PPPPROBLEMTICA PPPPBLICA CCCCOLOMBIANA

PROGRAMA ADMINISTRACIN PBLICA TERRITORIAL

JESUS MARIA MOLINA GIRALDO

Docente Planta ESAP

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIN PBLICA

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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIN PBLICA

Director HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO

Subdirector acadmico CARLOS ROBERTO CUBIDES OLARTE

Decano Facultad de Pregrado JAIME ANTONIO QUICENO GUERRERO

Coordinador Nacional de A.P.T JOSE PLACIDO SILVA RUIZ

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIN PBLICA JESUS MARIA MOLINA GIRALDO

Bogot D.C., Enero de 2008

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CONTENIDO

DE LOS NCLEOS TEMTICOS Y PROBLEMTICOS 1 PODER DE ESTADO Y PODER PBLICO EN COLOMBIA 1.1 Introduccin 1.2 Justificacin 1.3 Elementos Conceptuales 1.4 Poder Estatal y Poder privado en Colombia 1.5 Poder de Estado y Poder Pblico en Colombia 1.6 Reflexiones Generales 1.7 Evaluacin 2 ESFERA PBLICA POLTICA EN COLOMBIA: LA RELACIN

ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD

2.1 Introduccin 2.2 Justificacin 2.3 Elementos Conceptuales 2.4 Mediaciones entre Estado y Sociedad 2.5 La apertura del Estado a la Sociedad en Colombia 2.6 Limites a la apertura poltica del Estado 2.7 Institucionalidad de la esfera pblica poltica en Colombia 2.8 Actores y acciones en la esfera pblica poltica 2.9 Reflexiones Finales 2.10 Evaluacin 3 ESFERA PBLICA COMUNICATIVA Y OPININ PBLICA EN

COLOMBIA

3.1 Introduccin 3.2 Justificacin 3.3 Elementos Conceptuales 3.4 Constituyente de 1991 y comunicacin pblica 3.5 Garantas institucionales respecto de los derechos de la esfera pblica

comunicativa

3.6 Pluralismo en la esfera pblica comunicativa en Colombia

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3.7 Actores sociales, polticos e institucionales y opinin pblica en Colombia

3.8 Reflexiones Finales 3.9 Evaluacin 4 LO PBLICO ESTATAL Y LO PBLICO NO ESTATAL. UNA

MIRADA PARA INICIAR EL ANALISIS DEL CASO COLOMBIANO

4.1 Introduccin

4.2 Justificacin

4.3 Administracin pblica o estatal?

4.4 Funciones pblicas estatales y sociales

4.5 Lo pblico no estatal entendido desde las asociaciones pblico- privadas

4.6 Lo pblico no estatal desde los medios de comunicacin

4.7 Evaluacin

Bibliografa

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DE LOS NUCLEOS TEMTICOS Y PROBLEMTICOS

El plan de estudios del Programa de Administracin Pblica Territorial, modalidad a distancia, se encuentra estructurado en siete ncleos temticos. stos, a su vez, se constituyen en los contenidos nucleares del plan de formacin que, en la exposicin didctica del conocimiento, se acompaan de contenidos complementarios especficos.

Cada uno de los siete ncleos temticos que componen el programa tiene una valoracin relativa en nmero de crditos y, en consecuencia, vara tambin en el nmero de asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier proceso de formacin ha de establecer las particularidades del programa, de ah que sea necesario dar a conocer los ncleos temticos con su respectiva valoracin en nmero de crditos: Problemtica pblica, once (11) crditos; Problemtica del estado y del poder, 23 crditos; Organizaciones pblicas, 24 crditos; Espaciotiempo y territorio, 22 crditos; Gestin del desarrollo, 16 crditos; Economa de lo pblico, 18 crditos; y Formacin general, 21 crditos.

De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el principio de la problematizacin. En otras palabras, la formacin en Administracin Pblica Territorial parte del hecho de que la disciplina se encuentra en constante cambio terico y prctico; lo cual genera, a su vez, problemas multifacticos que implican la formacin de profesionales con capacidad de comprender, explicar y resolver los distintos textos y contextos que conforman la administracin pblica.

Problemtica Pblica

Problemtica del Estado y del Poder

ADMINISTRACINADMINISTRACINADMINISTRACINADMINISTRACIN

PBLICAPBLICAPBLICAPBLICA

TERRITORIALTERRITORIALTERRITORIALTERRITORIAL

EspacioTiempo y Territorio

Gestin del Desarrollo

Economa de lo Pblico

Organizaciones Pblicas

Formacin General

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NCLEO: PROBLEMTICA PBLICA

En la formacin de un Administrador Pblico es fundamental estudiar que es lo que se denomina pblico. Esta palabra tan cotidiana, posee un campo de estudio amplio que ha evidenciado sus mltiples problemticas. Por ello, este ncleo tiene por objetivo conocer la naturaleza de lo pblico y su transformacin en los diferentes contextos espacio/temporales, en las diferentes posturas epistemolgicas y lgicas bajo los cuales se ha abordado dicho conocimiento, a travs de los distintos problemas contemporneos que se estructuran alrededor de lo pblico y determinar sus manifestaciones y transformaciones en contextos espacio/temporales especficos.1

En la actualidad se hace necesario comprender los problemas de lo pblico, en los distintos escenarios que ofrecen la poltica, la economa, la organizacin social y la cultura a nivel local, nacional e internacional. Lo pblico y sus debates son temas de primer orden en las acciones humanas contemporneas. Por una parte los avances en las ciencias y la tecnologa, los medios de comunicacin y las TICS y las organizaciones transnacionales. Y por otra, la expedicin de nuevas constituciones en las ltimas dcadas, los nuevos ordenamientos polticos y sociales, los problemas de etnias, gnero, generacin, medio ambiente, subjetividad, globalizacin, autonoma y tica, son algunos de los ejemplos de la pertinencia del estudio de este tema.

En este sentido el desarrollo del ncleo Problemtica Pblica, segn Ramiro Vlez 2005 se orienta, desde su mirada histrica, en tres dimensiones bsicas: Las condiciones que han definido lo pblico como un fenmeno socio-cultural y poltico; las reflexiones que en torno a l se han generado (enfoques, doctrinas, teoras) y las situaciones especficas que configuran la problemtica pblica colombiana.

Para desarrollar estos contenidos se han organizado cinco (5) asignaturas recopiladas en sus respectivos mdulos. A continuacin se presenta cada una de ellas.

1 Tomado del Documento de Condiciones Iniciales, Factor No 4 Estructura Curricular. Escuela Superior de

Administracin Pblica. Programa a Distancia. 2004.

ASIGNATURAS DEL NCLEO PROBLEMTICA PBLICA CRDITOS SEMESTRE 1. Escuelas Filosficas y Cambios Paradigmticos I 2 1 2. Escuelas Filosficas y Cambios Paradigmticos II 2 2 3. Introduccin a La Problemtica Pblica 2 3 4. Pensamiento Administrativo Pblico 2 4

5. Problemtica Pblica Colombiana 2 7

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EL TRABAJO DEL TUTOR

El tutor tendr libertad de ctedra en cuanto a su posicin terica o ideolgica frente a los contenidos del mdulo, pero el desarrollo de los contenidos de los mdulos son de obligatorio cumplimiento por parte de l. Los Tutores podrn complementar los mdulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio para el estudiante frente a la evaluacin del aprendizaje son los contenidos de los mdulos; es decir, la evaluacin del aprendizaje deber contemplar nicamente los contenidos de los mdulos. As mismo, la evaluacin del Tutor deber disearse para dar cuenta del cubrimiento de los contenidos del mdulo.

El Tutor debe disear, planear y programar con suficiente anticipacin las actividades de aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesin de tutora (incluyendo la primera). Tambin debe disear las estrategias de evaluacin del trabajo del estudiante que le permita hacer seguimiento del proceso de autoaprendizaje del estudiante. Por cada crdito, 16 horas son de tutora presencial o de encuentro presencial y 32 horas son de autoaprendizaje (y este tiempo de trabajo del estudiante debe ser objeto de seguimiento y evaluacin por parte del tutor). Las asignaturas (mdulos) de APT son de 2, 3 y 4 crditos.

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PROBLEMTICA PBLICA COLOMBIANA

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PRESENTACIN

El estudio de la problemtica pblica contempornea permite el abordaje de distintos aspectos y elementos que terminan siendo constitutivos de los mltiples mbitos en los cuales se mueve la sociedad colombiana actual. En este sentido, se habla de componentes sociales, econmicos, polticos, histricos, entre otros. Componentes distintos pero articulados e integrados con ocasin de perspectivas conceptuales y valorativas de lo pblico. Al incluir los elementos en un todo la problemtica pblica colombiana contempornea- existe mayor probabilidad de que se obtengan suficientes elementos para el anlisis de la situacin social actual de nuestro pas. Posibilidad que no se presenta si cada aspecto se estudia por s solo en su unicidad, sin tener en cuenta los diversos trazos y la compleja urdimbre de relaciones entretejida entre las variables.

El presente mdulo pretende hacer evidente la complejidad de relaciones tejidas en la problemtica colombiana desde la dcada de los aos 90 hasta la actualidad, cuya comprensin se hace absolutamente necesaria si se quiere contar con los elementos para efectuar un anlisis integral, amplio y complejo de la realidad del pas. Cada captulo el mdulo Problemtica pblica colombiana cuenta con elementos conceptuales que, desde lo pblico, permiten comprender y evaluar la problemtica actual del contexto nacional desde referentes tericos amplios e integrales elaborados por diversos autores y perspectivas. A lo anterior se suma el anlisis de las diversas problemticas colombianas que toman como criterios o referentes de anlisis los conceptos delimitados al inicio de cada captulo.

El primer captulo, titulado Poder de Estado y poder pblico en Colombia, pretende cuestionar el concepto comn y tradicional segn la cual el poder de Estado se identifica plenamente con el poder pblico. Busca, entonces, dar argumentos de fuerza para demostrar la equvoca asimilacin entre uno y otro; desarrolla diferentes enfoques tericos que han trabajado en torno al tema y, desde all, da paso al anlisis de las relaciones existentes entre poder pblico, poder estatal y poder privado en Colombia. De manera especial se examinan lgicas como el clientelismo, el corporativismo, la corrupcin, etc.

