Expediente:Cuaderno PrincipalEscrito N° 01INTERPONE DEMANDA

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LA CORTE

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

ARMANDO QUIJADA POMA con D.N.I. Nº 21073187, con domicilio común y real en

Av. Francisco de Paula Otero Nº 112-118 del Distrito y Provincia de Tarma, Región

Junín; y, domicilio procesal para estos efectos en Av. Tomas Marsano Nº 1553

Departamento 303 Block B-2 Distrito Surquillo, Provincia Lima; a usted digo:

I: PETITORIO:

1.- Dentro del plazo de ley y al amparo del Artículo 3º, inciso 1 y 4 del artículo 4º de

la Ley N° 27584; y, artículo 148º de la Constitución Política del Perú, inicio Proceso

Contencioso Administrativo contra la Primera Sala del Tribunal del Consejo Superior

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado “CONSUCODE” hoy Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado “OSCE”, con dirección domiciliaria en:

Av. Gregorio Escobedo S/N cuadra 7, Distrito de Jesús María, Provincia de Lima,

Región Lima, que emitió la Resolución Nº 404-2009-TC-S1 del 09FEB09 no ajustada

a derecho.

2.- Se incluya al proceso por tener legitimidad pasiva a:

2.1.- Agencia Zonal Tarma–Yauli–Junín del Programa Nacional de Manejo de Cuencas

Hidrográficas y Conservación de Suelos “PRONAMACHCS”, hoy Programa de

Desarrollo Productivo Agrario Rural “AGRORURAL” con dirección domiciliaria en:

Esquina Adolfo Vienrinch y Leoncio Prado S/N, Distrito y Provincia de Tarma, Región

Junín. Entidad convocante a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 1-2008-GDJUNIN-

AZ-T-Y-J (primera convocatoria), Ítem N° 1.

2.2.- Carrión Inversiones S.A. empresa que obtuvo la Buena Pro para el Ítem N° 1 de

la Adjudicación Directa Selectiva Nº 1-2008-GDJUNIN-AZ-T-Y-J, con dirección

domiciliaria en: Jirón Antonio Lobato Nº 651 Distrito de El Tambo, Provincia de

Huancayo, Región Junín.

3.- En aplicación del inciso 1 y 4 del artículo 5º de la Ley Nº 27584, declare la

nulidad total de los actos administrativos de la Resolución Nº 404-2009-TC-S1, y

ordene al: Vocal Presidente de Sala Dra. Jannette Elke Ramirez Maynetto, Vocal

ponente Dra. Wina Isasi Berrospi y vocal Dr. Carlos Vicente Navas Rondón, la

realización de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por

mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme como son los

fundamentos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Resolución N° 774-2008-TC-S4 de fecha

18MAR2008; fundamentos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 de la Resolución Nº

635/2007.TC-S1 de fecha 13JUN2007; fundamentos 11, 12 , 13 , 14, 15, 16, 17 y 18

de la Resolución N° 2603-2008-TC-S4 de fecha 15SET2008; numeral 2 del

Pronunciamiento Nº 336-2008/DOP; numeral 7 y 8 de la Directiva Nº 011-2001-

CONSUCODE-PRE; al no sujetarse a la estricta interpretación, observancia y

aplicación de la normativa que resulte aplicable; y, transgredir el Principio de

Legalidad, del Debido Procedimiento, de Conducta Procedimental, prescrito en el

numeral 1.1 , 1.2 , 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General, y literal d) inciso 24 del artículo 2°,

parágrafo a) del inciso 24 del artículo en referencia e inciso 3 del artículo 139° de la

Constitución Política del Perú.

4.- Revoque lo resuelto en la Resolución Nº 404-2009-TC-S1 declarando nulo el ítem

Nº 1 de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 1-2008-GDJUNIN-AZ-T-Y-J (primera

convocatoria) convocado por la Agencia Zonal Tarma–Yauli–Junín del Programa

Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos

“PRONAMACHCS”, con conocimiento a Contraloría General de la República y

Ministerio Público de ser el caso a los que resulten responsables.

5.- Solicito, como pretensión indemnizatoria, la suma equivalente al 20% del valor

referencial del ítem Nº 1 de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 1-2008-GDJUNIN-

AZ-T-Y-J, monto determinado indistintamente a los que resulten responsables, por

los fundamentos de hecho y de derecho, que paso a exponer:

II: FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO.- La Agencia Zonal Tarma–Yauli–Junín del Programa Nacional de Manejo de

Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos “PRONAMACHCS” hoy Programa

de Desarrollo Productivo Agrario Rural “AGRORURAL” (en adelante LA ENTIDAD),

convocó en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (en

adelante SEACE), la Adjudicación Directa Selectiva Nº 1-2008-GDJUNIN-AZ-T-Y-J

(convocatoria:1) cuyo objeto es la adquisición de calaminas galvanizadas (planchas

zincadas onduladas de acero) (adjunto como anexo 1-A) para la construcción de

cobertizos para ganado, con valor referencial de S/. 108,405.00 (Ciento ocho mil,

cuatrocientos cinco, con 00/100 nuevos soles) para el ítem Nº 1 (en adelante ADS

Nº 1-2008-GDJUNIN-AZ-T-Y-J).

La Primera Sala del Tribunal del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado (en adelante la DEMANDADA), con Resolución Nº 404-2009-TC-S1 de

fecha 09FEB2009 (adjunto como anexo 1- B) notificado con fecha 10FEB2009, ha

resuelto INFUNDADO mi Recurso de Apelación signado con Expediente Nº 5002-

2008 de mesa de partes, impugnación en contra el otorgamiento de la Buena Pro

del Ítem Nº 1 de la ADS Nº 1-2008-GDJUNIN-AZ-T-Y-J , que agota la vía

administrativa.

SEGUNDO.- De la verificación del SEACE (ver anexo 1-A) y dentro del proceso se

realizó los siguientes actos:

2.1.- El proceso fue convocado con bases administrativas publicadas en el SEACE

con fecha 11NOV2008 (adjunto como anexo 1-C)

2.2.- Me inscribí en el Registro de Participante con fecha 20NOV2008 con Nº 2331

de mesa de partes, pagando S/. 10.00 (Diez y 00/100 nuevos soles) con Recibo Nº

32885031 por derecho de bases (adjunto como anexo 1-D),

2.3.- Presenté mi propuesta técnica y económica con fecha 03DIC2008 recibido con

Nº 2432 de mesa de partes (adjunto como anexo 1-E)

2.4.- LA ENTIDAD informa en el SEACE en: Otras acciones de Convocatoria (ver

anexo 1-A): 1) Con fecha 24NOV2008 instrumento que declara la NULIDAD DE

OFICIO DEL PROCESO, mediante Resolución Gerencial Nº 089-2008AG-

PRONAMACHCS-GDJ (adjunto como anexo 1-F); 2) con fecha 25NOV2008

POSTERGACION de la convocatoria por ausencia del sistema de la página SEACE del

día 21NOV08; 3) con fecha 25NOV2008 POSTERGACION etapa de proceso

(integración de bases); 4) con fecha 26NOV2008 FE DE ERRATAS, LA INTEGRACION

DE BASES de fecha 25NOV2008 NO ES VALIDA;

2.5.- La ENTIDAD 1) integró las bases con fecha 25NOV2008 hora 14:33 (adjunto

como anexo 1-G) informado en dos oportunidades; 2) integró bases con fecha

26NOV2008 hora 10:57 (adjunto como anexo 1-H)

2.6.- La evaluación de propuestas en acto privado y cuadro comparativo de la

Buena Pro se realizó y publicó en el SEACE con fecha 03DIC2008, otorgado para el

Item 1 a la empresa Carrión Inversiones S.A. (adjunto como anexo 1-I).

TERCERO.- Interpuse Recurso de Apelación con Escrito Principal de fecha

15DIC2008 recibido con Nº 28701 de mesa de partes (adjunto como anexo 1-J ; en

contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando declare nulo el presente proceso

por haber incurrido en vicio de nulidad según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley

Nº 26850 modificado por Ley Nº 28267 aprobado por Decreto Supremo Nº 083-

2004-PCM (en adelante LCAE) en ese sentido, el comité especial ha modificado las

etapas del proceso como órgano incompetente, ha integrado en dos oportunidades

las bases integradas, ha modificado de oficio las bases aprobadas, vulnerando el

principio del debido procedimiento, como indica el numeral 1.2 del Artículo IV de la

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (en adelante LEY N°

27444)

El comité especial es el órgano ejecutor del proceso de selección que tiene a su

cargo la organización, conducción y ejecución del proceso, desde la preparación de

las bases hasta que el otorgamiento de la buena pro quede consentido o

administrativamente firme, en este sentido, como postor no me encuentro impedido

de solicitar la nulidad de algún acto del proceso de selección y que la elaboración

de las bases debe recoger obligatoriamente lo establecido en el artículo 29 de

LCAE. Prescribe su competencia en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 084-

2004 PCM (en adelante RLCAE), para el presente caso no tipifica que el comité

especial tenga competencia para declarar nula las bases integradas de fecha

25NOV2008 mediante FE DE ERRATAS.

Las bases de fecha 11NOV2008 publicada en el SEACE establece, integración de

bases 21NOV2008, acto que no cumplió la Entidad hasta el 25NOV2008,

incumpliendo el artículo 97, 117 y 118 del RLCAE.

