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PSOE Bruselas

PROGRAMA ELECTORAL 2008

Contribución del Grupo de Trabajo Progresista de Bruselas

Grupo de Trabajo Progresista de Bruselas APORTACIÓN ELECTORAL

1 AVISO AL LECTOR ............................................................................................................... 3

2 LOS POLOS DE UNA AGENDA GLOBAL DE PROGRESO ........................................... 4

2.1 LA VOCACIÓN EUROPEA DE ESPAÑA.....................................................................................52.2 EXTENSIÓN DE LOS VALORES EUROPEOS..............................................................................62.3 DEFENSA DEL MULTILATERALISMO......................................................................................62.4 REFUERZO DE LA SEGURIDAD COLECTIVA, NACIONAL Y GLOBAL......................................62.5 GLOBALIZACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL..................................................................................7

3 POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE .............................................................................. 8

3.1 CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA..........................................................................................103.2 MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE..................................................................133.3 AGUA.....................................................................................................................................143.4 AGRICULTURA......................................................................................................................15

4 ENVEJECIMIENTO Y EMPLEO: LA REVOLUCIÓN DE LA TERCERA EDAD ..... 17

5 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO .................................................................................. 22

5.1 INVESTIGACIÓN.....................................................................................................................245.2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN..................................................................................................28

6 DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA ....................................................................................... 32

6.1 INMIGRANTES........................................................................................................................346.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN................................................................................................366.3 GOBIERNO A DIFERENTES NIVELES.....................................................................................376.4 TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS...........................................................386.5 SOCIEDAD CIVIL....................................................................................................................396.6 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.........................................................................................406.7 SISTEMA ELECTORAL...........................................................................................................41

7 FEDERALISMO .................................................................................................................... 43

8 EPÍLOGO ............................................................................................................................... 45

9 Anexo: composición del grupo de trabajo ................................................................................ 46

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1 AVISO AL LECTOR

Nuestra contribución al programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2008 nace del empeño de los compañeros de la Agrupación de Bruselas así como del de diversos simpatizantes progresistas de participar activamente y de, en la medida de lo posible, influir en el debate político que supone la elaboración de un programa político. A pesar de no vivir el día a día de la confrontación política a causa de nuestra lejanía física, nuestra proximidad afectiva nos hace sentir con igual, sino más intensidad, el anhelo de una España más justa, más solidaria, más prospera y más cohesionada.

Esta lejanía, sin embargo, también tiene sus ventajas y nos permite tener acceso a conocimientos, experiencias y enfoques varios que se discuten a diario en el crisol de Bruselas. Ser espectador privilegiado de lo que hacen otros nos ayuda a, abstrayéndonos de la batalla político-mediática cotidiana, poner en valor las muchas cosas buenas que los españoles somos capaces de hacer, rebelarnos por las oportunidades perdidas y, quizás con un exceso de inocencia, plantear propuestas de futuro. Ésta es quizás la (única) virtud de este documento que, sin ánimo de ser exhaustivo, aborda diversos retos a los que nuestro país se enfrenta y que requieren una respuesta ilusionada desde la izquierda.

Ahora bien, no nos engañemos, de nada sirve un mapa si no sabemos dónde queremos ir.

Julio Guzmán.

Coordinador del Grupo de Trabajo

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2 LOS POLOS DE UNA AGENDA GLOBAL DE PROGRESO

SÍNTESIS

Reivindicamos nuestro modelo de la Europa de los ciudadanos en la mejor tradición del internacionalismo de izquierda.

España debe ser motor de una construcción europea socialmente justa y solidaria. Contribuir a la defensa de los ideales y de los ciudadanos de la Unión es la mejor defensa de los intereses de los ciudadanos españoles.

Los valores europeos de democracia, justicia y solidaridad han de estar en el punto de partida no sólo de las políticas de cooperación y de relaciones exteriores tradicionales sino también de las políticas de inmigración, de prevención de cambio climático, etc.

Defendemos el multilateralismo como mecanismo decisional en el ámbito internacional. Ello implica potenciar y revisar el proceso de toma de decisiones en la acción de Naciones Unidas, facilitando sus necesarias reformas pero proporcionándole además los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado.

Pensamos que nuestra acción exterior en defensa del multilateralismo y de una agenda global de progreso será más efectiva si hacemos palanca en la Unión Europea e influimos en la formulación de su política exterior común y si mejoramos nuestra capacidad de acción en los distintos organismos internacionales.

Rechazamos la “guerra preventiva” como mecanismo unilateral y apostamos por resolver los conflictos en el seno de la ONU. En la lucha contra el terrorismo el respeto de los derechos humanos y de la Convención de Ginebra son los únicos medios para guardar la fuerza moral y ética en este combate.

El mantenimiento de la amenaza nuclear representa, mucho más que antes, un factor de inseguridad global de primer orden. La desnuclearización bajo el control de la ONU de todas las naciones es la única respuesta válida a la llamada amenaza nuclear.

Los riesgos actuales en materia de cambio climático, escasez energética y de agua, son consecuencia del modelo de crecimiento no sostenible de los países desarrollados y que ciertos países emergentes han empezado a imitar.

La reforma del FMI y del Banco Mundial, dando el peso específico necesario a los países menos desarrollados, debe formar parte de una agenda de progreso mundial más justo y equitativo.

Apostamos por una globalización de derechos sociales y humanos. La globalización económica precisa de contrapartidas sociales y políticas, también a escala mundial.

Proponemos impulsar en el seno de la OMC el establecimiento de estándares que favorezcan la armonización de derechos sociales y normas ecológicas y la inclusión de mecanismos que faciliten el control de su cumplimiento (trazabilidad) en el comercio mundial de bienes y servicios.

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En los albores del siglo XXI, los cambios tecnológicos, la liberalización de los intercambios y el desarrollo de los medios de comunicación y transporte han creado enormes oportunidades para el acercamiento de los pueblos, para unos mayores niveles de bienestar global y para un mejor entendimiento de la incertidumbre del conocimiento, de lo impredecible del progreso y de la intolerancia e inestabilidad de las civilizaciones. La rapidez de estos cambios y su impacto sobre la distribución de recursos han interpelado la flexibilidad de grupos y naciones para hacerles frente. Han creado así importantes desafíos en la gestión de nuevos fenómenos, algunos impensables hace pocos años, como el cambio climático, el terrorismo internacional, las deslocalizaciones y las migraciones masivas. Finalmente, han llevado al surgimiento en la escena internacional de nuevos actores estatales como Cima e India, de movimientos terroristas transnacionales como Al Qaeda y de grandes actores de la sociedad civil como las grandes fundaciones y ONG globales, todos los cuales hacen sentir su fuerza.

El éxito que el modelo económico-social prevaleciente hoy, asalvajado en cierta manera al no verse confrontado por alternativas, ha tenido para innumerables grupos y naciones, y la resistencia ideológica a cambiar de dicho modelo han llevado a la postura pesimista de pensar que "no se puede cambiar el modelo". Ello ha llevado a una cierta parálisis de la izquierda europea que parece incapaz de plantear un nuevo paradigma que anteponga los valores sociales, humanistas y ambientales a los de una economía cada vez más liberalizada y privada de mecanismos de regulación. Es preciso promover el internacionalismo de los ciudadanos como fuerza de cambio y proyecto de mundialización solidaria.

Un programa progresista de relaciones exteriores que sepa aprovechar esas oportunidades y hacer frente a esos desafíos tiene que inspirarse necesariamente en cinco principios cuya aplicación permita aunar la defensa de las legítimas aspiraciones e intereses de los españoles con la generosidad que caracteriza a las políticas solidarias de izquierda y la identificación del bienestar como objetivo del largo plazo.

2.1 La vocación europea de España

Por geografía, por historia y por vocación cultural, el papel y destino de España están entretejidos con los de los países europeos y la construcción europea. España necesita de Europa tanto más como Europa necesita de España. Europa proporciona a España la oportunidad de influir en el acontecer internacional de una manera que jamás lograría por si sola o como parte de otras alianzas. Al mismo tiempo, ayudar a la consecución de una Europa más estable, solidaria y próspera y a la defensa de los ideales de la Unión Europea es la mejor contribución que España puede hacer a la comunidad internacional y a los propios españoles.

La construcción europea basada en la paz, la solidaridad, la democracia y el humanismo ha ido progresivamente derivando hacia la creación de una potencia económica con objetivos políticos y sociales más difuminados. Es hora de plantear seriamente nuestro modelo de Europa y reconocer que al decir “ésta no es nuestra Europa” estamos

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retomando los más genuinos valores de la cultura y de los ideales europeos. Es preciso proponer y defender nuestro modelo de la Europa de los ciudadanos en la mejor tradición del internacionalismo de izquierda.

España debe ser motor de una construcción europea socialmente justa y solidaria . Contribuir a la defensa de los ideales y de los ciudadanos de la Unión es la mejor defensa de los intereses de los ciudadanos españoles.

2.2 Extensión de los valores europeos

Los valores europeos de democracia, justicia y solidaridad no han de ser de aplicación exclusiva en el interior de la Unión – con buen criterio, la Unión intenta aplicarlos y exportarlos, defendiendo su carácter de valores universales. Toda agenda progresista debe incidir en la defensa de esos valores cuya vigencia reporta, además, importantes ventajas prácticas al contribuir a que el planeta sea más estable y próspero en el largo plazo. Estos valores deben de estar en el punto de partida no sólo de las políticas de cooperación y de relaciones exteriores tradicionales sino también de las políticas de inmigración, de prevención de cambio climático, etc.

2.3 Defensa del multilateralismo

El tercer principio es la defensa del multilateralismo como mecanismo decisional en el ámbito internacional. Quienes creemos en la democracia en el ámbito nacional, debemos defenderla también en el ámbito internacional y rechazar con vehemencia las acciones unilaterales. En su acción exterior directa, así como en el seno de la Unión, España debe de velar por soluciones que, aunque difíciles de alcanzar, respeten los principios e intereses del derecho y la comunidad internacional. Ello implica potenciar y revisar el proceso de toma de decisiones en el seno de Naciones Unidas, facilitando sus necesarias reformas pero proporcionándole además los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado.

2.4 Refuerzo de la seguridad colectiva, nacional y global

El mantenimiento de las estructuras de dominio y de poder económico y militar ligadas a un modelo de sociedad global que excluye a dos tercios de la población mundial de un reparto equitativo de la riqueza, ha hecho que proliferen los extremismos, cuya expresión más visible es el terrorismo internacional.

La falta de voluntad política y los análisis interesados impiden cambios fundamentales en las relaciones internacionales, provocan el mantenimiento de las mismas estructuras de poder y dependencia y conducen a una huida hacia delante para tratar los síntomas de problemas que, por acción o por omisión, hemos colaborado a crear y que no queremos resolver en su origen.

Los medios de comunicación, el fácil acceso a la tecnología y la fragilidad organizativa y estructural del mundo actual, permiten acciones de gran impacto destructivo y mediático con unos medios y unos recursos materiales y humanos relativamente limitados. Resulta imposible controlar por completo a las personas y grupos extremistas susceptibles de cometer acciones de tipo terrorista y, sobre todo, obliga a pagar un alto precio en materia de pérdida de valores de convivencia, de respeto y de libertades personales. La tolerancia

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cero no implica en ningún momento el riesgo cero. Un adecuado equilibrio entre prevención y represión es, junto con el reparto de riqueza y la participación democrática, la única forma de conseguir una sociedad segura y cohesionada.

Rechazamos la llamada “guerra preventiva” unilateral y apostamos por resolver los conflictos en el seno de la ONU. En la lucha contra el terrorismo el respeto de los derechos humanos y de la Convención de Ginebra son los únicos medios para guardar la fuerza moral y ética en este combate.

El mantenimiento de la amenaza nuclear representa, mucho más que antes, un factor de inseguridad global de primer orden. La desnuclearización bajo el control de la ONU de todas las naciones es la única respuesta válida a la llamada amenaza nuclear

Los riesgos actuales en materia de cambio climático, escasez energética y de agua, son consecuencia del modelo de crecimiento no sostenible de los países desarrollados; lamentablemente, ciertos países emergentes están contribuyendo a agravar el problema.