El segundo captulo, titulado Esfera pblica poltica en Colombia: La relacin entre el Estado y la sociedad, pretende dilucidar las diversas formas de mediacin entre el Estado y la sociedad y las maneras como en ella han interactuado los diversos actores sociales y polticos. El logro de tal objetivo implica, en primera instancia, delimitar conceptualmente la esfera pblica poltica al asumirla como un ente de mediacin y/o interaccin entre la sociedad y el Estado y viceversa. Las herramientas conceptuales adquiridas se articulan para examinar la constitucin de la esfera pblica en Colombia e identificar sus mltiples modalidades. De modo especfico se revisarn mecanismos como la representacin poltica, la participacin ciudadana y las organizaciones sociales y movimientos polticos. Asimismo, se pretende un

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acercamiento a la influencia de estos ltimos en torno a la construccin de la esfera pblica y su posicionamiento como institucionalidad pblica-poltica en Colombia. En pocas palabras, se formula una pregunta acerca de las condiciones institucionales que permiten la inclusin y/o exclusin de los actores sociales polticos en la esfera pblica colombiana.

El tercer captulo,Esfera pblica comunicativa y Opinin pblica en Colombia, busca examinar la democratizacin y el pluralismo en el acceso a los medios de comunicacin en Colombia para as conocer las condiciones para el ejercicio de la participacin a travs del habla. Se evidencia all que la opinin pblica no consiste solamente en lo comunicado por los medios de comunicacin de masas, sino que guarda una perspectiva poltica de crticas y posturas de los ciudadanos frente a las actuaciones del Estado y los problemas de relevancia social. Se realiza un anlisis de las condiciones que en Colombia coadyuvaron a la renovacin poltica institucional de la esfera pblica; renovacin efectuada a partir del proceso de la instauracin de la Carta Poltica del 91 y los derechos consagrados como mecanismos idneos para hacer realidad la conformacin de una esfera pblica comunicativa en Colombia. Se examinan y analizan las diversas dinmicas acaecidas por la actuacin de los mltiples actores que se hacen partcipes de lo social y lo poltico, tanto de la esfera formal como de la informal.

Un ltimo captulo, nominado Lo pblico estatal y lo pblico no estatal. Aproximaciones al contexto colombiano, se consagra al surgimiento de lo pblico desde una mirada no estatal centrada en las relaciones entre ciudadana-ciudadana, ciudadana-Estado y privados-estado. Relaciones que se presentan como un reto para los mismos ciudadanos y privados que ahora deben asumir un papel de responsabilidad y empoderamiento de los procesos de toma de decisiones pblico-polticas. De igual forma, se ubica la necesidad de reconstruir la administracin pblica segn el criterio de construccin de lo pblico de acuerdo con las perspectivas de los diferentes agentes sociales provenientes desde el mismo seno de la sociedad.

JUSTIFICACIN La formacin del administrador pblico necesariamente incluye un anlisis profundo y concienzudo de la problemtica pblica colombiana actual. En especial si se entiende que el ejercicio de la administracin pblica recae de forma directa sobre la vida en sociedad y debe realizarse en un marco democrtico que obliga a estar en funcin de y con la participacin de la sociedad. En tal sentido, el administrador no puede estar ajeno a la problemtica actual colombiana, expresada por fenmenos como la corrupcin, el clientelismo, las empresas electorales, el burocratismo y la exclusin poltica, entre otros. De tal forma que la perspectiva y la comprensin de la problemtica colombiana son cruciales y determinan no solo el ejercicio del profesional, sino algo ms importante: el ejercicio del ser de la administracin pblica.

Una de las funciones primordiales de la administracin pblica debe encaminarse a la solucin de los problemas sociales, polticos y econmicos ms acuciantes de la sociedad colombiana en los ltimos aos. Solucin que

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debe estar tanto en manos de los polticos o altas esferas gubernamentales como en manos de administradores pblicos y ciudadana en general. Esto no puede pensarse como una concepcin idlica o utpica si se tiene en cuenta que los primeros cuentan con la formacin terica y con la prctica necesaria para abordar el conocimiento de la problemtica colombiana y, por ende, quienes en mayor medida pueden contribuir a su solucin.

OBJETIVOS

GENERALES

Elaborar un marco general par el anlisis de la Problemtica pblica colombiana a partir de conceptos tericos relacionados con lo pblico y mediante el establecimiento de contextos socio-temporales generales para ahondar en su comprensin y anlisis.

Analizar los diferentes elementos, aspectos y componentes de la situacin colombiana actual, as como la interrelacin que en ellos se establece y que dan paso a la conformacin de un todo denominado problemtica pblica colombiana contempornea.

Producir anlisis y posturas crticas acerca de las diversas problemticas planteadas en el mdulo.

ESPECFICOS Delimitar conceptualmente los elementos tericos que sirven de marco general para el anlisis de la problemtica pblica contempornea e identificar el desarrollo de diferentes conceptos como lo pblico, poder publico, esfera publica, opinin publica y publico no estatal, entre otros, a partir de diversos autores.

Contextualizar los diferentes mbitos en que dichos conceptos pueden ser aplicados y analizados a partir de la problemtica colombiana.

Analizar el comportamiento de las variables, la correlacin de los actores sociales y la influencia de factores externos e internos que hacen parte del correlato de la problemtica pblica colombiana.

Examinar casos especiales y especficos de la realidad colombiana que constituyen una modalidad de problemtica pblica y que, de forma ms amplia e integral, hacen visible su naturaleza.

Formular actividades de aprendizaje para que, a travs debates y la discusin en grupo, se fomenten procesos de retroalimentacin acerca de lo aprendido y, de modo consecuente, generar posturas crticas frente a lo planteado en el documento.

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METODOLOGA Pedaggica

Elaboracin y delimitacin conceptual de los trminos referidos a la problemtica especfica desarrollada en cada captulo. Se hace alusin a diversos autores cuyas posturas tericas permiten la construccin conceptual de los elementos desarrollados en el documento. Postulados a partir de los cuales se puede efectuar el anlisis y la crtica de las problemticas expuestas.

Exposicin de la problemtica pblica referida y posterior anlisis a partir de la delimitacin terica de trminos y conceptos. Este aparte consta de una breve exposicin de la problemtica especfica, su anlisis y evaluacin para valorar qu tan acertados estn los elementos tericos frente a la realidad que analizan. Para ello se examinan de manera integrada casos ilustrativos de la problemtica.

Finalmente, se cierra cada captulo con unas reflexiones finales o, si se quiere, unas conclusiones generales- que, de manera concisa y breve, recapitulan los elementos tratados en el captulo y resaltan sus aspectos ms importantes.

Didctica

Se proponen actividades en grupo acerca de lo expuesto en los acpites. Retroalimentacin que debe ir acompaada de procesos de anlisis, estudio de variables y de su correlacin, debate y discusin que permitan fortalecer procesos del aprender y desaprender a partir de la puesta en escena de posturas y reflexiones distintas a las dadas individualmente. Asimismo, el debate con profesores y con compaeros de trabajo permite complementar y fortalecer tanto la visin que cada estudiante tiene acerca de la problemtica pblica como la que en colectivo se tiene de la misma.

Frente a la problemtica los estudiantes harn explcitas sus valoraciones y el porqu y para qu de conocer la problemtica pblica colombiana; valoracin que va ms all de sus actitudes morales y polticas frente a los asuntos.

Se proponen actividades de reflexin acerca de problemticas pblicas que se encuentren inscritas en los mbitos regional y local ms prximos y de mayor conocimiento de los estudiantes. Se busca que los estudiantes pongan en prctica lo teorizado en el mdulo a partir de la contextualizacin de los conceptos o de la identificacin y examen de las mismas problemticas en los mbitos particulares.

Se desarrollan actividades de bsqueda en Internet y en prensa que pretenden generar incentivos a los estudiantes para que se interesen por cuestionarse e indagar acerca de lo expuesto en el Mdulo; en especial, a travs de la bsqueda de hechos o casos que estn sucediendo en la actualidad cercana del pas.

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EVALUACIN En cada unidad se realizaran una serie de ejercicios acompaados de una metodologa especfica. Se exponen pautas para su realizacin al final de cada unidad: relatoras, anlisis de prensa, ensayos, mesas redondas, estudios de caso. Al estar constituido el mdulo por cuatro unidades, la evaluacin de cada una tendr un porcentaje del 20% de la nota, para sumar un 80%; el 20% restante estar dado por una evaluacin final, a manera de examen o parcial. Al final de cada capitulo, se expone un cuadro de evaluacin donde se sealan los ejercicios, los criterios de evaluacin y el porcentaje de cada uno de ellos dentro de una nota global de cada unidad. Dichos ejercicios y porcentajes, pueden adaptarse segn los propios contextos y procesos de aprendizaje de las territoriales.

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UNIDAD I

PODER DE ESTADO Y PODER PBLICO EN

COLOMBIA

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11 PPOODDEERR DDEE EESSTTAADDOO YY PPOODDEERR PPBBLLIICCOO EENN CCOOLLOOMMBBIIAA2

1.1 INTRODUCCIN

El concepto de poder pblico no necesariamente resulta coherente con el concepto de poder estatal. El poder del estado se encuentra revestido de una serie de dinmicas y lgicas privadas que, en la mayora de las ocasiones, le imprimen un carcter de beneficio particular al hacer que acte en proteccin de intereses de poderosos grupos y redes de privados, dejando de lado las lgicas del inters general. En Colombia, las formas que adquiere la apropiacin privada del poder estatal corresponden a prcticas como el clientelismo, el corporativismo, la corrupcin y la criminalidad. De la misma forma, el poder pblico no se construye exclusivamente a partir de las dinmicas propias del ejercicio del poder estatal sino tambin de la sociedad, de sus formas de organizacin, de expresin y de comunicacin.

Aunque aqu no se pretende realizar un anlisis exhaustivo de las lgicas privadas, se realiza una delimitacin conceptual de cada una de ellas y se les ejemplifica a travs de la mencin de casos en los cuales se ven inscritos. Es preciso resaltar que la magnitud y la intensidad de dichas prcticas y lgicas de lo privado demuestran que se est frente a fenmenos de carcter sistmico y no simplemente espordico que, de antemano, implican una captura significativa del Estado. Frente a este hecho, es necesario mencionar cmo las lgicas de lo privado se han insertado en las tres ramas del poder de Estado y, por aadidura, a las instancias de control del aparato estatal.

De otra parte, tambin es posible identificar diversas formas que permiten pensar el poder pblico como una construccin venida desde el propio seno de la sociedad. Al respecto, se encuentran instancias de participacin ciudadana que buscan incidir en la configuracin del aparato estatal y en el direccionamiento y conduccin poltica de la sociedad. Las instancias de participacin pueden ser formales, creadas desde el aparato estatal, e informales, que se constituyen en espacios de incidencia e injerencia poltica nacidas desde el mismo seno de la sociedad y van dirigidas a lograr un cambio en las formas de pensar y de hacer la poltica.