La Resolución Gerencial Departamental Nº 89-2008 AG-PRONAMACHCS-GDJ (ver

anexo F) expedida para declarar la nulidad de oficio, es incongruente, indica con

fecha 21NOV2008 no se obtuvo acceso a la página Web del CONSUCODE-SEACE,

siendo esta afirmación menos cierta, a esa fecha el sistema estuvo operativo,

prueba es la publicación en el SEACE, la convocatoria de Adjudicación de Menor

Cuantía Nº 193-2008 por Municipalidad Provincial de Tarma, que ha integrado sus

bases el 21NOV2008, que la demandada NO MERITUO.

Las Bases integradas de fecha 25NOV2008 indica Presentación de Propuestas

28NOV2008, materializándose un vicio insubsanable, al no existir los 3 días de plazo

que debe existir entre la integración de bases y la presentación de propuestas

como indica el último párrafo del artículo 99 del RLCAE, que, la demanda NO

MERITUO.

Existen, disposiciones imprecisas, contradictorias e incluso contrarias a la normativa

de contratación pública, así en el Capítulo V punto 2 Experiencia del postor indica:

De 03 a Menos 05 veces del Valor Referencial…20 puntos; De 01 a Menos 03 veces

del Valor Referencial…10 puntos; Menos del valor Referencial…10 puntos. En este

orden los eventuales postores tendrán que presentar copias de facturas o boletas

de venta importe en negativo de 3 a 5 veces menos que el Valor Referencial, que la

demandada NO MERITUO.

CUARTO.- Aplicando mi derecho a la defensa que NO MERITUO la demandada, con

Escrito Nº 02 de fecha 21ENE2009 recibido con Nº 1485 de mesa de partes (adjunto

como anexo 1-k) manifesté que he tomado conocimiento del Informe Técnico Legal

presentado por LA ENTIDAD (adjunto como anexo 1-L) manifestando con fecha

21NOV2008 el sistema entra en mantenimiento aproximadamente a las 3.00 PM,

que no se cumplió la etapa de integración de bases por ausencia del Sistema SEACE

a nivel nacional y no teniendo acceso al SEACE a nivel nacional el día 21NOV2008,

en este sentido, es FALSO que el día 21NOV2008 el sistema del SEACE no estuvo

operativo y por el contrario funcionó normalmente durante todo el día, prueba es la

publicación en el SEACE: 1) Publica Bases a horas 14.40 MC 31-2008/DIRESA.JUNIN;

2) Publica Cuadro Comparativo a horas 14.49 MC 63-2008//PRONAMACHCS

AZHMSAO; 3) Publica Cuadro Comparativo a horas 15.54, 15.55, 15.56 ADS 5-

2008/CEPCA-DRA/J, Gobierno Regional de Junín-Agricultura; 4) Publica Bases a horas

18.23 y 21.32 MC 22-2008/DRA-A/CEAMC del Gobierno Regional de Amazonas-

Agricultura.

Manifiesta que estos hechos ha comunicado mediante correos electrónicos a

plataforma del SEACE, los mismo que se adjunta al presente, siendo FALSO, en

autos no existe documento formal sobre los acontecimientos como indica la

segunda disposición final del RLCAE e inciso a) del artículo 59 de la LCAE. Indico,

existe tres bases administrativas diferentes informado en el SEACE, la primera:

base de la convocatoria de fecha 11NOV2008, segunda: base integrada con fecha

25NOV2008 y tercera: base integrada con fecha 26NOV2008.

Presente resoluciones firmes que debe tener en consideración al momento de

resolver, Resolución N° 2603-2008-TC-S4 de fecha 15SET2008; Resolución N°

635/2007-TC-S1 del 13JUN2007; Pronunciamiento N° 055-2008/DOP. Asimismo,

solicité al colegiado que de oficio analice si las bases cumplen con las condiciones

mínimas del artículo 25 de la LCAE, que la Entidad en su Informe Técnico Legal

acepta que ha transgredido el citado artículo.

Me percato que el numeral c) Experiencia del postor, que calificará considerando el

monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares

durante un periodo de cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de la

propuesta hasta por un monto máximo de cinco (5) veces el valor referencial, es

incongruente, con los Factores de Evaluación Item 1 del Capítulo V de las bases que

calificara, de 05 veces al valor Referencial a Más…40 puntos, en ese sentido, el

postor que presenta un céntimo de sol mas de las cinco (5) veces del valor

referencial ya no será calificado o que puntaje se le otorga ya que las bases no

indican, que, la demandada NO MERITUO.

QUINTO.- Mediante Escrito Nº 03 de fecha 02FEB2009, recibido con Nº 2575 de

mesa de partes (adjunto como anexo 1- LL) que NO MERITUO la demandada, indico

de la verificación efectuada al SEACE se observa que LA ENTIDAD con fecha

26NOV2008, introdujo mediante FE DE ERRATAS indicando que la Integración de

Bases de fecha 25NOV2008 NO ES VALIDA. En torno a ello, resulta necesario

señalar que la fe de erratas debe ser entendida como un medio de corrección

utilizado para enmendar errores tipográficos o aritméticos que no impliquen

variación en el fondo del asunto, vale decir que se encuentra orientada a rectificar

un error u omisión de forma que no altera el sentido y alcance de lo decidido, como

indica el Fundamento 6 al 13 de la Resolución Nº 635/2007.TC-S1 de fecha

13NOV2007, en ese sentido, no podrá ser sustento para declarar la nulidad de una

etapa del proceso.

Así, mediante la rectificación de un error, el comité especial no puede dejar sin

efecto un acto dictado en el ámbito de su competencia, ya que ello constituye

anular su propia decisión y quebrantar las normas de procedimiento y de

contratación pública, como indica la Sumilla de la Resolución Nº 635/2007.TC-S1 de

fecha 13NOV2007.

Sobre el particular, la institución de la rectificación de errores en el ámbito

administrativo, que se encuentra prevista en el artículo 201º de la Ley Nº 27444, y

es entendida respecto al error en la trascripción o en la mecanografía que tiene

como presupuesto no alterar el contenido de la decisión jurídica, es decir, el sentido

de la decisión.

TRASGRESION A LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO

Primer Punto Controvertido de La Resolución 404-2009-TC-S1:

Respecto a la declaratoria de nulidad determinada por la Entidad mediante

Resolución Gerencial Departamental Nº 89-2008-AG-PRONAMACHCS-GDJ.

Fundamenta:

3.- El primer cuestionamiento efectuado por EL IMPUGNANTE se encuentra referido

a que La Entidad no integró las Bases del presente proceso en el plazo establecido

en el cronograma (21 de noviembre de 2008), conforme a ley, sino que llevó a cabo

dicho acto el 25 del mismo mes y año y, que para justificar dicho error emitió la

Resolución Gerencial Departamental N.º 89-2008 AG-PRONAMACHCS-GDJ de fecha

24 de noviembre de 2008.

4.- De la revisión de los antecedentes que obran en autos, se advierte que -según el

cronograma de las Bases- el acto de integración y publicación de éstas estaba

establecido para el día 21 de noviembre de 2008; sin embargo, el citado acto fue

postergado hasta el 25 de noviembre de 2008.

5.- Frente a los hechos expuestos, el Comité Especial levantó el Acta de proceso de

fecha 21 de noviembre de 2008, en el cual se dejó constancia de la imposibilidad

para integrar las Bases en la fecha acordada debido a fallas en el SEACE por

encontrarse éste en mantenimiento. Dicho hecho fue puesto en conocimiento del

personal técnico del CONSUCODE encargado del citado sistema a través de correo

electrónico (folio 223 de antecedentes)

6.- Es por ello, que La Entidad el 24 de noviembre de 2008, emitió la Resolución

materia de cuestionamiento, a través de la cual declaró la nulidad del proceso,

retrotrayéndolo hasta la etapa de integración de Bases, debido a que no efectuó el

acto de integración de las Bases dentro del plazo de ley.

SEXTO.- Al respecto, la Resolución Gerencial Departamental Nº 89-2008-AG-

PRONAMACHCS-GDJ (ver anexo 1-F) es incongruente por no tener motivación

adecuada, para ser sustento de UN ACTO DE POSTERGACION. Así: indica: el

21NOV2008 el comité especial intenta efectuar la publicación de la integración de

bases, lastimosamente el sistema entra en mantenimiento aproximadamente a las

3.00 PM, indica en la parte introductoria última parte de VISTO: que no se cumplió

la etapa de integración de bases por ausencia del Sistema SEACE a nivel nacional e

indica en el cuarto párrafo: que, atendiendo a lo expuesto en los considerandos 2) y

3) es procedente declarar la nulidad del citado proceso, debido al incumplimiento

de plazos por caso fortuito, no teniendo acceso al SEACE a nivel nacional el día

21NOV2008.

