relacio-nes entre empresarios y trabajadores en el plano de laproducción, etcétera, que pudiesen tornar no viablela cooperación interclasista.

5) Ligado a esto, y debido al hecho de que el ele-mento unificador de la participación de los diferentesactores puede ser múltiple y variable en el tiempo, seasiste a un proceso que podríamos definir como de“múltiple compromiso” de estos actores, participan-do simultáneamente o no de varias organizaciones y

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movimientos al interior de la sociedad civil, dandoorigen a un actor o agente social multifacético en lotocante a su participación en la vida de la sociedad.Paralelamente se observa que la sociedad civil se or-ganiza predominantemente en forma de redes que tien-den a ser heterogéneas, fragmentadas, creando “nue-vos territorios de acción colectiva, un nuevo imagina-rio social, una comunidad virtual” (Scherer-Warren,1993), con efectos en la sociabilidad y en la espaciali-dad, empero con riesgos de producir formas de exclu-sión en el proceso participativo, en función de la des-igualdad en el acceso a la información necesaria parala participación de aquellos sectores no organizadosde la sociedad. De cualquier forma, la estructura deredes parece haber llegado para quedarse, generandode un lado grandes posibilidades de acción comúnentre los varios actores y movimientos sociales queconforman la sociedad civil, al mismo tiempo que,por otro lado, contribuye a cierta dispersión de es-fuerzos en ausencia de una coordinación capaz dedar un sentido común a las acciones de los diversosparticipantes de las luchas sociales.

6) Esta diferenciación al interior de la propia so-ciedad civil –que tiende a presentarse como un mo-saico de organizaciones e instituciones que a pesarde hacer parte de un conjunto mayor tiene una diná-mica muy particular en función de su área de actua-ción y de su “constituency”–, es resultado y al mismotiempo factor de expansión del concepto de ciudada-nía vigente en las sociedades contemporáneas. Enellas hace mucho que el derecho de participación elec-toral fue sobrepasado como criterio de definición fun-damental de un ciudadano en pleno goce de sus dere-

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chos para incorporar nuevos elementos como el dere-cho a la educación, a la salud, a la habitación, a laplena vivencia de la sexualidad, a la libertad religio-sa, entre otros. En muchas de ellas, entretanto, aun-que incorporados a las leyes y constituciones, estosderechos necesitan de una participación permanentede la sociedad para que sean efectivamente respeta-dos ya sea por el Estado o por la propia sociedad ensu conjunto. Este papel de “vigilante de los derechos”es, con frecuencia, desempeñado por las organizacio-nes de la sociedad civil en función de los objetivosque cada una se traza como propios, lo que la ha trans-formado en uno de los principales factores de expan-sión y mantenimiento de los derechos de ciudadaníay de la propia democracia en el mundo contemporá-neo. Polimorfismo puede ser, por lo tanto, un términobastante adecuado para describir el carácter de estanueva sociedad civil, en función tanto de las diferen-tes formas de organización de los agentes socialesque abriga como de los distintos objetivos que ellospersiguen y de las diversas estrategias de actuaciónque privilegian en la búsqueda de estos objetivos.

7) Otra faceta distintiva de la sociedad civil en estecambio de siglo es su complementariedad en relacióntanto al Estado como al mercado. La autonomía deque hablábamos antes no impide –sino al contrario,estimula– la construcción de asociaciones entre estostres sectores básicos de la dinámica social contempo-ránea, de forma de complementar las acciones que enellos se desarrollan. Volcadas a actuar esencialmenteen el plano de lo social, las organizaciones de la so-ciedad civil cumplen tareas y desarrollan accioneslas cuales, aunque no sean completamente ajenas al

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universo del Estado y del mercado, encuentran difi-cultades para ser realizadas plenamente en su ámbi-to. De esa forma, prestar asistencia a las víctimas delSIDA y de la violencia, como por ejemplo del estupro,luchar en defensa del medio ambiente denunciandola omisión, la connivencia o la incompetencia del Es-tado o el carácter predatorio de la actividad empresa-rial en el trato con la naturaleza, desarrollar progra-mas de prevención de enfermedades o programaseducacionales especiales como, por ejemplo, el com-bate a las drogas, actuar en la asistencia a los damni-ficados por fenómenos naturales o promover la de-fensa de minorías étnicas entre muchas otras activi-dades, parecen hacer de estas organizaciones un ele-mento importante para la mantenimiento y la expan-sión de la calidad de vida y de los derechos adquiri-dos en las sociedades contemporáneas.

Para eso, una amplia red de asociaciones ha sidoconstruida entre estas organizaciones y los diversosórganos del Estado por un lado, y las empresas deotro, de forma de viabilizar el desarrollo de progra-mas que atiendan a determinados sectores de la po-blación que, por la vía normal, no tendrían acceso auna serie de beneficios que están a disposición deotros grupos mejor ubicados en la estructura de lasociedad. Es dicho común entre los responsables deprogramas semejantes en el Estado y en las empresas,que la participación de las organizaciones que con-forman la sociedad civil es hoy cada vez más indis-pensable para que sectores más amplios tengan acce-so a los derechos mínimos comprendidos en el con-cepto de ciudadanía y, por extensión, de democracia.Esta articulación entre el Estado y tales organizacio-nes se ha vuelto tan “estructural” que, por un lado,

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sus críticos las rebautizaron como organizaciones“neo-gubernamentales”, aludiendo a la transferen-cia de recursos económicos y de otro tipo que estaríaexistiendo entre ambos sectores, y por otro lado estoimplica el riesgo de llevar a una subordinación deestas organizaciones a los intereses de los dirigentesempleados por el aparato de Estado, debido al gradocreciente de dependencia financiera de las mismasante el Estado.

Vale recordar que las transformaciones políticas,sociales y económicas de los gobiernos socialistas enlos países de la Europa del Este en la década de 1990indujeron a muchos de los organismos que financianlas actividades de las organizaciones no gubernamen-tales alrededor del mundo, y en especial en el Tercermundo, a redirigir el flujo de sus recursos hacia aque-llos países, haciendo que las inversiones estatales enlos programas que las ONG desarrollaban se volvie-sen particularmente importantes para su superviven-cia. Este proceso es de tal forma significativo, que ladesaparición, la reestructuración y la redefinición delos objetivos y del espacio de actuación de estas orga-nizaciones pasaron a hacer parte de su cotidianeidad,alterando en mucho el “medio ambiente” al interiorde la sociedad civil. Por lo tanto, el riesgo de la pérdi-da de autonomía es significativo en el actual contextopolítico y financiero de las sociedades contemporá-neas, lo que de concretarse podrá provocar efectosperversos para una parte significativa de la pobla-ción de estas sociedades.

8) El proceso de interacción constructiva entre lasociedad civil, el Estado y el mercado, no se da sinembargo sin conflictos. Por razones evidentes, en esta

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interacción está incluida también una clara disputapor espacios políticos y, en última instancia, por par-celas de poder. Aunque esto no ocurra necesariamen-te en todas las esferas de actuación de estos tres secto-res, hay puntos de extrema sensibilidad que exigenun cuidado muy especial para no tornar inviables lasasociaciones en su totalidad. Cuestiones como la se-guridad pública en el caso del Estado, y restriccionesa la actividad empresarial por defensa ambiental parael caso del mercado, presentan y representan un sig-nificativo potencial de conflicto desde la óptica de laautoridad en el primer caso, o de la óptica de la liber-tad empresarial y la propiedad privada en el segun-do, ambas consideradas como dogmas intocables yfundamento último de las sociedades contemporá-neas.

Este potencial parece ser tanto más significativocuanto más reciente sea el proceso de estructuraciónde la sociedad civil en cada país (Arato, 1992, cap. I).En efecto, en países que salieron hace poco tiempo degobiernos autoritarios, como Polonia “desde la iz-quierda” y Brasil “desde la derecha”, el “resurgir” dela sociedad civil la coloca con frecuencia en oposi-ción al Estado o mejor dicho al gobierno, siendo ellaun importante factor en el propio cambio y democra-tización de los regímenes políticos como ocurrió enAmérica Latina y Europa del Este. Siendo así, la sen-sibilidad mutua es grande y peligrosa en lo relativo alconflicto posible entre ambos sectores, exigiendo aveces una elaborada estrategia para evitar que la co-laboración entre sociedad civil y Estado se contamineen su totalidad por las disputas entre ambos. En estesentido es común contemplar denuncias y acusacio-nes originadas de ambos lados, que son normalmen-

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te seguidas de repliegues y ponderaciones más “equi-libradas” destinadas a restablecer los canales de co-municación entre los representantes de ambas esfe-ras públicas4 .

La presencia de estos conflictos no es evidente-mente una característica exclusiva de sociedades re-cientemente democratizadas. En países de fuerte tra-dición asociativa como los Estados Unidos y tambiénen Europa Occidental es común que diferentes secto-res del Estado y miembros de la sociedad civil se en-cuentren en campos opuestos, variando históricamen-te las razones que oponen a los diversos actores quelos integran. En los días actuales, la defensa del me-dio ambiente, de los derechos de minorías, de losinmigrantes o de la libertad religiosa entre otros, ocu-pan el centro de los problemas comprendiendo a es-tas esferas en las sociedades desarrolladas, y es mu-cho más amplio el abanico de posibilidades de con-flicto en el así llamado Tercer mundo. Los problemasque oponen a sociedad civil y mercado son tambiénmuy frecuentes, comprendiendo prioritariamentecuestiones relacionadas a los derechos de los trabaja-dores, al medio ambiente, a la explotación de la manode obra infantil, a la discriminación racial y de géne-ro en el trabajo, etcétera, y pueden, como en el caso delEstado, llevar a conflictos que dificulten las asocia-ciones entre estas dos últimas esferas sociales. Estosconflictos son parte integrante de la interacción entreEstado, mercado y sociedad civil y cumplen un im-portante papel en la definición de los rumbos toma-dos por cada sector a lo largo del tiempo.

Las características descritas tienen implicanciassignificativas para la dinámica de las sociedades con-temporáneas, debido entre otras razones al efecto que

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ejercen sobre algunos de los elementos deestructuración de las mismas, en particular sobre laredefinición de los límites y las características de laesfera pública y su relación con la esfera privada dela sociedad, así como de los procesos de cooperaciónentre grupos sociales, de surgimiento y estructuraciónde movimientos sociales y para la propia definiciónde los horizontes de actuación de la sociedad civil,incorporando áreas, temas, objetivos, grupos socialesy perspectivas diversas que hacen de ese proceso unode los fenómenos sociales y políticos más relevantesde estas sociedades 5 .

Las transformaciones experimentadas por la so-ciedad civil en el mundo contemporáneo pueden sertambién rastreadas en el Brasil donde, entre otrasmanifestaciones, un sin número de movimientos so-ciales y de organizaciones no gubernamentales fue-ron creadas al impulso del impacto de estas transfor-maciones en nuestra sociedad6 , y donde cada vez másla dinámica social tiene como uno de sus ejes básicosla articulación y la asociación entre Estado, sociedadcivil y mercado.

Si tomamos como referencia la historia reciente delpaís veremos que ya en la década de 1970, en especiala partir de su segunda mitad, la sociedad civil brasi-leña daba muestras de su importancia, particularmen-te por el papel que tuvo en el proceso de aperturapolítica forzada del régimen autoritario instauradopor el movimiento militar de 1964. El rostro de la so-ciedad civil en el Brasil sin embargo cambió muchodesde entonces. Como se sabe, el boom de organiza-ciones no gubernamentales brasileñas se dio en ladécada de 1980 y el comienzo de la de 1990, cuandola mayoría absoluta de estas organizaciones fueron

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fundadas. Hasta entonces, el gran peso político so-cial de la sociedad civil brasileña estaba centrado enasociaciones vinculadas a la defensa de los interesescorporativos de determinados sectores sociales (sin-dicatos, asociaciones empresariales, órganos profe-sionales como la OAB, la ABI y asociaciones de estu-diantes y profesores universitarios) y en aquellas vin-culadas a la Iglesia Católica (con las comunidadeseclesiales de base), que tuvieron un papel fundamen-tal en la presión ejercida sobre el régimen militar parala liberalización política que ocurrió al largo de ladécada de 1980.

Desde entonces, importantes acontecimientos die-ron muestras de la vitalidad de la sociedad civil bra-sileña, permitiendo aquilatar cuánto se avanzó en untiempo relativamente corto de cerca de 20 años en su(re)estructuración, destacándose por ejemplo la mo-vilización social que culminó en el impeachment delpresidente Fernando Collor en 1992, o la campañaAcción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Mise-ria y por la Vida capitaneada por el sociólogo Herbertde Souza, Betinho, o los varios movimientos de defen-sa de los derechos humanos en sus diferentes facetas,como género, opción sexual, niños y adolescentes,contra la discriminación racial, preservación del me-dio ambiente, entre otros.

Esta larga digresión sobre la sociedad civil permi-te, en nuestra opinión, comparar su importancia tan-to para las transformaciones estructurales de las so-ciedades occidentales contemporáneas7 , como tam-bién para la causa de los derechos humanos a nivelnacional e internacional, al forzar la ampliación te-mática, substantiva y social de los derechos reconoci-dos / afirmados y mantener una vigilancia perma-

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nente sobre el poder público para su cumplimiento ydefensa en los planos nacional e internacional (cf.Aragão, 2001, para un estudio más específico del temade la relación entre sociedad civil y derechos huma-nos en el Brasil).

Derechos humanos, multiculturalismoy relativismo cultural

La perspectiva adoptada por los tratados internacio-nales de derechos humanos es universalista, en elsentido de que desconoce cualquier impedimento re-lativo a género, etnias, origen social, opción religiosay sexual, nacionalidad, edad, color y cualquier otrofactor de discriminación en lo tocante a la vigencia yreconocimiento de los derechos de los individuos.Mientras tanto, la amplia aceptación internacionalde la temática de los derechos humanos no debe in-ducir a una falsa noción de la aceptabilidad univer-sal de los mismos, de la forma en que la cuestión estáplanteada. Uno de los temas principales de la agendainternacional sobre los derechos humanos es justa-mente la disputa acerca de su pretendida universali-dad, que en la opinión de los teóricos del relativismocultural es euro-céntrica –es decir, expresa valoresculturales propios de la civilización occidental delcapitalismo tardío–, siendo por lo tanto incapaz dedialogar con los valores culturales que organizan elorden social de las naciones que no comparten el mis-mo abanico de orientaciones normativas fundamen-tales sobre la organización social.