2Los aspectos bsicos de este captulo son una sntesis de la investigacin titulada Poder Publico en Colombia adelantada por Jess Molina. Grupo Topos. ESAP, 2006.

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1.2 JUSTIFICACIN El anlisis del real significado inherente al poder de Estado y al poder pblico en Colombia reviste una gran importancia dado que permite identificar la confusin y de las dudas existentes a la hora de examinar el verdadero significado de lo estatal y su relacin con lo pblico. Es ms, puede llegar a afirmarse que el anlisis del poder estatal y su relacin con el poder pblico, a partir de la no identificacin plena de un elemento con otro, brinda un marco de anlisis entre poder pblico y poder estatal.

1.3 ELEMENTOS CONCEPTUALES

En el campo de las ciencias sociales se ha hecho manifiesta la asimilacin del poder pblico al poder estatal. Ha sido tradicional, en diversos campos, tratar los trminos como si significaran lo mismo. Sin embargo, esto no resulta tan evidente si se considera que el poder del estado puede no ser un poder pblico. Aunque se ha pretendido hacer ver que el poder de estado se encuentra exento de lgicas e intereses particulares, dicha pretensin no corresponde de forma significativa con lo observado en los procesos empricos contemporneos relativos a su acceso, control y orientacin

Por denominacin, el poder de estado puede tener la connotacin de pblico, pero deja de hacerlo cuando sus actuaciones no corresponden con el inters pblico de quienes lo financian o se someten a sus decisiones: los ciudadanos. Lo mismo ocurre cuando no se permite a la ciudadana su acceso para beneficiarse de l o para gobernarlo. Tambin se escinden los significados cuando el poder de estado busca los intereses de grupos econmicos o polticos antes que los del conjunto de la sociedad. La identificacin de poder de estado con poder publico, exento de lgicas privadas, gano terreno, por la ficcin liberal del Estado que se posicion en el

Ejercicio 1. Son similares el poder de Estado y el poder pblico? Discutir en grupo y consignar en una relatora las similitudes y/o diferencias entre los dos conceptos. Son esenciales estas definiciones para comprender el Estado en Colombia?

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imaginario social y poltico. Esta considera que el accionar del Estado obedece al principio de neutralidad segn el cual el objetivo de l se encuentra orientado a perseguir el inters general y el bienestar comn de todos los ciudadanos Por esta va, se le hace ver entonces como inmune ante las posibles embestidas de intereses particulares o fines privados que cualquier clase, sector o grupo social quiera imponer al resto de la sociedad3. Segn este ideario, el aparato estatal tiene entonces como finalidad el establecimiento del inters general y no particular, y se constituye en un espacio de carcter pblico completamente impersonal ajeno a la influencia de intereses particulares de cualquier ndole. No obstante, los desarrollos tericos contemporneos desmontan esta concepcin. Autores como Tullock hacen referencia a los Rent Seekers para sealar a aquellos grupos o sectores de empresarios que a travs de alianzas con sectores polticos o burocrticos buscan la prevalencia de sus propios intereses aun cuando se perjudique o se vaya en contra del beneficio de la sociedad. Se habla en consecuencia de la captura del Estado en la cual las decisiones y las reglas de un estado y sociedad se toman en virtud de grupos privados especficos4.De acuerdo con lo anterior, si el poder de estado est permeado y en casos capturado por intereses privados, no habra razones suficientes para decir por qu el Poder de Estado es Poder Pblico.

Dejando de lado la ficcin liberal, otro de los lugares por donde se asimila y poder pblico y poder de estado es aquella concepcin que ajusta a una y otra desde la divisin tripartita de las ramas del poder de Estado (legislativa, ejecutiva y judicial) que las nombra como poderes pblicos. Dicha asimilacin, parece remontarse, a la concepcin antigua del Estado sostenida por los romanos en la cual se le identificaba con la res pblica. Por esa va, lo pblico se corresponde con el andamiaje institucional y organizacional estatal. Esta asimilacin se hizo ms fuerte, cuando en el periodo moderno se habla de derecho pblico y derecho privado5, donde de un lado queda situado lo referente al estado y al otro los intereses particulares.

Al igual que en el caso liberal, esta asimilacin de poder pblico con poder estatal, queda problematizada cuando se revisan algunos tericos que analizan las significaciones del poder poltico como tal. En este sentido, vale la pena resaltar los aportes tericos de dos autores que hacen ver que el atributo pblico del estado corresponde a una modalidad especifica de su estructuracin. Castoriadis concibe el poder pblico como aquel que se construye a partir de la incidencia de los ciudadanos en la toma de decisiones y en las reglas vinculantes para el conjunto de la sociedad. Este poder se construye en el gora o en la asamblea de los ciudadanos, siendo all donde se establecen las condiciones que permiten configurar el autogobierno o la

3Al respecto vase GONZALO, Eduard y REQUEJO, Ferrn. Democracia. Las razones de un sueo que genera monstruos. En: CORTINA, Adela. Diez palabras claves de filosofa poltica. Navarra: Verbo Divino, 1997. p. 24- 96. 4HELLMAN, Icer y KAUFMAN, Daniel. Seize the state Seize the Day. State Capture. Corruption and Influence in Transition Word Bank. Citado por MISAS, Gabriel. La lucha anticorrupcin. Contralora General de la Repblica, 2003. 5Vase BOBBIO, Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Por una teora general de la poltica. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1997. 243 p.

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autonoma de los ciudadanos para gobernarse a s mismos6. El autor referido, se refiere a la democracia como un sistema en el cual los ciudadanos deciden cules son las instituciones que deben establecerse para lograr una mayor armona social, en el sentido, de ser deseables para todos7.

De otra parte, Habermas8, considera que el poder pblico es igualmente una construccin que difiere del poder estatal, pero que se realiza a partir del momento en que la capacidad de conduccin poltica de la sociedad es apropiada por la capa burguesa de la sociedad. Los burgueses, a partir de las prcticas de la comunicacin, la crtica, la formulacin de opinin y la interaccin discursiva frente a un estado absolutista, logran que las decisiones polticas se tomen en funcin suyo y que sean comunicadas y explicitadas de forma pblica al conjunto de la sociedad. El poder de estado se constituye en publico en tanto que la elaboracin de sus leyes y decisiones, se entran a tomar, ya no bajo la primaca de la voluntad del soberano y sus secretos, sino del debate ilustrado y racional pblico que lleven a leyes justas y justificadas. De esta forma, el poder pblico, segn los autores citados, slo es considerado como tal, en tanto que se construye a partir de la capacidad de los ciudadanos para autogobernarse y tomar decisiones de carcter vinculante. Decisiones que los posicionen como actores relevantes dentro del campo de configuracin poltica del Estado. Adems, el poder pblico ya no se asimila a una esfera cerrada y limitada sino, ms bien, como un proceso en construccin abierto e inacabado que siempre est a la espera de redefiniciones y reconceptualizaciones que la sociedad haga de l. De lo anterior podra decirse que no todo poder de estado es pblico, sino solamente aquel que est inscrito en un marco de carcter verdaderamente democrtico. A continuacin, es interesante ver como los elementos conceptuales anotados como se expresan en el caso colombiano. Veamos

1.4 PODER ESTATAL Y PODER PRIVADO EN COLOMBIA

Lo estatal no es pblico en tanto subsisten y perduran en el estado lgicas e intereses privadas. Un primer lugar de la apropiacin privada del Estado lo produce el clientelismo9. Este puede entenderse como una prctica en la cual se tejen una serie de alianzas y de relacionamientos entre los actores estatales y privados, con el objetivo de mantener a los representantes polticos en los centros de toma de decisin para mantener sus privilegios o grupos afines. Ello implica que las acciones, las estrategias y los recursos del Estado no van 6CASTORIADIS, Cornelius. La democracia como procedimiento y como rgimen. En: Iniciativa socialista, No. 38 (feb., 1996). Ecole de hautes tudes en sciences sociales de Pars 7Ibd. 8 HABERMAS, Jurgen. Historia y crtica de la opinin pblica. G. Gilli. Barcelona Espaa. 1994. Pg. 41-

42. 9AUYERO, Javier. Favores por votos? Estudios sobre clientelismo poltico. Buenos Aires: Losada, 1997.

Ejercicio 2. Por grupos, con base en 20 artculos investigativos de la prensa nacional (Semana, Cambio, El Tiempo, El Espectador) realizar una caracterizacin de la apropiacin privada del Estado en Colombia y consignarla en un trabajo escrito. Dicho trabajo deber exponerse y contrastarse con lo sealado en esta unidad. Cada grupo se encargara de un sector en especfico: 1) cargos pblicos 2) seguridad social 3) empresas del estado 4) municipios 5) defensa y seguridad.

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dirigidos a la satisfaccin del grueso de la poblacin, sino que se orientan al beneficio de redes clientelares.

Varias lgicas privadas se estructuran dentro de la prctica del clientelismo. En primer lugar, gran parte de los recursos pblico-estatales antes que destinarse al grueso de la ciudadana llegan a las cuentas de los agentes polticos y sus clientelas. En segundo lugar, esos mismos recursos se administran desde criterios de orientacin particular antes que pblica, con lo cual se beneficia solamente los sectores y territorios propios de las redes clientelares y no al conjunto de la sociedad. Y, por ltimo, se da un proceso de privatizacin de la voluntad poltica pues el comportamiento poltico de los ciudadanos no se rige por las lgicas propias del inters general, sino por las correspondientes del l inters privado donde los ciudadanos participan en los procesos formales-democrticos siempre y cuando obtengan beneficios particulares por parte del agente poltico a quien apoyan.