Al respecto, el día 21NOV2008 el sistema del SEACE entró en mantenimiento, hubo

ausencia del sistema y no hubo acceso a nivel nacional, afirmaciones menos

ciertas, de haber ocurrido estas circunstancias el CONSUCODE emite el comunicado

respectivo en ese sentido, la demandada no realizó consultas que de oficio le son

atribuidas, el solicitar a Plataforma del SEACE subgerencia de Administración SI EL

SISTEMA DEL SEACE ESTUVO OPERATIVO EL VIERNES 21NOV08 y que en autos no

existe, no se presentó y fundamento prueba alguna. En este orden, de existir

consulta o documento alguno, este nunca se nos notificó para hacer valer mis

derechos, transgrediendo el derecho al debido procedimiento y de defensa, lo cierto

y real es que a esa fecha estuvo operativo y funcionó normalmente durante todo el

día el sistema del SEACE. Prueba son las publicaciones en el SEACE de etapas

convocadas por el mismo PRONAMACHCS y entidades de la Región Junín y son:

1) Publica Bases a horas 14.40 (2.40 PM) convocatoria MC Procedimiento Clásico

31-2008/DIRESA.JUNIN (convocatoria:2) Menor Cuantía por el Gobierno Regional de

Junín-Salud (adjunto como anexo 1- M);

2) Publica Cuadro Comparativo a horas 14.49 (2.49 PM) convocatoria MC

Procedimiento Clásico 63-2008//PRONAMACHCS AZHMSAO (convocatoria:1) Menor

Cuantía por el Proy. Nac. Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de

Suelos-PRONAMACH, (adjunto como anexo 1-N);

3) Publica Cuadro Comparativo a horas 15.54, 15.55, 15.56 (3.54 PM, 3.55 PM, 3.56

PM) convocatoria ADS Procedimiento clásico 5-2008/CEPCA-DRA/J, (convocatoria:1)

Adjudicación Directa Selectiva, por el Gobierno Regional de Junín-Agricultura

(adjunto como anexo 1- O);

4) Publica Cuadro comparativo y otorgamiento de buena pro, a horas 13.49 (1.49

PM) convocatoria AMC Procedimiento clásico 63-2008/AG-PRONAMACHCS-CARAZ

(convocatoria:2) Menor Cuantía, por el Proy. Nac. Manejo de Cuencas Hidrográficas

y Conserva. de Suelos-PRONAMACH, (adjunto como anexo 1-P);

5) Publica Bases integradas a horas 08.48 convocatoria MC procedimiento clásico

193-2008/CEPO/MPT (convocatoria:2) Menor Cuantía por la Municipalidad Provincial

de Tarma (adjunto como anexo 1-Q).

Al respecto, de ser el caso eficaz la Resolución Gerencial Departamental Nº 89-2008

AG-PRONAMACHCS-GDJ publicado en el SEACE con fecha 24NOV2008, se me

notifico el 25NOV2008 de acuerdo al artículo 87 del RLCAE, ( ) surgiendo efecto a

partir del día 26NOV2008, fecha que la ENTIDAD ha merituado la primera

integración de bases de fecha 25NOV2008, mediante FE DE ERRATAS meritúa que

NO VALE la integración de bases de fecha 25NOV2008, como publicó e integró

bases por segunda oportunidad con fecha 26NOV2008, transgrediendo del debido

procedimiento. Prueba es de ver el anexo 1-A, y lo publicado en la pagina del SEACE

(www.seace.gob.pe) que se visualiza así:

Otras Acciones de la Convocatoria

1 Postergación, informado el dia 25/11/2008 14:12, POR AUSENCIA DEL SISTEMA –

PAG. WEB SEACE DIA 21/NOV/2008

2 Postergación, informado el dia 25/11/2008 19:20, ETAPA DE PROCESO

( INTEGRACIÓN DE BASES) SEG. EL ART. 87 DEL REGLAMENTO DE LA LCAE Nº 084-

2004-PCM

3 Postergación, informado el dia 25/11/2008 19:21, ETAPA DE PROCESO

( INTEGRACIÓN DE BASES) SEG. EL ART. 87 DEL REGLAMENTO DE LA LCAE Nº 084-

2004-PCM

4 Fe de Errata, informado el dia 26/11/2008 10:54, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 87º

DEL REGLAM. DE LA LCAE LA INTEGRACION DE FECHA 25/11/2008 NO ES VALIDA,

SE NOTIFICO A LOS PARTICIPANTES CON OFICIO Nº 013,014,015-2008-AG-

PRONAMACHCS-GDJUNIN-TYJ

informado el

24/11/2008 19:47

5 INSTRUMENTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DEL PROCESO, RESOL.

GERENC. DEPART. N? 089-2008-AG-PRONAMACHCS-GDJ, , , informado el día

24/11/2008 19:47

6 RECURSO DE REVISION/APELACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONSUCODE,

7 RESOLUCION DE RECURSOS DE REVISION, 404-2009-TC-S1, , , informado el día

09/02/2009 19:26

8 BUENA PRO CONSENTIDA, , , , informado el día 11/02/2009 09:39

Bases Resumen Ejecut Absolución Cons Absolución Observa Pronunciamiento

Entidad Pronuncia. OSCE Bases Integradas Cuadro Comparativo actas Acta Buena

Pro Resolución de Resol Recur Apela del Tribunal

11/11/2008 20:57

Tamaño

305 Kb.

2da.

Integración

———)

1era.

Integración

———-)

26/11/2008 10:57

Tamaño

339 Kb.

25/11/2008 14:33

Tamaño

339 Kb.

25/11/2008 14:33

Tamaño

339 Kb.

03/12/2008 22:58

Tamaño

210 Kb.

09/02/2009 19:26

Tamaño

84

Al respecto, Indica en el Capítulo II Etapas del proceso de selección, de la

integración de Bases de fecha 25NOV2008 (ver anexo 1-G, fojas 52):

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

.Convocatoria…………………………………………………………: 11/11/2008

.Registro de participantes…… .. ………………………….: Del 12/11/2008 al 27/11/2008

.Formulación de consultas y observaciones……………..: Del 12/11/2008 al

14/11/2008

. Absolución de consultas y observaciones…………..…: 17/11/2008

. Integración de Bases………………………………………: 25/11/2008

. Presentación de Propuestas………….………………..: 28/11/2008, Esquina Vienrich

con Leoncio Prado S/N – Tarma. Desde las 08:00 am. hasta las 12:00 m.

. Evaluación de Propuestas…………..…….……………….: 02/12/2008, 14:00 horas

. Otorgamiento de la Buena Pro (A través del SEACE) …: 02/12/2008

En ese sentido, la etapa de integración de bases y su publicación fue el martes

25NOV2008, como la Presentación de Propuestas para el viernes 28NOV2008, en

ese orden, siendo una convocatoria de Adjudicación Directa Selectiva, se

materializa el vicio insubsanable al no existir menos a tres (3) días de plazo que

debe existir entre la Integración de Bases y la Presentación de Propuestas como

indica el último párrafo del artículo 99 del RLCAE.( )

Al respecto, “Dicho hecho fue puesto en conocimiento del personal técnico del

CONSUCODE encargado del citado sistema a través de correo electrónico”, acto

menos cierto, en autos NO EXISTE documento formal sobre lo acontecido, es decir

no existe documento o correo de fecha cierta del comité especial o/y jefe de la

zonal Tarma-Yauli-Junín dirigida a Plataforma del SEACE indicando los problemas

afirmados supuestamente en la resolución acotada, y de existir dicho documento,

nunca se me notificó para hacer valer mis derechos.

SEPTIMO.- Fundamenta la Resolución 404-2009-TC-S1:

7.- Acto seguido, mediante Fe de Erratas publicada en el SEACE el 26 de noviembre

de 2008, La Entidad manifiesta que el acto de integración realizado el 25 del mismo

mes no es válido, por no haberse sujetado el acotado acto a la normativa de la

materia. Dicha Situación fue notificada a los postores participantes mediante Oficios

N.º 013-2008-AG-PRONAMACHCS-GDJ-AZ-T-Y-J-CE, N.º 014-2008-AG-

PRONAMACHCS-GDJ-AZ-T-Y-J-CE y, N.º 015-2008-AG-PRONAMACHCS-GDJ-AZ-T-Y-J-

CE, el 26 de noviembre de 2008, conforme a las constancias que obran en autos.

De la verificación efectuada al SEACE (ver anexo 1-A) es cierto que la Entidad con

fecha 26NOV2008, es decir después de un día que el comité especial llevó a cabo la

Integración de Bases (25NOV08 primera integración) introdujo mediante FE DE

ERRATAS indicando que la Integración de Bases de fecha 25NOV2008 NO ES

VALIDA, siendo esta una declaración tácita de nulidad. En torno a ello, resulta

necesario señalar que la fe de erratas debe ser entendida como un medio de

corrección utilizado para enmendar errores tipográficos o aritméticos que no

impliquen variación en el fondo del asunto, vale decir que se encuentra orientada a

rectificar un error u omisión de forma que no altera el sentido y alcance de lo

decidido ( ), mas no podrá ser sustento para declarar la nulidad de una etapa del

proceso.

Así, mediante la rectificación de un error, el comité especial no puede dejar sin

efecto un acto dictado en el ámbito de su competencia, ya que ello constituye

anular su propia decisión y quebrantar las normas de procedimiento y de

contratación pública. ( )

Para el caso que nos concierne, según se registró en el SEACE, la declaración DE NO

VALE las bases de fecha 25NOV2008 realizado por fe de erratas declarado por el

comité especial se originó por que detecto que no podrá ser menor a tres (3) días

de plazo que debe existir entre la Integración de Bases y la Presentación de

Propuestas como indica el último párrafo del artículo 99 del RLCAE , sin embargo, el

comité especial olvidó que la rectificación de este supuesto error llevaba consigo

irremediablemente que dejara sin efecto un acto previamente dictado en el ámbito

de su competencia, es decir, lo que en el fondo hizo fue anular una decisión

adoptada dentro del plazo establecido en las Bases, cual es el cumplir la

declaratoria de nulidad de oficio, cuando de acuerdo a las normas de procedimiento

y de contratación pública dicho órgano colegiado no se encuentra premunido de esa

facultad. ( ).