Esta disputa valorativo-conceptual, con ampliasrepercusiones políticas y jurídicas en el plano delas relaciones internacionales, no debe ser minimi-

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zada en su relevancia. En efecto, tal disputa opusoen el pasado reciente y continúa colocando en cam-pos distintos de la arena internacional a países detradiciones culturales, religiosas, jurídicas y socia-les muy diversas, siendo una fuente importante deconflictos en el plano internacional. ¿Qué está endisputa aquí?

Se trata en realidad de la dificultad de hacer dialo-gar –por cuenta de aquello que Alasdair MacIntyre(1981) definió como inconmensurabilidad conceptual, osea, la imposibilidad de encontrar perfecta traducciónintervalorativa entre diferentes culturas–, al conjuntode valores culturales y normativos que orienta las for-maciones sociales contemporáneas que en su conjuntoobedecen a tradiciones culturales muy diversas, de lascuales algunas se hallan en conflicto hace centenas deaños. Baste recordar por ejemplo el conflicto valorativoque opone de un lado a los israelitas y del otro a losmusulmanes, en especial los palestinos en el MedioOriente, y que se traduce en gran número de violacio-nes de derechos humanos por parte de ambos gruposen conflicto, si bien Israel por ser un Estado-naciónreconocido internacionalmente tenga mayor grado deresponsabilidad, grado varias veces reconocido porinstancias y tribunales internacionales como la Asam-blea Permanente de la ONU o más recientemente elTribunal Internacional de La Haya, Holanda.

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, elrelativismo cultural ampliamente fundamentado porel conocimiento de la estructura de las diversas cultu-ras suministrado por la antropología en primer lugary posteriormente reafirmado por una crítica de la pre-tensión universalizadora y racionalizante de la cul-tura occidental, afirmará que las “diferentes culturas

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son completamente auto-validables y mutuamenteincomparables”.

Siendo así, “sería de la más absoluta arroganciaque nuestra cultura –léase cultura occidental si bienen principio el argumento sea válido para cualquiercultura (N.M.)– intentase juzgar a alguna otra”(Eagleton, 1998).

El antietnocentrismo presente en esta crítica seaplica evidentemente a una de las principales expre-siones de la cultura occidental, tal como son los dere-chos humanos. La principal acusación se dirige a unposible imperialismo cultural por parte de los paísesoccidentales cuyos valores culturales se estructuranesencialmente en torno de la valorización y defensadel individuo como tal, articulando no solamente uninstrumental normativo para la protección de susderechos sino también un significativo aparato judi-cial para dar apoyo institucional a los derechos hu-manos. Para los defensores del relativismo culturalmientras tanto, este énfasis en el individuo no corres-ponde a los valores fundamentales de culturas im-portantes en el escenario mundial que dan prioridada los colectivos sobre los intereses individuales, des-tacándose culturas orientales como la japonesa o lachina, culturas fuertemente marcadas por valores re-ligiosos como el islamismo árabe o el hinduismo, oculturas seculares con foco colectivista como era elcaso de las repúblicas socialistas. Si el fundamentode los derechos humanos son los valores morales quesirven de base a las diferentes culturas, la propuestade una universalización de los derechos humanosbasados en la persona o en el individuo con el corteliberal propio de Occidente, representaría en la prác-tica una seria amenaza a la diversidad cultural del

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mundo. Esta crítica también se refleja obviamente enel plano de la ciudadanía, y del ejercicio y la prácticade la democracia, los cuales en la visión relativistaestán íntimamente ligados a los valores morales decada cultura 8 .

El argumento relativista, entre tanto, ha sido fuerte-mente enfrentado por los defensores de una perspecti-va universalista de los derechos humanos, con base endos tipos de razonamiento. Por un lado, en el hecho deque desde el punto de vista de la legitimidad de unaperspectiva de esta naturaleza, la Declaración Univer-sal de los Derechos Humanos de 1948 inicialmenterefrendada por 48 de los 56 países entonces pertene-cientes a la ONU, fue ampliamente reconocida por loscerca de 170 países que participaron de la ConferenciaInternacional sobre Derechos Humanos realizada enViena en 1993, quienes firmaron el documento finaldel encuentro validando de esa forma la posturauniversalista allí adoptada. El argumento, en este sen-tido, se remite al libre ejercicio de la soberanía de cadapaís al aceptar el documento referido como expresiónde valores válidos para todos ellos. Por otro lado, recu-rren al propio documento que en su parágrafo quintoafirma que, “los derechos humanos son universales,indivisibles, interdependientes e interrelacionados. (...). Las particularidades nacionales y regionales, así comolas bases históricas, culturales y religiosas deben serconsideradas, pero es obligación de los Estados, inde-pendientemente de su sistema político, económico ycultural, promover y proteger todos los derechos hu-manos y libertades fundamentales” (citado enPiovesan, 2002). En este sentido, “se reitera la idea deque la forma por la cual un Estado trata a sus naciona-les no se limita a su jurisdicción reservada. La inter-

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vención de la comunidad internacional tiene que acep-tarse subsidiariamente ante la emergencia de una cul-tura global que pretende fijar padrones mínimos deprotección de los derechos humanos” (ídem).

A pesar de que la disputa entre universalistas yrelativistas no haya sido superada definitivamente, ladirección predominante en el escenario mundial hatendido a privilegiar la postura universalista, que tie-ne asegurada una capacidad de intervención mínimade la comunidad internacional en situaciones de fla-grante atropello a los derechos humanos y al ordeninternacional fundada en ellos, como ocurrió en el casode los genocidios practicados por el gobierno serbiocontra los musulmanes de Croacia y Bosnia o la ma-sacre de la etnia Tutsi por los miembros de la etniaHutu en Ruanda en la década de los 90, entre otrosejemplos recientes de desprecio por la vida y la culturade diferentes pueblos e individuos en el mundo.

Para finalizar este abordaje inicial del tema de losderechos humanos desde una perspectiva sociológi-ca cabe analizar así sea brevemente dos puntos rele-vantes para su comprensión: la cuestión de las pre-rrogativas de los poderes públicos en términos judi-ciales, y la del acceso a la justicia, como posibles fac-tores de limitación del pleno ejercicio de los derechoshumanos.

Poderes públicos y derechos humanos:conflictos y convergencias

Uno de los temas más relevantes en el conjunto de laproblemática de los derechos humanos se refiere a lacentralidad conferida al poder público como guar-dián de esos derechos y principal responsable por su

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efectiva implementación en el territorio nacional. Eltema de las prerrogativas estatales es amplio y pre-senta varias ramificaciones para la práctica jurídica;en este sentido, me gustaría abordarlo desde una pers-pectiva más bien sociológica en lo tocante al ejerciciode los derechos humanos vistos desde el punto devista del individuo.

En términos históricos, como es largamente cono-cido, la estructuración de los poderes públicos en lassociedades occidentales significó, concreta yconceptualmente, no solo la oposición Estado- indi-viduo, sino también, en la perspectiva contractualistade inspiración hobbesiana (Hobbes, 1974), la delega-ción, por parte de los miembros de la sociedad, depoderes al Estado para administrar y aplicar de for-ma legítima la violencia física como recurso último demantenimiento del orden social. Con eso, la resolu-ción de conflictos por la vía del uso de la fuerza porparte de los individuos quedó legalmente bloqueadasiendo considerada a partir de entonces una prerro-gativa exclusiva del poder público.

Esta forma de resolución del problema del ordensocial, estimulada por los conflictos religiosos que enla Inglaterra del siglo XVII amenazaban con destruirla sociedad, exigió que el Estado se colocase, frente alos individuos, como una entidad que detenta prerro-gativas necesarias al mantenimiento del orden públi-co, considerando la fusión que se estableció, tanto enel plano conceptual como en el plano jurídico-legal,entre el Estado y la noción de bien público. En estaperspectiva, las acciones de los poderes públicos es-tarían siempre orientadas a salvaguardar el interésde la colectividad contra demandas o comportamien-tos abusivos por parte de sus miembros individuales

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–quienes podrían poner en riesgo la libertad y la vidade los individuos y, por consiguiente, el orden so-cial– y están por lo tanto marcadas en el imaginariosocial y político por la noción de que las acciones delEstado apuntan siempre al establecimiento de un biencolectivo mayor, trascendente y superior en relacióna las necesidades individuales.

Cabe no olvidar que la proposición de un poderestatal que se coloca por encima de los miembros dela sociedad y fuera de su alcance surge, por lo tanto,pari paso con la creciente afirmación del individuo ydel individualismo en las sociedades occidentales,como fruto de las transformaciones económicas y so-ciales que revolucionaron el orden feudal einstauraron el dominio del capitalismo como formaprincipal de estructuración de la actividad económi-ca occidental. Frente a la creciente autonomía del in-dividuo en relación a las instituciones de caráctercolectivo, responsables por la mantenimiento del or-den en estas sociedades –tales como la familia, la co-munidad, la religión, las tradiciones, etcétera–, y alriesgo subyacente de ruptura de este orden, se hacecomprensible y hasta aceptable que en un plano abs-tracto y en nombre del colectivo el Estado tenga privi-legios de orden política y jurídica que contribuyan aasegurar que sus propósitos y funciones sean ade-cuadamente cumplidos.

La continuidad de estas prerrogativas estatalesfrente a los individuos mantiene en nuestra opiniónsu validez aún en un contexto en el cual, en términosideológicos, políticos y jurídicos, los derechos de losindividuos frente a posibles abusos cometidos por losrepresentantes de los poderes públicos son asegura-dos a todos bajo la forma de los derechos humanos.

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Esto es el resultado, nos parece, de la afirmación y elreconocimiento de la concepción que defiende que,en tanto seres humanos, somos todos sujetos de dere-chos que deben ser respetados aún cuando se mani-fieste la necesidad de mantenimiento del orden y/ola garantía de prestación de servicios públicos.

La idea de que el poder público puede –o aún debe–ser sujeto de determinadas prerrogativas necesita, sinembargo, ser delimitada por la constatación de que,aún en un ambiente jurídico que reconoce la impor-tancia de preservar los derechos individuales de losmiembros de la sociedad, existe una asimetría de po-der muy acentuada entre los poderes públicos y losindividuos, la cual garante al Estado mayor capaci-dad de hacer valer sus intereses en la interacción conlos miembros de la sociedad (Miranda, 2004).

En este sentido existe, por lo menos en términospotenciales, la posibilidad de que el Estado, si bienconstitucionalmente responsable por la defensa delos derechos humanos, pueda por fuerza de prerro-gativas jurídico-administrativas ser él mismo agenteintencional o no de violaciones o atropellos a los de-rechos de los individuos. Un ejemplo de los resulta-dos de las prerrogativas estatales frente a los indivi-duos y sus posibles efectos negativos sobre los dere-chos humanos puede ser hallado en el hecho de quees el Estado el principal acusado en la CorteInteramericana de Derechos Humanos por violacio-nes a estos derechos en el plano nacional de los diver-sos países de la comunidad latinoamericana.

La noción de que, independientemente de su ca-rácter público o privado, la isonomía entre deman-dantes y demandados es una precondición para eljuicio justo en una demanda judicial, puede encon-

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trarse amenazada en caso de que las prerrogativasde los poderes públicos se mantengan de forma talque siempre beneficien al ente público demandado.Esta perspectiva es delineada de forma elocuente porel profesor Hermann-Josef Blanke, de la Facultad deDerecho de la Universidad de Erfurt, Alemania, alanalizar el tema de las prerrogativas del Estado enprocesos contra la hacienda pública cuando afirma,al contraponer el caso alemán al caso brasileño, que”el requisito de un derecho subjetivo reconoce a esehombre al mismo tempo como sujeto jurídico, lo queproporciona de tal modo la posibilidad de actuarcon independencia frente al Estado y de reclamar laobservación de las leyes que protegen a los indivi-duos. Sin derechos propios, el individuo seria unsúbdito del Estado. La garantía del derecho subjeti-vo es condición necesaria de un estado liberal, de-mocrático-social, y de un Estado orientado por el de-recho”. Prosigue el profesor Blanke: “cabe entoncesla pregunta clásica de Hobbes, cuando considera-mos las prerrogativas de la administración que fue-ran creadas, por ejemplo, en las legislaciones de Bra-sil y España: ¿podemos sospechar que se desea con-servar una relación de subordinación entre Estado yciudadano en los tribunales?; ¿una subordinaciónque solo sirve para la protección del patrimonio pú-blico en un sentido demasiado estrecho y muchasveces sin tener una justificación en las tareas delEstado? Una tarea esencial, al contrario, debería serla protección de los derechos humanos en el procesoadministrativo” (Blanke, 2003).

Por lo tanto, si el Estado puede ser considerado elprincipal instrumento de la defensa de los derechoshumanos en el plano nacional, también se ha vuelto

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uno de los principales, si no el mayor, responsablepor la violación de estos mismos derechos en granparte debido a la asimetría de poder entre el poderpúblico y el individuo. Este análisis podría hacerseaún más complejo si introdujéramos el tema de la des-igualdad de tratamiento y enfrentamiento de las vio-laciones a los derechos humanos de los individuospertenecientes a grupos y clases sociales diferentes.En efecto, son los segmentos menos favorecidos losque tienen sus derechos humanos violados de formamás sistemática, ya sea por miembros de otros grupossociales mejor situados en la estructura social, ya seapor agentes del propio poder público. Este es, por lotanto, un tema central en las dificultades encontra-das para la plena vigencia de los derechos humanos,en especial en los países de tradición democrática aúnpoco consolidada o muy reciente.

Derechos humanos y acceso a la justicia

Hablar de efectividad de los derechos humanos impli-ca pensar necesariamente en la posibilidad real de ejer-cer tales derechos cuando eso fuese necesario. Aunqueel reconocimiento formal de los derechos humanos,reconocidos en los tratados internacionales y reafir-mados en la constitución y en la legislacióninfraconstitucional, sea un presupuesto fundamentalpara la demanda individual de su defensa, este com-ponente por sí solo no es suficiente para garantir suvigencia y ejercicio en la sociedad. Es necesario ade-más que esté garantido el acceso a la justicia, es decir,que todos aquellos que juzguen que sus derechos hansido violados puedan buscar reparación en el poderjudicial en los términos de la legislación vigente.

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El tema del acceso a la justicia está presente en lasreflexiones filosóficas, políticas y jurídicas de la cul-tura occidental desde, por lo menos, los griegos de laantigüedad clásica y es desde el punto de vista sus-tantivo un tema siempre abierto, variando a lo largode la historia de acuerdo a las diferentes concepcio-nes del bien público, de la sociedad justa y de losinstrumentos adecuados para viabilizarlo, que lassociedades van forjando en la medida en que trans-forman su estructura social, ampliando su conoci-miento y creando nuevos valores morales y cultura-les adecuados a su realidad histórica (Carneiro, 2003,y MacIntyre, 1991).