A juzgar por la forma como en Colombia se nombran las autoridades y los funcionarios con base en criterios ms polticos que meritocrticos, se puede pensar que el estado esta permeado por las redes clientelares que hacen uso de sus vnculos y/o influencia poltica para tener incidencia en las instancias del Estado. Se estima que en Colombia, de los 800.000 a 900.000 empleos provistos por el Estado, sin contar los que estn en carreras administrativas especiales - educadores, fuerzas armadas, diplomacia o jueces etc-, solamente de 80.000 a 150.000 son cubiertos a travs de los concursos y promocin por mritos propios de la carrera administrativa10. Sin embargo pueden ser mas, los

empleos, sujetos a estas lgicas clientelares, ya que en dicho calculo no se cuentan la gran cantidad de contratistas que son vinculados a travs de OPS o contratos bajo la forma de asesores, consultores y prestadores de servicios. En las carreras especiales la diplomtica es ilustrativa de esta situacin. Aunque se dice que los cargos diplomticos deben ser provedos segn criterios de mrito donde cuenta la formacin profesional y la experiencia, en el actual gobierno solo un 35% de los cargos diplomticos se venan proveyendo por carrera. El valor restante obedeca a lgicas discrecionales propias del Presidente de la Repblica, que llevaban a ocupar dichos cargos los familiares de varios congresistas que prestaron sus apoyos al mandatario. El remedio, al parecer, despus de diversos escndalos por esto, es peor que la enfermedad,

10JIMNEZ, William. La reforma administrativa y carrera administrativa en Colombia: frustraciones, razones y oportunidades. X Congreso Internacional del CLAD Sobre la reforma del Estado y la administracin pblica, 2005. p. 20; Informe funcin publica, 2006.

De los 817.000 empleados pblicos que tiene el Estado a nivel nacional solamente 92.000 estn en carrera administrativa, lo cual indica que las buenas intenciones no han tenido tanto xito. Las normas de la meritocracia siempre han chocado con los intereses de sectores polticos acostumbrados al clientelismo y al pago de favores con cargos pblicos. Y no sera extrao que al gobierno Uribe le pase lo mismo. Se van a rebotar porque para los congresistas las cuotas regionales son muy importantes, dice un ex funcionario del gobierno Pastrana. En: Semana. No. 1095 (19, jul., 2002).

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pues la solucin que se estudiaba al 2008 era acabar con la carrera diplomtica.

Otro campo que ilustra el fenmeno del clientelismo es la entrega de entidades enteras a las redes de polticos, por lo general, como forma de contraprestacin del ejecutivo a la aprobacin de determinadas leyes por parte del poder legislativo. Un ejemplo para ilustrar lo anterior, se puede observar cmo en Caldas, en los noventa e inicios del siglo XX, se denunci que cientos de cargos pblicos que se asientan del nivel nacional, departamental y local, son prcticamente feudos de las redes de Vctor Renan u Omar Ypez quienes, a travs de alianzas y vnculos poltico-partidistas, buscaron la forma de controlar los cargos en todo el territorio caldense11. Lo mismo se dice de los Name Tehran o los Fuad Char, en el caso de la Costa Atlntica, o en Antioquia, los Valencia Cossio. El caso mas reciente, se mostr en el escndalo de la Yidis Poltica, en la que segn la Corte Suprema de Justicia una representante a la Cmara a cambio de recibir prebendas y el nombramiento de varios de sus allegados en cargos de entidades nacionales con presencia regional, en concreto en Barrancabermeja, vendi su voto para aprobar la reeleccin presidencial del presidente Alvaro Uribe.

En Colombia, el clientelismo se ha extendido tanto que los casos de clientelismo no solamente se ven al interior de los rganos legislativo y ejecutivo. Tambin se hacen evidentes al interior de las otras ramas del poder. En los Organismos de Control, Francisco Becerra, Gabriel Turbay, Carlos Ossa, Contralores Generales de la Nacin, fueron sancionados o conducidos a prisin por prcticas ilegales relacionadas, sobretodo, con pagar favores a los congresistas que efectuaron sus nombramientos. La rama judicial que supone administra la justicia, tampoco escap a este fenmeno, o en sus ms altas instancias. Se tiene el caso del nombramiento de 40 familiares de Magistrados de las Altas Cortes en organismos como la Fiscala General de la Nacin o la Procuradura General de la Repblica, cuando se supone que las cortes deben vigilar su funcionamiento12. A este caso se suma la Comisin Nacional de Televisin, rgano de control de la televisin, que consigui permanecer ejerciendo sus funciones gracias que en un proyecto de ley que amenazaba con eliminarla reparti empleos entre los congresistas.

Una segunda lgica de apropiacin privada del Estado se puede evidenciar a travs de prcticas como el corporativismo13. El trmino corporativismo significa que unos grupos o sectores especficos de la sociedad, con una gran cantidad de recursos, intervienen en las instancias polticas de toma de decisin de forma tal que sus demandas son tramitadas fcilmente 11EL CHIVO expiatorio. En: Semana. Ed. 1102. (15 jun., 2003). 12Articulo publicado en El Espectador el 7 de octubre de 2006. 13Para revisar concepciones acerca del corporativismo ver SCHMITTER, Philippe C. Teora del neocorporatismo. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1992. 517 p.

"es un tema complicado porque en el Congreso hay empresarios, terratenientes, ganaderos, etc. y la norma sobre conflictos de intereses tiene muchas dificultades ... Es muy complejo saber quin se puede beneficiar con la aprobacin de una ley como sta porque muchos congresistas tienen negocios". TRANSPARENCIA POR Colombia. (ju., 2005)

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hacia la esfera de lo estatal, llevando a hacer prevalecer sus intereses sobre los del conjunto de la sociedad. De esta manera, los grupos tienen una gran injerencia en el ejercicio de la conduccin poltica de la sociedad, con un Estado que se encarga de fortalecer sus propias apuestas polticas. Hoy en da, estos cuerpos se encuentran conformados principalmente por agentes provenientes de los sectores financiero, comercial, militar y/o productivo.

Un fenmeno interesante, quiz relacionado con este corporativismo al que se hace alusin, ha sido metaforizado con la figura de las puertas giratorias. Sirve este smil para designar los funcionarios que se trasladan del sector privado al sector pblico y viceversa, dndose con estos prevalencia a los intereses de los sectores empresariales de donde provienen14. Tal es el caso de participacin de personajes provenientes del sector empresarial que en el 2002.2006, se veran favorecidos con el nombramiento de un ex directivo de FENALCO en la cartera del Interior, uno de la SAC en Minagricultura y en el Banco de la Repblica y otro de ANIF en la cartera de Desarrollo y de Comercio exterior, con posteriores apoyos a estos y otros sectores. .

A las anteriores lgicas de clientelismo y corporativismo, se suma la corrupcin. sta se entiende como la desviacin de los recursos o los cargos pblicos con el claro objetivo de obtener beneficios de carcter exclusivamente privado. Asimismo, la corrupcin implica, adems de ir en contra de la legalidad el mayor nmero de veces, atentar contra los principios y valores pblicos que el mismo sistema poltico ha instaurado como legtimos para el conjunto de la sociedad y que han sido aceptados como vlidos y deseables. La corrupcin hace que una cantidad ingente de recursos estatales polticos, econmicos o institucionales vayan a parar en manos de agentes privados que buscan alimentar el accionar de las redes clientelares.

La forma como se presenta el fenmeno de corrupcin en Colombia demuestra que no es un asunto ocasional o espordico, sino que se trata de un fenmeno de carcter estructural que lleva a hablar mas bien de una captura del Estado. Un estudio realizado a travs de encuestas en el 2002 corrobora lo anteriormente sealado. Un 62% de empresarios encuestados afirmaba recurrir a pagos extraoficiales en las contrataciones con el Estado, mientras que, casi la mitad de los funcionarios pblicos encuestados coincidan con dicha

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La puerta giratoria. En: Semana. Ed. 1216; (20 ago., 2005).

Jos Roberto Arango dej la empresa privada para trabajar al lado de su amigo personal, lvaro Uribe. Antes de asumir sus nuevas funciones le advirti a su familia que no hiciera negocios con el Estado ni con ninguna entidad del gobierno, pero esta recomendacin no se cumpli. En diciembre pasado Fabrilar Ltda. gan cuatro licitaciones por 1.882 millones de pesos para proveer 320.000 toallas a las Fuerzas Armadas. Como esta empresa es una distribuidora, termin contratando su produccin con la Fbrica Textil de los Andes (Fatelares S.A.) por 1.722 millones de pesos. En esta textilera, la familia Arango tiene una importante participacin, al punto que el hermano del ex alto consejero es el gerente. En: Semana. Ed. 1158.

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opinin15. Por otra parte, Francisco Santos, Vicepresidente de la Repblica, aseguraba que el aparato estatal se encontraba permeado por la corrupcin tanto por parte de los agentes pblicos como por parte de los privados16. Adems, el estudio realizado por la ONG Transparencia Internacional sealaba que el proceso legislativo de diseo, discusin y aprobacin de leyes en el recinto del Congreso estaba viciado por graves casos de clientelismo agenciados tanto por agentes polticos como por privados.

Para mostrar cmo opera la corrupcin en los mas altos niveles, sumado al clientelismo, es diciente el caso de DRAGACOL, a finales de la dcada de los aos 9017, donde se muestra de que la corrupcin y clientelismo no son un asunto individual, sino de redes en continua articulacin y bien articuladas, heterogneas en su composicin. Redes en las cuales se pueden divisar tanto a actores privados como polticos y estatales.

En noviembre de 1998 el senador Cceres acusaba al Ministro de Transportes de efectuar una conciliacin irregular con la Empresa Dragados de Colombia DRAGACOL. Inicialmente la cifra reclamada por Dragacol fue de 4.000 millones y, en menos de un ao, ya haba pasado a los 50.000 millones para llegar a la exagerada suma de una reclamacin por encima de los 100.000 millones. Sin embargo de esa ltima suma se lleg a una conciliacin por 20.000 millones, bajo la cual, el Ministro Crdenas dira que se haba llegado a la mejor opcin para defender los intereses de la Nacin. Lo dudoso era porqu Dragados de Colombia haba desistido de reclamar por mas de 70.000 millones y se conform con lo pactado en la conciliacin, al igual de por qu el estado de una deuda inicial de 4.000 millones haba pasado a reconocer otra que quintuplicaba su valor.

Hay una historia que antecede esta conciliacin. Cuatro aos atrs, la empresa DRAGACOL haba dado inicio a sus negociaciones con el Estado. A escasos ocho meses de haberse constituido la empresa con una suma de solamente unos 70 millones de pesos, de manera sorprendente, haba recibido un contrato del Estado por una cuanta de ms de 7000 millones de pesos. Luego de diferentes administraciones durante casi una dcada sigui recibiendo contratos por cuantas similares los cuales se renovaban o prorrogaban18. Un aspecto particular que marca este proceso, se relaciona con el hecho de que ellos provenan siempre de de sectores conservadores, tenindose que el Ministerio de Transportes estuvo regido por Juan Gmez, Rodrigo Marn Bernal y Mauricio Crdenas. Sin embargo, los tintes de preferencias partidistas quedaran expresadas en eventos ocurridos ex ante de la conciliacin, en las elecciones presidenciales de 1998.