La reforma del FMI y del Banco Mundial, dando el peso específico necesario a los países menos desarrollados, debe formar parte de una agenda de progreso mundial más justo y equitativo.

2.5 Globalización y cohesión social

Finalmente, para que los beneficios de la globalización alcancen a la gran mayoría en nuestras economías avanzadas y contribuyan asimismo al desarrollo de las más débiles, es preciso reforzar la cohesión social. Que la globalización reduce la capacidad del Estado de asegurar la paz social precisamente porque todos los factores de producción, y especialmente el trabajo, son más fácilmente sustituibles, es algo que está fuera de duda. La contrapartida, no obstante, puede estar en la privación que pueden sufrir las economías débiles como las de los países en desarrollo de no beneficiarse de las ventajas comparativas de que gozan. Por ello, la cohesión social, un objetivo de la sociedad de bienestar pero también un requisito para garantizar el apoyo a las reformas, exige gobiernos proactivos socialmente que aseguren que los intereses de los trabajadores no queden marginados.

Apostamos por una globalización de derechos sociales y humanos. La globalización económica precisa de contrapartidas sociales y políticas, también a escala mundial. Es necesario establecer unos mismos parámetros y criterios de competitividad a nivel mundial que tengan en cuenta factores como nivel salarial, protección social, libertad sindical, criterios ambientales de producción y uso de recursos, y criterios fiscales. Para ello proponemos impulsar en el seno de la OMC el establecimiento de estándares que permitan la transparencia y trazabilidad respecto del cumplimiento de parámetros sociales y medioambientales en el comercio mundial de bienes y servicios.

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3 Por un desarrollo sostenible

SÍNTESIS

Lucharemos contra el cambio climático y trazaremos un plan energético para cumplir el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 un 20 para el año 2020.

Apostaremos decididamente por la eficiencia energética como vía para frenar el cambio climático y desarrollaremos un plan Renove energético para la renovación de los sistemas de aislamiento y climatización de edificios y viviendas.

Desarrollaremos normas vinculantes para el etiquetado energético de productos y fomentaremos la cultura energética de los ciudadanos.

Desarrollaremos, con carácter ejemplarizante, un plan energético y medioambiental en la administración general del Estado que incluya la totalidad de los recursos gestionados: edificios, parque de vehículos, etc.

Invertiremos de forma decidida en energías renovables al menos con cantidades similares a las que se han invertido en la energía nuclear lo que nos permitirá reducir la dependencia de grandes compañías y fomentar la creación de economías de escala y la colaboración.

Promoveremos el establecimiento en todo el país de la "huella ecológica" del territorio, esto es, su capacidad de desarrollo según sus recursos naturales, para que sirva de guía en la ordenación del territorio y en la planificación económica territorial.

Nos comprometemos a bajar los límites de velocidad y a mejorar su control efectivo, lo que además de disminuir la mortalidad en las carreteras, permitirá reducir fácilmente un 10% o más el consumo de energía.

Mejoraremos los instrumentos que existen para conectar economía y ecología, como por ejemplo la Evaluación de Impacto Ambiental, para que dejen de ser simples trámites administrativos y se transformen en instrumentos de planificación multisectorial.

Promoveremos la introducción la formación ambiental en todos los ciclos de enseñanza.

Promoveremos una gestión integral del agua incidiendo especialmente en la gestión de la demanda, en el ahorro y en la reutilización del recurso.

Unificaremos la gestión de las cuencas hidrológicas con la participación de las CC.AA.

Fomentaremos la aproximación paulatina del precio del agua a su coste.

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Lucharemos contra la extracción ilegal de agua y revisaremos las concesiones de extracción y uso, especialmente aquellas que se han desarrollado en los últimos 30 años y que aún están por homologar.

Fomentaremos la recolecta de agua de lluvia por particulares y el uso de sistemas de riego eficientes.

Promoveremos la investigación y el uso de variedades agrícolas menos exigentes en agua y en maquinaria y aparatos económicos en uso de agua.

Crearemos un ministerio de desarrollo sostenible o un organismo de planificación dependiente de Presidencia que, al igual que el Ministerio de Hacienda ha de fiscalizar el gasto de todos los ministerios, velará por el carácter sostenible de toda intervención pública.

Fomento de la investigación científica y de la utilización de variedades agrícolas menos exigentes en agua.

Incentivación del uso de sistemas de riego eficientes.

Adaptación de cultivos al clima y recursos existentes.

Aproximación paulatina del precio del agua a su coste.

El objetivo a medio y largo plazo es un cambio de modelo de sociedad transformándola de una sociedad competitiva y excluyente en una sociedad solidaria y cohesionada. Este mensaje hay que transmitirlo a la sociedad sin ningún tipo de ambages, el modelo actual no es nuestro modelo de sociedad, pero no por ello renunciemos a luchar por implantar nuestro modelo y nuestros valores.

Si el desarrollo sostenible es la solidaridad con las generaciones futuras, hemos de comenzar practicando la solidaridad con las generaciones presentes pues difícilmente podremos transmitir lo que nosotros mismos no tenemos. El desarrollo sostenible conlleva en primer lugar el compromiso con la totalidad de la humanidad hoy y ahora.

El objetivo es un uso eficaz y racional de los recursos y su reparto, sin que por ello se produzca su agotamiento ni que uso indiscriminado produzca a medio y largo plazo más inconvenientes que ventajas. Todo ello implica que el desarrollo sostenible ha de ser global y ha de estar presente en todos los sectores de actividad económica vistos como un conjunto de la totalidad.

3.1 Cambio climático y energía

El cambio climático es un hecho. Nuestro planeta se ha calentado y sigue calentándose a un ritmo cada vez más acelerado. Las consecuencias son tremendas: catástrofes naturales, sequías, fundición de los polos, etc. con sus consiguientes costes ecológicos, económicos

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y humanos. Ya nadie solvente discute la existencia del cambio climático. El debate es ahora sobre sus causas y factores acelerantes. Los negacionistas han cambiado de estrategia y cuestionan ahora que el cambio obedezca a influencias humanas. Sin embargo, el último informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) nos dice que hay suficiente evidencia para poder asegurar (con una elevada probabilidad de acierto), que el modelo de desarrollo actual, que determina el tipo de la actividad humana, es la causa más importante del cambio climático. Se trata aquí de incidir en el cambio del modelo de desarrollo poniendo en marcha acciones con carácter inmediato para limitar los daños e invertir la tendencia.

Los dirigentes europeos ya empiezan a reaccionar ante la amenaza que supone el cambio climático. La cumbre europea de marzo 2007 aprobó unos objetivos relativamente ambiciosos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, para conseguirlos, los estados europeos han lanzado diversas políticas y medidas concretas para contrarrestar el cambio climático.

Son puntos esenciales para ello:

Apuesta decidida por la eficiencia energética mediante la revisión de la normativa para la nueva edificación en materia de eficiencia energética y un plan Renove energético para la renovación de los sistemas de aislamiento y climatización.

Desarrollo, con carácter ejemplarizante, de un plan energético y medioambiental en las AA.PP que incluya la totalidad de sus recursos: edificios, reciclado, uso energético, parque de vehículos, etc.

Actuar con decisión para reducir el consumo de energías no renovables en el transporte, y en el parque inmobiliario (gran ocasión perdida, en España, de reciente). Un paquete de medidas para mejorar el aislamiento de las viviendas, además de reducir el consumo energético, favorecería la creación de empleo.

Bajar los límites de velocidad y su control efectivo, además de disminuir la mortalidad en las carreteras, permitiría reducir fácilmente un 10% o más el consumo de energía.

Favorecer con medidas económicas, normativas y fiscales la implantación de soluciones tecnológicas ya probadas (tecnología solar en el sector de la construcción, tecnología híbrida en la automoción, etc.).

Apostar por el hidrógeno como vector de energía para el transporte: sobre todo, a través de su ciclo limpio (utilizando energía solar u otras energías renovables para obtener hidrógeno mediante la hidrólisis de agua).

Actuar sobre los ciclos del carbono (biológico, geológico) de diversas maneras, sea aumentando el insumo de CO2 en la biomasa planetaria (repoblación forestal y lucha contra la desertización), secuestrándolo allí donde se genere en gran cantidad y alta concentración (plantas termoeléctricas o industriales), o reduciendo el uso difuso y fragmentado de combustibles que contengan carbono.

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Valorar adecuadamente el ciclo completo del uranio, desde el impacto de la minería inicial hasta el desmantelamiento de las centrales, para decidir si la energía nuclear de fisión tiene todavía sentido como “opción puente” mientras la energía nuclear de fusión y otras energías renovables se desarrollen. Esta evaluación se tendría que hacer desde todos los puntos de vista: investigación, infraestructura, mantenimiento, reciclado, almacenamiento y riesgos y la aportación pública a todo el proceso.

Preservar los combustibles fósiles (el petróleo es una fuente inestimable de productos químicos (industria petroleoquímica), y no tiene sentido quemarlo como combustible.

Apoyar la democratización de los países productores de combustibles fósiles mejorando la participación a los ciudadanos en la riqueza natural que poseen y fomentando alternativas que les permitan crear riqueza fuera de su papel de suministradores de materias primas.

Luchar contra la deforestación regulando el comercio a nivel internacional de maderas tropicales, que debería estar basado en un uso racional y sostenible de esos bosques, respetando la biodiversidad, como ya se hace a escala doméstica en los países nórdicos.

Invertir de forma decidida en energías renovables al menos con cantidades similares a las que se han invertido en la energía nuclear y valorizar su impacto social al reducir la dependencia de grandes compañías y al fomentar la creación de economías de escala y la colaboración.

Revisión de la política inmobiliaria y urbana desde el punto de vista energético y medioambiental.

Para evidenciar que todo esto es posible, recogemos a continuación una selección de iniciativas emprendidas por nuestros socios europeos:

Gasto energético de los edificios

Normas mínimas de eficiencia energética para los edificios nuevos/renovados (Austria).

Obligación de instalación de paneles fotovoltaicos en edificios nuevos (Italia).

Desgravación de la instalación de medidas de ahorro energético — sistemas de calefacción solar, paneles fotovoltaicos, etc. (Bélgica).

Fondo para promover la eficiencia energética en los hospitales públicos (Reino Unido).

Programa ‘hogares carbono cero’ — paquete de medidas legislativas que prevén que la totalidad de las casas sean ‘carbono cero’ para 2016 (Reino Unido).

Combustible y transportes

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Reducción en los impuestos sobre biocombustibles (Bélgica, Polonia).

Subvención de conversiones de coches de gasolina en coches de carburante alternativo (Suecia).

Obligación legal de que el 5% de los carburantes vendidos sean biocombustibles para el 2010 (Reino Unido).

Bonificaciones de impuestos sobre coches de bajas emisiones de CO2 (Bélgica, Portugal, Chipre).

"Congestion charge" londinense (Reino Unido).

Impuesto de circulación calculado en función de las emisiones de CO2 (Suecia).

Fuentes de energía

Aumento de los impuestos sobre el petróleo y el gas para calefacción (Portugal).

Potenciación de la industria de energías renovables (Alemania).

Tasas sobre cada tonelada de CO2 importada por las empresas (Suiza).

Fondos especiales ‘cambio climático’

Fondos especiales dotados con unos 100-200 millones de euros al año creados para incentivar la investigación y las inversiones en tecnologías ecológicas y reducción de emisiones (Austria, Suecia, Italia, Noruega)

Financiación de proyectos de comunicación sobre el cambio climático — municipios, profesores, empresarios (Finlandia).

Varios

Integración de la sostenibilidad medioambiental en los contratos públicos (Italia).

Comisión para conseguir la independencia petrolífera para el 2010 (Suecia).

Ayudas económicas para fomentar los programas de uso energético racional (Luxemburgo).

Impuestos sobre los embalajes no biodegradables (Bélgica).

Eliminación de las bolsas de plástico para el 2010 (Italia).

Publicación de informes anuales por cada ministerio sobre las medidas tomadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Reino Unido).