Conviene tener en cuenta, sobre el asunto en cuestión, que el numeral 11.2 del

artículo 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444,

norma de aplicación supletoria al caso de autos, prescribe que la nulidad será

conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara

de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación

jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. ( ) .

Además, si el Comité Especial detectó la declaratoria NO VALE mediante FE DE

ERRATAS llevada a cabo transgrede el artículo 99 de RLCAE, este no se ajustaba a

la normativa de las contrataciones y adquisiciones del Estado, correspondía que

comunicara este hecho al Titular de la Entidad para que sea éste quien proceda a

declarar la nulidad de dicho acto, por ser la autoridad competente, de conformidad

con la facultad conferida en el artículo 57 de la LCAE ( )

Bajo el amparo de las normas citadas, no correspondía, de modo alguno, que el

comité especial invalide implícitamente un acto administrativo con la emisión de

otro acto, variando con ello la posición del postor recurrente, y lesionando

gravemente la seguridad jurídica que debe garantizar el marco en el cual se

desenvuelve la contratación pública. Por tanto, se infiere que dicha actuación no

resulta arreglada a derecho y supone la trasgresión flagrante del Principio del

Debido Procedimiento, previsto en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título

Preliminar de la Ley N.º 27444, en tanto garantía general de los administrados

respecto de la actuación de la Administración Pública. ( ). Siendo esto así, el

proceso en sí registrado en el SEACE contiene un vicio de nulidad insalvable, por

cuanto fue emitido por un órgano que carecía de facultad para expedir dicho acto,

por lo que corresponde declarar su nulidad en esta instancia administrativa.

Un aspecto que debe ser materia de precisión, es que el ejercicio de la facultad de

declarar la nulidad de un acto derivado del proceso de selección puede ser ejercida

incluso en cualquier etapa del proceso, supuesto que no se ha verificado en el caso

de autos, ya que de conformidad con los artículo 87 y 97 del RLCAE, el FE DE

ERRATAS se entiende notificada al día siguiente de su publicación en el SEACE, con

lo cual la FE DE ERRATAS informado el 26NOV2008 se considera notificada el

27NOV2008 y por tanto el plazo para tenga efecto comienza a correr a partir del

28NOV200804. ( ). Es así, que a esa fecha LA ENTIDAD ya había actuado y

merituado otros actos administrativos, como es la integración de bases por segunda

oportunidad de fecha 26NOV2008.

El Hecho Administrativo del Comité Especial de no tener competencia en cuyos

actos no está arreglado a derecho, siendo su contenido que no se ajusta a lo

dispuesto por el ordenamiento jurídico se convierte en un acto administrativo ilícito,

impreciso y en un imposible jurídico ( ), al no cumplir con los plazos establecidos el

acto de declarar NO VALE, constituye la INEFICACIA del acto administrativo que es

un vicio de nulidad insalvable, por cuanto fue emitido por un órgano que carecía de

facultad para expedir dicho acto por lo que corresponde declarar su nulidad en esta

instancia administrativa.

Teniendo en cuenta los hechos acontecidos, el Tribunal del CONSUCODE en uso de

sus atribuciones debió considerar necesario verificar si era competente el comité

especial para anular las bases mediante un fe de erratas, en este sentido no ha

cumplido con la segunda disposición final del RLCAE ( ) y el inciso a) del artículo 59

de la LCAE ( ) con el objeto de determinar si el proceso estaba en marcada

correctamente, atendiendo el cuestionamiento planteado por el recurrente respecto

de los vicios incurridos por LA ENTIDAD.

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal del CONSUCODE en su Resolución Nº

635/2007 de jurisprudencia de observancia obligatoria, la “fe de erratas” solo

deberá ser utilizada para realizar rectificaciones materiales relativas a aspectos

tipográficos o aritméticos. Sobre el particular, la institución de la rectificación de

errores en el ámbito administrativo, que se encuentra prevista en el artículo 201º

de la LEY Nº 27444, es entendida respecto al error en la trascripción o en la

mecanografía que tiene como presupuesto no alterar el contenido de la decisión

jurídica, es decir, el sentido de la decisión. En esa medida, si el cambio efectuado

conlleva un cambio en la decisión inicial quedará reflejada la existencia de una

causal de invalidez del acto administrativo, es decir, su nulidad ( )

Así, conforme a una interpretación sistemática de la Ley Nº 27444 frente a actos

rectificatorios que alteren el sentido de la decisión de la autoridad administrativa, el

administrado encuentra expedido su derecho de contradicción administrativa y se

encontrará habilitado para interponer el recurso impugnativo que considere

pertinente. Las reglas enumeradas anteriormente serán de aplicación a los procesos

de selección convocados bajo la normativa de contratación gubernamental cuando

el comité especial, como órgano conductor del proceso, advierta la presencia de un

error de carácter tipográfico o material el cual no deberá alterar lo sustancial de la

decisión. ( )

De acuerdo con el caso bajo comentario, si la “fe de erratas” fue empleado para

declarar NO VALE las bases administrativas, dicho acto en su publicación no

consignó la información del Título del Aviso; Entidad Convocante; Número del

proceso; Objeto del Proceso; Descripción del Objeto y Aclaración del error indicando

el rubro a modificar y emplear “Dice: (…) ” y “Debe Decir: (…) ” al inicio de cada

dato materia de corrección, en ese sentido transgrede el numeral 8 de Directiva Nº

011-2001-CONSUCODE/PRE.- ( ). Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo

dispuesto en el artículo 45º del RLCAE el Comité Especial no puede modificar de

oficio las Bases aprobadas; en esa medida, la modificación efectuada por dicho

cuerpo colegiado contravendría lo dispuesto por la normativa de contratación

pública.( )

Segundo punto controvertido de la Resolución N° 404-2009-TC-S1:

Respecto al cuestionamiento alegado por el postor impugnante relativo al factor de

evaluación Experiencia en ventas del postor: Fundamenta:

14.- Sobre el particular, creemos importante mencionar un hecho curioso que se

pudo apreciar en el presente procedimiento, relacionado con la Adjudicación Directa

Selectiva por ítems N.º 002-2008-AG-PRONAMACHCS/GDJ/AZP, convocada por la

misma Entidad, para la adquisición de calaminas galvanizadas (planchas zincadas

onduladas de acero) para la construcción de cobertizos en el ámbito de la Agencia

Zonal Pasco–DAC, en la cual se solicitan bienes idénticos a los del proceso materia

de análisis, así como se dieron los mismos hechos referidos a la integración de las

Bases, que ahora cuestiona el postor recurrente.

Del mismo modo, cabe añadir que en ambos procesos se utilizaron bases

estandarizadas, en las cuales se plasmó con el mismo tenor el acotado factor de

evaluación. No obstante lo indicado, este aspecto de las Bases en el proceso de la

referencia no ha sido materia de cuestionamiento alguno por parte del postor

impugnante, puesto que en el citado proceso dicho postor resultó beneficiado con la

Buena Pro.

Asimismo, debemos agregar que en audiencia pública de fecha 05 de febrero de

2009, manifestó que no cuestionó las Bases en el mencionado proceso, debido a

que no tomó conocimiento oportuno de los errores contenidos en su texto, lo cual

no tiene asidero, máxime tratándose de un postor que tiene la suficiente

experiencia en la materia, al haber participado en diversos procesos de selección

con la misma Entidad.

15.- Finalmente, este Tribunal considera necesario referirse a la conducta

procedimental de EL IMPUGNANTE en el presente procedimiento, la cual como se ha

podido advertir en los numerales precedentes, se encuentra orientada a dilatar

innecesariamente la satisfacción oportuna de las necesidades de La Entidad, tal

como se evidenció en la audiencia pública de fecha 05 de febrero de 2009, acto en

el cual La Entidad señaló que debido al presente recurso muchas familias están a la

espera de los bienes para poder techar sus precarias viviendas.

16.- Adicionalmente, resulta pertinente precisar que, si bien el ordenamiento legal

contempla una serie de mecanismos a través de la facultad de contradicción

administrativa, a que se refiere el artículo 206.1 de la Ley del Procedimiento

Administrativo General, que permiten a los postores impugnar aquellos actos que

consideren lesivos a sus derechos o afecten sus intereses; no obstante, no resulta

lícito que EL IMPUGNANTE ejerza dicha facultad de manera abusiva, con un ánimo

ostensiblemente dilatorio del proceso de selección, a sabiendas y con ánimo de

favorecerse indebidamente, en caso de haberse amparado su recurso.

17.- En tal sentido, la situación descrita en numerales precedentes no sólo vulnera

los derechos de los terceros que de buena fe participan en los procesos de

selección sino, también, de la propia Entidad convocante, al impedir que cubra

oportunamente sus necesidades a los costos adecuados, pues las actuaciones

descritas sólo generan un mayor gasto al Estado que repercute desfavorablemente

en los escasos recursos públicos con lo que se cuenta, y cuya carga debe soportar,

en última instancia, todos los contribuyentes. Por consiguiente, este Tribunal

formula un severo llamado de atención al postor impugnante para que en lo

sucesivo ciña su conducta a las reglas y principios que inspiran el procedimiento

administrativo y, en particular, al principio de conducta procedimental, consagrado

en el numeral 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento

Administrativo General, Ley N.° 27444, y efectúe sus actos procedimentales guiado

por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.