15VICEPRESIDENCIA DE LA REPBLICA, BANCO MUNDIAL. Diagnstico acerca de la corrupcin y gobernabilidad en Colombia. 2002. 16EL VICEPRESIDENTE denuncia que el Estado est capturado por la corrupcin. En: Semana. Ed. 1124. (17, nov., 2003). 17Pueden revisarse los siguientes artculos de la Revista Semana: Fiscala vincula a Mauricio Crdenas a caso Dragacol (Ed. 920, 17; ene., 2000); Llamadas misteriosas (08, may., 2000); Se cae Dragacol (Ed. 1048; 02, jun., 2002); Con la draga al cuello (Ed. 883; 23, jul., 2001). De igual manera, el texto de Gloria Congote titulado El seor de las dragas de la Contralora de la Repblica. 18Revisar. CONGOTE, Op. cit.

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Bray haba organizado reuniones polticas con los dos candidatos por el partido conservador, Andrs Pastrana y Juan Camilo Restrepo. Respecto del primero, Bray le exigi a los organizadores de la campaa que como condicin para hacer aportes por 150 millones de pesos deba tener una reunin privada con l hoy ex presidente. Respecto del segundo, hoy ex ministro de hacienda, tambin se organizaron reuniones en un restaurante y en un yate. Lo interesante del asunto es que sera Pastrana como presidente quien nombrara al Ministro en la cartera de Transportes a Mauricio Crdenas, quien firmara la conciliacin, en tanto que Restrepo posteriormente en la cartera de Hacienda, sera quien autorizara el primer desembolso por valor de 17.000 millones a DRAGACOL. En la intermediacin entre los candidatos y Bray para la consecucin y la recoleccin de los recursos, serviran de puentes un ex gobernador de Bolvar y un ex alcalde de Cartagena

En das anteriores, e inclusive en el mismo da en que se iba a realizar la conciliacin, Reginaldo Bray haba estado realizando una serie de llamadas a Fabio Valencia Cossio, jefe del partido conservador y del Senado. Igualmente, realiz llamadas al celular del procurador designado del Ministerio Publico, que fue designado a la conciliacin para garantizar su transparencia. Del celular del jefe del senado, Valencia, a su vez, se hicieron varias llamadas al Ministro de Transportes. Pero la relacin de Valencia con DRAGACOL no era nueva. En fechas pasadas le haba financiado un viaje a Valencia Cossio a China y su hijo era socio junto con Bray de una de las empresas fachada por las cuales Bray buscaba darle cimiento a sus pretensiones de demanda contra el estado, Imaginys.

Se suma a lo anterior, que una vez hecha la conciliacin, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Juan Camilo Restrepo, desembols con una rapidez inusual el primer pago de la conciliacin, que alcanz el monto de unos 17.000 millones de pesos. Pero no llegando hasta all en su papel el Ministerio de Hacienda, una de sus altas funcionarias, como allegada y designada a la Junta Directiva de un banco de propiedad del estado, influy para que sus no se hiciera la diligencia judicial de que varios de esos miles de millones se consignaran a las arcas del banco, de deudas pasadas adquiridas por Reginaldo Bray. Procedimiento que era el derecho del asunto, pues, segn procedimientos legales, cuando un contratista adeuda montos a una entidad del estado, y a su turno, otras entidades oficiales tienen deudas con aquel, a los desembolsos que se generen por dicho efecto, deben descontarse automticamente lo debido al estado.

Sirva el caso de Dragacol, para mostrar que la corrupcin se teje en redes extensas y, que en la particularidad del caso colombiano, esta ntimamente

Para los investigadores el tema principal sigue siendo el de las llamadas. El 6 de noviembre de 1998, da de la conciliacin, Bray se comunic desde su celular a las siete de la maana con el entonces senador ValenciaTambin se detectaron llamadas desde la presidencia del Senado a Juan Camilo Valencia y al ministro Crdenas. De la misma manera, Crdenas se comunic en dos oportunidades con Valencia Cossio el 6 de noviembre, una a su celular y otra a su despacho en el Congreso. En: Semana. No. 936 (08, may., 2000).

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vinculado con el clientelismo y sus redes de alto nivel. Como se vio, el caso mostr una participacin de diferentes poderes pblicos en su realizacin -ejecutivo, legislativo, organismos de control- , al igual que la colaboracin de ex autoridades locales y regionales, todos ellos asociados con privados para apropiarse del Estado. Sin embargo, la corrupcin no solamente se vive en el nivel nacional. En lo local tambin hace presencia.

En el sector local, la corrupcin se puede tambin divisar en una gran magnitud. Al respecto, en el 2004 el Contralor General de la Nacin, Antonio Hernndez, sealaba que se haban perdido cifras cuantiosas por concepto de recursos transferidos al sector salud, y casi 47.000 millones de pesos por concepto de transferencias de regalas19. En el 2008, se reportaba vigente esta desviacin respecto a las regalas, donde se mostraba como en la Guajira escuelas y acueductos por varios miles millones de pesos, no estaban en funcionamiento por el mal diseo y desviacin de fondos producto de la corrupcin.

A estos indicadores generales se suma el cada vez mayor nmero de casos donde se investigan a gobernantes y funcionarios locales y regionales: en el 2005 se expresaba que las ms altas cabezas de cinco departamentos estaban siendo investigados, mientras que ocho alcaldes se encontraban incursos en procesos judiciales y administrativos por actuaciones irregulares20. Los casos sealados de las cabezas de los gobiernos locales no son los nicos, solo que, al ser los mximos dignatarios, muestran la magnitud que est cobrando el fenmeno. Si de revisar en niveles inferiores se tratara, solo basta recordar cmo en el departamento de la Guajira se haban destituido una centena de funcionarios por casos de corrupcin21.

19CON NADADITO de perro. En: Semana. Ed. 1181. (19, dic., 2004). 20Los cargos imputados se toman expresamente como aparece en el artculo Investigados por corrupcin publicado en la revista Semana el 6 de diciembre de 2005. 21La frmula del desgobierno. Por causa de la corrupcin, el departamento de La Guajira vive una crisis institucional que ha llevado a la destitucin de casi un centenar de servidores pblicos. Ver Semana. Ed. 1218. (04, sep., 2005).

Gobernador de Caquet, Juan Carlos Claros. Condenado a prisin por el delito de peculado. Utiliz recursos pblicos para su campaa; Alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango. Investigado por presunto lavado de 3.300 millones de pesos cuando era gerente regional de Cable Unin de Occidente; Gobernador de Santander, Hugo Aguilar. Investigado por un supuesto privilegio de un proponente para adjudicar el contrato de pavimentacin de Piedecuesta a Mesa de los Santos. Tambin es acusado de terminar unilateralmente el contrato que tena con los concesionarios de chance y cometer mltiples irregularidades en la adjudicacin del nuevo, el cual firm a pesar de la solicitud de suspensin del mismo hecha por el procurador regional; Gobernador de Casanare, Miguel ngel Prez. Destituido por recibir un millonario aporte de las Autodefensas Campesinas del Casanare a su campaa. [Sigue la lista] En: Semana. No. 1206 (12, jun., 2005.

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La criminalidad es otro de los fenmenos que muestran la privatizacin del estado y que se suman al clientelismo, corporativismo y corrupcin de los cuales se ha hablado. Las redes o grupos criminales que operan en mbitos locales y regionales e incluso nacional e internacional, a travs de prcticas como la trata de personas, el trfico de armas, el narcotrfico, el lavado de activos, entre otros, se han esforzado por capturar el Estado. El problema que se tiene con estas redes consiste en que no pueden ser consideradas como estructuras desligadas del desarrollo de las sociedades contemporneas sino que, precisamente, deben entenderse como aspectos que han influido directamente al conjunto de la poblacin; en no pocas ocasiones han determinado el tipo de proyecto social que las sociedades se piensan para un futuro porvenir22.

En este contexto se puede hacer referencia a un nuevo fenmeno que actualmente sacude a la clase poltica y dirigente del pas: el clientelismo armado. Diciente fue el escndalo desatado por el famoso computador de alias Jorge 40. Los documentos encontrados por las autoridades en dicho aparato electrnico revelaron cmo alcaldes, diputados, gobernadores y parlamentarios hicieron parte de las redes poltico-partidista-criminales. En estos casos, los paramilitares se aprovechaban

de los recursos pblicos o la impunidad, en asocio con polticos, a cambio de que obligaran a la poblacin a votar por los mismos polticos a los que les hacan los favores econmicos.

Adems, un aspecto que no puede ignorarse, a pesar de no estar bien documentado, es el de la apropiacin privada de la seguridad estatal en Colombia. El narcotrfico y el paramilitarismo, flagelos que durante los ltimos aos ha azotado al pas, conducen a que sus ddivas o su influencia poltica y/o armada se haga sentir en lo organismos e instituciones que, por misin, deberan brindar seguridad a los colombianos. En el ao 2003 se acus a la Polica por tener posibles vnculos con sectores del narcotrfico y por matar y/o secuestrar a 35 personas. Posteriormente, hubo un escndalo por evidencias de que un grupo de policas devolvan tres toneladas de cocana que haba sido decomisada. La crisis vivida por la institucin fue de tal magnitud que tuvo que relevarse de sus cargos a cinco generales de la institucin. En casos recientes, valga mencionar el caso de Jamundi, en el 2007, donde un pelotn de soldados por cumplir un mandado al narcotrfico, en palabras del Fiscal General de la Nacin, masacraron a un cuerpo especial de la polica, por lo cual se les condeno con penas de mas de cuarenta aos. 22Estas redes se han organizado en estructuras delincuenciales similares a la mafia siciliana, la mafia rusa, la yakusa japonesa, los carteles colombianos y los carteles mexicanos o los traficantes pakistanes.

Tan explosivos como los hallazgos del computador son los documentos escritos a mano que se encontraron Por un lado, una relacin de propiedades escritas en computador y que comienza diciendo Casa en Venecia frente a la residencia del senador lvaro Garca Romero y que, segn el acta de la Fiscala, termina con una carnicera ubicada aproximadamente a 500 metros del terminal de transportes Brasilia sobre la troncal de occidente, frente al mercado pblico, administrada por la amante llamada Adriana. En: Semana.