3.2 Medioambiente y desarrollo sostenible

El concepto “mágico” de desarrollo sostenible del que todo el mundo habla y que está de moda, lleva en si mismo una idea de uso responsable de los recursos y de respeto a los seres vivos, la sociedad y la vida misma que poco a poco se va desvirtuando y sobre todo parcializándose. Así todos los partidos hablan del cambio climático, de energía, de agua, etc., es decir, de temas concretos que afectan a la sociedad actual, pero cuya economía

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está basada en el modelo liberal capitalista que crea falsas necesidades y esquilma los recursos. Los recursos necesarios para la vida, aire, agua, tierra y fuego (energía) no pueden ser objeto de tráfico y apropiación indebida, porque toda persona humana tiene derecho a vivir.

Estos son algunos ejes de actuación:

Economía y ecología hoy por hoy carecen prácticamente de interacción. Muchos de los indicadores económicos no sólo son indiferentes a las cuestiones ecológicas, sino contradictorios. Se promoverá la creación de indicadores y parámetros de producción y consumo que permitan medir las consecuencias de los procesos productivos a corto, medio y largo plazo tanto en el uso de recursos como en las repercusiones en las personas y en la sociedad.

Mejorar los instrumentos que existen para conectar economía y ecología, como por ejemplo la Evaluación de Impacto Ambiental, para que dejen de ser simples trámites administrativos y se transformen en instrumentos de planificación multisectorial.

Cambio de estilo de vida mediante la difusión de modelos culturales y, para desarrollarlos en la cotidianidad, trabajar la educación ciudadana.

Introducción la formación ambiental en todos los ciclos de enseñanza.

Establecimiento en todo el país la "huella ecológica" (capacidad de desarrollo de un territorio según sus recursos naturales) para que sirva de guía en la planificación económica de las comarcas y regiones.

Desarrollo de programas de formación ambiental y desarrollo sostenible dirigido a decisores y profesionales de todos los sectores para mitigar la ignorancia y deformación que existe sobre el medio ambiente.

Facilitar la intervención del mercado, para que el sector privado desee invertir ‘verde’, viendo posibilidades concretas de retorno en esa inversión. Algunas grandes empresas ya se empiezan a mover ya en esa dirección.

Desterrar la moda de “producción verde” (y elitista), para introducir la realidad de producción racional y responsable, a la que debe atenerse todo proceso productivo.

Reconsiderar las subvenciones al comercio que impliquen largos recorridos de las mercancías, e introducir parámetros energéticos en su evaluación.

Ventajas fiscales para quien ahorre energía y penalización para quien consume más allá de ciertos límites.

Propuesta: creación de un “súper” ministerio de desarrollo sostenible o un organismo de planificación dependiente de Presidencia que, al igual que el Ministerio de Hacienda ha de dar el visto bueno presupuestario a los programas de todos los ministerios, velara por el respeto a la sostenibilidad en todo intervención pública.

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3.3 Agua

En la agenda política nacional e internacional el tema de la escasez del agua se ha vuelto prioritario. Obviamente esto se debe a la importancia del agua y los temores ligados al cambio climático.

El agua es un recurso de gran importancia. Es necesaria para la producción de alimentos, la salud e higiene, actividades recreativas, la actividad económica, la producción de energía. Del agua depende también el medio ambiente y la existencia de espacios naturales. Por lo tanto es importante evitar la escasez mediante medidas que contribuyan a un uso racional disminuyendo la sobreexplotación y su conservación evitando la contaminación.

El sector agrícola es el mayor consumidor de agua; le siguen el sector industrial y el consumo doméstico, comercial y de otros servicios urbanos. Para cada uno de estos sectores se proponen las siguientes medidas concretas:

Gestión Integral del Agua

Gestión integral del recurso, tanto aguas superficiales como subterráneas, incidiendo especialmente en la gestión de la demanda, en el ahorro y en la reutilización del recurso.

Revisión de las concesiones de extracción y uso especialmente aquellas que se han desarrollado en los últimos 30 años y que aún están por homologar.

Unificación la gestión de las cuencas hidrológicas con la participación de las CC.AA. ya que el agua es un bien público y que la territorialidad no guarda relación con la gestión de la cuenca, ni crea derechos. Las cuencas y demarcaciones hidrológicas poseen su propia dinámica que no está relacionada con las demarcaciones administrativas.

Centros Urbanos

Reducción de pérdidas de agua en las redes de distribución renovando periódicamente las redes y previendo sistemas de monitoreo para agilizar la detección de rupturas y su reparación.

Fomento de la recolecta de agua de lluvia por particulares. La construcción de viviendas nuevas en Flandes esté sujeta a varias obligaciones. Una de ella es la obligación de instalar tanques de aguas para la recolección de agua de lluvia. Este agua, después es utilizada para todo tipo de uso en la cual el agua no debe de ser necesariamente potable (ej. por la lavadora, lavado del auto, en el servicio higiénico, etc.) También la construcción de invernaderos está sujeta a esta obligación.

Gestión de parques. Los parques españoles (públicos y privados) en ciudades en zonas áridas con problemas tradicionales de abastecimiento de agua son tan verdes como las de las ciudades sin problema de abastecimiento de agua. Esto se debe a que se utiliza gran cantidad de agua para regar estos parques. Una política renovada es

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necesaria para fomentar un uso racional del agua en esto lugares. Esta política podría incluir las siguientes medidas:

- selección de plantas tolerantes a la sequía;

- uso de ”mulch” como cobertor de suelo, sustituyendo en parte al césped;

- fomento del uso de sistemas de riego eficientes;

- empleo de agua depurada para usos no consuntivos (jardines, baldeo ciudades, cultivos agrícolas, industria).

Industria

Fomento del uso de ‘circuitos cerrados’. El agua usada en procesos industriales debe de poder ser reutilizada en los mismos procesos tras su purificación. En la horticultura flamenca, las empresas han tenido que implementar sistemas de circuitos cerrados de agua. En este caso el agua sólo es desechada después de haber sido purificada y utilizada varias veces en un mismo proceso industrial, disminuyendo el consumo de agua por estas empresas.

Promoción de la investigación en maquinaria y aparatos económicos en uso de agua.

3.4 Agricultura

La agricultura es un factor clave para el desarrollo sostenible. En España las zonas rurales suponen el 90 % de la superficie, aunque el porcentaje de población que habita en estas zonas es relativamente bajo debido a las grandes desigualdades que se han venido desarrollando entre el campo y la ciudad. Estas se deben reducir y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el campo, ya que estas zonas son muy importantes no sólo por la producción de alimentos, sino por su patrimonio y por contribución al medio ambiente.

La política agrícola española, como política comunitaria, evoluciona con las pautas que va marcando la Unión Europea y ésta a su vez a nivel internacional está condicionada por la Organización Mundial del Comercio. De este modo la política agrícola comunitaria ha ido modificándose según las necesidades y problemas que han ido surgiendo, pasando de tener como objetivo prioritario la producción de alimentos a reorientarse hacia una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, el bienestar de los animales, el desarrollo rural, etc.

No siempre los cambios que se han ido produciendo en la política agrícola han beneficiado a todos los agricultores españoles, ya que se han producido reformas de gran envergadura que han afectado muy seriamente a éstos. A veces la solución ha sido el abandono de la actividad, para lo cual no siempre se han ofrecido suficientes alternativas para los sectores afectados, produciéndose la marginación de estas zonas, unos niveles elevados de paro, etc.

En los últimos años se ha tomado conciencia que la agricultura desempeña un papel crucial en el cambio climático. Para limitar el daño que ésta ocasiona en el medio

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ambiente se ha puesto un mayor énfasis en la disminución de los gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura, se ha llevado a cabo el desacople de las ayudas a la agricultura de la producción y se las ha hecho dependientes del respeto a una serie de condiciones medio ambientales, se ha fomentado la aplicación de técnicas innovadoras más respetuosas con el ecosistema y además la UE se ha fijado el objetivo de que en 2010 el biofuel represente el 10 por ciento del combustible que se usa para transporte, surgiendo de este modo una nueva oportunidad de diversificación de la actividad económica a través de los cultivos energéticos, materia prima de los biocombustibles.

Por otro lado desde el punto de vista del consumidor tenemos que tener en cuenta que éste cada vez demanda más productos agrícolas y ganaderos de calidad, ecológicos y que hayan sido producidos teniendo en cuenta el bienestar animal.

Así podemos concluir que todos estos factores (medio ambiente, consumidor, mundo rural) son los que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar la política agrícola.

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4 ENVEJECIMIENTO Y EMPLEO: LA REVOLUCIÓN DE LA

TERCERA EDAD

SÍNTESIS

Afrontaremos el envejecimiento de la sociedad como una oportunidad para mejorar el bienestar social, generar empleo y contribuir a un desarrollo tecnológico que tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento de la economía. Apoyameros investigación y desarrollo en los nuevos mercados de tecnología médica y de medicamentos.

Trabajaremos por la consolidación financiera del sistema de pensiones para lo que mantendremos, y en períodos de fuerte crecimiento aumentaremos, la contribución financiera del sistema de Seguridad Social al Fondo de Reserva para las Pensiones.

Actuaremos sobre la regulación del mercado laboral, facilitando que se pueda completar la pensión con una actividad remunerada, y que las condiciones laborales sean acordes a la edad de los trabajadores, introduciendo teletrabajo, incrementando la formación y aumentando la flexibilidad para tener más vacaciones, horarios reducidos y jornadas parciales.

Fomentaremos actitudes vitales saludables, orientando los servicios sociales a la prevención y a facilitar la vida independiente.

Facilitaremos servicios adaptados a las necesidades de los mayores en todos los ámbitos económicos y sociales, reduciendo o eximiendo del pago de las contribuciones a la Seguridad Social a aquellos trabajadores que se dediquen a tales tareas.

Incrementaremos las inversiones para mejorar la movilidad y la accesibilidad de los mayores incentivando su participación como ciudadanos y como fuentes de conocimiento y experiencia. En particular, promoveremos la participación de los mayores en los procesos de toma de decisiones y fomentaremos la creación de "Consejos de Ancianos".

La longevidad creciente de la sociedad española, además de un logro económico y social, constituye una oportunidad económica de crecimiento y desarrollo tecnológico. Por delante está la posibilidad de afrontar el envejecimiento como una oportunidad para mejorar el bienestar social, generar empleo, contribuir al desarrollo tecnológico y sostener el crecimiento económico. La ampliación del horizonte vital tiene un impacto positivo sobre el crecimiento de la economía española pues incide sobre la duración y rentabilidad del capital humano y sobre el crecimiento de la población. Además,

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envejecimiento y progreso tecnológico se retroalimentan mutuamente. El constante aumento de la renta per cápita hace posible financiar la tecnología requerida por la industria para que los mayores alcancen y mantengan un envejecimiento saludable y activo. A su vez, el sector salud requerirá cada vez más capital humano y tecnológico, lo cual mejorará las perspectivas de crecimiento a largo plazo, consolidando las bases de la economía española. Puesto que los mercados de tecnología médica y de medicamentos se encuentran conectados globalmente, es importante aprovechar esta oportunidad en el mercado global

Para hacer esto posible, en primer lugar, hay que continuar con la dinámica positiva de ahorro creciente en el fondo de reserva para las pensiones, y en segundo lugar, hay que mejorar la ratio de dependencia, es decir, la relación entre la población en empleo y los que se encuentran dependientes en cualquier régimen de pensión. Para ello resulta necesario aumentar la tasa empleo, y, además desplegar toda la potencia de las políticas de natalidad e inmigración, a la vez que introducir los necesarios incentivos al trabajo de modo que se pueda retener a las personas mayores laboralmente activas. El desafío consiste en aumentar la tasa de empleo de las personas en edad de trabajar, lo cual viene favorecido por los recursos de los mayores, la necesidad de investigación y desarrollo en diferentes áreas –como en sanidad- y a través de los múltiples servicios demandados por los mayores en sectores como ocio, transporte, asistencia o sanidad.