En el mundo occidental contemporáneo, altamen-te complejo y diferenciado en términos sociales, eco-nómicos, culturales y tecnológicos, el derecho y laadministración de la justicia, acompañando estastransformaciones, también pasaron por importantescambios tanto conceptuales como en términosinstrumentales, progresivamente racionalizando susfundamentos y los mecanismos de su aplicación.

Uno de los puntos centrales de este cambio tratade lo que es definido como el proceso dejudicialización (o juridificación) de las relaciones so-ciales y políticas en la sociedad. En las palabras deun analista de la escena brasileña, reflexionando so-bre temas planteados por procesos semejantes ocurri-dos en Europa y en los Estados Unidos, “El poderjudicial, antes un poder periférico, encapsulado enuna lógica con pretensiones autopoiéticas inaccesi-bles a los legos, distante de las preocupaciones de laagenda pública y de los actores sociales, se muestracomo una institución central de la democracia brasi-leña, ya sea en lo que se refiere a su expresión propia-

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mente política, o en lo que hace a su intervención en elámbito social” (Vianna, 1999).

La judicialización de las relaciones sociales repre-senta en verdad la búsqueda de la resolución de con-flictos sociales por la vía del derecho y del aparatojudicial, conflictos que estuvieron reprimidos y sinsolución en las estructuras institucionales previas ala constitución de 1988. Se pretende que el derecho,reconociendo y acogiendo demandas sociales funda-das en derechos inscritos en la carta de 1988, sea ca-paz de resolver de forma definitiva los problemas re-currentes de atropello a los derechos humanos pre-sentes en la sociedad brasileña. Esa expectativa cadavez más generalizada en todos los segmentos socia-les expresa no solamente la incapacidad e inadecua-ción de los canales tradicionales de resolución de con-flictos –como los partidos políticos, los sindicatos, lashuelgas, y las luchas parlamentarias– para dar unarespuesta a las demandas sociales, como también loscambios importantes acerca del papel del derecho yde su relación con la justicia y con las luchas sociales.Así, “bajo la inspiración de la idea de lo justo, comoen Ricouer (1995), y de las nuevas corrientes del hu-manismo jurídico, se pretende reconstituir el derechopor esa perspectiva adversa al positivismo kelseniano,como quiere indicar Bouretz en La force du droit, opo-niendo ‘al universo objetivo de normas la exigenciade su conformidad a una idea de justicia” (Vianna yBurgos, 2002).

Asociada a esta creciente problematización delderecho y de su papel en la sociedad, fueron creadosmecanismos importantes de promover el acceso a lajusticia, con destaque en el caso brasileño los juzga-dos especiales civiles y penales –para conflictos de

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pequeño monto financiero y de pequeñas transgre-siones al orden social–, los PROCONs –órganos parala defensa de los derechos de los consumidores–, ade-más de observarse una creciente participación e in-tervención del Ministerio Público Federal en la reso-lución de conflictos y problemas seculares –como eltrabajo esclavo y la corrupción en la administraciónpública en los tres niveles de gobierno.

Entretanto, si es verdad que avances ampliamenterelevantes para la causa de la democracia, de la justi-cia y de los derechos humanos fueron realizados enlos últimos años en todo el mundo occidental y enparticular en el Brasil, es también verdad que faltaaún mucho a ser realizado en la búsqueda de un ac-ceso pleno a la justicia capaz de garantizar vigenciaplena a los derechos humanos. Para comenzar, tene-mos el tema de la creciente desigualdad social resul-tante de una creciente concentración de la riquezamundial en los países más desarrollados en el planointernacional y en los segmentos más favorecidos anivel nacional.

Como bien lo demuestra José Eduardo Faria, en elBrasil “el poder judicial viene desempeñando sus tresfunciones básicas: la instrumental, la política y la sim-bólica (Santos, Marques, Pedroso y Ferreira, 1996: 19-34). Por la primera, el poder judicial es el principallocus de resolución de los conflictos. Por la segundaejerce un papel decisivo como mecanismo de controlsocial, haciendo cumplir derechos y obligaciones con-tractuales, reforzando las estructuras vigentes de po-der y asegurando la integración de la sociedad. Por latercera disemina un sentido de equidad y justicia enla vida social, socializa las expectativas de los acto-res en la interpretación del orden jurídico y calibra

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los padrones vigentes de legitimidad en la vida polí-tica. La ineficiencia de la justicia brasileña en el ejer-cicio de esas tres funciones proviene en gran parte dela incompatibilidad estructural entre su arquitecturay la realidad socio-económica a partir de la cual ysobre la cual tiene que actuar” (Faria, 2004).

El autor, sirviéndose de datos relativos a la des-igualdad de ingresos, al desempleo y a la tasa dehomicidios en las dos últimas décadas, trata de de-mostrar que la “realidad brasileña es incompatiblecon ese modelo de poder judicial. Inestable, inicua,contradictoria y conflictiva, se caracteriza por situa-ciones de miseria, indigencia y pobreza que nieganel principio de la igualdad formal ante la ley, impi-den el acceso de partes significativas de la pobla-ción a los tribunales y comprometen la efectividadde los derechos fundamentales; por el aumento deldesempleo abierto y oculto y por la reducción delnúmero de trabajadores con contrato firmado, y, porlo tanto, desprovistos de protección jurídica; por unaviolencia y una criminalidad urbanas desafiantesdel orden democrático y originadas en los sectoressociales excluidos de la economía formal, para loscuales la trasgresión cotidiana se convirtió en laúnica posibilidad de sobrevivir; por una apropia-ción perversa de los recursos públicos, sometiendoa los desheredados de toda clase a condicioneshobbesianas de vida; y por un sistema legal incohe-rente, fragmentario e incapaz de generarprevisibilidad y seguridad de expectativas, dada laprofusión de leyes dictadas para dar cuenta de ca-sos específicos y coyunturales y de normas excesi-vamente simples para ser aplicadas en situacionesaltamente complejas” (ídem).

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Este cuadro, ya bastante conocido por todos losque se asoman a la realidad brasileña, expresa de for-ma bastante adecuada lo que el sociólogo BoaventuraSantos define como la emergencia del fascismosocietal, es decir, aquella situación social basada ensegregaciones diversas y en la cual el aparato de Es-tado adopta formas de acción diferenciada de acuer-do con los grupos y áreas sociales en relación a lascuales actúa. Destaco aquí el subtipo del fascismo delapartheid social: “se trata de la segregación social delos excluidos a través de una cartografía urbana divi-dida en zonas salvajes y zonas civilizadas. Las zo-nas salvajes son las zonas del estado de naturalezahobbesiano. Las zonas civilizadas son las zonas delcontrato social y viven bajo constante amenaza de laszonas salvajes”. Destaco asimismo el subtipo del fas-cismo del Estado paralelo: “forma de acción estatalcaracterizada por la gran discrepancia entre el dere-cho escrito y la acción estatal práctica. [...] Consiste enun doble patrón de la acción estatal en las zonas sal-vajes y en las zonas civilizadas. En las zonas civiliza-das, el Estado actúa democráticamente, como Estadoprotector, aunque muchas veces ineficaz o no confiable.En las zonas salvajes, el Estado actúa fascistamente,como Estado predador, sin ninguna veleidad de ob-servancia, así sea aparente, del derecho” (Santos,1999).

El cuadro que se pinta está, por lo tanto, marcadopor una profunda contradicción. De un lado tenemosbienestar social, Estado protector, vigencia del dere-cho y acceso a la justicia; del otro, exclusión social,Estado represor, ausencia de las reglas del derecho yexclusión de la justicia. De esa forma, esta condiciónbásica para la vigencia de los derechos humanos que

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es el acceso a la justicia pleno y para todos, no cumplesu papel adecuadamente, dificultando, cuando notornando inviable, el que los individuos puedan de-fender sus derechos de forma satisfactoria.

En el caso brasileño, si sumáramos a estas deter-minaciones sociales algunos factores provenientes dela propia estructura del poder judicial –tales como elexceso de procesos y la carencia de jueces, el grannúmero de leyes, decretos, reglamentos y normas di-versas, y el compromiso de miembros del poder judi-cial con intereses no siempre correctos de grupos so-ciales específicos– se puede entender la frustracióncon la acción de la justicia en la defensa de los dere-chos individuales, pese a la actuación importante delministerio público y de miembros del poder judicialen pro del Estado de derecho, de la moralidad públi-ca y de los derechos humanos.

Protección y violación de los derechoshumanos en el Brasil

La constitución brasileña de 1988 es conocida comola Constitución Ciudadana, tal fue el empeño de suscreadores en reconocer y afirmar la vigencia de losderechos humanos en la sociedad brasileña la cual,se esperaba, entraría en una nueva era de respeto alos derechos de todos los brasileños, sin distincionesde ningún tipo.

En efecto, ya en su preámbulo encontramos unaverdadera declaración de derechos fundamentandosus artículos: “Nosotros, representantes del pueblobrasileño, reunidos en Asamblea Nacional Constitu-yente para instituir un Estado Democrático, destina-do a asegurar el ejercicio de los derechos sociales y

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individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, eldesarrollo, la igualdad y la justicia como valores su-premos de una sociedad fraterna, pluralista y sinpreconceptos, fundada en la armonía social y com-prometida, en el orden interno e internacional con lasolución pacífica de las controversias promulgamos...”(Constituição, 2000).

Su artículo primero afirma que “la RepúblicaFederativa del Brasil..., se constituye como Estadodemocrático de derecho y tiene como fundamentos,[entre otros]: II. La ciudadanía; III. La dignidad de lapersona humana; V. La pluralidad política”. A su vez,en el artículo cuarto encontramos que “la RepúblicaFederativa del Brasil se rige en sus relaciones interna-cionales por los siguientes principios [entre otros]: II.Predominio de los derechos humanos; III. Autodeter-minación de los pueblos; VI. Defensa de la paz; VIII.Repudio al terrorismo y al racismo; y, IX. Coopera-ción entre los pueblos para el progreso de la humani-dad” (ídem).

En el Capítulo I, “De los derechos y deberes indi-viduales y colectivos”, específicamente en su artículoquinto, son catalogados los derechos fundamentalesreconocidos y garantidos a todos los brasileños, re-saltando que… “Todos son iguales ante la ley, sindistinción de naturaleza alguna, garantizándose alos brasileños y extranjeros residentes en el país lainviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a laigualdad, a la seguridad, y a la propiedad, en los tér-minos siguientes, entre otros: I. Hombres y mujeresson iguales en derechos y obligaciones, en los térmi-nos de esta Constitución; II. Nadie será obligado ahacer o dejar de hacer alguna cosa, salvo en virtud dela ley; III. Nadie será sometido a la tortura ni a trata-

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miento inhumano o degradante; IV. Es libre la mani-festación del pensamiento, estando vedado el anoni-mato; XI. La casa es asilo inviolable del individuo, nopudiendo nadie penetrar en ella sin consentimientodel morador, salvo en caso de flagrante delito o de-sastre, o para prestar socorro, o, durante el día, pordeterminación judicial; XLI. La ley punirá cualquierdiscriminación atentatoria de los derechos y liberta-des fundamentales.” (ibidem).

Finalmente, en el Capítulo II, “De los derechos so-ciales”, especialmente en su artículo sexto, es recono-cido un conjunto significativo de derechos de ampli-tud social: “Son derechos sociales la educación, lasalud, el trabajo, la vivienda, el ocio, la seguridad, laprevisión social, la protección a la maternidad y a lainfancia, la asistencia a los desamparados, en la for-ma de esta Constitución” (ibidem).

Están enumerados arriba los principales derechosconstitutivos de las tres grandes generaciones quefundamentan el abanico de los derechos humanosreconocidos como válidos en el presente siglo: losderechos civiles de la primera generación en el sigloXVIII, los derechos políticos de la segunda genera-ción en el siglo XIX, y los derechos económicos, socia-les y culturales de la tercera generación en el siglo XX.El Brasil, en este sentido, se halla desde el punto devista legal en la vanguardia de la defensa de los dere-chos humanos en el mundo y en la América Latina.

A pesar de esta panoplia legal, sin duda impor-tante instrumento de protección de los derechos hu-manos, la realidad brasileña contradice ampliamen-te las expectativas creadas cuando se promulgó laConstitución de 1988, en lo que toca a la defensa efec-tiva de los derechos humanos en el Brasil, en especial

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en lo que se refiere a los derechos civiles y a los dere-chos sociales.

Si consideramos por ejemplo los derechos civiles,que aseguran libertad e igualdad ante la ley así comola integridad física de los ciudadanos y la inviolabili-dad del hogar, veremos una enorme disparidad entrelos individuos que componen los diferentes segmen-tos sociales de la sociedad brasileña. La garantía deestos derechos demanda una justicia independiente,eficiente, barata y accesible a todos que asegure por lotanto la libertad individual en las sociedades occi-dentales capitalistas. Pero no es ese exactamente elcaso en el Brasil.

Sucesivos informes de entidades dedicadas al se-guimiento de la vigencia y el respeto a los derechoshumanos en el Brasil y en el mundo, tales como HumanRights Watch, Justicia Global, así como el órgano delas Naciones Unidas para los derechos humanos, laOficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-manos (UNCHR), demuestran de forma cabal el atro-pello frecuente de los derechos civiles en el país.

Si tomamos, por ejemplo, el problema de la violen-cia contra los jóvenes infractores en el estado del Ríode Janeiro, el informe de Human Rights no deja dudade las violaciones a que está sometido este grupo: “Losjóvenes internados en Río de Janeiro sufren golpespor parte de los guardias disciplinarios y otros abu-sos ocultos que continúan impunes, porque los cen-tros de detención juvenil del estado no sonmonitoreados por organizaciones independientes...”Una reevaluación de los centros de detención juvenilde Río de Janeiro, conducida por la organización in-ternacional seis meses luego del primer informe quehabía sido publicado en diciembre de 2004, constató

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que las condiciones se habían en realidad deteriora-do en varios aspectos importantes: “Los guardas oagentes golpean a los jóvenes con violencia cuandoestos cometen las más ínfimas infracciones, tales comono mantener las cabezas bajas y las manos a la espal-da cuando se encuentran fuera de las celdas. Algu-nos guardias también agreden a los jóvenes deteni-dos con porras de madera, a los cuales dangrotescamente los nombres de personajes de pelícu-las de dibujos animados o de astros de la música pop.Las puniciones colectivas son comunes”.