OCTAVO.- Al respecto, “un hecho curioso que se pudo apreciar en el presente

procedimiento relacionado con la Adjudicación Directa Selectiva por ítems N.º 002-

2008-AG-PRONAMACHCS/GDJ/AZ convocada por la misma Entidad”, fundamento

menos cierto. La Entidad parte de litis es la Agencia Zonal Tarma- Yauli-Junín del

PRONAMACHCS con dirección domiciliaria en Esquina Adolfo Vienrinch y Leoncio

Prado S/N, Distrito de Tarma, Provincia de Tarma, Región Junín, con jefe zonal y

comité especial. La Entidad que convoca la ADS N.º

002-2008-AG-PRONAMACHCS/GDJ/AZP es la Agencia Zonal Pasco del

PRONAMACHCS, con dirección domiciliaria en: Av. El Minero N° 600 Distrito de

Yanacancha, Provincia de Pasco, Región Pasco, con jefe zonal y comité especial

distinto a la recurrida, en este sentido, solo fue “un hecho curioso” y no un hecho

objetivo, como es el objeto del proceso materia de la presente litis, es la cobertura

del techado de cobertizos para ganado y no es cierto “para que muchas familias

que están a la espera de los bienes para poder techar sus precarias viviendas.”

Al respecto, “manifestó que no cuestionó las Bases en el mencionado proceso,

debido a que no tomó conocimiento oportuno de los errores contenidos en su texto,

lo cual no tiene asidero”, sustento menos cierto, primero la convocatoria ADS N.º

002-2008-AG-PRONAMACHCS/GDJ/AZP es un proceso diferente al que cuestiono,

segundo, la demandada me coacciona e intimida a que debí cuestionar la

convocatoria convocado por Entidad distinta que no es materia del presente

proceso. Lo cierto y real no tomé conocimiento oportuno de los errores contenidos

en su texto de la ADS N.º 002-2008-AG-PRONAMACHCS/GDJ/AZP convocado por la

Agencia Zonal Pasco del PRONAMACHCS, porque me inscribí en el Registro de

Participante con fecha 19NOV2009 recibido con N° 3116 de mesa de partes,

(adjunto como Anexo 1-R) cuando ya había precluido la fecha de la etapa de la

formulación de consultas y/u observaciones a las bases que tiene fecha de inicio el

12NOV2008 y como fecha fin el 17NOV2009. Dicho de otra manera No cuestiono

porque el plazo se ha vencido.

Al respecto, “que ejercí dicha facultad de manera abusiva con un ánimo

ostensiblemente dilatorio del proceso de selección, a sabiendas y con ánimo de

favorecerse indebidamente”. Señor presidente, solo utilicé mi derecho de PETICION,

y que vulnera la demandad, en ese orden, me percaté el 20NOV2008, que existe

incongruencias en la convocatoria de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 1-2008-

GDJUNIN-AZ-T-Y-J convocado por la ENTIDAD, materia de litis, y no pude realizar

observaciones a las bases porque el plazo ya había vencido, en consecuencia solo

me quedaba dar de conocimiento indicando ME PERCATE de la existencia, además,

de disposiciones imprecisas, contradictorias e incluso contrarias a la normativa de

contratación pública. Prueba es mi inscripción en el Registro de Participantes con

fecha 20NOV2008 (ver anexo 1-D) cuando ya había precluido la etapa de

formulación de consultas y observaciones que fue con fecha de inicio 12NOV2008 y

fecha fin 14NOV2008.(ver anexo 1-C Capítulo II Etapas del Proceso de Selección),

Al respecto, “formular un severo llamado de atención al postor impugnante” la

demandada debió llamar la atención a persona distinta del suscrito, que no

transcribe y fundamenta en su Resolución sobre la Audiencia Pública, en ese

sentido, confunde sus funciones al aceptar sustentos por parte de la representante

de la ENTIDAD en hechos subjetivos de tal manera que la Sala del Tribunal

CONSUCODE se convirtió en un juzgado de familia (puro lágrimas) al escuchar por

mas del tiempo permitido para la defensa, en posiciones personales fuera de

contexto objetivo y no redundaron en el fondo materia de mi impugnación, como

¿Porqué había declarado no vale unas bases administrativas con un fe de erratas

sin tener competencia?, ¿Porqué no analizó las bases del proceso al existir

disposiciones imprecisas, contradictorias e incluso contrarias a la normativa de las

contrataciones del Estado?.

La ENTIDAD en su Informe Técnico Legal (ver anexo 1-L) acepta haber transgredido

el artículo 25 de la LCAE, en ese sentido, La demandada No meritúa el fondo de mi

petición, es decir que me percaté en las Bases originales existen, además,

disposiciones imprecisas, contradictorias e incluso contrarias a la normativa de

contratación pública, así tenemos que en el Capítulo V punto 2 Experiencia del

postor indica: (ver anexo 1-G fojas 59, anexo 1-H fojas 70 de autos)

.- De 05 veces al valor Referencial a Más……40 puntos;

.- De 03 a Menos 05 veces del Valor Referencial……20 puntos;

.- De 01 a Menos 03 veces del Valor Referencial……10 puntos;

En este orden los eventuales postores presentaran copias de facturas o boletas de

venta con importe en negativo de 3 a 5 veces menos del Valor Referencial. Siendo

incongruente con lo dispuesto por la normativa emitida por la SUNAT, en el sentido

que no tipifica que los comprobantes de pago serán emitidas en negativo.

El numeral c) de Experiencia del postor de los documentos de presentación

facultativa de fojas 66 de autos, calificará considerando el monto facturado

acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de

convocatoria, durante un periodo de cinco (5) años anteriores a la fecha de la

presentación de la propuesta hasta por un monto máximo de cinco (5) veces el

valor referencial para calaminas galvanizadas, en ese sentido, el postor que

presenta un céntimo de sol mas de las cinco (5) veces del valor referencial ya no

será calificado o que puntaje se le otorga ya que las bases no indican, en

consecuencia es incongruente con los Factores de Evaluación Item 1 del Capítulo V

de las bases de fojas 70 de autos, que indica: De 05 veces al valor Referencial a

Más…40 puntos. En consecuencia indebidamente el comité especial otorgó 40

puntos al postor ganador y suscrito al haber presentado comprobantes que superan

las cinco (5) veces del valor referencial, debiendo ser descalificados en esta etapa.

AGRAVIO:

VIOLACION DEL PRINCIPIO DE PETICION, CONDUCTA PROCEDIMENTAL, DE

LEGALIDAD Y DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO

DECIMO.- El contenido de la resolución impugnada, afecta mi derecho constitucional

de Petición, previsto en el artículo 2.º, inciso 20, de la Constitución, ( ) toda vez que

el derecho de petición ha merecido atención de este Colegiado en más de una

oportunidad como establece la STC. 1042-2002-AA/TC, se ha establecido que este

“(…) constituye (…) un instrumento o mecanismo que permite a los ciudadanos

relacionarse con los poderes públicos y, como tal, deviene en un instituto

característico y esencial del Estado democrático de derecho”. (Fundamento jurídico

2.2.2). Mas aún el derecho de Petición se encuentra en la Ley N° 27444,

específicamente en los artículos 106.° a 112.°, ( ) que bien puede considerarse una

ley de desarrollo del derecho constitucional de petición. Así, en el artículo 106.2, al

referirse al ámbito de actuación de este derecho, se ha incluido el derecho “de

contradecir actos administrativos”.

De este modo, el derecho de petición, como cláusula general, comprende: La

facultad (derecho) de presentar escritos de solicitud ante la administración como

peticiones individuales o colectivas. Estos escritos pueden contener: a) solicitudes

concretas a favor del solicitante; b) solicitudes a favor de terceros o de un colectivo;

c) reclamaciones, por ejemplo, por la deficiencia de las bases administrativas de LA

ENTIDAD; d) solicitudes de información; e) consultas; o, f) solicitudes de gracia.

Todas estas manifestaciones del derecho de petición tienen en común el hecho de

que se desarrollan al margen de un procedimiento instaurado ya sea de oficio o a

instancia del administrado, constituyéndose, si se quiere, como un derecho

incondicional y espontáneo que surge de la simple dimensión ciudadana del sujeto

que se vincula de este modo con el poder público a través de un documento escrito.

Tratándose del ejercicio de un derecho subjetivo, el derecho de petición impone, al

propio tiempo, una serie de obligaciones a los poderes públicos. Esta obligación de

la autoridad competente de dar al interesado una respuesta también por escrito, en

el plazo legal y bajo responsabilidad, confiere al derecho de petición mayor solidez

y eficacia, e implica, entre otros, los siguientes aspectos: a) admitir el escrito en el

cual se expresa la petición, sin poner ninguna condición al trámite; b) exteriorizar el

hecho de la recepción de la petición, extendiendo un cargo de ingreso del escrito; c)

dar el curso correspondiente a la petición; d) resolver la petición, motivándola de

modo congruente con lo peticionado, y e) comunicar al peticionante lo resuelto.