Con base en lo anterior, se recomiendan lo siguientes ejes de actuación y medidas para que la ampliación del horizonte vital tenga un máximo beneficio:

El sistema de protección social ha de ajustarse de forma que establezca incentivos para trabajar más allá de los 65 años y fomente el tiempo parcial.

El sistema de pensiones debe consolidarse financieramente. Lo cual requiere a su vez dos ajustes importantes:

Mantener y, en períodos de fuerte crecimiento, aumentar la contribución financiera del sistema de Seguridad Social al Fondo de Reserva para las Pensiones.

Redefinir política y económicamente el concepto de “viejo” (mayor de 65 años), y adaptarlo a las nuevas condiciones de salud física y mental en las que se encuentran, hoy en día, las personas de esa edad.

Estimular el crecimiento del sector salud. La industria farmacéutica es cada vez más importante y España, debe defender una ventaja competitiva con respecto a otros países cercanos.

Por último, es necesario que el sector público establezca prioridades en el sector de la salud, y vele por una política de patentes que proteja la capacidad de innovación de la industria farmacéutica y de cuidados sanitarios en general. La sociedad necesita favorecer el desarrollo del sector de salud como factor de crecimiento, ya sea mediante las políticas públicas establecidas por el estado, ya sea estimulando la

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iniciativa privada o mediante el establecimiento de acuerdos de cooperación y partenariado entre ambos.

Vincular el esfuerzo en el trabajo con los rendimientos

Los horarios de trabajo deben hacerse más flexibles y adaptarse a necesidades personales tales como evitar el tráfico, a la vida familiar, etc. Esto ha de ser completado con un esquema de teletrabajo y de jornada laboral parcial con menos horas al día, menos horas a la semana y la posibilidad de tener más días de vacaciones.

Atendiendo a las distintas características físicas de distintas edades, se ha de apoyar la movilidad entre puestos de trabajo. Se ha de facilitar la formación necesaria para adaptar la mano de obra de forma que al hacerse mayor pueda cambiarse hacia puestos con menores demandas físicas.

Es importante permitir trabajar hasta edades superiores para así acumular más años de cotización y así mejorar las condiciones de las pensiones. Estas medidas resultan más y más relevantes al considerar la incorporación de la mujer en edad tardía o al pensar en la actual tendencia a empezar a trabajar cada vez más tarde.

Para completar esta flexibilización, se debe facilitar el regreso al mercado laboral desde el régimen de pensiones, al mismo tiempo que las personas jubiladas deberían ser capaces de completar sus pensiones con un cierto número de horas de trabajo remunerado. Esto ha de hacerse realidad y proporcionar incentivos fiscales a las empresas.

Una vida independiente

Con frecuencia las personas mayores disfrutan más y mejor de la vida si viven en su propia casa. Por esta razón, las políticas públicas deben orientarse hacia el aumento del número de servicios que faciliten una vida independiente y medidas que la promuevan, por ejemplo: Fomentar actitudes vitales saludables, incrementando inversiones en prevención para

retardar el deterioro mental y físico, teniendo siempre presente que económicamente, y sobre todo humanamente, es mejor prevenir que curar.

Facilitar servicios adaptados a las necesidades de los mayores en todos los ámbitos económicos y sociales. Por ejemplo en ocio, transporte o comunicaciones, servicios de apoyo para las tareas diarias, tales como limpieza por horas, acompañamiento a recados, asistencia en la higiene personal o preparación y reparto de comida. En relación con estos servicios debería reducirse o eximirse del pago de las contribuciones a la Seguridad Social a aquellos trabajadores que se dedicasen a estas tareas y, a la vez, facilitar administrativamente la creación y actividad de empresas con estos fines, de modo que además de cubrir una necesidad social se reduciría el empleo sin contrato.

Desarrollar e implantar sistemas de comunicación, monitorización y teleasistencia. Además del servicio prestado esto serviría para aumentar la tranquilidad de las

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personas al sentirse protegidas y no aisladas. Otra importante consecuencia sería el crecimiento de la demanda tecnológica.

Movilizar los recursos de los mayores. Es un grave error el considerar a los mayores y a las personas jubiladas como una carga social y una rémora económica. Además de su actividad como asalariados, propietarios o consumidores, las personas mayores con frecuencia han acumulado riqueza y conocimientos que llegado el momento pueden revertir en beneficio de la sociedad y de la economía de la que forman parte. Por ejemplo, considerando que ha quedado atrás el tiempo en que las propiedades familiares eran necesarias para la supervivencia de los vástagos, la hipoteca inversa podría convertirse en práctica habitual – y ya es práctica de larga tradición en otros países de la Unión Europea como Bélgica-.

La participación en la familia y en la sociedad

Para mejorar la calidad de vida de toda la unidad familiar y facilitar la vida diaria hay que facilitar a las personas jubiladas y mayores su participación en la actividad familiar y social.

Para ello hay que mejorar las posibilidades de movilidad y accesibilidad, tal como el acceso al trasporte, a los edificios o a la tecnología.

Se ha de incentivar la participación de los pensionistas como voluntarios en actividades varias. Esto contribuye a su salud mental y física, al equilibrio de la familia y aporta una experiencia y contribución gratuita a la sociedad de inestimable valor. Sólo por enumerar alguna actividad en la "sociedad civil" cabría incluir actividades de voluntariado en colegios, parques y hospitales, acompañando a personas con discapacidad, apoyando a niños con dificultades, ayudando a compaginar horarios a familias trabajadoras con hijos o realizando escucha telefónica a personas solas.

En el caso de personas muy mayores o con serias dificultades hay que aumentar el número de plazas en centros de día públicos y privados, así como las plazas en internados. Así mismo, hay que mejorar el apoyo logístico y económico a aquellas familias que asisten a ancianos con serias incapacidades o graves problemas de salud.

Promover la participación de los mayores en los procesos de toma de decisiones ya que además de ser positivo en los análisis valorizan a las personas y cohesiona la sociedad (en las sociedades más estructuradas el “Consejo de Ancianos” era el órgano consultivo y a veces decisorio a la hora de tomar decisiones)

Promover actividades (exposiciones, conferencias, etc.) en las que los mayores puedan aportar su experiencia profesional y vital. La artesanía, las buenas prácticas agrarias, los oficios seculares, son valores que se van perdiendo y que por otra parte vuelven a ser demandados y valorados. La transmisión del conocimiento y experiencia de los mayores en estos campos contribuye a su autovaloración y a la creación de oficios de calidad y a una forma de trabajo más humano.

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5 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

SÍNTESIS

La mayor riqueza de nuestra sociedad está formada por las personas que en ella participan pues configuran el stock de capital humano de una economía que, bajo la forma de saberes, competencias y experiencia acumulada, constituye la base sobre la que se asienta todo crecimiento económico. El conocimiento no es "sólo ciencia": es un factor de cohesión social de primer orden; un instrumento poderoso de política nacional e internacional; una clave de la competitividad económica. Una sociedad progresista e integradora tiene la responsabilidad de gestionar y acrecentar ese conocimiento y ofrecer a todos sus miembros la posibilidad de participar, a diferentes niveles, en este crecimiento.

El gobierno ha de hacer compatible, por una parte, la necesaria creación de incentivos que estimulen la investigación y la invención –mediante un sistema jurídico que proteja los derechos de propiedad de los autores–; y, por otra parte, la legítima aspiración de que todos los miembros de la sociedad tengan la posibilidad de disfrutar, a diferentes niveles, de los beneficios que se obtienen de dicho progreso tecnológico y del crecimiento económico que de este último se deriva, aprovechándolo y contribuyendo al mismo. Hay que crear puentes entre el mundo académico y científico, las empresas innovadoras y el mercado para que los retornos de los esfuerzos públicos y privados sean percibidos y valorados por el conjunto de la sociedad y para que sus beneficios sean debidamente distribuidos.

Doblaremos los recursos para I+D+i civil respecto a la anterior legislatura e impulsar la inversión privada con objeto de que en el año 2012 España esté situada entre de los 7 estados líderes de la UE en materia de gasto de I+D respecto del PIB. Además trabajaremos para que 2/3 del gasto sea ejecutado por las empresas cumpliendo así el objetivo de Lisboa.

Crearemos [Nº exacto a definir por expertos] nuevas plazas de investigador en los centros dependientes de la AGE y se promoverá la contratación de investigadores por las empresas con el objetivo de pasar de los actuales 5,8 investigadores por cada mil activos a 8 investigadores por mil en 2012.

Pondremos en marcha una iniciativa a gran escala para la movilización de capitales privados hacia la I+D+i dirigida a facilitar la concesión de financiación por parte de operadores financieros a empresas para desarrollar actividades de I+D+i.

Mejoraremos los incentivos (tanto remuneración adecuada, como medios humanos y materiales) para la contratación de investigadores de reconocido prestigio que acudan a trabajar en España.

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Estudiaremos la instauración de 'tasas para la ciencia' que graven los movimientos de capital de ciclo breve (por ejemplo, inferiores a los 90 días) y que contribuyan a financiar la inversión pública en I+D+i.

Concentraremos en una agencia nacional operativa las misiones de programación, gestión de la investigación y transferencia tecnológica, para desarrollar con la máxima eficiencia las directrices políticas de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.

Crearemos un centro de análisis y prospectiva de I+D cuya misión será analizar los retos de la economía española, las necesidades empresariales, las potencialidades del sistema público de I+D, e informar la política de I+D+i de la AGE y de las CC.AA.

Reforzaremos los mecanismos de coordinación territorial y sectorial con las CCAA en materia de I+D+i, con vistas a mejorar la coordinación y la optimización de los recursos públicos y contribuir a crear la masa crítica necesaria en aquellas áreas que requieran especiales infraestructuras, financiación o concentración de recursos.

Promoveremos un espacio ibérico de investigación a través de iniciativas políticas específicas para aumentar la coordinación de las actividades de investigación.

Potenciaremos las iniciativas dirigidas a los países de América Latina, como la creación de una red de centros de investigación españoles, proponiendo a España como puerta de acceso a la Unión Europea y viceversa.

Utilizaremos el potencial de la investigación como instrumento de cooperación al desarrollo. Se crearán programas de formación de investigadores y tecnólogos en los países donde hoy se origina la inmigración irregular, destinando ayudas al retorno y creando centros mixtos de investigación.

Invertiremos en mejorar la cultura científica y garantizaremos que la televisión pública dedique una cuota adecuada de programación científica, dirigida tanto al público juvenil e infantil como al adulto.

Afirmamos la primacía de la educación pública, que es de todos y tiene vocación de servicio a la sociedad. Al mismo tiempo, hay que dar reglas claras, orientadas al futuro y no al pasado, para los operadores privados, y asegurar la libertad de elección de los ciudadanos.

Para asegurar la equidad y transparencia, defendemos la implantación progresiva de un modelo de financiación de la educación basado en la subvención al sujeto de la formación y no a las organizaciones educativas y promoveremos el acceso efectivo de los hijos de los emigrantes a los centros concertados.

Todos los estudiantes universitarios de primer ciclo tendrán la oportunidad de cursar un semestre en otra comunidad autónoma, mediante un “Erasmus ibérico” que debe estar abierto, en igualdad de condiciones, a los estudiantes portugueses y del Maghreb.

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Todos los estudiantes universitarios de segundo ciclo tendrán la oportunidad de cursar un semestre en otra Universidad de la Unión Europea.

Todos los inmigrantes residentes en España tendrán el derecho y el deber de acceder a programas específicos de formación gratuita, que les permitan el dominio de un nivel suficiente del castellano y otras lenguas españolas, la adquisición de competencias básicas individuales, y el conocimiento de los valores fundamentales de la sociedad española y europea.

Desarrollo de un voluntariado educativo nacional, que permita a quienes hayan completado ciclos de formación no obligatoria colaborar en la gestión de las instituciones de enseñanza de su comunidad, y de la erogación de la formación, especialmente práctica.