“El hacinamiento es grave en tres centros de de-tención: Padre Severino, Santo Expedito y CAI-Baixada. Por ejemplo, el centro de detención SantoExpedito ya tenía un número de internos mucho másallá de su capacidad oficial cuando Human RightsWatch lo inspeccionó por primera vez en julio de 2003.Los jóvenes continúan en celdas abarrotadas cuyoespacio fue proyectado para alojar cerca de la mitaddel número de jóvenes que allí se encuentran”.

“Las deficiencias graves de personal, artículos ali-menticios y prendas de ropa en los tres centros au-mentan el riesgo de la eclosión de rebeliones violen-tas. En marzo, los jóvenes de Santo Expedito se amo-tinaron después de que, al comienzo del año, las au-toridades suspendieron las clases, la recreación delos internos y casi todas las otras actividades debidoa la falta de personal. Durante los tres meses anterio-res, los detenidos habían pasado la mayor parte deltempo encerrados en sus celdas, sin nada que hacer”.

“Los promotores públicos tienen poderes para ins-peccionar los centros de detención juvenil, pero casinunca lo hacen. Los inspectores del poder judicial seconcentran en los detalles administrativos –número

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de internos, número de funcionarios, cantidad de de-tergente disponible en cada centro, etcétera– aunqueno investigan rutinariamente los abusos”9 .

A causa de estos malos tratos, las rebeliones vio-lentas en las instituciones encargadas de la re-socia-lización de los menores y jóvenes infractores son cadavez más frecuentes, y resultan normalmente en lamuerte de menores, en tentativas de fuga, y en el re-greso al círculo vicioso de los malos tratos como ven-ganza contra los jóvenes.

El tema de la violencia contra presidiarios por otrolado, haciendo eco de lo se relataba arriba, también semuestra como una de las mayores fuentes de atrope-llos en relación a derechos civiles en el Brasil, perpe-trados por los agentes públicos encargados de celarpor su integridad y bienestar. En este sentido, la mis-ma Human Rights Watch resumía la situación en es-tos términos: “En todos los sentidos, el sistema penalbrasileño es enorme. El Brasil encarcela más perso-nas que cualquier otro país en la América Latina (sinduda, posee un número de agentes penitenciariosmayor que el número de presos en muchos países); elsistema opera el mayor presidio individual de la re-gión; el número mismo de fugitivos alcanza a milla-res. Infelizmente, los problemas de ese sistema inmen-so y de difícil control tienen proporciones correspon-dientes. Abusos de los derechos humanos son come-tidos diariamente en los establecimientos carcelariosy afectan a muchos millares de personas. Las causasde esta situación son variadas y complejas pero cier-tamente factores cruciales pueden ser identificados.Entre ellos, tal vez el más importante, sea la idea deque el abuso de las víctimas –presos y por eso crimi-nales– no merece la atención pública...”

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“En la mayoría de las prisiones, la distribución delespacio es relativamente irregular, de forma que lo peordel hacinamiento recae desproporcionadamente sobreciertos presos. En general, presos que son más pobres,más débiles y menos influyentes tienden a vivir en alo-jamientos menos habitables. Típicamente, las celdasde castigo y aislamiento –en las cuales es tan probableencontrar presos que necesitan de protección contraotros presos como presos que están siendo castigados–son las áreas más estrechas y menos confortables. Lascondiciones de las celdas de seguridad en el pabellóncinco de la Casa de Detención de São Paulo son parti-cularmente miserables. En los dos días que HumanRights Watch visitó esa área encontramos ocho presosamontonados en cada una de las celdas individuales,mientras que algunas celdas eran habitadas por hastadiez presos. El aire en esas dependencias oscuras erapesado por el dióxido de carbono y los olores a trans-piración. Privados de la luz del sol y de ejercicios,aproximadamente 350 detenidos mantenidos en esaárea raramente eran liberados fuera de sus celdas; dehecho, los otros presos normalmente se referían a esegrupo específico como ´los amarillos´.

“La ausencia de asistencia médica es otro aspectobastante preocupante. Enfermedades potencialmen-te letales como la tuberculosis y el SIDA alcanzaronniveles epidémicos entre la población carcelaria delBrasil. Dadas las relaciones de los presos con la co-munidad exterior y su eventual retorno a esa comuni-dad, la falta de control de la contaminación de enfer-medades entre los presos representa un serio riesgopara la salud pública. A pesar de que la LEP establez-ca que los presos deben tener acceso a varios tipos deasistencia, inclusive asistencia médica, asesoría jurí-

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dica y servicios sociales, ninguno de esos beneficioses ofrecido en la extensión contemplada por la ley; nisiquiera la asistencia médica –el más básico y necesa-rio de los tres– está disponible así fuere en nivelesmínimos para muchos presos. En varios establecimien-tos son pocos los médicos y enfermeros calificados, ylos medicamentos son difíciles de obtener. La situa-ción es particularmente mala en las seccionales depolicía, donde los enfermos graves y aún los presosque mueren quedan amontonados junto a los otrosdetenidos”.

“Aún más chocante, desde la perspectiva de losderechos humanos, son las requisas oficiales frecuen-temente violentas a los detenidos brasileños. Los epi-sodios de brutalidad más notorios –inclusive ejecu-ciones sumarias de presos– fueron cometidos porpolicías civiles y militares. Tanto la policía civil comola militar estuvieron comprometidas en las muertesde 18 presos por sofocamiento en 1989 en un distritopolicial de São Paulo, mientras la policía militar, ellasola, fue responsable por la masacre de 1992 enCarandirú, donde murieron 111 presos. La policíamilitar también estuvo envuelta en la carnicería deocho presos en João Pessoa, en julio de 1997; en lamasacre de siete presos fugitivos cerca de Fortalezaen diciembre de 1997 y en febrero de 1998 en la muer-te de por lo menos seis presos fugitivos en Natal.Mucho más frecuentes –incluso crónicos– son los in-cidentes de abusos que no llegan a implicar muertepero alcanzan niveles de tortura. En varias ocasio-nes, integrantes de las policías civil y militar golpea-ron a detenidos después de dominar rebeliones y ten-tativas de fuga. Dada la reputación de la policía, envarios estados, de conducir sus actividades regulares

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de vigilancia con brutalidad, corrupción y abusos re-lacionados, no es sorpresa que al lidiar con presossean igualmente truculentos.”10

A su vez, el informe de la organización JusticiaGlobal relata un conjunto de violaciones a los dere-chos humanos enfrentados por distintos segmentossociales en función de factores diversos. Así son obje-to de análisis las frecuentes violaciones a los dere-chos de grupos como gays, lésbicas y travestis, losdiferentes grupos indígenas, los trabajadores ruralesy miembros de movimientos como el Movimiento delos Sin Tierra (MST), los trabajadores rurales esclavi-zados –práctica común en las regiones Norte y Cen-tro-Oeste del país–, los negros, objeto de prácticasdiscriminatorias y racistas, los pacientes de institu-ciones dedicadas a la atención de la tercera edad y altratamiento de enfermos mentales, entre otros11 .

Además de estos grupos sociales, el informe tam-bién analiza la situación de acoso a que son someti-dos los propios defensores de los derechos humanosen el Brasil, frecuentemente perseguidos, desacredi-tados y aún asesinados por denunciar los abusos co-metidos en el país y sus regiones. A ese cuadro deatropello a los derechos humanos se suma la situa-ción del poder judicial en el país, varios de cuyos com-ponentes están comúnmente comprometidos con lasprácticas más atrasadas en relación a estos derechos.La justicia en el Brasil es lenta, cara, muchas vecesimplicada en desvíos legales que comprometen su efi-cacia y el respeto que la sociedad le dedica, aunque sereconozca su importancia para el orden democráticoy para la protección de los derechos humanos.

En el Brasil, el ministerio público, órgano que sibien actúa en el plano de la justicia no tiene atribucio-

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nes de poder judicial, cumple de acuerdo a determi-naciones constitucionales el papel de vigilante de laprotección de los derechos individuales y colectivosteniendo capacidad investigativa y para proponeracciones con este propósito, las cuales, no obstante,deben ser dirigidas hacia las diferentes instancias delpoder judicial del país. La actuación del ministeriopúblico en la defensa de los derechos humanos seanindividuales o colectivos ha sido decisiva para supe-rar la desatención con estos derechos, forzando a losdiversos segmentos sociales y sectores del Estado bra-sileño a respetarlos y protegerlos efectivamente enbeneficio de grandes sectores de la sociedad.

En el plano internacional a pesar de la adhesión atodos los tratados internacionales de derechos hu-manos y, específicamente, de la adhesión a la Organi-zación de los Estados Americanos y por lo tanto a laCorte Interamericana de Derechos Humanos, y a pe-sar de todas las violaciones a estos derechos en elpaís, solo recientemente el Brasil fue formalmente lle-vado ante esta Corte para ser juzgado por atropello alos derechos de Damião Ximenes Lopes, “portadorde enfermedad psíquica, fallecido en 4 de octubre de1999, en clínica privada bajo convenio con el SistemaÚnico de Salud en el municipio de Sobral, estado deCeará. Se trata del primer caso relacionado con el Bra-sil a ser juzgado por la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos desde el reconocimiento brasileño dela jurisdicción obligatoria de la Corte, en diciembrede 1998. Anteriormente, la Corte había decidido ape-nas pedidos de medidas provisorias, de naturalezacautelar” 12 .

El panorama en lo que se refiere a los derechoseconómicos, sociales y culturales, tampoco es muy

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alentador, a pesar de mejorías importantes como laretracción en la desigualdad de ingresos en la socie-dad revelada por la última Encuesta Nacional porMuestra Domiciliaria, y del aumento del número deniños matriculados en las escuelas públicas de todoel país. Cuando es comparada a la enorme demandade elementos capaces de proporcionar mejores condi-ciones de vida para la población, estos avances sonaún muy pequeños pues en la práctica los negros porejemplo continúan siendo quienes tienen menor nú-mero de años de estudio, ganan menores salarios, vi-ven en las peores condiciones de habitabilidad en las“favelas” de las grandes ciudades, y se los encuentraen las prisiones brasileñas en número mucho mayora lo que correspondería a su proporción en la socie-dad, en relación al número de representantes de blan-cos y pardos aunque estos sean más numerosos en elpaís. Las diferencias salariales entre hombres y muje-res para tareas semejantes también permanecen; elnúmero de jóvenes negros asesinados por la policía omuertos en la guerra entre las bandas de traficantesen las ciudades es, proporcionalmente, mucho mayorque el de otros grupos étnicos, mostrando que la si-tuación de estos segmentos aún es precaria, en mu-chos casos desesperante.

Conclusión provisoria

Como se trató de mostrar en las páginas anteriores, eltema de los derechos humanos además de apasio-nante en función de las perspectivas éticas yvalorativas que implica es bastante complejo, sujeto amúltiples determinaciones sociales, políticas, jurídi-cas, económicas y culturales, las cuales condicionan

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no solo su reconocimiento sino su ejercicio efectivo enlas sociedades contemporáneas. La variedad de fac-tores catalogados a lo largo del texto muestra la rique-za temática asociada al tema de los derechos huma-nos, pero muestra también los obstáculos para suimplantación plena, sugiriendo su carácter histórica-mente condicionado y dependiente de las distintasperspectivas culturales de cada sociedad.

Sin embargo es un tema que llegó para quedarse,que “pegó”, para usar el lenguaje popular. En nues-tra opinión, el tema de los derechos humanos, juntocon el tema de la preservación del medio ambiente yde la paz, es tal vez uno de los tres únicos temas capa-ces de movilizar a la opinión pública a nivel mundial–a pesar de la resistencia de los relativistas cultura-les–, más allá de ser un marco civiliza torio funda-mental de las sociedades occidentales.

Las dificultades anotadas, entretanto, hacen pre-ver obstáculos importantes en el futuro, particular-mente en razón de las crecientes desigualdades so-ciales del mundo globalizado. Esta es solamente unade las paradojas que rodea el tema de los derechoshumanos, creados en el siglo XVIII como uno de losprincipales libelos contra la desigualdad entoncesvigente en la sociedad francesa estamental, apuntan-do a establecer la igualdad, la libertad y la fraterni-dad entre los seres humanos.

El pesimismo sin embargo no es buen consejero.La mejor manera de fortalecer los derechos humanoses continuar creyendo en los valores que les sirven defundamento y en la importancia central de sus objeti-vos para los individuos y para las sociedades. Elmundo seria mucho menos humano si ellos no exis-tiesen; todo un mundo de valores, de cultura y de for-

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maciones sociales no existiría, en su riqueza y en sudiversidad, si hace 215 años los revolucionarios fran-ceses no hubiesen creído que, por el simple hecho deque somos seres humanos estamos dotados de dere-chos inalienables más allá de cualquier diferenciaentre nosotros, y no hubiesen forjado a partir de estacreencia una civilización única en la forma de valori-zar a cada uno de sus miembros.

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Notas

1 Hubo ocho abstenciones, en su mayoría de países pertene-cientes al bloque comunista entonces existente, tales como laURSS, Bielorusia, Checoslovaquia y Polonia, además de Áfri-ca del Sur y Arabia Saudí.

2 Como Alberto Melucci en Social movements and thedemocratization of everyday life, Alan Wolfe en Tres caminhospara o desenvolvimento: mercado, Estado e sociedade civil, yJürgen Habermas en Further Reflections on the Public Sphere .

3 Respecto a las características asumidas por la sociedad civilen diferentes contextos nacionales, y las consiguientes reper-cusiones y límites impuestos a su evolución y dinámica, con-sultar entre otros Andrew Arato y Jean L. Cohen, Civil Societyand Political Theory, The MIT Press, 1992; Miguel Darcy deOliveira y Rajesh Tandon, Cidadãos - Construindo a SociedadeCivil Planetária, Nova York, Civicus, 1994.

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4 Como se puede constatar fácilmente cuando se observan conatención los patrones de relacionamiento entre las organiza-ciones de la sociedad civil y el Estado, este proceso de “mordery soplar” o de conflicto y cooperación, es una constante en larelación entre las ONG, por ejemplo, y los diversos niveles degobierno (federal, estadual y municipal en el caso brasileño).

5 Un excelente estudio de estas tendencias a la cooperación,que aquí caracterizamos como cross-social, se encuentra enlos diversos capítulos del libro Civicus. Construindo aCidadania Planetária, citado antes, referente a las diversasregiones en que el mundo fue dividido analíticamente, parafines de comparación acerca de la realidad y de los resultadosque comprenden las actividades ligadas al así llamado Tercersector (otra posible referencia a la sociedad civil). Para el casoespecífico da América Latina, consultar el capítulo Privado,Porém Público elaborado por Rubem César Fernandes.