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Ahora bien, as como se puede hacer referencia a las instituciones estatales de seguridad, tambin se pueden sealar a las de justicia. mbito donde, igualmente, los intereses privados afectaran gravemente su configuracin. Tal es el caso de la Fiscala General de la Nacin durante la direccin de Luis Camilo Osorio: una gran cantidad de funcionarios de varias seccionales del pas fueron destituidos por tener nexos con los grupos armados al margen de la ley. En los medios de comunicacin se hablaba de un mentalista posiblemente vinculado a la Fiscala y quien, adems, extraa informacin privilegiada de la entidad.

1.5 PODER DE ESTADO Y PODER PBLICO EN COLOMBIA Ya se revis como el poder de estado en Colombia es apropiado por diversas lgicas privadas que llevan a capturarlo en beneficio de intereses particulares, sin embargo, a ellas se suman otras, que se esfuerzan por publificarlo, por volverlo publico a travs de la democracia. Ellas se caracterizan porque los actores sociales y ciudadanos son quienes tratan de incidir en la conduccin poltica y en el direccionamiento de la vida en sociedad. Lo anterior en el marco de un proceso de crisis de la nocin de democracia representativa y un fortalecimiento de los principios de democracia participativa y directa. En stas, ya no es el cuerpo de polticos-representantes (congresistas, concejales, etc.) los nicos actores dirigir al estado y la sociedad sino que se reivindica el acompaamiento de los ciudadanos en dicha conduccin.

Existe una gran cantidad de espacios de participacin creados por la reglamentacin nacional desde el nivel central del Estado. Se ha llegado a que en un mismo municipio se cuente con ms de 29 espacios de participacin en los temas ms diversos tales como los Consejos Municipales de Planeacin, Los Consejos de Desarrollo Rural, las Juntas Educativas Municipales, los Consejos de Juventud etc23. Adems, existe diversidad de espacios de participacin de naturaleza tanto formal como informal promovidos ya no por los centros nacionales sino por las mismas administraciones o iniciativas locales, tales como los Encuentros Ciudadanos, los Comits Interinstitucionales de Emergencias, las Asambleas Constituyentes etc. Se suman otros mecanismos de participacin ciudadana promovidos por la ley 134 de 1994 como el plebiscito, la consulta popular, las iniciativas legislativas, etc.

De los primeros, promovidos por el estado, valga recalcar los espacios de participacin relacionados con la planeacin participativa. De este mecanismo 23GERARD Martn y CEBALLOS, Francisco. Participacin y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia. Bogot: Centro Editorial Javeriano, 2001.

Ejercicio 3. Mediante consulta en internet, relatos o textos, cada grupo reconstruir un caso de incidencia pblica de apropiacin mediante participacin ciudadana en el Estado. Pueden revisarse Asambleas Constituyentes, Veeduras Ciudadanas, Banco de xitos del DAFP, Planeacin, etc. cada caso ser expuesto al conjunto de los compaeros.

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es preciso resaltar dos logros bien significativos. En primer lugar, ha permitido fortalecer el ejercicio y el uso de la planeacin en el contexto local y municipal al permitir que sean los mismos habitantes del territorio quienes participen en el proceso de formulacin de los planes de desarrollo de sus respectivas comunidades mediante debates y discusiones acerca de los asuntos que son o no prioritarios para el desarrollo de las mismas. En segundo lugar, permite que sea a travs del encuentro y el desencuentro directo entre los actores estatales y no estatales que se gestionen este tipo de procesos y, al mismo tiempo, que sea mediante la publicacin de los asuntos y demandas sociales que se establezcan asuntos prioritarios y lineamientos generales para formular los planes locales y municipales de un territorio determinado.

Los procesos de planeacin participativa se han visto fortalecidos en las grandes y medianas ciudades como Bogot, Medelln, Pereira, Ccuta y Pasto24. Tales procesos han permitido que la ciudadana incida directamente en el diseo de los planes de desarrollo de sus comunidades con el aporte de sus diversas concepciones y percepciones acerca de los problemas neurlgicos que dificultan el desarrollo de sus localidades y comunas y con una amplia gama de soluciones posibles a dichas problemticas. Pueden recordarse experiencias como los encuentros ciudadanos promovidos por la administracin de Antanas Mockus en la Alcalda de Bogot, donde se logr la reduccin de la amplia brecha existente entre los ciudadanos y las autoridades polticas en el contexto de los procesos decisionales y de agenciamiento de los recursos estatales en los niveles locales.

La promocin de los espacios participativos, en el caso de la planeacin, ha hecho que los gobernantes y las autoridades polticas municipales y locales tomen conciencia respecto de la importancia de la participacin del conjunto de la ciudadana en el diseo y en la formulacin de los planes de su respectiva jurisdiccin. De igual manera se ha reconocido la necesidad de que los procesos de gestin de los recursos pblicos se realicen en un marco de transparencia y responsabilidad poltica ante la posibilidad de que tales procesos estn bajo la vigilancia y el monitoreo de la sociedad. Apuestas similares se han promovido en diversos lugares del pas, con el claro objetivo de que las mismas autoridades polticas y administrativas sean quienes

24Pueden consultarse, entre otros, los textos Plan y presupuesto participativo de Pasto, 2002. 46 p.; Iniciativa social vs. hegemona poltica. La planeacin participativa en el rea metropolitana del centro occidente, 2002. 159 p. La planeacin participativa en Bogot. La mirada de los actores, 2005. 19 p.; Presupuesto participativo en Colombia: caracterizacin, evolucin y perspectiva: revisin conceptual. Escuela Superior de Administracin Pblica, 2005. 112 p.

Uno de los ejes del Programa de Gobierno fue el de Cultura democrtica, Civismo y Civilidad, en el cual se vislumbra la vocacin poltica de reivindicar el ejercicio de la democracia directa y la interlocucin permanente entre el gobierno y las comunidades. Hay una premisa fundamental que permitir luego concretar el proceso actual: la democracia se concreta en el presupuesto y cuando los recursos son escasos, el dilogo entre el saber tcnico y el saber popular es el que permite identificar prioridades para una planificacin ms eficaz. PLAN Y presupuesto participativos de Pasto: sistematizacin de una vivencia, 2002.

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consulten a la ciudadana en materia de las necesidades y expectativas que tienen respecto de los procesos de planeacin25.

En este sentido, es importante referir dos casos especficos de planeacin participativa. En el mbito nacional puede hacerse referencia del Consejo Nacional de Planeacin que, aun cuando sus recomendaciones pueden o no ser tomadas por el gobierno de turno, ha logrado que diversos actores de la sociedad civil se pronuncien en relacin con el plan nacional de desarrollo del gobierno en vigencia y que, en varias ocasiones, sus recomendaciones hayan sido tenidas en cuenta y plasmadas en dichos documentos.

En el mbito de de lo municipal, igual que en lo nacional, se llevaron a cabo los Consejos Municipales de Planeacin que se desarrollaron con ciertas falencias, pues en algunos casos slo se logr la representacin exclusiva de ciertos sectores de la sociedad26. Sin embargo, all qued bien claro la importancia de que sean los mismos ciudadanos quienes definan los derroteros del Estado a travs de la instauracin y el posicionamiento de algunas de sus concepciones, demandas y asuntos sociales en los planes de desarrollo municipal.

A pesar de los logros alcanzados, las formas de participacin promovidas formalmente no han logrado incidir de manera amplia en las instancias de decisin polticas. Estas experiencias reflejan, en cuanto a resultados, que un conjunto de propuestas y pronunciamientos son ignorados por las autoridades gubernamentales. A pesar de los objetivos propuestos y los logros significativos ya alcanzados, no han logrado incidir en elementos significativos de la configuracin de los planes de desarrollo municipales, distritales y, mucho menos, en algn plan nacional de desarrollo. Es decir, no se ha logrado afectar los centros ni las decisiones estratgicas de poder Adems, no se logra imprimir un sentido real a la conduccin del poder poltico ni se consigue, an menos, que la misma ciudadana sea la quien lo defina y lo determine. La escasa incidencia que han tenido los espacios de participacin formal se constituye en fuente de gran tensin para la ciudadana dado su inters por lograr una mayor apropiacin tanto en los espacios pblicos como de los mecanismos necesarios para lograr el agenciamiento de los recursos.

Tal es el caso en Bogot de los Encuentros ciudadanos. Espacios que permiten hacer evidente un fuerte enfrentamiento entre concejales y ediles: 25Tal es el caso de los programas desarrollados en los ltimos aos por parte de alcaldes de grandes ciudades como el de Medelln durante el gobierno de Juan Gmez Martnez con su programa de Presencia total o el de Luis Garzn con su programa Bogot en movimiento. 26A inicios del 2000 en 600 municipios ya se haban creado dichos consejos. Vase DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN. Evaluacin de la descentralizacin municipal en Colombia: balance de una dcada, 2002. Tomo III. 289 p.

Cerca de 1.500 representantes de los Consejos Municipales y Departamentales de Planeacin, as como de las entidades territoriales, se dieron cita en la ciudad de Manizales, convocados por el Consejo Nacional de Planeacin, para aportar su experiencia, sus sueos, sus reclamos y todo su entusiasmo a la legitima causa de participar en la construccin de un pas mejor, mediante su inclusin y reconocimiento en el Plan Nacional de Desarrollo. La primera prueba de este ambicioso proyecto para construir un Estado Comunitario, tuvo como escenario la regin, donde se llevaron a cabo 34 Foros. CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIN. Hacia un Estado Comunitario, 2002.

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unos desean seguir siendo la nica instancia de representacin de la sociedad y la misma ciudadana y otros buscan una mayor incidencia en los espacios de decisin y en la conduccin de su mismo destino colectivo. Sin embargo, esta puja escasamente llega a trascender los espacios de discusin y carcter pblicos; de este modo no se permite que se posicionen en las agendas pblicas gubernamentales27.

Lo anteriormente sealado puede verse reflejado en la forma como los movimientos sociales y cvicos de la sociedad civil han sido ignorados por parte de los espacios de participacin formal. Esta situacin es an ms lamentable en cuanto que algunos movimientos con su accionar ya haban logrado que el Estado incluyera sus intereses y demandas dentro de las agendas pblicas gubernamentales, como el caso de los movimientos indgenas, campesinos, sindicalistas, tnicos, entre otros. El problema surge cuando las acciones promovidas por la sociedad civil se convierten en una amenaza latente para la configuracin tradicional de poder en los espacios formales de representacin poltica, razn por la cual se busca excluirlos del mbito de la participacin

ciudadana y, ms bien, se prefiere privilegiar los espacios de participacin formalmente creados.