5.1 Investigación

El Estado continuará incrementando los recursos dedicados a la investigación, asegurando su orientación adecuada –basada en el mérito competitivo de los proyectos y en el criterio de coste-eficiencia–, y promoverá una mayor participación empresarial en su financiación, estimulando allí donde fuese necesario la creación de sociedades de capital a riesgo, y utilizando para ello los fondos que sobre estas últimas existen en el marco de la Unión Europea. No se limitará a poner recursos a disposición sino que reforzará las estructuras –físicas y de gestión– que permitan absorberlos eficientemente y garantizar una rentabilidad adecuada de la inversión en función del periodo de maduración de la misma. Las inversiones en investigación tienen un período de retorno dilatado, más incluso que la formación, y presentan un riesgo característico. Serán tratadas con instrumentos adecuados, para tomar buenas decisiones –incluyendo la de cortar programas–.

Establecimiento de objetivos de gasto y de incremento de recursos humanos. Proponemos doblar los recursos para I+D+i civil respecto a la anterior legislatura e impulsar la inversión privada con objeto de que en el año 2012 España esté situada entre de los 7 estados líderes de la UE en materia de gasto de I+D respecto del PIB . Además trabajaremos para que 2/3 del gasto sea ejecutado por empresas cumpliendo así el objetivo de Lisboa.

En materia de recursos humanos se crearán [Nº exacto a definir por expertos] nuevas plazas de investigador en los centros dependientes de la AGE y se promoverá la contratación de investigadores por las empresas con el objetivo de pasar de los actuales 5,8 investigadores por cada mil activos a 8 investigadores.

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos proponemos las siguientes medidas:

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Mayor implicación del sector privado a todos los niveles. La participación del sector privado es un indicador de la conexión de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el crecimiento económico. Las acciones nuevas estarán especialmente dirigidas a sensibilizar e involucrar a las PYMEs que son mayoritarias en sectores de naturaleza manufacturera y artesanal (cerámica, textil, juguete, joyería, etc.), puesto que la gran empresa cuenta con la información y recursos necesarios para participar en proyectos de I+D+i. Además se pondrá especial énfasis en la de creación nuevas PYMEs en sectores de actividad emergentes. Igualmente, las acciones orientadas a las grandes empresas aprovecharán el factor de arrastre de éstas para incrementar la participación de las PYMEs. Además de facilitar la inversión en equipamiento y la creación de empleo de calidad para investigadores, se financiará la creación de Departamentos de I+D+i en empresas. En el marco de los Parques Tecnológicos, se promoverá la creación de plataformas para que las PYMEs puedan cooperar en el proceso de investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos, y pasen luego a competir en la comercialización y venta de sus productos.

Movilización de capitales privados. En España hay abundantes capitales "durmientes" que pueden ser dirigidos hacia la I+D+i. Nuestro país cuenta además con un importante y moderno sistema financiero que puede actuar de facilitador entre la oferta y la demanda de financiación. El problema estriba en que los capitales son aversos al riesgo. Esta aversión puede eliminarse o reducirse sustancialmente subvencionando con fondos públicos la prima que el operador financiero atribuya al riesgo asociado al I+D. Las empresas invertirían así en proyectos ligados íntimamente a su estrategia de negocio ya que habrían de devolver el capital. Esta línea de financiación la podría tramitar cualquier sucursal bancaria con mínima burocracia consiguiendo cercanía a las PYMEs y máximo apalancamiento de los fondos públicos.

Acciones dirigidas a facilitar el intercambio de conocimientos entre empresas, universidades y centros de investigación. Se abrirán canales para que las empresas asesoren sistemáticamente a las universidades sobre decisiones de propiedad industrial e intelectual y sobre los mecanismos de transferencia tecnológica. Se les reservará espacio para definir una cuota de las convocatorias competitivas, y para que participen, mediante su opinión, en el diseño de parte de la oferta universitaria, incluido el ciclo doctoral. Además de los incentivos fiscales ya existentes, se programarán subvenciones directas, basadas en el principio de corresponsabilidad creciente, y vinculadas a la participación demostrada en iniciativas europeas.

Promoción de facilitadores financieros con objeto de estimular la creación de sociedades de capital a riesgo y la participación de las empresas en acciones de partenariado público-privado, ayudándoles a diseñar un conjunto completo de instrumentos de financiación que aseguren la conexión entre el corto y el medio-largo plazo, asegurando una continuidad si la empresa cumple sus compromisos y llega a resultados tangibles.

Se reforzarán los mecanismos de garantía del buen empleo de los fondos públicos y se simplificarán los trámites administrativos.

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Inversión en infraestructuras de alta tecnología y participación en inversiones europeas; utilización de instrumentos de financiación de la UE (BEI) y del ICO.

Se promoverán los estándares abiertos para productos conceptuales, para estimular la competencia y mejorar la seguridad. Se establecerán los instrumentos oportunos para que gocen de tratamiento privilegiado en la contratación pública.

Recursos humanos. Para absorber adecuadamente los recursos financieros dedicados a la investigación, son necesarios más recursos humanos –investigadores–, siempre según principios competitivos. Se pretende con ello crear un mercado de trabajo científico y tecnológico amplio y atractivo.

Incremento de los incentivos (ofreciendo tanto remuneración adecuada, como reconocimiento social) para aquellos científicos que acudan a trabajar en España. Se busca la atracción de investigadores de cualquier nacionalidad, lo que permitirá el retorno de los investigadores españoles que así lo deseen.

La movilidad será fuertemente estimulada, ofreciendo las primas contractuales apropiadas, para reforzar la flexibilidad del mercado de trabajo científico en sus dos dimensiones –geográfica e interdisciplinar–, pues se transmiten no sólo conocimientos técnicos, sino también modos de trabajar y de enfrentarse y de resolver problemas.

Atraeremos más estudiantes a los programas doctorales, combinando becas con la oferta de formación post-doctoral, que permita a una parte de estos doctores aumentar sus competencias transversales (comunicación, gestión) para adquirir mayor transferibilidad.

Apoyaremos los programas nacionales de formación de personal universitario e investigador, incrementando las tasas de participación. Como investigadores experimentados, sus graduados reforzarán el segmento intermedio de la carrera científica, tanto en el sector público como en el privado.

Recursos fiscales. El Estado contará con los instrumentos fiscales oportunos que generen los recursos necesarios para financiar la política de I+D+i. Se instaurarán 'tasas para la ciencia' que graven los movimientos de capital de ciclo breve (por ejemplo, inferiores a los 90 días) y los sectores económicos cuyo consumo de energía no renovable descuelle especialmente.

Gestión de la investigación. Las estructuras de gestión son un factor limitativo para absorber con eficiencia el incremento de financiación y de investigadores.

Se invertirá para formar un colectivo nutrido de gestores de la investigación, creando los mecanismos que reconozcan adecuadamente esta competencia.

Se consolidará el reconocimiento de la autonomía universitaria, como elección de su misión específica, en función de su especialización, su historia, sus medios, el medio circundante, etc., y de la concepción de su propio proyecto. Junto a ella, se reforzarán reglas comunes de gobierno, mediante un contrato programa: por

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ejemplo, gestión máximamente profesional, financiación pública basada en resultados, rigurosa rendición de cuentas sobre dicha financiación. Se promoverá una evaluación nacional de estos parámetros comunes.

Estrategia nacional de investigación. Favoreceremos la creación de centros de excelencia europea y nacional, y dedicaremos recursos a financiar la coordinación interterritorial de éstos con otros centros, para aumentar la cohesión científica, económica y social de España.

Se revisará el mandato de los Ministerios concernidos (MEC, MIC) y de sus órganos dependientes para establecer una gestión optimizada y eficaz de la ciencia, la tecnología y la innovación en España.

Concentraremos en una agencia nacional operativa las misiones de programación, gestión de la investigación y transferencia tecnológica, para desarrollar las directrices políticas de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.

Mejoraremos la coordinación nacional de la investigación básica, necesaria para que alcance sus fines últimos. Para obtener financiación se competirá a escala nacional e internacional. Ayudaremos a las Comunidades Autónomas a incentivar a sus actores locales para que puedan participar, en las mejores condiciones posibles, en la obtención de financiación a nivel nacional e internacional.

Crearemos un centro de análisis y prospectiva de I+D cuya misión será analizar los retos de la economía española, las necesidades empresariales, las potencialidades de las universidades y de los centros de investigación, y recomendará los sectores más adecuados para incentivar.

Reforzaremos los mecanismos de coordinación territorial y sectorial con las CCAA en materia de I+D+i, con vistas a mejorar la coordinación y la optimización de los recursos públicos y contribuir a crear la masa crítica necesaria en aquellas áreas que requieran especiales infraestructuras, financiación o concentración de recursos.

Internacionalización. La política científica es un instrumento de política exterior de primer orden, así como de ayuda al desarrollo. España tiene la oportunidad de erigirse como referente científico en grandes regiones de los continentes americano y africano. Nuestro país debe reforzar su participación no sólo en los programas comunitarios de I+D+i sino, sobre todo, en la definición de las políticas de apoyo. Es preciso cambiar la actitud de receptor de fondos a una actitud más proactiva que influya en la formulación de políticas que sean más acordes a nuestras necesidades y potencialidades y a la de nuestros socios estratégicos.

Promoveremos un espacio ibérico de investigación a través de iniciativas políticas específicas para aumentar la coordinación de las actividades portuguesa y española de investigación. Se propondrá el desarrollo de programas conjuntos siguiendo el modelo de los espacios europeos, utilizados como punto de referencia para una cooperación especialmente reforzada.

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Potenciaremos las iniciativas dirigidas a los países de América Latina, como la creación de una red de centros de investigación españoles, proponiendo a España como puerta de acceso a la Unión Europea y viceversa.

Promoveremos otros espacios preferentes de investigación, en particular con los países Mediterráneos, para establecer acciones bilaterales intensificadas, vehículo de una cooperación abierta y mutuamente enriquecedora.

Al mismo tiempo, se reforzarán los mecanismos de cooperación con otros países más avanzados, donde se seguirán adquiriendo buenas prácticas y experiencias de referencia.

Aprovecharemos nuestro potencial de la investigación como instrumento de cooperación al desarrollo. Crearemos programas de formación de investigadores y tecnólogos en los países donde hoy se origina la inmigración irregular, destinando ayudas al retorno y creando centros mixtos de investigación.

Conocimiento en la red. La red se ha convertido en el espacio por excelencia, más económico y más eficiente, para crear y compartir conocimiento.

Garantizaremos el acceso universal gratuito a la Internet “de conocimiento”, poniendo especial énfasis en asegurar la más amplia disponibilidad posible a la literatura científica existente.

Reforzaremos una red nacional de bibliotecas virtuales, invirtiendo para facilitar la digitalización más vasta posible de los medios de conocimiento.

Comunicación. La ciencia es una oportunidad para la sociedad que los científicos necesitan comunicar mejor para que sea humanamente atractiva y estén justificados a los ojos de la sociedad los crecientes recursos que necesita. La necesidad de comunicación concierne, además de la investigación, a todas las fases del desarrollo y a la transferencia tecnológica.

Garantizaremos en todas las televisiones públicas (TVE y autonómicas) una cuota adecuada de programación científica, dirigida tanto al público juvenil e infantil como al adulto.

Promoveremos estructuras para la comunicación científica, aumentando la formación específica que se da a los investigadores para comunicar.

Ciencias sociales. Es un dato contrastado que la investigación en ciencias sociales y humanas no está progresando al mismo ritmo que la investigación en ciencias físicas y naturales. Es preciso concebir un plan especial de estímulo de la investigación en estos campos, con particular hincapié en la economía de servicios, esencial para España.

5.2 Educación y formación

Formación es el escalón de entrada de la sociedad de conocimiento; el nivel más humilde, pero probablemente el más importante y el de mayor influencia. Es imprescindible una

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inversión ambiciosa en la formación pública de alta calidad, accesible a todos, como medio imprescindible de avance social. El pensamiento de izquierdas es compatible con la promoción activa de la excelencia académica que supone el mejor medio de reconocer el valor de todos los ciudadanos.

Gratuidad por resultados. Cualquier individuo que demuestre aprovechamiento debe tener acceso gratuito a los máximos niveles de enseñanza.