6 Una muestra del universo de las organizaciones no guberna-mentales brasileñas, con sus principales características comoorigen, objetivos generales, ámbito de actuación, actividadesprincipales, fuente de recursos, beneficiarios principales, pu-blicaciones y demás, puede ser encontrada en ONGs: un Per-fil - Cadastro das Filiadas à Asociação Brasileira de ONGs(ABONG), de Leilah Landim y Lecticia Ligneul, publicaciónconjunta de ABONG/ISER, São Paulo, 1996.

7 Aunque su presencia más significativa sea en las sociedadesoccidentales, en especial en los países de mayor desarrolloeconómico y tradición democrática, la sociedad civil es hoyuna esfera de acción importante también en varios países demenor desarrollo en América del Sur, África y Asia, contribu-yendo a democratizar las estructuras políticas y a afianzar ladefensa de los derechos humanos en estas regiones.

8 Para un estudio más detallado del relativismo cultural y susefectos para el análisis de los problemas implícitos en el temade los derechos humanos y de los derechos de grupos socialesdiferenciados en base a valores culturales, ver en Young, 2003.

9 El informe completo está disponible en: http://www.hrw.org/portuguese/docs/2005/06/09/brazil11089.htm

10 El informe completo está disponible en: http://www.hrw.org/portuguese/reports/presos/resumo.htm

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11 El in fo rme comple to es tá d ispon ib le en : h t tp : / /www.global.org.br/portuguese/arquivos/JGRA2003.pdf

12 Más informaciones en: http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe.asp?ID_RELEASE=3375

El presente artículo está basado en un texto para el curso deDerecho Procesal Público on line, organizado por el Consejo deJusticia Federal de Brasil y la Universidad Federal Fluminense,con la coordinación del Centro de Estudios Judiciales y el apoyode la Fundación Euclides da Cunha (noviembre 2004). Traducidopor J. da Cruz.

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Notas escépticassobre la cooperación

internacional

Javier Ponce

Es curioso. O tal vez no es curioso. Sigue ocurriendocomo hace unos pocos siglos.

Dije curioso porque todo nació de una curiosidady de una ambición. El diccionario define a la curiosi-dad como un vicio que nos lleva a observar, a vecescon impertinencia, lo que no debiera importarnos.

“La curiosidad de lo ajeno ha sido en los últimoscinco siglos rasgo netamente europeo” escribe JuanGoytisolo.

Y la curiosidad ha llevado a sostener que lo queocurrió en 1492 fue un descubrimiento. Entiendo porqué lo llamamos “descubrimiento”, porque no fue unencuentro. Distó mucho de ser un encuentro. Fue unacuriosidad, una impertinencia, que después se con-virtió en la fuente del despegue económico europeo.

Allí ya comenzó lo que hoy comentamos: el descu-brimiento primero, el dominio después, los afanescientíficos en el siglo XIX, y por último, la coopera-ción, que sigue girando en torno a lo mismo: cómomiro al otro, en qué medida se asemeja a mí mismo, ysi no, qué se puede hacer para modificarlo. Finalmen-

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te, se ha conseguido bastante. Norte y Sur ya somos,en términos generales, occidentales.

Pero lo somos de distinta manera. Los del Norteen un proceso continuo, incluidas las rupturas en suseno. Los del Sur, por la vía de la hibridación. La difi-cultad radica, para nosotros, cuando los criterios deuna cultura occidental bastante pura -y digo bastanteporque sus impurezas se fueron asumiendo y con-fundiéndose en un proceso continuo- se intenta apli-carlos en un escenario de hibridaciones violentas,marcadas por el signo de la dominación.

El conflicto de la relación con el “Otro” sigue es-tando en el corazón de la cooperación internacional.Pero tal como comenzaron las cosas, continúan sien-do. Son producto de un malentendido. CharlesBaudelaire hablaba en el siglo XIX que “el mundosólo se mueve por el malentendido universal; por elmalentendido, todo el mundo se pone de acuerdo.Porque si, por desgracia, todo el mundo se compren-diera, no podría entenderse jamás”. Y mucho antesde Baudelaire, Gracián ya afirmaba que “este mundose concierta de desconciertos”. Y cada vez que mesiento en una mesa a discutir un programa de coope-ración, ya sea con la Comisión Europea o con unaONG de Europa, tengo la sensación de sentarme adesenrollar un malentendido y a desembocar en unacuerdo, con la plena convicción, los unos y los otros,de que hemos fraguado un engaño para que el malen-tendido sobreviva y sigamos comprendiéndonos ycooperando; que hemos concertado un programa paraque permanezca el desconcierto.

Sin embargo, el modo como nos relacionamos conel otro, es el que, finalmente, define los términos de unencuentro.

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Tzvetan Todorov, en su extraordinaria historia dela Conquista de América, habla de que ésta fue posi-ble porque los conquistadores dominaban el arte delconflicto y del lenguaje, de la negociación y el diálogopara interpretar al otro de manera de dominarlo, unadialéctica para derrotar al otro, mientras los pueblosindios se orientaban por los signos, los presagios, losdestinos que el hombre no podía modificar. Y el pro-ducto fue una relación de dominación que ha tomadootras formas, absolutamente distintas, pero que per-siste como tal. Y que se expresa en la cooperacióninternacional. Si no, podemos preguntarle a un lati-noamericano, cuándo comenzamos a preocuparnospor la temática de género, de medio ambiente, de so-ciedad civil; por último, quién se inventó los Objeti-vos del Milenio.

Paco Rhon se preguntaba un día ¿quién ha defini-do que éste es el desarrollo que debemos vivir y ésta lademocracia capitalista que nos corresponde? Todo alfinal es producto de la colonialidad del poder.

Y agregaba Paco Rhon: en un momento, vivimosla cara más amable de esa colonialidad, mientras hoy,estamos viviendo una más real. Una lógica colonialradicalizada que posee un sujeto: el más pobre”.

Ese es el rostro que tiene ahora la cooperación in-ternacional en virtud de una derechización de lospaíses del Norte. Reducir la amenaza de la pobreza,reducir la amenaza del desorden político a nombrede la llamada “gobernanza”, un término extraño paradeterminar la necesidad de que nuestros países nohagan olas, no alteren los frágiles términos del equili-brio determinado por las potencias del Norte.

Y las gentes del Sur hemos aprendido a apropiar-nos hipócritamente de los discursos del Norte, para

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evadirlos, o para medrar de ellos. Por allí me encontréhace unos días con un cuaderno recientemente publi-cado por una secretaría ecuatoriana, bastante fantas-ma, dedicada a los Objetivos del Milenio, un cuader-no editado con un lujo de impresión desproporciona-do y delirante, gracias a los aportes de varias coope-raciones europeas, que nos harían pensar que esta-mos extraordinariamente orgullosos de los Objetivosdel Milenio, y que casi casi se podría decir que noso-tros los acuñamos. Mientras tanto, la pobreza y laexclusión en el Ecuador no han dado un solo pasoatrás y los llamados Objetivos el Milenio se van a ir,cuando se cumplan en el 2012, “vivos al chiquero”para parafrasear el lenguaje taurino.

Tal vez hemos comprendido que nos va mejorcuando satisfacemos la versión que el otro tiene denosotros. A veces, esta curiosa versión de la domina-ción, la hemos leído con rabia, con disgusto, pero tam-bién con humor. Con rabia la leyó en los años cin-cuenta y sesenta Franz Fanon, escuchemos sus pala-bras:

“Cuando escuchamos a un jefe de Estado europeodeclarar, la mano en el corazón, que es necesario acu-dir en ayuda de los pueblos miserables y subdesarro-llados, nosotros no nos conmovemos en agradecimien-to. Al contrario, nos decimos es la justa reparación a loque ustedes han hecho. Por tanto no aceptaremos quela ayuda a los países subdesarrollados sea un progra-ma de hermanas de la caridad”. En cambio, en el cam-po del humor, el colombiano Germán Arciniegas noscuenta que, en su afán por poner punto final a la curio-sidad europea, acabó haciéndose célebre entre los hués-pedes de una pensión de Londres, pues afirmaba queel hábito de sentarse en los brazos de los sillones se

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originaba en la costumbre de su país de recibir las visi-tas en las ramas de los árboles.

Rabia o ironía, resignación o comodidad,folklorismo o victimización, son versiones del modocomo el Sur responde a la curiosidad del Norte.

Si el descrito es el ámbito de cómo se relacionan yse desencuentran los países, otro tanto va a ocurrircon la cooperación internacional protagonizada porvoluntarios y cooperantes, en el marco de un escena-rio confuso, equívoco.

Vienen al país marcados por una agenda, porta-dores de una agenda. Van a aplicar un programa dedesarrollo predeterminado y su sola presencia encar-na la amenaza de una forma de poder que algunos deellos sabrán soslayar, pero que otros lo asumirán encalidad de redentores de los pobres. En veinte añosde relación con la cooperación he presenciado histo-rias muy diversas. Desde aquellos voluntarios origi-narios de los movimientos de la izquierda europeaque buscan en nuestros países el escenario para larevolución que se asfixió en sus países, hasta los quehan alcanzado, es necesario reconocerlo, un impor-tante nivel de sinergia con los movimientos socialesdel país. Otros no se integraron de ninguna manera yvivieron en un gueto marcado por la incomprensión–al fin y al cabo, la sociedad que los recibió no res-pondía a sus hábitos de comportamiento, a sus mo-delos de racionalidad, a sus lógicas europeas.

A horcajadas de estas diversas posturas, buenaparte de quienes llegaron desentendieron el universocultural al que llegaban. Interpretaron con desalientolas supuestas inconsecuencias de parte de aquellos alos que vinieron a rescatar de la pobreza. Se sintieroncon frecuencia traicionados. No entendieron que era

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imposible pedir que fueran tratados como iguales enun mundo en el que la regla general es la desigualdadoriginada en la raza, en el origen, en el color de la piel,en los lazos coloniales. Finalmente, no entendieronuna cultura sustentada en el soslayo, en el oculta-miento, en el disfraz, necesarios entre los pobres paradefenderse durante siglos como pueblos y como cul-turas. Algunos, sin entender el mundo al que llega-ron, se convirtieron a su vuelta a Europa y por arte debirlibirloque, en expertos conocedores de AméricaLatina, se pensaron a sí mismos mucho más consis-tentes y sistemáticos que los propios latinoamerica-nos, porque frente al imaginario desordenado de és-tos, ellos aplicaban categorías exactas, herméticas,indiscutibles. Son los que finalmente, en los ministe-rios y las ONG europeas decretan qué se ha de hacer,a dónde se ha de acudir, con qué programas y paraalcanzar qué impactos. Se dividen entre ellos los paí-ses, y dentro de los países se reparten las regiones oseleccionan aquellas que mejor se ajustan a sus obje-tivos estratégicos. Ya estoy acostumbrado a que, aque-llos que privilegian el mito ecológico, acaben desdesus sedes europeas escogiendo Esmeraldas o laAmazonía como sus cuarteles de verano.

Por otra parte, la cooperación internacional no esajena a una realidad explosiva en nuestros países,que ha provocado una emigración pocas veces cono-cida, hasta convertir a las sociedades del Norte, en loque Juan Goytisolo ha calificado como las sociedadesdel miedo. Están blindando sus fronteras, están as-fixiándonos en nuestra propia región y el miedo acom-paña sus políticas de cooperación para intentar des-montar estas corrientes de invasión que penetran porvías clandestinas inimaginables.

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Son varios entonces los rostros que tiene estedesencuentro con el otro, el habitante del Sur: por unaparte, la idealización política que mira a nuestrospaíses como escenarios en los que todavía es posiblela transformación política; por otra parte, la imposi-ción de modelos de desarrollo y de políticas públicasque apunten a aquellos problemas que más preocu-pan a las sociedades del Norte, particularmente laamenaza de la pobreza golpeando sus fronteras; ladesconfianza frente a la corrupción de nuestras elitesy nuestros Estados. Está también el rostro del aposto-lado que se trunca; del condicionamiento de la coope-ración al cumplimiento de ciertos deberes considera-dos por el Norte como asignaturas obligatorias; el ros-tro de la intervención de auténticos gendarmes de laayuda humanitaria aplicándonos al pie de la letramarcos lógicos, comportamientos políticos, metas di-señadas en laboratorios sociales que, finalmente, sedan de bruces con el propio comportamiento mercan-til de los países del Norte. Cómo pueden exigir equi-dad, me pregunto, países que consagran, con sus po-líticas comerciales, la desigualdad internacional.Cómo hablar de los Objetivos del Milenio, si el 30 o40% de lo que producimos se va en “honrar” la deu-da externa. “Honrar” la deuda, qué expresión máshipócrita. Y la mayor parte de esa deuda no está enmanos de usureros anónimos a los que no podemosidentificar para plantearles la nulidad de las deudas,no, está entre las manos de la banca multilateral queresponde a las políticas de los mismos gobiernos quequieren alcanzar los objetivos del milenio.

Cuánta paradoja debemos soportar. Mientras tan-to, las únicas reales inversiones en la gente de nues-tros países vienen de las remesas de los migrantes.

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Ellos, con volúmenes muy superiores a las inversio-nes extranjeras y a la cooperación internacional, sonla verdadera fuente de la cooperación solidaria. ElBanco Interamericano de Desarrollo declaraba en elaño 2001 que “el arma más eficaz para combatir lapobreza en América Latina no proviene de los gobier-nos ni de la ayuda externa, sino de las remesas de losemigrantes”.

Si existió diálogo cuando vivíamos esos tiemposamables evocados por Paco Rhon, al diálogo le hasuplantado la desconfianza. Si hubo y todavía existeuna cooperación solidaria encarnada en la sociedadcivil del Norte y del Sur, cada vez la solidaridad se vaconvirtiendo en un contrato, en el que los actores delSur cumplimos a destajo una agenda del Norte.

Recojo dos expresiones significativas de TzvetanTodorov. Él afirma que si al interior de un país lo quecuenta es la ley, en las relaciones internacionales loque manda es la fuerza. Y afirma también que lo quecuenta en el humanismo no es la racionalidad sino launiversalidad.

En efecto, el diálogo Norte Sur iniciado hace unastres décadas por organizaciones privadas de desa-rrollo, tuvo en cuenta estos dos criterios: el primero,en cuanto a las condiciones internacionales en lasque podía desenvolverse la solidaridad; el segundo,en cuanto a establecer una relación que no se fundaraen una cierta racionalidad, en la racionalidad de losunos. Sin embargo, en el afán por ampliar el nivel desu solidaridad, las agendas de solidaridad del Nortebuscaron apoyarse en recursos de sus Estados quemostraban una cierta apertura. Pero la paulatinaderechización de esos Estados les ha pasado ahora lafactura, y también la cooperación privada ha ido asu-

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miendo, poco a poco, la estrategia de la desconfianzay se encuentra atada a las exigencias de Estados delNorte que cada vez creen menos en las sociedades delSur.