De manera paralela a los procesos de participacin ciudadana promovidos desde el seno del Estado, tambin han surgidos otros espacios esta vez nacidos y promovidos desde la misma sociedad. Es el caso de las Asambleas constituyentes, como las de Tarso, Tarqui y Mogotes, y otras que superan el medio centenar28. Contrario a las lgicas tradicionalistas de los mecanismos formales de incidencia en el poder poltico, lograron imprimir una nueva modalidad poltica de gestin del Estado y gestin del Gobierno al permitir que los ciudadanos tuvieran real incidencia en la conduccin de su modo de vida colectiva. Es decir, mientras los espacios formales estaban imbuidos de prcticas como la corrupcin, el clientelismo y en general, la apropiacin privada de lo pblico, en los espacios realmente ciudadanos operaban lgicas de apropiacin pblica que permitieron una verdadera gestin pblica del Estado.

27En particular se tiene que solo un 1 % del presupuesto distrital es objeto de controversia y debate en los encuentros ciudadanos de carcter local; el 99% restante queda en manos de los actores polticos y gubernamentales para su destinacin. 28MEMORIAS DEL encuentro nacional constituyentes, gobernabilidad y acciones humanitarias. Sonsn, Antioquia, 9, 10 y 11 de diciembre de 2004. 14 p.

lo primero que cabe proponer como hiptesis, es que los espacios de participacin no logran incorporar los problemas ms sentidos de la sociedad colombiana, como as mismo, tampoco logran ser dotados de la capacidad y de la proyeccin poltica que les permitiera resolver los problemas mas sentidos por la ciudadana. Estos no se deciden por apropiarlos por cuanto constatan que ellos no les resuelven aquello que necesitan solucionar. Cobra validez esta hiptesis, si se entra a considerar las 4200 luchas sociales de ciudadanos realizadas ante el Estado en la dcada de los 90. MOLINA, Jess. La participacin ciudadana en Colombia en los 90. Apuesta a la apertura? En: Administracin y Desarrollo. 48.

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Se hace evidente cmo estos espacios buscaban una mayor incidencia en los procesos polticos. En este marco se logr una mayor influencia en la toma de decisiones pero ya no en asuntos y campos residuales, sino en temas que resultaban ser neurlgicos en el sentido de incidir en la configuracin de la vida social de los ciudadanos. Adems, con estas instancias se logr el fortalecimiento de los lazos entre los ciudadanos a travs de la constitucin de movimientos o asociaciones relativamente fuertes y duraderas en el tiempo, constituidas a travs de metas y objetivos sociales bien claros y definidos.

Con estos procesos, se ha logrado que, a travs de mecanismos efectivos, se pongan en prctica los preceptos de la Constitucin de 1991 en relacin con el fortalecimiento del sistema democrtico. Principios como la participacin, la soberana popular, el pluralismo, entre otros, cobran vigencia a travs de procesos sociales y polticos nacidos desde el mismo seno de la sociedad. Se ha buscado incidir en las instancias reales de ejercicio del poder poltico estatal al promover, al mismo tiempo, nuevos espacios de injerencia ciudadana en la esfera estatal en un espectro mucho ms democrtico de sociedad.

Estos espacios cobran modalidades que en los espacios formales de participacin no logran hacerse evidentes. Por un lado, estas instancias permiten una mayor articulacin e integracin entre actores sociales de mltiples caracterizaciones y de distinta procedencia y naturaleza. Es decir, logran unirse en torno a un proyecto comn que articula toda una gama de elementos diversos -mltiples identidades, diferentes espacios de la geografa nacional y naturaleza diversa de las demandas sociales-. De otra parte, es evidente la naturaleza poltica de estos espacios e instancias sociales de participacin en la medida en que luchan por posicionar nuevos modelos de Estado, gobierno y sociedad alternativos a los realmente existentes.

Las Asambleas constituyentes han generado procesos sociales y polticos importantes en los municipios sealados29. Con este mecanismo, los actores sociales han buscado salirle al paso a los vacos de poder generados por las autoridades polticas tradicionales o enfrentarse colectivamente al accionar de los grupos armados. Con ello, se constituyen espacios de participacin directa a partir de procesos de debate, discusin y consensos con lo cual los habitantes logran constituirse en los sujetos centrales en la conduccin poltica de su comunidad. Ello permite a los ciudadanos posicionarse como tal y desplegar toda su fuerza social y poltica en torno a desplazarse de un estatus 29Debido a sus resultados democrticos, las asambleas constituyentes se han venido extendiendo a otras partes del pas, hasta casi llegar a contar con medio centenar en diversos municipios del pas. Ibd.

Cules propsitos nos motivan? Hacer efectivos el prembulo y los principios fundamentales de la Constitucin Poltica; lograr el empoderamiento ciudadano que propicie cambios en las costumbres polticas hacia nuevos modelos de gobernabilidad; manteniendo la autonoma ciudadana y propiciando la articulacin y coordinacin con los gobiernos locales; fortaleciendo la autonoma de los ciudadanos y ciudadanas frente a los grupos armados; propiciando a corto y mediano plazo la construccin de pactos sociales y mandatos para el desarrollo humano integral auto sostenible en un proyecto de vida feliz y en armona, que avance hacia un horizonte de Reconciliacin con Verdad Justicia y Reparacin, en defensa de la vida y los Derechos Humanos. FRUTOS DE los procesos y los encuentros de las constituyentes de Colombia, 2005.

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de gobernados a otro de gobernantes y al apropiarse de los espacios y de las instancias de decisin poltica a travs de procesos de movilizacin y organizacin poltica de carcter ascendente.

La participacin de los ciudadanos en espacios como las Asambleas aseguran la reivindicacin del precepto democrtico de soberana popular, segn el cual el pueblo es poseedor del autntico derecho de gobernarse por y a s mismo a travs de la instauracin de una ciudadana popular que se apropia de lo pblico y le imprime una nueva orientacin a la configuracin del poder estatal. Es una visin contrara la concepcin de democracia representativa en la cual son los representantes polticos quienes, en nombre del conjunto de los ciudadanos, toman las decisiones que a ellos les parecen que son las ms benficas para la sociedad. De esta forma, espacios como las Asambleas constituyentes se constituyen en autnticos mecanismos para permitir el encuentro horizontal entre habitantes, organizaciones sociales y autoridades gubernamentales; de igual modo, generan procesos deliberativos a partir de los cuales pueden estructurarse las agendas pblicas y los asuntos pblicos y minimizan los riesgos que puede generar la democracia representativa, entre ellos la exclusin de importantes sectores de la sociedad30.

Adems de las asambleas constituyentes, tambin puede hacerse mencin de las veeduras ciudadanas. De sus experiencias puede extraerse cmo logran articular distintos proyectos e iniciativas de carcter particular en torno a objetivos sociales comunes, por medio de la real incidencia en las esferas del poder estatal. Tal es el caso de las veeduras instaladas en el seno del Congreso de la Repblica, las cuales a travs de su estricta vigilancia y control al modo de actuar de los parlamentarios, permitieron que a varios de ellos se les quitara la investidura y que a otros se les abrieran procesos por enriquecerse con dineros pblicos.

En este sentido, las veeduras ciudadanas no slo constituyen formas de gestionar el control social a la gestin pblica, sino que, a partir de su desarrollo en los ltimos aos, se han estructurado en escenarios de construccin y legitimacin del poder pblico al imprimir lgicas de bienestar comn e inters pblico a las acciones emprendidas por la esfera de lo estatal. No obstante, las veeduras, para conseguir tales objetivos, se valen de prcticas, metodologas y tcnicas diversas de agenciamiento de lo pblico, como lo demuestra el caso de dos veeduras ciudadanas de Cartagena que, a 30Algunas reflexiones que pueden darse en relacin con las asambleas constituyentes se encuentran en el documento titulado Las asambleas ciudadanas: una modalidad de alianza entre actores sociales para la superacin de la pobreza y la convivencia pacfica elaborado por David Marulanda Garca en el ao 2003.

"Es una oportunidad que escogi todo el Municipio, todas las personas para salir adelante, para cambiar la situacin que tenemos en el pas, como en el Municipio, nos congregamos nos reunimos todos y quisimos conformar esta Asamblea Municipal Constituyente para que todos juntos estemos...Hacemos parte de ella 155 personas de los diferentes estamentos de la comunidad Tarsea. Con esta idea se ha dado un paso sin precedentes en la historia de Tarso a la comunidad para que sea ella la que se apropie de sus propios problemas de sus propias soluciones, para que sea la pionera la comunidad en consecucin de recursos para el desarrollo del progreso de Tarso". UN CAMBIO de actitud para la Paz en Colombia: asamblea municipal constituyente de Tarso.

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partir de mecanismos y dispositivos distintos, buscan realizar un serio control a la gestin y accin emprendidas por las autoridades estatales31.

Las veeduras han obtenido logros importantes en cuanto a su papel social de control de lo pblico. En el caso de Cartagena, la Corporacin Movimiento Ciudadano contra la Corrupcin logr la destitucin de un alcalde gracias a las denuncias realizadas. Tambin se puede mencionar la Red de Solidaridad Social, cuyo objetivo consista en identificar a los beneficiarios de cada municipio del programa de Consejos de Rehabilitacin y presentar informes de los resultados alcanzados, todo ello en compaa con la sociedad32. Asimismo, se encuentra el Comit de Rgimen Subsidiado del Ministerio de Salud que buscaba que los subsidios llegaran a los sectores de la poblacin con menores recursos econmicos.

1.6 REFLEXIONES GENERALES

En primer lugar, puede reiterarse que lo revelado por los casos de corrupcin, corporativismo, clientelismo y criminalidad al interior de la estructura estatal y poltica en Colombia se constituye en un fenmeno sistmico. Aqu se quiere plantear que los diversos casos y tipologas de desviacin no son hechos aislados, espordicos o sorpresivos que, tomados individualmente, no tendran por qu preocupar a nadie. Sin embargo, se hace evidente que tales problemas son ya estructurales y endmicos al mismo sistema poltico y administrativo en Colombia, dado que no afecta solamente a la rama ejecutiva del poder en Colombia, ni siquiera slo a la administracin pblica: estos problemas pueden identificarse claramente en las ramas legislativa y judicial. En segundo lugar, se presenta una captura significativa del Estado. Esto, significa que gran parte de los dineros, recursos, bienes y servicios que provee el Estado con el fin de garantizar la satisfaccin de las necesidades de un amplio conjunto de la poblacin, finalmente son controlados por unos pocos particulares y redireccionados hacia sus patrimonios personales. Ello se produce porque tales privados usan alianzas, influencias y vnculos polticos para que tanto las normas establecidas como su ejecucin, se dirijan a privilegiarlos a ellos o a un sector muy reducido de la sociedad. Evidentemente, se encuentran varios aspectos comunes entre el clientelismo, la corrupcin, el corporativismo y la criminalidad. La estructuracin de redes es uno de ellos.