Las tasas de enseñanza universitaria deben ser gratuita para todos los que demuestren el adecuado aprovechamiento: por ejemplo, devolviendo las tasas de matrícula universitaria a quien apruebe en primera convocatoria.

Los estudiantes con menor renta deben recibir ayudas públicas que les permitan subvenir a sus necesidades durante la totalidad de sus estudios. Dichos privilegios deben estar vinculados a tres condiciones: el aprovechamiento adecuado, el respeto de los valores ciudadanos y la participación social activa.

Afirmación de la primacía de la educación pública. Debemos afirmar sin complejos la primacía de la educación pública, que es de todos y tiene vocación de servicio a la sociedad. Al mismo tiempo, hay que dar reglas claras, orientadas al futuro y no al pasado, para los operadores privados, y asegurar la libertad de elección de los ciudadanos. La formación privada ha de estar abierta a todos los operadores que respeten incondicionalmente los valores colectivos encarnados en los principios constitucionales, y que cumplan las mismas condiciones y estándares definidos para la formación pública. Estos requisitos, siendo de interés público, han de estar sometidos a control público.

El Estado no debe subvencionar a organizaciones de formación, sino a los sujetos de la formación. Los estudiantes que cursen el ciclo de formación obligatoria en centros privados tendrán derecho a una subvención individual, de acuerdo con un baremo establecido por la administración, que corresponda efectivamente al costo operativo por estudiante –considerando costos corrientes de ejercicio, y excluyendo inversiones- de la enseñanza pública. Este modelo debe implantarse progresivamente para asegurar la equidad y la transparencia.

Las inversiones en infraestructura de operadores de centros privados pueden recibir apoyo del Estado –exenciones fiscales, o subvenciones directas- a condición de que estas inversiones correspondan con la planificación pública, para evitar desequilibrios, y que se asegure una cuota de uso –al menos idéntica a la contribución del Estado- puesta a disposición del sistema de formación pública.

Movilidad de alumnos y docentes. Las ocasiones de movilidad son en sí misma formativas; son experiencia directa, no mediada, de cohesión y de unidad.

Todos los estudiantes universitarios de primer ciclo tendrán la oportunidad de cursar un semestre en otra comunidad autónoma, mediante un “Erasmus ibérico” que debe estar abierto, en igualdad de condiciones, a los estudiantes portugueses y del Maghreb.

Todos los estudiantes universitarios de segundo ciclo tendrán la oportunidad de cursar un semestre en otra Universidad de la Unión Europea.

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Desarrollaremos de una política específica de movilidad de docentes con un reconocimiento de primer orden en escalas profesionales y concursos públicos. Esta política comprenderá la movilidad geográfica, nacional e internacional y la vertical -entre diferentes ciclos formativos-, que haga posible docencias temporales de los docentes provenientes de un ciclo en cualesquiera de los otros.

Formación para la integración. La legalización de inmigrantes es condición necesaria pero no suficiente para su integración: sólo su formación intelectual y ciudadana puede conseguirla de manera efectiva.

Todos los inmigrantes residentes en España tendrán el derecho y el deber de acceder a programas específicos de formación gratuita, que les permitan el dominio de un nivel suficiente del castellano y otras lenguas españolas, la adquisición de competencias básicas individuales, y el conocimiento de los valores fundamentales de la sociedad española y europea. Los inmigrantes que demuestren adecuado aprovechamiento podrán integrarse a todos los efectos en el sistema nacional de formación.

Educación ciudadana. Todas las fases del ciclo educativo deben incluir contenidos para la educación de la ciudadanía, conformados según los valores colectivos encarnados en los principios constitucionales y en el derecho europeo e internacional de derechos humanos.

La formación teórica debe estar acompañada por una enseñanza práctica, que asegure la participación estudiantil en la vida de los centros de formación, en órganos tanto consultivos como decisorios, según los mismos valores.

El respeto de los valores ciudadanos, en todas sus dimensiones, debe ser exigido a los estudiantes, para permanecer integrados en los centros de formación.

Formación religiosa. Las familias son responsables de escoger si sus miembros deban recibir formación doctrinaria sobre creencias y prácticas religiosas, con plena libertad para escoger las que consideren más oportunas.

El Estado debe abstenerse de subvencionar directamente la formación religiosa de cualquier signo, por el potencial de conflicto que ello supone.

Los centros públicos pondrán a disposición espacios no utilizados para su erogación, garantizando el acceso a dichos espacios a todas las confesiones representadas en el centro.

Las confesiones que pretendan utilizar esta posibilidad deberán ofrecer garantías de que los contenidos respeten los valores colectivos encarnados en los principios constitucionales. En el caso de que se utilicen materiales escritos en lenguas no españolas, será obligatorio ofrecerlos en paralelo en una o más lenguas oficiales, como garantía de transparencia. La administración controlará el respeto de estos requisitos.

Dar prestigio al profesorado. La profesión de la enseñanza tiene un importante contenido vocacional: los docentes, y su profesionalidad, son el recurso esencial del

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sistema. El Estado debe prestigiar la profesión de la enseñanza a todos los niveles y para ello asegurar empleo público de alta calidad, que esté sometido a niveles de exigencia ambiciosos y que reciba una remuneración competitiva. Además se debe imponer la actualización pedagógica del profesorado, mediante cursos y actividades, y reconocerlo en la carrera profesional

Posibilitaremos la permeabilidad vertical entre los diversos niveles de la enseñanza, estableciendo las condiciones para que los profesores habilitados puedan acceder temporalmente, a tiempo parcial o completo, a instituciones de niveles diferentes.

Gestión de las instituciones de enseñanza. La gestión profesional de las instituciones de enseñanza es esencial para que la sociedad obtenga el máximo retorno de los recursos que le dedica, y debe ser transparente.

El Estado invertirá recursos para formar en labores de gestión a una proporción significativa de los enseñantes, con el objetivo doble de elevar los estándares de todas las instituciones, permitirles rendir cuentas más precisas del empleo de recursos públicos, y posibilitar una mayor rotación en dichas funciones.

El Estado establecerá estándares de rendición de cuentas de gestión y económicas para todos los operadores en la enseñanza, públicos y privados (ver 3.4), según modelos establecidos. Estas cuentas estarán a disposición del público.

Voluntariado educativo nacional. Como ocurre con cualquier otro bien individual, es responsabilidad de los ciudadanos españoles con mayor conocimiento compartir el mismo con los más desfavorecidos.

Instauración de un voluntariado educativo nacional para todos los ciudadanos españoles que hayan completado ciclos de formación no obligatoria, según el modelo del servicio militar suizo. Los ciudadanos tendrán la posibilidad de implicarse periódicamente, como contribución a la sociedad en la que viven, en la gestión de las instituciones de enseñanza de todos los niveles presentes en su comunidad, y en la erogación de la misma, especialmente práctica.

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6 DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

SÍNTESIS

El ámbito de democracia y ciudadanía se ha abordado desde la perspectiva de la relación entre el Estado, las diferentes administraciones y el ciudadano y de éstos entre sí. En esta relación, uno de los valores centrales debe ser el fomento de la participación ciudadana en la vida política y de la cultura cívica. Esto es, desarrollar y fomentar una esfera de decisión pública. Una democracia madura debe dotarse de instrumentos que permitan desarrollar estas relaciones que son las mimbres de una democracia fuerte, activa y dinámica. Las medidas para activar y fomentar la participación ciudadana en la vida pública son necesarias para tener una sociedad cohesionada e incluyente.

Proponemos que, a medio y largo plazo, nuestra política nacional e internacional se rija por el principio de equidad en los intercambios comerciales, lo que creará riqueza en los países de emigración y facilitará la permanencia de los nacionales en su territorio y cultura.

Impulso político al establecimiento de una política europea unificada y solidaria en materia de emigración.

Creación de comisiones mixtas de emigración con los países de origen, que regulen flujos, propongan y sigan la colaboración económica, formativa y social.

Creación de empresas mixtas en los países de emigración fomentando la formación y la creación de riqueza en estos países.

Establecimiento, en los países de origen, de programas de formación tanto profesional como social y lingüística para emigrantes.

Apoyo en los países de la emigración a proyectos de desarrollo adaptados a las necesidades de la población y económicamente rentables.

Para los emigrantes que llegan a nuestras fronteras de forma incontrolada acompañamiento social antes de la repatriación.

Estudio, caso por caso, de las posibilidades de su integración en la emigración regulada.

Concesión de ayudas a movimientos asociativos de emigrantes y fomento de su participación en actividades sociales del país.

Desarrollo de campañas en los medios de comunicación públicos de nuestro país para resaltar el papel económico y social de la emigración.

Promoveremos Internet como un instrumento de participación política. Apoyaremos la difusión a través de los debates parlamentarios y los plenos de los ayuntamientos.

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Fomentaremos el desarrollo de redes de interés en Internet para facilitar a los ciudadanos un contacto más directo con sus representantes y promover los movimientos participativos y el asociacionismo.

Instauraremos un canon de publicidad en las televisiones públicas sobre asociaciones de ciudadanos de diversos ámbitos y de interés social.

Elaboración y difusión entre los ciudadanos del mapa competencial de las distintas AA.PP. y del inventario de los servicios públicos prestados por cada administración.

Generalización de los contratos de gestión en las administraciones públicas con el objeto de clarificar los servicios prestados por cada administración y facilitar la fiscalización del servicio por parte de los ciudadanos.

Promoción de la aplicación de metodología de responsabilidad social corporativa en las administraciones públicas y de los presupuestos participativos en las corporaciones locales.

Promulgación de una ley específica que garantice el derecho y que facilite el acceso a la información pública. Más de cincuenta países en el mundo han adoptado leyes que facilitan el acceso a la información pública y otros treinta tienen leyes en proceso de aprobación.

Tratamiento de la transparencia en las cuestiones públicas en la vía educativa, esto es, con la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”.

Impulsaremos la participación ciudadana como vía de mejora de la calidad democrática de nuestro país.

Promoveremos la creación de coordinadoras de participación a nivel local con objeto de promover que el ciudadano tome parte activa en la vida cívica en toda su dimensión.

Promoveremos el voluntariado a través de la creación de oficinas municipales de voluntariado con funcionamiento parecido al de una oficina de empleo.

Promoveremos la implantación de presupuestos participativos en la administración local a través de una asignación extraordinaria por parte del Gobierno central

Analizaremos en profundidad sobre la oportunidad de introducir listas abiertas en el sistema electoral.

Apoyamos otorgar el derecho al voto en las elecciones locales para los residentes de origen extranjero (no comunitario).

Promoveremos el establecimiento de cuotas para inmigrantes y otras minorías en las listas electorales para las elecciones locales (la población inmigrante en España es en estos momentos el 10% de la población total y éstos deberían estar mejor representados).

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Los españoles en el exterior demandamos representación en las Cortes. Algunos socios europeos como Italia o Francia ya lo contemplan en su legislación electoral. Se pueden explorar diferentes vías, desde la inclusión de españoles en el exterior en las listas de los partidos hasta la reforma de la ley electoral, o, idealmente, la reforma de la Constitución para crear una o varias circunscripciones exteriores.

Proponemos la utilización del voto electrónico para los españoles en el exterior ya que ofrece garantías equivalentes o superiores al voto por correo y presenta numerosas ventajas.

Proponemos simplificar los trámites: que una vez solicitada la inscripción en el consulado no haya que esperar para recibir las papeletas del voto y que automáticamente la inscripción en el consulado implique la inscripción en el censo de españoles residentes ausentes (CERA).

6.1 Inmigrantes

El fenómeno migratorio es tan viejo como el mundo. Este fenómeno ha estado motivado bien por el deseo de apropiarse de las riquezas de otros pueblos (invasiones y conquistas), lo que podríamos llamar emigración violenta, o por el deseo de mejora de las condiciones de vida o simplemente de supervivencia (migraciones de los pueblos de montaña a las llanuras y tierras fértiles), lo que se podría denominar emigración pacifica. En el siglo XXI se siguen dando estas dos clases de fenómeno, si bien, debido a la existencia de relaciones internacionales más fluidas y al desarrollo de los medios de comunicación, el tema migratorio ha adquirido características propias del tiempo en que vivimos.