La cooperación se ha ido convirtiendo en una for-ma de sobrevivencia económica allá y acá, y en unamanera de convivencia internacional signada por unneo colonialismo solapado que aceptamos en nues-tra región al margen de toda crítica. Es parte de larutina de la convivencia internacional, a tal puntoque ningún país del Norte se siente miembro del pri-mer mundo si no coopera con alguien del Sur, y nin-gún país del Sur quiere verse excluido de la coopera-ción aunque sea por el prurito de recibirla, incluso sila despilfarra, si no la utiliza, si la desvía. Algún ami-go europeo ironizaba esta regla universal de compor-tamiento, comentando que la comunidad europeacomenzará, luego de un tiempo, a transferir recursosa los nuevos miembros de la Unión, los europeos orien-tales, para que puedan a su vez cooperar con los paí-ses del Sur y ser, de ese modo, plenamente europeos.

Leo una revista de literatura francesa y allí se en-trevista al autor de un nuevo tratado sobre el onanis-mo; el autor se remonta al siglo XIII o XIV para encon-trar los orígenes de un debate que después ha traspa-sado el pensamiento de Montaigne, la enciclopediade Diderot, las reflexiones éticas de Rousseau paradesembocar en Michel Foucault. Y todo ese procesoaparece como un solo discurso en proceso sin inte-rrupciones abruptas, sin rupturas. Miro en cambiolos procesos de pensamiento y las eras de Occidenteaplicadas en nuestros países, y todos los momentosson asumidos como incertidumbres, como irrupcio-nes violentas, como rupturas que no alcanzan a ex-

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plicarse. Si tomo un solo caso, el modo como en nues-tros países se constituyen los tiempos de la Ilustra-ción, con lo que me encuentro es con un desesperadoEugenio Espejo intentando evadir la persecución parapermitir la entrada de la nación ecuatoriana a unacierta modernidad, o al desventurado Francisco deMiranda asesinado en una isla vecina a Venezuelacon toda su utopía desmantelada. Así llegamos a lailustración. Así vamos occidentalizándonosdolorosamente, al margen de convergencias históri-cas; superpuestos los distintos momentos hasta pre-guntarnos si vale la pena vivir las mismas eras histó-ricas de Occidente, con todo lo occidentales que nossentimos y con todo lo occidental que integra nuestrahíbrida cotidianidad.

Necesitamos ciencias sociales nómadas –escribeNéstor García Canclini–, ciencias sociales capaces decircular por las escaleras que comunican a los distin-tos estados de nuestras naciones y nuestras culturas,caóticamente sobrepuestos, confundidos, mezcladosen una desordenada y desconcertante hibridación.

Ustedes esperarán que en algún momento desem-boque en el título de este debate: La cooperación, ba-lance y perspectivas. Tienen razón. Voy a intentarlocon unas pocas formulaciones todavía generales.

Uno. La cooperación internacional, si quiere sertal, sospecho que tiene que incluir en su política elconjunto de las relaciones entre el Norte y el Sur. Estoes algo que ya se ha planteado en más de una oportu-nidad y se volvió a reiterar en las reuniones que fue-ron la antesala del encuentro de mandatarios deGuadalajara el año pasado. Si no hay una modifica-ción en los términos de intercambio comercial, si no

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hay una estrategia realista en el tratamiento de la deu-da pública de nuestros países, si no hay claras políti-cas de integración en las que las dos regiones salganbeneficiándose, la cooperación internacional no tie-ne futuro. Cómo podemos, me pregunto, sentarnos enuna mesa a definir la cooperación de la Unión Euro-pea con nuestros países, si al mismo tiempo se cie-rran los mercados para productos nuestros, como elbanano.

Dos. La cooperación bilateral, reembolsable o noreembolsable, no puede continuar, en las negociacio-nes y en los acuerdos, colocando condicionamientoscomo el de utilizar proveedores y tecnología del paísque está cooperando. No es posible, por ejemplo, queen los acuerdos de condonación de deuda por pro-gramas sociales o productivos se coloque como exi-gencia la inversión de los montos condonados en com-pras a proveedores del país que condona la deuda.Aquello es inmoral y no constituye una cooperaciónen su pleno sentido. La cooperación no puede ser unaestrategia de los países del norte para enfrentar susproblemas de empleo a través del voluntariado o dela cooperación técnica, ni puede tampoco solucionarsus crisis de producción a través de endeudarnos ode cooperar. Recordemos el ya emblemático caso dela deuda contraída por el Ecuador con Noruega, quela estamos pagando multiplicadamente y que, en suorigen, no fue más que una estrategia del gobiernonoruego por dar una salida a la catástrofe que vivíansus armadores navieros.

Tres . La cooperación ha desarrollado uncomplicadísimo sistema de aplicación de sus progra-

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mas, con toda una parafernalia imaginada por sustecnócratas que obliga, particularmente a las organi-zaciones de la sociedad civil, a invertir importantesrecursos humanos en desentrañar verdaderos mamo-tretos de papeles; y que no tienen, en el fondo, otroobjetivo que evidenciar una cooperación sustentadaen la desconfianza. Si a eso sumamos que –por ejem-plo en el caso europeo– es una cooperación dispersa,sin articulación alguna, las organizaciones de nues-tros países se pasan el tiempo haciendo complicadosinformes para cada una de las entidades oficialesdonantes; cuando no, estas donaciones incluyen vo-luminosas remuneraciones a funcionarios de los paí-ses donantes o prestamistas, con cargo a los presu-puestos de los propios programas.

Cuatro. La cooperación internacional oficial estálejos de alcanzar los niveles que los propios países,en un gesto demagógico, se pusieron como metas. Tales el caso del famoso aporte del 0.7 del Producto Inter-no Bruto que debía dedicarse a la cooperación y queno se cumple en casi ninguno de los países europeos.Existen denuncias que hablan de que la cooperaciónde la mayoría de estos países llega apenas al 0.3%.Cuando no aparece algún ministro de cooperaciónde extrema derecha, como ocurrió hace unos años enHolanda, que cargó a la cuenta de la cooperación in-ternacional los gastos militares para intervenir enconflictos armados en países del Sur.

Cinco. Existe un desencuentro entre las políticasde la cooperación internacional y las políticas o laausencia de políticas a nivel nacional. Esto, en el casoecuatoriano, es un callejón sin salida. Luego de suce-

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sivos fracasos en impulsar programas desde las co-operaciones, la cooperación internacional está optan-do por lo que ha llamado un alineamiento de sus ac-ciones con las políticas nacionales, de modo de evitarque los programas financiados desde afuera durenmientras duran los recursos externos. Sin embargo,podríamos preguntarnos, con qué políticas naciona-les puede alinearse una cooperación que comienza adiseñar un programa en un gobierno, continúadiseñándolo en otro gobierno, para finalmente apli-carlo en un tercer período de gobierno. Tal vez aque-llo está determinando que buena parte de la coopera-ción se dirija a la reforma y fortalecimiento del apara-to estatal, como necesario para asegurar el destino delos programas de la cooperación. De allí que, en unareciente investigación, hayamos identificado 103 pro-yectos de cooperación dirigidos a la reforma del Esta-do y la descentralización en los últimos seis años. Sinembargo, nos preguntamos si los intentos por refor-mar o reforzar las operaciones de los organismos delEstado pueden tener un resultado, cuando hay pro-blemas estructurales profundos que afectan al siste-ma político, a la democracia, al funcionamiento delEstado. ¿Puede, nos preguntamos, una búsqueda fun-cional de mayor gobernabilidad, ocurrir en el marcode una sociedad patrimonialista, cuya inestabilidadpolítica tiene relación con los niveles concentradoresde la riqueza y de los beneficios de la sociedad entodos los sentidos?

Seis. La cooperación internacional va a continuarsiendo lo que es. Un esfuerzo civilizatorio que se tra-duce en términos aparentemente pragmáticos, comoaquello de superar la pobreza, fortalecer la democra-

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cia, garantizar los derechos humanos. Me parece in-útil debatir la naturaleza de estos objetivos. Pero enfunción de su perspectiva, me atrevería a hacerme unapregunta también inútil: ¿será posible que la coope-ración internacional convierta en actos un principiobastante abstracto, el principio de la alteridad, deldiálogo entre iguales? Y la alteridad, nos dice TzvetanTodorov es la aceptación del otro sin que medien jui-cios de valor.

Aquello pasa, necesariamente, por la superaciónde algunos comportamientos profundos de los paí-ses que se asumen como los gestores de la moderni-dad, como los gestores del progreso. Y se trata de com-portamientos que responden a una larga historia, di-fícil de superar, y que tienen que ver con un universode subjetividades, de complejos ancestrales, de lectu-ras equívocas de la historia de la humanidad y delecturas del humanismo. Gunter Grass, ese extraordi-nario crítico del pensamiento dominante europeo,cuenta en uno de sus artículos que cuando llegó devisita al Estado indio de Bengala tropezó varias vecescon ejemplares de sillas de estilo colonial, remanen-tes de la dominación inglesa, que invitaban a disfru-tar de una arrogante comodidad. “Yo me sentaba enellas en una determinada postura –escribe GunterGrass– y enseguida me sentía europeo, es decir, supe-rior, y, por pura costumbre, un poco culpable”.

¿Es finalmente la cooperación un acto fallido deculpabilidad y de deseo de borrar la culpa?

¿No será, acaso, que la cooperación internacionalsigue fiel a aquél viejo principio de asimilación, ex-presado por Condorcet en la Europa de las luces, quesostenía que todos los hombres tienen los mismosderechos, entre los cuales está el de ser civilizados, y

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dado que los franceses y los ingleses son los pueblosmás civilizados de la Tierra, tienen el derecho, e in-cluso el deber, de llevar la civilización a los salvajes?

Pienso, para concluir, que tal vez (y subrayo esetal vez) la primera obligación de la cooperación inter-nacional es dudar de si misma, abandonar las certe-zas y abrir un diálogo franco. Pienso también que sen-tarnos a ese diálogo franco es, a su vez, un reto enor-me para una tecnocracia criolla ligada a la coopera-ción, ya sea oficial o privada, y habituada a asegurar-se su supervivencia asumiendo ese pobrísimo papelde ejecutores de los “deberes civilizatorios” de la co-operación. Y aquí llego al testimonio personal: yo heestado ligado a los programas de cooperación priva-da durante las dos últimas décadas. Me pregunto,entonces: ¿soy capaz de sentarme a la mesa del diálo-go con las manos libres?

Me parece que estamos, por tanto, hablando entrecómplices que necesitan transparentarse.

El presente artículo es la versión revisada de la ponencia ofreci-da por el autor en el encuentro latinoamericano sobre desarrollolocal celebrado en Cuenca (Ecuador) en 2005.

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Relación entre sistemapolítico y sociedad civil:

aportes para unanálisis de coyuntura

Diego E. Piñeiro

Introducción

Este articulo discute la relación entre el sistema polí-tico –el Estado más el sistema de partidos– y la socie-dad civil organizada en múltiples formas y procesosde acción colectiva. El foco está puesto en los paísesdel sur de América Latina –por limitaciones del au-tor– pero se encuadra en las tendencias más genera-les de esta relación en el continente. Se parte de laconstatación de que las democracias occidentales es-tán embarcadas en un proceso de largo plazo que dapor terminado un modo de relación entre sistema po-lítico y sociedad civil, entre Estado y mercado, que seconoció como Estado de bienestar social (EBS).

La hipótesis que guiará este artículo es que, den-tro de esta tendencia general, en los países del sur deAmérica Latina hubo una tendencia a la pérdida depreeminencia y de poder del sistema político en favorde la sociedad civil organizada durante la década de1990 y hasta la crisis de 2001, mientras que en losúltimos tres años con el ascenso de gobiernos progre-

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sistas, hay una reconstitución del sistema político yun retroceso de la sociedad civil.

Estado - sociedad: una relación en crisis

Un signo característico de los últimos años ha sido lacrisis del Estado-nación y la erosión de las bases tra-dicionales del poder político del Estado. Esto ha ocu-rrido en un proceso, acelerado en años recientes, queabarca aproximadamente los últimos treinta años delsiglo XX y que ocurre principalmente en las democra-cias occidentales. Este proceso reconoce varios oríge-nes y múltiples causas económicas, sociales y políti-cas, en la configuración de un nuevo modelo que tie-ne como su eje a los procesos de globalización.

En primer lugar se destacan aquellos aspectos dela globalización que tienen que ver con la aperturageneralizada del comercio. Las barreras aduaneras ytarifarias fueron desmanteladas para la mayoría delos intercambios mundiales, si bien es cierto que estapolítica no ha sido aplicada de igual forma en todoslos países ya que aquellos con más poder lograronmantener mayores niveles de protección. Este proce-so ha aumentado enormemente el comercio mundialy ha acelerado los procesos de rotación del capital,pero a su vez ha debilitado la capacidad de los Esta-dos para controlar sus propios flujos comerciales.

La eliminación de las barreras comerciales ha fa-cilitado el desplazamiento de las compañíastrasnacionales de un país a otro, buscando las econo-mías que les ofreciesen los menores costos –de manode obra, del dinero del crédito local, de impuestos es-tatales, etcétera. Se libra una competencia entre los

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Estados nacionales y subnacionales para captarinversores, cada cual ofreciendo mayores facilidadespara la inversión, desregulando los contratos labora-les, renunciando al cobro de impuestos o brindandootras ventajas. Esto termina debilitando la capacidaddel Estado para controlar las acciones del capital.

En segundo lugar se aprecian los aspectos de laglobalización relacionados con los mercados financie-ros que se han vuelto extremadamente volátiles y difí-ciles de controlar por parte de los Estados. Enormessumas de dinero se “mueven” ficticiamente de un ladoa otro del mundo con la rapidez de las comunicacio-nes electrónicas, escapando a la capacidad reguladoradel Estado, desequilibrando las economías naciona-les. Cualquier país puede sufrir los embates provenien-tes de especuladores del sistema financiero mundial,produciendo el desequilibrio de sus cuentas, las corri-das bancarias y eventualmente el colapso financiero.