Sin duda, en el presente caso, el derecho constitucional de petición también se ha

visto afectado en su dimensión de contradicción del acto administrativo. Ello porque

se ha impuesto al recurrente una condición para el ejercicio de tal derecho,

impidiéndosele a reclamar un trato justo e igualitario para oponerse al acto

administrativo que consideraba contrario a sus derechos. Toda vez que la

Resolución impugnada no tiene la Motivación adecuada,

No existe ninguna duda que el derecho a que la resoluciones sean motivadas, que

se recoge en el inciso 5 Artículo 139 de la carta constitucional de 1993,( ) se aplica

también a las resoluciones administrativas. Pero también es verdad que “la

Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que

su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica,

congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que por sí misma exprese una suficiente

justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o se presenta

el supuesto de motivación por remisión” ( )

DECIMO PRIMERO.- La resolución impugnada, afecta el Principio de Conducta

Procedimental prescrito en el inciso 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la LEY

N° 27444 ( ) al no merituar resolución firme, como son fundamentos N° 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30 y 31 de la Resolución N° 774-2008-TC-S4 de fecha 18MAR2008 (adjunto como

anexo 1-S); fundamentos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Resolución Nº

635/2007.TC-S1 de fecha 13JUN2007 (adjunto como anexo 1-T); fundamentos N°

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Resolución N° 2603-2008-TC-S4 del 15SET08

(adjunto como anexo 1-V); numeral 2 del Pronunciamiento Nº 336-2008/DOP;

numeral 7 y 8 de la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE-PRE.

Existe una conducta originaria, es decir la autoridad en este caso la demandada, no

afirma ni mantiene una determinada interpretación frente al mismo Tribunal, al no

respetar las situaciones preestablecidas, no desmejorando la posición de otros

sujetos procedimentales vinculados dentro de la esfera de competencia,

manteniendo una conducta constante y reiterada de modo de conformar una

situación estable. La expectativa o confianza generada, del suscrito como sujeto

estoy sometido a una situación tácitamente destinada a obtener una determinada

solución favorable, no siendo advertido de una decisión que me ha frustrado la

consecución del Tribunal.

En consecuencia de lo manifestado, la actuación administrativa del Tribunal del

CONSUCODE, de manera adversa al actuar en sentido contrario a sus propios actos

anteriores (doctrina de los actos propios) por el cual no ha podido realizar actos que

sean contradictorios con una conducta anterior vinculada eficaz jurídicamente,

como bien define la jurisprudencia española: “ la llamada doctrina de los actos

propios significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad

generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad

de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra

fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que

fundadamente puede haberse depositado en el comportamiento ajeno y la regla de

la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por

ello el ejercicio de los derechos ( ).

DECIMO SEGUNDO.- La resolución impugnada, afecta el Principio de legalidad,

prescrito en el literal d), inciso 24 del artículo 2°, concordado con el parágrafo a) del

inciso 24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del artículo 139° de la

Constitución de 1993; inciso 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la LEY N°

27444 ( ). En este sentido, es uno de los principios superiores que informan todo el

ordenamiento jurídico haciendo posible la realización de un Estado social y

democrático de derecho, es decir, el respecto irrestricto al Derecho, al

cumplimiento de la ley, a la realización de la justicia.

Este fundamental principio tiene enraizamiento constitucional que va más allá de la

visión meramente formalista, pues como muy bien afirma el profesor Roberto

Dromi, el principio de legalidad “a solas” no dice nada, debe enmarcarse en una

orientación filosófico-política que busca consolidar la democratización de las

instituciones contra las acechanzas del autoritarismo y las dictaduras. Es

propiamente el imperio del derecho que regula jurídicamente los valores y el

“número apertus” de los derechos humanos.

El principio de legalidad ha sido engendrado por el aforisma romano “ legem patere

quam feciste” que en buen castellano significa soporta la ley que hiciste. Es pues

deber de los funcionarios y la ciudadanía en general soportar u obedecer la norma

legal que rige para toda la Administración Pública y el quehacer privado y público

de las personas.

Ni la Constitución ni la ley son una teoría especulativa o abstraccionista como

fungen los mesías, los caudillos o los dictadorcillos de ciertas instituciones públicas

que se creen sus propietarios absolutos obrando al mismo tiempo como fiscales y

jueces, al amparo de una discrecionalidad abusiva e intolerante. La supremacía de

la norma constitucional y la obligatoriedad de la ley garantizan la seguridad jurídica,

la participación comprometida y responsable de los ciudadanos en la vida política,

cultural y el progreso económico, la redistribución de la riqueza, que el interés

privado armonice con el interés público, la justicia solidaria ( 40 )

Así, prescrito en la Constitución y en el Título Preliminar de la Ley N° 27444,

mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben actuar con

respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén

atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas. Normas legales

concordadas con el inciso 2 del artículo. 2° de la Constitución; artículo 2° y 7° de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 2° de la Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 2°, 3° y 26° del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1° y 24° de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos. De modo que es fundamento legal que rige

no sólo para los tres clásicos poderes del Estado: Ejecutivo, legislativo y judicial,

sino también para todos los órganos autónomos constitucionales, e incluso para

entidades de derecho privado que presten servicios públicos (propios e impropios). (

40 )

No obstante que este principio es uno de los principios rectores de un Estado

comprometido con los derechos fundamentales, todavía existen instituciones

públicas que parecen castillos feudales impenetrables y herméticos dentro de un

Estado que pretende acceder a la modernidad y competitividad del siglo XXI. Craso

ejemplo es el del presente, cuyos vocales hace caso omiso al principio de legalidad,

encubriendo a la ENTIDAD que no cumplen con los requisitos que la Ley y su

Reglamento del CONSUCODE exige para desempeñar su función. ( 40 ). El país

necesita entidades democráticas, profesionalismo y transparencia en la gestión y

normas claras que todos respeten y cumplan a partir de principios como el de la

legalidad, debido proceso y otros, contenidos en la tutela jurisdiccional efectiva,

derecho esencial procesal y constitucional, básicamente humano para alcanzar la

justicia real y concreta.

Sólo así se podrá purificar el desagradable hedor de aquella institución pública que

opera como un viejo y amurallado castillo medieval. EXP. N.° 3741-2004-AA/TC. Por

ello, nada impide –por el contrario, la Constitución obliga– a los tribunales y órganos

colegiados de la administración pública, a través del control difuso, anular un acto

administrativo inaplicando una norma legal a un caso concreto, por ser violatoria de

los derechos fundamentales del administrado, tal como lo dispone el artículo 10° de

la Ley del Procedimiento Administrativo General, que sanciona con nulidad el acto

administrativo que contravenga la Constitución, bien por el fondo, bien por la

forma; siempre, claro está, que dicha declaración de nulidad sea conforme a la

Constitución y/o a la interpretación del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el

artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. ( 40 )

En ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa

simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley,

sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de

principios y valores constitucionales; examen que la administración pública debe

realizar aplicando criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Esta

forma de concebir el principio de legalidad se concretiza, por ejemplo, en el artículo

III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando

señala que la actuación de la administración pública tiene como finalidad la

protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado «(…)

garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al

ordenamiento constitucional y jurídico en general»

De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la

administración pública implica vaciar de contenido el principio de supremacía de la

Constitución, así como el de su fuerza normativa, pues se estaría otorgando

primacía al principio de legalidad en detrimento de la supremacía jurídica de la

Constitución, establecido en los artículos 38º, 51º y 201º de la Constitución; lo cual

subvierte los fundamentos mismos del Estado constitucional y democrático.( )

En ese sentido, las actuaciones administrativas materiales de ejecución de la

demandada han transgredido principios o normas del ordenamiento jurídico

previsto detalladamente como fundamentos de derecho del presente escrito.

DECIMO SEGUNDO.- La resolución impugnada, afecta el Principio del Debido

Procedimiento , prescrito en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política

del Perú; y numeral 1.2 del Artículo IV de la Ley Nº 27444, al no merituar los

fundamentos 6, 7, 8, 9 Y 13 con sus respectivos medios probatorios de mi Escrito

Principal de fecha 15DIC2008 recibido con N° 28701 de mesa de partes (ver anexo

1- J); primero, segundo y tercer fundamento con sus respectivos medios

probatorios, de mi Escrito Nº 02 de fecha 21ENE2008 recibido con N° 1485 de mesa

de partes (ver anexo 1-K); primero y segundo fundamento con sus respectivos

medios probatorios, de mi Escrito Nº 03 de fecha 02FEB2009 recibido con Nº 2575

de mesa de parte (ver anexo 1-LL); fundamento 1, 2, 3, 4 y 5 de mi Escrito Nº 04 de

fecha 05FEB2009 (adjunto como anexo 1-Y); fundamento 1, 2, 3, 4 y 5 de mi Escrito

Nº 04 de fecha 05FEB2009 (adjunto como anexo 1-Y).

En este sentido, cabe remitirnos, en principio, al inciso 3 del artículo 139 de la

Constitución Política del Perú, ( ) que ha consagrado el derecho al debido proceso

como garantía constitucional de rango supralegal, y bajo el cual debe estar

inspirado todo procedimiento sustanciado ante cualquier organismo, órgano o

autoridad pública, sea de índole judicial, administrativa o, incluso, en determinadas

relaciones entre particulares a nivel organizacional.

Entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, la expresión del

debido proceso en sede administrativa se sustenta en el Principio del debido

procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del Artículo IV de la Ley Nº 27444, y por

medio del cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías

inherentes al debido proceso, en este contexto el Principio del debido

procedimiento los administrados gozan de todos los derechos y garantías

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a

exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión

motivada y fundada en derecho.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por lo principios del

Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable

sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo, concordado con el

artículo 6.1.- Deber de respeto al debido procedimiento y al derecho de defensa de

la Ley Nº 27815 Código de Ética de la Función Pública, del artículo IV 1.9 Principio

de celeridad, artículo 6 Deber de motivar, artículo 161 Derecho de alegaciones,

artículo 162 y ss Derecho de probanza.