Hoy en día la principal causa de los movimientos migratorios es la desigualdad en el reparto de la riqueza, determinado por relaciones comerciales desequilibradas y por el dominio del Norte sobre el Sur. Cuando hablamos de emigración hablamos de seres humanos semejantes a nosotros que, en circunstancias similares a las suyas, actuaríamos de forma parecida. Más aún, en circunstancias históricas diferentes hemos actuado como ellos. Los términos "ilegales", "sin papeles", "clandestinos" y apelaciones de este tipo crean en la población una idea de rechazo y de diferencia con nosotros, que nos hace separarnos de su problemática. Simplemente estas personas son emigrantes.

Actualmente, tanto en España como en la mayor parte de los países occidentales, la emigración es necesaria para contribuir al desarrollo económico, para equilibrar el envejecimiento de la población y para garantizar el equilibrio presupuestario de las pensiones, hechos que hemos de resaltar y tener en cuenta al hablar de emigración. Además, no debemos olvidar que la regulación de los movimientos migratorios es la mejor forma de respeto y colaboración entre los países y las personas.

Proponemos que, a medio y largo plazo, nuestra política nacional e internacional se rija por el principio de equidad en los intercambios comerciales, lo que creará riqueza en los países de emigración y facilitará la permanencia de los nacionales en su territorio y cultura.

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Como medidas económicas y sociales concretas a corto y medio plazo sugerimos:

Creación de empresas mixtas en los países de emigración fomentando la formación y la creación de riqueza en estos países.

Establecimiento de programas de formación tanto profesional como social y lingüística para los candidatos a emigrantes en su país de origen. En este tipo de formación la formación de formadores autóctonos debe ser prioritaria.

Apoyo en los países de emigración a proyectos de desarrollo adaptados a las necesidades de la población y económicamente rentables, para crear las bases de una economía estable.

En el plano institucional y preventivo:

Impulso político al establecimiento de una política europea unificada y solidaria en materia de emigración.

Creación de comisiones mixtas de emigración con los países de origen, que regulen flujos, propongan y sigan la colaboración económica, formativa y social.

Colaboración, formación, dotación de medios y trabajo conjunto con los cuerpos de seguridad y fronteras de los países de origen

Para los emigrantes que llegan a nuestras fronteras de forma incontrolada:

Acompañamiento social antes de la repatriación.

Estudio, caso por caso, de las posibilidades de su integración en la emigración regulada.

Para los emigrantes ya establecidos o en vías de establecimiento en España:

Facilidades de acceso a educación y formación.

Facilitar el reagrupamiento familiar como elemento de estabilidad socio-emocional

Concesión de ayudas a movimientos asociativos de emigrantes y fomento de su participación en actividades sociales del país.

Labor represiva:

Lucha decidida contra las mafias de la emigración, tanto en los países de origen como en los países de acogida, sancionando de forma ejemplar el comercio de seres humanos.

Acción sancionadora ejemplar para las empresas que contratan personas sin cobertura social y con salarios y horarios abusivos.

Labor informativa y mediática:

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Desarrollo de campañas de información adaptadas a la realidad del país de origen con objeto de explicar el tema migratorio y las posibilidades de emigración regulada.

Desarrollo de campañas informativas en los medios de comunicación públicos de nuestro país para resaltar el papel económico y social de la emigración y su aportación a nuestra sociedad, los aspectos diferenciadores de las culturas y los valores de las mismas.

6.2 Medios de comunicación

El camino emprendido por el Gobierno socialista en este campo requiere de nuevos impulsos para poder contar con unos medios públicos de comunicación modernos, independientes, plurales y de calidad.

Con este propósito se proponen los siguientes ejes de actuación:

Independencia de los órganos de decisión. Los gobiernos autonómicos debieran seguir el ejemplo del Gobierno central y comprometerse a que sus parlamentos autonómicos tuviesen un control más directo sobre la gestión de las televisiones regionales. Ya hay comisiones de control en algunos parlamentos autonómicos: una buena medida sería “abrir” estas comisiones a un mayor número de ciudadanos, organizaciones o asociaciones.

Pluralidad. La televisión y radio públicas deberían tener contenidos aptos para todos. Y sobre todo, permitir que todas las sensibilidades sociales estén representadas en los medios públicos.

Calidad. Exigir calidad a la televisión pública es garantizar que los programas culturales, educativos, abiertos, modernos y progresistas sean accesibles al telespectador. Una medida adecuada sería suprimir de la programación aquellos programas que atenten contra la dignidad de las personas. No se trata de llevar la censura a la televisión, pero sí de garantizar que los programas violentos, sexistas y chabacanos no encuentren un medio de difusión en la televisión pública.

Medidas propuestas:

Internet: el gran instrumento de la democratización. Las nuevas tecnologías nos dan acceso barato y sencillo a la información y también a la participación. Internet debería ser canalizado como un instrumento de participación política. A través de Internet debería ser posible seguir los debates parlamentarios y los plenos de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas.

Redes de Interés. Las autoridades públicas deberían utilizar Internet para facilitar a los ciudadanos un contacto más directo con sus representantes, una mejor información sobre los servicios que ofrecen y también crear redes entre ciudadanos (representantes políticos o no) para compartir experiencias de participación o asociacionismo. Las posibilidades en este campo son enormes ya que no se ha hecho mucho.

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- Establecimiento de enlaces desde las páginas webs de los ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno a páginas de asociaciones de ciudadanos.

- Canon de publicidad en las televisiones públicas sobre asociaciones de ciudadanos de diversos ámbitos y de interés social.

- Promoción de la participación en línea en escuelas e institutos.

6.3 Gobierno a diferentes niveles

España ha desarrollado en apenas 25 años un sistema descentralizado muy complejo donde se encuentran cuatro niveles de gobierno: europeo, central, autonómico y municipal. Viniendo de un sistema muy centralizado es de alabar la prontitud con la que se ha desarrollado este sistema de gobierno a diferentes niveles. De estos tres niveles, el que queda por desarrollar o dotar de más margen de acción es sin lugar a dudas el municipal.

Muchas competencias que antes eran desarrolladas por el Gobierno central, ahora son ejecutadas desde los diferentes gobiernos autonómicos. El desarrollo del estado autonómico y la transferencia de competencias es una realidad que responde al principio de estar cercanía con el ciudadano.

Las diferentes administraciones tienen tendencia a premiarse por realizaciones que no son fruto de su acción y, al revés, a criticar al Gobierno central cuando algo no funciona en temas que son de su competencia. Esto se debe al desconocimiento de los ciudadanos del mapa competencial.

Entre otras medidas que se pueden promover para hacer que los diferentes niveles de gobierno sean más transparentes proponemos:

Para las Comunidades Autónomas:

En el “Informe sobre la democracia en España1” se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar un órgano "donde el Gobierno central y las Comunidades puedan dialogar y negociar de forma sistemática los problemas que les afecten directamente": la reforma constitucional del Senado puede ser una oportunidad.

Creación de un órgano de seguimiento de las decisiones tomadas entre las diferentes CCAA

En los municipios:

Fomento del presupuesto participativo.

Promoción del voluntariado y desarrollo de cauces oficiales de escucha con asociaciones y hacerlas participar en la toma de decisiones.

1 Informe sobre la democracia en España 2007: la estrategia de la crispación, VVAA, Ed. Fundación Alternativas, Madrid, 2007

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Otras propuestas

Contratos de gestión de las administraciones públicas con el objeto de clarificar los servicios prestados por cada administración y facilitar la fiscalización del servicio por parte de los ciudadanos.

Inventariar los servicios públicos prestados por cada administración y publicitarlos (webs y publicación enviada al domicilio de los ciudadanos)

Aplicación de la metodología de responsabilidad social corporativa a las administraciones públicas.

6.4 Transparencia de las instituciones públicas

“La democracia pierde legitimidad cuando el Estado de Derecho se tambalea. Y el Estado de Derecho se tambalea cuando el sistema judicial no es suficientemente independiente de toda clase de presiones y no dispone de una buena información para documentar sus sentencias que evite la impunidad de los crímenes y delitos. Pero la democracia también se debilita cuando la clase política no sabe deshacerse de la corrupción y cuando la administración pública no es transparente ni eficaz.”2

El acceso a la información es una pieza clave para asegurar la transparencia y democracia de las sociedades. Se fundamenta en el principio de que cualquier persona tiene derecho de conocer, en condiciones de igualdad, toda información en poder de instituciones públicas sin necesidad de ser parte interesada, siempre que esto no vulnere otros derechos.

El ejercicio del "Derecho a saber" lleva asociados una serie de beneficios sociales, entre los que se encuentran:

Incremento del conocimiento ciudadano sobre asuntos públicos, promoviendo la participación informada en la toma de decisiones que afectan al interés común.

Promoción de la eficiencia en las AA.PP., al ser éstas conscientes de que su trabajo puede ser examinado, entendiéndose a la vez mejor sus dificultades.

Constitución de una fuente de información alternativa a los medios de comunicación, para que la ciudadanía se forme una opinión propia sobre la sociedad en la que vive y las autoridades que la gobiernan.

Reducción de malas prácticas en las AA.PP., facilitadas a menudo por la cultura secretista, permitiendo a los ciudadanos controlar la integridad de los funcionarios públicos y dificultando el camino a la corrupción.

Más de cincuenta países en el mundo han adoptado leyes que facilitan el acceso a la información pública y otros treinta tienen leyes en proceso de aprobación. En el caso de

2 Vid. Anexo al Plan Anticorrupción presentado en España en febrero de 1992. Anexo Plan Anticorrupción '92

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http://www.pangea.org/~jbardina/epddesa3.htm


España, se puede decir que no existe una ley específica que garantice de forma general este derecho.

Se proponen los siguientes ejes de actuación:

La transparencia en las cuestiones públicas debe comenzar a tratarse desde la vía educativa, esto es, con la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”. De esta forma podría empezar a generarse un “germen” de ciudadanos, individuos con interés por conocer, con ganas de informarse.

La dotación de información es un derecho fundamental para los ciudadanos, pero también es responsabilidad de quien administra la información preparar a los receptores para que puedan asimilarla. Y desde luego, debe llevarse a cabo de la manera más transversal posible, alcanzando el mayor número de áreas y responsabilizando a los sujetos de su posición ante la misma.

6.5 Sociedad civil

La participación ciudadana es la relación asociativa que los ciudadanos entablan voluntariamente para promover sus intereses e ideología. Ésta no incluye la actividad asociativa con fines de lucro, el sector privado o el gobierno. La participación ciudadana significa el acceso al desarrollo de las personas en sus distintas facetas humanas, intelectuales, sociales, psicológicas, cívicas, etc. Si la participación ciudadana es baja, el acceso que tiene el ciudadano a su propio desarrollo social será también bajo.

En España existe una capa muy grande de ciudadanos que no pertenecen a ninguna asociación. Las asociaciones, que son pocas y mal orientadas, no sirven de vínculo entre los ciudadanos y el gobierno.

En los países más avanzados de la UE el nivel de participación ciudadana es más alto, porque se hizo un trabajo previo de sensibilización en la población. Se trata de obtener el mismo nivel de participación ciudadana que en los países de nuestro entorno ya que esto hará que el ciudadano este más cerca del gobierno y tenga más confianza en la política y en las instituciones; esto hará en definitiva que la calidad democrática del país sea más alta.

Las medidas que proponemos son:

Creación de una Coordinadora Nacional de Participación Ciudadana y, a través de los Ayuntamientos, creación de centros de difusión. El objetivo es difundir la importancia de que el ciudadano tome parte activa en la vida cívica en toda su dimensión.

Incentivación a los Ayuntamientos para la creación de asociaciones apartidistas. Organización de eventos donde se propague el valor de la sociedad civil, involucrando desde a niños como a mayores.

En las escuelas, en la materia de educación cívica, difusión del concepto de sociedad civil con todos los derechos y obligaciones que ello implica.

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En las universidades, creación de fora de estudiantes para que estos expongan sus inquietudes y sirvan de cauce para la creación de nuevas asociaciones.