En tercer lugar constatamos los cambios tecnoló-gicos de todo tipo y en todos los ámbitos, pero de loscuales dos deben ser destacados: el asombroso desa-rrollo de las comunicaciones simbolizado por las au-topistas de la información y el desarrollo de la infor-mática con sus derivaciones en casi todos los camposdel conocimiento, pero en particular en la robóticaindustrial y en las biotecnologías.

En cuarto lugar están los cambios en el mercadode trabajo y en las regulaciones laborales. Hay uncambio fundamental que tiene que ver con laflexibilización en la contratación de los trabajadoresy la consiguiente precarización de las relaciones la-

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borales. A nivel industrial se consolida el pasaje deuna forma histórica de determinar los volúmenes deproducción por la oferta, a otra en que éstos son deter-minados por la demanda, con lo cual las empresasdeben adaptarse a las variaciones de la misma. Estoles exige flexibilidad en la contratación de personalpara lo cual recurren a tener dos tipos de asalariados:un núcleo estable y calificado de personal permanen-te, y un contingente de trabajadores de baja califica-ción, sin estabilidad, que es la variable de ajuste(Hopenhayn, 2001).

Los trabajadores son desestabilizados por las nue-vas formas de organización y de contratación del tra-bajo. Este proceso no es “marginal”; por el contrario,“la precarización del trabajo es un proceso central,regido por las nuevas exigencias tecnológico-econó-micas de la evolución del capitalismo moderno”(Castel, 1997:413).

Esta situación también contribuye a ladeslegitimación del Estado y del sistema político. Eltrabajo estable proporciona “un lugar en el mundo”,una identidad social, y su ausencia produce desinte-gración y anomia. El desempleo y la inestabilidad la-boral permanente también significan una falta de in-tegración social y política. La incredulidad en la ca-pacidad del Estado para gestionar una economía queproporcione pleno empleo afectará también al siste-ma político y al sistema de partidos, afectando a todala relación entre Estado y sociedad y aún afectando lacredibilidad en los sistemas democráticos, como lodemuestran los rebrotes de las tendencias derechis-tas en Europa o la indiferencia y falta de confianza enlos regímenes democráticos en América Latina segúnencuestas recientes.

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En quinto lugar el debilitamiento del Estado-na-ción también tiene que ver con la creación de organis-mos de carácter supranacional que interfieren con lasoberanía del Estado. Por un lado están aquellos or-ganismos de crédito y de control financiero mundial(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Ban-co Interamericano de Desarrollo) que aprovechandolas necesidades de préstamos que tienen los Estadosnacionales impusieron programas económicos dejan-do muy pocas opciones y grados de libertad para laconducción soberana de la política económica. Porotro lado, con la liberalización del comercio mundialy la transformación del GATT en la OrganizaciónMundial del Comercio, se han construido un conjun-to de regulaciones y normas que hoy limitan y cons-triñen las posibilidades y el margen de maniobra quetiene cada Estado en su comercio con el resto del mun-do. A lo anterior se le añade la concreción de acuer-dos que conducen a la integración regional o a launión comercial, tales como la Unión Europea, el Tra-tado de Libre Comercio para la América del Norte(NAFTA) o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR),el Mercado Común Asiático, o múltiples acuerdoscomerciales entre países, hoy en vigencia. Por ellos seencuentran también limitadas las potestades de cadaEstado para el control del comercio, para la movili-dad y el intercambio de personas, fuerza de trabajo,capitales y bienes y productos.

En sexto lugar, el Estado-nación también ha vistodesgastada su legitimidad en las últimas décadas porla incapacidad de una gestión eficaz de la adminis-tración pública. En el origen están los abultados défi-cit estatales, con mucha frecuencia estimulados por

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engrosamiento innecesario del empleo público utili-zado como instrumento de clientelismo político y pagode favores; también, por la ineficacia y las pérdidasgeneradas en el mal manejo y la corrupción detecta-das en muchas empresas públicas. No ha sido ajenoa este embate contra la capacidad del Estado comoadministrador, el interés de las empresas privadaspor posesionarse de los activos y de la administra-ción de empresas públicas que pudiesen ser fuente debeneficio económico: las empresas de servicios públi-cos eléctricos, de telefonía y de agua potable, las em-presas petroleras, las empresas de transporte maríti-mo y aéreo, etcétera. Esto ha sido reforzado por losorganismos multilaterales de crédito que frecuente-mente vincularon el otorgamiento de préstamos a losEstados con las reformas de la administración públi-ca y la privatización de las empresas estatales (Calamey Talmant, 2001).

En consecuencia, en el plano de la política en lasúltimas décadas del siglo XX las democracias occidenta-les se han deslizado hacia una crisis de legitimidad. Es lacrisis de un modelo de legitimación política,gobernable y sustentable durante casi todo el siglopasado a través del modelo de EBS que sumaba inter-vención del Estado en la economía, políticas socialesy sistema de partidos competitivos. La crisis políticase expresa visiblemente en la disfuncionalidad entrela globalización de la economía y la territorialidad dela política. Los mecanismos tradicionales de articula-ción mercado-sociedad dejan de estar monopoliza-dos con eficacia por el Estado-nación y entran en cri-sis las instituciones sobre las que se configuró el EBS:la administración y la gestión pública, la burocraciaestatal, los organismos de intermediación de intere-

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ses. La crisis de los partidos políticos y de las organi-zaciones corporativas, sindicatos y asociaciones em-presariales que compartían con el Estado la produc-ción de “bienes públicos”, es la expresión material deese desajuste.

En suma, las transformaciones actuales ponen encuestión la pregunta central sobre la convivencia en-tre democracia y capitalismo. Algunos autores seña-lan que lo que entra en crisis es una forma de la demo-cracia, la llamada democracia liberal del capitalismoorganizado, donde la representación era ejercida porlos cuerpos intermedios y los intereses eficazmenterepresentados por ellos (Jon, 2000). En consecuencia,lo que se pone en cuestión es la democracia represen-tativa debilitándose los partidos y la credibilidad so-cial respecto a los sistemas políticos. Como se sosten-drá en el apartado siguiente, esta situación da lugar ylegitima el surgimiento de la acción colectiva que secanaliza a través de una variada gama de formas deorganización.

Neoliberalismo y acción colectivaen América Latina

Durante la década de 1990 las políticas económicasneoliberales predominan en la mayoría de los paísesde América Latina con consecuencias perversas entérminos de las condiciones de vida de los sectoresmás débiles de la población. Se incrementan la pobre-za, la vulnerabilidad y la distancia entre ricos y po-bres en casi todos los países. Los procesos de apertu-ra económica y comercial conducen a un proceso dedesindustrialización que incrementa el desempleo, elinformalismo y la exclusión social. La inseguridad

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en las grandes ciudades del continente aumenta,transformándose en uno de los reclamos más impor-tantes de la población.

Junto con el creciente impulso al sector servicioscrece la agricultura; sin embargo, es una agricultura“a dos velocidades”: mientras los sectores empresa-riales de la agricultura se insertan en los complejosagroindustriales con la utilización de paquetes tec-nológicos avanzados, los sectores campesinos y deagricultura familiar, produciendo para el mercadointerno, no logran insertarse en dichos complejos y,al no disponer de tecnologías apropiadas a sus ca-racterísticas y posibilidades, pierden competitividadinterna y externa.

En lo ideológico predomina el “pensamiento úni-co”: el neoliberalismo triunfante se proclama como elúnico modelo económico, social y político posible.

En este contexto y ante la escasa respuesta de lospartidos políticos, por defección de algunos y por re-pliegue de otros, la resistencia al modelo neoliberal pasóa gestarse y consolidarse en las organizaciones y mo-vimientos sociales generando movilizaciones y proce-sos de protesta social que en ocasiones eclipsaron alsistema político. Las organizaciones sociales tradicio-nales –como sindicatos obreros, gremios de trabajado-res de los servicios, etcétera– pierden relevancia pordos razones diferentes: por un lado el proceso de re-ducción de los trabajadores producto de ladesindustrialización y de los cambios técnicos; por otrolado la desafiliación por pérdida de representatividadde los dirigentes, que son visualizados como colabo-rando con el poder político: en otro casos, por resonan-tes casos de corrupción de las dirigencias que desen-gañaron a los representados.

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Surgen en este período nuevas formas de organi-zación social. Por una parte, ante el desempleo y elsubempleo y el predominio del trabajo precario, el ejepredominante de la acción colectiva se desplaza ha-cia lo territorial: es en el barrio donde se encuentranlos desempleados y ya no en el piso de la fábrica.Emergen así asociaciones vecinales, grupos de apoyoa la policlínica del barrio o a la cooperadora escolar,asociaciones de crédito popular, etcétera, que gradual-mente van asumiendo ámbitos de representaciónmayor para terminar nucleándose en organizacionesde mayor envergadura.

Por otra parte, debido a un movimiento en dos di-recciones –la pérdida de centralidad del trabajo en lavida de los individuos y la emergencia de nuevas sen-sibilidades–, aparecen nuevos ejes de organizaciónde la vida social: la identidad de género, la identidadetaria, la identidad étnica, que darán lugar a los mo-vimientos de mujeres, de jóvenes o de indígenas. Laorganización social deja así de tener a la “clase” comoeje articulador para tener muchos ejes distintos, por-que la acción colectiva también se estructuró en tornoa nuevos valores que emergen por acción o por reac-ción: así las organizaciones ecologistas que luchanpor preservar el medio ambiente, o las organizacio-nes antinucleares o pacifistas, los movimientos anti-globalización, etcétera (Garretón, 2002).

Estas organizaciones y movimientos sociales sonmuy distintos de los que habían predominado en épo-cas pasadas. En primer lugar, porque fueron construi-dos desde abajo y en general tienen un modeloorganizacional en el que las organizaciones de baseconstituyen el soporte y se integran en la organiza-ción mayor. En segundo lugar, porque las organizacio-

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nes son profundamente heterogéneas en su constitu-ción social: en ellas intervienen trabajadores infor-males, desempleados, vecinos, amas de casa, peque-ños comerciantes o industriales, proveedores de ser-vicios de todo tipo y aún empleados del sector públi-co y jubilados. En el agro, las nuevas formas de orga-nización social terminan por eclipsar a las asociacio-nes tradicionales.

Durante la década de 1980 campesinos, pequeñosy medianos agricultores y ganaderos, trabajadoresrurales y trabajadores sin tierra, con tozudez y deter-minación vuelven a ensayar formas de organizarseluego de la desarticulación sufrida por las organiza-ciones campesinas y de pequeños agricultores durantelas dictaduras de la década de 1970. En un medio lamayor parte de las veces muy hostil, lo hicieron desdeabajo, desde el tejido social primario, desde los vecin-darios, desde las proximidades, construyendo orga-nizaciones barriales, clubes de madres, policlínicaspopulares, cooperadoras escolares, asociaciones deproductores, comités de base, grupos religiosos, etcé-tera, con una diversidad y una riqueza inusitada queno existía en las organizaciones anteriores.

Pero los criterios organizativos también cambia-ron. No solo había organizaciones productivas quereivindicaban el acceso a la tierra y al trabajo: tam-bién reclamaban como productores el acceso al siste-ma crediticio, a los canales de comercialización, a latecnología, etcétera, y como ciudadanos el acceso a laeducación, a la atención de la salud, a la vivienda, alderecho a la expresión, a la participación política.También se organizaban los jóvenes y las mujeres,con sus reclamos específicos; las poblaciones origi-narias, despojándose de su carácter de campesinos,

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irrumpían en la escena con reclamos de carácter étni-co. Hoy queda claro que la década de 1980 no fue una“década perdida”. Por el contrario, en ella se senta-ron las bases para la reconstrucción de las organiza-ciones y movimientos sociales agrarios que aparece-rán ya en la escena pública durante la década siguien-te (Piñeiro, 2004).

El problema para analizar este tipo de procesos deacción colectiva es que no estaban basados en la per-tenencia a una clase social. Era necesario determinary comprender cómo se construía la unidad de la ac-ción colectiva. Melucci (1994) ha sostenido que launidad en los movimientos sociales no se construyede una vez y para siempre, sino que ésta es construi-da / reconstruida permanentemente. Es justamenteeste proceso el que se debe explicar sin dar por senta-do que la unidad forma parte de alguna “esencia” yque se mantiene en el tiempo. La identidad colectivase construye en un proceso complejo, interactivo ynegociado entre los que intervienen en la acción. Esteproceso de construcción colectiva de la identidad re-vela a su vez la complejidad interna del actor, quepuede tener una diversidad de orientaciones, y tam-bién revela la relación del actor plural con el ambien-te que lo rodea (otros actores, oportunidades y restric-ciones).

En tercer lugar, las nuevas formas de organizaciónson distintas también por el repertorio de la accióncolectiva, por la imaginación que expresan, por la fres-cura, por el diseño de alternativas diferentes, porqueestán a la vanguardia de las acciones y jaquean con-tinuamente a sus adversarios. No se desdeña ningúninstrumento: desde las ocupaciones de tierras hastala activa presencia en Internet y en los medios de co-

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municación masiva, pasando por los campamentos,las marchas, las asambleas, las concentraciones, lanegociación con el poder político, etcétera. Las orga-nizaciones y movimientos sociales actuales saben quela lucha es política y que se libra en varios frentes.

Por último, en cuarto lugar, es de destacar el carác-ter pacífico que tienen la mayoría de estas accionescolectivas a pesar de la violencia que impera en lasrelaciones sociales y aún la violencia física que fre-cuentemente se obtiene como respuesta.

La crisis: ¿oportunidad para los cambios?

En los primeros años de este nuevo siglo, la acumula-ción de desigualdades originadas en el modeloneoliberal había tensionado las sociedades, mientraslas economías tampoco lograban crecer lo suficiente,desembocando en profundas crisis políticas, económi-cas y sociales. El modelo de convertibilidad monetariaen Argentina, el Plan Real en Brasil, el control estrictode la paridad cambiaria en Uruguay y experimentossimilares en otros países, habían encontrado sus lími-tes. Brasil devalúa su moneda, abandona el Plan Realen enero de 1999 y se embarca en una modificaciónpragmática de su política económica sin abandonarlos postulados centrales. Argentina se ve obligada adevaluar en medio de una violenta protesta social quedepone al gobierno aliancista en diciembre de 2000,mientras Uruguay todavía aguantará un año más laspresiones para modificar la política económica. EnParaguay, en medio de fuertes turbulencias políticas –el asesinato del vicepresidente, la caída del gobiernoprovocada por manifestaciones populares– se lografinalmente capear el temporal en un proceso difícil,

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que recién logra estabilizarse en 2003 con la elecciónde un nuevo gobierno. En Bolivia, violentos procesosde acción colectiva –la “Guerra del agua” enCochabamba en el 2002 y la crisis de octubre del 2003conocida también como “Guerra del gas”– obligan arenunciar al presidente Sánchez de Losada, mientrasse aprecia el notable crecimiento de los noveles parti-dos de izquierda y de los movimientos políticos muni-cipales en las elecciones subsiguientes. Solo en Chilese mantiene la estabilidad económica, mientras los go-biernos se renuevan en forma pacifica.