En este orden, la demandada no aplico en sede administrativa una regla esencial de

convivencia en un estado de derecho, en este sentido, dejo de aplicar el derecho al

procedimiento administrativo, es decir, sus decisiones no cumplieron las reglas que

conforman el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este

principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar mis

petitorios como administrado.

Se ha probado que la demandada no merituó mi petitorio y pruebas de mis escritos,

habiendo desviado el procedimiento administrativo, al resolver con resolución no

motivada, mas aun coaccionando a intervenir en proceso que no es materia de litis,

por lo que ha vulnerado mi derecho a la no desviación de los fines y a las garantías

del procedimiento administrativo. En este sentido, mi derecho a exponer mis

argumentos, denominado derecho a ser oído, en el caso de autos, transgrede el

numeral 162.1 y 162.2 del Artículo 162, ( ); numeral 1, 2 y 4 del artículo 166 ( ) y

numeral 169.1 del artículo 169 ( ) de la Ley Nº 27444, trasgrediendo el debido

procedimiento porque el contenido esencial de este derecho esto es, el Derecho a

ofrecer y producir pruebas, que consiste en el derecho a presentar material

probatorio en tiempo hábil, y a contradecir aquellos que otro administrado a la

Administración considere relevante para resolver el asunto( ), implicando la facultad

de controlar el ofrecimiento de la prueba – tanto la suya, como la de la propia

administración y a contestar oportunamente, cuando ello convenga sus intereses.

El Debido Proceso, al decir de Osvaldo Alfredo Gozaini, significa que : a) ningún

justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento

regular fijado por ley, y de no haber ley razonable que establezca el procedimiento,

de arbitrarlo el Juez de la causa; b) ese procedimiento no puede ser cualquiera sino

que tiene que ser “debido”; c) para que sea “debido”, tiene que dar suficiente

oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso; d) esa

oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del proceso y de

cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar de

audiencia (ser oído).

El derecho al Debido Proceso, cuya observancia urge el artículo 139 inciso 3) de

nuestra Constitución, por su amplitud escapa a los alcances de una definición que,

por principio de Lógica, tendría que ensayarse por el género próximo y la diferencia

específica, pero esta Sala en numerosos pronunciamientos ha determinado que

este comprende básicamente el derecho a ser escuchado, a producir prueba, a

imparcialidad, a un proceso rápido y a una sentencia motivada e impugnable. S.S.

Sanchez Palacios Paiva, Cazzolo Vaillata, Pachas Avalos, Ferreira Vildozola y Salas

Medina.( )

IV: FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. En aplicación del artículo 18º y numeral 1 del artículo 20º de la Ley Nº 27584

cumplo con el requisito de procedencia de la demanda con adjuntar la Resolución

Nº 404-2009-TC-S1 de fecha 09FEB2009, que acredita el agotamiento de la vía

administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 424º y 425º del C. P. C.

2. Numeral 1.1 , 1.2 , 1.8 del artículo IV del Título Preliminar; literal d) inciso 24 del

artículo 2, parágrafo a) del inciso 24 del artículo en referencia; artículo 10; inciso

11.2 del articulo 11; artículo 106; 107; 109; inciso 162.1 y 162.2 del artículo 162,

numeral 1, 2 y 4 del artículo 166, numeral 169.1 del artículo 169, articulo 201; de la

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3. Artículos 25º ; 29º ; 57º y 59 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM

4. Artículos 45; 87º ; 97; 99; 116º ; 117º ; 118º ; 135º y segunda disposición fina del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

5. Artículos 3º, numeral 1 y 4 del artículo 4º ; numeral 1 y 4 del artículo 5º; 7º ; 8 º,

9º; 11º , inc. 1 del 17º; artículo 18º; 20º; 24º; 26º ; 27º ; 34º , de la Ley Nº 27584

Ley Contencioso Administrativo

6. Artículo 424º y 425º. Del Código Procesal Civil

7. Artículo 2° y 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

8. Artículo 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

9. Artículos 2°, 3° y 26° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

10. Artículos 1° y 24° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

11. Inciso 2 y 20 del articulo 2, articulo 5, 38, 51, , y el inciso 3 del artículo 139°

148, 201 de la Constitución Política del Perú;

12. Fundamentos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Resolución N° 774-2008-TC-S4 de fecha

18MAR2008;

13. Fundamentos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Resolución Nº 635/2007.TC-S1 de

fecha 13JUN2007;

14. Fundamentos 11, 12 , 13 , 14, 15, 16, 17 y 18 de la Resolución N° 2603-2008-

TC-S4 de fecha 15SET2008;

15. Numeral 3.1 del Pronunciamiento Nº 336-2008/DOP;

16. Numeral 7 y 8 de la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE-PRE;

17. Segundo párrafo del Comunicado Nº 05-2008 (PRE);

18. Concordancias Externas: Artículo 6.1.- Deber de respeto al debido

procedimiento y al derecho de defensa Ley Nº 27815 Código de Ética de la Función

Pública

19. Concordancias Internas: Artículo IV 1.9 Principio de celeridad, artículo 6 Deber

de motivar, artículo 161 Derecho de alegaciones, artículo 162 y ss D. de probanza.

20. Octavo considerando de la Consulta Expediente Nº 1699-2007 Corte Suprema

de Justicia de la República Sala de Derecho Constitucional y Social, 13AGOS2007;

21. Inciso 8 de la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE.-

IV: MEDIOS PROBATORIOS:

1. A mérito de lo publicada en el SEACE de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 1-

2008-GDJUNIN-AZ-T-Y-J (anexo1-A);

2. A mérito de la Resolución Nº 404-2009-TC-S1 de fecha 09FEB2009 (anexo 1-B);

3. A mérito de bases publicadas en el SEACE con fecha 11NOV2008 (anexo 1-C)

4. A mérito de del formato Registro de Participante con fecha 20NOV2008 y Recibo

Nº 32885031 por derecho de bases (anexo 1-D);

5. A mérito de la carta presentando propuesta técnica y económica (anexo 1-E);

6. A mérito de instrumento que declara la nulidad de oficio del proceso con

Resolución Gerencial Nº 089-2008AG-PRONAMACHCS-GDJ (anexo 1-F);

7. A mérito de Primera integración de bases de fecha 25NOV2008 (anexo 1-G);

8. A mérito de Segunda integración de bases de fecha 26NOV2008 (anexo 1-H);

9. A mérito de cuadro comparativo de la Buena Pro (anexo 1-I);

10. A mérito de Recurso de Apelación Escrito Principal del 15DIC2008 (anexo 1-J);

11. A mérito de mi Escrito Nº 02 de fecha 21ENE2009 (anexo 1-K);

12. A mérito del Informe Técnico Legal presentado por LA ENTIDAD (anexo 1-L);

13. A mérito de Escrito Nº 03 de fecha 02FEB2009 (anexo 1-LL);

14. A mérito de publicar Bases convocatoria 31-2008/DIRESA.JUNIN Menor Cuantía

por el Gobierno Regional de Junín-Salud (anexo 1-M);

15. A mérito de Publicar Cuadro Comparativo convocatoria

63-2008//PRONAMACHCS AZHMSAO Menor Cuantía por el Proy. Nac. Manejo de

Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos-PRONAMACH (anexo 1-N);

16. A mérito de publicar el cuadro comparativo convocatoria 5-2008/CEPCA-DRA/J

Adjudicación Directa Selectiva, Gobierno Regional Junín-Agricultura (anexo 1-O)

17. A mérito de publicar cuadro comparativo y otorgamiento de la buena pro

convocatoria 63-2008/AG-PRONAMACHCS-CARAZ Menor cuantía por el Proy. Nac.

Manejo de Cuenc. Hidrográfi. y Conserv Suelos-PRONAMACH (anexo 1-P);

18. A mérito de publicar bases integradas convocatoria 193-2008/CEPO/MPT Menor

Cuantía por la Municipalidad Provincial de Tarma (anexo 1-Q);

19. A mérito de formato Registro de Participante con fecha 19NOV2009 (anexo 1-R);

20. A mérito de Resolución N° 774-2008-TC-S4 de fecha 18MAR2008 (anexo 1-S);

21. A mérito de Resolución Nº 635/2007.TC-S1 de fecha 13JUN2007 (anexo 1-T);

22. A mérito de Resolución N° 2603-2008-TC-S4 del 15SET08 (anexo 1-V);

23. A mérito del Pronunciamiento Nº 336-2008/DOP (anexo 1-W);

24. A mérito de la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE-PRE (anexo 1-X);

25. A mérito del mi Escrito Nº 04 de fecha 05FEB2009 (anexo 1-Y).

V: COMPETENCIA:

Es competente para conocer éste proceso contencioso administrativo en primera

instancia, la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima

respectiva, del domicilio del demandado del lugar donde se produjo la actuación

impugnable, esto es, el distrito judicial de Lima, de acerado a la competencia

territorial, por lo establecido en el artículo 8º, 9º de la Ley Nº 27584.

VI: VIA PROCEDIMENTAL:

De conformidad al numeral 2 del artículo 24º de la Ley Nº 27584 la presente

demanda se tramitará por vía de Proceso Sumarísimo.