Es interesante ver cmo la estructuracin de redes en pequea o gran escala permite una gran conexin entre s y entre ellas mismas y el aparato poltico-estatal, lo cual dan lugar a todas las condiciones necesarias para que hechos desviados puedan darse con toda la tranquilidad posible. Estas redes actan de forma tal que ninguno de los actores involucrados (polticos, funcionarios, 31Es el caso de la corporacin Cartagena Honesta que incorpora un nuevo mecanismo de control social que permite convocar audiencias pblicas para llamar a cuentas a las autoridades pblicas y realizar denuncias penales para hacer responder a estas mismas autoridades por sus conductas contrarias a la lgica de lo pblico. Por otro lado, en la misma ciudad se encuentra otra veedura ciudadana encargada de asumir tareas de inspeccin y vigilancia de las acciones del Estado y, adems, se ocupa de proyectos como el Plan maestro de Cartagena y el Plan de desarrollo distrital. 32CORPORACIN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Para fortalecer el control ciudadano en Colombia. Estudio sobre la figura de la veedura ciudadana. Bogot: Cmara de Comercio de Bogot CCB; Casa Editorial El Tiempo CEET; Federacin Nacional de Comerciantes FENALCO, 2000. 68 p.

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empresarios, entre otros) salga perjudicado, pues si uno de ellos sale manchado ante la luz pblica, lo ms seguro es que a todos los dems tambin les suceda lo mismo. Ello, a toda costa lo tienen que impedir las redes, pues en estos casos lo que prima es el inters personal y particular de cada agente, sean intereses electorales, posicionales o pecuniarios.

Otro aspecto en comn, se da en la difusin de fronteras entre lo legal y lo ilegal que generan las prcticas desviadas. Se acta dentro del panorama legal, en la medida en que ello permite despistar a las autoridades respecto de las verdaderas prcticas que se estn realizando. El desvo del inters no solo se dirige hacia las autoridades, tambin pretenden desviar la atencin de la misma opinin pblica. As, prcticas que en cualquier en otra sociedad inmediatamente seran objeto de repudio pblico, se consideran como normales y, adems, sean ampliamente aceptadas. Si las normas y el ordenamiento legal no las prohben se puede tomar como evidencia de que est bien hacerlas. Sin embargo, tambin se acta a partir de prcticas que son ilegales, pues por su intermedio realmente puede lograrse la exaccin de recursos pblicos que van a parar a las arcas personales de los agentes privados quienes, de otra manera, no podran lograrlo. Es decir, mediante la trasgresin legal los diferentes agentes de la corrupcin y del clientelismo logran conseguir sus objetivos particulares para los cuales estructuran sus redes.

A su vez, todas las prcticas desviadas actan para obtener cantidades ingentes de recursos. Generalmente, las redes y agentes, para mirar este tema desde una perspectiva econmica, comparan los costos de actuar ilegal o indebidamente con los posibles beneficios de los recursos electorales, jerrquicos o pecuniarios que podran obtenerse. Si los beneficios son mayores que los costos, es mucho ms probable que las redes entren a actuar inmediatamente. Es decir, se busca que los recursos que se vayan a capturar sean de una gran cuanta de forma tal que alcancen a cubrir los riesgos de entrar al mundo de la corrupcin y el clientelismo.

Finalmente, se presentan casos de la prctica del secreto y la complicidad de los rganos de control33. Se necesita, ante todo, que estas prcticas sean realizadas a escondidas de la luz y del escrutinio pblico, puesto que las consecuencias de conocerse son tremendamente negativos para los actores y agentes participantes. Sin embargo, en diversas ocasiones se busca que la generacin de procesos de visibilizacin paulatina, de forma tal que cuando los casos sean de conocimiento pblico, aparezcan como prcticas no indebidas. De modo paralelo, se dan casos de complicidad y compaa de los entes de control. Situacin que se hace evidente debido a los grandes casos que sacudieron y an hoy da siguen sacudiendo al pas. En tal contexto habra que preguntarse por el papel que juegan los organismos de control en el sentido de vigilar la gestin fiscal de los dineros pblicos o de vigilar la conducta de los servidores pblicos, aunque en determinados casos aparece que los mismo entes son cmplices al ser parte activa de los procesos de corrupcin.

33Para conocer elementos a partir de los cuales se puede conceptualizar la corrupcin, consultar el texto de Malen Sea La corrupcin de 1995.

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Sera interesante cuestionarse acerca de si los fenmenos de corrupcin y clientelismo pueden ser categorizados como simples fenmenos de saqueo, robo o extraccin de los recursos econmicos y financieros y los cargos del Estado. En este sentido, se pretende resaltar que estas prcticas, aunque evidentemente incluyen todos y cada uno de los factores anteriormente mencionados, no se agotan all. En realidad, revela algo an ms crtico: las estructuras de apropiacin privada funcionan como estructuras y modalidades de dominacin al interior de la sociedad que atenta y va en contrava de los (escasos) procesos democrticos que, de alguna u otra forma, han logrado consolidarse en el pas.

Diversas son las formas mediante las cuales las modalidades de apropiacin privada del Estado reflejan la estructura de dominacin inherente a la estructuracin del mismo Estado. El corporativismo, por ejemplo, busca beneficiar a unos grupos particulares a travs de la dacin de recursos estatales cuya destinacin consiste en formar parte del botn personal de dichos grupos. La estructura de dominacin se refleja en que en la mayora de casos la funcin de otorgar bienes y prestar servicios pblicos es concesionada a estos grupos, cuando ni siquiera ofrecen las garantas mnimas de servicio pblico necesarias para desempear una funcin social de tamaa magnitud.

Adems del corporativismo, el clientelismo poltico y el conflicto armado tambin operan como una forma de expresin de la estructura de dominacin. A travs del clientelismo, ciertos sectores de la sociedad, por intermedio de la constitucin de redes clientelares, buscan mantener su posicin e influencia poltica; objetivo que se logra eliminando al adversario poltico que puede representar un peligro evidente para ganar la competencia electoral; se contraviene de esta manera el libre desarrollo y la expresin de la voluntad democrtica. Por su parte, las dinmicas propias del conflicto armado a travs del accionar de los grupos irregulares mantienen sus propias estructuras de dominacin por medio de la coaccin armada ejercida sobre los habitantes para que voten por tal o cual candidato que es del buen parecer de dichos grupos. Ello permite satisfacer sus intereses de dominacin y mantener el control poltico sobre la poblacin en general.

Frente a lo anterior, se puede afirmar que las prcticas de apropiacin privada del Estado como el corporativismo, el clientelismo, la corrupcin, entre otras, buscan mantener una estructura de dominacin donde sean satisfechos los intereses particulares de los grupos que capturan el Estado (las redes) y donde, adems, sea posible lograr y mantener la captura de una gran parte de la poblacin. Lo anterior atenta contra los escasos logros polticos que ha alcanzado Colombia en relacin con el fortalecimiento de la democracia, pues se logra la privatizacin de la voluntad poltica de la ciudadana, se altera su capacidad de decidir acerca de s misma y del proyecto de sociedad que se tiene para s misma. De esta forma, la presencia de las dinmicas de apropiacin privada de lo pblico permite la captura significativa del Estado por parte de los grupos privados y se atenta contra el libre desarrollo del sistema democrtico y contra el libre ejercicio del ser ciudadano como sujeto poltico. Frente a la apropiacin privada aparecen lgicas de apropiacin pblica que buscan o terminan por confrontarlas, que quieren hacer al Estado un poder

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pblico en pblico. A travs de los espacios de participacin alternativos a los formalmente creados, va surgiendo una nueva concepcin de cultura poltica que permitira, con unas condiciones preestablecidas, modificar las relaciones tradicionales que se han tejido entre los ciudadanos y la organizacin poltica en el terreno colombiano que permita la construccin de un poder de estado con lgicas y propsitos pblicos. Anteriormente, se consideraba que la nica forma de ser partcipe en el proceso poltico era a travs de la adscripcin partidista en la cual operaban las lgicas tradicionales de apropiacin privada de lo pblico a travs de dispositivas y mecanismos como la reparticin de cargos burocrticos, emolumentos, favores polticos etc. Sin embargo, en este nuevo contexto parece que se ha venido operando una redefinicin de lo que se ha considerado como cultura poltica, en donde surgen nuevos valores, saberes, prcticas y redefiniciones que posicionan lo ciudadano como aquello que realmente puede catalogarse como vlido y legtimo para agenciar procesos polticos que merezcan la categorizacin de verdaderamente democrticos.

Es este contexto cobra vigencia la nocin de participacin ciudadana. Puesto que mediante su ejercicio el ciudadano puede incidir directamente en los espacios del poder poltico-estatal al instituirse autnomamente como sujeto poltico, provisto del deber y del derecho de participar en la conduccin poltica, tanto del aparato estatal que lo rige como del cuerpo estatal del cual hace parte. Aunque no existe una posicin nica en torno al asunto de la construccin de este tipo de procesos, se debe resaltar en este proceso el lugar que cobra la formacin ciudadana en las propuestas, proyecciones y experiencias propias de la participacin ciudadana.

En este sentido, resultara importante formular retos en torno a las instancias sociales de participacin que les permitan de manera ms abierta e integral hacerse al poder poltico y, con ello, al poder pblico. Cobra vigencia que dichas instancias logren copar los espacios comunitarios, municipales y departamentales que hasta el momento no han logrado llenar. Por lo mismo, instaurar mecanismos y dispositivos efectivos que logren crear acciones complejas, fuertes y duraderas en torno a los procesos polticos que se agencian a partir de lo exclusivamente estatal. Adems, lo anterior pasa por lograr la movilizacin de actores tanto estatales como no estatales en torno a la instauracin y la vigencia de un nuevo proyecto de Estado y de sociedad que permita que los principios democrticos sean una realidad y no una mera ficcin como hasta ahora de manera mayoritaria se han agenciado, desde los espacios formales.

1.7 EVALUACIN Ejercicio 1.

Actividad Son similares el poder de Estado y el poder pblico? Discutir en grupo y consignar en una relatora las similitudes y/o diferencias entre los dos conceptos. Son esenciales estas definiciones para comprender el Estado en Colombia?

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Criterios de Evaluaci