Promoción del voluntariado. Creación de oficinas municipales de voluntariado con funcionamiento parecido al de una oficina de empleo. Las asociaciones plantean sus ofertas y los ciudadanos deciden cuanto tiempo y en qué lo quieren invertir en función de sus capacidades y ganas.

Banco del tiempo. Fomento del sistema de intercambio de servicios por tiempo. Este sistema en el que la unidad de intercambio no es el dinero sino una medida de tiempo, por ejemplo una hora, conlleva la ventaja de fomentar las relaciones sociales y la igualdad entre distintos estratos económicos.

Fomento de la participación de personas mayores en los servicios a los vecinos.

6.6 Presupuestos participativos

La sociedad se ve confrontada cada día con problemas tan de actualidad como la decreciente participación ciudadana en el proceso democrático, la corrupción de los cargos representativos y de los funcionarios públicos o el distanciamiento de los ciudadanos en relación con el medio urbano y rural en el que viven.

Frente a estas amenazas a la cohesión social, ciertas iniciativas políticas tratan de lograr una mayor implicación de los ciudadanos en la gestión de nuestro patrimonio común. Algunas, como la vía referendaria, tienen una larga tradición en ciertos países. Otras, como los presupuestos participativos, han conseguido éxitos innegables en los lugares donde han sido probadas.

El Presupuesto Participativo es un proceso por el cual la población define o contribuye a definir el destino de todo o una parte de los recursos públicos . Es una de las pocas experiencias de democracia directa que ha proporcionado resultados positivos y siempre en el ámbito de la administración local.

El primer paso que hay que superar para su implantación es conseguir la participación de los ciudadanos; para ello, el método más aplicado es la articulación de la participación a través de asambleas de barrio. Las asambleas de barrio deciden las prioridades de inversión en su entorno y tienen una comunicación directa con los responsables locales.

En Europa, el objetivo principal no es desarrollar los servicios públicos, sino impulsar a los ciudadanos a participar en la gestión del presupuesto local. Los ciudadanos dejan de ser simples observadores para convertirse en protagonistas de la gestión pública, es decir, ciudadanos plenos, activos, críticos y exigentes . En contraposición, el PP estimula los procesos de modernización administrativa y alimenta la planificación estratégica.

Existen algunas condiciones básicas para implantar un Presupuesto Participativo entre las que destacan el cumplimiento de los compromisos presupuestarios contraídos con la

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http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero

http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque


población y una clara definición de las reglas del juego. Estas reglas se refieren a las cantidades que serán discutidas, los tiempos y las reglas para la toma de decisiones.

Se propone promover la implantación de presupuestos participativos en la administración local a través de una asignación extraordinaria por parte del Gobierno central.

6.7 Sistema electoral

El sistema electoral español cumple con los principios de representación, aunar territorialidad con población, consecución de gobiernos estables y gobernables y pluralidad.

El sistema electoral español, en tanto que instrumento cuya finalidad última es garantizar un sufragio igualitario y democrático y dar traducción a los votos en términos de representación política, ha sido un modelo lo suficientemente eficaz (ha permitido mayorías y gobiernos relativamente estables, así como la alternancia en 1982 y 1996) como para que siga manteniéndose prácticamente consolidado e inalterado veinte años después de aprobarse por consenso sus líneas maestras en la fase inicial de la transición.

Propuestas:

Debate en profundidad sobre la oportunidad de introducir listas abiertas en el sistema electoral por oposición a las listas cerradas.

Promoción en nuestra cultura electoral que, de igual manera que se ha hablado de cuotas de mujeres en las listas electorales, se haga para inmigrantes. La población inmigrante en España es en estos momentos el 10% de la población total (4.482.568 inmigrantes) y deberían estar mejor representados.

Derecho al voto en las elecciones locales para los residentes de origen extranjero (no comunitario).

Facilitar el ejercicio del voto en el exterior

El voto en urna en consulados y embajadas ha sido una demanda histórica, que ya se recogió en el programa de las pasadas elecciones. Continúa siendo una de nuestras demandas, pero además, debe seguir mejorándose el sistema de voto por correo, ampliando los plazos y haciendo una simplificación en el modo de voto. No podemos tolerar que el voto de los españoles en el exterior esté constantemente sometido a sospecha. Sin duda, la pista a explorar más seria y adecuada al exterior es la del voto electrónico, un sistema puesto en práctica en otro países, que ofrece garantías equivalentes o superiores al voto por correo y que presenta numerosas ventajas prácticas.

El sistema electoral debería responder a la movilidad de la población. Los españoles que están estudiando, viajando pero que no quieren perder su residencia en España, no tienen posibilidad de votar en el consulado español del país donde se encuentren, ni tampoco votar por correo; su única opción es la de viajar a España a votar. Proponemos que una vez solicitada la inscripción en el consulado no haya que esperar para recibir las papeletas del voto.

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Por último proponemos no tener que hacer dos trámites diferentes para poder votar: por un lado, inscribirse en el consulado, y, por otro, e inscribirse en el censo español de residentes ausentes (CERA), si no que automáticamente la inscripción en el consulado implique la inscripción en el CERA.

Representación política de españoles en el exterior

Los españoles en el exterior demandamos representación en las Cortes. Algunos socios europeos como Italia o Francia ya lo contemplan en su legislación electoral. Es el momento de hacer una reflexión profunda sobre las vías para que esta demanda sea canalizada adecuadamente. Se pueden explorar diferentes vías, desde la inclusión de españoles en el exterior en las listas de los partidos hasta la reforma de la ley electoral, o, idealmente, la reforma de la Constitución para crear una o varias circunscripciones exteriores. Es un tema de profundo calado político que necesita un estudio político y jurídico riguroso. En todo caso, el objetivo de avanzar hacia una representación parlamentaria de los españoles en el exterior debería figurar entre las propuestas principales en lo que respecta a los españoles en el exterior.

Una primera propuesta para sensibilizar a la clase política y a la sociedad en general sobre la realidad de los españoles en el exterior y mejor poder atender nuestras demandas y necesidades, sería extender la cobertura de los informes del CIS a los españoles en el exterior y darles amplia visibilidad.

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7 FEDERALISMO

La Constitución de 1978 reconoce que España es una realidad plural. Podemos decir incluso plurinacional pues el artículo 2 hace una doble referencia a “las nacionalidades” y “regiones”. Ello implica el reconocimiento de la existencia de unas conciencias colectivas de pertenencia a una comunidad política más fuertes que otras. Podemos decir, pues, que la organización territorial del Estado español es dual (en la medida en que se estipulan dos categorías de comunidades autónomas: nacionalidades y regiones) y asimétrica (en la medida en que algunas comunidades autónomas han alcanzado techos competenciales más altos que otras).

Se pueden distinguir varias fases en el proceso de construcción y desarrollo del Estado de las Autonomías.

La etapa que se inicia en 1993 pone de manifiesto algunas insuficiencias y disfunciones que plantean la necesidad de reforma del sistema: la uniformidad o heterogeneidad en el desarrollo del modelo, el reconocimiento del llamado “hecho diferencial”, la corresponsabilidad fiscal, la reforma del Senado, etc. Hoy, el desarrollo autonómico plantea la necesidad de dar una solución a un doble problema: la integración política de las "nacionalidades históricas" y la consolidación de un modelo de descentralización política y administrativa, coherente, eficaz y moderno.

La victoria socialista en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 ha propiciado un cambio en la situación, al mostrarse el nuevo Gobierno socialista partidario a abrir un proceso de reforma de la Constitución. El objetivo es múltiple: convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial, incluir la mención expresa de las CC.AA. y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y aceptar las propuestas de reforma de los Estatutos para conseguir, entre otras cosas, que las CC.AA. tengan más capacidad para prestar más servicios a los ciudadanos. Todo ello en la medida en que las iniciativas de reforma atiendan a los principios de consenso y constitucionalidad.

Esto ha dado lugar a lo que se viene denominando en las esferas políticas y mediáticas la "segunda transición". En este contexto, las tensiones territoriales encontraron su punto culminante con la propuesta, recusada por las Cortes Generales, del llamado "Plan Ibarretxe" consistente en la sustitución para el País Vasco del actual régimen de autonomía por un sistema de libre asociación. Hemos conocido otro punto álgido con la reforma del Estatuto catalán.

Consideramos que un modelo autonómico que no defina claramente las competencias respectivas del Estado central y de las CC.AA. está condenado a un permanente proceso de negociación, que conlleva una considerable inestabilidad política. El Estado de las Autonomías supone un desarrollo continuo que impide definir el perímetro del Estado resultante y que caracteriza el afán de las CC.AA. de apropiarse del mayor número de competencias en un proceso que conlleva una clara dinámica centrífuga.

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Es fundamental reconocer de manera más realista y justa la pluralidad y la diversidad existente entre las diversas CCAA. Al mismo tiempo, es también fundamental reforzar el deber de solidaridad entre ellas, tal como lo establece igualmente el mismo artículo 2 de la Constitución.

¿Por qué conviene transformar el Estado de las Autonomías en uno federal? Porque no cumple la función integradora del Estado federal (por ejemplo: ausencia de una auténtica cámara de representación territorial) y derrapa hacia uno confederal. El Estado de las Autonomías conlleva una dinámica centrífuga que a la larga lo hace inviable. Decidirse por un Estado federal representa la única forma de reintroducir una dinámica territorial coherente, realista, simétrica y estructurada.

Estos son los ejes de actuación que proponemos:

Reforma del Título VIII de la Constitución Española para transformar el "Estado de las Autonomías" en un "Estado federal". Concretamente:

- Reforma del Senado, que pasaría a ser una verdadera cámara de representación territorial.

- Presencia de los representantes de los gobiernos autonómicos en los Consejos de Ministros europeos.

La dimensión "europea" de esta propuesta conllevaría un mejor encaje de las políticas de solidaridad de la UE en las administraciones autonómicas. Tales políticas europeas (agricultura, fondos de cohesión económica y social, desarrollo rural y urbano, medio ambiente y ordenación territorial) se aplicarían de manera más eficiente por las entidades regionales.

Consolidación constitucional de las reuniones anuales de la "Conferencia de Presidentes". Las reuniones de la conferencia de presidentes podrían tener lugar dos veces al año, antes o después, respectivamente, de los Consejos europeos.

Creación de la cartera de "Ministro de Asuntos Europeos" y de una "Conferencia territorial de asuntos europeos" que reuniría al Ministro de asuntos europeos y a los consejeros regionales encargados de coordinar la aplicación de las políticas europeas a escala autonómica.

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8 Epílogo

Aspiramos a que:

Se reforme la Constitución española de 1978 para adaptarla a la evolución política, económica, territorial, europea, internacional, social y cultural de la sociedad española.

Se relance el proceso de paz retomando el diálogo con ETA, tan pronto como se den las circunstancias apropiadas, con el objetivo de poner fin al terrorismo y a la violencia callejera.

Se impulse el diálogo con los gobiernos británico y gibraltareño para encontrar una solución progresiva al contencioso sobre la soberanía de Gibraltar.

Se apoye sin ambages el proceso de autodeterminación del Sahara Occidental dirigido por la ONU ante la Unión Europea y ante otras instancias internacionales y regionales, de conformidad con las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y con el proceso de diálogo establecido con todas las partes interesadas (Reino de Marruecos, Argelia, Representante especial de Naciones Unidas).

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9 Anexo: composición del grupo de trabajo

Coordinación: Julio Guzmán

Colaboradores:

Paco Bataller

Luís Boris

Virginia Bustos

Salvador Cervera

Javier de la Calle

Gina Dueñas

David Espí

José Gavilán

Gabriela Hernández

Patricia Lamas

Ángel Landabaso

Carmen Madrid

Carmen Marqués

Jesús Melero

Tom Morgan

Miguel Ángel Palacios

Antoine Quero

Teresa Riera

Carlos Rodríguez Casal

Fernando Sánchez-Amillátegui

Manuel Sanchís

Juan Saura

Beatriz Talegón

Eva Ureña

Raúl Zorita Díaz

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