VII: ANEXOS:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 130º inciso 6) del Código Procesal Civil en

concordancia con el artículo 425º del referido cuerpo legal, cumplimos con adjuntar

los siguientes anexos:

Anexo 1-A: Copia publicada en el SEACE de la convocatoria de la Adjudicación

Directa Selectiva Nº 1-2008-GDJUNIN-AZ-T-Y-J;

Anexo 1-B: Copia de la Resolución Nº 404-2009-TC-S1 de fecha 09FEB2009;

Anexo 1-C: Copia de las bases publicadas en el SEACE con fecha 11NOV2008;

Anexo 1-D: Copia Registro de Participante y Recibo Nº 32885031;

Anexo 1-E: Copia de Carta presentando propuestas con fecha 03DIC2008;

Anexo 1-F: Copia de Resolución Gerencial Nº 089-2008AG-PRONAMACHCS-GDJ;

Anexo 1-G: Copia de la Primera integración de bases de fecha 25NOV2008;

Anexo 1-H: Copia de la Segunda integración de bases de fecha 26NOV2008;

Anexo 1-I: Copia del cuadro comparativo de la Buena Pro;

Anexo 1-J: Copia de mi Apelación con Escrito Principal de fecha 15DIC2008;

Anexo 1-K: Copia de mi Escrito Nº 02 de fecha 21ENE2009;

Anexo 1-L: Copia del Informe Técnico Legal de la ENTIDAD;

Anexo 1-LL: Copia de mi Escrito Nº 03 de fecha 02FEB2009;

Anexo 1-M: Copia de publicar Bases convocatoria 31-2008/DIRESA.JUNIN Menor

Cuantía por el Gobierno Regional de Junín-Salud;

Anexo 1-N: Copia de publicar Cuadro Comparativo convocatoria

63-2008//PRONAMACHCS AZHMSAO Menor Cuantía por el PRONAMACHCS;

Anexo 1-O: Copia de publicar Cuadro Comparativo convocatoria 5-2008/CEPCA-

DRA/J, Adjudicación Directa Selectiva, Gobierno Regional de Junín-Agricultura;

Anexo 1-P: Copia de publicar cuadro comparativo y otorgamiento de la buena pro

convocatoria 63-2008/AG-PRONAMACHCS-CARAZ Menor cuantía por el Proy. Nac.

Manejo de Cuen. Hidrográficas y Conservación de Suelos-PRONAMACH ;

Anexo 1-Q: Copia de publicar bases integradas convocatoria 193-2008/CEPO/MPT

Menor Cuantía por la Municipalidad Provincial de Tarma;

Anexo 1-R: Copia de formato Registro de Participante con fecha 19NOV2009;

Anexo 1-S: Copia de Resolución N° 774-2008-TC-S4 de fecha 18MAR2008;

Anexo 1-T: Copia de Resolución Nº 635/2007.TC-S1 de fecha 13JUN2007;

Anexo 1-V: Copia de Resolución N° 2603-2008-TC-S4 del 15SET08;

Anexo 1-W: Copia del Pronunciamiento Nº 336-2008/DOP;

Anexo 1-X: Copia de Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE-PRE;

Anexo 1-Y: Copia de mi Escrito Nº 04 de fecha 05FEB2009;

Anexo 1-Z: Copia legible del D.N.I. de Armando Quijada Poma, fojas 116

POR TANTO:

Señor Presidente, declare fundada mi demanda en todos sus extremos, declarando

la nulidad total de los actos administrativos de la Resolución Nº 404-2009-TC-S1 de

fecha 09FEB2009, resolviendo de acuerdo a ley.

PRIMER OTROSI DIGO: De conformidad con el artículo 80º del Código Procesal Civil,

delegamos nuestra representación al letrado J. Martín Arrescurenaga Camacho con

Registro de Colegio de Abogados de Lima Nº 19944, concediéndole las facultades

generales de representación contenidas en el artículo 74º del Código Procesal Civil.

Para tal efecto, ratificamos nuestra dirección domiciliaria indicada en el principal del

presente escrito. Asimismo, declaramos estar instruidos de la delegación que

otorgamos y de sus alcances.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Designo a los señores Víctor Hugo Quijada Tacuri con D. N.

I. 42940242, Víctor Hugo Quijada Huamán con D.N.I. 21083944 para que en forma

conjunta o indistinta puedan recoger las publicaciones, exhortos, recaudos, partes,

así como para revisar y leer el expediente cuando lo consideren pertinente.

TERCER OTROSI DIGO: Cumplo con acompañar la tasa judicial respectiva por

concepto de ofrecimientos de medio de prueba fojas1; por exhortos fojas 2, 3, 4 y 5

tasas judiciales de notificación suficientes, fojas 6, 7, 8 y 9.

Lima, 08 de mayo de 2009

ACPUJU.

Athena Grupo Jurídico

GESTION PUBLICA

Ipedeg

Cees PERu

ERA Abogados - Asesores & Consultores Legales

Gaceta jurídica

LO QUE DEBE HACER EN CASO DE SER DETENIDO POR ALGUN POLICIA O PATRULLERO Debemos como ciudadanos conocer tanto nuestras obligaciones como nuestros derechos, hoy que la inseguridad ciudadana en general es un tema que preocupa a la mayoría de nosotros, por ello es importante asumir una conducta de seguridad preventiva en la ciudad, a propósito sabe usted cuales son sus derechos si conduciendo su vehículo es detenido por la policía a continuación algunas recomendaciones: 

PRIMERO.- En caso de ser un auto patrullero de inmediato recomendamos anotar el número de registro del vehículo pintado en el mismo SEGUNDO.- Poner seguro en todas las puertas del vehículo y abrir única y parcialmente la ventana del piloto para que se pueda entregar los documentos del vehículo y el brevete (licencia de conducir) en caso de ser requerido por el policía. TERCERO.- Exigir antes de entregar nada verle la identificación que debe llevar el miembro de la Fuerza Policial y anotarlo (la identificación debe de estar en el pecho y ser visible), usted debe exigir sus documentos al supuesto policía. Anote también la hora de la detención. Sea muy firme, no se deje intimidarCUARTO.- No bajarse del vehículo ni abrir la puerta del mismo a la policía. No lo haga nunca. QUINTO.- En caso de manifestar el policía que el vehículo tiene orden de captura, indicarle al mismo que el vehículo deberá ser llevado a la comisaría más cercana, pero manejado por el propietario. Nunca por ningún motivo entregar el vehículo a la policía. SEXTO.- Usted NO debe permitir NUNCA la revisión del vehículo (abrir la maletera u otro acto similar), de ningún modo entregar las llaves del mismo para que pueda ser revisada la maletera u otra parte de su auto, puesto que para poder hacer esta revisión, indispensablemente, la policía deberá presentarle a usted previamente una Orden de Cateo emitida por el Juez. Su automóvil es una propiedad privada y nadie tiene derecho a invadirla, revisarla o atropellarla.Si usted ingenuamente permite que la policía revise su maletera, pueden fácilmente "sembrarle" drogas, armas u otros incriminatorios. Lamentablemente como es sabido existen también malos elementos policiales SETIMO.- Al llegar a la Comisaría bajarse del vehículo y cerrarlo, no entregar las llaves en modo alguno a la policía aunque se lo pidan o "exijan". Solicitar firmemente al comisario la presencia de un fiscal. OCTAVO.- Solicitar el uso de la línea telefónica para llamar a sus familiares, esto

debe ser cumplido por la policía. Si a usted lo detienen llame por celular de inmediato a dos o más familiares, dé el número del policía que debe tener en su uniforme y descrita el hecho. 

LO QUE NO DEBE PERMITIR DE MODO ALGUNO 1. Un policía no puede detener a nadie si no es por un flagrante delito. 2. Si no se ha cometido una falta y la documentación está en regla, un policía necesita una Orden de Captura y una Orden de Cateo (ambas, no basta una) para intervenir un vehículo. 3. La persona intervenida tiene derecho a pedir un abogado y los policías necesitan la indispensable presencia física de un fiscal para poder hacer una intervención a un vehículo cualquiera. 4. Los policías están en la absoluta obligación de identificarse. 5. Si la policía coloca ("siembra") drogas y/u otras substancias, armas, etc. Está cometiendo un muy grave delito contra la administración de justicia. 6. Si le dicen que hay que ir a una comisaría, hay que exigir ir a la más cercana. 

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Los compuestos de este árbol demostraron actuar 10,000 veces mejor retardando el crecimiento de las células de cáncer que el producto Adriamycin, una droga quimioterapéutica, normalmente usadaen el mundo.

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Ley 30179 Modifica el artículo 2001 del Código Civil sobre los plazos de prescripción extintiva de la   acción

POSTED ON ABRIL 18, 2014

Ley 30179, Ley que modifica el artículo 2001 del Código Civil

Artículo Único.- Modificación del inciso 4 y adición del inciso 5 al artículo 2001 del Código Civil, en los términos siguientes:

“Artículo 2001.- Plazos de prescripciónPrescriben, salvo disposición diversa de la ley:(…)4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.5.- A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.”

Mediante Ley 30179 ,  publicada el domingo 06 de abril del 2014, en el Diario Oficial El Peruano, se modifica el artículo 2001 del Código Civil, específicamente modificando su inciso 4 y adicionando un nuevo inciso 5, principalmente aumentando a l0s quince años la prescripción de la acción que proviene de pensión alimenticia.

Conviene tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 1989 del Código Civil que regula la prescripción extintiva, la prescripción extingue la acción

pero no el derecho mismo. Además el artículo 2000 establece que sólo la ley puede fijar los plazos de prescripción.

Con la vigencia de la Ley Nº 30179, el citado artículo 2001 quedaría redactado de la siguiente forma:

Plazos de prescripción

Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

5.- A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributaria contable