Durante estos años, la protesta social tuvo muchí-simo impacto incidiendo en la caída de gobiernos, enel llamado a elecciones, en la renovación de los cua-dros políticos, en la aparición de nuevos partidos ynuevas propuestas políticas. Pero si bien desde algu-nas perspectivas lo que se esperaba era una renova-ción no ya de los cuadros políticos sino de todo elsistema buscando crear y mantener formas de demo-cracia directa –lo que en una perspectiva extrema sesintetizó con el “que se vayan todos” en lasmovilizaciones de Argentina–, mirando lo sucedidoen perspectiva, hoy sería posible afirmar que estosprocesos de acción colectiva y movilizaciones de va-riado tipo lo que han logrado es el reforzamiento delsistema político provocando su renovación.

En síntesis, nuestra hipótesis es que los procesosde acción colectiva contribuyeron a provocar la reno-vación de cuadros en algunos partidos (peronismo),y/o la aparición de nuevos partidos (Bolivia), y/o elreforzamiento de los partidos de izquierda y su con-quista del gobierno (Uruguay y Brasil), reforzando yrecreando de esta manera el sistema político. Por otrolado, la capacidad de los procesos de acción colectiva

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para hacerlo, y su posterior permanencia sin ser “ab-sorbidos” por el sistema político, dependieron en bue-na medida de la unidad construida a partir de unaidentidad común sólida y perdurable.

Claves para analizar la coyuntura

En las páginas siguientes desarrollaremos brevementecuatro ideas que, esperamos, pueden ser de utilidadpara analizar la relación entre sistema político y so-ciedad civil en la coyuntura actual para los países delsur de América Latina.

En primer lugar, como se dijo más arriba, los go-biernos progresistas de variado tono que llegan alpoder en varios países de América Latina lo hacenapoyados mas o menos explícitamente por una diver-sidad de organizaciones y movimientos sociales, quecanalizaron el disenso de la sociedad civil a través deuna sorprendente gama de movilizaciones y proce-sos de protesta social. Cabe preguntarse sobre la per-durabilidad de estas formas de organización y por lapermanencia de los procesos de movilización queprotagonizaron. ¿Volverán los movimientos socialesa las calles si estos gobiernos progresistas los defrau-dan, o serán cooptados y desestructurados por su cer-canía con los nuevos actores en el poder? A nuestrojuicio, esto dependerá de la fortaleza y coherencia dela identidad colectiva que hayan logrado construirdurante la fase de movilización.

Todos los procesos de acción colectiva pasan porfases de movilización y fases de latencia. Es durantela primera fase que se construye la identidad de laacción colectiva: la construyen tanto los miembrosactivos del movimiento u organización como también

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sus adversarios, que definen y proyectan la imagendel movimiento. Por lo tanto, procesos de acción co-lectiva que no logran construir una identidad defini-da tenderán a desaparecer ante las turbulencias polí-ticas del momento actual.

La segunda interrogante tiene que ver con la capaci-dad del sistema de partidos para representar y cana-lizar las demandas de organizaciones y movimientossociales. Los partidos tradicionales que gobernarondurante estos años mantuvieron tensas relaciones conlas organizaciones y movimientos sociales. Esta ten-sión ¿se debe al desinterés de los partidos tradiciona-les en dar respuesta a las demandas? Si bien ésta es laexplicación mas simplista –y algo de esto puede exis-tir– más bien creemos que el núcleo de la cuestiónestá en las limitaciones a la política impuestas desdela economía. La fase del modelo capitalista en quenos encontramos deja poco margen de maniobra a lospartidos que gobiernan los Estados nacionales. Elcapitalismo globalizado hace que las principales lí-neas de política económica y muchos de los resortesdel manejo de la economía –como las tasas de interés,la protección de los mercados internos, los precios dela energía, la deuda externa, solo para poner algunosejemplos–, estén fuera del alcance de los gobiernoslatinoamericanos y más bien en los gobiernos de lospaíses centrales y en las oficinas de los organismosinternacionales.

Las restricciones económicas impiden la formula-ción de políticas públicas que vayan en el sentido dedar respuestas a los reclamos, que surgen desde lossectores más débiles y necesitados de la sociedad através de las organizaciones y movimientos sociales.De esa manera, las restricciones económicas se trans-

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forman en un obstáculo para la democracia. Este ra-zonamiento es doblemente importante porque podríaestablecer los límites para los gobiernos de izquierdao progresistas.

Una tercera reflexión que surge del análisis de losprocesos de acción colectiva, tiene que ver con el in-tento de avanzar en la comprensión de la fase delcapitalismo en que nos hallamos. A nuestro juicio, elmodelo neoliberal ha impulsado una política que hatendido a favorecer al capital financiero: tanto por lastasas de interés como por las condiciones y los plazosque se le imponen al capital productivo, pareceríacomo que los márgenes de ganancia del capital pro-ductivo tienden a ser captados por el capital financie-ro. La hipótesis es que la contradicción entre capitalproductivo y capital financiero constituye una de lascaracterísticas que han impulsado a algunos proce-sos de acción colectiva en el continente. Esto explica-ría alianzas entre sectores de trabajadores,desempleados, pequeños y medianos comerciantes eindustriales, pequeños y medianos productoresagropecuarios, que no pueden ser comprendidas sise analizan con otros esquemas. Esto significa que loque ha sido definido como la contradicción principaldel capitalismo, es decir la contradicción entre capi-tal y trabajo, no parece jugar el papel más relevante enel análisis de muchos procesos de acción colectivarecientes.

Cuarta clave: en el inicio del siglo XXI en algunosde los países llegan al gobierno coaliciones domina-das por partidos de izquierda –Lagos en Chile,“Lula” en Brasil y ahora Vázquez en Uruguay– y elcaso de Kirchner en Argentina. ¿Que se puede ade-lantar respecto a las consecuencias de este hecho? En

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algunos países se llega al poder por medio de coali-ciones partidarias hegemonizadas por partidos deizquierda, que se han inclinado hacia el centro con elfin de recoger los votos de este sector, decisivos paraganar. Por lo tanto, el control del parlamento es dealguna coalición o alianza entre partidos, pero nonecesariamente del partido de izquierda, obligándo-lo a gobernar atendiendo a un amplio espectro políti-co. En el caso de Uruguay, el Frente Amplio logró ga-nar en la primera vuelta electoral con un programa degobierno que apuntaba al centro en lo ideológico. Losnuevos gobiernos de coalición de izquierda tampocotienen mucho margen para modificar las principalespolíticas macroeconómicas, en la medida en que losprincipales resortes del manejo de la economía, comose dijo, están colocados fuera de su alcance. Por estasdos razones (restricciones de la política y restriccio-nes de la economía) las reformas posibles podrían noser demasiadas.

En resumen, las coaliciones de izquierda que go-biernan, si bien posiblemente hayan contado con elapoyo de los movimientos sociales, corren el riesgode defraudarlos en el ejercicio del gobierno. Es más,es posible que pasada una etapa inicial de apoyo alos nuevos gobiernos. los movimientos sociales pa-sen nuevamente a la oposición. Desde este lugarpodrían operar “empujando” aquellas medidas po-líticas que el gobierno por sí solo no es capaz detomar. Esto podría ser incluso una táctica de ungobierno que quiera implementar reformas, pero queno cuente por sí solo con fuerzas suficientes parahacerlas.

Para terminar, en este artículo se ha aludido a los pro-cesos de reestructuración de la relación entre Estado y

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sociedad civil. Se ha hecho notar que se está ante un pro-ceso global de largo plazo que implica una refundaciónde esta relación en las democracias occidentales, en unproceso que se inicia con el fin del Estado de bienestar ycontinúa con la reconstrucción de la relación en términosque aún no están acabados de definir.

Contra este telón de fondo se ha puesto el foco enlos procesos de más corto alcance y en una región delglobo: la relación entre Estado y sociedad en los paí-ses del Cono Sur americano en las postrimerías delsiglo XX. Se apuntó a la pérdida de legitimidad delsistema político y al avance de la sociedad civil, reor-ganizada de múltiples formas.

Finalmente, y con las limitaciones que siempre tie-nen los análisis de coyuntura, se reflexionó sobre elsignificado que pudiera tener sobre la relación siste-ma político y sociedad civil el ascenso al poder degobiernos que provienen de coaliciones de partidosde izquierda en el sur del continente. El artículo pos-tula que es muy posible que se presencie el fortaleci-miento del sistema político, tanto por la renovaciónen los partidos políticos que generaron las protestassociales como por una vocación estatalista presenteen la izquierda latinoamericana.

Por su parte, también se postula que existe la posi-bilidad de que algunas organizaciones y movimien-tos de la sociedad civil sean, en este período que seabre, absorbidos o desmovilizados por las iniciativasprovenientes del sistema político. Esto dependerá tam-bién de la identidad propia que se hayan forjado lasorganizaciones y movimientos sociales para sostenery apuntalar su unidad en la acción colectiva.

Por lo tanto, si bien el sistema político recobraráparte de la iniciativa política perdida en años ante-

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riores, también es de esperar que la sociedad civil con-serve, aunque disminuida, su presencia política a tra-vés de sus mejores movimientos y organizaciones.

Bibliografía

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Castel, R. 1997. Las metamorfosis de la cuestión social.Paidós, Barcelona.

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Hopenhayn, M. 2001. Repensar el trabajo. Historia, pro-fusión y perspectivas de un concepto. Grupo EditorialNorma, Buenos Aires.

Melucci, A. 1994. Asumir un compromiso: identidad ymovilización en los movimientos sociales. Zona Abier-ta 69. Movimientos sociales, acción e identidad. Madrid.

Jon, P. (Editor). 2000. Introduction: understandinggovernance. In: Debating Governance. OxfordUniversity Press, UK, pp. 1-12.

Piñeiro, D. E. 2004. En busca de la identidad. La accióncolectiva en los conflictos agrarios de América Lati-na. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales(CLACSO), Buenos Aires.

Texto basado en la ponencia presentada por el autor en el en-cuentro internacional “Globalización y ciudadanía - las nuevascircunstancias de América Latina”, organizado por CLAES D3Ey la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis,Brasil, en 2004.

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Índice

Prólogo. Hacia una democracia de la descon-fianza: Estado, sociedad civil y globalización,por José da Cruz ................................................................................

El breve sueño de la democracia perfecta, porJoachim Becker ....................................................................................

¿Radicales? Conflictos ambientales y ecologis-mo en la Amazonía ecuatoriana, por Guillau-me Fontaine ...........................................................................................

Integración regional e identidad nacional: elcaso de Chile, por Jorge Larraín ....................................

Evo Morales en Bolivia: ¿giro a la izquierda ogiro descolonial?, por Waler D. Mignolo .......

Dimensiones sociológicas de los derechos hu-manos, por Napoleão Miranda ........................................

Notas escépticas sobre la cooperación interna-cional, por Javier Ponce ...........................................................

Relación entre sistema político y sociedad civil:aportes para un análisis de coyuntura, porDiego Piñeiro ......................................................................................

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AUTORES

Joachim Becker es economista y docente de la Uni-versidad de Economía de Viena, e integrante del IFP(Instituto de Economía Política) de Austria.

José da Cruz es geógrafo, integra el equipo de CLAES.

Guillaume Fontaine es profesor investigador de laFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLACSO), Quito, Ecuador.

Jorge Larraín es decano de la Facultad de CienciasSociales en la Universidad Alberto Hurtado de San-tiago de Chile.

Walter D. Mignolo es profesor en la Duke University(EE.UU.) y director de su Centro de Estudios Interna-cionales e Interdisciplinarios.

Napoleão Miranda es profesor del departamento deSociología y coordinador del programa dePosgraduados en Sociología y Derecho de la Univer-sidad Federal Fluminense, Brasil.

Diego E. Piñeiro es profesor titular de la facultad deCiencias Sociales y de la facultad de Agronomía de laUniversidad de la República, Uruguay

Javier Ponce es ensayista en temas de cultura y desa-rrollo en Quito (Ecuador) y además novelista.

D3E CLAES

El Centro Latino Americano de Ecología Social(CLAES) es una organización no gubernamental sinfines de lucro, dedicada al estudio y promoción deldesarrollo sostenible. D3E (Desarrollo, Economía,Ecología, Equidad - América Latina) es una iniciativade CLAES para abordar los problemas de laglobalización y la ciudadanía. En ese terreno, entreotras actividades, se mantienen los sitios en internetglobalizacion.org y deudaexterna.com; se edita el bo-letín de noticias “Globalización América Latina”, yse participa en distintas redes en temas de desarrollo.

Coscoroba es una iniciativa editorial del Centro Latino Ameri-cano de Ecología Social (CLAES) y de Desarrollo, Economía,Ecología y Equidad América Latina (D3E), para dar a conocerpublicaciones tanto del propio centro como de otras institucio-nes y autores preocupados por el desarrollo, la calidad de viday la protección ambiental.

TÍTULOS RECIENTES

ENERGÍA 2025, ESCENARIOS ENERGÉTICOS PARA ELMERCOSUR, por Gerardo Honty, Virginia Lobato y JorgeMattos (2005). Se describe la situación energética en el conosur y se estudian los futuros posibles bajo condiciones con-vencionales en el uso de la energía y las posibilidades deestrategias alternativas.

ECOLOGÍA, ECONOMIA Y ETICA DEL DESARROLLO SOS-TENIBLE, por E. Gudynas (2004).

POLÍTICAS AMBIENTALES EN URUGUAY (2001). Ensa-yos de 15 autores provenientes de partidos políticos, orga-nizaciones ambientalistas y grupos vecinales.

AGROPECUARIA Y AMBIENTE EN URUGUAY. Valor agre-gado ambiental y desarrollo sustentable agropecuario, porG. Evia y E. Gudynas (2000).

ECONOMÍA POLÍTICA DE MONTEVIDEO. Desarrollo ur-bano y políticas locales, por J. Becker, J. Jäger y W. G. Raza(2000).

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A MODERNIDADE INSUSTENTÁVEL: AS CRÍTICAS DOAMBIENTALISMO À SOCIEDADE CONTEMPORÁNEA,por Héctor Leis (2004).

ECOLOGÍA SOCIAL DE LOS DESASTRES NATURALES,por José da Cruz (2003).

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